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Etiqueta: presidencialismo

Unas palabras sobre la reelección

Walter Antillón

En general, la cuestión de la reelección es particularmente importante en los sistemas presidencialistas, en los que una duración indefinida del mandato ha sido identificada como un factor de riesgo democrático.

El ius honorum (derecho a ser electo en un alto cargo público), al igual que el ius suffragi (derecho a elegir), es fundamental e infaltable en el elenco de los derechos políticos previstos por la Constitución y los tratados. Pero ¿cuántas veces podría alguien ser distinguido con una elección popular? ¿Una, dos, tres veces?

En la experiencia histórica, eso ha tenido diferentes soluciones, dependiendo de distintas circunstancias: a) para la Presidencia de México, tenemos un único período sin reelección; b) para Estados Unidos y Brasil, cabe una única reelección inmediata; pero transcurrido un período, la persona podría volver a postularse; c) para Nicaragua y El Salvador, la reelección puede ser indefinida. Etc. ¿De qué ha dependido en cada caso? De los equilibrios del poder.

Los politólogos han observado que en los países políticamente desarrollados y con una institucionalidad fuerte (como Estados Unidos), la tendencia va hacia una reelección restringida; mientras que los democráticamente inmaduros, carentes de instituciones sólidas (como son, claramente, muchos en Latinoamérica) caen fácil y repetidamente en la reelección indefinida.

Para cualquier gobernante no resulta fácil renunciar a las ‘mieles del poder’ una vez que las ha probado; de modo que, si dispone de un haz de facultades y de un largo período para usarlas, tendencialmente va a buscar la manera de torcer las reglas que lo limitan, va a usar todas las posibilidades a su disposición para perpetuarse en el cargo; y si el país no cuenta con frenos vigorosos, el daño es irreversible.

Costa Rica ha tenido la suerte de haber consolidado algunas instituciones esenciales para preservar su régimen jurídico; pero ha arrastrado, por culpa de una tanda de gobiernos irresponsables, un déficit de gobernabilidad en relación con sus clases pobres, sobre todo en lo que concierne a su economía, su salud, su educación; mientras que por el otro lado ha permitido el ascenso de un grupo de nuevos ricos que casi han reventado el coeficiente de Gini, que registra la desigualdad.

Como todos hemos podido ver, esa debilidad estructural ha sido exitosamente explotada por los gobiernos Chaves-Fernández para fines electorales: creen que se han ingeniado una eterna fabriquita de votos con su espectáculo de los miércoles, pero por ahí pueden venir sorpresas (remember Trump).

Mientras tanto, Costa Rica ha podido resistir el brutal asedio que ese gobierno ha puesto sobre las instituciones más vitales: el Poder Judicial, las universidades públicas, la prensa, la Contraloría, la Caja, el ICE, etc. Nuestro pueblo está cada vez más consciente y más organizado, y más temprano que tarde le pasará la cuenta.

Lo tenemos claro: Chaves no está interesado en resolver los graves problemas del país, sino en demoler las instituciones y perpetuarse en el poder. Lo cual explica su proyecto de reforma constitucional para establecer la reelección indefinida.

¿Qué quiere hacer este señor con un poder ilimitado? Echemos un vistazo alrededor del continente, y saldrá la respuesta.

Más allá de las palabras. Segunda parte: dos mujeres y un camino

Rafael A. Ugalde
Periodista
Miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

En esta II parte, dada la ruta “globalista” trazada con prisa en los últimos 46 años, veremos con pruebas irrefutables cómo las posiciones soberanistas, independentistas y solidarias van desapareciendo de la agenda de los trabajadores y sus organizaciones de base.

En la primera parte de “Más allá de las palabras” se revela cómo, llámense “oficialismo” y “oposición”, tienen décadas de presentarse como “protectores” del pueblo, paradójicamente, para prescindir de él en proyectos claves que en octubre elevarán la temperatura en materia comercial, laboral, producción de electricidad y Crucitas.

Verán entonces cómo dichos proyectos de leyes se “ajustan” en las alturas para que más familias participen en los jugosos negocios de producir y vender electricidad usando el ICE o sean los “especialistas” quienes resuelvan los problemas creados en la Caja. Crean el problema, luego viene la “modernización” y el mercado hace el resto.

La supuesta “negligencia” y el águila.

