Etiqueta: privatización
Privatización de pensiones: golpe de gracia al régimen de garantías sociales
Escrito en . Publicado en Trabajo.
Proyecto ley limitaría uso de semillas criollas
Escrito en . Publicado en Madre Tierra.
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Pueblos indígenas no han sido consultados sobre nueva ley de semillas
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Una ley hecha a la medida de las empresas trasnacionales del agronegocio
FECON, 27/10/2018. Con el 40 aniversario de la Oficina Nacional de Semillas el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Semillas bajo el expediente 21.087, de aprobarse, daría más protección a la Propiedad Intelectual sobre variedades comerciales de semillas al mismo tiempo que limita el comercio de semillas criollas o nativas para campesinos e indígenas.
Aunque el articulado supuestamente deja fuera las semillas criollas del ámbito de aplicación de la ley; esto es siempre y cuando no intervengan con los negocios privados de las empresas. Es decir, que en el momento que una empresa se sienta ofendida por la práctica ancestral de compartir semillas, estas corren el riesgo de ser perseguidas y criminalizadas.
Este fenómeno de privatización de las semillas es global. La ola de mega-fusiones de empresas trasnacionales ha dejado al mundo de la agricultura en un estado de concentración y monopolio nunca antes visto. En 2006, diez compañía controlaban el 57% de negocio de la semillas (i), menos de diez años después, para el 2018, sólo tres empresas controlarán el 60% de las semillas del mundo (ii). Estos tres emporios multinacionales se conocen por el nombre de Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-DuPont (iii); estos gigantes son producto de compras y fusiones sin precedentes, con inversiones de hasta USD$63.000 millones. En este escenario internacional en materia agrícola es en el que se desenvuelve nuestro país.
Según la Ofinase en Costa Rica el negocio de importación de simientes reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales (iv). Es claro que el país no es excepción al contexto mundial. Datos de la Ofinase revelan que se encuentran registradas 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas (v); de estas solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente. Lo que evidencia que la tendencia mundial no es ajena a la realidad Costarricense.
El mercado doméstico de las semillas están controlado en pocas manos y desean incrementar la presión para certificar y registrar todas las semillas siguiendo el mandato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) mejor conocido como el club de los países ricos. Un ente privado de carácter neoliberal, al margen del sistema de Naciones Unidas que presiona a sus miembros para adoptar políticas de libre comercio. El ingreso de Costa Rica a la OCDE nos costaría como país ¢1.789 millones al año, solamente por cuota de membresía.
Todavía no somos miembros pero ya la OCDE ha recomendado a Costa Rica incrementar el uso de semillas certificadas en el país (vi) y así criminalizar la semilla campesina.
De aprobarse esta ley, las personas que sean encontradas cultivando o vendiendo semillas sin los permisos estipulados, serán objeto de multas de hasta 5 salarios base. Lo que equivale a ¢2.155.000. Estas sanciones vienen descritas en el artículo 44 del proyecto de ley, pero no es todo.
En este proyecto de ley serán obligatorias las inscripciones de las variedades comerciales. Lo que tiene un costo alto para campesinos e indígenas que desearan estar dentro del comercio formal de semillas a nivel nacional. El costo del trámite de inscripción actualmente rondan los ¢405.000 para plantas procesadoras de semillas; e inscribir una nueva variedad de semillas le costaría ¢155.000. Costos que están lejos de ser accesibles para campesinos o indígenas que desearan ser parte del abasto nacional de semillas.
Las discusiones para hacer una nueva Ley de Semillas en Costa Rica no ha contado con la participación adecuada por parte de sectores como en campesino o el indígena. Incluso desde el sector ambiental hemos tenido que defender nuestro derecho a participar de la discusión dentro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. Esta discusión debería ser abierta, plural, participativa y democrática puesto que se tratan de intereses de poblaciones sensibles. El Convenio 169 de la OIT debe de ser respetado y las poblaciones originarias deberían ser tomadas en cuenta.
Es urgente comenzar una discusión para que, como sociedad costarricense, impulsemos un verdadero proceso de fortalecimiento de la producción nacional y apoyar la agricultura campesina, que da de comer a la mayoría de personas que vivimos en este país.
