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Etiqueta: privatización

La tercerización como recurso de la privatización

Mainier Barboza

Mainier Barboza

A las compañeras y compañeros del sector público, en particular de la banca: desde los años en que empiezan los PAES, -en los 80’tas-, se advertía la tercerización de los servicios públicos, como una forma de «privatización», cercenando aquellos puestos y servicios que estaban directamente relacionados con la seguridad de las estructuras físicas, humanas y los activos más líquidos, (dinero, equipo electrónico, documentos, etc.).

Digo que eso no es poca cosa, sino esencial para la buena marcha de las instituciones; esa digna labor costó la vida de abnegados servidores, merced a la delincuencia organizada, de aquí y de afuera.

Los otros servicios de conserjería, encargados de mantener la limpieza y orden de las instituciones; dura tarea, llevada de forma abnegada por todo el personal empleado.

Empezaron por ahí, por los puestos más bajos de la escala salarial; de forma que, el resto del personal de escalas, apenas superiores, oficinistas, 1-2-3-4… secretarias, cajeros, 1-2-3-4… hasta oficiales de mayor rango, jefes de agencias sucursales, contadores, y muchas más de escala salarial; estos ni parece que veían venir el proceso, pero como no los alcanzaba, parece que lo pasaron desapercibido, (para esa época, ya estaba fuera del sector público).

También otra medida en ese sentido fue una reestructuración de las instituciones y una, creo, llamada » movilidad laboral» que, irónicamente pagaba al «movilizado» todos los años de servicio en la institución. Digo irónico porque se pagaron 20, 25, 30 y hasta 40 años de servicio a modo de PRESTACIONES y ahora «satanizan» a las convenciones colectivas que superaron la establecida de 8 años, y de paso, a los sindicatos que nunca arguyeron que esa figura privatizadora la habían utilizado desde el gobierno para desmantelar el Estado.

He observado en las áreas de salud (EBAIS) que algunos puestos como secretariado y la entrega de medicamentos están bajo empresas privadas (en la Clínica de Atenas y algunos Ebais, tienen seguridad, limpieza, y secretaria, bajo empresa privada). Tengo que verificar, pero la empresa anterior, durante la pandemia o por ese tiempo se retiró, y creo que no pagó ni salarios del mes que se fue ni aguinaldos ni nada, preguntaría si la CCSS le cobraría a esta empresa para que pague a estas personas trabajadoras.

Buena esa lucha del Calderón Guardia y otras, pero ¿y los que ya fueron «tomados y tercerizados”?

Gran lucha…

FRENASS: La privatización avanza aceleradamente en la CCSS

El Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENASS) se opone rotundamente a la tercerización de los servicios de vigilancia y aseo de los hospitales Calderón Guardia, Hospital de la Mujer, CENARE, Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital México y todos los Centros de Trabajo de la Institución.

Como FRENASS lo ha señalado y reiterado “Toda tercerización es una forma de privatización” a la cual nos oponemos frontalmente.

Según la Política y el Reglamento de la Caja, el personal de limpieza y de vigilancia deben ser institucionalizados, para que se continúe con un mayor compromiso de la Caja, y así, seguir brindando un mejor servicio al sector asegurado.

Respaldamos las acciones de lucha contra la privatización que emprenden los trabajadores de la salud este 01 de agosto de 2022.

FRENASS dice NO A LA PRIVATIZACIÓN y SÍ A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LA CAJA.

¡TERCERIZAR ES PRIVATIZAR!

¡DEFENDAMOS LA CAJA!

Frente Nacional por la Seguridad Social – FRENASS – En defensa de la Caja.
San José, 30 de julio del 2022.

Panamá: un pueblo en lucha

Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista

Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.

Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.

Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.

Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.

Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.

 

Compartido con SURCOS por Ítalo Fera Fallas.

Nuevo “combo” atiza privatización del ICE

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

El gobierno del presidente Chaves Robles ha retomado proyectos de ley de las administraciones anteriores contra el ICE.  Uno de ésos es el expediente legislativo N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”. Este proyecto, sumado a otros 6 conocidos en diferentes momentos, son un nuevo “combo” contra el ICE, porque pondría en manos del reducido grupo de directivos nombrados políticamente que conforman el Concejo Directivo del ICE, la decisión de debilitar, reducir, vender y hasta desaparecer, si lo desean, una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.

Argumentar y usar las deudas del ICE como justificantes para deshacerse de los activos del ente estatal, es decir, para privatizarlo, es desleal con el Estado social costarricense.  En ese aspecto el proyecto de ley resulta completamente contrario a la realidad integral con que se debe analizar el problema. Dice el proyecto de ley que “Reducir las deudas del ICE es una necesidad urgente y por ello las decisiones de ventas de activos es una acción que el ICE tiene que considerar para lo cual se quiere ratificar que se puede proceder con un acuerdo del propio Concejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 7).   Esta pretensión se expone en concreto así: “Artículo 3- El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.  La venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante Acuerdo el Concejo Directivo del ICE, el cual deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno.  La venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante Acuerdo el Consejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 9). Sólo este artículo debería movilizar a la sociedad costarricense para frenar este proyecto. 

