De Óscar Arias 1986 a Rodrigo Chaves 2026: 40 años de neoliberalismo privatizando la vida de las juventudes, hipotecando su futuro. Parte primera
Por: Lenin Chacón Vargas
Exsecretario general de la Juventud Vanguardista 1974-1980
Exsecretario general del Partido del Pueblo Costarricense hasta 1991
A las nuevas generaciones les han contado una historia a medias. Dicen que el país está mal por culpa de «los mismos de siempre» o de «los partidos tradicionales» como el PLN, el PUSC y el PAC. Sin embargo, hay una trampa en ese discurso. Detrás de las peleas que vemos a diario en la televisión, la prensa digital y las redes sociales, existe un mismo plan económico que lleva 40 años aplicándose sin interrupción.
Desde 1986 hasta el actual 2026, Costa Rica pasó de ser un país que invertía en su gente a transformarse en una empresa que beneficia a unos pocos. Esta es la historia de cómo el modelo neoliberal —o capitalismo salvaje— nos viene quitando, pedazo a pedazo, nuestra calidad de vida.
1. De la Costa Rica solidaria a la Costa Rica neoliberal
Todo comenzó a mediados de los años 80 con la llegada del primer gobierno de Óscar Arias Sánchez, enemistado con los viejos líderes socialdemócratas: José Figueres, Luis Alberto Monge, Daniel Oduber, llamándoles “muletas que no necesitaba”. Con la llegada del gobierno de Arias en 1986, y dando continuidad profunda a los Programas de Ajuste Estructural que habían iniciado tímidamente en el gobierno de Monge tras la crisis de 1981, se consolidó un giro de timón radical. El énfasis dejó de ser el fortalecimiento de la producción interna y el mercado local. Ahora se priorizaba la inserción de Costa Rica en la economía global, las exportaciones no tradicionales y la atracción de inversión extranjera.
2. Los programas de ajuste estructural (PAE)
Los Programas de Ajuste Estructural fueron los instrumentos financieros y políticos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que sirvieron como motor de esa transición. Tras la devastadora crisis económica de 1981, el país estaba quebrado. La respuesta de los organismos internacionales fue clara: para recibir préstamos de estabilización, Costa Rica debía desmantelar el modelo del Estado Social de Derecho y abrir su economía. El agro nacional, que había sido el corazón de la soberanía alimentaria y la estabilidad social campesina durante décadas, fue el sector que pagó el costo más alto.
El PAE I, negociado bajo Monge en 1985, y el PAE II, aprobado y ejecutado con fuerza en el gobierno de Arias, actuaron sobre tres ejes destructivos que transformaron para siempre la estructura social y agraria del país.
El primero fue la asfixia deliberada del Consejo Nacional de Producción y la pérdida de la soberanía alimentaria. Antes de los PAE, el CNP era una institución clave de la Costa Rica socialdemócrata. Le compraba a los pequeños agricultores sus cosechas de granos básicos, arroz, frijoles y maíz, a precios de sustentación, precios mínimos garantizados para que el campesino no perdiera dinero. Y vendía esos alimentos a la población a precios accesibles a través de los estancos. Los PAE catalogaron este sistema como un gasto ineficiente y una distorsión del libre mercado. Bajo las directrices del PAE II, se eliminaron los precios de sustentación y se cerraron paulatinamente los estancos. El CNP fue despojado de su capacidad de compra. Al obligar al país a eliminar los aranceles de importación, el mercado nacional se inundó de granos básicos extranjeros, fuertemente subsidiados en sus países de origen, como el maíz y arroz estadounidense. El productor local simplemente no pudo competir y el CNP quedó reducido a una entidad mínima.
El segundo eje fue la política de la “agricultura de cambio» y el fin del grano básico. Con el PAE II se consolidó una consigna oficial que sepultó la agricultura tradicional. El argumento neoliberal dictaba que Costa Rica no debía gastar recursos en producir su propia comida si era más barato importarla. En su lugar, los campesinos debían reconvertirse en productores de exportaciones no tradicionales: flores, mini-vegetales, plantas ornamentales, piña y melón, tubérculos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los bancos del Estado cambiaron radicalmente sus prioridades. Se cortó el crédito barato, la asistencia técnica y los seguros agrícolas para los productores de maíz, arroz y frijoles. Si un campesino quería crédito, el banco se lo otorgaba únicamente si sembraba los productos destinados al mercado internacional. Los pequeños agricultores, que no tenían los recursos, la tecnología ni los contactos internacionales para exportar flores o piña, cayeron en la ruina. Esto provocó una masiva quiebra en el campo, el abandono de las tierras y el inicio de la gran migración campesina hacia los precarios de las periferias urbanas.
El tercer eje fue la privatización del crédito agrícola. El sistema bancario nacionalizado había sido diseñado por el primer liberacionismo para democratizar el crédito. Existían las Juntas Rurales de Crédito Agrícola, que financiaban al pequeño productor con tasas de interés bajísimas y plazos sumamente flexibles porque el fin no era el lucro sino el desarrollo social. Los programas exigieron la desregulación financiera, abriendo el portillo para la banca privada y obligando a los bancos del Estado a operar bajo criterios estrictos de rentabilidad comercial y libre mercado. Las Juntas Rurales de Crédito perdieron su razón de ser. El pequeño agricultor se convirtió en un cliente de alto riesgo para los ojos de una banca ahora corporativizada. Al no poder acceder a financiamiento, la producción agrícola familiar quedó prácticamente liquidada, dejando el campo libre para el auge de las grandes corporaciones transnacionales, especialmente en sectores como la piña, melón, sandía y el banano.