«Yo despedí a don Manuel Tovar con mucho dolor, porque es una persona a quien conozco bien», anunciaba así la presidenta, Laura Fernández, la destitución de su canciller, el pasado 24 de septiembre. Agregó: «Fue mi compañero todo el gobierno pasado, es un profesional muy competente, pero lo que él hizo donde recibió la invitación y él se autodesignó como el representante de Costa Rica en ese encuentro. Eso es algo demasiado serio que yo no puedo pasar por alto».

Las fricciones entre los grupos encargados de posicionar los Tratados de Libre Comercio y con qué naciones comerciamos no son nuevas. Ni serán las últimas. En ocasión del TLC con Estados Unidos vimos cómo estos impusieron su agenda contra viento y marea.

Dos águilas del comercio. Un solo nido. En el nido, un huevo. Ninguna quería fallar al aguilucho mayor. Los demás pensaban que una de ellas era negligente. No importa. Los titanes del comercio son así, creen a pie juntillas que ningún Estado-nación existe sin ellos.

La gente consume. Olvida rápido. Nadie recuerda que ha habido intentos por eliminar la figura de quien ocupe la presidencia de la República y el ministro correspondiente -Poder Ejecutivo- en ciertos actos oficiales, desde aquella idea expresada por un expresidente, en torno a instaurar en Costa Rica la “democracia parlamentaria” como señal de agilidad administrativa.

Cada vez que se ha intentado ‘interpretar’ las llamadas ‘leyes secundarias’ en materia de comercio exterior o tratados internacionales, la jurisprudencia de la PGR ha mantenido que, sea la cancillería, el COMEX o cualquier otra cartera, no puede prescindirse del presidente en ejercicio ni del ministro correspondiente.

Al menos, el modelo presidencialista está garantizado por el abogado del Estado, hasta tanto la idea de la democracia parlamentaria siga dando vueltas – desde la década del setenta y reiterada en 2001. En el 2009 fue reelaborada como forma de resolver problemas de gobernanza.

Según el artículo 146 de la Constitución Política, la validez de las políticas y normativas requiere la firma conjunta del presidente de la República y el ministro del ramo. Según su ley de creación (n.º 7638), el COMEX constituye una cartera funcional del Gobierno, por lo que es constitucionalmente un órgano del Poder Ejecutivo centralizado, precisa la PGR.

De esta manera, cualquier acto oficial en que se prescinda del presidente por parte de cualquier ministro, no existió. Fue absolutamente incompleto. Diplomáticamente equivale a ausencia protocolaria.

El defenestrado canciller Manuel Tovar Rivera reapareció en redes sociales para dejar clara su valía como jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior. Siempre actué con la verdad y me siento libre, dijo parafraseando al evangelista Juan 8, 31-32.

Tanto Tovar Rivera como la gobernante disimularon estos chispazos reconociéndose los aportes de cada uno en cumplimiento de sus cargos. Pero ella no perdonó que la ausentaran de la presencia de Donald Trump, en ocasión de la 81.ª Asamblea General de la ONU.

Su periplo por tierras colombianas tampoco estuvo mal. Según diversos medios colombianos, a nuestra gobernante su colega, Abelardo de la Espriella, mandó a traerla desde Bogotá en un avión acondicionado especialmente para ella.

El jefe de Estado colombiano dio la bienvenida personalmente a su distinguida visitante. En un ambiente hospitalario, característico de Barranquilla, el mandatario recibió a la invitada con entusiasmo, coincidiendo con los días en que la ciudad registra temperaturas entre 25 y 34 grados centígrados.

Tampoco, significa que la presidenta Fernández vaya a perder la visa americana por su ausencia frente al inquilino de la Casa Blanca. Ella ha explicado que no le avisaron sobre tan importante cita. En todo caso, se reunió con De la Espriella, ciertamente no es Trump, pero es ciudadano estadounidense y habla perfectamente inglés.

Ambos dignatarios explicaron a la prensa que habían abordado “importantes” temas relacionados con migración, el combate al narcotráfico, el terrorismo, la democracia y la seguridad regional.

Temática profundizada en San José días después del encuentro entre Fernández y De la Espriella por la embajadora estadounidense en San José, Melinda ‘Mindy’ Hildebrand, en reuniones sostenidas con organizaciones o con altos representantes del Estado costarricense, sean opositores u oficialistas.

Hildebrand es enfática y concisa en cuanto el peligro que significa China, el terrorismo, los carteles de las drogas, la ciberseguridad y el comercio ilegal.

“Reafirmar nuestro compromiso de llevar ante la justicia narcotraficantes y otros criminales que amenazan la seguridad de nuestros pueblos”, dijo la diplomática durante una visita al Poder Judicial, tras delinear las tareas a cumplir, consignó el diario digital El Observador, el pasado 30 de septiembre.