El proyecto se fundamenta en un secuencia expositiva muy elemental, según la cual “el costo de la energía eléctrica ha venido aumentando de forma significativa en lo que llevamos de este Siglo XXI generando un impacto económico en las familias, comercios e industrias…” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Señala el texto que “La disminución del consumo eléctrico genera disminución de ingresos, pero no conlleva una disminución de costos, dado que la mayoría de costos del ICE en dicha área son costos fijos que tiene que seguirse pagando” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Indica también que “…el aumento de tarifa reduce el consumo, la reducción del consumo reduce los ingresos, la reducción de los ingresos hace que el pago de los costos fijos genere un aumento de la tarifa, lo que termina nuevamente bajando el consumo y los ingresos del ICE”. (Expediente n° 21.670, p. 3).  

La respuesta a esa “espiral” de variables de economía de manual, es elevar exponencialmente la participación privada en el mercado eléctrico, olvidando, o negando, lo que está demostrado por entidades nacionales como la Contraloría General de la República, e internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe: que los costos de la electricidad privada generada en Costa Rica son muchísimo más elevados que los del ICE, y que Costa Rica no tiene los precios de venta más altos de la región; 2 falacias que insistentemente repiten quienes pujan por privatizar el mercado eléctrico nacional y que más adelante detallamos.  En resumen, el proyecto de ley utiliza argumentos que los datos de entidades reconocidas desmienten.

En la justificación se dice que los proyectos BOT (Construir, Operar y Transferir) “…se crearon en el Capítulo II de la Ley 7200 como un mecanismo especial de financiamiento del ICE”, lo cual es absolutamente falso y crea confusión, pues como está más que demostrado, los pagos a los privados siempre fueron una sangría para el ICE y la sociedad costarricense:  23.9 millones de dólares sólo entre 2017 y 2019 fueron el exceso pagado a los privados, y en general US$ 3.141 millones entre 1989 y 2021.  Lejos de orientar al ICE a su recuperación y fortalecimiento real de sus finanzas, el proyecto de ley profundiza los problemas pidiendo doblar el plazo de vigencia de estos proyectos privados de 20 a 40 años.  En el artículo 4 propone una reforma al artículo 22 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, ley 7200, del 18 de octubre de 1990, que en adelante diría: “Artículo 22- Vigencia de los contratos.  Los contratos de compraventa de electricidad podrán tener una vigencia de hasta cuarenta años, definiéndose el plazo del contrato en función de la vida útil de tipo de generación de que se trate, y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato”. (Expediente n° 21.670, p. 10).

No existe relación directa entre un plazo de 40 años en favor de los privados y la posibilidad real de bajar los costos de generación y las tarifas para los consumidores finales.  Y ya dijimos que tampoco es cierto que la electricidad privada de Costa Rica es más barata que la pública, y que la electricidad en general es la más cara en la región centroamericana.  Hay contundente información que demuestra que el ICE es la empresa con costos más bajos en el negocio de la generación de electricidad en el país.  Ni siquiera las empresas con formato legal de cooperativa son más baratas que el ICE.  Coopesantos, por ejemplo, es la tercera empresa más cara en el país, sólo superada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la JASEC.  Estos datos son más que reveladores, porque demuestran que esas empresas son incluso más costosas que cada uno de los 41 proyectos privados amparados en las leyes 7.200 y 7.508, que fueron analizados por la Contraloría General de la República en 2019.   Argumentar en general que el precio de la electricidad es alto, sin exponer estos datos y sin revisar con detalle el costo de todas las empresas privadas de todo tipo, frente a los costos de producción del ICE, equivale a negar información sin la cual no se pueden adoptar medidas que realmente permitan bajar el costo de la electricidad.

Es indispensable recordar además que otro factor que juega en favor de los nunca demostrados precios más bajos de los privados, es que las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”, servicios que “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”.  Por tanto “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad”, como lo ha reiterado la Contraloría General de la Repúbica.

La inclusión de ARESEP en el proyecto de ley para favorecer a los privados, únicamente reitera que ponen al lobo a cuidar las cabritas o al ratón a cuidar el queso.  El proyecto de ley confía a ARESEP cambios para favorecer el control y hasta eventual exportación privada de electricidad,  cuando ARESEP ha sido una entidad negligente en tanto que no ha hecho caso de las recomendaciones de la CGR de revisar, cambiar y ajustar las tarifas de renovación de contratos y compra a los generadores privados, con el fin de “resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia”. 

El único transitorio del proyecto ordena que “La ARESEP deberá modificar en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de ésta Ley, las metodologías tarifarias de energía eléctrica, a efectos de que el aumento de los plazos de financiamiento de los activos tenga un efecto en las tarifas de electricidad en beneficio de los usuarios (Expediente n° 21.670, p. 10).  El texto del proyecto resulta necio argumentando el “beneficio de los usuarios”, pero sin precisar cómo se logrará.  No cabe duda que reducir tarifas en general, pero en particular para la gente de menos ingresos, sería de total beneficio, pero es claro que doblando el plazo de vigencia de los contratos BOT, más bien se se refuerza régimen de pagos obligados a los generadores privados por parte del ICE y toda la sociedad. 

