Las unidades organizan jornadas de reflexión para analizar el plan fiscal y sus consecuencias en el presupuesto universitario
Los recursos económicos del Recinto de Paraíso de la UCR serían derogados según lo dicta el plan fiscal que está en discusión. Foto: Archivo ODI.
Las cinco sedes regionales de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomaron la decisión en conjunto de suspender las actividades de carácter evaluativo durante la semana del 17 al 21 de setiembre, para dar espacio a que se abran debates y charlas. El fin es que la comunidad universitaria y el público en general analicen y se informen sobre todas las variables que incluye la reforma fiscal que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
En un comunicado hecho público el lunes 17 de setiembre, el Dr. Francisco Rodríguez Cascante, director de la Sede de Occidente; la MBA. Marianita Harvey Chavarría, directora a.i. de la Sede del Caribe; el Dr. Álex Murillo Fernández, director de la Sede del Atlántico; el Dr. Édgar Solano Muñoz, director de la Sede de Guanacaste; y el M.Sc. Mario Solera Salas, director de la Sede del Pacífico, acuerdan: suspender todas las evaluaciones en las sedes regionales, incluyendo sus recintos, por cinco días, y organizar actividades reflexivas sobre las implicaciones que conlleva la aprobación del proyecto 20 580.
“Aunado a estos dos puntos, también tomamos la decisión de suspender las evaluaciones porque muchos estudiantes y profesores experimentan problemas a la hora de trasladarse hacia las sedes y recintos de la UCR, debido a las múltiples manifestaciones y bloqueos de las vías públicas, por lo que así protegemos su integridad también; pero es importante dejar claro que las clases, cursos y laboratorios continúan impartiéndose de manera normal. Queremos aportar a la discusión de ideas y propuestas sobre lo que sucede en el país y las implicaciones que tiene la reforma fiscal, particularmente para las sedes y recintos”, indicó el Dr. Francisco Rodríguez.
Además de esas cinco sedes regionales, la UCR tiene cinco recintos ubicados en Guápiles, Paraíso, Santa Cruz, Grecia y Golfito; precisamente, a raíz de los recortes que se incluyen en el proyecto Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el presupuesto de esos recintos universitarios se verían afectados.
“Son temas como ese los que vamos a discutir y así lo aprobamos en el Consejo de Área de las Sedes Regionales UCR. Cada sede va a organizar diferentes actividades y acá en Occidente visitamos aula a aula hoy martes junto con representantes de la asociación de estudiantes para explicar esta decisión, pues no es un llamado a los estudiantes y funcionarios para que se unan a la huelga, es más bien un llamado para que nos reunamos y conversemos sobre todo lo que acompaña al proyecto de reforma fiscal”, añadió el Dr. Rodríguez.
Al respecto el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente, Daniel Rojas Rodríguez, dijo que instan a todos los estudiantes y funcionarios universitarios para que se unan a los espacios de diálogo sobre este tema, “pensamos que muchas personas no están informadas sobre lo que está pasando y para la comunidad estudiantil es fundamental que lo hagan, saber qué es lo que se está discutiendo y tomar una posición, saber cuáles son las afectaciones y como estudiantes aportar un grano de arena para intentar solucionar lo que está sucediendo en Costa Rica, pues a nivel social se ha salido un poco de control”, aseveró.
Específicamente, la Ley 20 580 sobre fortalecimiento de las finanzas públicas propone derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6 450 y sus reformas, dentro de dichas reformas está la Ley N.° 7 386 que aporta la totalidad de los recursos que recibe el Recinto de Paraíso de la UCR, por lo que supondría el recorte total del financiamiento económico que recibe.
Ante esta realidad, la UCR está facilitando y promoviendo la discusión de ideas y el análisis a profundidad de la reforma fiscal a través de foros en la Sede Rodrigo Facio, así como en las sedes regionales.
Impuesto permite sostener gastos de operación del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos para animales por parte de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería
Por cada kilo de alimento terminado, de premezcla o de alimentos a granel destinados a la nutrición animal que se venden en Costa Rica se cobra un impuesto de 0,2% ad valoren para sostener los gastos de operación del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos por parte de la UCR y el MAG.
