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Etiqueta: Presupuesto Nacional 2027

Convocan a plantón en defensa de la educación pública el 2 de noviembre

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocan a un plantón en defensa de la educación pública para el lunes 2 de noviembre a las 4:00 p. m., en la Plaza de la Democracia, en San José.

La convocatoria pide:

  • el respeto al financiamiento constitucional de la educación;
  • el cumplimiento de los acuerdos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES);
  • la protección de las becas, la regionalización y las oportunidades educativas.

“¡Defendamos la educación pública!”, es el llamado de las organizaciones convocantes.

Estudiantes de secundaria se suman

El Frente Nacional de Estudiantes de Secundaria también se unió a la defensa de la educación pública. En un video, cada integrante se presenta y reitera que la educación pública:

  • es parte de la democracia;
  • es la vía para romper con la pobreza;
  • es un derecho humano;
  • es la garantía para contar con infraestructura educativa segura y adecuada.

Las razones del Frente pueden escucharse en el video publicado en su cuenta de Instagram, disponible en este enlace.

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

RENASES: “Un golpe a las universidades públicas es un golpe para las familias más humildes”

La Red Nacional de Sectores Sociales llama a sus organizaciones a sumarse este martes 20 de octubre a la marcha en defensa de la educación pública.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) emitió un pronunciamiento el 17 de octubre de 2026, dirigido a la ciudadanía costarricense y a las diputaciones de la República. En él rechaza los recortes al presupuesto de las universidades públicas que se discuten en la Asamblea Legislativa y advierte que su impacto recaería sobre todo en las familias de menores ingresos.

“¿Sabía usted que la mayor parte de los estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica pertenecen a las familias menos adineradas del país?”, plantea el documento. Según RENASES, reducir el presupuesto de la educación superior significa perjudicar a casi 137.000 hogares, a los que se suman más de 21.000 hogares cuyos familiares trabajan en alguna de las cinco universidades públicas como docentes o personal administrativo.

El pronunciamiento lo ilustra con un ejemplo: una joven de Limón, de Nicoya o de Sarapiquí que sueña con ser ingeniera y es la primera de su familia en llegar a la universidad. “No tiene que irse a San José ni pagar lo que no puede, porque la universidad pública llegó a su región. Ese sueño hoy está en peligro”.

Lo que está en juego

De acuerdo con RENASES, las diputaciones del partido de gobierno, Pueblo Soberano, proponen quitar unos ₡26.000 millones a las universidades públicas. Según han advertido las rectorías, eso significaría:

  • TEC, Limón: el cierre de la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Limón.

  • UNA, 417 cupos: la pérdida de 417 cupos de ingeniería de la Universidad Nacional en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí.

  • UNED, nuevo ingreso: que la Universidad Estatal a Distancia no pueda recibir a nuevos estudiantes.

  • UCR, Paraíso: la afectación de la sede de la Universidad de Costa Rica en Paraíso y de las olimpiadas de matemáticas para colegiales.

El documento señala que esto ocurre cuando el presupuesto universitario ya viene congelado. Las diputaciones oficialistas respaldarían la propuesta del Gobierno de no dar aumento (0 %) a las universidades en 2027. Según RENASES, eso incumple la Constitución Política, porque el principal referente para el ajuste es la inflación, que en setiembre de 2026 fue de 0,34 %. “En otras palabras, no aumentar los recursos es en realidad rebajarlos, por la pérdida del valor adquisitivo del dinero”, advierte.

“¿De verdad no hay plata?”

RENASES recuerda que la Constitución establece que el país debe invertir al menos el 8 % de su riqueza en educación. Según el pronunciamiento, hoy el gobierno de Laura Fernández invierte el 4,9 %, cuando hace menos de diez años se invertía más del 7 %. “La educación no es la que gasta de más: es la que se ha ido quedando atrás”.

El documento añade que, según el propio Ministerio de Hacienda, el Estado deja de cobrar cerca de ₡4 billones al año entre evasión, elusión e impuestos que no se pagan. “La plata existe. Lo que falta es la decisión de ir a buscarla donde está, y no en las aulas”.

“No nos van a dividir”

La red rechaza que se enfrente a unas instituciones o sectores con otros. “No se trata de la UCR contra la UNED, ni de las universidades contra las pensiones de los maestros, ni de la escuela contra la universidad. La educación pública es una sola, desde el kínder hasta el título universitario. Es la escalera que ha permitido a miles de familias costarricenses salir adelante. Quitarle un escalón es dejar a alguien abajo”.

RENASES sostiene además que los países que más avanzan lo han hecho fortaleciendo la educación y sus centros de investigación. En Costa Rica, esos centros están en las universidades públicas, por lo que golpearlas también desarticula la investigación, “un motor de desarrollo indispensable”.

Las demandas

RENASES pide:

  1. Que las diputaciones rechacen todos los recortes a la educación superior.

  2. Que el Gobierno cumpla lo que firmó y lo que ordenó la Sala Constitucional: destinar el 8 % a la educación pública, incluida la universitaria.

  3. Que se honre la Constitución Política aumentando el presupuesto de las universidades públicas al menos según el índice de inflación de 2026.

Qué puede hacer la ciudadanía

El pronunciamiento recuerda que las diputaciones votan en estos días: la Comisión de Asuntos Hacendarios decide antes del 20 de octubre y el presupuesto final se aprueba a más tardar el 29 de noviembre. Invita a la ciudadanía a compartir el mensaje, escribir a las diputaciones de su provincia y conversar sobre el tema en la casa, el trabajo y la comunidad.