La Contraloría General de la República en su “INFORME N.° DFOE-AE-IF-00009-2019. Informe de Auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados. 16 de setiembre, 2019”, dio a conocer con detalle las pérdidas cargadas al ICE por sobrepagos a los generadores privados, pero además, giró una serie de órdenes a diferentes entidades, incluida la ARESEP, pidiéndole “proponer las acciones que permitan resarcir los montos determinados y remitirlas a la Junta Directiva para lo de su competencia. Enviar a la Contraloría General una certificación en la cual consten los montos determinados y el envío de la propuesta de acciones para el resarcimiento de estos montos a la Junta Directiva, a más tardar el 29 de noviembre de 2019; así como, dos informes de avance semestrales acerca de la implementación de las acciones a partir del día hábil siguiente a la formalización de estas por parte de la Junta Directiva”.  Si hasta ahora las órdenes de la Contraloría han sido desatendidas por el ente regulador, por qué el proyecto de ley pide que “…ARESEP ajuste sus metodologías tarifarias, a efectos de que el aumento en los plazos de los financiamientos de los activos, genere un beneficio tarifario a los usuarios…” (Expediente n° 21.670, p. 8). En otras palabras, el historial de ARESEP se ha inclinado a favorecer a los generadores privados y la pretensión del proyecto es reafirmar esa tendencia.

Por décadas se le ha mentido a la gente al no darle la información completa sobre el “subsidio” del ICE a los privados, lo cual constituye una de las razones del supuesto menor costo de la electricidad privada.  El proyecto de ley N° 21.670, reitera esa condición de falacia, pues únicamente se detiene a exponer sobre la crisis financiera del ICE, pero sin exponer sus causas, una de las cuales es, precisamente, tener que soportar, por las leyes 7.200 y 7.508, los millonarios pagos a los generadores privados.

En cuanto al costo comparado de la electricidad en la región centroamericana, los datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe,  en diciembre de 2017, colocaban a Costa Rica en el puesto 6 con la electricidad más barata entre los países Centroamérica y República Dominicana”, como lo hemos explicado con detalle en texto previos:  “Mientras el costo en dólares por megavatio hora era en Nicaragua de 190,68, en Guatemala 185,50, en Belice 183,94 y en República Dominicana 179,57, en Costa Rica llegaba a 160,62.   Esta comparación es relevante toda vez que los generadores privados siguen buscando la manera de incursionar en la exportación de electricidad para ampliar su plaza mercantil”.

Adicionalmente, este proyecto de ley retoma de manera acrítica el discurso sobre la electricidad como energía limpia.  Indica el texto que “El segundo aspecto sobre la matriz eléctrica renovable, en Costa Rica se genera la electricidad a partir de fuentes renovables en un 98,60%. Se trata de un logro ambiental motivo de orgullo y debemos agradecerlo a quienes desde los orígenes del ICE tuvieron la visión de construir fuentes de generación renovable aprovechando las riquezas de nuestros recursos naturales”. (Expediente n° 21.670, p. 2).  Insiste, como todos los discursos oficiales y el cabildeo corporativo transnacional, en presentar la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible” haciendo caso omiso de la evidencia científica que lo desdice.  Con esto se “ajustan” a los estándares definidos en las cumbres climáticas cuyos diagnósticos no se han traducido en acciones contundentes para frenar las causas que corresponden a los sistemas de crecimiento económico ilimitado y la destrucción de los ecosistemas.  Ya se han realizado 26 cumbres climáticas, incluida la última de Glasgow 2021, y éstas no pasan de ser un escaparate para el mundo corporativo y los gobiernos que remozan sus diagnósticos y no se obligan a acciones contundentes.  A esto se suma que su concepto de “sostenible” es perfectamente compatible con la creciente exclusión social en todo el planeta.

En resumen, el Expediente N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”, no debe ser aprobado porque:

