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Etiqueta: privatización

Ciudadanos reciben apoyo de sindicato en su lucha por la defensa de la seguridad social

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Salud.

Este viernes 11 de agosto, la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Administradores de Servicios De Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) recibió a un grupo de ciudadanos de diferentes cantones, quienes están luchando por que la CCSS asuma la atención de los EBAIS, y que estos no se den en concesión.

Se mantuvo un intercambio sobre la situación de salud de Barva y los retos que tiene la CCSS sobre el modelo privatizador que viene imponiendo algunos miembros de la Junta Directiva de la Caja y sus gerencias, a lo que SINASSASS dio un voto de apoyo, debido a la lucha de este movimiento ciudadano viene dando por la defensa de la seguridad social. El sindicato manifestó que si fuese necesario, emitirán un pronunciamiento a favor del trabajo que este grupo viene realizado.

 

Enviado por Rafael López Alfaro.

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Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: ante la situación de crisis fiscal y la liquidez señalada por el Gobierno

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El anuncio hecho por el señor Presidente Luis Guillermo Solís el pasado 1 de agosto de 2017, pone de manifiesto una grave situación nacional que tiene años de estarse anunciando y más años aún de estarse gestando.

Por un lado, se ha permitido que una creciente elite de empresarios se enriquezca evadiendo y eludiendo impuestos, así como aprovechándose de exenciones en el pago de sus obligaciones con el pretexto del libre comercio. Otros, peor aún, se han beneficiado de la corrupción abierta aprovechándose de nuestra debilitada banca estatal, para usufructuar en beneficio personal y contra el interés nacional. Esa Elite incluso tiene la capacidad de especular tanto con las finanzas que obligan a que la política bancaria esté en función de su crecimiento económico, sin importar que ese aumento; beneficie o no, a toda la población.

A estas actitudes irresponsables, hay que sumar la negativa de los grandes poderes político-económicos representados en gobiernos y asambleas legislativas que no han procurado una verdadera reforma fiscal, progresiva, para que los impuestos se cobren con justicia, pagando los ricos como ricos y como pobres el pueblo trabajador.

Esta situación tiene un telón de fondo que no debemos olvidar: el modelo neoliberal que se ha venido implantando desde los años 80 hasta la fecha, con privatizaciones, programas de ajuste estructural y tratados de libre comercio, que aún no han permitido un verdadero crecimiento económico de nuestro país. Por el contrario, han debilitado nuestra estructura económica que mayoritariamente es de pequeñas y medianas empresas, se ha centrado en acumularle riquezas a las grandes empresas -que no pagan o evaden impuestos- y han generado un alto desempleo, subempleo, empleo informal y en generar empleos de mala calidad que no dinamizan la economía nacional.

En este sentido, en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum creemos que es importante atacar las causas de fondo de esta crisis, para que no nos lleve a situaciones que pongan en peligro los derechos fundamentales y la paz de nuestro país, pero también para que no se aproveche esta situación para profundizar en acciones neoliberales en provecho de unos pocos que quieren seguir explotando al Estado.

El querer eliminar los componentes salariales del sector público no resuelve el problema fiscal ni la liquidez señalada por el Gobierno. Eso es una farsa.

Esta situación tan apremiante no la resuelve el Gobierno tomando medidas tales como:

-Generar más impuestos regresivos que pongan a pagar más al pueblo, que no ha sido ni culpable ni beneficiado de la política fiscal permisiva con los grandes millonarios del país;

-Deteriorar el ingreso de las familias de las personas trabajadoras del sector público, eliminando derechos laborales o generando inestabilidad en sus trabajos, lo que repercutirá en quitar más dinamismo a la economía nacional;

-Privatizar empresas e instituciones públicas que garantizan el acceso de la población a la mayoría de los servicios públicos y que le generan ingresos importantes a la hacienda pública;

-Eliminar o reducir los rubros que nutren los programas sociales orientados a cubrir las necesidades esenciales de toda la población, o aquellos que están orientados a proteger a la población más empobrecida y vulnerable;

-Cualquier medida que ponga en peligro los fondos de pensiones públicos;

-Ninguna reducción presupuestaria que ponga en juego o deteriore la educación costarricense, en ninguno de sus niveles (desde la preescolar hasta la superior).

Rechazamos, por tanto, cualquier convocatoria de proyectos de ley de parte del poder Ejecutivo que, tomando como pretexto la actual situación, pretenda golpear a la clase trabajadora para pagar una crisis que otros provocaron, entre ellos Empleo Público, el cual es mentira que resuelva el problema fiscal.

