En el marco de su 40 aniversario, la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) realizará el lanzamiento oficial de la campaña “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres”, una iniciativa que acumula 9 años de trabajo continuo (desde 2018) en la prevención de la violencia contra las mujeres y en la transformación de patrones socioculturales que la perpetúan.
Esta campaña no es un esfuerzo reciente: es el resultado de casi una década de sensibilización, formación, acompañamiento comunitario e incidencia, que hoy se fortalece y amplía como parte de la conmemoración de los 40 años de trayectoria de MUSADE. La actividad de lanzamiento se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo, a las 10:00 a.m., en modalidad bimodal, marcando el inicio de una agenda de acciones durante todo el año, orientadas a movilizar a la ciudadanía y a posicionar la urgencia de construir una sociedad libre de violencia.
La campaña hace un llamado directo a la población a cuestionar las creencias, actitudes y prácticas que normalizan la violencia, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la dignidad. Asimismo, invita a hombres, mujeres, juventudes e instituciones a asumir un rol activo en la prevención de la violencia.
“Son 9 años insistiendo en lo mismo: la violencia no es normal, no es privada y no es aceptable. Hoy, en nuestro 40 aniversario, reafirmamos ese llamado con más fuerza: cambiar el ‘rollo’ es una responsabilidad colectiva”, señaló la organización. A lo largo del año, la campaña incluirá actividades comunitarias, procesos formativos, acciones culturales, espacios de diálogo y una estrategia de comunicación que buscará amplificar voces, visibilizar realidades y promover cambios concretos en la vida cotidiana.
MUSADE invita a instituciones públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a sumarse a esta iniciativa, que apuesta por una transformación profunda y sostenida hacia una cultura de paz y equidad.
Las organizaciones de sociedad civil, instancias académicas y colegios profesionales que formamos parte de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica expresamos nuestra profunda preocupación ante declaraciones públicas recientes que relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.
Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia.
Este tipo de afirmaciones no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.º 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido, entre ellos el principio de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y el deber reforzado de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
El carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años está debidamente regulado en Costa Rica por vía del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, instrumento conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 8315 del 4 de noviembre de 2002, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo forma parte del ordenamiento jurídico costarricense y rige sobre todo lo relacionado con la validez o no del consentimiento sexual para actos donde la parte actuante sea menor de 18 años de edad.
Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual. Estos discursos tienen efectos reales y dañinos, pues refuerzan la impunidad, desalientan la denuncia, revictimizan a quienes han sobrevivido a estas violencias y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar protección y justicia.
Quisiéramos enfatizar que toda persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia. La función pública exige un compromiso ético ineludible con la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.
Reafirmamos que la protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática. Costa Rica ha construido, con enormes esfuerzos históricos, un marco de protección que no puede verse erosionado por discursos regresivos que normalizan la violencia y desconocen la evidencia, la ley y la experiencia de las personas sobrevivientes.
Desde la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de derechos, con la prevención de todas las formas de violencia y con la exigencia de que quienes aspiren a ejercer poder público actúen con responsabilidad, conocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes.
El cuidado, la protección y la dignidad de las personas menores de edad deben ser un mínimo ético compartido en cualquier proyecto de país.
Este 6 de diciembre, la organización MUSADE conmemoró 39 años de labor dedicada a la prevención de la violencia y al bienestar integral de las mujeres y sus familias, una trayectoria sostenida por el compromiso, la solidaridad y el trabajo comunitario.
Desde su fundación, MUSADE ha crecido de la mano de múltiples generaciones de mujeres que han encontrado en sus espacios un lugar seguro para sanar, fortalecerse y construir alternativas para sus vidas. La organización destaca que este aniversario es también un homenaje a todas las personas que han formado parte de su historia: quienes continúan vinculadas a su labor diaria y quienes, aun no estando físicamente, dejaron una huella profunda en la misión institucional.
El mensaje difundido por MUSADE subraya que ese legado permanece vivo en cada proceso de acompañamiento, en cada mujer que reconstruye su proyecto de vida y en cada iniciativa que promueve autonomía, protección y oportunidades reales.