Referencias:
(ii) http://www.etcgroup.org/es/content/megafusiones-agricolas-quien-decidira-lo-que-comemos
(iii) https://www.righttofoodandnutrition.org/files/r_t_f_a_n_w_2017_spa_7.pdf
(iv)http://ofinase.go.cr/wp-content/uploads/201808ie_totalimp2017.pdf
(v) http://ofinase.go.cr/servicios/registro-empresas/?print=pdf
Enviado por FECON.
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Retos y logros de universidades públicas en América Latina
Escrito en . Publicado en Derechos.
El rector de la UCR, Henning Jensen, conversa con el Dr. Francisco Tamarit de la Universidad de Córdoba y el Dr. Roberto Escalante, Secretario General de la Udeal, sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba entre el 11 y el 14 de junio pasado.
En el diálogo se aborda desde la razón de ser de la universidad pública, hasta los embates que hoy sufren estas instituciones de parte de quienes quieren colocar la tarea universitaria en manos de multinacionales basadas en el lucro.
Puede ver el diálogo en el siguiente video:
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Conversatorio: Privatizar la CCSS, objetivo oculto del Combo Fiscal
Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.
Casa Calufa invita este próximo 27 de octubre al conversatorio «Privatizar la CCSS, objetivo oculto del Combo Fiscal», con Mario Devandas a las 4 p.m.

*Imagen de portada con fines ilustrativos.
Enviado por Luis Alberto Soto.
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Carta pública dirigida al Arzobispo José Rafael Quirós acerca de la Iglesia en las elecciones
Escrito en . Publicado en Derechos.
Estimado Monseñor:
Esta no es una carta edulcorada, pero esperamos que usted vea, en la sinceridad, la medida de nuestro amor por la Iglesia.
Los temas sobre la familia y la ética sexual han predominado en la contienda electoral, poniendo en segundo plano otros muy importantes como la justicia social y la inequidad en la distribución de la riqueza. Antes de la elección del 4 de febrero, no recordamos haber visto ningún llamado de los obispos para ampliar la temática, con lo que se permitió –de modo directo o indirecto– un énfasis erróneo que desorientó al electorado. Tanto es así que en cartas posteriores, y tardías, la Conferencia Episcopal se vio en la necesidad de solicitar una visión integral.
Autorizados analistas opinan que Restauración Nacional, de innegable raíz neo-pentecostal, en alianza con los más radicales políticos neoliberales, pretende debilitar nuestro Estado Social de Derecho mediante una privatización acelerada de las instituciones públicas como el INS, el ICE, etc. ¿Cuál es la posición de la Iglesia para que ese tema sea discutido?
Nos preguntamos con angustia por qué la Iglesia promueve y fomenta tanta cercanía con el neo-pentecostalismo, si no ha tenido –por décadas– intentos efectivos de diálogo con iglesias de larga tradición en el país, como la Anglicana, la Luterana y la Metodista. Tan precipitada cercanía ha servido para respaldar las pretensiones del candidato de Restauración Nacional. Así opinamos muchos católicos.
El mentor espiritual del candidato Fabricio Alvarado, señor Rony Chaves, amenaza abiertamente el culto a la Virgen de los Ángeles y plantea una guerra contra el catolicismo, pero en ningún momento hemos visto una reacción de los dirigentes católicos que defienda nuestras creencias y nuestra fe. No se puede argumentar que eso sería meterse en política.
Acciones como el “Manifiesto Conjunto” entre la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica Costarricense, que –por cierto– acarreó una reprobación del Tribunal Supremo de Elecciones el 18 enero 2018, y la marcha “Por la vida y la familia” del 3 de diciembre de 2017, sin duda produjeron y producen en muchos fieles la sensación de que da lo mismo ser católico que pentecostal. Esto se vuelve dramático en un contexto de acelerada migración de fieles católicos hacia otros credos.
