En el marco de las Elecciones Nacionales de 2026, y en coherencia con nuestro compromiso de promover una cultura democrática basada en la transparencia, el acceso a la información y el respeto a la libertad de expresión nos complace invitarles a suscribir el “Acuerdo nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica”.
Las oleadas de desinformación deliberada, acompañadas con frecuencia por la proliferación de discursos de odio, están provocando un deterioro progresivo de la calidad del debate público. Este fenómeno resulta especialmente preocupante en contextos electorales, ya que amenaza la legitimidad de un proceso que constituye la base misma del sistema democrático.
Tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de pensamiento y de expresión es un pilar esencial del debate electoral, en tanto fortalece la deliberación pública y garantiza el derecho de la ciudadanía a formarse una opinión informada.
En este marco, el Acuerdo constituye una iniciativa de alcance multisectorial, impulsada por la academia, organizaciones sociales, medios de comunicación, sociedad civil y organismos internacionales, cuyo propósito es fortalecer la confianza pública y promover un entorno informativo transparente, responsable y libre de violencia.
En el sitio web https://ojoconladesinformacion.org/ podrán encontrar el texto completo del Acuerdo, así como el enlace para firmarlo de manera digital.
Les invitamos con especial aprecio a revisar el Acuerdo, suscribirlo y compartir esta iniciativa con colegas y redes de trabajo.
Programa de Libertad de Expresión y Acceso a la Información (PROLEDI)
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) convoca a una capacitación dirigida a personas candidatas a diputaciones y a la Presidencia de la República, como parte del proyecto UCR Electoral 2026 y la campaña #OjoconlaDesinformación.
La jornada se realizará el lunes 24 de noviembre de 2025, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., en el Auditorio de EDUCON, en la Ciudad de la Investigación de la UCR.
La sesión estará a cargo de la MSc. Giselle Boza Solano, especialista en libertad de expresión y acceso a la información pública, y abordará temas centrales para el ejercicio democrático durante el proceso electoral.
Temas que se desarrollarán
Alcances y garantías del derecho a la libertad de expresión.
Libertad de expresión en periodos electorales.
Retos en entornos digitales: incitación al odio y desinformación.
Marco jurídico del derecho de acceso a la información pública.
Jurisprudencia reciente relacionada con transparencia y acceso a datos públicos.
La actividad busca ofrecer herramientas jurídicas y conceptuales a quienes aspiran a cargos de elección popular, promoviendo mayor claridad sobre la importancia de garantizar el acceso a información pública y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
Las personas interesadas deben confirmar su participación mediante el formulario disponible en el siguiente enlace: 👉 https://ucr.cr/r/QVzoy
Resultados de la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación
Un estudio de la UCR revela transformaciones en el consumo informativo, así como una confianza matizada hacia los medios y el periodismo
Un nuevo estudio estadístico, elaborado por varias instancias de la UCR, revela el estado de la libertad de expresión en Costa Rica. Foto: Laura Rodríguez.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), en alianza con el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentaron los resultados de la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación.
Esta investigación analiza las principales tendencias y desafíos en torno a la comunicación pública en el país.
Según los resultados, siete de cada diez personas consideran que la libertad de expresión está en riesgo en Costa Rica, el nivel más alto registrado desde que se realiza esta medición. La cifra representa un aumento de casi nueve puntos porcentuales respecto al año 2024 y confirma una tendencia de preocupación creciente en la ciudadanía.
Además, más de la mitad de las personas encuestadas percibe que existe censura en el país, y una proporción similar afirma que ha dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por temor a sufrir consecuencias en su trabajo o en su vida cotidiana.
La encuesta, también revela cambios importantes en los hábitos informativos. Por primera vez, las redes sociales superan a la televisión como el medio más usado para informarse sobre la situación del país. No obstante, la televisión continúa siendo el medio preferido, lo que demuestra una coexistencia entre los formatos digitales y los tradicionales en el consumo informativo de la población costarricense.