Tampoco aceptamos que la UCCAEP y los partidos políticos que nos han gobernado en el pasado y que endeudaron a Costa Rica con su visión neoliberal de la economía, quieran chantajear al actual gobierno ofreciendo más de la receta neoliberal para curar los males que ellos mismos provocaron. ¡Suficiente con el desastre que heredaron!

Proponemos que ante esta situación, el Gobierno tome las siguientes medidas:

-Sentar las responsabilidades políticas y judiciales de quiénes nos han llevado a esta situación;

-Hacer un fuerte plan de reducción de gastos superfluos y de todo aquello que no ponga en riesgo los derechos humanos, derechos básicos y derechos laborales de la población;

-Plantear una verdadera Reforma Tributaria Integral y Progresiva, que ponga a pagar como ricos a los ricos, así mismo un ágil y enérgico plan de cobro de la morosidad y la evasión fiscal que actualmente supera el 8% del PIB;

-Implementar a la mayor brevedad posible un plan de desarrollo de la economía nacional, de nuestro mercado interno, y de generación de empleo de calidad, centrado en la mediana y pequeña empresa, que impacte lo más pronto posible en la aceleración de la economía.

Hacemos un llamado a todo el movimiento sindical, legítimos representantes de la clase trabajadora de este país, a comprometernos a defender el Estado Social de Derecho y apoyar todas las acciones orientadas a superar esta situación de falta de liquidez del gobierno, y resolver estructuralmente el problema fiscal siempre que sea orientado por la justicia social y el bien común.

La confrontación social es lo que algunos sectores políticos y empresariales esperan que se dé, para llevar aguas a sus molinos, no es lo ideal, pero no renunciaremos a ello con tal de defender nuestros derechos.

Consideramos importante abrir un diálogo nacional serio, transparente, sin intereses partidarios, con los diferentes sectores de la sociedad, para llegar a soluciones que beneficien al país.

 

AFILIADOS A LA CTRN

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)

Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Comunicaciones (SITET)

Sindicato de Trabajadores de la Junta Administrativa Portuaria (SINTRAJAP)

Unión de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (UNATROPYT)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Limón (SITRAMUPL)

Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE)

Sindicato de los trabajadores de la Palma de Golfito (SDTG)

Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines – (SINTRACOBAL)

Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Transporte Agrícola y Afines de Costa Rica (SINTRASTAFCOR)

Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company, (SITRACHIRI)

Sindicato de Trabajadores División Quepos (SITRADIQUE)

Sindicato de Trabajadores del Fondo de Ahorro de RECOPE (SITRAFAR)

Sindicato de Trabajadores de la Piña y Frutas Tropicales (SINTRAPIFRUT)

Sindicato del Comercio (SINCO)

Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas y Anexos de Puntarenas (SIPACAAP)

Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines (SINACOESA)

Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares (SITRACOME)

Sindicato de Trabajadores del MINAE (SITRAMINAE)

Unión Musical Costarricense (UMC)

Unión Nacional de Empleados Electorales (UNEC)

Sindicato Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG)

Sindicato de Profesionales de AyA (SIPAA)

Sindicato Nacional de Periodistas

Unión Nacional Técnicos y Profesionales en Tránsito (UNATEPROT)

Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS)

Asociación de Ingenieros Civiles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (AIC-MOPT)

Unión de Profesionales del Banco Popular (UNPROBANPO)

Sindicato Nacional de Empleados del Banco Central de Costa Rica (SINEBACCR)

Sindicato Costarricense de Auxiliares de Enfermería (SINAE)

Sindicato Nacional Empleados de Salud Pública y Afines (SINAESPA)

Federación Agraria Nacional (FAN)

UCASARAPIQUI / UNAMI Guatuso / ASCAG Guácimo / ASOOOM

UNACOBRUS / AAHH / UNASACHI / ASOMOVI AMUPROCHIL / APROCHIL / UPACOCH /

SITRAMUDEGRE / SIEMPRHE / SEMG / SEMC / SITRAMUCOB

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Turrialba (SEMUTU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Pococí (SUTRAM)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares (SINTRAMPA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de la Municipalidad de Pérez Zeledón (SITRAMUPZ)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nandayure (SITRAMUNA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de La Cruz (SITRAMULAC)

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook CTRN

Enviado por SEC CR.

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El valor del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El agua es un elemento básico. Se pensaba era inagotable. Es UN BIEN QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA. En Costa Rica ES PROPIEDAD DEL ESTADO Y DEBERIA CONVERTIRSE EN UN DERECHO HUMANO.

El agua, en todos los casos, es agua.-Símbolo de transparencia.

Hay agua superficial y aguas subterráneas.

No hablaremos hoy de aguas residuales, ni de agua salada de mar.

 

Casi todos somos conscientes de los problemas del manejo y aprovechamiento del agua, en Costa Rica y en el resto del mundo.

