Manifestación por la defensa de los ríos y el derecho al agua
Ruta: SETENA-MINAE-Viceministerio de Aguas y Mares
El miércoles 19 de octubre de 2016, ante tantas experiencias negativas en estos años, las organizaciones comunales de Puntarenas, apoyadas mutuamente mediante la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, convocaron a todas la comunidades consientes y defensoras de sus ríos a hacerse presentes frente a la SETENA (en Barrio Escalante) y marchar al Viceministerio de Aguas y Mares (MINAE) con sus consignas claras de cómo se debe administrar el agua de nuestros ríos sin irrespetar los derechos de las comunidades rurales.
Con respecto al contexto nacional declararon que:
Defendemos todos los ríos, contra la indiscriminada privatización de sus aguas por parte de empresarios y sus proyectos lucrativos que no benefician a las comunidades ¡No creemos en su falso discurso de desarrollo que destruye nuestro ambiente!
Queremos que se garantice el acceso al agua para todos y todas
Nos oponemos a la política actual de Dirección de Aguas (MINAE) que permite entregar concesiones de hasta el 90% del caudal mínimo de los ríos, dañándolos de forma irreversible ¡No se puede sostener y apoyar una política tan absurda y destructiva para nuestros ríos!
Exigimos que para otorgar concesiones de agua se realicen los debidos estudios de impacto ambiental
Nos oponemos a la extensión irregular de plazos para que los empresarios tramiten sus proyectos por parte de las instituciones del Estado, aún cuando las irregularidades en los procesos son múltiples ¡basta de favorecer a los privatizadores!
Y sobre sus consignas locales defienden los siguientes puntos:
Que se anulen como legalmente corresponde las concesiones para riego sobre el río Veracruz, Acapulco y Aranjuecito. ¡Que las comunidades afectadas puedan decidir sobre su ambiente!
La Alianza declara el río Veracruz como reserva hídrica exclusiva para resolver los problemas de consumo humano que existen en las comunidades rurales de Puntarenas y luchará hasta que esta declaración se acoja por parte del Estado
Alto definitivo a los proyectos de riego Guacimal-Sardinal, Santa Rosa y San Rafael-Sardinal, todos aprobados con irregularidades ambientales inaceptables.
Así mismo manifestaron que:
► Nos movilizaremos para exponer los diversos casos en que las comunidades se han visto afectadas por falta de cumplimiento de las normativas ya existentes sobre el manejo del agua.
► Por el respeto al derecho a un ambiente sano y al agua en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.
► Contra la indiferencia, irresponsabilidad y complicidad institucional en los desastres ambientales que sufren nuestros ríos y por ende nuestra gente.
Para más información escriba a alianzahidrica.pts@gmail.com; teléfonol: 8781 4512; Facebook: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua
Proyectos como estos pretenden empobrecer a miles y miles de familias y privatizarlo todo, la salud, la educación, el agua, la electricidad
El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) manifiesta su total rechazo al nuevo proyecto de Ley de Empleo Público, que impulsa la diputada liberacionista Sandra Piszk. El proyecto conserva las intenciones de afectar los derechos laborales de la clase trabajadora.
BUSSCO mantiene su posición en contra de cualquier intención que pretenda afectar a los (as) trabajadores (as) y reitera que la fecha de inicio de la gran huelga nacional, será el momento en que el Gobierno y diputados intenten aprobar cualquiera de los proyectos en discusión.
En relación con las acciones por seguir, el BUSSCO informa que continúa con las giras nacionales para la preparación de las bases y comités regionales BUSSCO.
Campaña informativa
El BUSSCO continúa una nueva campaña hacia la ciudadanía y contra el gobierno de Luis Guillermo Solís y el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti y diputados que impulsan estos proyectos de ley. Entre los mensajes que comenzarán a circular están:
“Presidente Solís, usted nos está llamando a huelga”, dice una de las nuevas vallas.
“Álvarez Desanti, no se queme, no al combo contra el empleo público”, dice otra de las vallas contra el presidente de la Asamblea Legislativa.
