El colectivo Comunicadores por Palestina hace un llamado urgente a la ciudadanía a participar del webinario “Fuera Mekorot de Abya Yala”, un espacio de análisis sobre los intereses de la iniciativa privada y grupos de poder en torno al agua como recurso estratégico en América Latina.
Este evento busca abrir un diálogo entre activistas defensores del agua e investigadores de la región, con el objetivo de visibilizar la presencia e influencia de la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, en distintos países de nuestro continente.
Temas a discutir:
¿ Ordenamiento territorial ?
¿Ordenamiento hídrico ?
¿Ordenamiento jurídico ?
¿ Desarrollo urbanístico ?
Y la distribución del agua.
Mekorot es la empresa estatal israelí responsable del control del agua en territorios palestinos ocupados, acusada por múltiples organizaciones de derechos humanos de robo, contaminación y apartheid hídrico. Ahora, sus «tentáculos» se extienden hacia América Latina, muchas veces bajo otros nombres o mediante alianzas público-privadas, como parte de los llamados “planes maestros” de gobernanza del agua.
En Costa Rica, es importante poner atención a los “regalos” y viajes que esta empresa ofrece a municipalidades como parte de estrategias de influencia política y comercial. Aunque el reciente viaje de funcionarios municipales se reprogramó, los convenios siguen gestándose en silencio.
Dos terceras parte de la población no está de acuerdo en que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.
45,2% de encuestados asegura que ha experimentado algún corte en el suministro
UNA Comunica. 27 de setiembre de 2024. El 70% de la ciudadanía costarricense estaría dispuesta a manifestarse públicamente en defensa del recurso hídrico. Además, el 94% está de acuerdo en presentar denuncias en relación con problemas en la calidad del agua potable.
Estos son algunos de los resultados contenidos en la encuesta Percepción de la población costarricense y extranjera sobre temas ambientales en el país, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). Los datos fueron recolectados entre el 29 de setiembre y el 10 de octubre de 2023.
El objetivo del estudio fue determinar la opinión ciudadana sobre la relación que existe entre fenómenos como el cambio climático, el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la gobernanza institucional con la situación del acceso y calidad de agua en el país.
Justamente, en el ámbito de la gobernanza, para un 84,4% de la muestra es importante defender la forma de abastecimiento de agua potable que tiene el país. Un 10,9% dijo estar en desacuerdo con este enunciado, mientras que un 4,7% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
El porcentaje a favor aumenta a un 93,7% si se trata aprobar más leyes para asegurar la protección de las fuentes de agua y a un 95,2% si se trata de fortalecer la estructura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que atienda las necesidades en agua potable y saneamiento.
Sin embargo, solo un 41% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más para mejorar el servicio, mientras que la mitad de la muestra (49,6%) aseguró que está en desacuerdo con esta medida.
De igual manera, dos terceras partes de la población consultada (66,8%) está en contra de la idea de que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.
Aunque los datos recolectados corresponden al segundo semestre de 2023, se presenta en un año donde ha sido crítica la situación del agua en el país, con casos comprobados de contaminación de fuentes. La más reciente se dio el 14 de setiembre anterior luego de que se confirmara el vertido de hidrocarburos en la plata potabilizadora de Guadalupe, en Goicoechea, que afectó a 40 comunidades.
Esta situación se suma a los cortes en el suministro del líquido que ha generado manifestaciones públicas, cierres de vías y confrontaciones con la policía.
Cambio climático
En el capítulo de agua y cambio climático, casi la mitad de la población encuestada (45,2%) mencionó que ha experimentado cortas en el suministro programadas regularmente. Otro 39,7% indicó que ha vivido racionamientos o suspensiones con horario, mientras que un 38,6% aseguró que en sus viviendas el líquido llega con baja presión.
Dentro de las valoraciones que hizo la ciudadanía a la luz del estudio, se determinó que para el 93% de las personas entrevistadas existe una relación entre la calidad del agua potable y la salud pública. Además, el 89,4% lo identifica como un servicio público.
Sobre el nivel de satisfacción del servicio que brindan empresas proveedoras, tanto el AyA, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, las municipalidades y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados (Asadas) obtuvieron una nota favorable que ronda entre 87,1% y el 79,7%.
El estudio profundizó en los criterios ciudadanos sobre la relación entre los efectos del cambio climático y el ambiente. Una gran mayoría (92,8%) está convencida de que este fenómeno aumenta los eventos climáticos extremos como lluvias fuertes, sequías y huracanes.
Para el 93,9% de la muestra, las áreas con vegetación reducen el calor en las zonas urbanas, mientras que el 91% considera que el aumento en el nivel del mar ocasiona la desaparición de comunidades costeras.
En orden de descendencia, lo asocian con una alteración del clima en la tierra (88,4%), que es causado por las acciones del ser humano (76,7%).
Otro aspecto que contempló la encuesta es el nivel de conocimiento en torno al ENOS y sus modalidades del fenómeno de El Niño y La Niña. En el caso de este último, 9 de cada 10 personas lo asocian con un incremento en las lluvias y bajas temperaturas. También, para el 83,4% es el causante de inundaciones y fuertes oleaje.
En el caso de El Niño (en contraste con La Niña), un 89,8% lo relaciona con pocas lluvias y altas temperaturas. También, el 87,2% hizo mención de sequías e incendios forestales.