Es irremplazable, para la vida humana, para la actividad económica (agricultura, ganadería, industria y otras) y es necesaria para la supervivencia del medio ambiente, donde existimos.

Costa Rica, no es un país desértico. Tiene lluvias promedio, con zonas más o menos beneficiadas. Con ríos, lagunas y humedales. El problema del agua NO ESTA ALLÌ.

El problema del agua de Costa Rica está en el pésimo manejo del recurso. Aquí, pretendemos hacer un planteo, que esperamos, sigan, profundicen y completen otros.

Y el primer punto es, sin lugar a dudas, identificar al responsable.

Su nombre es José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas desde hace casi 20 años. No es electo. Es un funcionario superviviente, a los cambios políticos de varios y distintos gobiernos.

Él es quién desde siempre maneja todo el agua, las concesiones, los planes, el control, las inversiones, el costo para los usuarios.

Fue secretario de la Junta Directiva de GWP – Costa Rica, manejada por el Banco Mundial, presidida por la ex diputada Mauren Ballesteros.

Ahí podemos entender su tendencia ideológica hacia la privatización del recurso hídrico.

El señor Zeledón maneja, el 100% del recurso, todas las concesiones, de agua potable y para otros usos.

Conviene señalar que el agua que maneja AyA, las ASADAS y otros prestadores del servicio público, no llega al 15% del total. La campaña millonaria que se desarrolla para que “gota a gota el agua se ahorra” permitiría economizar un 1% del agua. El problema no está ahí.

Los desperdicios y malos manejos del agua, se dan principalmente con unos pocos grupos que manejan enormes caudales para sus actividades económicas de gran volumen y concentración. Todo a costos subvencionados, que se cargan sobre el resto de la población.

El sector que más consume agua, es el agrícola (60 a 70%).

Y dentro del agro, sobresalen los monocultivos de caña de azúcar, arroz, piña, etc. Existe una gran concentración, en muy pocas manos.

Ejemplo de ello son Azucarera El Viejo, CATSA e Ingenio Taboga en Guanacaste. Cada una de estas empresas consume más agua que toda la población de la provincia.

Ellas tienen, cada una, concesión por más de 4.000 litros por segundo– es decir 4 m3 por segundo. Las cuentas dicen que consumen 345.600 m3 por día y 10.368.000 m3 por mes. Y por eso pagan por mes 1.244.160 colones. Aplicando la tarifa de riego de SENARA – aprobada por ARESEP debieran pagar 29.548.800, es decir les regalamos la diferencia de 28 millones por mes y 339 millones por año.

Esto es posible por varios factores:

1.- El control total del manejo en manos de la Direcciòn Aguas – MINAE.

2.- La falta total de controles, (caudal, uso, prioridades, etc.) pues estos, están en las mismas manos.

3.- El poder de influencia de los sectores beneficiados, ligados siempre a actores políticos.

4.- Se suma últimamente otro sector que consume grandes cantidades de agua, es desarrollo de infraestructura para ricos -nacionales y extranjeros – Turismo- Hoteles- Condominios- Urbanizaciones- Canchas de Golf, etc.

El poder y la influencia de Zeledón, llega a niveles increíbles e insospechados. En las versiones de nueva Ley de Recurso Hídrico que están en la Asamblea Legislativa, existe el Transitorio VIII donde se lo nombra en el puesto de manejo del agua por dos años. Un nombramiento por ley, ni el Presidente podría despedirlo. Por la misma vía, quiere desaparecer las competencias técnicas de SENARA y asumir él esas funciones.

Llegamos, al fin, al tema del valor – precio- costo del agua.

En eso, el escenario es muy confuso. Se maneja de distintas maneras el monto que paga cada usuario, por m3 de agua.

ARESEP fija una tarifa distinta para AyA, otra para ASADAS y otro para las empresas municipales que prestan el servicio.

La ARESEP también fija un costo a los usuarios de agua del Sistema de riego de SENARA.

ARESEP, no fija el costo del agua para los concesionarios de la Dirección de Aguas de MINAE, que es el mayor caudal del agua de Costa Rica. Eso se fija políticamente por Decreto Ejecutivo, según propuesta de la Direcciòn de Aguas de MINAE.