La misma consiste en la colocación de vallas, publitapias, en sitios estratégicos de la capital, campaña masiva en redes sociales y volanteo de información a la población, entre otros.
El fantasma del “combo del ICE” ronda por todo el país. Por eso, las sesenta organizaciones que se agrupan en BUSSCO han acordado la anterior estrategia nacional que contempla, entre otros, la instalación de vallas en sitios como Los Chiles, Ciudad Quesada, Coto Brus, Ciudad Neilly, Golfito, Guápiles y Guanacaste
Encuentro del pueblo
Celebramos un Encuentro Popular el pasado 31 de octubre con los comités regionales del BUSSCO, y diferentes actores sociales, que tuvo como objetivo definir las acciones específicas y contundentes de confrontación social.
Estas acciones son adicionales a la estrategia de movilización para una huelga donde no sólo está el músculo político de los trabajadores públicos, sino el de una sociedad inconforme con este gobierno, que traiciona a la clase trabajadora a cambio de nuevos impuestos y que se pliega al proyecto neoliberal de Liberación Nacional, del PUSC y Movimiento Libertario, partidos responsables directos de esta crisis, pues han cogobernado al país por más de 30 años.
Los responsables directos de la crisis social y económica son los partidos políticos que han ejercido el poder y tendrán que asumir las consecuencias y responsabilidades si prosiguen por la ruta establecida de enfrentar a la clase trabajadora con los proyectos de empleo público.
Enviado a SURCOS Digital por Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense.
El pasado 07 de julio en nombre del colectivo ciudadano CONCEVERDE, se dio a conocer a SURCOS Digital la oposición al Proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico por las consideraciones plasmadas en el documento adjunto.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), en representación de la población estudiantil de la UNA, denuncia la represión de educadores en Oaxaca, México, y manifiesta su solidaridad con los maestros y las maestras.
“Denunciamos los ataques perpetrados por el gobierno el pasado fin de semana en territorio mexicano contra la integridad física y psicológica del sector docente”, expresa el comunicado de la FEUNA.
Como parte del sector educativo latinoamericano, los miembros del directorio de la FEUNA rechazan la represión en México, contra docentes organizados en contra de la reforma educativa, implementada por la administración del presidente Peña Nieto.
La represión dio como resultado al menos ocho muertes, así como más de 50 heridos producto –según la FEUNA- del autoritarismo armado por parte de los policías estatales y federales, quienes atacaron a los manifestantes de forma violenta.
Los representantes estudiantiles lamentan que se haya recurrido a la represión para controlar la falta de acatamiento por parte de los maestros hacia la reforma planteada, la cual supuestamente tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación mexicana.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), parte del sindicato de maestros, se opone a la reforma educativa porque estipula cambios en la asignación de plazas de maestros en perjuicio del gremio y la imposición de evaluaciones a los docentes, entre otros elementos conducentes –en su criterio- a la privatización de la enseñanza.
Académicos de prestigiosas universidades mexicanas se han pronunciado en el sentido de que las medidas educativas impulsadas por el gobierno distan mucho de ser una verdadera reforma educativa, ya que están concentradas en los procedimientos de contratación y evaluación de los profesores. Abogan, más bien, por una revisión integral del modelo educativo del país, que incluya las materias y los contenidos que se imparten en las aulas.
La FEUNA dejó muy claro que repugna todo acto gubernamental que violente la libre expresión, el derecho a manifestarse y los derechos humanos de los habitantes e instó a que se abra una mesa de negociación abierta y pública en torno al modelo pedagógico y la reforma educativa.
“No habrá reforma con represión, no habrá educación con sangre. Nos duele México, nos duele Oaxaca. Por un México donde no impere la fuerza y la violencia, sino la palabra y la educación. Oaxaca aguanta, la FEUNA se levanta”, finaliza de la agrupación universitaria.
