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Recientes eventos acaecidos en las últimas semanas alertan sobre amenazas latentes a la estabilidad, el buen vivir y al cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Costa Rica.

1. La defensora de los habitantes Catalina Crespo en declaraciones al periódico La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479409/defensora-visita-salitre-y-se-espanta-con-lo-que-ve) censuró al movimiento de recuperaciones de tierra y territorio por la vía de hecho: “Esto es ilegal”. Esta toma de posición resulta de una visita a un grupo de personas reconocidas por su posición contraria y enemistad con los pueblos indígenas de la región, no solo del territorio de Salitre donde ocurrió la reunión. No se conoce que haya visitado otros grupos sociales para tener un panorama más amplio del conflicto.  Con esta manifestación parcializada Crespo se convierte en “defensora” de un grupo anti-indigenista.

2. La señora Crespo asume el discurso malintencionado de que los indígenas recuperadores de tierra son violentos. Sin embargo, se le recuerda a la Defensora que son los indígenas los que han sido asesinados y agredidos de muchas formas en los últimos 10 años. (80 agresiones en el año 2020 y 86 agresiones en 2021según reporta la organización Coordinadora de Lucha Sur Sur. Semanario Universidad, 7 julio, 2021)

3. Las declaraciones de la defensora ocultan el hecho de que la omisión del Estado en cumplir la ley indígena No. 6172 de 1977 es un acto de violencia que se prolonga por 45 años. El letargo del Estado costarricense es complaciente con las invasiones de no indígenas y además parece potenciar la compra y venta de tierras en territorios indígenas; El hecho fomenta la ilegalidad y la impunidad de delitos contra los derechos humanos. (Asesino de Jerhy Rivera confiesa crimen. https://semanariouniversidad.com/pais/presunto-asesino-de-indigena-jerhy-rivera-confiesa-el-asesinato-en-actividad-oficial-en-buenos-aires-donde-lo-aplauden-y-vitorean/ Seminario Universidad, 18 de agosto 2022).

4.  Las recuperaciones de hecho de los últimos doce años son un clamor desesperado de indígenas costarricenses ante la no aplicación de la ley que los lleva a hacer justicia por su propia mano. El movimiento indígena que realiza las recuperaciones de tierra/territorio está haciendo una acción que le concierne al Estado (Artículo 5 Ley Indígena 6172) pero enfrentando violencia, racismo y asesinatos.

5. El 9 de agosto, el presidente en ejercicio y su ministro de Justicia y Paz firmaron una directriz que busca crear una ruta para mejorar la atención de la población indígena de Costa Rica. Para tal fin se creó la Mesa Técnica Interinstitucional.  Sin embargo, su modo de operar es violatorio del derecho indígena. Dicha Comisión hizo una ronda de reuniones durante el presente mes de agosto del 2022 en los territorios indígenas del país en las cuales se permitió la participación y el protagonismo de personas terratenientes no indígenas, esa situación condujo al silenciamiento de los que debían ser escuchados, así como al descredito y desconfianza de que el producto de esas reuniones pueda “mejorar la atención de la población indígena”.

6. El Consejo de Mayores de Salitre (CODIAW), se abstuvo de participar de la reunión de su territorio por sentir “la amenazante presencia de personas no indígenas usurpadoras en diferentes territorios” en un mismo recinto; según manifestaron en su pronunciamiento público del 17 de agosto del 2022.

7. Denuncias similares se recibieron de las reuniones de la Mesa Técnica realizadas en los territorios Cabécar de Ujarrás y Bribri de Cabagra. En esas reuniones se impuso la voz de terratenientes no indígenas, ocupantes irregulares de territorios indígenas y fue silenciada la voz de representantes indígenas.

8. La reunión realizada en la noche del miércoles 17 de agosto del 2022 en la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas, por parte de la Mesa Técnica y con la presencia del viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, fue escandalosa, repugnante y evidencia la amenaza latente a la vida, al derecho indígena y a la paz social del cantón de Buenos Aires. En esa reunión de trabajo un hombre de apellidos Varela Rojas confesó haber asesinado al líder indígena y defensor del ambiente Jerhy Rivera Rivera ante el aplauso de la mayoría de los convocados y la indiferencia de la mesa presidida por el viceministro de Paz. (https://semanariouniversidad.com/pais/comisionado-de-inclusion-social-estuvo-en-reunion-en-la-que-hombre-confeso-haber-asesinado-a-indigena-yehry-rivera/).

9. Instamos vehementemente al gobierno del presidente Chaves y su ministro de Justicia y Paz para que la definición de una política indígena se realice mediante la escucha y consulta exclusiva a los pueblos indígenas y sus organizaciones propias según sus culturas.

10. Las asociaciones de desarrollo indígena (ADI) lesionan la autonomía indígena, no son representativas y funcionan como una agencia del Estado en los territorios indígenas.  Tienen mucho poder y son espacios de clientelismo político. El presidente Chaves las calificó como “club de amigos” por su débil representación de los territorios. https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479170/-las-adi-son-un-club-de-amigos-

11) La acción del Estado debe apuntar a saldar la deuda de 45 años con los pueblos originarios. Debe ser prioridad absoluta del Estado costarricense la devolución de las tierras invadidas a sus legítimos dueños los indígenas que habitan sus territorios desde tiempos precolombinos.

Heredia, 24 de agosto del 2022