Ir al contenido principal

Etiqueta: pronunciamiento

Costa Rica: los retos de la democracia, el republicanismo y los derechos humanos ante el desafío que plantea la intolerancia religiosa

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Acuerdo del Consejo Científico del CICDE de fecha 26 de febrero de 2018

 

La evolución que hemos observado las últimas semanas en el proceso político-electoral de Costa Rica, suscita mucha preocupación y convoca a un muy necesario ejercicio de reflexión crítica.

Hemos visto ascender una propuesta política, cuyo fortalecimiento surge en lo inmediato de discursos de odio contra las personas diversas por su orientación sexual y/o identidad de género. Ello ha dado lugar a múltiples manifestaciones de violencia simbólica, verbal y física en contra de tales personas, las cuales en el futuro podrían agravarse. Y si bien es cierto que en Costa Rica los discursos homofóbicos siempre han gozado de mucha legitimidad, lo ocurrido recientemente implica trasponer límites anteriormente insospechados, al punto que tales expresiones de odio parecen ganar estatus como un discurso “políticamente correcto”. Lamentamos profundamente tales expresiones de odio y toda la violencia que las acompaña y llamamos a las autoridades públicas a mantener una actitud vigilante en resguardo de los derechos humanos de los grupos y las personas que son víctimas de tal agresión.

Es preciso subrayar que esto es parte de un planteamiento ideológico y discursivo, que amenaza la vigencia de los derechos humanos en general y, en particular, los derechos y avances logrados por las mujeres en su lucha por una sociedad más justa e igualitaria.

Defendemos con absoluta convicción el derecho de cada persona a vivir con toda libertad la fe religiosa que elija. Pero advertimos con mucha preocupación acerca del grave peligro que conlleva hacer de la religión, y en particular de versiones fundamentalistas del cristianismo, un factor que decida acerca de la vigencia de los principios más fundamentales en que se asientan los conceptos de democracia y república.

Democracia y republicanismo conllevan una propuesta y una aspiración por la construcción de un sistema político, asentado en un Estado de derecho donde debe haber igualdad de deberes y derechos ante la ley para todas las ciudadanas y los ciudadanos. Es innegable que en la realidad esa plena igualdad no es efectiva, a causa de diversos obstáculos económicos y culturales. Reconocer esto último plantea el deber de luchar permanentemente por avanzar hacia sociedades más igualitarias, para lo cual, entre otras cosas, se requiere construir discursos y visiones de mundo inclusivas, verdaderamente respetuosas de la dignidad de cada ser humano.

Sin embargo, lo que estamos presenciando es una campaña política que, apelando a una visión religiosa particularmente intolerante, que involucra grupos neopentecostales y sectores ultraconservadores y fundamentalistas de otras corrientes religiosas, formula discursos discriminatorios y estigmatizantes que lastiman gravemente la dignidad de muchas personas, y generan un clima sicológico de exclusión, proclive al irrespeto y la violencia.

Lo que se propone conlleva involucionar hacia un orden legal e institucional, en el cual, y partiendo de criterios religiosos, se estaría cercenando la universalidad de las leyes y de los derechos humanos.

Advertimos respetuosamente acerca del peligro que conlleva restarles importancia a las manifestaciones de violencia, intolerancia y exclusión en contra de determinados grupos de nuestra comunidad nacional, y a las implicaciones de mediano y largo plazo que esto tiene para la democracia y nuestros estilos de convivencia. No es de ninguna manera trivial, el que adquieran tal peso propuestas políticas teñidas de visiones de mundo que excluyen y resultan proclives a la violencia, y que en muchos sentidos descansan en concepciones políticas pre-modernas. En el mejor de los casos, ello impondrá obstáculos importantes para poder avanzar en materia de derechos humanos e igualdad. Pero lo cierto es que existe un riego efectivo de que se produzca una grave involución.

Debemos reconocer que esta coyuntura política, tan compleja y desconcertante, es manifestación de una situación subyacente, estructural y de largo plazo, donde se combinan y se refuerzan mutuamente, sentimientos de profundo disgusto y desconfianza hacia el sistema político, grave desprestigio de la institucionalidad democrática, y situaciones de marginalidad social, falta de empleo, carencia de oportunidades y pobreza. Esos problemas de desigualdad y exclusión fracturan a la sociedad costarricense, y claramente se visibilizan en los territorios, en la forma de graves asimetrías entre la región central del país y el resto, pero también con un claro deslinde –también a lo interno de las ciudades del Valle Central– entre los reducidos espacios donde se concentra la riqueza, y las áreas mucho más amplias donde se hacen manifiestos los rezagos y la postergación sin plazo de las necesidades fundamentales.