***Mayores detalles con Pablo Soto, representante de la FEUNA ante el Consejo Universitario 8991-2172 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
El pasado 14 de setiembre se convocó a las fuerzas vivas de la Península de Nicoya para hacerse presentes en la protesta frente al Hospital de esta ciudad para defender el manejo público de este nosocomio.
Con respecto al conflicto del Hospital de Nicoya, pues se quiere privatizar varios de sus servicios, se llegó a un acuerdo con el fin de abrir un proceso de diálogo para el mismo lunes 14 de setiembre; esperando que las autoridades de la CCSS echen para atrás esta nefasta decisión.
¡Nuestro apoyo rotundo a trabajadores y trabajadoras del hospital. No a la privatización de los servicios públicos!
*Imagen con fines ilustrativos.
Tomado de la página de Facebook de Wilmar Matarrita.
La Alianza Cantonal Barveña por la Salud externó su preocupación por el deseo de prórroga en el contrato con Coopesiba, ya que manifiestan que el servicio de salud que presta esta entidad en el cantón es de pésima calidad, lo cual fue demostrado, según la Alianza, en la Auditoría realizada por la misma CCSS.
Información tomada para SURCOS Digital de la página de Facebook:
A los que nos oponemos a la Ley de Recurso Hídrico, nos han encaramado epítetos como el de personajes oscuros, que somos de derecha, que somos iguales a Otto Guevara, etc.; queriendo engañar al muchos costarricenses de buena fe, en cuanto quien verdaderamente está detrás de esa ley y sus intenciones.
El proyecto de ley denominado Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, conocido como de iniciativa popular, es impulsado por la Asociación Global del Agua (GWP), por medio del pago de servicios profesionales o con viajes a algunos de los “ambientalistas” que hoy defienden ese proyecto.
La GWP se creó en el año 1996 por iniciativa del Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca para el Desarrollo (SIDA). Explícitamente establece que se conforma inspirada en los principios emanados de la Conferencia de Dublín. Su herramienta conceptual es la gobernabilidad del agua, y su marco de acción es la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. La GWP opera en base a comités regionales que inciden en la elaboración de políticas locales. En América Latina actúa a través del Comité Técnico Asesor para Sud América (SAMTAC, por sus siglas en inglés) y por las regionales de América Central y el Caribe. Al configurarse como una red internacional abierta a organizaciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos y principalmente a bancos de desarrollo bilateral y multilateral, la GWP es un actor relevante que cumple el rol de preparar el terreno a procesos de privatización del agua. Luego del Segundo Foro Mundial del Agua -La Haya, 2001- la estrategia en la cual avanzó la GWP en América Latina a través del SAMTAC fue la de organizar instancias nacionales en varios países dela región para dar a conocer la visión de la Gestión Integrada, presentando así una primera aproximación a las ideas y el trabajo que pretende realizar, así como sus «futuros campos de acción». Estamos hablando de una presencia registrada y formal en Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Curaçao, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.
Los referentes locales de la GWP en América Latina operan a partir de un diagnóstico de las respectivas legislaciones relacionadas con los recursos hídricos, identificando las carencias que los países registran en términos de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento con lo que califican de «problemas de gestión». Luego de ese primer paso, los referentes de la GWP se encargan degenerar los contenidos de nuevas legislaciones de aguas, inspiradas en el marco de la Gestión Integrada y asesorando a los actores gubernamentales involucrados con esta reformulación legal para conseguir financiamientos y apoyos para los proyectos de esta «nueva gestión».
La posición de la GWP respecto a la inclusión del agua en los acuerdos de libre comercio regionales -como en el caso del Tratado de Libre Comercio entre América Central con Estados Unidos (CAFTA por la sigla en inglés de Central America Free Trade Area)- es favorable, remarcando generalmente que las inversiones necesarias para reformar y extender los servicios de agua potable y saneamiento en los países involucrados en este tipo de acuerdos pueden ser cubiertas desde empresas con capitales estadounidenses, atraídos por los nuevos marcos vinculantes.