Con todo respeto pero con dolor, afirmamos que hay sacerdotes que públicamente se han manifestado a favor del partido Restauración Nacional, y que en ningún momento ellos han recibido una llamada de atención —pública también— desautorizándolos. Ese silencio oficial de los señores obispos respalda la opción política del partido antes mencionado. El que calla otorga. Por ejemplo, mientras en días recientes hemos escuchado al candidato Fabricio Alvarado utilizar la marcha conjunta del 3 de diciembre con fines políticos, la Iglesia Católica permanece en el silencio, como si desconociera que las acciones públicas deben ser respondidas de manera pública.
La Iglesia Católica ha permitido que circulen –refrendadas por el silencio de sus representantes— falsedades, exageraciones y deformaciones sobre los programas de educación afectiva y sexual del MEP. Para tener una posición objetiva, la Iglesia tenía la responsabilidad de hacer un análisis riguroso, desde la ciencia de la teología, sobre esos programas. Muchos miembros de la Iglesia no nos satisfacemos con generalidades ni planteamientos de fundamentación no fehacientemente demostrada.
Con todo respeto hacia Usted y amor por nuestra Iglesia, esperamos que su respuesta pública contribuya a esclarecer las confusiones creadas en la población católica.
Deyanira Sequeira, cédula 1-248-675
Cristina Zeledón Lizano, cédula 1-230-339
Estrella Zeledón de Carazo, cédula 1-194-378
Fernando Rudin Vega, cédula 1-0484-0457
Aurelia Trejos París, cédula 1-360-879
José Pablo Mora Vargas, cédula 2-0581-0912
Edgar Fernando Céspedes Ruiz, cédula 9-008-572
Blanca Zelaya Irías, cédula 1-0365-0145
Jorge Alejandro Rivera Alvarado, cédula 1-0794-0409
Marco A. Cañizales Ramírez, cédula 1-0932-0081
Misael Mora Pacheco, cédula 2-0391-0306
Julia Li Vargas, cédula 1-0669-0057
María Gabriela Marín Arias, cédula 1-0619-0342
Carlos Eduardo Díaz Aguilar, cédula 1-0524-0105
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762
Zaida Sequeira, cédula 1-0292-0747
Cecilia Motta Di Mare, cédula 1-0403-0689
Guadalupe González Kreysa, cédula 9-0071-0985
Saray Córdoba, cédula 1-0438-0311
Ligia Barquero, cédula 1-0415-0623
Nydia Sequeira, cédula 1-0340-0524
José Roberto Díaz Marín, cédula 1-0502-0821
Rosario Morera Alfaro, cédula 4-0109-0224
Alfredo Monge Rojas, cédula 1-0432-0849
Pilar Ureña Álvarez, cédula 1-0573-0651
*Foto tomada del Facebook del Arzobispo José Rafael Quirós.
Enviado por Deyanira Sequeira.
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Crisis sistémica global, situación internacional y nacional
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
- Llamamos a no votar por los neoliberales del PLN/PUSC/PIN/LIBERTARIO/REPUBLICANO ni por el fundamentalismo religioso
Comisión Nacional de Enlace
Comunicado Político Nº 58
En esta coyuntura electoral se hace necesario recordar que efectivamente, nuestro país ha sido gobernado treinta y dos años por el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Son esos dos partidos los principales responsables de la crisis actual y sobre ellos cae toda la responsabilidad política de lo que ocurre en nuestro país.
Todas las políticas económicas que se aplicaron desde la administración Monge Álvarez hasta la administración Chinchilla Miranda fueron promovidas en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y ejecutadas por el conjunto de sus ministros de Economía, Hacienda, presidentes del Banco Central y los asesores económicos.
Cinco administraciones del PLN (Monge Alvarez, Figueres Olsen, Arias Sánchez y Chinchilla Miranda) y tres del PUSC (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella), veinte años del PLN en las cuales se aprobaron el PAE-1, 2 y 3 y el TLC y doce años del PUSC nos dice cuáles son los partidos políticos responsables del desastre derivado de la imposición del modelo neoliberal.
Después de treinta dos años de neoliberalismo en nuestro país tenemos un país, con mayor concentración de la riqueza, con una pobreza estructural que nunca redujeron, mayor exclusión y desigualdad social, mayor informalidad y precariedad laboral. Además durante treinta y dos años esos partidos convirtieron a Costa Rica en un territorio de corrupción y saqueo.