Comparemos los dineros que pagan los usuarios, por un metro cúbico de agua es decir por cada 1000 litros. En colones

AyA -(ARESEP – RIA-009-2016)-inicio 2018- entre 346.oo y 1.742.oo

AyA – (ARESEP -RIA- 009-2016) aprobado para 2020 433.oo y 2.182.oo

SENARA – riego (ARESEP-RIA-009-2016) 2017 entre 1.96 y 5.02

SENARA- riego (ARESEP-RIA- 009-2016) para todos 2.41

DIRECCION DE AGUAS (Decreto 32868-MINAE-2005) entre 0.12 y 3.25

Debemos señalar varios puntos fundamentales:

  1. No hay causa, motivo o justificación, para que las aguas concesionadas por la Dirección de Aguas, tengan tarifas no fijadas por ARESEP como todo el resto. La fijación por el ente político – Dirección Aguas.-MINAE, se presta para abusos y descontrol. Esa es la realidad de hoy día. Desde 2005 – hace 12 años- a pesar de la inflación, no se ha actualizado los valores de ese Decreto Ejecutivo.
  2. La tarifa para el AyA, contempla una diferencia según sea para uso domiciliar o empresarial, y según volumen de consumo. Quienes gastan mucho pagan una tarifa más alta. Eso tiende a incentivar el ahorro. No ocurre lo mismo con los usuarios de SENARA o de Dirección Aguas. Se promueve la concentración del agua. Los grandes derrochadores del agua, pagan tarifas ridículas y no se toma en cuenta ni los fines de uso, ni los caudales consumidos. Esto debe modificarse para incentivar el cambio hacia sistemas de riego eficientes y modernos, los hay y deben usarse. El riego por goteo ahorra el 80% del agua. Ahorrar 80% del 70% es el 56%. Más de la mitad de todo el agua que se consume en el país. Es la solución.
  3. Una política de manejo transparente es necesaria. Hace falta que cada proyecto empresarial privado, asuma el costo de un bien tan importante como es el agua, y que no se de subsidios ocultos a través de concesiones o tarifas preferenciales, que se carguen sobre la espalda de los habitantes del país.

LAS PRIORIDADES

El señor Zeledón es un experimentado político y conoce todo lo que debe hacerse. Lleva 20 años como Director de Aguas. Lo que no ha hecho hasta ahora, lo hará hasta que él quiera, es decir nunca.

Ejemplo tenemos en el caso SARDINAL. El informe reciente dice que hay unos 50 pozos ilegales. Pero – no se cierran. ¿Cuántos hay en todo el país?

Hasta hoy, los grandes consumidores, no tienen medidores, para verificar los volúmenes de agua, como tienen las casas de Ustedes.

El cobro de los dineros por las concesiones, tiene una lista de más de 2000 morosos en el pago (anexo en Diario Extra 24/11/2015).

Es muy importante señalar que el 50% de los dineros que recauda la Dirección de Aguas, se debe destinar a protección del ambiente. Para proteger el agua. (25% para SINAC y 25% para FONAFIFO).

La prioridad de Zeledón, no es cumplir las leyes.

PROPUESTAS

  1. Debe impulsarse seriamente el cambio de tecnología de riego a sistemas modernos (Goteo y aspersión)
  2. Debe ordenarse el valor del agua para todos, tomando en cuenta prioridades, usos, volumen de consumo. Debe ser una tarifa progresiva que promueva el ahorro y castigue a los grandes consumidores – derrochadores. Fijada por ARESEP.
  3. Poner orden y control en las concesiones.
  4. Impulsar el uso de tecnología de desalinización para abastecer el agua a los proyectos costeros.

Agua, hay suficiente en Costa Rica.

Pero, nunca se alcanzará a suplir las necesidades, mientras se maneje como ahora, por los intereses personales del funcionario a cargo.

Hace falta un cambio. Aquí sugerimos claramente, con argumentos y documentos, por donde se debe comenzar.

¡¡¡El agua es vida y la vida se defiende!!!

Asociación Confraternidad Guanacasteca

 

Enviado por Asociación Confraternidad Guanacasteca.

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Con erario público pagan daño causado por los empresarios piñeros

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • ¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
  • La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas

 

Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.

Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.

A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.

Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.

Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.

Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.

La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6.885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.

La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.

Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.

Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.

Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Compartido con SURCOS por Graciela Blanco Martén.

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Sala IV se trae abajo ley que disminuye áreas protegidas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”

 

Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.

La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.

La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.

Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).

El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.

Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.

Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.

Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.

Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.

FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Imagen tomada de http://www.feconcr.org

Enviado a SURCOS por FECON.

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Llamado ante el referéndum para abrir el monopolio estatal sobre los hidrocarburos y vender RECOPE

Escrito en . Publicado en Derechos.

Luego de varios años de difamación en contra de RECOPE y de los derechos laborales de sus trabajadores, el grupo de fachada del Movimiento Libertario, llamado “No más RECOPE” ha recibido el visto bueno, por parte del TSE, para recolectar firmas que permitan convocar a un referéndum para la apertura del monopolio de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE.