En resumen, la GWP tiene para América Latina y el Caribe, dos marcos estratégicos de fondo. Por un lado la descentralización de la gestión de los servicios como objetivo de la gestión integrada: como ya se dijo, gestión integrada implica principalmente un enfoque de actores, es decir, no solo los estados intervienen en este terreno, sino otros actores, como los fondos privados de financiamiento, los bancos regionales y multilaterales de crédito, instituciones vinculadas al agua (precisamente como la GWP) y finalmente, las empresas multinacionales del sector. Todos tienen algo para decir (y hacer) en el tema del agua. El segundo marco estratégico es lisa y llanamente la privatización del agua, su concepción como mercancía pasible de ser incluida en los acuerdos de liberalización comercial…
El «pragmatismo» le ha fallado al Partido Nacional hondureño (PN). Se prepararon desde un año antes, mientras gobernaban con la corriente del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, para lograr propósitos propios de una camarilla de políticos sumamente lujuriosos. Desde el Congreso Nacional (CN) legislaron para concentrar el poder en el Ejecutivo, trasladando atribuciones del CN al Consejo de Ministros. Utilizando su control en el Ejecutivo y el CN durante el período de gobierno anterior, trasladaron recursos económicos de las instituciones del Estado a su Partido Nacional a manera de montar una campaña mediática superior a cualquier otro partido durante las elecciones, además de poder comprar hasta la más cara conciencia hondureña y pagar el más caro asesoramiento internacional electoral. Utilizaron el caso de Colombia como el más cercano ejemplo de país para concentrar las mayores fuerzas político militar y las alianzas de ultraderecha internacional latinas, lideradas por Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia.
Por ese llamado pragmatismo político, dicen que ellos ven hacia el norte como hacia el sur, aun cuando por sus hechos sabemos que su vista hacia el Sur es más para los gobiernos de su mayor simpatía como Colombia, Chile y Panamá. Hacia el norte está desde luego atado con el Tea Party y la gusanera miamense. Con el gobierno de México y Guatemala definitivamente se han aliado utilizando el dolor humano de quienes escapan de las atrocidades que vivimos en el Sur. Hacia Europa, mantiene sus estrechas relaciones con el gobierno español e inglés, un tanto con Alemania e Italia, solamente que estos gobiernos son muy inteligentes y no fáciles de engañar. Con los países de Europa Oriental está más ligado con los gobiernos de ultra derecha, al igual que en Asia.
Los planteamientos económicos neoliberales son muy apetecidos por los nacionalistas, desde luego, puesto que son sumamente liberales e individualistas, lo que conviene a los intereses de la cúpula gobernante nacional. Por esto, han actuado de manera muy libre, irrespetando cualquier ley del país, si no es que la logran reformar. Han estado gobernando por mandato y no por consenso alguno. Así que de nacionalistas no les encaja ni el nombre, dado que venden cualquier cosa de la nación que sea transable.
Su incapacidad administrativa republicana y sus ambiciones de enriquecimiento rápido les llevaron a poner las riquezas nacionales en venta e hipotecan mediante la Alianza Público Privado zonas y regiones completas del país. Concesionan cualquier posible recurso que les posibilite generación de ingresos inmediatos, sin dar información a la ciudadanía de sus gestiones y compromisos, menos de los ingresos que generan sus negocios. Reiteran cada dos horas el uso de la palabra “transparencia” y ante la última coyuntura nacional de protesta contra la corrupción, su eslogan es “caiga quien caiga por la corrupción”, siempre que no le toquen a sus principales cuadros, desde luego.