  1. reafirma que el nuevo gobierno tiene la misma visión mercantilista de la electricidad que los anteriores, ya que retoma un proyecto que es un paso más en el proceso de privatización de ese servicio social.
  2. La ampliación de los contratos BOT de 20 a 40 años permitiría que un reducido grupo empresarial se siga beneficiando gracias a la obligatoriedad de que el ICE compre la electricidad que generan de acuerdo con la legislación vigente, pero además abre nuevas opciones de exportación.
  3. Permitirá la venta de activos del ICE, es decir del patrimonio público de la institución, con un simple acuerdo del Concejo directivo, lo cual constituye una vía rápida de privatización. Como ya indicamos, esto es gravísimo en tanto que se le da a un grupo de mandos altos, nombrados políticamente, decidir sobre una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.
  4. Reafirma la falacia de la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible”, lo cual ya resulta un lugar común y una irresponsabilidad en todo el mundo, en tanto que desconocen u ocultan deliberadamente todas la evidencias que certifican lo contrario.
  5. Se aleja completamente del objetivo que hemos formulado desde hace décadas organizaciones comunitarias y ecologistas de muchísimos países, de revisar, reconstruir, crear e implementar matrices energéticas y, en particular modelos de electricidad, que respeten a la gente y a las comunidades, y sobre todo a los pueblos originarios asediados, desplazados y hasta masacrados por miles de hidroeléctricas en todo el mundo. En la “Movida global” realizada en Costa Rica en el segundo semestre del 2021, explicamos desde muchos países y con todo detalle, los letales impactos de las hidroeléctricas.
  6. Finalmente, decimos que se trata de un nuevo “combo” contra el ICE porque este proyecto se une a otros 6 que han desfilado por la Asamblea Legislativa; como parte de un conjunto de cambios legales propuestos para desestatizar, privatizar y desnacionalizar el servicio eléctrico.   Los otros proyectos son:
  • expediente legislativo n° 22.601 “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, 
  • expediente n.° 21.606 “Proyecto de ley para una efectiva integración de Costa Rica al   mercado   eléctrico   regional” (archivado), 
  • expediente n.° 22.989 “Proyecto de ley modificación al artículo 2 de la ley 10.086 promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos”, 
  • expediente nº 22.561. Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional,
  • expediente nº 22701. Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales, y,
  • expediente n° 23.071. Ley del centro nacional de control de energía eléctrica (CENCE) para generar prosperidad para todos y una mejora en la competitividad del país

Asegurar flujos permanentes de recursos del ICE a los generadores privados jamás será un mecanismo que permita “contribuir a que las tarifas no sigan subiendo y proteger el patrimonio del ICE” (Expediente n° p. 8).  Por el contrario, de aprobarse este proyecto de ley la sociedad costarricense deberá seguir subsidiando y agrandando la fortuna de un grupo de empresas privadas que no contribuyen al bienestar social por cuando su negocio no es imprescindible para el país.

23.991.456 millones de dólares entre 2017 y 2019 como exceso por falta de regulaciones y controles eficientes y en general US$3.141 millones entre 1989 y 2021 pagados a los privados, son cifras que deberían obligar a la Administración del ICE a rendir cuentas sobre los negocios realizados con los generadores privados y, de manera urgente, exigir que ARESEP responda por sus deficientes actuaciones, en lugar de confiarle un nuevo capítulo del negocio de la electricidad privada que inició el 18 de octubre de 1990 con la ley N° 7200.  El ICE, aún con sus debilidades, sigue siendo una empresa estatal de muy buen desempeño,  y si la evaluamos por su aporte a la calidad de vida como parte del Estado social, es sin duda mucho mejor.

UNDECA: ¡NO! a la privatización de servicios de la CCSS

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Calderón Guardia se lanzaron a la calle en defensa de la institución y los servicios de calidad a las personas usuaria de la nueva Torre Este del centro hospitalario.

Las intenciones de empresas privadas y de dirigentes políticos tradicionales pretenden ir cercenando servicios que presta la institución con funcionarios de la Caja, para entregarlos a terceros como un negocio. Esto pese a que el Hospital Calderón Guardia cuenta con el personal necesario para seguir brindando el servicio.

El dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, Arturo Abarca Durán, indicó que “la pretensión es entregar los servicios generales, aseo, vigilancia y registros médicos, pero también ir más allá y entregar los servicios de nutrición y lavanderías. O sea, pretenden privatizarlo todo, pagando mucho más, con una diferencia de más de ¢250 millones a una empresa privada, tirando a la calle a cientos de trabajadores de la Caja, trabajadores y trabajadoras que han enfrentado la pandemia y que han brindado un gran trabajo por las personas usuarias de este hospital.”

La manifestación de trabajadores no implicó en ningún momento la suspensión de servicios.

Luego de manifestarse frente a la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, los trabajadores marcharon hacia Casa Presidencial, en donde fue recibida una delegación que expuso ante las asesoras de la Presidencia de la República la problemática institucional y lo que significa tirar a casi 200 trabajadores a la calle para abrirle la puerta a una empresa privada para que haga el “negocio”.

En los próximos días habrá un acercamiento con autoridades del gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, para retomar el tema, con la certeza de que no se va a claudicar en la defensa de la Caja y los servicios de calidad que brindan los trabajadores y trabajadoras, y que es prestigio mundial para el país.

¿Qué está pasando en la democracia costarricense?

Foto: Gerardo Iglesias

El nuevo gobierno

Después de 200 años de independencia y más de setenta de vida democrática ininterrumpida, Costa Rica ofrecía un retrato de estabilidad política, instituciones públicas medianamente aceptables y logros en el plano de la salud, la educación y la protección medio ambiental. Ya no es el caso.