La calidad de los alimentos para animales de producción y mascotas que se producen en Costa Rica y todos aquellos que se importan es garantizada por el Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA-UCR) de la Universidad de Costa Rica, que funciona con fondos provenientes de la Ley N.º 6883, Control de Calidad de la Elaboración y Expendio de Alimento para Animales.
La labor de este centro tiene un impacto vital en la salud humana ya que funciona como un primer filtro para garantizar que los costarricenses consuman productos de origen animal libres de enfermedades como la salmonella o las aflatoxinas, que son un tipo de micotoxinas causantes del cáncer de hígado, las cuales podrían estar presentes en los granos que comen los cerdos o los pollos y que posteriormente consumen las personas.
Su trabajo también es de gran importancia para los productores agropecuarios pues les permite contar con información exacta de las calidades nutricionales de las materias primas y alimentos preparados que existen en el país y que ellos utilizan en las dietas de sus animales. En esta actividad la nutrición es un factor crucial para garantizar la productividad de las fincas y empresas.
El texto sustitutivo al proyecto de ley N.º 20580 Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa pondría poner en riesgo la operación de este centro que depende directamente los fondos que le otorga la ley N.º 6883 que representan más de 300.000.00 colones anuales. El texto plantea que si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de recursos sanos y suficientes del Gobierno y de las entidades beneficiarias.
Laboratorio Oficial
El CINA funciona mediante un convenio de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Universidad de Costa Rica (UCR) que se firmó en 1981 precisamente para el establecimiento del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos para animales en el país.
La función primordial del CINA consiste en proveer al MAG los análisis de todos los ingredientes y alimentos para animales que se producen en Costa Rica y los que se importan desde 28 países. Su labor incluye la evaluación de 6.266 productos para la alimentación animal y 371 empresas activas a nivel nacional.
Para financiar los mecanismos de control de alimentos para animales el artículo N° 6 de la ley N.º 6883 establece un impuesto de cero coma dos por ciento (0,2%) ad valoren por cada kilo de alimento terminado o de premezcla destinada a la nutrición animal, sean éstos importados o de fabricación nacional. Igual porcentaje se aplica a los alimentos que se venden a granel.
De los fondos recaudados por concepto del impuesto, la Universidad de Costa Rica recibe el 70% y el otro 30% es para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El monto recaudado por ambas instituciones es destinado para gastos de operación del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos por parte de la Universidad y la parte correspondiente al MAG se destina para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley, según establece la ley N.º 7097 que modificó el artículo No. 22 de la ley N.º 6883.
Según detalló el director del CINA, M.Sc. Augusto Rojas Bourillón, del presupuesto que les otorga la ley se destina un 75% al pago de salarios de los profesionales y asistentes que realizan los análisis de alimentos en las secciones de Química, Bromatología y Microbiología y un 25% se invierte en reactivos y repuestos. El centro además recibe ingresos ordinarios de la UCR para el pago de salarios de los trabajadores administrativos y provenientes de la venta de servicios que se utilizan principalmente para la compra de nuevo equipamiento, según detalló Rojas.
La recaudación de los ingresos de los últimos cinco años, provenientes de la Ley 6883, se resume en el siguiente cuadro (en miles de colones):
Recaudación de Ingresos Al 31 de diciembre del 2016 (en millones de colones)
Descripción
2012
2013
2014
2015
2016
Presupuesto
300.000.00
250.000.00
300.000.00
300.000.00
300.000.00
Ingresado
258.044.34
283.639.06
292.919.29
309.839.70
323.432.65
Ingresado de más o de menos
-41.955.66
33.639.06
-7.080.71
9.839.70
23.432.65
Fuente: Sistema de Información de Administración Financiera-Oficina de Administración Financiera.
El presupuesto de ingresos se formula a partir de datos históricos y de las estimaciones que realiza el Servicio Nacional de Alimentos para Animales (SENASA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin embargo, la recaudación de los ingresos reales depende los volúmenes de alimento vendido, sea en el mercado local o para exportación; por lo que en todos los años el monto ingresado difiere con respecto al presupuesto aprobado.
Además de su función como laboratorio oficial de control de calidad de alimentos para animales, el CINA brinda servicios contratados a los productores agropecuarios y las empresas dedicadas a la fabricación y venta de alimentos, contribuye con la educación del personal de las plantas de alimentos para animales en buenas prácticas de manufactura e inocuidad de alimentos y realiza investigación científica en busca de nuevos métodos analíticos y alternativas para la alimentación animal.