Por su parte, el diario CrHoy, reseñó que el Poder Judicial reafirmó durante la cita con la diplomática estadounidense su compromiso de llevar ante la justicia a narcotraficantes y otros criminales que amenazan la seguridad de ambos países. Las instituciones continuarán colaborando en extradiciones, decomisos de drogas e investigaciones criminales, agrega.

La embajadora estadounidense, Melinda «Mindy» Hildebrand, se hizo cargo de la sede diplomática a partir del 8 de enero de 2026. El 20 de marzo fue testigo de un hito judicial e histórico: la entrega del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, quien se convirtió en el primer costarricense extraditado, tras la reforma de la Constitución Política por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Está vigente además hasta el 31 de diciembre de este año, el permiso de ingreso, desembarco y permanencia de tropas de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), que indudablemente facilitará el “trabajo conjunto” defendido por la embajadora Hildebrand y el Ejecutivo, encabezado por la mandataria Fernández.

En el período legislativo 2022- 2026, el Plenario dio luz verde para el desembarco de efectivos de la USCG por votación de 38 votos a favor y 5 en contra. Un total de 18 legisladores del Partido Liberación Nacional, 9 del Progreso Social Democrático, 8 de la Unidad Social Cristiana, 6 de Nueva República, 2 del Liberal Progresista y 8 declarados “Independientes”.

Los 5 sufragios “disidentes” estuvieron a cargo del Frente Amplio que entonces contaba con 6 legisladores: uno de ellos estuvo ausente ese día. Representantes de esta fracción alegaron que

la Ley 7929 y los convenios bilaterales con Estados Unidos no autorizaban el estacionamiento de militares y tropas extranjeras en territorio nacional.

El convenio llamado de “Patrullaje Conjunto” inició en 1999 durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, evolucionando hasta consolidarse hoy como parte de una estrategia regional bajo el nombre de el “Escudo de las Américas», eje aglutinador de todas las naciones de la zona, con excepción de Cuba y Nicaragua.

En este sentido, las coincidencias de la presidenta Fernández y la embajadora Melinda ‘Mindy’ Hildebrand, en cuanto a que el “Escudo de las Américas” es no solo garantía de defensa de la “institucionalidad” costarricense, son un ejemplo de cómo ese consenso trasciende las diferencias que puedan existir en una “democracia viva” – como suele explicárnoslo la moderna ciencia política – entre gobiernos de turno y “opositores”.

¿Dudas?

Poder formal y poder real: cuando el liderazgo personal quiere imponerse sobre las instituciones democráticas

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Las constituciones distribuyen el poder; la política, muchas veces, procura concentrarlo.

Introducción

Una de las distinciones más importantes de la ciencia política contemporánea es la que separa el poder formal, entendido como aquel que la Constitución y las leyes asignan a los cargos del Estado, del poder real, que corresponde a la capacidad efectiva de quienes ejercen el poder de influir en las decisiones políticas más allá de la posición institucional que se ocupe. Esta diferencia, ampliamente desarrollada en la teoría del Estado moderno, permite comprender una tesis central de este artículo: cuando ambas dimensiones del poder comienzan a separarse de forma sostenida, la democracia deja de estar plenamente gobernada por sus instituciones y pasa a depender crecientemente de liderazgos personales o estructuras informales de autoridad.

En democracias estables, poder formal y poder real tienden a coincidir. Sin embargo, cuando esa correspondencia se debilita, emerge uno de los fenómenos más relevantes —y más delicados— de la ciencia política contemporánea: la consolidación de centros de decisión que operan fuera del marco institucional, pero que condicionan o incluso desplazan la autoridad constitucional.

La autoridad carismática y la personalización del poder

Max Weber, en su tipología clásica de la dominación, identificó la autoridad carismática como aquella basada en la devoción hacia las cualidades excepcionales de un líder. Este tipo de legitimidad, aunque puede ser transformador en contextos de crisis, tiende a debilitar la institucionalidad cuando no se racionaliza dentro de estructuras legales permanentes.

Weber advirtió que la estabilidad de la democracia moderna depende de la transformación del carisma en autoridad legal-racional, es decir, en instituciones impersonales. Cuando ocurre lo contrario —cuando las instituciones se subordinan al liderazgo personal— se produce un proceso de personalización del poder que erosiona el Estado de derecho.