La organización agradece de manera especial a usuarias, profesionales, voluntariado, instituciones, aliadas, donantes y amistades que han hecho posible sostener y ampliar esta labor. En su mensaje, reitera su compromiso con un futuro más digno, accesible y solidario para todas las personas, honrando la memoria construida colectivamente y celebrando los logros alcanzados durante casi cuatro décadas.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento en el que rechaza las amenazas armadas que recientemente han afectado a universidades públicas y centros educativos del país, y hace un llamado a fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo.
El acuerdo, tomado en sesión ordinaria 43-2025, subraya que la seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que requiere acciones articuladas entre el Ministerio de Educación Pública, el CONARE, las universidades públicas, las comunidades educativas y las organizaciones estudiantiles.
El documento contextualiza la situación en un escenario nacional caracterizado por el incremento de la violencia, la desintegración social y el deterioro de las condiciones educativas, lo cual afecta directamente el derecho a estudiar en espacios seguros. Señala además que la normalización de amenazas, evacuaciones y discursos violentos debilita la confianza en las instituciones y obliga a invertir recursos que deberían destinarse exclusivamente a la formación académica.
El pronunciamiento destaca que la crisis de seguridad también se agrava por la proliferación de discursos de odio, misoginia y descalificación, incluidos aquellos dirigidos hacia las universidades públicas, reconocidas por su aporte al pensamiento crítico y a la vida democrática. En este sentido, la UNA reafirma su compromiso histórico con la educación pública y expresa solidaridad con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y centros educativos que han enfrentado situaciones similares.
Entre las acciones que propone el Consejo Universitario se encuentran:
Impulsar protocolos de seguridad integral, comunicación, atención psicosocial y cultura de paz.
Fortalecer el trabajo coordinado entre CONARE y MEP para una agenda común de prevención de la violencia.
Reconocer a las federaciones estudiantiles como actores clave en la defensa de espacios educativos seguros.
Promover actividades formativas sobre convivencia, valores democráticos y prevención de riesgos.
El acuerdo recuerda que diversos instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre Escuelas Seguras— establecen la obligación de garantizar entornos de aprendizaje seguros, protectores y libres de violencia.
La Universidad Nacional concluye que la defensa de la educación pública requiere acciones firmes y coordinadas que permitan enfrentar la normalización de la violencia, proteger la integridad de las comunidades educativas y asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación en ambientes que fomenten la convivencia y la paz.
Este martes se realizó la firma presencial del Compromiso Ético y Político contra la Violencia hacia las Mujeres, iniciativa convocada por organizaciones especializadas en derechos humanos y equidad de género. El documento —difundido días atrás— establece una serie de compromisos mínimos para que quienes aspiran a gobernar el país se comprometan públicamente a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, así como a fortalecer las instituciones encargadas de garantizar su protección.
Seis aspirantes a la Presidencia acudieron a firmar el compromiso tras ser invitadas, reafirmando su adhesión a los principios planteados y asumiendo la responsabilidad ética y política que implica su eventual ejercicio de gobierno.
Personas firmantes (orden alfabético por nombre):
Álvaro Ramos – Partido Liberación Nacional
Ana Virginia Calzada – Partido Centro Democrático y Social
Ariel Robles – Partido Frente Amplio
Claudia Dobles – Partido Agenda Ciudadana
Claudio Alpízar – Partido Esperanza Nacional
Juan Carlos Hidalgo – Partido Unidad Social Cristiana
El compromiso insta a las candidaturas a reconocer la violencia contra las mujeres como una problemática de Estado, promover políticas públicas basadas en evidencia, garantizar presupuestos adecuados, fortalecer la ruta institucional de atención y asegurar mecanismos de prevención en todos los ámbitos, incluido el político y electoral.
Las organizaciones convocantes señalaron que esperan que más candidaturas se sumen en los próximos días, pues este pacto busca ser un acuerdo amplio que refleje la responsabilidad colectiva del país frente a la erradicación de la violencia de género.