Por tercer año consecutivo, aumenta la proporción de personas que confían en los medios de comunicación y en quienes ejercen el periodismo. El informe destaca que la desconfianza total hacia el oficio es mínima, y que la ciudadanía realiza evaluaciones diferenciadas, donde se reconoce que hay medios y periodistas más confiables que otros.
Por otro lado, las universidades públicas se consolidan nuevamente como los actores sociales más confiables para informar sobre temas nacionales. En contraste, las diputaciones y las personas influencers son las figuras en las que la población confía menos.
¿Por qué es importante medir la percepción ciudadana sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión? La M. Sc. Giselle Boza Solano, coordinadora de Proledi-UCR, indicó que, en primer término, esta medición es necesaria para identificar barreras u obstáculos, sensibilizar a las autoridades públicas acerca de sus obligaciones como garantes, propiciar el diálogo y el debate sobre las condiciones de su ejercicio, y fortalecer dinámicas democráticas.
En un entorno caracterizado por altos niveles de violencia digital, es preciso identificar tendencias hacia la autocensura, la amplificación de la desinformación o la disminución de la confianza en los medios de comunicación, como factores contraproducentes para la deliberación pública.
“Partimos de que una ciudadanía bien informada y con amplias posibilidades de participación del diálogo social es esencial para la democracia. Comprender, además, las percepciones ciudadanas sobre el ejercicio de sus derechos humanos, permite promover un entorno más favorable desde la política pública o eventualmente desde la función normativa del Estado”, destacó Boza.
Este año, la encuesta también abordó el uso político de la pauta estatal y el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Este tema cobró relevancia tras una sentencia de la Sala Constitucional, la misma determinó que varias instituciones públicas violaron indirectamente la libertad de expresión al retirar la publicidad a un canal por difundir un contenido satírico.
En ese contexto, el 74,8 % de la población se manifestó en desacuerdo con que la pauta estatal se utilice para premiar o castigar a los medios, según sus posiciones editoriales.
En cuanto al acceso a la información, el estudio destaca la entrada en vigencia de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, en noviembre de 2024. Sobre este tema, el 85,4 % de las personas encuestadas indicó no haber tenido dificultades recientes para obtener información de interés público, lo que sugiere una percepción mayoritariamente positiva respecto a este derecho.
Opinión sobre el presidente influye en la confianza hacia los medios
Finalmente, este año se analizaron algunos factores como la edad, el nivel educativo o la opinión sobre el presidente Rodrigo Chaves Robles para determinar si estos poseen alguna relación con la confianza hacia los medios, los hábitos informativos, y las percepciones sobre la libertad de expresión en el país.
Los resultados muestran que la valoración del mandatario está vinculada a diferentes posturas respecto a hábitos y percepciones, especialmente al comparar a quienes evalúan positivamente la gestión de su Gobierno con aquellos que la califican de manera neutral o negativa.
Quienes evalúan positivamente la gestión de Chaves Robles tienden a desconfiar más de los medios y del periodismo, mientras que quienes la valoran negativamente muestran mayor confianza en ellos.
Además, las personas que critican la gestión presidencial son también las que más reconocen haber limitado sus opiniones en redes sociales, por temor a posibles represalias en el trabajo o su vida cotidiana.
El estudio, también revela que la percepción sobre el estado de la libertad de expresión en el país está estrechamente vinculada con la opinión sobre el presidente: quienes lo apoyan son menos propensos a considerar que la libertad de expresión está en peligro o que el mandatario ha irrespetado el trabajo periodístico.
Ficha técnica de esta investigación
La III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación fue aplicada telefónicamente por el CIEP-UCR a 1 001 personas mayores de 18 años, entre el 25 y 29 de agosto y el 23 y 26 de septiembre de 2025. Esta encuesta cuenta con un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.
El estudio fue realizado por Giselle Boza, Oscar Mario Jiménez y Johanna Rodríguez, personas investigadoras del Proledi-UCR y del Cicom-UCR, y contó con el apoyo del economista Surayabi Ramírez Varas.