Este fenómeno no implica necesariamente la ruptura formal del orden constitucional, sino su progresiva subordinación a la voluntad de un actor político central.

Presidencialismo y límites constitucionales

Juan J. Linz, el influyente politólogo alemán del siglo XX, en su connotado análisis sobre los sistemas presidenciales, advirtió que estos pueden generar tensiones estructurales cuando el presidente interpreta su mandato como una autorización ilimitada derivada del voto popular.

Para Linz, uno de los riesgos centrales del presidencialismo es la tendencia a la identificación entre el líder y la nación, lo que puede llevar a considerar los controles institucionales como obstáculos y no como garantías democráticas.

En este contexto, la prohibición de la reelección inmediata no es una sanción política, sino un mecanismo de protección institucional. Su objetivo es evitar la concentración prolongada del poder y asegurar la alternancia como principio estructural de la democracia.

El caso costarricense: continuidad política y poder informal

Durante los últimos meses de su mandato, el entonces presidente Rodrigo Chaves expresó públicamente su interés en mantener un rol activo en la vida política nacional más allá del término constitucional de su gobierno.

En ese contexto se discutieron diversas alternativas políticas:

  • Una eventual renuncia anticipada para habilitar una nueva candidatura presidencial
  • La posibilidad de integrar una fórmula electoral como vicepresidente
  • Y posteriormente su incorporación al gabinete del nuevo gobierno como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.

Desde el punto de vista jurídico, cada una de estas opciones puede ser analizada de forma independiente. Sin embargo, desde la perspectiva de la ciencia política, lo relevante es el patrón que revelan: la búsqueda de mecanismos de continuidad del liderazgo político más allá del ejercicio formal de la Presidencia.

Es aquí donde adquiere relevancia la distinción entre poder formal y poder real.

Mientras el poder formal reside en la nueva administración electa, diversos analistas han planteado la posibilidad de que el poder real —entendido como capacidad de influencia política efectiva— continúe concentrándose en el liderazgo del expresidente.

Democracia delegativa y debilitamiento institucional

Guillermo O’Donnell, uno de los más destacados politólogos del siglo XX en América Latina, desarrolló el concepto de democracia delegativa para describir sistemas en los que los presidentes electos interpretan su mandato como una delegación casi ilimitada de poder por parte del electorado; para O’Donnell, en estos casos, aún presidentes elegidos legítimamente, gobiernan con escasos controles institucionales.

En estos contextos, las instituciones de control —legislativas, judiciales o administrativas— tienden a ser percibidas como obstáculos a la voluntad popular encarnada en el Ejecutivo.

El resultado no es necesariamente la desaparición de la democracia, sino su transformación en un sistema donde el liderazgo personal adquiere un peso desproporcionado frente a las instituciones. Recordemos el episodio cuando Chaves aún presidente, llamó a Laura Fernández, ya presidenta electa a que asumiera como ministra de la presidencia en los últimos días de la anterior administración. Fue imposible para los analistas políticos, no asociar aquel evento con la idea de que Chaves intentaba continuar superponiendo su autoridad personal por encima de la de Laura Fernández inclusive en el actual gobierno. Fue un anuncio de quién ejercería el poder real por encima del mandato constitucional.

El Ministerio de la Presidencia y la concentración del poder político

El Ministerio de la Presidencia cumple una función clave en los sistemas presidenciales: articular la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, facilitando la gobernabilidad mediante la negociación política.

En el caso analizado, la percepción pública ha sido que esta cartera ha adquirido un protagonismo político inusual, asociado no solo a la coordinación institucional, sino también a la conducción estratégica del gobierno. No obstante que, Chaves ha dado muestras de no querer inmiscuirse en el quehacer cotidiano de las principales obligaciones que el cargo ministerial le impone, tal es el caso de la obligación de ejercer el mando ministerial para coordinar con las fracciones opositoras en la Asamblea Legislativa. Es notoria la delegación que Chaves ha hecho de esta crucial responsabilidad en favor del viceministro del cargo. Este hecho y otros, ha llevado a muchos analistas y sectores opositores, a preguntarse ¿para qué realmente quería el cargo Rodrigo Chaves?

Queda flotando en el ambiente la suspicacia de que para Chaves y sus adláteres políticos, lo más relevante es que pretende usar su investidura, revestida de inmunidad, para evitar que se le juzgue de los cargos que la fiscalía ha presentado contra él, algunos de los cuales comportan, si fuese juzgado y declarado culpable, la comisión de mayúsculos delitos penales.