Aquella idea de que el suelo costarricense debe alimentar a sus hijos fue sustituida por la lógica neoliberal de que el mercado global proveería todo. Y así transformaron la estructura social y agraria del país para siempre.
Los discursos del arismo sonaban bonito tanto en la primera gestión 1986-1990, como en la segundo 2006-2010 incluido el Tratado de Libre Comercio (TLC.) prometían «modernizar el país» y «abrirnos al mundo» “la tecnocracia al poder” y sus consignas ilusorias como «en vez de un Hyundai, tendrán un Mercedes Benz».
La realidad, no obstante, fue otra. Se cambió por completo la lógica del Estado. Las instituciones públicas* que nacieron para garantizar derechos fundamentales —la salud, la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los seguros, el agua, el transporte ferroviario y el agro, — empezaron a ser vistas como simples «negocios» que debían generar ganancias financieras o, de lo contrario, recortarse. Así comenzó el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, la eliminación del cultivo de granos básicos: arroz, frijoles, maíz.
3. La precarización del trabajo: adiós a la estabilidad laboral
Para los jóvenes de hoy, conseguir un empleo con plenas garantías laborales parece un mito del pasado. El neoliberalismo trajo consigo la flexibilización laboral, sustituyendo la conquista histórica de la jornada de 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación, por propuestas extenuantes como la jornada 4×3 (cuatro días laborando 12 horas continuas a cambio de tres días de descanso).
Bajo la falsa promesa de «atraer inversión», se mutilan las jornadas laborales humanamente justas. Hoy se ha normalizado el trabajo informal, el empleo precarizado por aplicaciones digitales o las dinámicas de zonas francas donde los derechos sindicales y el pago de horas extra son prácticamente inexistentes. Nos vendieron la idea de ser «nuestros propios jefes» a través del emprendedurismo para ocultar que el Estado ya no garantiza salarios dignos ni estabilidad. Esto destruye la posibilidad de construir un proyecto de vida, comprar una casa
o aspirar a una vejez digna, mientras la Banca para el Desarrollo se utiliza como una herramienta de clientelismo político para los gobiernos de turno.
4. La asfixia de la educación y la salud pública
El daño más grave de estas cuatro décadas ha sido el ataque directo contra los pilares de la democracia costarricense: la educación pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Educación en quiebra: El presupuesto educativo se ha recortado a niveles históricos, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8%. Hoy tenemos escuelas con órdenes sanitarias y universidades públicas bajo constante amenaza presupuestaria y cierres de centros regionales.
Un pueblo sin educación es un pueblo fácil de manipular.
Salud debilitada: La CCSS ha sido ahogada financieramente por los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, mediante la corrupción, el derroche y una sistemática asfixia de sus finanzas. Al colapsar los servicios y extenderse las listas de espera, se obliga a la gente sencilla a pagar clínicas privadas o a morir esperando una cita. De esta forma, convierten la salud en un lujo de consumo; una mercancía con diferentes precios según la capacidad de pago y la calidad de los especialistas.
5. El gobierno actual: El heredero neoliberal con disfraz de rebelde
La administración de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado han sabido explotar el enojo legítimo de la población hacia las cúpulas del PLN, el PUSC y el PAC. Su estrategia en redes sociales es efectiva: ataca violentamente a los actores políticos y funcionarios del pasado para proyectar una imagen de «rebelde» o reformador. Pero no es ni más ni menos que un político neoliberal, populista y autoritario.
Pero observemos las acciones y no los gritos.
En materia económica, este gobierno es un alumno excelente de Óscar Arias y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Su receta es la misma de siempre: recortes profundos a los programas sociales, debilitamiento de la institucionalidad, ataques a la libertad de prensa y un favorecimiento descarado a los grandes grupos financieros. No hay ruptura; hay una profundización del capitalismo salvaje mediante un estilo autoritario de gritería e insultos.
A esto se suma el ataque sistemático al Poder Judicial, la Sala Constitucional (Sala IV) y la Fiscalía General, motivado por las centenas de denuncias judiciales que pesan sobre diputados, ministros, exministros y el propio exmandatario y el debilitamiento de los recursos para combatir eficazmente el crimen organizado.
5. Para recuperar el futuro: Urge la organización y la movilización nacional
Nos están dejando una Costa Rica sin memoria y con una «vida útil» muy corta para las mayorías. La corrupción y la pérdida de libertades no son casualidad; son el resultado directo de este modelo neoliberal que cumple 40 años en este 2026.
La juventud no puede quedarse como espectadora en las redes sociales mientras le desmantelan el país que se construyó con tanto esfuerzo en el siglo XX. La única forma de frenar este régimen neoliberal y autoritario es la organización popular. Necesitamos rescatar la democracia social, la que pone al ser humano por encima del mercado. Es hora de despertar, recordar de dónde venimos y reclamar el futuro que nos quieren robar.
Es un deber ineludible de las juventudes de hoy, defender los derechos, las garantías sociales, las garantías individuales y el Estado social y democrático de derecho que conquistaron nuestros padres y abuelos.
¡A luchar! La democracia de la calle es el camino.
*Nota: Instituciones Públicas desmanteladas o en proceso: C.C.S.S., universidades públicas, ICE, INS, AyA, Ferrocarriles al Pacífico y al Atlántico, C.N.P., todas, patrimonio del pueblo de Costa Rica.