Tal decisión nos pone nuevamente ante la disyuntiva entre las dos visiones contrapuestas de la Costa Rica que queremos, dilema que ha estado presente durante las tres últimas décadas y que tienden a polarizar el país. Así ocurrió en el año 2000 con el intento de abrir y privatizar la generación eléctrica, las telecomunicaciones y el acceso a Internet, en lo que se llamó el Combo del ICE; en el 2007 con el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

De un lado, está la visión neoliberal que impulsan las cámaras empresariales, los medios informativos a su servicio, los partidos políticos tradicionales y algunos jerarcas de las instituciones públicas que, se han dedicado a sabotearlas desde adentro para debilitarlas.

Del otro lado de la acera, estamos muchas y muchos costarricenses que defendemos las instituciones representativas del Estado Social de Derecho y los servicios que prestan, que para nosotros constituyen derechos ciudadanos y no mercancías. Tal es el caso de la salud, la educación, el agua, la electricidad, los hidrocarburos, los recursos naturales y el espectro radioeléctrico.

Son las mismas visiones encontradas que dividen el mundo entre la procura del bien común y la acumulación de riqueza en las manos de unos pocos.

En el caso de este proyecto, caben las siguientes consideraciones:

  1. Este proyecto no sólo busca romper el monopolio, sino que privatizar RECOPE, entregándolo a otro monopolio privado.
  2. Quienes votarían en el referendo son personas que han sido bombardeadas sistemáticamente durante, al menos, los últimos cinco años, por una campaña manipuladora, que apela a:
    1. El “derecho a escoger” de los consumidores
    2. Que los precios de los combustibles van a bajar cuando venga la “libre competencia”
    3. Que hoy lo que los costarricenses están pagando son “las gollerías” de la Convención Colectiva de los trabajadores y las malas inversiones de RECOPE.
  3. Abre las puertas a la exploración y explotación petrolera en el territorio nacional.
  4. Representa una grave amenaza a la seguridad y la soberanía nacional, que representan un patrimonio estratégico para el desenvolvimiento de la economía nacional.

El proyecto de ley que pretenden aprobar vía referendo lo que busca es que sea el sector privado el que se adueñe del negocio de la compra y distribución de hidrocarburos en el país. No hay tal beneficio colectivo, ni precios más bajos ni mejoras en la calidad.

A la población se le ha hecho creer que abriendo el mercado habrá muchas opciones a la hora de comprar combustibles. ¡Eso es falso! porque, en primer lugar, 1) en materia petrolera no hay competencia. 2) Todos los precios son fijados por quienes dominan el mercado a través de la OPEP y 3) porque el mercado petrolero costarricense es pequeño (de aproximadamente 40 mil barriles diarios), de manera que no admite una gran cantidad de oferentes: prácticamente o el monopolio es del Estado o es de una empresa privada.

Esa empresa tendrá costos de operación y márgenes de utilidad como cualquier otro y ese costo van al precio del producto. Por el contrario, RECOPE trabaja al costo, descontando de sus utilidades la operación e inversión en mejoras y reposición de las plantas y los equipos.

RECOPE cuenta con una buena estructura y con muy buen sistema de poliductos, si no fuera así, ninguna empresa extranjera se aventuraría a participar de este negocio. Ya que, de acuerdo con el texto del proyecto, quien asuma el negocio de los combustibles utilizaría las instalaciones de RECOPE, sin invertir un solo cinco. Piensan aplicar el mismo esquema con el que las cableras se aprovechan de la infraestructura del ICE para colocar su negocio, con una inversión mínima y generando muy poco empleo. De esta manera, un agente privado se apropia de un bien público sin haber invertido mayor cosa y quedándose con la ganancia.

Como parte de la campaña, se le ha mentido a la gente diciéndole que el costo de la gasolina, el diesel y gas licuado de petróleo son responsabilidad de la Convención Colectiva. Al respecto, está demostrado que la convención representa en el litro de cualquier combustible no más de dos colones.

Vociferar por los ingresos de los empleados de RECOPE y apoyar una apertura en las condiciones que discutimos, es apoyar a que capital extranjero venga, pague a costarricenses salarios menores, que obviamente obtendrán una buena ganancia, llevándose nuestro dinero para otro país.

El precio final de los combustibles está dado por la alta carga impositiva conocida como impuesto único, así como la modalidad de ajuste tarifario que tiene a su cargo la ARESEP considerando las variables del precio internacional y del tipo de cambio. Nada de eso está en manos de RECOPE.

La solución al problema de los altos costos de los combustibles fósiles, no está en la apertura del mercado y la privatización de RECOPE, como pretenden algunos, sino en la revisión del impuesto a los combustibles y el cambio gradual de nuestra matriz energética, de manera que migremos de los combustibles fósiles a las fuentes alternativas, más amigables y más baratas, cosa que no se podrá asegurar con un monopolio privado. Para nuestro Sindicato, ese tránsito en la matriz energética debe ser liderado por RECOPE.