En este proceso electoral, esos partidos PLN y PUSC, más otros neoliberales que hoy se presentan como salvadores de la Patria, el REPUBLICANO/LIBERTARIOS/PIN, nos vienen con la misma receta: privatización de la salud, la educación, del ICE, recortes presupuestarios a programas sociales, reducción del Estado, venta de instituciones, flexibilización laboral, reducción salarial y de las pensiones a los trabajadores, eliminación de complementos salariales, despido de trabajadores del sector público, aumento en la edad de retiro, entre otros.
Votar por los mismos PLN y PUSC y por los otros partidos igual citados, para que sigan haciendo lo mismo, sería un gravísimo error que cometería el pueblo costarricense, especialmente la clase trabajadora.
Pero además en este proceso electoral tenemos otros actores no menos peligrosos, los partidos fundamentalistas evangélicos, que gracias a la inoperancia del Tribunal Supremo de Elecciones, involucraron la religión como eje de campaña y la convirtieron con la complicidad de los partidos tradicionales PLN, PUSC en una de las más conservadoras e intolerantes de la historia.
En este proceso de exacerbación de la intolerancia han tenido como aliados a una buena parte de la iglesia católica que compite por ver quién es más fundamentalista. Este fundamentalismo religioso, además tiene una agenda neoliberal de empobrecimiento de las mayorías, doble razón para no votar por ellos.
Este 4 de febrero el desafío es detener electoralmente esta contraofensiva conservadora neoliberal y religiosa, con el fin de avanzar las condiciones para desmontar el modelo económico neoliberal en el país, tarea del momento de la clase trabajadora costarricense.
Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
25 enero 2018
*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com
Enviado por Ricardo Segura Ballar.
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Reunión sobre el agua
Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.
- El pasado sábado 18 de noviembre se realizó en el Centro de Amigos para la paz en San José, la reunión sobre el agua para definir acciones para impedir que se privatice el agua
Minuta General reunión del sábado 18 de noviembre sobre los proyectos del Agua.
Asistimos 15 personas.
Actualización sobre el tema:
La Consulta Constitucional se verá hasta dentro de meses cuando el próximo magistrado se nombre. Pero nuestra experiencia nos dice que la votación podría darse según la conveniencia de interesados e interesadas.
ACCIONES
- Mapear a comunidades organizadas
- Buscar contacto y articular con personas de comunidades que ya están organizadas en defensa del recurso hídrico
- Generar células de acción desregionalizar
- Acción de calle: falta definir fechas para jornadas informativas
- Unificación de mensaje y de fácil entendimiento ¿si alguien más quiere participar?
- Compas de Senara estarán capacitando a las personas en la parte técnica de la Ley Falta (contacto)
- Desde el Frat haremos una cuña y lo trasmitiremos en radio
- Se traerá información de Zona Sur
- Se asumieron responsabilidades para el aspecto comunicacional
- Traer a la próxima Asamblea Abierta zonas identificadas en lucha por el Agua para crear un mapeo: Tacares(Los Chorros), Sardinal
Propuestas de trabajo en comunidades
- Información para lugares por organizar
- Comunicación (actividad permanente) en redes, con amigos, familia, el pueblo.
*Próxima asamblea abierta jueves 23 de noviembre a las 5:00pm en el sótano de Generales de la UCR.
Compartido en redes digitales.
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ANDA pide no sacar participación ciudadana de Ley de Aguas
Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.
Comunicado de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua
A partir de los hechos de los últimos días en torno a la tramitación del Proyecto Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico consideramos que estamos en un momento crucial para el futuro del país en un tema sumamente sensible y comprendemos lo complejo del proceso tendiente a dotar a Costa Rica de un marco legal e institucional que permita una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible de este líquido vital que garantice el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento.
Desde que varias de nuestras organizaciones, junto a diferentes actores sociales e institucionales, a finales de los años 90, iniciamos la discusión sobre la necesidad de ajustar dicho marco a los nuevos desafíos en materia hídrica, nos percatamos de la multiplicidad de visiones e intereses que giran en torno a la gestión del agua, por lo que llegar a acuerdos mínimos sería una tarea ardua.