En lo que sí existe concordancia en la percepción ciudadano, en ambos fenómenos, es que existe una relación de estos fenómenos con el desabastecimiento de agua potable en los hogares. Así opinó el 79,8% de los consultados.
El Idespo-UNA consultó si las personas conocían el concepto de “estrés hídrico” a lo que el 93,8% de los encuestados respondió negativamente. Al respecto, el estudio indicó que es un término que hace referencia al impacto del uso excesivo del líquido, ya sea por extracciones o consumo, según su disponibilidad.
La encuesta abarcó a una población de 1.118 personas, con un error de muestreo del 2,9% y un 95% de confianza. Se aplicó a personas costarricenses o extranjeras con más de cinco años de vivir en Costa Rica, de 18 años o más usuarios de telefonía celular, de manera que se abarcó el 97,6% de la población.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La página del APSE Informa, dedica un espacio, en el programa Desde la Otra Acera, para hablar acerca de la privatización del agua en el país. Este conversatorio se realizó el 22 de febrero. Se contó con especialistas en estas áreas y personas vecinas de lugares donde se han mostrado afectaciones con el agua.
Participaron:
Mario Rodríguez, secretario general de SITRAA
Freddy Pacheco, biólogo y activista ambiental
Laura Gómez Vásquez, activista vecina de Tibás
David Contreras, regidor de San José
Puede ver el programa por medio de las redes oficiales de APSE Informa:
El señor ministro de Ambiente al fin «puso el huevo» al apoyar el proyecto de nueva Ley de Aguas y, de rebote, nueva Ley del AyA. Acudió a la comisión legislativa que lo tramita (no necesariamente lo estudia) acompañado de uno de los redactores del adefesio, el agrónomo director de Aguas del Minae, señor José Zeledón. La verdad, nos quedaron debiendo, pues esquivaron los puntos cruciales, pese a la trascendencia especial de semejante proyecto y las expectativas que teníamos.
Ese proyecto (el N°23.511), aunque copia varias cosas de los promovidos sin éxito anteriormente, tiene «novedades» nada desdeñables, que pese a su importancia, no han merecido la atención de los que lo proponen y los que lo apoyan, aparentemente sin haber hecho la tarea de ir más allá de la corronga exposición de motivos. Algo que parece darse con don Franz Tattenbach, y que lamentamos, pues, insólitamente, se cuidó el señor ministro de obviar los detalles, para quedarse en algunos párrafos intrascendentes.
No habló, por ejemplo, del traslado de las funciones técnico-científicas que ejecuta el Senara sobre los acuíferos subterráneos, formaciones geológicas fundamentales como fuentes de agua potable, hacia la incompetente Dirección de Aguas del Minae. Tampoco hizo mención de la situación en que quedarían las ASADAS, en caso de quitarle la gobernabilidad del agua al AyA, que tiene, por lógica, la doble potestad de RECTOR y EJECUTOR del agua como bien demanial, como bien de dominio público, como bien social. Situación de la mayor importancia, pues de trasladarse al ministro de Ambiente esa gobernabilidad, más de 1.400 ASADAS que garantizan el abastecimiento del agua potable a más de dos millones de habitantes de zonas rurales, quedarían sin «convenios de delegación»; es decir, sin el instrumento que jurídicamente, les permite administrar el agua de sus comunidades, avaladas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Aresep y la Sala Constitucional. Ello en virtud de que, aunque son asociaciones privadas, cumplen una función de servicio público bajo una sujeción especial con el AyA, que, por cierto, sirve a su vez, 640.000 servicios de agua potable.
De permitir los señores diputados semejante barbaridad, se crearía una situación desastrosa, pues, se estaría PRIVATIZANDO el agua, declarada como BIEN DE DOMINIO PÚBLICO por la Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia de 1942. Para hacer más claro el desaguisado, se establecería la obligación para que ¡el AyA y las ASADAS, deban solicitar concesiones de agua al ministro del Minae, para que, ambas, el hoy ente rector y ejecutor, y las asociaciones privadas delegadas, nos puedan abastecer del líquido vital! Un total despropósito.
Ello, además de que ponen también a ambas (AyA y ASADAS) a pagar un impuesto («canon», le dicen) que habría que trasladar al usuario por medio de las tarifas. Así de malo e indefendible es el proyecto N° 23.511, que CONCENTRA en el Minae, órgano político por definición, potestades que hoy se sustentan en instancias como el Senara y el AyA, donde la ciencia y la técnica, son las que predominan. Así, aunque hablan de «integrar», lo que realmente están proponiendo, es «CONCENTRAR» en un ministro, las funciones y potestades que, inobjetablemente, han de seguir siendo ajenas a criterios políticos que, con razón, provocan desconfianza entre los usuarios. Y peor aún, estarían echando abajo el estupendo y admirable sistema de gestión de agua potable, que realizan las ASADAS, por todo el país. Modelo único en el continente americano que, dolorosamente, algunos quieren acabar con él.
En un caso que al que estamos dando seguimiento desde hace tiempo, en los últimos días miembros del equipo de Alba Sud realizamos una gira por Playa Marbella, ubicada en Guanacaste, Costa Rica, para conocer el estado actual del conflicto entre la comunidad y los desarrollos inmobiliarios.