Llamamos a la ciudadanía costarricense a una reflexión reposada sobre lo que todo esto significa. Debemos reconsiderar críticamente las orientaciones del desarrollo del país, las falencias de nuestra institucionalidad pública y de nuestro sistema político y las limitaciones de nuestra democracia. Pero también debemos meditar sobre nuestras propias aspiraciones como pueblo y como nación. Inclusive debemos interpelarnos muy seriamente acerca de la sinceridad y hondura de nuestras convicciones democráticas y nuestro compromiso con la justicia social, y acerca de la claridad y coherencia con que asumimos los principios y la doctrina de los derechos humanos ¿Realmente hay sinceridad cuando declaramos nuestra adhesión a cada una de estos principios, valores y compromisos, o tan solo es propaganda para la exportación? Confiamos que sea lo primero.

Nos urge interrogarnos sobre el tipo de país que queremos, y la calidad de convivencia a la que aspiramos. De por medio está la propia democracia, nuestra concepción republicana y el lugar digno y respetuoso que debe concedérsele a cada ser humano, por el solo hecho de serlo. No es asunto del interés tan solo para las actuales generaciones, cuando, en realidad, dice mucho de la Costa Rica que heredaremos a las generaciones aun no nacidas.

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE

Mercedes de Montes de Oca, 26 de febrero de 2018

 

Enviado por Luis Paulino Vargas.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UNA: Pronunciamiento del Consejo de Rectoría sobre la importancia de la educación para el desarrollo integral del ser humano

Considerando:

  1. El Preámbulo del Estatuto Orgánico que dice: “Por su misión histórica, la Universidad Nacional se constituye en conciencia crítica y creativa de la sociedad y promueve el desarrollo integral, autónomo, sostenible y equilibrado, dentro del marco del respeto a los Derechos Humanos y la búsqueda del bienestar general.
  2. La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, integra como parte del derecho a la educación, el derecho a la educación sexual de los jóvenes, al disponer lo siguiente: “Artículo 23: 1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también comprende el derecho a la educación sexual como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la reproducción y sus consecuencias. 2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual. 3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual de los jóvenes. 4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho”.
  3. La norma Internacional respecto a los Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación, en general, para todas las personas sean ellas menores de edad o no, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, de manera significativa en la sentencia número 1791-2004.
  4. El deber asistido internacionalmente por parte del Estado costarricense de promover la educación en materia de afectividad y sexualidad, entre la población escolar y colegial, como parte constitutiva de una educación integral.
  5. El documento UNA-R-CIRC-3-2018, mediante la cual; “La Universidad Nacional, en apego a los principios de libertad, justicia y paz que promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José), comparte el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la especie humana, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, respetando el pluralismo cultural, religioso, ideológico y político propio de una sociedad compleja como la nuestra”.
  6. Las Políticas para la Igualdad y Equidad de Género en la Universidad Nacional que: “Promueve un currículo de formación profesional con la inclusión operativa del género, con perspectiva humanista y de derechos humanos, como eje transversal”.
  7. El Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sobre la educación para la afectividad y sexualidad como derecho humano, presentada en la sesión N.° 6157-8, que expresa: “Exhortar a la sociedad costarricense a tender puentes de diálogo que promuevan la discusión sana y objetiva de los Programas de Estudio de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral, desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos humanos a la educación y la información que las poblaciones jóvenes necesitan
  8. El Programa de Estudio de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral impulsado por el Ministerio de Educación Pública”.
  9. Se basa tanto en la Política Curricular en el marco de la visión “Educar para una Nueva Ciudadanía”, como en la “Política de Educación para la Afectividad y Sexualidad integral”, las cuales comparten los enfoques:
Derechos Humanos, Diversidades, Interculturalidad, Generación-contextual y Educación Inclusiva. Pilares fundamentales para garantizar la formación de personas respetuosas de los Derechos Humanos en todas dimensiones.
  10. Este programa permite avanzar de manera considerable en la comprensión de la sexualidad humana, desde un abordaje integral y coherente con la diversidad sociocultural de las niñas, los niños y jóvenes que asisten al sistema educativo costarricenses.
  11. El comunicado claro y respetuoso que ha realizado el Ministerio de Educación Pública, dándole el derecho a los padres y madres de familia, de decidir si sus hijos reciben o no el programa de estudio de “Educación para la afectividad y la sexualidad integral”.
  12. El Ministerio de Educación Pública tiene la responsabilidad de favorecer la formación continua de las personas docentes, de modo que les permita comprender y poner en práctica con pleno conocimiento estos y otros programas de estudio.