Lejos de resolver el problema del precio de los combustibles, el proyecto libertario que se pretende llevar a referéndum, amenaza uno de los últimos baluartes del Estado Social de Derecho, la soberanía energética y la seguridad nacional. Es por ello que consideramos que la lucha nacional contra la ruptura del monopolio estatal sobre los hidrocarburos y la privatización de RECOPE, es una causa nacional y queremos solicitarles que su apoyo.

Quedamos a su disposición para reunirnos y conversar sobre las distintas formas de concretar su participación en esta lucha.

SITRAPEQUIA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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Comunicación sin Paredes: Audiencia Preliminar de Demanda, ¡UNIBE está preocupado!

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Por Comunicación Sin Paredes

 

El día de ayer, miércoles 16 de noviembre, se suspendió nuevamente la Audiencia Preliminar de la Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013 CD-000061-05101 (para la contratación para la provisión de servicios de salud en las áreas de salud de Montes de Oca – Curridabat – San Juan, San Diego y Concepción de la Unión de Cartago) y contra el Acto de Adjudicación al Consorcio UNIBE.

Esta es la tercera suspensión, sin embargo, es la primera vez que se suspende porque uno de los demandados está preocupado o asustado de que la Demanda continúe su proceso normal, que iba muy bien en esta etapa de trámite, impidiendo al Tribunal verificar la ilegalidad del contrato, que es lo que se está solicitando desde el 2013.

El representante de UNIBE se aprovecha de instrumentos procesales como lo es intentar desacreditar la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer el caso, vía un recurso de casación al rechazo del Juez Tramitador de la excepción de incompetencia del Tribunal por la materia, sabiendo que la Sala I va a rechazar dicho recurso porque es manifiestamente improcedente, sin embargo este recurso es un ardid judicial que va a demorar, de manera significativa, el proceso de la Demanda pues el mismo va a tardar tiempo en resolverse por el retraso en las agendas de los Tribunales de Justicia en Costa Rica.

Hay que recordar que el proceso está cumpliendo 3 años desde que se interpuso en sede judicial y que falta 1 año para que la Contratación cuestionada finalice sin que ni siquiera se haya alcanzado la Etapa de Juicio.

Esto es gravísimo porque este proceso de UNIBE es la antesala de la privatización por medio de la figura de la concesión de los hospitales nacionales de la CCSS, los Hospitales San Juan de Dios, el México y el Calderón Guardia podrían en un futuro salir a concesión pública a empresas privadas porque existe el precedente de las concesiones de Áreas de Salud y porque la población no tiene una posibilidad efectiva de oponerse a las concesiones ni por la vía administrativa ni por la vía judicial, siendo que este tipo de contrataciones según el Reglamento de Compras a Terceros de la CCSS deberían ser excepcionales y no la norma, como se constata con este caso.

Más información:

Lic. Bernal Gamboa Mora, 8834-9595.

 

Lea también:

Audiencia Preliminar contra el Acto de Adjudicación de Ebais a UNIBE

 

Enviado a SURCOS Digital por Comunicación Sin Paredes.

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Audiencia Preliminar contra el Acto de Adjudicación de Ebais a UNIBE

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Reanudan proceso

Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013CD-000061-05101(para la contratación para la provisión de servicios de salud en las áreas de salud de Montes de Oca – Curridabat – San Juan, San Diego y Concepción de la Unión De Cartago) y contra el Acto de Adjudicación al Consorcio UNIBE

 

El próximo, miércoles 16 de noviembre a las 01:30 p.m. se reanudará la Audiencia Preliminar de la Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013CD-000061-05101 (para la contratación para la provisión de servicios de salud en las áreas de salud de Montes de Oca – Curridabat – San Juan, San Diego y Concepción de la Unión De Cartago) y contra el Acto de Adjudicación al Consorcio UNIBE.

La audiencia ha sido suspendida en dos ocasiones, la última audiencia se realizó el pasado 04 de mayo de 2016, siendo suspendida para que la CCSS pudiera completar el Expediente Administrativo del Contrato, por lo que siendo que la CCSS cumplió con el apercibimiento, se reanuda la Audiencia Preliminar, la cual se encuentra en la etapa de Excepciones, etapa donde los demandados tienen el poder jurídico de oposición que, sin negar el fundamento de la demanda, trata de impedir la iniciación del proceso paralizándolo momentáneamente retardando la contestación o extinguiendo el proceso definitivamente.