Geannina Sojo Comunicación, Proledi UCR
Edición Web: Otto Salas Murillo Periodista Oficina de Comunicación Institucional Área de cobertura: Ciencias Sociales y Educación
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra UNESCO de la Universidad Diego Portales de Chile y la organización no gubernamental Fundamedios, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, elaboraron el informe Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano.
El estudio revela que entre 2018 y 2024, al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países. Además, advierte que el desplazamiento forzado por persecución, censura y amenazas se ha convertido en una grave alerta para la libertad de expresión y la democracia en la región.
Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92% de las salidas estimadas de periodistas, aunque también se identifican contextos hostiles en Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, donde la criminalización del ejercicio periodístico o la violencia del crimen organizado vulneran a quienes trabajan en medios de comunicación.
Los principales destinos de acogida para estas personas desplazadas son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México, elegidos principalmente por las redes de apoyo disponibles y las posibilidades de regularización migratoria.
El informe destaca que la mayoría de los desplazamientos ocurren de forma abrupta y sin planificación, lo que profundiza situaciones de vulnerabilidad. Las personas desplazadas enfrentan precariedad económica, violencia, discriminación, problemas de salud física y mental, y dificultades para acceder a derechos básicos como salud, vivienda y empleo.
En muchos casos, las personas se ven obligadas a abandonar la práctica profesional, lo que produce vacíos y desiertos informativos que afectan directamente la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.
“Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora”, expresó Óscar Mario Jiménez, coordinador del equipo investigador desde Costa Rica.
Por su parte, Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en EE. UU., advirtió que “el periodismo se ha transformado en una actividad de alto riesgo, pues los y las periodistas ponen en juego su integridad física y su propia vida para ejercer un buen periodismo en Latinoamérica”.
Desde Chile, Alejandra Matus, directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana de la Universidad Diego Portales, subrayó: “El periodismo florece y fructifica en contextos de respeto a las normas democráticas y a uno de sus principios fundantes: la libertad de expresión. Cuando las y los periodistas son perseguidos y forzados al destierro, no solo se silencian sus voces, sino que se dañan los derechos de las comunidades a las que esos profesionales servían”.
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y PROLEDI organizan conferencia y panel sobre los retos informativos de cara a las elecciones 2026
La Universidad de Costa Rica (UCR) dará inicio al primer ciclo lectivo 2025 con un evento académico enfocado en los desafíos de la desinformación electoral y el papel de la juventud y los medios alternativos en el debate político nacional.
El evento, organizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) y el Programa de la Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI), se realizará el próximo martes 25 de marzo en la Sala de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales.
La jornada comenzará a las 5:00 p.m. con la conferencia «Desinformación y elecciones 2026», impartida por el Dr. Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones.
Posteriormente, a las 6:00 p.m., se desarrollará el panel «Contribución de la juventud y medios alternativos al debate electoral», que contará con la participación de Melany Mora Murillo, directora audiovisual; Paula Monge Espinoza, directora y guionista; y David Barrientos, director del medio digital La Hora Tica.
El evento es de carácter académico y es válido por horas conferencia para las y los estudiantes de la universidad. Se espera que esta actividad fomente el análisis crítico sobre el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales y las estrategias para combatir la desinformación de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Ante la escalada de violencia política contra las mujeres en Costa Rica: un llamado a la acción y a la protección de las mujeres en el espacio público.
Pronunciamiento.
En días recientes, las diputadas Sofía Guillén Pérez y Andrea Álvarez Marín fueron víctimas de violencia política y han denunciado amenazas contra su integridad física. Esto representa, no solo un ataque personal hacia ellas como mujeres, sino como funcionarias públicas en el ejercicio político. Dichos actos constituyen, además, una violación a la democracia costarricense. Este tipo de violencia política tiene como finalidad silenciar a las mujeres en el espacio público y perpetúa una cultura de intimidación y exclusión.
Desde el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, el Programa de interés Institucional en Violencia y Sociedad (PIVS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, condenamos enérgicamente las amenazas directas contra la vida de las diputadas.