A la calle este martes 20

RENASES convoca a todas las organizaciones que la integran a sumarse a la Gran Marcha Nacional en defensa de la educación pública, convocada por las universidades públicas. “Ese día vence el plazo de la Comisión de Hacendarios para votar los recortes: nuestra presencia en la calle importa”.

  • Cuándo: martes 20 de octubre de 2026, 9:00 a. m.

  • Salida: Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca.

  • Destino: Asamblea Legislativa, Cuesta de Moras.

La marcha también se replicará en otros puntos del país. “Llegue con su organización, su bandera y su gente. Defender la universidad pública es defender a las familias trabajadoras de todo el país”.

El pronunciamiento cierra con la consigna: “Porque la educación pública no es un gasto. Es el presente y futuro de nuestros hijos y nuestras hijas”.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)
Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

FESITRAES llama a la movilización y propone un paro universitario frente a los recortes al FEES

La federación sindical de las universidades públicas critica la estrategia de CONARE para defender el FEES y pide una alianza nacional en defensa de las instituciones públicas.

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un comunicado público. Expresa su “más enérgico rechazo” a las mociones de recorte presupuestario que se discuten en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Rechaza también los recortes al Ministerio de Educación Pública (MEP), a la salud y a los programas sociales dirigidos a la niñez y la primera infancia.

La federación, que articula a las organizaciones sindicales de las universidades públicas, sostiene que la defensa de esas universidades “es inseparable de la defensa de la educación pública en todos sus niveles, los servicios públicos, la salud, los derechos laborales y la justicia social”.

Recortes al FEES y deuda acumulada

Según FESITRAES, las propuestas en discusión contemplan un recorte de aproximadamente ₡26.000 millones en el presupuesto universitario de 2027. Además, se afectarían recursos del año en curso y se desconocerían compromisos sobre los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cuya deuda acumulada se estima en ₡64.000 millones.

La federación advierte que, de concretarse estos recortes, se debilitarían las sedes regionales y se reducirían las oportunidades de ingreso del estudiantado. También se afectarían los programas académicos, la investigación, la extensión y la acción social, y quedarían en riesgo la estabilidad laboral y el funcionamiento institucional. “Lo que está en juego es el derecho del pueblo costarricense a una educación superior pública, accesible, de calidad y comprometida con el desarrollo nacional”, señala el comunicado.

Críticas a la estrategia de CONARE

El comunicado sostiene que desde hace años se advertía que la estrategia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para negociar y defender el FEES “conducía a la derrota”. A juicio de la federación, los esfuerzos de negociación y de gestión legislativa no han logrado garantizar los recursos necesarios. Añade que la experiencia de los últimos tres gobiernos muestra que los compromisos institucionales pueden quedar sin cumplir cuando no hay suficiente movilización y presión social.

“La vía del diálogo no puede seguir siendo una estrategia de espera”, afirma FESITRAES, y agrega que CONARE “debe comprender que no basta con negociar, emitir comunicados o confiar en la voluntad política de quienes promueven los recortes”.

La federación señala que la división interna en CONARE ha profundizado la derrota en la lucha por un FEES justo y en la articulación con el Magisterio Nacional. A su juicio, esa división es “una trampa del Gobierno en la que han caído las rectorías, en mayor o menor medida”. Pide a las rectorías articular con otros sectores, como la CCSS y el ICE, porque, según la federación, el Gobierno busca debilitar a todas las instituciones que han tenido un papel primordial en el desarrollo del país.

FESITRAES reclama también transparencia: todas las comunidades universitarias deben conocer las estrategias de defensa del FEES, la situación interna de las instituciones y la gestión de los recursos que realizan las distintas administraciones. “El país navega sobre aguas turbulentas. Si el barco se hunde, se hunde completo, incluidas las universidades públicas”, advierte el comunicado.

Las acciones que propone FESITRAES

Bajo la consigna “De la preocupación a la movilización”, la federación convoca a la lucha permanente mediante cinco acciones:

  1. Movilización universitaria fuerte y unitaria: concentraciones conjuntas de las comunidades de las cinco universidades públicas (estudiantado, personal docente y administrativo y organizaciones sindicales) frente a la Asamblea Legislativa y en las distintas sedes universitarias del país, para exigir la restitución de los recursos.

  2. Paro de las comunidades universitarias: impulsar un paro en defensa del financiamiento de las instituciones públicas, de la educación pública en todos sus niveles y del modelo del FEES.

  3. Una postura firme de CONARE y las rectorías: que las autoridades universitarias vayan más allá de la negociación en la Comisión de Enlace y en la Asamblea Legislativa, y se sumen a la organización, convocatoria y acompañamiento de las movilizaciones.

  4. Una alianza nacional en defensa de lo público: articular esfuerzos con el Magisterio Nacional, el Poder Judicial, la CCSS, el ICE, las organizaciones sindicales, los movimientos estudiantiles y los sectores que enfrentan políticas de recorte, privatización y debilitamiento de los servicios públicos.

  5. Retiro de las mociones de recorte y fortalecimiento del presupuesto educativo: respeto del financiamiento constitucional de la educación pública, cumplimiento de los acuerdos de financiamiento universitario y pago de los fondos postergados del FEES. La federación pide además exigir el 8 % del PIB para la educación pública.

