Un recurso de amparo se tramita presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Matina y su alcalde Walter Céspedes (Exp. No. 25-020575-0007-CO). La solicitud busca obtener copia oficial del mapa del denominado pueblo tribal del cantón, así como información sobre las acciones municipales para garantizar el respeto a los derechos territoriales de la población afrocostarricense.
Este pueblo fue reconocido formalmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y cuenta con protección internacional bajo el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La gestión se desarrolla en un contexto en el que persisten denuncias y temores sobre la usurpación de tierras ancestrales afrodescendientes y presunto tráfico de influencias para apropiarse de esos territorios.
Posibles efectos de una eventual jurisprudencia
De llegar a emitirse una sentencia vinculante, esta podría derivar en la elaboración de un plano oficial del pueblo tribal que excluya los 200 metros de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), las áreas declaradas como Parques Nacionales y equivalentes (PNE) y los humedales protegidos.
Si bien una delimitación así representaría un precedente para la protección ambiental, también podría ser utilizada para acelerar la implementación de Planes Reguladores Costeros (PRC) en otros cantones, incluido Talamanca, con consecuencias graves para las comunidades costeras: desalojos y demoliciones en la franja pública de 50 metros de la ZMT, y concesionamiento de los 150 metros restantes sin reconocimiento efectivo de posesiones históricas y ancestrales.
Un delicado equilibrio
Este caso pone en evidencia la tensión entre la defensa de los derechos de pueblos tribales y la aplicación de normativas de ordenamiento territorial que podrían afectar la permanencia de comunidades históricas, como las del distrito de Cahuita.
Ante este panorama, Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA hace un llamado a un análisis prudente y consciente de que una resolución en favor del recurso podría atender varios asuntos de interés público, pero también generar efectos adversos sobre la continuidad histórica y cultural de las comunidades costeras afrodescendientes.
Desde la Asociación para el Desarrollo de la Ecología se hizo llegar una carta al señor alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, y al Concejo Municipal, en la que se expone una grave situación jurídica que enfrenta el cantón, producto de errores, inconsistencias e irregularidades administrativas atribuibles al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El documento, firmado por el ciudadano Marco Levy Virgo, solicita que la Municipalidad actúe de forma inmediata y contundente ante las consecuencias legales que afectan al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, particularmente el sitio Ramsar 783, y el humedal del Río Carbón en Playa Negra, los cuales han sido objeto de urbanización, invasiones y fraccionamiento sin control, en parte por la omisión de autoridades ambientales.
Además, se exige la identificación de los funcionarios responsables, incluyendo al exdirector del ACLAC, Edwin Cyrus Cyrus, y al actual ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra. También se insta a coordinar con MINAE y SINAC un mapa integral del ecosistema afectado, con información sobre construcciones legales e ilegales, carreteras, caminos y presencia de personas físicas o jurídicas en áreas protegidas.
La misiva advierte sobre el riesgo económico que estas irregularidades podrían generar para el presupuesto municipal, en caso de demandas legales por derechos otorgados sin fundamento técnico o legal.
Finalmente, la carta fue remitida también a autoridades nacionales como la Defensora de los Habitantes, la Contralora General y el Procurador General, así como a asociaciones comunales, cámaras de turismo y organizaciones del Caribe Sur.
“La Municipalidad debe proteger los intereses de sus ciudadanos y no puede seguir siendo víctima de la negligencia de funcionarios del MINAE y SINAC”, señala el documento.
La reciente nota informativa elaborada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) documenta una grave omisión institucional que pone en riesgo el patrimonio natural del país: la finca 4-156766, ubicada dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, aún no ha sido traspasada al Estado, a pesar de una orden de la Sala Constitucional.
El Parque Nacional Braulio Carrillo representa uno de los principales tesoros ecológicos más importantes del país. Se extiende desde la Cordillera Volcánica Central hasta las tierras bajas del Caribe, abarcando más de 47.000 hectáreas de bosques, ríos y zonas montañosas con una biodiversidad extraordinaria. Este territorio, resguardado por el SINAC y el MINAE, cumple funciones clave en la conservación de agua, conectividad biológica y protección de especies en riesgo.
Dentro del parque, en el sector del Cerro Chompipe dentro de los límites del parque y en una zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 de 1888, se localiza la finca 4-156766, que, a pesar de tener cobertura boscosa y ser considerada Patrimonio Natural del Estado según la Ley Forestal, aún no ha sido traspasada al Estado costarricense.
Aunque ya se emitió una orden de la Sala Constitucional (resolución 2023-017109) y una solicitud formal del SINAC en julio de 2024, la finca continúa inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo cual genera preocupación por su vulnerabilidad ante intervenciones no autorizadas.
La falta de traspaso impide que el Estado ejerza plenamente su autoridad sobre la propiedad, lo que debilita los esfuerzos de protección ambiental. Se han reportado actividades irregulares, como colocación de cámaras trampa y amojonamientos, sin permisos del MINAE. Esta ambigüedad institucional expone el terreno a usos indebidos y demuestra las limitaciones del aparato estatal para hacer cumplir la legislación ambiental.