Estos hechos reflejan un patrón alarmante de hostilidad que se ha intensificado en los últimos años, donde el espacio público, tanto físico como digital, se ha convertido en un campo de agresiones sistemáticas contra las mujeres que alzan su voz para defender los derechos humanos, cuestionar el poder y exigir transparencia en la gestión pública. Las amenazas contra las diputadas se inscriben en un contexto de creciente violencia simbólica y física que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en la política. Este ataque a las diputadas representa además un agravio contra el derecho de todas las mujeres a participar plenamente en la vida política y social, sin temor a represalias o agresiones.
Exigimos a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de las diputadas y de todas las mujeres que se enfrentan a la violencia política en el país. Instamos a las instituciones estatales a reconocer y abordar este problema de manera integral, incluyendo mecanismos de protección para las diputadas y trabajo en la educación y prevención de la violencia política contra las mujeres.
Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que rechacen toda forma de violencia y se unan en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, asegurando que el ejercicio de sus funciones se realice en un ambiente de respeto, libre de acoso y amenazas. No más silencio.
No más impunidad. Defendamos la democracia, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.
Firman
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM).
Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres.
Programa de Investigación en Violencia y Sociedad (PIVS). Red temática en Violencia, subjetividades y colectivos en contexto de vulnerabilización, necropolítica y duelos.
Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI).
Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres (CIEM).
El próximo jueves 5 de septiembre de 2024, a las 10:00 a.m., se llevará a cabo la presentación del libro titulado «Libertad de Expresión y Estado de Derecho». El evento tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Periodistas.
Este evento es organizado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI). La presentación promete ser una oportunidad única para reflexionar sobre temas cruciales como la libertad de expresión y su relación con el estado de derecho en la sociedad actual.
Se invita a estudiantes, académicos, periodistas y al público en general a asistir a esta actividad, la cual busca fomentar el diálogo y el entendimiento sobre los desafíos y las responsabilidades que enfrenta la libertad de expresión en el contexto contemporáneo.
El Programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), el proyecto de Acción Social ED-3020 Promoción de los Derechos Comunicativos de la Universidad de Costa Rica y Open Internet for Democracy Initiative tienen el gusto de invitarle al curso: Conociendo y defendiendo los derechos digitales: libertad en la red, seguridad digital y libertad de expresión.
Dirigido a:
Personas comunicadoras de las instituciones públicas.
Integrantes de medios de comunicación locales, regionales y alternativos.
Grupos sociales relacionados con la comunicación.
Público en general que tenga interés en el tema.
Facilitan:
Ana Karen Cortés Víquez. Abogada especialista en Protección de Datos Personales y ex Directora de la Agencia Nacional de Protección de Datos.
Giselle Boza Solano. Periodista y abogada. Coordinadora del PROLEDI, investigadora del CICOM y docente de la ECCC, UCR.
Óscar Mario Jiménez Alvarado. Politólogo. Investigador del PROLEDI, del CICOM y del IIS. Docente de la ECCC, UCR.
Johanna Rodríguez López. Socióloga. Investigadora del PROLEDI y del CICOM. Docente de la Escuela de Sociología y responsable del proyecto de acción social ED-3020 Promoción de los derechos comunicativos de la ECCC, UCR.
Fechas: 07, 14, 21 y 28 de agosto de 2024
Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. (Horas presenciales)
Lugar: Sala de Audiovisuales 1, Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica.
Curso gratuito con cupo limitado.
Se entregará certificado de participación a quienes completen las 4 sesiones.
El martes 16 de julio, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI-UCR), invita a la comunidad universitaria y al público general a participar de la exposición virtual “IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica”, de 10 de la mañana a 12 mediodía. Esta presentación, una vez más, recoge las principales tendencias sobre libertad de expresión en espacios como las iniciativas legislativas, los movimientos sociales y el desarrollo de las comunidades, en el contexto de los últimos dos años aproximadamente.