El comunicado concluye que las garantías sociales, las empresas estatales que prestan servicios públicos, la educación pública y las universidades públicas son “conquistas históricas construidas con el esfuerzo de generaciones y mediante la lucha social”. También llama a construir “una unidad popular de sectores sociales, estudiantiles, sindicales y universitarios”.

Puede descargar el comunicado original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-16-FESITRAES-defensa-de-la-institucionalidad-publica.pdf

Sobre las luchas y movilizaciones ciudadanas

Vladimir de la Cruz

En la historia social de Costa Rica es usual conocer las luchas sindicales como parte esencial de ella. Hay luchas y huelgas de trabajadores desde el siglo XIX en Costa Rica. Hay organización social de trabajadores desde el siglo XIX. Hay sindicatos tal y como ahora los conocemos como forma superior de esa lucha de los trabajadores desde 1901. Hay federaciones de trabajadores, que son uniones de sindicatos en una sola organización, desde 1905 y confederaciones de Trabajadores, uniones más amplias, en Costa Rica, desde 1913.

Desde finales del siglo XIX cuando surgieron los partidos políticos hubo partidos políticos que representaban a los trabajadores, se autoproclamaban sus representantes, los de “los chaquetas, descamisados y descalzos”, entre ellos. Hubo diputados electos de estos grupos de trabajadores, que eran principalmente obreros, artesanos y trabajadores en general.

Hubo huelgas a principios del siglo XX que fueron determinantes para los derechos laborales, sociales y de todos los trabajadores, como lo fueron las huelgas que giraron entre 1917 y 1920 alrededor de la lucha por obtener la jornada de 8 horas de trabajo diario, lo que se logró en diciembre de 1920 y hasta hoy, que se quiere alterar por una jornada de 12 horas diarias mediante la ley conocida como la 4-3, porque con esa ley se quiere establecer la jornada semanal de 48 horas comprimida a 4 días por semana, sin pago de horas extras, como dispone la Constitución Política, que se deben pagar. Cínicamente ha dicho el diputado jefe de los diputados del actual gobierno, que esa jornada solo “beneficiará”, o se impondrá a un 1% de los trabajadores, tratando de engañar de que no es una reforma que afecta a todos los trabajadores, que obligatoriamente irán siendo sometidos a esa jornada.

Las huelgas han logrado establecer una serie de derechos y de reconocimientos de beneficios sociales y económicos para los trabajadores. Esos derechos y beneficios así establecidos son resultado de pactos finales de esas huelgas entre los trabajadores y sus sindicatos y los patronos o el Estado cuando los han aceptado e instituido en la práctica laboral. Así, la organización sindical y sus huelgas han sido un instrumento muy importante para impulsar la legislación social del país.

También ha habido luchas ciudadanas muy importantes, como fue la lucha del pueblo costarricense, incluso con episodios de resistencia armada contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919. Ha habido períodos de auge huelguístico, como fueron 1907-1909, 1917-1921, 1929-1934.

Desde el siglo XIX ha habido tiempos de intensa lucha social entre sectores políticos del país, que culminaron con nuevas constituciones políticas, suspensiones de la Constitución, con breves gobiernos, invasiones y conflictos armados.

El país en todo ese proceso histórico vivió momentos especiales de grandes acuerdos políticos. Desde 1821 conocemos lo que se llamó El Pacto de Concordia o Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, que produjo la primera constitución costarricense. Las Constituciones de 1871 y la de 1949 lograron imponerse como grandes acuerdos políticos por grandes períodos de tiempo. La de 1871 interrumpida entre 1917 y 1919, pero luego volvió a restablecerse. Eso logró estabilidad política importante en el país.

La década de 1940-1949 fue intensa y convulsa en el contexto de la II Guerra Mundial, pero permitió lograr acuerdos como el de 1943, que dio por resultado el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, en la Constitución vigente de 1871, que luego se incorporó ligeramente ampliado en la Constitución de 1949, y la aprobación del Código de Trabajo, de 1943, que sigue vigente con las reformas que se han hecho. Estas reformas sociales fueron pactadas por el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia, por la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y por el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Las contradicciones políticas y sociales de esta década condujeron a los sucesos armados de marzo y abril de 1948, guerra civil que se finalizó con el llamado Pacto de Ochomogo, y el Pacto de la Embajada de México, donde se conoció lo pactado en Ochomogo, por el líder político militar antigobiernista, de la guerra civil, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, como jefe político militar, en ese momento defendiendo al gobierno de Teodoro Picado, y las reformas sociales que veía amenazadas. Un acuerdo político, que junto con el de 1943, se convirtieron en las bases de la llamada Segunda República, que así fue fundada el 8 de mayo de 1948, que sigue vigente hasta hoy.

La Segunda República en todos sus fundamentos y logros institucionales está amenazada de muerte por el presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y su prolongación como ministro de la Presidencia, desde el mismo Despacho presidencial del gobierno de su continuidad, de Laura Fernández Delgado, 2026-2030.