Las estudiantes del Colegio de Señoritas leyeron y entregaron a las candidaturas presentes un comunicado de la juventud.
Diversas organizaciones sociales convocan a la firma del Compromiso Ético y Político con todas las mujeres que habitan nuestro territorio, un acto público que se realizará el martes 25 de noviembre a las 9:45 a.m. en la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP). Esta actividad se enmarca en las acciones del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y busca reafirmar el compromiso de múltiples colectivos con la erradicación de todas las formas de violencia que afectan la vida de niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores.
De acuerdo con la convocatoria, en dicha actividad presentaremos un documento con acciones prioritarias que las mujeres proponemos para erradicar la violencia de género, ante las candidaturas presidenciales, esperando su compromiso ético y político con las mujeres de Costa Rica.
Según la información oficial del evento—recibida junto al afiche—la jornada tiene como propósito sumar voces individuales y colectivas en defensa de los derechos de las mujeres, y promover responsabilidades éticas y políticas que fortalezcan la igualdad y la vida libre de violencias. La invitación está abierta a todas las personas y organizaciones que deseen respaldar este compromiso desde sus territorios, espacios comunitarios, laborales, académicos o institucionales.
La actividad contará con la participación y la organización conjunta de plataformas de mujeres, redes feministas, espacios de diálogo social y movimientos que han acompañado históricamente la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica.
El juego de los diablitos, es parte de la expresión cultural que aportan las regiones. Foto con fines ilustrativos. Territorio Indígena Boruca, enero 2024. Marcia Silva Pereira.
Entre protestas, mociones y rendición de cuentas, el sector cultura logró evitar el recorte presupuestario de 855 millones de colones en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para este 2024.
La reducción estaba justificada principalmente en la falta de ejecución sostenida por más de 10 años. Ada Acuña, diputada oficialista y gestora cultural de amplia experiencia en el medio, expuso en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que el Ministerio de Cultura ha subejecutado 8 mil millones de colones en la última década.
El recorte se logró evitar gracias a una propuesta presentada por el Movimiento del sector cultura, liderado por el activista Alejandro Méndez, quienes promovieron el arte y la cultura como herramienta para evitar la violencia en los jóvenes. Esta idea fue apoyada por la mayoría de los legisladores de dicha comisión, por lo que el presupuesto no fue reducido.
Ante esta coyuntura, el programa de televisión de la Universidad Nacional, UNA Mirada, invitó a miembros del ámbito cultural costarricense para conversar sobre los principales retos que enfrentan. Los panelistas coincidieron en que el sector tiene muchas limitaciones en la ejecución de los presupuestos anuales por lo que resolver este aspecto administrativo es fundamental para sostener del financiamiento a corto y mediano plazo.
“Es cierto, es un reto enorme ejecutar cada una de nuestras instituciones, los diferentes puestos y presupuestos para cultura, con las limitaciones contenidas en la ley de ejecución y ahora con los nuevos requisitos de la ley de contratación administrativa”, explicó Vera Vargas León, viceministra de Cultura y Juventud.
Méndez apoyó a la jerarca. “Si tuviéramos más recursos, por supuesto, tendríamos más programas, pero no podemos hablar de tener más dinero si no mejoramos la capacidad de ejecución del mismo. Por dicha logramos recuperar esos 855 millones de colones, que van orientados a programas para prevención de la violencia; ahora depende del Ministerio Cultura y del Ministerio de Hacienda ejecutarlos”, sostuvo el activista.
Ante esta iniciativa, Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UNA, considera que el arte es una herramienta muy efectiva para prevenir la violencia y rescatar a los jóvenes que están expuestos a pandillas, drogas y narcotráfico. Acuña puso como ejemplo el Festival de Poesía de Medellín, espacio cultural que la ciudad decidió utilizar para atacar la violencia que se vivía en este territorio. Por lo tanto, la ejecución del proyecto propuesto por el sector cultura es muy positivo para el país y podría tener excelente resultado, que repercutirían en la seguridad ciudadana.