La Red Sismológica Nacional y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica reciben más de ¢400 millones al año por la vía de destino específico
La Red Sismológica Nacional (RSN), formada mediante un convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), investiga y monitorea de forma permanente la actividad sísmica y volcánica del país. – foto cortesía RSN.
La Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), de la Universidad de Costa Rica (UCR), reciben fondos para su equipamiento y operación mediante el financiamiento específico de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.º 8488. Estos recursos se discuten actualmente en la Asamblea Legislativa como parte de la reforma fiscal.
El Consejo Universitario de la UCR emitió un pronunciamiento a pedido de la comisión legislativa, que acogió la propuesta, en el que solicita a los diputados eximir a las universidades estatales de las normas que eliminarían los recursos financieros asignados por leyes específicas.
Asimismo, los miembros de la instancia universitaria les recuerdan a los congresistas que los recursos asignados en la Ley de Emergencias a ambos programas de investigación de la UCR «son transferencias que se encuentran protegidas por la cláusula final del artículo 85 de la Carta Magna», en el que les garantiza el financiamiento a las universidades públicas y establece que: «El Estado les creará rentas propias, además de las que ellas mismas originen, y contribuirá a su mantenimiento con las sumas que sean necesarias».
Ante la posibilidad de que dichos fondos sean eliminados, tanto la RSN como el LIS se debilitarían al perder los recursos que han recibido desde el 2009 para ofrecerle al país información científica de calidad que permita tomar decisiones oportunas ante eventuales fenómenos sísmicos y volcánicos.
La RSN, conformada mediante un convenio entre la UCR y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tiene como objetivos investigar los procesos sísmicos y volcánicos para contribuir con una adecuada gestión del territorio, promover una cultura de prevención de desastres e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población costarricense.
Para su labor de vigilancia sísmica y volcánica, posee 138 estaciones sísmicas distribuidas en todo el país, lo que le permite efectuar un monitoreo de la actividad sísmica las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Cromatógrafos de iones del Laboratorio de Geoquímica, de la Escuela Centroamericana de Geología, donde se analizan muestras de ceniza volcánica para determinar la presencia de magma, entre otros aspectos. – foto cortesía RSN.
La RSN también realiza investigación y vigilancia permanente en los cinco volcanes activos: Turrialba, Poás, Irazú, Rincón de la Vieja y Arenal; y, en el último año, está en proceso de ampliar la cobertura a los volcanes Barba y Platanar. Para esto se requiere la instalación de tecnología moderna en puntos cercanos a los volcanes, con lo cual se obtienen datos de forma remota y en tiempo real.
De julio del 2017 a julio del 2018, esta instancia invirtió ¢94.6 millones procedentes de la Ley Nacional de Emergencias para adquirir equipos, programas para la localización de sismos, mantenimiento tecnológico, aplicaciones móviles y servicios digitales, entre otros rubros.
El director de la Escuela Centroamericana de Geología, Mauricio Mora Fernández, consideró que el recorte de esos fondos no sería la mejor salida para el país, ya que “alguien tiene que hacer esa labor de prevención y el Gobierno tendría que buscar una solución”, en un país donde no existe una cultura acerca de los fenómenos geológicos.
El vulcanólogo insistió que la mejor alternativa sería maximizar el uso de los recursos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los procesos iniciados en cuanto a equipamiento y fortalecimiento de la RSN, así como de la ampliación de las capacidades científicas con la incorporación de más recursos humanos a estos programas.
Mora resaltó que en los últimos años ha habido, en el campo vulcanológico, mayor coordinación e intercambio de información con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional, lo que ha permitido contar con respaldo cuando uno de los dos servicios falla y ofrecer una mejor atención durante periodos de crisis volcánica.
Ingeniería sísmica
En el caso del Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, su coordinador e investigador, Víctor Schmidt Díaz, señaló que actualmente mantienen en operación cerca de 150 acelerógrafos ubicados en distintos puntos del país, principalmente en entornos urbanos.
Gracias a estos dispositivos, los expertos del LIS logran registrar datos en tiempo real en el preciso momento en que ocurre un sismo, acerca de los espectros de respuesta de las estructuras, los valores máximos de aceleración del suelo, los efectos de amplificación de la onda sísmica según el tipo de suelo, mapas de intensidad sísmica, localización y el tiempo de ocurrencia, entre otros aspectos.