En el período anterior hubo grandes momentos de movilización ciudadana. Algunos de ellos fueron: en 1969 y 1970 las luchas contra el Contrato Ley con la Aluminum Company of America, contra la ALCOA, a principios de este siglo, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, se dio la gran lucha contra el llamado Combo del ICE, cuando la población del país se movilizó para evitar la privatización de la generación y servicios de electricidad, en el 2007 las grandes movilizaciones populares contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Junto a estos movimientos ha habido otros, y muchos, de trabajadores de la educación, de trabajadores y estudiantes universitarios y de otros sectores sociales de la población.

Recientemente, tuvimos dos grandes movimientos y movilizaciones ciudadanas de nuevo tipo, en defensa de la institucionalidad política, en defensa del Poder Judicial, de los ataques despiadados que mantiene el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández contra el Poder Judicial y su integración de magistrados propietarios y suplentes y las movilizaciones, a propósito de la celebración de la fecha del 15 de setiembre, cuando el 14, en distintas comunidades del país se volvió a salir en los pueblos en defensa de la libertad, la independencia y la soberanía nacional.

Estas últimas movilizaciones populares y comunales se han realizado bajo la forma de Plantones por la democracia, respondiendo al peligro que representa el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, contra toda la institucionalidad, contra los derechos y libertades ciudadanas y contra el peligro del establecimiento de un régimen dictatorial, tiránico, despótico y de autoritarismo absoluto, como se percibe el avance del gobierno y sus políticas públicas en ese sentido.

La experiencia de los Plantones por la Democracia ha sido buena, sana políticamente para la ciudadanía movilizada, buena para generar y fortalecer una conciencia en defensa de la democracia costarricense. Esta lucha debe mantenerse. Tenemos a la vista fechas importantes que recordar y atender con estas movilizaciones. Algunas de ellas que dejo planteadas son:

Todo el mes de octubre y noviembre se discute en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2027.

En este Presupuesto se ha hecho un recorte criminal de fondos públicos al Poder Judicial, a las instituciones que atienden asuntos sociales de la población, al sistema educativo nacional con las eliminaciones de las becas, comedores escolares, subsidios para el transporte estudiantil.

Se ha recortado el presupuesto universitario público, con el claro pensamiento de los presidentes Chaves y Fernández, de reducir áreas de estudio de las universidades públicas, como son los Estudios Generales y Humanísticos.

Se mantiene el congelamiento de 5 años de salario y se proyecta ese congelamiento por los próximos 5 años. Se mantiene el congelamiento de las pensiones con la clara intención de rebajarlas con un impuesto del 5%. Se habla de alargar la edad de pensión de las mujeres y de los hombres. Se han eliminado los subsidios de las pensiones menores de 85.000 colones. No se le quiere devolver el ROP a los pensionados, porque en la práctica ese fondo de los trabajadores lo han saqueado o desviado a otros menesteres privados, cuando les pertenecen a los trabajadores.

Se aumenta el desempleo público por restructuraciones institucionales que se enmarcan en las políticas de despidos forzados y de eliminación poco a poco de esas instituciones, para pasar al sector privado, a un mayor costo para la población la atención de esos servicios.

Se están eliminando servicios públicos como el de la Cruz Roja, institución benemérita nacional, lo que provocará menor atención de ciertas zonas, lugares y poblados, para estimular los servicios privados de esta atención.

El Presupuesto Nacional que se quiere aprobar contiene los recortes de estos señalamientos aquí hechos.

Octubre y noviembre deben convertirse en los meses de grandes movilizaciones de todos estos sectores educativos, de la salud, judicial, de los trabajadores y pensionados, de las familias completas, pidiéndole a los diputados que no produzcan esos recortes presupuestarios, porque sus efectos directos son mayor empobrecimiento de la población, y menor atención de los servicios públicos con un impacto directo a la salud de los costarricenses.

Por lo menos cada semana deberían realizarse movilizaciones de ciudadanos, por sus sectores organizados, a la Asamblea Legislativa, a pedir y a presionar en ese sentido a los diputados.

A la par de estas movilizaciones debería prepararse para el 1 de diciembre una doble movilización.

En un primer sentido para recordar la Primera Constitución de Costa Rica, firmada el 1 de diciembre de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Recordar con esta fecha el desarrollo constitucional del país, recordar que la historia patria se ha construido con pactos sociales políticos, no con dictaduras ni tiranías. Exaltar la Constitución actual para defender con ella el Estado de Derecho, es decir la independencia absoluta de los Poderes Públicos, y al Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos sociales.

En un segundo sentido para recordar la fecha de la abolición del ejército de Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, y combatir en este sentido la tendencia militarista de los gobiernos Chaves-Fernández que de manera disfrazada avanzan para modificar la estructura policial que tenemos por la de un ejército. En esta dirección caminan cambiando los rangos policiales de la Fuerza Pública por rangos militares de ejércitos, y por insinuar, y casi presagiar Laura Fernández, el establecimiento de una base militar estadounidense, que estaría enmarcada en el Escudo de las Américas que impulsa el presidente Trump, que ya cuenta con el aval de la presidenta Laura Fernández. Una base militar requeriría obligadamente una aprobación legislativa y de la Sala Constitucional.

Hay que luchar desde ahora para que esto no suceda. El 1 de diciembre debe ser el primer campanazo de esta lucha popular, nacional, democrática y profundamente costarricense.

Las movilizaciones ciudadanas están protegidas por la Constitución Política como derechos de los costarricenses.