El problema que tienen ahora es que se ha pasado de un alto nivel de incredulidad a la institucionalidad del Estado, a la confirmación de una muy elevada e infame corrupción que incluye el crimen de lesa humanidad a más de 2,800 personas. Su respuesta es buscar dispersar la atención al afirmar que los demás partidos han sido corruptos de igual manera, lo que la ciudadanía no ignora pero ve de manera diferente. De los demás partidos, solamente el Partido Liberal ha estado en el poder, y el Partido Demócrata Cristiano que ha servido a ambos, PN y PL, como uno de los más oportunistas en compartir alguna cuota de tal poder desde hace varias décadas. Los otros partidos con más de 10 años de existencia son el PINU, ahora en oposición con una sola honorable diputada, y el Partido de Unificación Democrática (UD) con otro diputado que actúa a conveniencia propia, más un asesor presidencial en igual circunstancia. Desde las últimas elecciones, el Congreso Nacional cuenta con mayoría de diputados en la oposición de los nuevos partidos: Partido Anti- Corrupción (PAC) y LIBRE. Este último está coordinado por el Ex Presidente Manuel Zelaya, ex miembro relevante del Partido Liberal y su líder es la Señora Xiomara Castro de Zelaya, partido que surge a raíz del golpe de Estado del 2009.
En su pragmatismo político y uso de cualquier medio para lograr sus propósitos, el PN firma un convenio con el organismo dependiente del Banco Mundial, como es Transparencia Internacional (TI), de quien se tiene dudas sobre su imparcialidad a nivel internacional y ahora, con más razón con lo acontecido en Honduras.
Otras de sus acciones pragmáticas son:
A manera de hacer borrón y cuenta nueva, aceleran la privatización del sistema nacional de salud. Así la ciudadanía se olvida del latrocinio existente dentro del mismo.
Se monta un ejército pretoriano que atemorice a la ciudadanía organizada, de manera que se siembra el miedo a las protestas.
Se monta un carísimo sistema mediático que resalte el personalismo del Presidente de la república para su proyección a futuras elecciones.
Se capitaliza y utiliza en beneficio propio la persecución del gobierno norteamericano a los carteles de la droga en todo el continente. No obstante, se devela el trasfondo de las extradiciones de capos.
Para desprestigiar las primeras protestas contra la corrupción los líderes del PN aseguran públicamente que éstas son patrocinadas por el crimen organizado. Lógicamente esto más molesta a la ciudadanía.
En una acción de disminuir y detener las presiones sociales y políticas por el latrocinio evidente al IHSS, nombran la Comisión Multipartidista dentro del CN. Sus resultados son lo contrario a lo esperado por los del PN. Fue un engendro que nació con el Síndrome con Inmune Deficiencia Adquirido (SIDA), el cual amplió la indignación popular.
La indignación e inteligencia civil está exigiendo la intervención de las Naciones Unidas para evaluar la alta corrupción existente, a lo que se ha negado el gobierno, arguyendo que eso desprestigia al país, sin embargo, ayer viernes, casi 40 mil personas le presentaron la solicitud a la representante de UN.
Ante estos y otros hechos del pragmatismo nacionalista, la duda es si no solamente hay incapacidad administrativa para manejar un gobierno al servicio del pueblo, pero una significativa incapacidad política para gobernar una nación con creciente indignación por los abusos y usos equivocados del poder que el Soberano Pueblo le da a algunos ciudadanos y ciudadanas a través de sus partidos políticos.
El pasado domingo 10 de mayo se creó en Guacimal de Puntarenas la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del cantón Central de Puntarenas, como respuesta de varias comunidades a los conflictos por acceso al agua que se han presentado en los últimos años en la zona norte de Puntarenas.
Esta Alianza se integra inicialmente por organizaciones comunitarias de Guacimal, Santa Rosa y Aranjuecito, que tienen como meta buscar soluciones conjuntas a los problemas de manejo del agua en sus cuencas, atendiendo solidariamente las luchas de todas las comunidades afectadas por los intereses de privatización del agua en la región.