Acuerda:

  • Renovar la misión histórica de la Universidad Nacional para con la sociedad costarricense, como centro de estudios superiores, que en el ejercicio de su autonomía, está comprometido con la generación de espacios de análisis de la realidad nacional y la promoción de la democracia como forma de convivencia humana que mejor garantiza la realización integral de los individuos y del conjunto social.
  • Reconocer la importancia de la educación para el desarrollo integral del ser humano y el esfuerzo que el Ministerio de Educación Pública ha hecho históricamente al respecto.
  • Hacer un llamado vehemente a la sociedad costarricense para promover el diálogo, en un marco de tolerancia y cultura de paz, que favorezca el respeto a los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, incluida la niñez y la juventud costarricense.
  • Exhortar a la ciudadanía costarricense a realizar un esfuerzo colectivo e histórico en el contexto planetario, que rechace toda forma de violencia, odio y discriminación.

 

Dr. Alberto Salom Echeverría

Rector

Universidad Nacional UNA

 

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UCR: Pronunciamiento sobre los Programas de Estudio de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral

Acuerdo del Consejo Universitario

R-18-2018

 

Se comunica el acuerdo tomado en el Consejo Universitario, sesión Nº 6158, artículo 2, puntos 1 y 2, del 13 de febrero de 2018, relacionado con el pronunciamiento sobre los Programas de Estudio de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Descargar el acuerdo

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.ucr.ac.cr

Información generada desde la Rectoría, UCR.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Pronunciamiento de la Universidad Nacional en torno a la Opinión Consultiva ante la CIDH

  • Pronunciamiento de la Universidad Nacional en torno a la Opinión Consultiva sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*

 

La Universidad Nacional-UNA, como institución de educación superior pública comprometida con los valores de libertad, diversidad, justicia, fraternidad, igualdad y respeto a los derechos humanos, respalda la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (OC-24/17, 9 de enero de 2018), mediante la cual resolvió que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”, así como el derecho a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre.

Pronunciamiento de la Universidad Nacional entorno a la Opinion Consultiva ante la CIDH3

Como institución generadora de conocimiento no podemos ignorar la histórica y sistemática anulación o menoscabo en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales, que ha sufrido la comunidad LGBTI a lo largo de muchos años. En particular, en cuanto al respeto de su orientación sexual, la protección de su identidad y expresión de género y los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, sin obviar otras figuras jurídicas que pueden resultar estigmatizantes, inferiorizantes y discriminatorias. Al respecto, se hace urgente la adopción de mecanismos procesales expeditos y no discriminatorios para el ejercicio del derecho a la identidad y la expresión de género.

La UNA, en apego a los principios de libertad, justicia y paz que promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José), comparte el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la especie humana, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, respetando el pluralismo cultural, religioso, ideológico y político propio de una sociedad compleja como la nuestra.

Pronunciamiento de la Universidad Nacional entorno a la Opinion Consultiva ante la CIDH2

Es responsabilidad de los Estados parte del Pacto de San José, como bien ha hecho el Gobierno de la República de Costa Rica al formular la solicitud de opinión consultiva, garantizar y respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

En consecuencia, la resolución (OC-24/17) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncia reconociendo los derechos a la igualdad, a las libertades fundamentales y a la no discriminación de las personas LGBTI. En consecuencia, establece el respeto de la orientación sexual como ejercicio de la autonomía personal, en función del principio de igual dignidad de las personas. De esta forma, el Estado costarricense ha de proteger el reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre y la identidad de género auto percibida de la persona LGBTI; así como de su libertad de expresión de género. Por otra parte, se extiende dicho reconocimiento a los derechos, no solo patrimoniales, de las parejas del mismo sexo; se entiende además en un sentido amplio y no restrictivo al concepto de familia.