Movimiento de Personas con Discapacidad denuncia recorte de más del 50% al presupuesto del CONAPDIS para 2027

El Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica denunció y expresó su profunda preocupación ante la reducción presupuestaria planteada para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el proyecto de ley N.° 25.754, de presupuesto para el ejercicio económico 2027.

En un comunicado del 24 de setiembre de 2026, el Movimiento señala que, de acuerdo con el oficio Carta-CONAPDIS-DE-2637-2026, del 23 de setiembre, el presupuesto aprobado del CONAPDIS para 2026 asciende a ₡21.598.598.000, mientras que para 2027 se plantea un presupuesto de ₡10.289.648.000. Esto representa una reducción de ₡11.308.950.000, equivalente a más del 50% del presupuesto aprobado en 2026.

Recortes en los programas dirigidos a la población con discapacidad

Según el Movimiento, la situación resulta todavía más preocupante al analizar los programas dirigidos directamente a la población con discapacidad:

  • Programa Pobreza y Discapacidad: pasa de ₡14.703.758.731 en 2026 a ₡2.728.257.500 en 2027, una reducción del 81,4%.
  • Programa Promoción de la Autonomía Personal: pasa de ₡1.296.881.769 a ₡1.116.283.000, una reducción del 13,9%.
  • En conjunto, ambos programas pasarían de ₡16.000.640.500 a ₡3.844.540.500, lo que representa una disminución aproximada del 76%.

«Estos no son simples números presupuestarios», afirma el Movimiento. «Son recursos destinados a garantizar condiciones básicas de vida, protección social, autonomía y apoyos para personas con discapacidad». Agrega que el impacto potencial es especialmente grave para quienes viven en situación de pobreza y pobreza extrema, y enfrentan mayores brechas socioeconómicas.

Obligaciones internacionales

El comunicado recuerda que Costa Rica es Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su artículo 28 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado y a la protección social, y obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger y promover esos derechos.

Por ello, el Movimiento considera que una reducción de esta magnitud genera una seria preocupación sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país. A su juicio, debe analizarse con un enfoque de derechos humanos, ya que violenta el principio de progresividad. Advierte además que los recortes pueden poner en peligro la calidad de vida y las condiciones de autonomía de las personas con discapacidad que dependen de estos programas para cubrir necesidades fundamentales.

«La protección social de las personas con discapacidad no puede ser considerada un gasto prescindible. Es una obligación del Estado y una herramienta fundamental para garantizar derechos humanos», señala el texto.

El Movimiento solicita a la Asamblea Legislativa revisar estas asignaciones presupuestarias y garantizar los recursos necesarios para que el CONAPDIS pueda cumplir efectivamente con sus competencias. «Las personas con discapacidad no podemos ser quienes paguemos el costo de las decisiones presupuestarias», concluye.

Contexto

El pronunciamiento se suma a otros cuestionamientos al proyecto de presupuesto 2027 y a recortes recientes en programas sociales publicados en SURCOS. Entre ellos están los señalamientos de UNDECA sobre el recorte a la CCSS, del CIDE-UNA sobre la reducción de recursos al Ministerio de Educación Pública y a los Programas de Equidad, y de Feministas en Resistencia sobre el recorte de ₡40.000 millones a CEN-CINAI en el primer presupuesto extraordinario de 2026. Asimismo, el sector cultura y audiovisual y cine ha venido luchando en defensa del presupuesto para el sector.

Sector cultura y audiovisual se movilizan a la Asamblea Legislativa ante recorte en el presupuesto 2027

Personas trabajadoras del cine y el audiovisual costarricense se manifestaron este martes 22 de setiembre en las afueras de la Asamblea Legislativa junto a otras representaciones del sector cultura. La movilización coincidió con la comparecencia del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ante la comisión legislativa que analiza el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, en el cual, según denuncia el sector, el ámbito audiovisual queda sin los recursos necesarios. Con pancartas como «La cultura alimenta familias», las personas manifestantes llamaron la atención sobre las consecuencias que tendría esa decisión para la producción, la exhibición y la formación de públicos en el país.

Para esta discusión, el sector preparó el documento Audiovisual. Aproximaciones a un estado del sector para asuntos legislativos (setiembre de 2026). En él recopila datos sobre el impacto económico, cultural e internacional de la actividad audiovisual y de los programas públicos que la sostienen.

Antecedentes

La movilización se suma a los reclamos que las organizaciones del sector vienen planteando desde julio. En un comunicado del 23 de julio, publicado por SURCOS, la Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA), la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC), la Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica (CCR), la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica, DOKUS, InterArtis Costa Rica, ASODEV y la Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense señalaron vacíos en la implementación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual N.° 10657. Entre ellos mencionaron la falta de un reglamento firmado, la conformación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual sin reglas claras, el retraso en los resultados del Fondo El Fauno y la incertidumbre sobre la continuidad del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), de Ibermedia y de la Cinemateca Nacional.

Una industria con encadenamientos productivos

El documento plantea que el sector audiovisual genera encadenamientos productivos en todas sus etapas, desde el desarrollo hasta la distribución. En esas etapas intervienen servicios de hostelería, alimentación, transporte, construcción, renta de equipos y vehículos, costura, servicios legales y contables, supermercados, pulperías y panaderías, entre muchos otros.