Importante recordar:

  • Que estamos a casi 3 años de que fue iniciado este proceso
  • Que han transcurrido más de 3 años de los actos demandados: cartel y acto de adjudicación, sin que a la fecha se haya logrado llegar a la Etapa de Juicio
  • Que estamos a 1 año del vencimiento del contrato vigente y
  • Que en enero de 2013 autoridades de la Caja indicaron que al terminar el período de cuatro años autorizado por la Contraloría, la Caja deberá tener organizada la prestación de servicios ya sea prestándolos directamente o bien mediante un proceso licitatorio ordinario

Por esto se invita a comunicadores/as, organizaciones sociales y populares, asegurados/as de las áreas de salud concesionadas por este contrato y a la opinión pública en general para que den seguimiento al desarrollo de la audiencia del miércoles y al juicio cuando se fije la fecha.

Antecedentes

Esta demanda ordinaria proviene del 2013, año de la lucha que dieron las comunidades de Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de la Unión de Cartago, las Juntas de Salud de estas comunidades, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y otras organizaciones sociales, sindicales y políticas locales y nacionales para que en primera instancia no se disminuyera la cantidad de EBAIS por Área de Salud, ni se disminuyeran los servicios que en ese momento eran prestados por el Convenio PAIS-UCR/CCSS y para que los servicios integrales del primer nivel de atención de salud no fueran concedidos a entes privados, sino que se mantuvieran en la esfera de lo público en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social.

En este año 2013 se dio un hecho histórico para las Áreas de Salud del Este de San José, por primera vez después de ser creados y ser administrados por casi 15 años por la Universidad de Costa Rica, los servicios de salud fueron objeto de un Cartel de Contratación Directa Concursada, procedimiento autorizado por la Contraloría General de la República. Con este procedimiento, además de que se disminuyeron servicios (3 EBAIS menos en cada Área de Salud, sólo toma de nuestras del Laboratorio Clínico, no se reciben recetas Medicina Mixta ni de Empresa, por ejemplo); se abrió la posibilidad de que los servicios integrales del primer nivel de atención de salud fueran entregados a entes completamente privados.

Por esto la Junta de Salud de Montes del periodo 2012-2013 efectuó tres tipos de acciones, las primeras de carácter administrativo ante las altas autoridades de la UCR y de la CCSS; las segundas de carácter legal administrativo y finalmente legal judicial, estas como último recurso.

Las acciones judiciales se interpusieron a nombre de Marcela Zamora Cruz, miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca 2012-2013, a título personal porque las Juntas de Salud no tienen personería jurídica y estas acciones judiciales fueron coadyuvadas por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).

Para más detalles se puede consultar el documento adjunto “CONFLICTO UCR-CAJA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS EBAIS”, extracto de la Rendición de Cuentas de la Junta de Salud de Montes de Oca del periodo 2012 – 2013.

 

Proceso Ordinario

Actora: Marcela Zamora Cruz

Coadyuvante: Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).

Demandados: La CCSS, el Estado, la Contraloría General de la República, el Hospital Universitario UNIBE S.A. y el Consorcio Hospital Universitario UNIBE S.A. y Asociación Universidad de Iberoamérica.

Expediente: 13-006255-1027-CA.

 

Audiencia Preliminar

Fecha: Miércoles 16 de noviembre de 2016

Hora: 01:30 p.m.

Lugar: Sala respectiva en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Segundo Circuito Judicial de San José, Goicochea

 

Más información:

Lic. Bernal Gamboa Mora, 8834-9595.

Marcela Zamora Cruz, 8705-6934, marce.zamoracruz@gmail.com.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.ebaisunibe.com

Enviado a SURCOS Digital por Comunicación Sin Paredes.

Guacimal se manifiesta en SETENA-MINAE

Escrito en . Publicado en Derechos.

Manifestación por la defensa de los ríos y el derecho al agua

Ruta: SETENA-MINAE-Viceministerio de Aguas y Mares

guacimal se manifiesta

El miércoles 19 de octubre de 2016, ante tantas experiencias negativas en estos años, las organizaciones comunales de Puntarenas, apoyadas mutuamente mediante la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, convocaron a todas la comunidades consientes y defensoras de sus ríos a hacerse presentes frente a la SETENA (en Barrio Escalante) y marchar al Viceministerio de Aguas y Mares (MINAE) con sus consignas claras de cómo se debe administrar el agua de nuestros ríos sin irrespetar los derechos de las comunidades rurales.