Ante esta situación, el ciudadano Marco Levy Virgo, con apoyo de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, exigió al MINAE mediante una solicitud formal, un cronograma de acciones con fechas claras para el traspaso, sanciones por intervenciones ilegales y la publicación periódica de informes públicos sobre el avance en la recuperación de terrenos protegidos.
Este caso ilustra la importancia de una ciudadanía activa y vigilante, que, a través de la participación y el seguimiento, impulsa el cumplimiento de obligaciones estatales. Mientras no se concrete el traspaso, la finca permanece en un vacío legal, amenazada por intereses ajenos a la conservación. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para que la protección del ambiente trascienda el discurso y se materialice en acciones reales y oportunas.
Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria
San José, 7 de julio de 2025
El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.
La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.
Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.
Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.
Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.
Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.
El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.
Demandas clave del PCA:
Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S
Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.
Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.
Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.
Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.
Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.
El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.
El Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, aprobado el 5 de octubre de 2023, se encuentra actualmente paralizado debido a requerimientos legales y administrativos que demandan la actualización de la Certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE).
De acuerdo con la Resolución N°2024-003959 del expediente N°23 014549-0007-CO emitida por la Sala Constitucional, se ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) completar, en un plazo de tres meses a partir de la notificación de dicha sentencia, la certificación del PNE en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca. Esta certificación incluye la caracterización y delimitación de humedales en el litoral del cantón, lo cual es indispensable para garantizar la protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, la Sala Constitucional instruyó al Departamento de Urbanismo y a la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), así como al Concejo Municipal de Talamanca, a incorporar las actualizaciones del PNE en el Plan Regulador Costero.
El SINAC ha entregado al INVU archivos digitales de sistemas de información geográfica y un documento que certifica los ajustes realizados, sin embargo, se ha identificado que la documentación remitida presenta limitaciones.
El INVU sobre la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011 2017 para realizar los ajustes del PNE al Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, señala que falta información cartográfica completa, solicitan que se les faciliten los catastros de los PNE y el Excel de los ajustes, debido a la ausencia de catastros actualizados, consulta sobre los criterios técnicos claros para ajustar la zonificación en áreas que antes eran bosques, pero que ahora no están clasificadas como tales.
El INVU sobre la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011 2017 para realizar los ajustes del PNE al Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, se dirige señala que:
La paralización temporal del Plan Regulador Costero responde a la necesidad de garantizar un instrumento de planificación que cumpla con los estándares ambientales, legales y técnicos exigidos. Esto incluye la protección de los ecosistemas sensibles, como los humedales, y el aseguramiento de un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades costeras del Caribe Sur.
Se les invita a todos los pobladores, organizaciones locales y actores interesados a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Talamanca. Una vez se reciban las aclaraciones y documentación requerida por parte de SINAC, se procederá a gestionar los ajustes necesarios la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador Costero, garantizando un proceso participativo y transparente.
Mediante el oficio AEL-00245-2025 dirigido al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, el ciudadano Marco Levy Virgo solicitó formalmente la aplicación del principio precautorio in dubio pro natura para detener el proyecto inmobiliario conocido como Puket, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio Ramsar n.º 783.
La solicitud se fundamenta en las consecuencias ambientales derivadas de la directriz 09-2023, así como en las irregularidades documentadas en el informe TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo. Este informe detalla afectaciones significativas en el ecosistema del humedal, incluyendo la tala ilegal, construcción de drenajes, introducción de especies exóticas y obras sin autorización en zona marítimo-terrestre.
El Refugio Gandoca-Manzanillo es un humedal de importancia internacional que alberga bosques anegados, manglares y especies como raphia taedigera (yolillo), pterocarpus officinalis (sangrillo) y prioria copaifera (cativo). Además, protege el acuífero Sixaola, recurso esencial para la región. De acuerdo con la Convención de Ramsar, Costa Rica tiene la obligación de garantizar su conservación y uso racional.
Según el documento enviado al ministerio, el terreno afectado presenta características de humedal y se encuentra íntegramente dentro de los límites de REGAMA. El informe citado denuncia la alteración de más de 9 hectáreas y la existencia de construcciones ilegales, canalización de aguas, así como una posible fragmentación de la propiedad con fines de urbanización.
Ante esta situación, se solicita la suspensión inmediata de toda actividad asociada al proyecto Puket y la revisión de la directriz 09-2023. También se pide investigar y sancionar las irregularidades ambientales detectadas, implementar un plan de restauración ecológica, proteger el acuífero Sixaola y verificar la legalidad de permisos otorgados.
Finalmente, se insta al ministerio de ambiente y energía a comunicar al secretariado de Ramsar las acciones adoptadas para garantizar la protección del sitio Ramsar n.º 783 y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Costa Rica.