Según el texto, los fondos públicos de fomento funcionan como un mecanismo de efecto palanca que atrae capital externo, coproducciones y rodajes. Entre los ejemplos que cita:

  • Clara Sola recibió unos US$43.000 del Fondo El Fauno y atrajo US$500.000 de inversión en el país, con más de 180 empleos directos, más de 200 indirectos y siete semanas de rodaje en Vara Blanca, Poasito y Río Cuarto. Eso equivale a más de 11 dólares por cada dólar estatal.

  • Tengo sueños eléctricos generó más de 160 empleos directos y obtuvo más de 25 premios nacionales e internacionales, con una relación de inversión de alrededor de 7 a 1.

  • Memorias de un cuerpo que arde generó más de 150 empleos directos, reunió a más de 25.000 personas espectadoras en las siete provincias y obtuvo más de 30 premios.

Presencia en los principales festivales

El documento destaca que el cine costarricense suma más de 12 años de participación continua en festivales clase A. Todas las producciones con presencia internacional se realizaron bajo marcos de coproducción que trajeron recursos al país. Además, más del 90% de las personas cineastas con proyección internacional se identifican como mujeres.

Entre los hitos recientes menciona las nominaciones a los Premios Goya de El despertar de las hormigas, Memorias de un cuerpo que arde y La piel del agua, y la presencia en la Berlinale y en distintas secciones del Festival de Cannes. En 2026, Siempre soy tu animal materno fue seleccionada en Un Certain Regard, la tercera producción costarricense en una sección oficial de ese festival. El texto recuerda también que Costa Rica presidió el Programa Ibermedia entre 2024 e inicios de 2026. Como referencia, señala que durante todo el siglo XX el país produjo apenas nueve películas, mientras que en 2026 se estrenan ocho largometrajes nacionales, siete de ellos con apoyo estatal a través de El Fauno e Ibermedia.

Los programas en riesgo

El documento describe los principales programas públicos del sector:

  • Fondo El Fauno: fondo concursable administrado por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, regido por el Decreto Ejecutivo N.° 44456-C y amparado en la Ley N.° 10.071 de Atracción de Inversiones Fílmicas. Otorga hasta ₡50 millones para producciones mayores de ficción, documental, animación o videojuegos. Según el texto, hoy depende del presupuesto institucional y está a la espera de giros estipulados en la ley que se encuentran retenidos por Hacienda.

  • Programa Ibermedia: Costa Rica ha participado de forma ininterrumpida desde 2007. Con un aporte estatal acumulado de US$2,8 millones, cercano a US$150.000 por año, 113 proyectos costarricenses han recibido US$4.196.825, es decir, un retorno directo de 1,5 dólares por cada dólar invertido, sin contar el capital extranjero y privado adicional.

  • CRFIC: tras 14 ediciones, el festival reúne a más de 15.000 personas espectadoras y exhibe más de 70 películas al año, con una etapa itinerante que alcanza a más de 3.000 personas fuera de la Gran Área Metropolitana.

  • Preámbulo: programa de formación de públicos creado en 2015 como antesala de la Cinemateca Nacional. En 2025 registró 7.753 asistentes en la Sala Gómez Miralles, frente a 4.244 en 2022, y alcanzó a 5.786 personas en 12 comunidades rurales mediante sus giras. El 70% de su público tiene entre 15 y 35 años, y más de la mitad de su programación está dirigida o codirigida por mujeres.

  • Cinemateca Nacional: la Ley N.° 10657 la eleva por primera vez a rango de ley (artículo 19) y obliga al Estado a garantizarle espacio físico, presupuesto y recursos humanos para la alfabetización audiovisual y la preservación del patrimonio cinematográfico.

El documento cuestiona además la lectura que se ha hecho de datos de la Encuesta Nacional de Cultura 2026 sobre el consumo de cine. Recuerda que producciones nacionales como Maikol Yordan 2, Amor viajero y Hombre de fe convocaron a decenas de miles de personas en salas, y sostiene que las ventanas de exhibición pueden haber cambiado, pero no el interés por el contenido costarricense.

El documento cierra con una frase que resume la posición del sector: «Un país sin cine es un país sin memoria».

Costa Rica ante retos fiscales ineludibles

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

Hace poco más de un año publiqué en este mismo medio un artículo refiriéndome a lo que creía debían ser temas de abordaje obligatorio de la administración que iniciaría en mayo del 2026, en cuanto a la situación fiscal del país. Dividí en ese momento el análisis en 3 áreas, gasto público, ingresos tributarios y deuda pública, advirtiendo de cosas que tenían que considerarse como elementos ineludibles de la política fiscal de la administración entrante. Hoy quiero volver sobre ellas, no solo porque los temas pendientes siguen estando pendientes, sino porque el panorama se ha complicado y el entorno internacional dificulta las cosas.

Decía el año pasado que “en materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor”. Esto no sigue siendo cierto, sino que se vuelve cada vez más evidente en cuanto al resultado de casi 7 años de un proceso de ajuste fiscal enfocado en el gasto. El presupuesto del año 2026 se presentó después de haber hecho ese comentario, con un signo claramente restrictivo, mientras que durante este año se anunciaron recortes para compensar la caída en los ingresos tributarios y ahora sabemos que el presupuesto del año 2027 se mantendrá en una línea muy restrictiva.

El problema con esto es suponer que podemos restringir, o incluso recortar, recursos a programas públicos y al financiamiento de políticas públicas, de manera indefinida, sin que existan consecuencias. Tiene sus consecuencias, tal vez no todas las estamos viendo en el corto plazo o no estamos asociando algunas situaciones presentes a esas decisiones, pero se están sucediendo y algunas instituciones ya están advirtiendo del impacto que finalmente tendrá el ajuste previsto en el presupuesto del 2027.