Comprometidos con el carácter vinculante que tienen los pronunciamientos de la Corte Interamericana, tanto de las sentencias en sede contenciosa como de las opiniones en sede consultiva, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la República de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica se compromete a promover y apoyar con todos los medios disponibles la urgencia de armonizar la legislación, los reglamentos y las disposiciones institucionales en el país, para cumplir a cabalidad con los alcances de la resolución OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evitando así toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que pueda anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte de la comunidad LGBTI.

A la vez, hacemos un vehemente llamado a la comunidad nacional para que impere el respeto, el reconocimiento recíproco y la convivencia pacífica y equitativa, evitando cualquier manifestación de intolerancia y de violencia, en particular contra las personas de la comunidad LGBTI.

Dr. Alberto Salom Echeverría Rector Universidad Nacional UNA

*CIRCULARUNA-R-CIRC-3-2018

 

Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UCR: Consejo Universitario alerta sobre necesidad de nueva Ley de Radio y Televisión

La Universidad de Costa Rica comunica el acuerdo tomado en el Consejo Universitario, sesión Nº 6128, artículo 1, punto 5, del 17 de octubre de 2017, relacionado con el pronunciamiento de éste Consejo sobre la necesidad de una nueva Ley de Radio y Televisión para Costa Rica.

Ingrese en el siguiente enlace para acceder al pronunciamiento.

R-165-2017

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de https://www.facebook.com/leyderadioytele/

Información generada desde la Rectoría de la UCR.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Alto a la violencia y a la impunidad en México

Pronunciamiento Colegio de Periodistas

 

La libertad de expresión y el ejercicio periodístico son actos de sobrevivencia en algunos países. Hoy, especialmente, en México.

La noble y valiente prensa de ese país ha sido víctima de muerte como consecuencia de la corrupción y el crimen organizado, convirtiendo este país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica condena y repudia todo acto de violencia contra comunicadores y medios de comunicación.

Solicitamos a las autoridades mexicanas que implementen los mecanismos necesarios para combatir estos graves hechos que coartan la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida misma de quienes ejercen el periodismo. Recae en sus autoridades que los responsables de las amenazas, agresiones y asesinatos de reporteros sean encontrados y castigados con todo el peso de la ley, y se ponga fin a este clima de impunidad.

Como lo ha manifestado públicamente IFEX-ALC, una alianza de 23 organizaciones de América Latina y el Caribe, en más del 50% de estas agresiones intervienen policías municipales y militares, por lo que urge una firme acción por parte de las altas autoridades de este país.

Por el bien de la sociedad y de ese extraordinario país, el cual hemos aprendido a amar desde pequeños con la lectura de sus héroes de palabra franca, como Octavio Paz o Carlos Fuentes, no podemos menos que instar públicamente para que el derecho a la información sea garantizado por el Estado mexicano.

Que los periodistas y los trabajadores de la prensa puedan investigar y difundir la verdad sin ser atemorizados o amenazados, es la única garantía para que una nación pueda mirarse a sí misma.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica, gremio que cree y defiende estos principios, eleva su voz y hace pública la solidaridad con los periodistas mexicanos.

Una prensa vigorosa, libre e independiente puede lograr hasta lo impensable.

Abogamos entonces, por la existencia de un escenario de tolerancia y respeto hacia la dignidad humana.

México lo merece.

Alto a la violencia y a la impunidad en Mexico2

*Imagen tomada Colper: Colegio de Periodistas de Costa Rica

Enviado por Colegio de Periodistas.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Salud Sin Paredes: pronunciamiento contra la criminalización de la protesta social y en solidaridad con la ciudadanía comprometida con la defensa de la salud pública y seguridad social

Como Marita Arce Soto y Diego Retana Solano, entonces estudiantes de Trabajo Social; como Dennis Solís, educador de secundaria; como Adrián Jaén España y Manuel Alberto Villalobos Arias, profesores universitarios, multitud de costarricenses marchamos el 8 de noviembre de 2012 en defensa de una de las instituciones públicas de mayor importancia de la historia reciente de Costa Rica: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Una institución pública creada en los años cuarenta, financiada por la mayoría de la población, que funciona por el principio de la solidaridad social y por la universalidad del servicio, para brindar acceso masivo a la atención de la salud pública y a la seguridad social.