Gerardo Castillo

La línea ascendente alcanzó a llegar hasta los años 1980, cuando el desgaste del Estado benefactor y la introducción, por fuerza externa o sumisión, del ideario neoliberal puso de moda las políticas económicas que colocan al libre mercado y la iniciativa privada por encima del bienestar general.

Para ello, se orquestó toda una campaña mediática muy cargada contra los partidos políticos, tildándolos en forma general como corruptos, y se satanizó a los sindicatos y sus dirigentes.

El Estado fue vapuleado como ineficiente ante la sociedad civil, se criticaron los altos salarios, la abultada planilla y la duplicidad de instituciones y; por otro lado, se intensificaron los negocios entre el sector privado y el público.

La influencia del primero fue mayor y esto permeó más la corrupción, principalmente en mandos medios. Todo esto devino en una Costa Rica diferente.

La pandemia como espejo

El panorama estadístico actual refleja una situación preocupante; por un lado, la pandemia sacó a la superficie lo que venía mal y agudizó los problemas: la creciente pobreza, las altas tasas de desempleo (13,6 por ciento) y; por el otro, la concentración de riqueza en pequeñas élites de industriales y banqueros.

Los impactos son visibles, principalmente a nivel interno. Las comunidades de las zonas fronterizas y los puertos concentran no solo situaciones de riesgo, sino que agregan un crecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y una putrefacción que alcanza a los gobiernos locales.

Los dos años de pandemia fueron más que suficientes para constatar que la seguridad social resistió, que el personal de salud no es tan vago como la prensa pintaba y que la coexistencia entre grupos sociales (ricos, pobres, medios y excluidos) por más que la han ido diluyendo, sigue siendo una necesidad intrínseca del ser humano.

¿“Quo vadis” Costa Rica?

Las últimas elecciones no solo dejaron un presidente infrecuente sino una serie de enseñanzas para los estudiosos de las conductas políticas modernas.

El Partido Progreso Social Demócrata (PPSD) es una etiqueta como muchas otras que se presentaron en el mercado electoral. Un partido improvisado, sin ideología clara ni dirigentes conocidos.

Esta constatación no solo desenmascara la cultura política tica sino que estimula la revisión crítica de los partidos y políticos tradicionales y los no tradicionales (religiosos y personalizados), que han brillado por su indisciplina, volatilidad, irresponsabilidad, personalismo, incompetencia y oportunismo.

Los candidatos fueron muchos y en gran parte carentes de interés por mostrar una identidad partidaria.

Esto suscita desconfianza y en sus discursos resultaba todo un acertijo descifrar las corrientes ideológicas que pregonan. ¿Es una visión de derecha, de izquierda, socialdemócrata, social-cristiana o liberal?

En los comicios recientes quedó evidente el desprestigio que vive la política nacional.

Se alcanzó el más alto nivel de abstencionismo (40 por ciento) pero, aun así, el vencedor pudo con menos de un 30 por ciento convencer al electorado con promesas de un cambio, sin evidencias de cómo lograrlo, ni con qué equipo va a llevarlo a cabo.

El PPSD operó como una franquicia utilizada por un outsider de la política que regresó al país después de más de veinte años de ejercer como funcionario internacional en el Banco Mundial.

Fue nombrado ministro de Hacienda sin mayor investigación de su prontuario, duró corto tiempo, pero suficiente para ser encandilado por las cámaras.

Soberbia

En la realidad cotidiana no existía el PPSD, más allá del registro electoral. Fue encabezado por un desconocido sin experiencia política electoral que exhibió soberbia al diagnosticar los males del país (empleo, costo de vida, pensiones de lujo y corrupción) −que están sobrediagnosticados− y que prometió resolverlos en forma inmediata, frontal o por la vía que sea necesaria.

Males muy conocidos, propios de un país desigual, controlado por élites empresariales que, en alianza con la dirigencia de los partidos tradicionales y la prensa comercial, han venido concentrando y ensanchando la distancia entre la Costa Rica pobre y la Costa Rica de los ricos. ¿Y… la clase media?

El estado social de derecho ha sido debilitado y la clase media, cada vez más estrujada, entró a engrosar el grupo de los indignados y desclasados.

Resultó fácil al candidato del PPSD, supuestamente libre de pecado, adversar a otro candidato que cargaba con el desgaste de una anterior administración y estigmatizado, con razón o sin ella, como corrupto.

No de “los mismos”
La victoria fue clara y demostró, entre otras cosas, que fueron las provincias más pobres y de menor desarrollo (pobreza, desempleo, salubridad, escolaridad, inseguridad, etc.) las que inclinaron su voto a favor del debutante.

La inteligencia, las universidades, periodistas, escritores y grupos de mujeres de reconocida imagen internacional abogaron por el candidato conocido, pero no logró cambiar un pronóstico que ya había sido anunciado: la gente menos favorecida y resentida quería cambio y un presidente que no fuera de “los mismos”.

Lo sorprendente de lo acontecido no fue la lógica manifestación de los antisistema, sino más bien que la izquierda y los sindicatos no fueran quienes lideraran la inconformidad social.