Los casos
Guacimal. Desde el año 2011 Guacimal tuvo que organizarse y luchar contra la privatización del 60% del agua del río Veracruz, pues un proyecto de riego gestado con información a medias para la comunidad provocó el descontento comunal contra sus impulsores: la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles (SUALA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Al pueblo no le parece la extensión realizada por debajo de la mesa, pues la mayoría del agua iría finalmente a grandes fincas ganaderas de Coyolar y Sardinal, bajo el riesgo de que detrás esté la expansión piñera. Este caso aún no cierra y a pesar de que la Sala IV defendió el derecho al ambiente sano del pueblo de Guacimal, anulando los permisos ambientales y ordenando a los desarrolladores corregir las carencias realizando el debido Estudio de Impacto Ambiental, la SUALA y SENARA continúan tratando de evadir este paso fundamental para garantizar la sostenibilidad ecológica y social del proyecto.
Aranjuecito. Un caso similar ocurrió en Aranjuecito, donde la llamada Sociedad de Usuarios de Agua de Aranjuecito, con respaldo del SENARA, obtuvo viabilidad ambiental para el proyecto de riego San Rafael-Sardinal, que pretende captar hasta el 90% del agua del río Aranjuecito. Los vecinos se enteraron del proyecto hasta que vieron los trabajos de zanjeo en las calles y la colocación de las gruesas tuberías que succionarán prácticamente toda el agua del río si las autoridades continúan negándose a escuchar la voz de la comunidad. En este caso también se llevó a la Sala IV un recurso de amparo para defender el derecho al ambiente sano y al agua, pero de manera contradictoria con las consideraciones que se hicieron en el caso de Guacimal, los magistrados fallaron en contra de la comunidad y aceptaron la versión de la Dirección de Aguas del hecho que dejar sólo el 10% del agua es lo típico de todas las concesiones y por ende “ecológicamente viable”, a pesar de que no consta estudio ecológico alguno que garantice que esa interpretación sea cierta. Aranjuecito seguirá luchando por defender su río contra la indiferencia institucional y con esta alianza se fortalecerá su lucha.
Santa Rosa. El último caso descubierto fue la gota que derramó el vaso. El río Acapulco fue encontrado seco a la altura de Santa Rosa de Guacimal desde el 10 de abril pasado. Los vecinos hicieron denuncia pública en medios escritos y formalmente en el OIJ (que es el único organismo que se ha hecho presente en el lugar) y ante el Vice ministerio de Aguas y la Dirección de Aguas como responsables de supervisar concesiones, pero estos últimos brillan por su ausencia. Como resultado de la denuncia pública fue revelado que la Dirección de Aguas cuenta con solamente 1 inspector para las 17.000 concesiones que se registran a nivel nacional, por lo que se cae el argumento que usa esa Dirección cuando ha sido denunciada por las comunidades, cuando dice que no debe haber preocupación porque ellos garantizan que las concesiones nunca lleguen al límite de secar las fuentes de agua. Esa afirmación irresponsable usada para contrariar las demandas comunales, ha pasado de ser un escudo de indiferencia a ser una mentira ya comprobada.
Acción desde las comunidades
La indiferencia de las instituciones encargadas del tema ambiental respecto a las preocupaciones y advertencias de las comunidades locales seguirá siendo denunciada por la Alianza hasta encontrar soluciones satisfactorias y ganarse el respeto de parte de las autoridades, que hasta al momento han sido bastante cerradas para favorecer proyectos que son rechazados por las comunidades amenazadas y ya afectadas. Se ha argumentado que para favorecer los intereses de pocas personas, se acaparan grandes cantidades de agua afectando de forma grave el ambiente de los ríos, que son muy importantes para el bienestar de los pueblos locales.
Una de las metas principales será informar a la comunidad nacional sobre estos casos, que deben alertar al país entero. Además abrir los espacios de audiencia pública que hasta el momento han sido negados por los desarrolladores y el SENARA, lesionando el interés social del uso y conservación del agua. Además se buscará un acercamiento a las comunidades de la zona que presentan problemas de contaminación o cortes diarios en el servicio de sus acueductos, como La Pita, Sardinal y Villa Bruselas, que también han carecido de atención institucional a sus problemáticas, en pro de buscar soluciones desde la acción comunal.