La apropiación llevada a cabo por grandes inversiones turístico-residenciales en Playa Marbella continua su marcha. En un artículo anterior describimos cómo operan desarrolladores inmobiliarios en destinos prístinos y porqué Playa Marbella es síntesis del conflicto turístico que se produce en estos momentos en Guanacaste. En Marbella se da un acelerado proceso de acaparamiento de tierra por agencias de bienes raíces; gestión privada del agua para abastecer proyectos inmobiliarios; irresolución de instituciones públicas e injerencia en las decisiones de la comunidad.
Ubicada en el cantón de Santa Cruz, Marbella aparece a inicios del siglo XXI como una nueva frontera propicia para la especulación inmobiliaria. Desde el 2016 vecinos y vecinas, organizaciones locales y diversos medios de comunicación han señalado anomalías a la hora de otorgar concesiones, permisos de construcción y gestión de agua potable; así como denuncias por destrucción de manglares. Resultado de esto, grupos inmobiliarios en la comunidad han llevado a cabo campañas de desprestigio y amenazas a voces disidentes con este modelo de desarrollo turístico.
En este contexto, las instituciones públicas han vuelto a fallar en la consecución de una solución rápida, apegada al ordenamiento jurídico costarricense. Se repiten los mismos errores que se han producido en otras playas de la provincia, y que llevaron a que se pusiera en entredicho qué intereses priman en la administración pública en los destinos costeros.
En una gira reciente por la zona, Alba Sud pudo dar seguimiento a la situación. Nos acompañó el M.Sc. Gustavo Jiménez Barboza, consultor e investigador en estudios urbanos. Invitados por la comunidad, estuvimos también presentes en una reunión convocada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la que se trató la carencia de agua potable para los habitantes históricos. También, conocimos qué avances ha habido en las denuncias hechas a la Municipalidad de Santa Cruz sobre construcciones en la Zona Marítima Terrestre (ZMT). Finalmente conversamos con adultos mayores para conocer su perspectiva de cómo ha cambiado Marbella y qué impactos han tenido las inversiones inmobiliarias en la comunidad.
¿Agua para qué y para quién?
En Marbella la gestión del agua ha sido un problema desde que grandes complejos residenciales llegaron a la comunidad. El control privado del agua potable ha sido posible por la administración irregular del acueducto rural (ASADA) por agencias de bienes raíces, al mismo tiempo que se perforan pozos ilegales dentro de proyectos inmobiliarios.
El presidente de la agencia de bienes raíces Marbella Group Developers, Jeffrey Allen, responsable de los residenciales Posada del Sol, Vista Bella, Costa DoradaRuta del Sol, llegó a presidir al mismo tiempo las dos ASADAS de la comunidad entre los años 2007 y 2019. Esto le permitió otorgar a sus proyectos cartas de disponibilidad hídrica sin ningún estudio técnico de por medio hasta que el AyA tomó el control de las ASADAS. En la denuncia presentada por el AyA, de la cual se dispone de copia, entregada a la Fiscalía en marzo de 2019, se evidencia un conflicto de intereses. En ella se describe cómo operaba Allen a través de redes de sociedades anónimas y testaferros. Los posibles delitos que se señalan son once, entre los más graves enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.
Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
En el mismo sentido, Antonio Marvez, responsable de los residenciales Lomas del Sol y Jardines del Sol es investigado por el delito de usurpación de aguas por la Fiscalía Ambiental de Guanacaste. En el expediente 17-001221-0412-PE se le imputa abastecerse con pozos ilegales dentro de los complejos residenciales mencionados.
Este contexto, junto a la urgencia de vecinos de las barriadas Manzanillo y Veracruz que no cuentan con servicio de agua potable, fue el motivo por el cual la comunidad sostuvo una reunión con el AyA. La cita se realizó el 12 de marzo en el Salón Comunal de Marbella. Por el AyA asistieron Alejandro Contreras, de la Oficina Regional, y Andrea Chacón, de la Dirección Jurídica.
La comunidad, representada por la Asociación de Desarrollo Integral de Marbella (ADIM), fue enfática en señalar cómo a pesar de que en los complejos residenciales hay suministro de agua hasta para piscinas, no haya para uso comunal. La ADIM propuso que, de ser necesario, hay vecinos dispuestos a donar terrenos para pozos y mano de obra para satisfacer la necesidad hídrica. Sin embargo, esta opción no es viable por el momento. Ya que como explicó Andrea Chacón dependen de condiciones hidrológicas idóneas, riesgos de salinización y sobre todo porque “…la gran mayoría de terrenos en Marbella son privados, en algunos casos es gente que no reside en el país y no es como que la gente quiera ceder su terreno para dar agua”. El problema radica en que actualmente los terrenos idóneos son aquellos donde están los desarrollos inmobiliarios, lo que obliga al AyA a tener que negociar y, de ser necesario, comprar terrenos a dueños ausentes.