Sí lo logró un candidato de derecha, cuyos discursos dejan muchas dudas respeto a la inclinación populista y al deterioro que pueda sufrir la institucionalidad democrática del país.

Como las lluvias de mayo

Y como elemento más perturbador se han ventilado serias dudas acerca del origen y transparencias de los fondos utilizados en el financiamiento de campaña del PPSD.

En definitiva, el mando político de CR a partir del 8 de mayo es un tiro al aire, tanto por la reducida representación del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa como porque llega un gobierno con gabinete de desconocidos, sin experiencia política, improvisados y con contradicciones que ya saltan a la opinión pública como las torrenciales lluvias en mayo.

Con más dudas que esperanzas

Una de las críticas ácidas en la campaña electoral fue que ni el partido ni el candidato contaban con un equipo profesional calificado, con experiencia en administración en el manejo del Estado.

A ello el candidato ganador respondía en los debates que los partidos que tenían los mejores equipos eran los mismos que presentaban como figuras a los responsables del descalabro.

Por eso, él asumiría el compromiso de llevar profesionales jóvenes y sin amiguismo de ningún tipo.

Los jerarcas serían escogidos por agencias especializadas en selección de personal, tal y como acostumbra hacerlo la empresa privada.

De nuevo el mensaje endulzó el ingenuo anhelo de cambio sin considerar que las ideas, igual que los propósitos, solo logran demostración en los hechos y que estos, para cumplirse, exigen competencia, capacidad y una mínima cohesión en principios y un modelo de país, condiciones básicas que no pueden inventarse de un día para otro.

La victoria no requirió presentar ningún equipo. Al formarse el gabinete afloraron las primeras contradicciones: “que el país está económicamente quebrado, dijo una diputada, y por otro desmintió el ministro aclarando que no…eso no puede afirmase de esa forma…”

Gerentes

Apenas se publicaron nombres de ministros aparecieron las observaciones: una ministra de Trabajo de conocida trayectoria antisindical, acompañada de un viejo funcionario de dudosa reputación; un ministro de Hacienda que en la administración pasada se descubrió que había incumplido al fisco; una ministra de Agricultura no solo atada a las cámaras empresariales sino enredada en casos de infracciones laborales.

El propio ministro del Medio Ambiente declaró que los grupos ambientalistas van contra la empresa privada y el presidente expresó no estar a favor del Acuerdo de Escazú.

¿Cuál va a ser la imagen de Costa Rica a partir de ahora en los foros internacionales que luchan por la defensa del planeta? Es predecible en un corto plazo que la incomunicación del “equipo” conduzca a rápidas deserciones y a una centralización presidencialista.

Hay indicios para pensar que, lejos de un presidente de la república, tendremos un gerente con un maletín de ocurrencias que presagia conflictos, no solo con los otros poderes sino desde diferentes frentes sociales.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/que-esta-pasando-en-la-democracia-costarricense/

Campaña del Frente Nacional por la Seguridad Social

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), incesante en su campaña contra las políticas neoliberales privatizadoras de lo público, instala una manta en el Centro de Recreo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), que se ubica sobre la carretera principal que conecta las provincias de Alajuela y Heredia.

En la manta se externa lo siguiente:

“Alianzas Público-Privadas y Tercerización es Privatización, Defendamos la Caja”

Para obtener más información y acceder a más fotografías ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/381719305230044/posts/pfbid0A7Cit4og8unPtPLjbRvWPYPyHvm4K3Vy7MYBZo6PQBkELRNCLNQKE4AHspBbri2wl/?d=n

LOS VERDADEROS RESPONSABLES

Martín Rodríguez E.

Son los más grandes empresarios y sector financiero que, mediante la corrupción, carcome las entrañas de nuestra Patria, saquea y vacía las arcas del Estado, que privatiza empresas y servicios públicos indispensables para la clase trabajadora y nuestro pueblo, los más pobres, los más necesitados.

El entrelazamiento de los efectos sociales de la pandemia y la agudización de las contradicciones del capitalismo ha generado ya, en este momento, una crisis económica profunda y aguda. Crece la desocupación, aumenta la pobreza, quiebran las pequeñas y medianas empresas y se crean las posibilidades de una enorme concentración del gran capital.

En las crisis los más fuertes se enriquecen a costa de la quiebra de los más débiles.

Cientos y puede ser que hasta miles de medianas y pequeñas empresas tengan que terminar sus actividades. Las actividades de las pequeñas y medianas empresas que cierren serán absorbidas, al final de cuentas, por grandes capitalistas.

El brutal congelamiento de salarios, que además van perdiendo capacidad de compra, empobrece a miles o millones de familias costarricenses mientras unos pocos se enriquecen obscenamente.

URGE la unidad popular, por encima de diferencias.

URGE la construcción de una Agenda de lucha unitaria, patriótica y antiimperialista.

URGE la unión de las organizaciones sindicales y sociales, superando diferencias personales o gremiales.