Desgraciadamente también se ha estado alimentando un argumento complejo, sobre la posibilidad de resolver problemas públicos con decisiones políticas o legales, como si eso no tuviera una repercusión en el uso de recursos o no requiriera de recursos para su ejecución. Toda política pública requiere recursos para su implementación y todo cambio en esas políticas puede tener una incidencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, cada vez que creemos que podemos atender el problema de seguridad con medidas punitivas en vez de gastar en seguridad preventiva, no solo estamos suponiendo que ambas son equivalentes en su resultado (al menos), sino que podemos recurrir a más medidas punitivas sin costo.

Otro problema con las decisiones actuales de gasto, que ya señalé en el artículo del año pasado, es que no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, porque, como decía líneas más arriba, decidir no gastar en algo tiene consecuencias y la acumulación de estas consecuencias podría implicar un mayor gasto en el futuro. La seguridad, la administración de justicia, la política social, la educación y la infraestructura pública, son apenas algunos ejemplos de áreas donde el ajuste puede tener efectos acumulados en el futuro que son más caros que los recursos “ahorrados” en el presente. A esa lista se sumarán, de forma inevitable, aquellas cosas en las que el Estado ha obviado actuar y en la que tendrá que hacerlo para evitar un impacto negativo mayor, como el apoyo financiero al transporte público, medidas para atender el cambio demográfico y el impulso de acciones de adaptación al cambio climático

En cuanto a los ingresos tributarios, desde el año pasado advertía de la pérdida de impulso de las medidas de reforma tributaria aprobadas en noviembre del 2018 y de cómo la reforma había dejado resultados por debajo de las metas esperadas. Además, se señaló en ese momento el impacto de decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa, que empezaban a sumarse a decisiones tomadas vía decreto por la administración anterior y que las actuales autoridades han tenido que reconocer y revertir. La recaudación de impuesto en el 2025 terminó por reducirse como porcentaje del PIB y la pérdida de recursos continuó en el 2026, lo que incluso permeó las decisiones del presupuesto para el año 2027.

Los propios números presentados por el gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, confirman el deterioro de la recaudación de impuestos, indicando que hacia el 2031 el país alcanzaría el 11,7% del PIB en ingresos tributarios, en un escenario base. Es llamativo que la proyección prevea una reducción en la recaudación de los tres principales impuestos del país, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto único a los combustibles, que explicarían esa reducción de un 1% del PIB de recaudación en comparación con lo observado en el 2025, aunque la reducción acumulada alcanzaría el 2% del PIB si lo comparamos con la recaudación máxima alcanzada en años recientes, que fue de 13,8% del PIB en el año 2021.

A fin de recuperar la máxima capacidad tributaria del país de los últimos años y evitar que la pérdida de ingresos impulse la deuda pública a niveles no vistos en las últimas décadas, Costa Rica necesita tomar medidas tributarias y de gestión de cobro de impuestos equivalentes al 2% del PIB. Pero, si pensamos, además, en aquellas áreas de gasto que requieren de más recursos, el reto de ajuste se hace mayor, lo que no podrá resolverse con medidas de poco calado o con reformas pequeñas, hará falta una reforma tributaria con una visión de mediano plazo y con una ambición de ajuste mucho mayor que la demostrada en la reforma del 2018, donde, por ejemplo, será inevitable tocar la tasa del IVA.

Retomando lo indicado en el artículo del 2025, la próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte y deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil.

Debe sumarse en ese listado de cosas la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta, una aspiración que ya suma más de dos décadas sin lograrse, así como impulsar una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro, algo que señalé también hace un año, y que debe ser parte de una estrategia amplia, que se ponga como meta que Costa Rica alcance el promedio de ingresos tributarios del gobierno central en América Latina, que es del 18% del PIB.

Finalmente, está el tema de la deuda pública, algo cuyo manejo reciente se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Luego de que la crisis provocada por la pandemia del Covid19 hiciera saltar la deuda muy por encima del 60% del PIB, activando además las disposiciones más restrictivas de la regla fiscal, hemos quedado atrapados en un nivel de deuda que ronda, e incluso supera, ese porcentaje de la producción, a pesar de la severidad del ajuste de gasto realizado desde el año 2020, al que ahora se suma la caída en la recaudación. En pocas palabras, el ajuste se quedó corto en cuanto a uno de sus objetivos primordiales, como lo es estabilizar la deuda.

Según las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda, la deuda no se reducirá del 60% del PIB de aquí al 2031, y probablemente más allá, bajo las condiciones actuales de resultados fiscales, tasas de interés y crecimiento real de la economía. Mientras tanto el gasto en intereses sigue creciendo, a pesar de la reducción observada en el 2025, con respecto al 2024, el Ministerio de Hacienda prevé que el pago de los intereses alcance el máximo de 4,9% del PIB en el 2028, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (aunque en el presupuesto del 2027 podría llegarse a ese nivel).

De lo señalado hace un año, sigue pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que se mantiene sin abordarse, que es el costo de la deuda pública. A pesar de estar en un entorno sin inflación, e incluso con inflaciones negativas, la tasa de interés que se paga por la deuda pública no se ha reducido, algo que no solo ha pasado para el financiamiento público, pero que obliga a gastar una cantidad muy importante de recursos en retribuir a los tenedores de deuda pública. Urge reducir el gasto en intereses, lo que su vez permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.