Gracias a un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica incluye dentro de la red de acelerógrafos a varios hospitales, como por ejemplo la estación que se ubica en el Hospital de Los Chiles. – foto cortesía LIS.
A partir de estos datos, el LIS genera informes que son publicados en su sitio web y en redes sociales, y, además, son utilizados por profesionales en ingeniería, geología, planificación urbana y entidades como el Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Educación Pública, Cruz Roja Costarricense, Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social.
El monto recibido por el LIS proveniente de la Ley Nacional de Emergencias durante el 2017 asciende a cerca de ₡345 millones.
“Si los fondos provenientes de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo se recortan, nos será muy difícil poder sustituir los equipos una vez que se vuelvan obsoletos, que serían unos diez años después de ser adquiridos, por lo que la red de instrumentos dejaría de operar”, aseguró Schmidt.
Cada equipo tiene un costo cercano a los $10 000, por lo que difícilmente la UCR podría enfrentar costos tan altos con el presupuesto ordinario, agregó el experto.
El LIS es el único centro de investigación en Costa Rica que se dedica en forma exclusiva al registro de sismos fuertes con el uso de acelerógrafos, que son instrumentos diseñados con fines distintos a los sismógrafos que utiliza la RSN y el Ovsicori.
La red de instrumentos de monitoreo y medición con que cuenta tiene una amplia cobertura, pues está presente en todas las cabeceras cantonales, en pueblos, zonas urbanas y edificios altos. Asimismo, toda la información que el LIS genera es pública y muy importante para el diseño y construcción sismo-resistente de estructuras, lo cual es de gran utilidad para la planificación urbana.
La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su criterio con respecto al proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Exp. N.° 20.580), pues este contiene una serie de artículos que causarían un perjuicio sustantivo a las universidades estatales, al reducir los recursos económicos que el Estado debe garantizar para el cumplimiento del derecho a una educación superior estatal.
La posición de esta casa de estudios fue emitido por el Consejo Universitario, en la sesión N.° 6199 de este martes 3 de julio, como respuesta a la consulta, que por mandato constitucional, le realizó la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el órgano colegiado, esta propuesta contempla tres aspectos que ponen en peligro la hacienda universitaria; en primer lugar, el proyecto incluye instancias no contempladas en el artículo 78 de la Constitución Política como parte del presupuesto destinado a la educación estatal. En segundo lugar, autoriza al Ministerio de Hacienda a fijar los montos asignados por ley que se destinan a las universidades, de acuerdo con el estado de las finanzas públicas y, finalmente, elimina algunos recursos que actualmente perciben las universidades y que resultan fundamentales para apoyar procesos de regionalización y desarrollo institucional.
En el caso específico de los recursos correspondientes al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, la UCR le recordó al Poder Legislativo que ya la Sala Constitucional dejó muy claro que en ese rubro no debe incluirse el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por lo que la intención de esta iniciativa de incorporar tanto ese dinero como el de la Red de Cuido violan el mandato establecido en el artículo 78 de nuestra Carta Magna.
El Consejo Universitario también cuestionó la intención que tiene el proyecto de reducir o eliminar los aportes adicionales asignados a las universidades vía leyes específicas, lo cual compromete aquellas acciones que son directamente financiadas con ese tipo de recursos. En el caso de la UCR, se verían afectados algunos proyectos vinculados con la regionalización, específicamente en el Recinto de Paraíso, y las tareas de análisis de la red vial del país que lleva a cabo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR).
Por otra parte, el órgano colegiado destacó que las universidades estatales han trascendido su misión de formación de profesionales, pues también realizan un aporte muy significativo en inversión dentro del campo científico-tecnológico, mantienen la mayor cantidad de masa crítica para el desarrollo de la investigación en el país, hacen las mayores inversiones en investigación, formación de posgrado y aportes de transferencia de tecnología al sector productivo, sin dejar de lado el trabajo con las comunidades y los grupos vulnerables, mediante las actividades de acción social o extensión universitaria.
La institución reconoce la necesidad que tiene el país de contar con acciones oportunas para aminorar el crecimiento del déficit fiscal; sin embargo, considera que este proyecto dista mucho de ser una reforma fiscal integral y que, más bien, se debería trabajar en la ejecución de medidas que contribuyan a modernizar nuestro sistema impositivo, tales como reducir la elusión y evasión fiscal, manejar eficientemente los fondos públicos, evitar la corrupción, además de instaurar políticas para reactivar la economía.