Un fundamento central de las acciones de esta Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico es concientizar sobre la importancia de priorizar el uso de las fuentes de agua existentes para el consumo humano, sabiendo que de esta forma se garantiza la salud y calidad de vida de las poblaciones, sobre todo ante la disminución experimentada en la zona como efecto de la degradación ambiental de las cuencas y el cambio climático.
Se invita a toda la población puntarenense a sumarse y denunciar sus problemas con acceso al agua, pues es responsabilidad de las instituciones estatales garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como un agua de calidad para el bienestar humano.
Pueden contactarse con la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del cantón Central de Puntarenas para obtener más información sobre los conflictos en la zona
Enviado a SURCOS Digital por Dany A. Villalobos del Colectivo Machete.
Primer paso para instaurar la explotación comercial de los acueductos públicos
Abre camino para introducir nuevas formas de privatización
Los ecologistas emitieron una alerta sobre un proyecto de ley de que busca autorizar a las cooperativas a prestar servicios de abastecimiento de agua potable (expediente 19.441) y el cual se discute actualmente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley abre un peligroso “portillo” legal hacia la privatización de los servicios de abastecimiento de agua potable. Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS).
Aunque las ASADAS son asociaciones comunales y no entes públicos, claramente operan sin fines de lucro. Es decir, son organizaciones que están al servicio de la comunidad, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Una de las principales características de las ASADAS es que todos los ingresos que genere la operación del acueducto comunal deben reinvertirse en beneficio de la comunidad. Prestan un servicio al costo y como su finalidad no es el lucro, cualquier excedente que produzca su administración del acueducto debe destinarse a mejoras del servicio público.
En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas; un servicio que debe prestarse al costo y con el que no se puede lucrar.
Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper estos principios. Si bien las cooperativas pertenecen al sector de la llamada “economía social” y su fin primordial no es el lucro, no puede perderse de vista que son empresas que admiten la repartición de excedentes entre sus asociados. En efecto, la legislación cooperativa permite que los excedentes que produzca la actividad económica de estas organizaciones sean distribuidos para el beneficio individual de sus socios.
Así las cosas, de permitirse que empresas constituidas bajo la figura de cooperativas exploten servicios de acueductos públicos se estaría abriendo la puerta para que parte de los recursos que genera la operación de dichos servicios se desvíen hacia la repartición de excedentes de socios particulares, quebrando el principio de que dichos ingresos deben reinvertirse en su totalidad en el mejoramiento del servicio público comunal. De esta forma se estaría abriendo la puerta para que las ASADAS que hoy deben destinar cualquier excedente al acueducto público sean transformadas en entidades que repartirán dichos excedentes entre sus asociados.
Otro problema que presenta el proyecto de ley analizado es que también estaría rompiendo con la base comunal que actualmente caracteriza el funcionamiento de las ASADAS. Esto pues se autoriza a las “cooperativas” en general a gestionar acueductos públicos sin establecer ningún vínculo entre dichas cooperativas y las comunidades usuarias de los acueductos. Hoy en día estas asociaciones están integradas por vecinos y vecinas de una determinada comunidad, que se organizaron para desarrollar un bien comunal ante la ausencia o la inoperancia de las instituciones públicas. Son las mismas comunidades las que se organizaron para construir el acueducto público y administrarlo. Hay un claro vínculo entre la comunidad y la asociación que administra el acueducto. Sus asociados son las mismas personas que reciben el servicio público y participan en la gestión de un bien comunal. Si este servicio se entrega en concesión a empresas privadas (incluyendo empresas cooperativas) que no tienen base social en la comunidad, nada impide que dichas empresas limiten o cierren la participación de las personas usuarias de la comunidad en las decisiones sobre el futuro del acueducto comunal.
FECON manifestó su oposición al proyecto mediante un criterio solicitado por la Comisión de Ambiente e invitó a las y los diputados a concentrarse en la discusión de la Agenda Legislativa del Agua y en especial en las ASADAS, mediante la discusión democrática y participativa de legislación que permita mejorar el funcionamiento y las capacidad de estas organizaciones comunales sin quebrar su naturaleza.