Pablo Solís Barquero, decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (Cidea-UNA), agregó que la eficiencia de la ejecución debe ir acompañada con una visión de futuro, del país que deseamos ser y la cultura que queremos rescatar, construir y promover. De ahí que la inversión también debe estar en la educación y formación de artistas, eje vital para el desarrollar personas sensibles y críticas. “El gobierno tiene que brindar la oportunidad para que la sociedad pueda desarrollarse; tiene que haber una inversión en lo humano porque como seres humanos no nos puede faltar arte en la vida”, acotó.
Otro reto que se planteó en UNA Mirada es la dificultad implícita que tiene la diversidad territorial, artística y cultural del sector y los desafíos que conlleva adaptar los programas y proyectos a dichas poblaciones.
“Hay un reto mayor, que aunque seamos un país pequeño en extensión, somos diversos y las necesidades están en el territorio y su gestión la hacen desde su experiencia; como un campesino y su conocimiento ancestral y patrimonial, quien está en la costa, quien vive en un territorio indígena o quien está en la capital. Están gestionando y haciendo cosas e impulsan sus proyectos. El reto es cómo nosotros, como instituciones, entendemos esta diversidad de culturas y cómo facilitamos las mejores opciones de servicios y oportunidades para que esas personas puedan acceder a los recursos que vamos a gestionar, a defender y a demandar del presupuesto” expresó la viceministra Vargas.
Paralelamente a la diversidad cultural de los productores y promotores artísticos, la descentralización es otra de las trabas que se debe resolver con urgencia. “Es vital que hagamos mejores y mayores esfuerzos por desconcentrar nuestros recursos y la oferta. Dar mejores opciones a quienes están en la periferia y fortalecer los gobiernos locales”, señaló Vargas. La jerarca considera fundamental el trabajo que realizan los centros cívicos por la paz, las sedes universitarias y los gobiernos locales en la promoción cultural y el desarrollo artístico de las poblaciones.
El decano Solís exaltó el trabajo de las universidades públicas en todo el territorio nacional, pues aportan a la gestión cultural en las regiones y con diversos actores y promotores artísticos. “Tenemos que entender que las universidades públicas son un bastión fundamental en que exista ese derecho al arte y la cultura. Formamos a profesionales que nutren todo el país, son como hormigas que andan por todas partes y han generado pluralidad dentro del arte contemporáneo costarricense”, concluyó.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
En el marco del Proyecto de Kommunal “Compartiendo buenas prácticas para la prevención de la violencia en el sector salud” la Internacional de Servicios Públicos (ISP), realizará este 04 de diciembre a las 09:00 am de Costa Rica y El Salvador / 10:00 am Colombia y Perú / 12:00 pm Brasil, Chile y Paraguay / 04:00 pm Ginebra / el Encuentro Regional Virtual “Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo: pautas para protocolos en el sector salud”.
La importancia que adquiere para las y los trabajadores de la salud en América Latina el hacer efectivo el respeto de los derechos laborales, conlleva a relevar la necesidad que adquieren los ambientes libres de violencia y acoso, y que el personal de salud sea reconocido como sujetos de derechos, sobre todo en tiempos de COVID-19 donde la sobre carga de trabajo ha impactado en los factores de riesgos psicosociales de la primera línea. En este contexto, los procedimientos de denuncia, investigación y sanción al maltrato, la violencia y el acoso laboral, podrían marcar la diferencia a favor de los espacios de trabajo saludables.
De lo anterior, los principales objetivos del encuentro estarán orientados a :
* Relevar los factores de riesgos psicosociales, las violencias y los cuidados; y la necesidad de la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, con énfasis en el sector salud.
* Promover herramientas para fomentar la erradicación de la violencia y el acoso de los espacios laborales como son los protocolos sindicales y/o institucionales con participación activa de los sindicatos.
En el marco de la Semana contra la Violencia hacia las Mujeres se realizarán a partir del 23 y hasta el 27 de noviembre una serie de conversatorios acerca del trabajo doméstico no remunerado, activismo en organizaciones feministas, políticas para la igualdad y la equidad de género en los cantones, experiencias en organizaciones feministas, atención de la violencia contra la mujer y femicidio en Costa Rica.