Desde 2022, con las elecciones presidenciales en Costa Rica, ha habido un escenario de cada vez más ataques a la prensa independiente, los espacios de discusión política y el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación tradicionales y corporativos. En estos dos primeros años de la administración Chaves Robles y la Asamblea Legislativa 2022-2026, los ataques a la constitucionalidad y al Estado de Derecho han sido algo de todos los días; como ejemplos la archivación del Acuerdo de Escazú en febrero de 2023, el aumento de perfiles falsos pagados por el Gobierno para hacerse propaganda en redes sociales, el proyecto de ley de jornadas extenuantes de 12 horas, recortes al FEES e intervención gubernamental en la autonomía universitaria, etc. El apoyo y la plataforma que le ha dado el Poder Ejecutivo a grupos antiderechos y anticiencia ha ido cada vez más en aumento, así como el presupuesto a la Fuerza Pública para reprimir manifestaciones de estudiantes, colectivas feministas, partidos políticos de izquierda y comunidades rurales.
Estos procesos no se dan en un vacío; agrupaciones políticas como el PAC, el PLN y el PUSC (por mencionar algunas) que ya han estado en el poder y han tenido presencia en la Asamblea Legislativa han creado la tormenta perfecta para que una presidencia de reality-show como la de Rodrigo Chaves llegue a Zapote y haga todo esto: en febrero de 2020 entró en vigencia la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, la cual prohíbe las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o los incumplimientos laborales imputables al patrono, lo que significa un retroceso en el derecho a la protesta social. La violencia política vivida en las elecciones municipales de 2024, ahondó más el desapego que tienen actualmente las mujeres costarricenses con la política en sus comunidades, debido al acoso vivido en espacios públicos, pero también privados.
Todo esto y más lo podremos apreciar el próximo 16 de julio gracias al análisis de las y los colegas en el PROLEDI y el CICOM. Para más información, contacte al número 2511-6852.
Este lunes 07 de junio a las 5:00 pm se difundirá el programa “Orden del Día: El juzgamiento penal del poder en Costa Rica”. La transmisión será por Facebook Live en las redes de Radio Universidad de Costa Rica 96.7 o bien, se puede escuchar por 96.7 Radio Universidad.
Este foro analizará los proyectos en la corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y los Derechos Humanos.
Además, en este busca abordar la reforma al Código Procesal Penal de 1998 que trasladó el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes (diputadas/os, ministras/os, presidencia de la República y de las magistraturas de la Sala III.
Este diseño legislativo se hizo en un momento en que solo existía la casación (que se dispuso ante Corte Plena).
Luego de los ajustes realizados que introdujeron la apelación de sentencia, la arquitectura judicial en esta materia agudizó los problemas que presentaba pues:
a) por un lado, quienes detentan el poder serían juzgados penalmente por un número de jueces/ezas superior a cualquier persona pues para esta intervienen unos 11 jueces (considerando 3 de juicio, 3 de apelación y 5 de casación), pero para aquellos intervienen 47 (5 de juicio, 22 de apelación y 22 de casación).
b) por otro lado, diputados y diputadas son los únicos que pueden escoger a sus jueces/ezas mediante el nombramiento de las magistraturas, sistema de nombramiento que, se ha dicho ya, no cumple con estándares objetivos para las designaciones y propicia la puerta giratoria (es decir, el pasar de un puesto público a otro). Este sistema representa un grave riesgo y puede propiciar afectaciones a la objetividad y pureza del juzgamiento.
Para analizar el sistema actual y los proyectos de ley de reforma al Código Procesal Penal en materia de funcionarios protegidos se contará con la participación de los siguientes invitados:
Ronald Cortes Coto, exjuez y exmagistrado suplente de la Sala IV.
Jorge Alberto Obando Sancho, especialista en reforma judicial y fortalecimiento del Estado de Derecho. Profesor de derecho constitucional, UCR.
Moderan y conducen:
Giselle Boza Solano, Abogada, comunicadora y coordinadora del PROLEDI-UCR.
Rosaura Chinchilla Calderón, Abogada y docente de la Facultad de Derecho, UCR.