Edificio será desocupado a más tardar mañana jueves con la condición de recibir apoyo para mantener discusiones sobre el presupuesto nacional para la educación superior pública
La noche de este martes 26 de setiembre fue acordada la desocupación del edificio de la Dirección de la Sede de Occidente, tomado desde el pasado 20 de setiembre por el grupo denominado «Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente», compuesto por estudiantes.
Roxana Salazar, directora de la Sede de Occidente, confirmó anoche que la negociación con el cuerpo estudiantil finalizó y llegó a buen término, con la firma de un finiquito de negociación y un manifiesto. En el documento se establece que se devolverá el edificio a más tardar a las 10:00 a.m. del jueves 28 de setiembre.
El acuerdo entre esta agrupación y la Dirección de la Sede de Occidente fue tomado en presencia de la representación estudiantil y el Consejo de Sede, así como de la Sra. Marlen Vargas Gutiérrez, representante de las Sedes Regionales ante el Consejo Universitario; el Sr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, y la Sra. Ruth De la Asunción Romero, vicerrectora de Vida Estudiantil. También tuvieron un papel importante en las negociaciones el Sr. Gregory Garro, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), y las docentes Esperanza Tasis y Melba Rodríguez.
El desenlace de esta situación demuestra la efectividad del diálogo. La lucha por el presupuesto para la educación pública es compartida por los distintos sectores que conforman la Universidad de Costa Rica, que ante todo respeta el derecho a disentir y a pensar diferente. Tras la negociación, las partes se comprometieron a fortalecer un diálogo permanente para promover la discusión de temas de interés para la comunidad universitaria de la Sede de Occidente.
En palabras de Carlos Araya, vicerrector de Administración, la entrega del edificio se acordó para mañana debido a que los estudiantes quieren mantener la toma como medida simbólica en el mismo momento que se da la comparecencia de los rectores de las universidades públicas ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, este jueves por la mañana.
Para alcanzar el acuerdo del levantamiento de la toma del edificio, los negociadores solicitaron que las peticiones de la agrupación fueran razonables y al alcance de la institucionalidad universitaria, dado que las peticiones iniciales abarcaban aspectos que trascendían el quehacer de la UCR. De ese modo, el grupo presentó seis puntos que nutrieron el documento final de la negociación.
Estos puntos conforman una serie de condiciones relacionadas con los procesos de discusión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la distribución interna del presupuesto. Entre ellas se encuentra la solicitud de una audiencia pública con el Consejo Universitario; la creación de una comisión tripartita (entre estudiantes, funcionarios y la Administración de la Sede) para trabajar en forma permanente por un presupuesto justo para la regionalización, y el apoyo para que la comunidad universitaria de la Sede de Occidente se movilice el día de mañana hacia la Asamblea Legislativa.
La mañana de este miércoles se lleva a cabo en la Sede de Occidente una Asamblea de Sede, previamente convocada, de la que participan profesores en régimen académico y una representación estudiantil. Los estudiantes que encabezaron la protesta con la toma del edificio solicitaron también que se incluyera en la agenda de esta Asamblea la posibilidad de que fuera transmitida por algún medio digital para el resto de la comunidad universitaria.
Junto con el finiquito, las partes y los testigos firmaron un manifiesto en el cual coinciden con que el incumplimiento del mandato constitucional de contar con un 8 % del producto interno bruto (PIB) para la educación pública, y concordantemente el no alcanzar el 1,5 % del PIB para la educación superior estatal, inciden de manera negativa en el desarrollo de la educación superior y en el mejoramiento de su regionalización.
El edificio que fue tomado alberga la Dirección de la Sede, la Coordinación de Docencia, el Consorcio de Universidades Extranjeras USAC, la oficina de evaluación y el centro de informática de la Sede. Desde la toma de este inmueble, las y los funcionarios fueron trasladados temporalmente e hicieron teletrabajo, dado que no podían ingresar ni sacar material necesario para las gestiones administrativas.
Además, desde la Sede Rodrigo Facio se brindó apoyo para no afectar en mayor medida dichas gestiones. Esta situación no perjudicó la continuación de los cursos ni diferentes servicios a los estudiantes, como el comedor, las becas y la biblioteca, entre otros.