Así, por ejemplo, en uno de los pozos en el residencial Lomas del Sol, vinculado a Antonio Marvez, el AyA reconoce que es ilegal, pero solo se utiliza para abastecer a ese sector. Chacón explicó que “…nosotros como AyA también tenemos que resolverle a esas personas que tienen casas construidas ahí por una situación que no es nuestra sino de quien construyó…”. Cuando se le preguntó qué iba a suceder con todos los otros pozos ilegales, Chacón respondió: “El AyA no tiene la competencia legal para cerrar pozos, solo la Dirección de Aguas” [1]. Otro ejemplo es un pozo en Posada del Sol, propiedad de Jeffrey Allen, a quien el AyA ha denunciado por manejo irregular de ASADAS comunales durante más de diez años, que, según explicaron en la misma reunión, fue una donación al AyA y es el único pozo que por el momento abastece a la población local.
Imagen de Arturo Silva.
Chacón fue explicita en afirmar que “en este momento el AyA no tiene agua para ampliar el servicio a Manzanillo y Veracruz”, pero están buscando otras fuentes de agua. Mientras el servicio continua en los proyectos residenciales es evidente que construir y substraer agua de manera ilegal en Marbella no tiene mayores consecuencias, hasta puede resultar favorable para el desarrollador, porque puede llegar a vender el terreno al AyA. En la reunión se llegó al acuerdo de conformar una comisión de trabajo entre comunidad y AyA para darle seguimiento al tema.
Otro de los puntos clave en la reunión fue, el papel que juega la Municipalidad de Santa Cruz en esta situación. Alejandro Contreras, de la Oficina Regional del AyA, luego de hacer referencia a la promesa de trabajo que traerá el turismo residencial, sostuvo que “es urgente su participación dada la ausencia de planificación en el cantón”. Contreras mencionó que, para estimar la demanda hídrica de la comunidad, en 2019 el AyA solicitó los permisos de construcción a la municipalidad y asegura que “encontramos un equivalente a 7 veces la población actual de Marbella”. A lo largo de los años a la Municipalidad de Santa Cruz no solo se le han señalado deficiencias en planificación y manejo territorial, también en materia administrativa.
“La muni en su laberinto…”
La sensación de impunidad es perenne en la comunidad. Luego de la reunión algunos vecinos señalaron la ausencia de la Municipalidad de Santa Cruz en la cita. Existe gran inquietud, principalmente porque no se sientan responsabilidades en el manejo del agua, y esto se extiende a la capacidad de reacción del gobierno local. Una de las personas a la cual se omite el nombre para evitar posibles represalias, nos dijo: “Mirá…meter papeles a la muni es como meterlo al Laberinto del Fauno. Qué va a saber uno si lo van a atender hoy, mañana o en un año, o si lo van a engavetar. Hay mucho huevo (dinero), intereses… cosas que uno no sabe bien cómo funciona”.
Tal es el caso del restaurante Tikki Hut, construido por Jeffrey Allen. Por estar ubicado en los primeros 200 metros de costa la concesión municipal debe seguir un protocolo administrativo que certifique el resguardo ambiental y beneficio directo para las comunidades. En respaldo a la comunidad, a quien que desde el 2016 se les ha negado documentos que evidencien el debido proceso para adjudicar la concesión, la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON) hizo su aparición en Marbella.
Imagen de Arturo Silva.
Desde el 18 de diciembre del 2020 FECON presentó tres denuncias en relación al restaurante Tikki Hut. Las denuncias hacen referencia al alumbrado eléctrico, la construcción del puente de acceso y el restaurante en sí. En el último pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el tema, expediente 21-003356-0007-CO del 12 de marzo de 2021, señala que las acciones de la municipalidad representan una “violación del derecho a una justicia administrativa pronta, acceso a la información y de petición y pronta respuesta, en perjuicio del ambiente”. Del pronunciamiento de la Sala se desprende que la municipalidad de manera deliberada esconde información detrás de consultas innecesarias a sus departamentos legal, ambiental y de ZMT, como si se trataran de instituciones aparte.
En el documento se indica que la denuncia debía “tramitarse en algún departamento específico en atención al principio de coordinación, debió trasladarse de oficio a lo interno de la propia municipalidad y no simplemente indicarle al denunciante a quien correspondía.” Desde que iniciaron los cuestionamientos, la Sala evidencia que “…no se indica si se ha realizado alguna actuación municipal en áreas de constatar o descartar las supuestas irregularidades denunciadas -construcciones-”. También señala el silencio de la municipalidad “no se pronunciaron en cuanto a la solicitud de orden de clausura y demolición de obras, ni tampoco, si se entregaron los documentos pretendidos.” En el pronunciamiento la Sala da un mes como máximo para que se hagan públicos la documentación solicitada.
En Marbella el control estratégico del agua está ligado a la posesión de la tierra, pero mientras el AyA encuentra fuentes de agua y la municipalidad logra dar con el departamento correcto hay una historia a ras del suelo que merece ser contada. Una historia que cuenta cómo Marbella fue cambiando con los años.
Fiebre por la tierra: #LandForSale
Don Roberto Gómez y don Pablo Gutiérrez son dos marbellanos de cuna. En Costa Rica es costumbre utilizar “don” para referirse a personas mayores como muestra de respeto. Don Roberto, de 63 años, nos advierte que su tez blanca y ojos azules vienen de una cepa española que se resiste a desaparecer. Don Pablo, de 75 años, nos cuenta que su familia lo trajo de Nicoya cuando tenía 7 meses, aunque nunca supo por qué. Con la ayuda de un mapa conversamos con ellos sobre los cambios que han sucedido en Marbella en los últimos veinte años. Cómo era Marbella antes, cómo empezó la fiebre por la tierra y qué relación hay con el sector inmobiliario.
Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
Antes de la explosión turístico-inmobiliaria Marbella era tierra de latifundios, propiedad de algunas familias guanacastecas que no residían en el pueblo. Las pocas familias residentes, como las de don Roberto y don Pablo, vivían de pequeñas explotaciones para el autoconsumo: “cuando yo tenía como quince años vivíamos de sembrar maíz, hacer desmonte, volar hacha, sembrar arroz, frijoles y engordar cerdos”, recordó don Pablo. A continuación, Don Roberto explicó su vinculación con el ganado en estas tierras: “nací entre ganado por herencia, tradición, pero terminándome yo, esto del ganado se termina, porque mis hijos ya están en otra cosa.”
Como en el resto de la provincia, en Marbella el boom turístico residencial hizo su aparición a inicios del siglo XXI. Don Roberto recuerda bien ese momento no tan lejano: “como del 2000 para acá fue que ya comenzó…Jeff [Jeffrey Allen] fue el primero, fue el que llegó a explotar la riqueza turística que tenía Marbella. ¿Por qué? Porque Jeff compró por aquí, compro por allá, compró todo”. Más tarde, algunos obreros de la construcción nos comentaron que el terreno donde hoy esta Posada del Sol de Jeffrey Allen es una propiedad de 120 hectáreas comprada a 160 mil dólares, es decir 0.50 dólares el m² [2]. En los albores de siglo, Marbella era una mina si se contaba con acceso a un poco de capital, y don Pablo recuerda que “era una cochinada lo que se les daba por la tierra. Imagínese que una finca él la compraba a 18 mil dólares y luego vendía cada lote al mismo monto”.
Durante la conversación que sostuvimos con estos dos pobladores les preguntamos por la relación que establecen con segundos residentes. Según don Roberto es distante, “ahí dentro de los proyectos hay gente que uno no conoce, ahí pasan echando polvo, si pueden le echan el carro a uno..jaja. Pero el desarrollador si busca como hablar con uno”. Por el tipo de oferta, es común que un número importante de residencias pasen vacías la mayor parte del año, pero eso no significa que el propietario no siga cobrando la manutención y gastos de alquiler. Un monto que puede rondar los 200 y 500 dólares mensuales para cada casa.
Don Roberto y don Pablo han tenido algunas experiencias con extranjeros que querían comprar sus tierras. Pero ellos no han querido vender porque han visto la tragedia que ha supuesto para algunos de sus vecinos que anteriormente vendieron sus terrenos, y que luego no han sabido qué hacer con el dinero. “Entonces uno ve que venden, se van a vivir a otro lado y al tiempito uno los ve volver sin plata, a vivir donde algún familiar”, nos cuenta don Pablo.
Imagen de Arturo Silva.
A juicio de los dos hombres, reconocen que algunas cosas buenas han traído los desarrolladores, como, por ejemplo, donaciones que de tanto en tanto aparecen en la comunidad. Sobre todo, a partir de que la prensa hizo eco de todas las irregularidades ya mencionadas. También la oferta de empleo ha mejorado, en especifico la que tiene que ver con mano de obra para la construcción.
De mitos y mentiras
En Playa Marbella se evidencia el proceso al cual son sometidas numerosas comunidades locales en los primeros estadios de inversión turística residencial. Como en la mayoría de la costa provincial, en Marbella reina la especulación inmobiliaria. Por eso es posible reconocer prácticas monopólicas que contradicen cualquier dogma, basta con reconocer de qué manera desarrolladores inmobiliarios como Jeffrey Allen se han hecho del control de estas comunidades. Al punto que son desarrolladores inmobiliarios cuestionados los que le dictan al AyA si gustan facilitar agua para la comunidad.
¿Qué soluciones tienen las instituciones directamente vinculadas? Ninguna que resuelva un problema que ya es estructural. A falta de una adecuada coordinación y planificación que incentive alguna opción de tejido económico local, lo que surgen son propuestas de comisiones siempre entre comunidad e instituciones, nunca con desarrolladores, para resolver el abastecimiento de agua o la apropiación de espacios públicos como la ZMT. Todo mientras las denuncias se dilatan en consultas y procesos administrativos.
Antes de hablar de turismo, para Marbella debemos hablar de un mercado de la tierra que vende barato y compra caro, de un mercado del agua privado y de un mercado de mano de obra barata. La curva de crecimiento del turismo residencial es corta pues de lo que trata es de una economía rentista concentrada en pocos dueños que no necesita mucha mano de obra para operar, salvo cuando se construyen los proyectos. Lo cierto es que, a falta de alternativas o apoyo para emprendimientos locales, comunidades como Marbella están a merced del mejor postor o, porque no, a merced de las instituciones públicas.
Notas:
[1] En Costa Rica hay más de 13 instituciones públicas que inciden en el manejo del agua. La Dirección de Aguas es la instancia centralizada que corre con los procesos judiciales.
[2] Los montos fueron convertidos del colón costarricense al dólar estadounidense.
Este artículo se publica en el marco del proyecto «Turismo inclusivo, una demanda de justicia global», desarrollado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, convocatoria Justicia Global 2020.