Pero resulta que solo esas cinco personas fueron procesadas judicialmente, de los miles que allí se presentaron a manifestarse, ejerciendo su derecho a la libre expresión y en defensa del derecho a la salud pública. Inicialmente fueron detenidas unas 35 personas y después el Ministerio Público les levantó un juicio penal a cinco de ellas; juicio que se realizará del 3 al 6 de abril de 2017.

¿Por qué enjuiciar a manifestantes? Los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión de los ciudadanos están garantizados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política. Y hay una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000) que establece que ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes “mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas”.

Por eso manifestamos:

Los argumentos del Ministerio Publico no se sostienen en un régimen democrático. Sin duda las personas manifestantes estaban en situación de indefensión ante una policía con escudos antimotines, que los usaron para tratar de disolver la manifestación.

Nos preguntamos ¿qué buscaban con esa acción las autoridades policiales de la administración de la presidenta Laura Chinchilla? Sin duda buscaban dar una vez más una lección al pueblo costarricense: Que no protestemos, y que nos olvidemos de defender nuestros derechos, máxime si ponen en evidencia la corrupción o ineficiencia de quienes socaban las instituciones del pueblo, cuando gobiernan y administran bienes públicos y colocan por encima los intereses privados que se apropian de ellas.

¿Por qué defender la CCSS en 2012 y aún hoy en 2017?

En 2012, los y las manifestantes procedentes de diversos lugares del país como elOccidente del Valle Central, de Puntarenas y Guanacaste plantearon su protesta por el recorte al presupuesto de la institución, que se reflejaba en el deterioro de los servicios de salud en clínicas y hospitales, evidente en largas filas de espera para atenciones de servicios especializados, falta de especialistas en zonas fuera del Área Metropolitana, abandono de la función de promoción de salud y prevención de las enfermedades, entre otras deficiencias.

Es así como sistemáticamente se ha venido erosionando su eficiencia, la evasión en el pago de las cuotas patronales, incluida la del gobierno de la República, sin dejar de lado la entrega al sector privado de servicios muy rentables, en vez de adquirirlos con bienes propios.

Poco se ha resuelto de esas quejas del 2012, a pesar de un cambio de gobierno. Actualmente la situación se complejiza más y hoy nos preocupa a la ciudadanía la crisis del sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Como Movimiento Salud sin Paredes, de la zona de Occidente el Valle Central, confirmarnos el derecho de la ciudadanía de ser parte de sus instituciones públicas construidas a lo largo de la historia y nos manifestarnos en defensa de uno de los pilares de la democracia costarricense.

Por eso denunciamos la injusticia de un juicio penal contra ciudadanas y ciudadanos, cuyo único “delito” es ser parte de un pueblo que se movilizó en noviembre de 2012 para pedir que la CCSS no perdiera su eficacia en la calidad de la atención de salud.

 

¡La salud es un derecho del pueblo y su participación un deber!

 

Movimiento Salud Sin Paredes, Región Occidente

San Ramón de Alajuela, 29 de marzo de 2017.

 

Enviado a SURCOS por Movimiento Salud Sin Paredes.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Facultad de Farmacia de la UCR emite pronunciamiento que respalda labor profesional

Insta a la población y a los medios de comunicación para que les consulten dudas sobre medicamentos

 

Lidiette Guerrero Portilla,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

Facultad de Farmacia emite pronunciamiento
Los profesionales en farmacia están capacitados para asesorar a la población en relación con medicamentos y su labor complementa el trabajo de los profesionales en Medicina (foto Archivo ODI).

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento, este miércoles 27 de abril, en relación con una discusión suscitada en días recientes en diferentes medios de comunicación nacionales, que pone en duda la labor del profesional de farmacia.

En el documento resalta la labor que cumplen estos profesionales y las farmacias del país como los más accesibles para la población costarricense, indica que la formación que reciben les permite ejercer de manera óptima su práctica profesional y complementar la labor del equipo de salud en cualquier área profesional, pues se basa en los más altos estándares científicos, éticos y legales.

En relación con los medicamentos resalta que no deben verse como simples mercancías, pues está en juego la calidad de vida de las personas, razón por la cual insta tanto a la población en general como a los medios de comunicación para que consulten al profesional de farmacia sobre las dudas que tengan con los medicamentos y se pone al servicio de colegios profesionales y de las autoridades en salud para discutir la realidad nacional alrededor de este tema.