Sigue sin atenderse, al igual que hace un año, el asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, obligando al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto. Esto suma otra razón para contar con ingresos tributarios adicionales, así como reducir el pago de los intereses, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.

En resumen, la situación fiscal es compleja, aunque se sigue recurriendo al ajuste por la vía del gasto, esta estrategia ya muestra sus limitaciones y sus fisuras, ni qué decir su impacto en el propio desarrollo del país. La situación de los ingresos tributarios es, en este momento, el principal problema que enfrenta el país, complicando la capacidad de acción del gobierno central y empujando por encima del umbral del 60% del PIB a la deuda pública, mientras el gasto por pago de intereses que ésta genera no se reduce y estruja la posibilidad de canalizar recursos a la atención de aspectos esenciales para la población.

BUSSCO fortalece la unidad y plantea qué modelo de país queremos

Comunicado

Este martes 8 de septiembre, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) realizó una Sesión de trabajo de sus organizaciones integrantes para analizar la coyuntura nacional e internacional, fortalecer la organización y avanzar en la definición de posiciones y acciones conjuntas.

La Sesión de BUSSCO contó con la participación de Jorge Coronado, quien expuso sobre la situación política internacional y las acciones imperialistas de Estados Unidos en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Analizó el respaldo de EEUU a fuerzas y gobiernos de ultraderecha con posiciones antidemocráticas y las presiones y bloqueos ilegales contra gobiernos que mantienen posiciones soberanas.

Coronado también analizó la situación fiscal y económica de Costa Rica, la desaceleración económica y la falta de una política estatal decidida para impulsar la producción nacional, generar empleo y fortalecer el mercado interno.

La evasión fiscal ocupó un lugar central en el análisis, por su impacto sobre las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. También se abordaron las propuestas gubernamentales en materia tributaria y de deuda, así como las implicaciones del Presupuesto Nacional 2027.

Para BUSSCO, la respuesta a los problemas fiscales no puede consistir en trasladar nuevos sacrificios a las personas trabajadoras y los sectores populares. El país debe enfrentar seriamente la evasión y la elusión fiscal y avanzar hacia una política tributaria justa y progresiva.

Pero la discusión va mucho más allá del presupuesto, el déficit o la deuda. BUSSCO considera necesario plantear una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de país queremos?, ¿Qué Costa Rica y para quiénes?

Costa Rica debe decidir entre un modelo neoliberal que concentra la riqueza, debilita la institucionalidad pública y beneficia a unos cuantos, o un proyecto nacional orientado al bienestar de las grandes mayorías, la justicia social, la producción nacional, el empleo digno y una distribución más equitativa de la riqueza.

Por ello, no basta con responder aisladamente ante cada recorte o política regresiva. Es necesario construir una propuesta de país y fortalecer la unidad, organización y movilización del movimiento sindical y social.

La defensa de la CCSS, la educación y los servicios públicos, los salarios, las pensiones, el empleo digno, los derechos laborales y sindicales, la producción nacional, las libertades democráticas y el Estado Social de Derecho forma parte de esta agenda.

BUSSCO continuará impulsando la articulación con otros sectores sociales y populares y preparando acciones de información, denuncia, organización, presión política y movilización.

La pregunta está planteada: ¿Una Costa Rica para unos cuantos o una Costa Rica para todas y todos?

BUSSCO apuesta por una Costa Rica para todas y todos, construida desde la unidad, el diálogo, la organización, la propuesta de una Agenda Nacional y la movilización social.

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública

Comunicado

UNDECA condena enérgicamente la política presupuestaria que golpea nuevamente a la institucionalidad pública y los servicios esenciales que recibe el pueblo costarricense.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 plantea una reducción global de ¢393 mil millones, con recortes que alcanzan áreas sensibles como educación y seguridad, en medio de una guerra de pandillas ligadas al narcotráfico.

Resulta particularmente grave que, mientras se recortan recursos y se debilitan servicios públicos, el Estado continúe sin asumir plenamente sus obligaciones financieras con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La CCSS enfrenta enormes necesidades de inversión, listas de espera y miles de personas que requieren atención oportuna. Cada colón que el Estado deja de pagarle a la Caja significa menos capacidad para fortalecer hospitales, contratar personal, adquirir medicamentos, reducir listas de espera y garantizar atención digna.

No basta con la multimillonaria deuda acumulada con la CCSS: tampoco se presupuestan adecuadamente las obligaciones que corresponden al gobierno de turno.

UNDECA denuncia que esta política da continuidad al ataque contra la Seguridad Social iniciado durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Su influencia y línea política siguen presentes: recortar lo público, debilitar la institucionalidad y negar recursos a la CCSS. Las intenciones de debilitar y destruir a la Caja tendrán consecuencias gravísimas, de continuar por este camino, Costa Rica se encamina hacia una verdadera catástrofe de salud pública, con más deterioro de los servicios, mayores listas de espera y vidas humanas en riesgo.

Exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y financieras.

¡La deuda con la Caja se paga!
¡La salud del pueblo no se recorta!
¡La CCSS se defiende!

UNDECA
72 años construyendo salud, dignidad y justicia social