Imagen principal: Crédito Fotografía: Desarrollo inmobiliario, Marbella. Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
Publicado en http://www.albasud.org compartido con SURCOS por Bernardo Bolaños con autorización del autor.
Compartimos el siguiente video producido por el Colectivo Agua es Vida No Mercancía. El documento visual explica la importancia del agua para la vida, así mismo, se refiere a los proyectos que impulsan su privatización.
SI quieren privatizar el agua mediante el proyecto legislativo “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente No. 17.742. No es cierto que el declarar el agua como un derecho humano fundamental e indispensable, sea una garantía de que nunca nos faltará el preciado líquido en nuestros hogares (artículo 2 inciso a), lo que en realidad están haciendo es legalizar los “racionamientos” de manera que con solo un tiempo de bombeo de agua en las cañerías para hacer llegar a las casas una cantidad que cumpla estándares de sobrevivencia, se dé por cumplido el compromiso de “acceso al agua” y por supuesto todo el resto del agua será para que los políticos puedan vendérsela a las transnacionales y a los hoteles.
Analicen la trampa que nos están tendiendo: según los organismos internacionales como la OMS y la ONU entre 50 y 100 litros de agua son suficientes para que una persona pueda decir que tuvo acceso al agua como un derecho humano. Si tomamos en cuenta que de una cañería a nuestros hogares pueden llegar 4 litros de agua por minuto, quiere decir que en 25 minutos se obtendrían los 100 litros que nos quieren asignar por ley. La familia promedio es de 5 miembros, por lo que con un flujo de agua durante 125 minutos (2 horas y 5 minutos) sería “suficiente” para que el Gobierno cumpla con su “compromiso” de agua como derecho humano. Después de esto se reserva la acción de decretar un racionamiento del líquido para vendérselo a las hoteleras y corporaciones transnacionales, como la Nestle.
¿Cómo y por qué haría eso un político? Ese proyecto de ley convierte el agua en un “bien económico” o sea le da un valor económico (artículo 2 inciso b). Desde ese momento se convierte en una mercancía que puede ser vendida o concesionada por el Gobierno de turno (artículo 60) entonces las corporaciones trasnacionales, empresas nacionales, las hoteleras y personas físicas o jurídicas que casi siempre han querido las fuentes de agua para explotarlas sin control ni decencia, podrán ser objeto de una concesión de las fuentes de agua (artículo 62) al cumplir con una cantidad “adecuada” para la subsistencia de las personas, el resto será para vender sin control alguno. Esto se deduce claramente del artículo 74 del proyecto, donde el Estado se libera de responsabilidad por la falta de caudal o disminución natural que pudiera resultar en una concesión. Lo que nos indica que el concesionario puede sacarle toda el agua que pueda a la concesión al punto de secar un río, un manto acuífero, un lago, estanque… lo que se le otorgue sin control absoluto pero liberando al Gobierno del faltante.
También esta ley cierra un círculo que desde hace tiempo vienen los políticos corruptos de nuestro país queriendo concluir. Permite la concesión del agua marina y así podrán no solo aprovechar nuestros recursos acuíferos marinos, sino explotar el titanio, el gas natural y otros metales preciosos del fondo marino de nuestros océanos, a los cuales no podían llegar sin la concesión de espacios de mar (artículo 93) La concesión de APM-TERMINALS y esta ley cumplirán el sueño de enriquecerse entregando nuestras costas al mejor postor.
Esta ley causará la derrota a las comunidades que han estado luchando por la defensa de sus ríos en contra de los abusos que ganaderos y empresas agropecuarias que han cometido abusos con las fuentes de agua donde les han sacado más agua de lo que en realidad pueden dar. Ejemplo de esto es Miramar que después de que les secaron dos ríos, han luchado fuertemente contra unos ganaderos irresponsables quieren secar otro río más en su zona. Con esta ley su lucha será en vano porque permite la conformación de “sociedades de usuarios que podrán hacer el justo aprovechamiento colectivo de las aguas entre sus socios” (artículo 105)
Y para cerrar con broche de oro este proyecto privatizador le permite a los que han estado explotando el agua descaradamente, continuar haciéndolo sin ninguna regulación o pago justo por sus abusos. Ejemplo de esto es la Florida ICE y FARM quien paga 600 mil colones al año por todo el agua que le saca a un nacimiento del líquido en sus instalaciones con la que produce cerveza, refrescos y agua embotellada (transitorio XI). Ese dinero tan solo corresponde a la utilidad que obtienen por unas horas de producción, y después de esta ley ya nadie podrá ponerle el “cascabel al gato” y obligarlos a pagar un precio justo por el agua que aprovechan. ¿Por qué creen que La Nación y Teletica guardan silencio con respecto a esta ley?
Cada vez se suman más y diversos sectores, instituciones, incluso instancias gubernamentales contra la propuesta de ley que busca autorizar a las cooperativas a prestar servicios de abastecimiento de agua potable (expediente 19.441) y el cual se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
A la férrea oposición de MINAE y AyA ante este proyecto de ley se une el Consejo Institucional Instituto Tecnológico de Costa Rica que después de una análisis del marco jurídico actual concluye que “esta ley, tal y como está escrita, vendría a competir con las ASADAS que por años han brindado un servicio a sus comunidades ad honorem y sin ánimo de lucro…El agua como recurso estaría en mayor disputa, dado la escasez que se puede presentar por el cambio climático” (ITEC, Sesión Ordinaria No. 2916).