Según agregó Araya, un acuerdo de palabra entre las partes fue que, en el momento de la entrega del edificio, se hará el inventario de activos con el propósito de salvaguardar los bienes y asegurar que estén en buen estado.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de Semanario Universidad.
El Poder Ejecutivo “ha decidido atender en forma parcial las obligaciones correspondientes a la asignación para la Educación Pública, al Patronato Nacional de la Infancia, y al incremento en la cuota estatal para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte decretada por la Caja Costarricense de Seguro Social” reza la exposición de motivos del Presupuesto Nacional del Estado costarricense para el 2018.
Para ello argumenta encontrarse en “estado de necesidad”, condición que lo imposibilita a cumplir con los compromisos que la constitución y las leyes establecen. Esta es una de las formas en que la inacción por parte de la sociedad costarricense en materia de soluciones al recurrente déficit fiscal se manifiesta. Durante años, hemos estado oyendo a políticos y expertos decir que el faltante de recursos que el Estado tiene para hacer frente a sus obligaciones es un asunto serio, y que eventualmente el ajuste fiscal vendrá y se manifestará de una forma tangible, pues bien, esta es una de las tantas formas de percibirlo. La otra es sin duda, el aumento en las tasas de interés vivida en los últimos meses, y vendrán más.
Volviendo al tema del presupuesto, como bien han apuntado algunos políticos y analistas, un tema preocupante es que se está sacrificando la inversión social y la de capital. La propuesta de gastos del Gobierno para 2018 implica un crecimiento anual nominal del 3,2%, lo cual significa un crecimiento real casi nulo, dado que la inflación prevista es del 3%. Con esto, se estima que el gasto público perderá importancia dentro de la economía, dado que caerá al 25,9% en 2018, luego de representar el 27,3% en 2017.
Sin embargo, para lograr tal resultado, se han debido sacrificar rubros clave para el desarrollo del país, el presupuesto en educación representaría el 7,4% de la producción en 2018, una caída respecto a 2017 cuando alcanzó el 7,8% y el gasto de capital (inversión en obra pública) se reducirá en 17,4%; además de la contención de los aumentos en las transferencias para políticas sociales ya comentadas, y reducción de gastos institucionales (partidas flexibles).
Por otra parte, la deuda pública sigue creciendo como bola de nieve, al igual que en 2017, el principal título presupuestario comprende este rubro, que alcanza el 32% del presupuesto total, y contribuirá al crecimiento del presupuesto del 18,4% respecto al 2017, siempre y cuando las condiciones financieras no empeoren.
Si el ajuste fiscal sigue dándose de esta forma, las consecuencias para la sociedad pueden ser nefastas, y como ocurre en economía, siempre existen rezagos entre las decisiones de política económica y sus resultados. Luego de la crisis que enfrentó la economía mundial en los años ochenta del siglo pasado, muchos países, en cuenta Costa Rica, decidieron reducir drásticamente la inversión pública. El resultado fue un rezago en infraestructura productiva, que generó caída en la competitividad, y varias generaciones con menor acceso a educación, que hoy se encuentran desempleadas pues carecen de las habilidades que requiere el mercado.
Esperemos no tener que revivir esa época, y encontrar más pronto que tarde una solución al acuciante déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, de eso depende la paz social de los próximos años y el nivel de bienestar de las futuras generaciones.
(*)Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.libertadyprogresonline.org
Estudiantes de universidades públicas marcharán por el presupuesto de la educación superior, este martes 12 de setiembre a partir de las 10 a.m., desde la Avenida Central hasta la Asamblea Legislativa
Con el lema “La educación no se negocia”, alumnos de las universidades estatales marcharán por el presupuesto de la educación superior, este martes 12 de setiembre, a partir de las 10 a.m.
La marcha arrancará con un recorrido desde la Avenida Central –en las cercanías del Edificio Rofas- mañana martes a las 10 a.m., hasta la Plaza de la Cultura, donde se tomará la Avenida Segunda para culminar con una concentración frente a la Asamblea Legislativa, donde a partir de las 12 m.d. inicia la discusión del presupuesto nacional en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Los universitarios realizarán esta marcha pacífica por la reivindicación del presupuesto para la educación establecido en la Constitución Política; es decir, de 8% del Producto Interno Bruto, del cual un 1.5% correspondería al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Según el reciente acuerdo del FEES para el próximo año, suscrito por los ministros representantes del gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en 2018 las universidades públicas recibirán un incremento del 3,7% en el presupuesto, en comparación con 2017.
Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) y otros grupos del movimiento estudiantil insistieron en que el artículo 78 de la Constitución Política se incumple al acordarse en la negociación del FEES un 1.37% en vez del 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que se ve afectada la asignación de recursos para la educación superior.
“Recordamos que el tema del presupuesto para las universidades ha sido un descontento para el estudiantado ya que se significa un continuo irrespeto a la Constitución Política de Costa Rica, que desde 1949 señaló la educación con no menos de 8% del Producto Interno Bruto, además de un modelo de desarrollo país impulsado desde la educación”, afirmó Daniela Alpízar, presidenta de la FEUNA.
La representante estudiantil añadió que la protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia.
“Les esperamos en las calles defendiendo nuestro país, nuestros derechos, nuestra Universidad”, subrayó.
En una circular dirigida a la comunidad universitaria, el rector de la UNA, Alberto Salom, manifestó su solidaridad con la convocatoria de los estudiantes, a la vez que aclaró que en las negociaciones del FEES, la Rectoría de esta universidad abogó por un 8% para toda la educación, del cual un 1.5% sería para las universidades públicas partiendo de una base PIB del año 2017.
Además, en respeto a los acuerdos suscritos con representantes del grupo “Asamblea Autónoma toma edificio de Ciencias Sociales”, los cuales culminaron con el desalojo de esas instalaciones y el restablecimiento de las actividades académicas y servicios en la Facultad, la Rectoría declaró un cambio de actividades para la comunidad universitaria de la UNA, con el fin de facilitar la asistencia voluntaria del estudiantado, así como de las personas académicas y administrativas de la institución.
En la circular, la Rectoría también instó respetuosamente a Decanos y Decanas de las diferentes Facultades, a valorar la suspensión de las evaluaciones durante el martes 12 de setiembre, tomando en cuenta la marcha convocada por el movimiento estudiantil.
***Mayores detalles con Daniela Alpízar, presidenta de la Feuna, 8758-7762 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de socialismohoy.com
Organizarán marcha hacia la Asamblea Legislativa el próximo martes 12 setiembre
El movimiento estudiantil de la UCR se reunió este martes 6 de setiembre para hacerle un llamado al país a defender la educación pública (foto: Tatiana Carmona Rizo, UCR).
Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Este martes 6 de setiembre, el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica realizó una asamblea abierta en la plaza 24 de abril, en la acordaron exhortar a la comunidad universitaria y nacional a movilizarse para defender el acceso a la Educación Pública. El movimiento busca concientizar sobre qué es el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la importancia de su crecimiento.
Parte de los acuerdos tomados por la asamblea de estudiantes radica en informar y movilizar a la población estudiantil para exigirle al gobierno que cumpla con el presupuesto para la educación pública establecido por la constitución política. Es decir, que se destine el 8% del Producto Interno Bruto para el financiamiento de la educación en general y el 1,5% para las universidades estatales.
“Nosotros estamos conscientes de la crisis fiscal que vive el país, pero consideramos que esta crisis no la deben pagar los estudiantes, ni el país reduciendo el presupuesto de la educación pública, los que deben pagar son los evasores fiscales, por eso queremos exigirle a la Asamblea Legislativa una agenda fiscal progresiva que grave a los grandes capitales a través de impuestos como renta global y renta mundial” dijo Gregory Garro, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
Por este motivo, el movimiento estudiantil realizará una marcha hacia la Asamblea Legislativa el próximo martes 12 setiembre con salida a las 10:00 a.m. del Pretil de la UCR. Al final de esta actividad el movimiento estudiantil presentará sus propuestas a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
A la asamblea abierta de este martes 6 de setiembre, también asistieron miembros de otros sectores, entre ellos estudiantes de la Universidad Nacional, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) y el movimiento de personas interinas de la UCR.
Ante la reciente acción de fuerza de un grupo de estudiantes de difusa composición, que este viernes 1 de setiembre de 2017 tomaron el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, en el Campus Omar Dengo de la UNA-Heredia, la Rectoría comunica lo siguiente:
La postura, insistentemente sostenida por la Rectoría en la Comisión de Enlace, conformada por la representación de Gobierno y por los miembros del CONARE y cuyo propósito ha sido negociar el presupuesto de las universidades estatales para el 2018, ha sido clara en sostener la primacía en el cumplimiento de los principios constitucionales.