Este fenómeno ha sido interpretado por diversos analistas como un indicio de desplazamiento del centro de decisión política hacia figuras que no necesariamente coinciden con la titularidad formal de la Presidencia.

Legalidad, legitimidad y poder detrás del trono

Carl J. Friedrich, versado constitucionalista y de política comparada, alemán también del siglo XX, distinguió entre legalidad y legitimidad, señalando que un sistema político puede ser legal sin ser plenamente legítimo si pierde la confianza ciudadana en la distribución efectiva del poder. Fueron notables sus estudios en defensa de la democracia constitucional, como garantía frente a la concentración del poder. Véase al efecto, su obra: “Constitutional Government and Democracy” de 1937, un clásico precisamente sobre el tema del gobierno constitucional y la democracia. Friederich sostuvo al respecto en forma lúcida la defensa de la democracia como garantía frente a la concentración del poder y, dijo también que, una constitución solo puede preservar la libertad si existen instituciones capaces de limitar el poder y una cultura política comprometida con el Estado de derecho.

Por su parte, el filósofo del derecho de origen italiano, recientemente fallecido, Norberto Bobbio advirtió sobre la existencia nociva para las democracias de formas de poder que operan “detrás del trono”, es decir, estructuras informales que influyen decisivamente en la toma de decisiones sin ocupar posiciones visibles de autoridad. Muy pertinente en el actual momento que vive Costa Rica, resaltar lo dicho por Bobbio, parafraseo, la democracia no se define únicamente por la voluntad de la mayoría, sino por el respeto a las reglas, la división de poderes, la protección de las minorías y la garantía de los derechos fundamentales. De ahí se deriva que el verdadero desafío de las democracias modernas no es solo conquistar el poder, sino ejercerlo dentro de límites jurídicos e institucionales que impidan su concentración y arbitrariedad. Considero esta manera de razonar como una explicación rigurosa que nos permite entender la diferencia entre poder formal y real y, por consiguiente, comprender también la importancia de preservar las instituciones democráticas frente a las tendencias personalistas y autoritarias. Cualquier parecido de este pensamiento con nuestra realidad no creo que sea mera coincidencia.

En este marco, la pregunta relevante no es únicamente quién ocupa los cargos, sino quién ejerce efectivamente la capacidad de decisión política.

Democracias que se erosionan sin colapsar

En este repaso de pensadores del siglo XX y XXI, solo nos resta traer a colación, por un lado, a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos politólogos contemporáneos, ambos estadounidenses, quienes han demostrado que las democracias contemporáneas rara vez colapsan de forma abrupta. Su deterioro suele ser gradual, mediante la erosión progresiva de los contrapesos institucionales. Célebres por la obra: “¿Cómo mueren las democracias?”, escrito en 2018. Una obra, crucial para ilustrarnos acerca de los desafíos de las democracias justamente contra el populismo, el autoritarismo y la concentración del poder político.

Las instituciones continúan existiendo formalmente, pero pierden capacidad real de limitar el poder ejecutivo. Este proceso no requiere la abolición de la Constitución, sino su vaciamiento progresivo en la práctica política. He aquí una advertencia oportuna por lo que a nuestro sistema político compete.

Poliarquía y calidad democrática

Por otra parte, acudo a Robert A. Dahl, estadounidense también, muy influyente en el siglo XX; definió la democracia moderna como una poliarquía, es decir, un sistema caracterizado no solo por elecciones libres, sino también por la existencia de múltiples centros de poder, competencia política efectiva y controles institucionales reales.

Desde esta perspectiva, la democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones, sino por la dispersión efectiva del poder.

Cuando el poder se concentra en un solo liderazgo —formal o informal— la calidad democrática se debilita, incluso si las instituciones formales permanecen intactas. Sus ideas devienen complementarias de las de los demás autores aquí citados.

Conclusión: instituciones o liderazgo

La experiencia comparada de la ciencia política sugiere una advertencia constante: las democracias no se erosionan únicamente cuando se violan las leyes, sino también cuando se reinterpretan de manera sistemática para concentrar el poder.

La distinción entre poder formal y poder real no es un ejercicio académico abstracto. Es una herramienta esencial para comprender cómo funcionan realmente los sistemas políticos.

Cuando ambas dimensiones se separan de forma persistente, la democracia deja de ser un gobierno de instituciones y comienza a transformarse en un gobierno de personas.

Y en ese tránsito —a menudo silencioso— reside uno de los mayores desafíos del constitucionalismo contemporáneo.