Luego de un proceso de muchos años, con una gran cantidad de vicisitudes, se ha generado un acuerdo entre una mayoría de grupos parlamentarios en torno a un texto que, pareciera, cuenta con el aval del sector que más oposición ha externado. En ese sentido, el texto que se discute hoy en la Asamblea Legislativa, si bien no contiene todos los elementos que hubiéramos deseado en una nueva ley de aguas; es el que refleja el mayor nivel de acuerdo político que ha sido posible alcanzar en todos estos años y su aprobación significaría un primer paso en la dirección correcta.
Sin embargo, desde la ANDA consideramos que si bien este texto posee una serie de virtudes que harían que la gestión del recurso hídrico mejore considerablemente a favor de los principios que anteriormente hemos señalado, no podemos estar de acuerdo con la eliminación de los Consejos de Unidad Hidrológica que se habían establecido en el proyecto de iniciativa popular.
La participación ciudadana es un elemento esencial del espíritu del proyecto de ley. No puede haber gestión integrada del recurso hídrico ni reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento sin dicha participación. Estos espacios de participación ciudadana estaban contemplados en el texto original, por lo que su eliminación podría implicar falta de conexidad entre lo planteado originalmente y lo que finalmente se apruebe.
Es por ese motivo que solicitamos a las señoras y señores diputados que consideren la permanencia de los artículos relacionados con los Consejos de Unidad Hidrológica. La participación ciudadana es parte consustancial de la vida en democracia, tal y como lo reconoce el artículo 9 de la Constitución Política.
Compartido en redes digitales por José Rafael Quesada.
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APSE exige debate transparente sobre Ley de Aguas
Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.
Comunicado
La APSE pone su mira en la Asamblea Legislativa ante el intento de algunas fracciones legislativas por aprobar de forma acelerada y sin debate, el proyecto de Ley de Recurso Hídrico, expediente 17742, que modificará la Ley de Aguas vigente actualmente y regulará todo lo relacionado con el líquido vital, su rectoría, protección y explotación comercial e industrial.
APSE no está de acuerdo con el procedimiento parlamentario aplicado a este proyecto desde el lunes 30 de octubre de 2017, cuando el Plenario acordó tramitar el expediente por la vía rápida según artículo 177 del Reglamento Legislativo.
A partir de ese momento, inició un confuso proceso en el Congreso para intentar convertir en ley, un texto sustitutivo para este expediente, el cual no es de conocimiento público. Se aplicaron medidas de secretismo y nocturnidad, como votar una moción para dispensar al nuevo texto de lectura, así como decidir que el debate del tema se agotase en altas horas de la noche, aún sin que se hayan debatido otros textos o mociones.
Consideramos que este proceder no es transparente y genera dudas válidas en la población acerca de las verdaderas intenciones que se gestan sobre este proyecto. No es correcto que el Plenario pretenda legislar sobre un tema tan sensible para la vida humana y el ambiente, de manera atropellada, al amparo de secretismos y tratando de silenciar cualquier oposición a un texto que el país aún no conoce.
Exigimos a los diputados y al Gobierno de la República que se detenga este procedimiento atropellado, para permitir un debate amplio y profundo. Cabe recordar que la Sala Constitucional devolvió el proyecto al Plenario en 2014 por encontrar vicios de inconstitucionalidad, entre ellos, haber modificado el espíritu original del expediente, que fue presentado por la vía de Iniciativa Popular con miles de firmas de respaldo. La instrucción que dictó el alto tribunal, fue dictaminar un texto que no se distanciara del proyecto original, pero todo hace sospechar que esta no es precisamente la intención que se desea alcanzar con el procedimiento aplicado esta semana.
APSE llama a su afiliación y la ciudadanía costarricense a estar informada sobre este tema de importancia trascendental para nuestro país, y en caso de ser necesario, manifestarse en defensa de nuestra agua y nuestros recursos hídricos.
Ricardo Molina Vega, Presidente
Marvin Padilla Lemus, Vicepresidente
Hugo Marín Guillén, Secretario General
*Imagen con fines ilustrativos.
Compartido en redes digitales por Herberth Contreras.
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