Con respecto al contexto nacional declararon que:

  • Defendemos todos los ríos, contra la indiscriminada privatización de sus aguas por parte de empresarios y sus proyectos lucrativos que no benefician a las comunidades ¡No creemos en su falso discurso de desarrollo que destruye nuestro ambiente!
  • Queremos que se garantice el acceso al agua para todos y todas
  • Nos oponemos a la política actual de Dirección de Aguas (MINAE) que permite entregar concesiones de hasta el 90% del caudal mínimo de los ríos, dañándolos de forma irreversible ¡No se puede sostener y apoyar una política tan absurda y destructiva para nuestros ríos!
  • Exigimos que para otorgar concesiones de agua se realicen los debidos estudios de impacto ambiental
  • Nos oponemos a la extensión irregular de plazos para que los empresarios tramiten sus proyectos por parte de las instituciones del Estado, aún cuando las irregularidades en los procesos son múltiples ¡basta de favorecer a los privatizadores!

Y sobre sus consignas locales defienden los siguientes puntos:

  • Que se anulen como legalmente corresponde las concesiones para riego sobre el río Veracruz, Acapulco y Aranjuecito. ¡Que las comunidades afectadas puedan decidir sobre su ambiente!
  • La Alianza declara el río Veracruz como reserva hídrica exclusiva para resolver los problemas de consumo humano que existen en las comunidades rurales de Puntarenas y luchará hasta que esta declaración se acoja por parte del Estado
  • Alto definitivo a los proyectos de riego Guacimal-Sardinal, Santa Rosa y San Rafael-Sardinal, todos aprobados con irregularidades ambientales inaceptables.

Así mismo manifestaron que:

► Nos movilizaremos para exponer los diversos casos en que las comunidades se han visto afectadas por falta de cumplimiento de las normativas ya existentes sobre el manejo del agua.

► Por el respeto al derecho a un ambiente sano y al agua en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.

► Contra la indiferencia, irresponsabilidad y complicidad institucional en los desastres ambientales que sufren nuestros ríos y por ende nuestra gente.

 

Para más información escriba a alianzahidrica.pts@gmail.com; teléfonol: 8781 4512; Facebook: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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BUSSCO enfrentará proyectos de ley de empobrecimiento

Escrito en . Publicado en Derechos.

«Defenderemos a miles de familias»

  • Proyectos como estos pretenden empobrecer a miles y miles de familias y privatizarlo todo, la salud, la educación, el agua, la electricidad

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) manifiesta su total rechazo al nuevo proyecto de Ley de Empleo Público, que impulsa la diputada liberacionista Sandra Piszk. El proyecto conserva las intenciones de afectar los derechos laborales de la clase trabajadora.

BUSSCO mantiene su posición en contra de cualquier intención que pretenda afectar a los (as) trabajadores (as) y reitera que la fecha de inicio de la gran huelga nacional, será el momento en que el Gobierno y diputados intenten aprobar cualquiera de los proyectos en discusión.

En relación con las acciones por seguir, el BUSSCO informa que continúa con las giras nacionales para la preparación de las bases y comités regionales BUSSCO.

Campaña informativa

El BUSSCO continúa una nueva campaña hacia la ciudadanía y contra el gobierno de Luis Guillermo Solís y el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti y diputados que impulsan estos proyectos de ley. Entre los mensajes que comenzarán a circular están:

“Presidente Solís, usted nos está llamando a huelga”, dice una de las nuevas vallas.

“Álvarez Desanti, no se queme, no al combo contra el empleo público”, dice otra de las vallas contra el presidente de la Asamblea Legislativa.

La misma consiste en la colocación de vallas, publitapias, en sitios estratégicos de la capital, campaña masiva en redes sociales y volanteo de información a la población, entre otros.

El fantasma del “combo del ICE” ronda por todo el país. Por eso, las sesenta organizaciones que se agrupan en BUSSCO han acordado la anterior estrategia nacional que contempla, entre otros, la instalación de vallas en sitios como Los Chiles, Ciudad Quesada, Coto Brus, Ciudad Neilly, Golfito, Guápiles y Guanacaste

Encuentro del pueblo

Celebramos un Encuentro Popular el pasado 31 de octubre con los comités regionales del BUSSCO, y diferentes actores sociales, que tuvo como objetivo definir las acciones específicas y contundentes de confrontación social.

Estas acciones son adicionales a la estrategia de movilización para una huelga donde no sólo está el músculo político de los trabajadores públicos, sino el de una sociedad inconforme con este gobierno, que traiciona a la clase trabajadora a cambio de nuevos impuestos y que se pliega al proyecto neoliberal de Liberación Nacional, del PUSC y Movimiento Libertario, partidos responsables directos de esta crisis, pues han cogobernado al país por más de 30 años.

Los responsables directos de la crisis social y económica son los partidos políticos que han ejercido el poder y tendrán que asumir las consecuencias y responsabilidades si prosiguen por la ruta establecida de enfrentar a la clase trabajadora con los proyectos de empleo público.

 

Enviado a SURCOS Digital por Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense.

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