El siguiente es el texto completo del pronunciamiento firmado por la Dra. Lidiette Fonseca González, decana de la Facultad de Farmacia de la UCR:

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, comprometida desde hace 119 años con la salud de la población costarricense, a través de la formación de profesionales farmacéuticos, y de la prestación de diversos servicios y actividades que inciden directamente en la salud pública del país, y ante la discusión nacional respecto a los medicamentos y la labor del profesional en Farmacia, manifiesta lo siguiente:

La historia costarricense ha colocado a las farmacias y boticas como centros de atención primaria en salud que permiten el contacto directo del farmacéutico con el paciente, posicionándolo así como el profesional en salud más accesible para la población, que vela por la automedicación responsable y el uso racional de medicamentos y brinda asesoría gratuita en diversos temas de salud.

Las responsabilidades del farmacéutico en el sistema de salud, en conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional Farmacéutica, incluye: preparar, obtener, almacenar, asegurar la calidad, distribuir, administrar, dispensar y desechar los medicamentos; ofrecer una gestión eficaz de los tratamientos farmacológicos; mantener y mejorar el ejercicio profesional; y ayudar a mejorar la eficiencia del sistema de salud y por ende de la salud pública.

La formación de nuestros profesionales, en concordancia con referentes internacionales y acorde con la realidad nacional, se basa en los más altos estándares científicos, éticos y legales que les brinda a los farmacéuticos las herramientas necesarias para ejercer la profesión de manera óptima y ser parte fundamental del equipo de salud en cualquiera de las áreas del ejercicio profesional.

Todos los profesionales de salud deben tener la capacidad y la responsabilidad ética de procurar la complementariedad de sus funciones. El farmacéutico le facilita a médicos, y demás profesionales de salud, la toma de decisiones asociadas al uso necesario, seguro y efectivo de los medicamentos.

Los medicamentos son productos diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, no deben ser considerados un simple bien comercial sujeto a las reglas del mercado y sin la debida asesoría profesional, ya que utilizados de manera inadecuada pueden producir efectos indeseados o perjudiciales.

De acuerdo con lo anterior, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica insta a la población en general y a los medios de comunicación, a consultar al profesional en farmacia ante cualquier duda referente a los medicamentos y se pone a disposición de los colegios profesionales y de las autoridades nacionales para el desarrollo de un análisis de la realidad nacional en torno a este tema.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UCR condena criminalización de la protesta social pacífica

UCR condena criminalización de la protesta social pacífica
Para la UCR la protesta pública es una forma de ejercicio del derecho de reunión y de libertad de expresión (foto Andrea Jiménez).

Arturo Padilla Chinchilla,

Periodista Consejo Universitario

 

La Universidad de Costa Rica (UCR) condenó todo tipo de criminalización de la protesta social pacífica, e instó a las autoridades nacionales a que tomen todas las medidas necesarias para prohibir esta criminalización en el país.

Así lo planteó el Consejo Universitario mediante un pronunciamiento aprobado en la sesión N. 5909, de este 23 de junio, a raíz de que dos docentes y dos estudiantes de la UCR afrontan un proceso penal que se encuentra en la etapa de audiencia preliminar, por la supuesta alteración del orden público, durante una protesta pacífica el 8 de noviembre de 2012, en las afueras de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Esta no es la primera vez que este Órgano Colegiado rechaza este tipo de censura al derecho de expresión. Lo hizo, también, en las sesiones N.° 5446, de 2010, y N.° 5685, de 2012, en las cuales ratificó el compromiso de la UCR con la defensa de la institucionalidad pública y los derechos democráticos.

“La Universidad de Costa Rica y el movimiento estudiantil, como actores políticos nacionales, han reivindicado, históricamente, el derecho a la protesta social pacífica”, indicó el Consejo Universitario.

Aumento en la criminalización de la protesta

El Consejo Universitario señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su segundo informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en América, del año 2011, destacó que, en años recientes, se ha presentado un creciente inicio de acciones penales en algunos países en contra de quienes participan en protestas sociales por la reivindicación de sus derechos.

Según el informe, el argumento utilizado para justificar este tipo de censura es que las manifestaciones podrían perturbar el orden público o transgredir la seguridad del Estado.

Al respecto, en Costa Rica existe una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000), en la cual se sustenta, también, el Consejo Universitario, y que establece que, ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/