URGE enfrentar, organizadamente, a una mafia que destruye a Costa Rica desde las entrañas del poder político.

Pero esta urgencia es ¡YA!, se hace tarde.

SE ALQUILA RECOPE

Freddy Pacheco León
23 de mayo del 2022
frepaleon@gmail.com

Montándose, cual jinete apocalíptico, en la propuesta de Natalia Díaz y Otto Guevara, y aprovechándose de las consecuencias planetarias que provoca la guerra en Ucrania, el prematuro candidato presidencial Eliécer Feinzaig, propone una «entrega total» de Recope a empresarios privados.

Cual si los costarricenses no hubiésemos invertido miles de millones de dólares en la infraestructura de esa empresa de energía del Estado, que se evidencian en el muelle petrolero, gigantescos tanques de procesamiento y almacenamiento de búnker, gas, diésel, diferentes gasolinas, asfalto, estructuras de bombeo, facilidades de distribución, cientos de kilómetros de poliductos, terminales en Ochomogo, Limón, La Garita, Turrialba, Barranca, estación Siquirres, y abastecimiento de aeronaves en los aeropuertos internacionales y de vuelos locales, personal especializado en los diferentes procesos de eficaz funcionamiento en el edificio Hernán Garrón, como el departamento financiero, centro de planificación estratégica, departamento presupuestario, mercadeo internacional y fletes marítimos, auditorías internas, control de calidad, así como personal de mantenimiento y seguridad las 24 horas diarias, entre muchas otras funciones. Recursos humanos muy calificados y recursos materiales que ha tomado años poner a disposición de los usuarios, que hemos de valorar en lo que realmente valen, pero que lamentablemente son desdeñados por Feinzaig y sus socios en Zapote y otras oficinas, pues para él y los del «movimiento» que ahora lidera, lo importante es «cerrar Recope», o más bien, ALQUILAR RECOPE, bajo el pretexto de querer deshacerse de la sociedad anónima del Estado. «Bronca» donde los testaferros ticos ya hacen números y algunas movidas de presión, como son los piquetes con una decena de personas, obviamente «acordados» y promocionados como «bloqueos, que necesito para poder ayudarlos», les habrían prometido.

Ahora bien, para lograrlo habrá que dar facilidades a las empresas transnacionales que, según ellos, vendrían a hacerse cargo del abastecimiento de energía a partir de los combustibles fósiles que «mueven a Costa Rica» y que insólitamente (para los conspiradores neoliberales) realiza Recope SIN LUCRAR.

La idea que proponen es sencilla: para que las empresas foráneas (con testaferros ticos) lucren con las funciones que cumple Recope, sin tener que invertir ni un dólar en los bienes materiales requeridos, esos políticos proponen ALQUILAR «a precios módicos» toda la infraestructura de Recope, a los que quieran usufructuar de la riqueza de la empresa más grande y eficiente del istmo centroamericano, la de todos los costarricenses, incluyendo por derecho propio como costarricenses a los seis diputados de Feinzaig y al presidente Chaves, también dueños de esa sociedad anónima del Estado que tiene como accionista al Consejo de Gobierno.

Lo anterior, aunque no les importe que el seguro y oportuno abastecimiento de los combustibles fuesen a quedar peligrosamente bajo el dominio y control de empresas transnacionales, y que nos vaya a resultar más caro el caldo que los huevos. Pero eso no le importa a Feinzaig, Natalia, Otto, Chaves y otros. No. Lo que les importa es, dicen para que les oigan, «cerrar Recope», aunque eventualmente no se pueda garantizar un suministro eficiente de combustibles en todo el territorio nacional, a un mismo precio, y de la mejor calidad. Eso «se resolverá» en el camino, aseguran, en momentos en que, asimismo, se logre de paso, obligar al ICE a comprar energía eléctrica a empresarios privados, aun cuando no se necesite y su precio sea mayor, como ha sucedido. Y es así porque a los liberales-libertarios les es insoportable ver al Estado costarricense cumpliendo eficientemente su labor y sin lucrar con ello. Por eso hacen todo lo posible por comprar o alquilar (como en este caso) las empresas del Estado, como parte de un negocio que muchos beneficios financieros quizá les podría generar a partir de una mínima inversión o un pequeño alquiler.

En fin, como las viles mentiras son su arma exclusiva, es prudente que al pueblo costarricense se le brinde la Información que merece, para que no sea utilizado como el «tonto útil» que baila al ritmo que le imponen.

Feroz huracán capitalista neoliberal sobre el pueblo que somos

Luis Ángel Salazar Oses.

Luis Ángel Salazar Oses

No se requiere ni adivinadora bola de cristal ni clarividencia de tipo alguno para predecir que nos espera como pueblo, durante estos próximos cuatro años, el peor calvario en cuanto a sistemática supresión de todos nuestros derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos -humanos en general-, y de las Instituciones que bien o mal nos los han garantizado.

Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo vino a confirmar plenamente el viraje total hacia la descarada dictadura del capital sobre el trabajo, esto es, de la argolla de los grandes ricos nacionales y transnacionales sobre el ya tradicionalmente explotado pueblo trabajador costarricense.

Se fundieron en la votación para garantizarse el dominio total sobre el directorio legislativo, el oficialismo con sus «opositores», entre comillas pues lo eran de fachada puramente y así, ya sin pudor alguno, las fracciones abiertamente capitalistas neoliberales como el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Progreso Social Democrático (PPSD), el Liberal Progresista (PLP)) que se proclamaba simplemente liberal y el Nueva República (PNR), de orientación claramente neopentecostal auspiciada como es bien conocido desde USA, conjuntaron sus votos logrando de esta manera una apabullante mayoría de cincuenta votos que les permitió repartirse a su antojo todo el directorio. Indudablemente esta tremenda mayoría se mantendrá como tal para hacer de la Constitución, el país y sus instituciones lo que se les antoje a los verdaderos dueños de esas «fracciones». Prueba evidente de ello es que una de las primeras propuestas al plenario del flamante presidente de la Asamblea Legislativa, el oligarca Rodrigo Arias Sánchez, ha sido la de constituir de inmediato una Comisión para la  Reforma del Estado, con el fin aparente de hacerlo más eficiente pero el real de privatizar todo lo que se puede convertir en negocio -Caja Costarricense de Seguro Social, universidades y educación estatal en general, Instituto Nacional de Aprendizaje, Fábrica Nacional de Licores, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ferrocarriles, Cárceles, etc, etc  y, lo demás, ponerlo totalmente al servicio de los negocios  de su privilegiada argolla..

Por cierto vale destacar que nuevamente se hace evidente, para quienes en el electorado votaron de buena fe por uno de estos cuatro grupos -PUSC, PPSD, PLP y PNR-, esperanzados en impedir que Figueres y el PLN, por un lado y el PAC por otro, tomaran el poder o lo mantuvieran respectivamente, que el primero de mayo en el ámbito del Legislativo y, con el nombramiento de ministros, viceministros, presidencias ejecutivas y demás autoridades supeditadas al Poder Ejecutivo, se confirmó que su buena intención más bien fue aprovechada por la mafia politiquera para legalizar este truculento proceso electoral mediante el cual los cinco partidos y el PAC, mejor dicho aún sus dueños reales, son hoy quienes detentan plenamente el poder en nuestro país. Esperamos que esta vez se aprenda esta lección y que quede claro que en Costa Rica no hay democracia sino plutocracia -gobierno de los ricos- y cleptocracia, esto es gobierno de los ladrones-, siendo las elecciones simples tragicomedias montadas, reglamentadas y administradas totalmente por la argolla dominante a fin de que el pueblo con su voto acrítico les legitime, según su legislación electoral, siempre en el poder.

A partir de estas premisas se hace evidente que esta Plutocracia Cleptócrata con su gobierno títere que ya se ha desatado sobre nosotros como pueblo, con todo su poder apoyado por sus medios de comunicación -manipulación-, por la religión fanática, la educación domesticadora, algunos sectores sindicales, algunas y algunos dirigentes de las Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Comunal oportunistas y trepadores politiqueros  y, solidaristas abiertamente pero patronales, más un Poder Judicial nombrado en sus más altas esferas por el Poder Legislativo y, todos los aparatos represivos del Estado, se dedicará durante estos próximo cuatro años a convertir a Costa Rica en su feudo y a nosotros como pueblo en sus siervos menguados.

Nótese que no hemos mencionado al Frente Amplio pues creemos tiene todo el potencial necesario para convertirse en auténtica oposición, siempre y cuando convoque y aglutine al pueblo costarricense, al que se debe por completo, en una gran unidad y se convierta en su instrumento impulsando las tesis que el pueblo le plantee, sin jamás modificarlas para negociarlas con sus contendientes, pues la burguesía nunca cumple pactos salvo los que le conviene desde luego.

Obviamente todo el proceso que hoy sufrimos como Pueblo que somos es, como el Capitalismo Neoliberal que lo impulsa repetimos, homicida, ecocida, cleptocrático e insoportablemente patriarcal por lo que no lo podemos soportar ni permitir pues, sistemáticamente nos aniquila haciendo lo mismo con nuestra madre naturaleza.

¿Qué hacer entonces? La fórmula la repetimos como mantra todo el tiempo pues día a día la realidad la confirma como realmente efectiva y totalmente viable: como Pueblo debemos despertar, informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos comprendiendo que unidos somos más y más fuertes. tanto que hemos construido este mundo lo desarrollamos constantemente e incluso generamos toda la riqueza que hoy nos roba esa reducidísima minoría que hoy nos esclaviza y humilla; movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y así investidos, como corresponde en auténtica Democracia, tomar las riendas de nuestro país. Así que empecemos por despertar pues, si no lo hacemos ahora ¡muertos estamos!

 

Nota: Publicado en Periódico Mi Tierra, compartido con SURCOS por el autor.

Fuente: periodicomitierra.com