El colectivo CONCEVERDE expresó su agradecimiento al diputado Jonathan Acuña por haber acogido su solicitud de presentar el proyecto de ley 25016, el cual busca transformar en ley el decreto ejecutivo 39259-MINAE.
Este decreto, firmado en Concepción de San Rafael de Heredia el 15 de octubre de 2015, anexó más de 2300 hectáreas de terreno de la zona inalienable establecida por la ley 65 de 1888 al Parque Nacional Braulio Carrillo.
CONCEVERDE considera que la aprobación de esta propuesta legislativa contribuiría no solo a garantizar la protección de fuentes de agua fundamentales, sino también al fortalecimiento de las acciones nacionales frente a la crisis climática.
En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.
Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.
Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.
Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.
Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.
Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.
Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.
Pero….¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?
Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”
Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.
Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”
Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.
La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”
Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.
Medidas que solo resisten con ojos encima
Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.
Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.
Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel
Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.
El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.
En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.
¿Cuál es la forma de operar?
Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.
Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.
«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.
Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur
El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.
Entre los principales efectos están:
Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.
En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.
Conversamos con Lucía Vijil Saybe, licenciada en Comercio Internacional, máster en Cooperación Internacional y máster en Estudios Socioambientales, además de miembro del Equipo de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). En esta entrevista, analizamos la creciente participación de las fuerzas militares en la ‘protección’ ambiental en Honduras. ¿Qué implica esta remilitarización para la sociedad hondureña? ¿Por qué deben preocuparnos estos esquemas de intervención militar? Estas y otras preguntas son abordadas en nuestra conversación.
Para más información, consulta el artículo de Lucía Vijil aquí: https://contracorriente.red/2024/12/17/politica-ambiental-bajo-las-armas-debemos-alarmarnos/.
Recomendamos también visitar las páginas del CESPAD: https://cespad.org.hn/ y del Observatorio de Conflictividad Socioambiental: https://observatorio.cespad.org.hn/quienes-somos/.
*La imagen de la presidenta Xiomara Castro fue tomada de: https://proceso.hn/remilitarismo-una-fuerte-amenaza-a-la-democracia-en-centroamerica-palpable-con-estados-de-excepcion/.
El Ministerio de ambiente y Energía por medio de un comunicado de prensa el día 13 de noviembre anunció que en el contexto del evento mundial de la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) realizó de forma oficial la firma del Memorando de Entendimiento con Israel en Materia de protección ambiental (MOU), con el fin de llevar a cabo intercambio de tecnología, información y mejores prácticas contra el cambio climático, información sobre economía ambiental, entre otros.
Desde el pasado 7 de octubre del 2023, el mundo está siendo testigo de acciones atroces por parte del gobierno y el ejército de Israel que han expuesto, de la manera más cruda imaginable, lo que siempre fue la intención del movimiento sionista: el exterminio del pueblo palestino. El lunes 11 de noviembre en la COP29 se realizó una manifestación donde las voces palestinas fueron el centro y se destacó la interconectividad que existe entre los movimientos mundiales que defienden los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos a la tierra y la lucha contra la industria de los combustibles fósiles, el colonialismo climático y el imperialismo. Y todo esto mientras los pueblos y los territorios siguen siendo sacrificados para proteger los intereses de las empresas transnacionales y sus ganancias.
“El genocidio de Israel en Gaza ha provocado pérdidas humanas devastadoras y una destrucción ambiental que perdurará en el tiempo. Las operaciones israelíes han contaminado la tierra, bloqueado el acceso al agua y generado escasez de alimentos, violando el derecho de la población palestina a un medioambiente saludable. La comunidad internacional y la COP deben reconocer los delitos de Israel como el ecocidio que son”. Abeer Butmeh-PENGON / Amigos de la Tierra Palestina*
De parte de organizaciones del movimiento social costarricense repudiamos la relación del gobierno de Costa Rica con el Estado de Israel, estas posiciones no representan nuestra postura de solidaridad y exigencia de un alto al fuego inmediato.
Como personas costarricenses expresamos vergüenza, indignación y repudio por este “Memorando de Entendimiento” y exigimos suspender toda relación diplomática con el Gobierno sionista y genocida de Israel y relaciones económicas con empresas israelíes, por la defensa de la vida y la dignidad humana y los derechos irrenunciables del Pueblo Palestino.
DEL RÍO HASTA EL MAR… ¡¡¡VIVA PALESTINA LIBRE!!!
Firman:
Firman:
Asociación Comunidades ecologistas la Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Federación para la Conservación del Ambiente (FECON)
Asociación Proyectos Alternativos, PROAL
Frente Nacional de Pueblos Indígenas Costa Rica
Boque Verde
Servicio de Paz y Justicia de Costa Rica (SERPAJ-CR)
Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
Costa Rica por los Océanos
Oilwatch-Costa Rica
*Tomado de : COP29: La sociedad civil se reúne para denunciar la fiebre por ‘falsas soluciones’ y expresar solidaridad con Palestina. Comunicado de Prensa de Amigos de la Tierra Internacional.