“Como está concebido el proyecto de ley podría permitir que una transnacional haga uso de cooperativas para lucrar con el suministro de agua, aún más de lo que ya hacen hoy con la venta del líquido embotellado” así advirtió la Alianza de Redes Ambientales (ARA) frente al proyecto que se autorice por Ley de la República que las cooperativas explotación comercial de los acueductos públicos. Además ARA sostiene que al mismo tiempo hay complicidad por parte de Alianza Nacional Opositora para que quede en firme la privatización antes de la nueva ley rectora del recurso hídrico que está por aprobarse y que vendría a cerrar posibilidades de privatización.
Ya se han manifestado contra esta iniciativa decenas de ASADAS o Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados que bajo la normativa vigente prestan hoy el servicio sin fines de lucro y reinvirtiendo las ganancias en la prestación del mismo servicio. Entre las ASADAS que se manifestaron están: Pueblo Nuevo de Rivas, Barrio El Carmen Piedades Sur de San Ramón, Carmen Lyra, Santuario de Atenas, Vicente Tayutic de Turrialba y la de Pavón de los Chiles.
La ASADA de Santuario de Atenas asegura que “el proyecto de ley no contempla ni respeta la variedad de acueductos comunales, así como su finalidad y el compromiso social de sus dirigentes para garantizar la prestación de igualdad de condiciones a todos los costarricenses. Este proyecto no clarifica que en los acueductos rurales o ASADAS no se lucra con el servicio de agua, más bien deja portillos legales y no se limita las condiciones en las que las cooperativas prestaran el servicio y los criterios normativos que las regirán”( ver criterio).
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (Informe, 4-5- 2015) advirtió que, en el tema tributario, las cooperativas podrían llegar a gozar de mejores beneficios fiscales respecto de las ASADAS, pues además de recibir el mismo trato que ASADA, que implica exención de varios impuestos y cargas, se suma a otros beneficios fiscales que hoy gozan las cooperativas en la Ley de Asociaciones Cooperativas (art 6).
Por su parte Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, calificó la propuesta como una “loca” iniciativa pues considera que “la provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental, no debe tener inspiración en el lucro mercantil, en la generación de ganancias, por más manto cooperativo que se le quiera dar. Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental” (Prensa Libre, 09 -6-2015).
Una trascendental tarea habremos de plantearnos los costarricenses con el fin de descontaminar el proyecto de ley de la nueva Ley de Aguas que ha hecho aparición ante una aparentemente dormida opinión pública, y que fuere aprobado en primer debate el pasado lunes 31 de marzo del 2014, sin que los señores diputados hubieran conocido el texto salido de comisión legislativa… un día hábil antes. Y es que entes y personas supuestamente interesadas en poner en vigencia una nueva ley, creen que tal necesidad urgente se satisface con «cualquier» nueva ley, y así actúan interesadamente.
Por muchos años, y a partir de influencias políticas que ahora se quieren disimular, grupos creados a nivel nacional y centroamericano han podido invadir el campo de acción del manejo de los recursos hídricos, con el cuento de las asesorías. Incluso, presentándose como representantes de Costa Rica ante uno y otro Foro Mundial del Agua, que no son más que centros de influencia auspiciados por empresas transnacionales del agua como la Nestlé, Vivendi, Avian, Suez, la Coca Cola internacional y el Banco Mundial, entre otros.
Entre tales grupos destaca el llamado «Global Water Partnership» o GWP (Asociación Mundial del Agua) estructurada por el Banco Mundial como parte de su inhumana estrategia de arrebatar a los pueblos su agua potable de carácter de bien de dominio público, mediante procesos de privatización disfrazados de proyectos público-privados.Como parte de esa estrategia, dicho ente financiero estadounidense no solo han condicionado algunos de sus préstamos a la privatización del servicio público del agua, sino que ha hecho uso de las normas de la Organización Mundial del Comercio, por medio de los instrumentos del libre comercio. Es decir, por los tratados de libre comercio, como el TLC «pasado por agua» que entró en vigor en nuestro país. A partir de su experiencia como dirigente regional de la GWP, la ex diputada Maureen Ballestero se ha destacado en ese proceso.
Y es que la GWP, de tenebrosos antecedentes, favorece a las transnacionales del agua que actúan bajo la imposición del poder financiero y los dogmas del libre comercio, sin importar las crecientes amenazas que se ciernen sobre la sedienta población mundial.
Al revisar el proyecto de la nueva Ley de Aguas, que ingresara por la Ley de Iniciativa Popular gracias a la recolección de firmas de personas en su mayoría engañadas de lo que estaban suscribiendo (¡muchos creyeron que se trataba de la declaratoria del acceso al agua potable en calidad y cantidad suficientes como un derecho humano!) se nota claramente la acción contaminante de la GWP en su redacción. GWP que en el programa Matices de Radio Monumental del pasado lunes 1º de setiembre, en palabras de la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, se encuentra presente en el Minae, el AyA, el Senara, las universidades públicas, Cedarena, Fanca, Anda, etcétera.