En ese sentido, esta Rectoría siempre sostuvo y así dejó constancia en la firma del documento del FEES, que debió llegar a la meta del 8% del PIB para la educación, del cual el 1,5% debería ser asignado a las universidades estatales en el 2018. Ahora bien, considerando la grave situación fiscal que enfrenta el Gobierno, por falta de una reforma fiscal integral y progresiva, la base de cálculo, sobre la cual no hay ningún principio comprometido, sería la del PIB 2017. Esto sería así por los tres años siguientes, hasta el 2020, en los que se estaría tomando como base de cálculo el PIB del año anterior al de ejecución del presupuesto proyectado. De esta forma, el aumento en la asignación presupuestaria, garantizaría tanto el cumplimiento de las metas del Planes de CONARE, y en lo específico del presupuesto 2018 de la UNA, esta podría atender ajustadamente todos sus compromisos laborales y de operación, así como los servicios estudiantiles en su integridad.
Con ese panorama, y para no llegar al escenario que se quería evitar, esta Rectoría acordó acuerpar el acuerdo, bajo protesta de su posición, de lo cual ha quedado nota en el mismo texto del documento.
Finalmente, el acuerdo se firmó el pasado martes 29 de agosto de 2017 por parte de la delegación gubernamental y los demás rectores. Este servidor, firmó el día miércoles 30 de agosto, lo cual demuestra que no se ha tratado en ningún momento de un pacto secretista, como se ha querido presentar de forma malintencionada.
Este viernes 1 de setiembre de 2017 algunos estudiantes universitarios que manifestaron su disconformidad por los términos presupuestarios en que se firmó el FEES, tomaron el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales-Campus Omar Dengo-Heredia, impidiendo el ingreso de 480 personas postulantes para realizar el examen de admisión.
Esta situación se agrava con la suspensión del examen colegiado de matemática, igualmente programado para este día, de 2:00 a 6:00 PM, siendo afectados más de 700 estudiantes.
Todo esto ha significado, en términos económicos, una pérdida considerable para la universidad y, sobre todo, la afectación emocional que se haya podido producir en las personas postulantes que vieron frustrada su intención de cumplir con sus exámenes ante la acción de este grupo de manifestantes.
El grupo que ha tomado el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA es de diversa composición, entre ellos se encuentran estudiantes de la UNA que no gozan de ninguna representatividad legítimamente acordada por la comunidad estudiantil. Este es un grupo de jóvenes que se autolegitima en la acción de fuerza y desconoce cualquier intervención de los personeros de los cuerpos legítimos del movimiento estudiantil.
A la vez, los reclamos que este grupo formula no se refieren, en lo sustancial, a cuestiones que a la universidad ni sus autoridades les correspondan resolver. Más bien, al parecer, se dirigen a otras instancias gubernamentales y legislativas. Sin embargo, la afectación la están realizando en la UNA y a su población.
Tampoco, dicho grupo ha presentado ninguna solicitud de comunicación para conversar con las autoridades universitarias, de forma que se pudieran atender sus inquietudes, como siempre se ha hecho con quien lo solicite. No obstante, hemos abierto todos los canales de comunicación, para comprender el contenido de sus reclamos y para llegar a una solución y término pacífico de su acción de fuerza y arbitrariedad.
Ante lo expuesto:
Repudiamos las acciones de fuerza, que obstruyen el libre tránsito, y que ha significado la postergación de la realización del examen de admisión a más de 480 postulantes y el examen de matemática a cerca de 700 estudiantes regulares, debido a la toma del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.
Ratificamos nuestro compromiso de dialogar y preservar la sana convivencia, el diálogo social y la integridad de la hacienda universitaria, la oportuna prestación de los servicios, la garantía de la accesibilidad del derecho a la educación, y el mantenimiento del orden en estrictos parámetros de respeto y reconocimiento.
Atentamente,
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Universidad Nacional
Enviado por M.S.c Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).
El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.
La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.
La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.
Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.
La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.
Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.
La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.
Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.
Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.
Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.
A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.
En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.
No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.
Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.
En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.
Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.
Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.