Pero donde más se nota la contaminante influencia de la GWP–Banco Mundial, es en el agregado que como “sin querer queriendo” le hicieron al proyecto anterior (el del 2009) donde se sustituye como principio general que “EL AGUA ES UN RECURSO DE USOS MÚLTIPLES, SIENDO EL CONSUMO HUMANO EL PRIORITARIO”, por el que dice “El agua tiene un VALOR ECÓMICO en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debe reconocérsele como un BIEN ECONÓMICO”. Tal vez porque hacían muy evidentes sus intenciones, no copiaron completo el “principio” que rige a la GWP (de la Declaración de Dublín) que textualmente dice que “El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocida como un BIEN ECONÓMICO más que como un BIEN SOCIAL”.
Principios que para ejecutar (¡y así lo aprobaron en primer debate los señores diputados que confiaron en un trabajo interesado de comisión!) le arrebata al AyA su gobernabilidad sobre las aguas de dominio público (como bien demanial que es), le baja el perfil a las Asadas que se rigen por la Ley General de la Administración Pública y por las directrices del AyA, para fortalecer a las llamadas “Sociedades de Usuarios del Agua” que en una misma región administrada por una Asada, pueden ser conformadas por cinco personas para ejecutar el derecho a “obtener concesiones para el aprovechamiento de las aguas para fines agropecuarios…” sin que se hubieren emitido todavía reglamentos que serían propuestos (obviamente) por los mismos que promueven el nuevo proyecto de ley. Normativa que, según los antecedentes, nos hacen pensar que serán a la medida de los principios señalados antes.
De esta forma, mientras las Asadas ven erosionadas las competencias que una vez se les prometió irían a ser fortalecidas y casi ni son mencionadas en el nuevo proyecto que promueve la GWP, sí se le presta especial atención a las “Sociedades de Usuarios del Agua” para que, según sus escondidas intenciones, puedan disponer para fines agrícolas, de las fuentes de agua que podrían estar compartiendo y necesitando las Asadas en cientos de localidades.Aunque también podrían usarse para obstaculizar proyectos agrícolas según sean conformadas por quienes adversan, por ejemplo, monocultivos en sus regiones.
Aunque todavía no existe un criterio de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, avalando que se permita volver llevar en primer debate una Ley que cuando se votó el 31 de marzo pasado, ¡ya había superado su plazo fatal de dos años!, hay opiniones de juristas que dicen que al haberse votado ese lunes de marzo, la Asamblea Legislativa cumplió con lo señalado en la Ley de Iniciativa Popular en su artículo 6, que, por cierto, no prevé el caso que ahora se vive al haber sido declarada inconstitucional por la Sala IV… después de que se hubiere votado en primer debate en cumplimiento de la Ley de Iniciativa Popular.
Así que, de tramitarse nuevamente en primer debate, claramente se estaría ejecutando una acción legislativa contraria a lo que la misma ley determina (el plazo fatal pasaría a ser indefinido) existiendo, además, la posibilidad de que los señores diputados envíen una nueva consulta a la Corte Suprema de Justicia que, de tener resultados similares a la anterior que declaró inconstitucional el proyecto de ley, estaría provocando una situación en extremo ilógica con claros matices de ilegalidad. En fin, es algo que debería ser determinado antes de que la presidencia de la Asamblea Legislativa pueda proceder, pues el reconocido que no se puede achacar a los señores magistrados la situación que se está viviendo y que pudiere volver a repetirse por el fondo y por la forma (imposibilidad de repetir la votación ya cumplida incluso fuera del plazo fatal).
Esto ocurre con permiso de altos funcionarios SENARA
James Siu
El sistema Nacional de Riego y Avenamiento – SENARA-, una vez más niega el acceso a la información pública. Esta vez con el uso de una institución pública al servicio de los intereses y capitales privados.
Juan Carlos Mora director del Departamento de Planificación de SENARA, mediante oficio N° JDRAT-172-14 de fecha del 1 de setiembre del 2014 enviada como respuesta a Confraternidad Guanacasteca, en su parte ponzoñosa, dice:
“Los listados a que se refiere el Padrón de Usuarios del DRAT, son de manejo discrecional y la información que en cada uno guarda el SENARA únicamente puede ser solicitado su contenido por el propietario de la finca, así como la condición o estado de sus cuentas, en cuyo caso, incluso se emiten constancias de lo requerido siempre y cuando se trate del interesado directo, una vez verificado su existencia en Padrón.
En resumen la ley faculta al SENARA para entregar información personalizada a sus usuarios y propietarios de las fincas a las cuales se les brinda el servicio de riego y de agua, por lo que no es posible atender solicitudes de terceros, cono el caso de referencia.”
Con esta respuesta queda claro que el agua pertenece a propietarios de la fincas. ¿Y de cuales fincas?
Vale la pena hacer recordar que existe un sinnúmero de artículos de distintas leyes que hacen referencia al acceso a la información pública, al respecto se puede consultar:
No puede ser posible que un funcionario público se exponga a ser demandado por incumplimiento de deberes y sufrir todo un proceso penal, por proteger otros intereses que no son los públicos.
¿Qué ESCONDEN Y A QUIENES PROTEGEN LOS FUNCIONARIOS DE SENARA?
¿Por qué INSISTEN EN NEGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN?
