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Etiqueta: protección ambiental

Vergüenza internacional. Costa Rica e Israel firman Memorando de Entendimiento en materia de Protección Ambiental

El Ministerio de ambiente y Energía por medio de un comunicado de prensa el día 13 de noviembre anunció que en el contexto del evento mundial de la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) realizó de forma oficial la firma del Memorando de Entendimiento con Israel en Materia de protección ambiental (MOU), con el fin de llevar a cabo intercambio de tecnología, información y mejores prácticas contra el cambio climático, información sobre economía ambiental, entre otros.

Desde el pasado 7 de octubre del 2023, el mundo está siendo testigo de acciones atroces por parte del gobierno y el ejército de Israel que han expuesto, de la manera más cruda imaginable, lo que siempre fue la intención del movimiento sionista: el exterminio del pueblo palestino. El lunes 11 de noviembre en la COP29 se realizó una manifestación donde las voces palestinas fueron el centro y se destacó la interconectividad que existe entre los movimientos mundiales que defienden los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos a la tierra y la lucha contra la industria de los combustibles fósiles, el colonialismo climático y el imperialismo. Y todo esto mientras los pueblos y los territorios siguen siendo sacrificados para proteger los intereses de las empresas transnacionales y sus ganancias.

“El genocidio de Israel en Gaza ha provocado pérdidas humanas devastadoras y una destrucción ambiental que perdurará en el tiempo. Las operaciones israelíes han contaminado la tierra, bloqueado el acceso al agua y generado escasez de alimentos, violando el derecho de la población palestina a un medioambiente saludable. La comunidad internacional y la COP deben reconocer los delitos de Israel como el ecocidio que son”.  Abeer Butmeh-PENGON / Amigos de la Tierra Palestina*

De parte de organizaciones del movimiento social costarricense repudiamos la relación del gobierno de Costa Rica con el Estado de Israel, estas posiciones no representan nuestra postura de solidaridad y exigencia de un alto al fuego inmediato.

Como personas costarricenses expresamos vergüenza, indignación y repudio por este “Memorando de Entendimiento” y exigimos suspender toda relación diplomática con el Gobierno sionista y genocida de Israel y relaciones económicas con empresas israelíes, por la defensa de la vida y la dignidad humana y los derechos irrenunciables del Pueblo Palestino.

DEL RÍO HASTA EL MAR… ¡¡¡VIVA PALESTINA LIBRE!!!

Firman:

Firman:

Asociación Comunidades ecologistas la Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica

Red de Coordinación en Biodiversidad

Federación para la Conservación del Ambiente (FECON)

Asociación Proyectos Alternativos, PROAL

Frente Nacional de Pueblos Indígenas Costa Rica

Boque Verde

Servicio de Paz y Justicia de Costa Rica (SERPAJ-CR)

Movimiento Ríos Vivos Costa Rica

Costa Rica por los Océanos

Oilwatch-Costa Rica

*Tomado de : COP29: La sociedad civil se reúne para denunciar la fiebre por ‘falsas soluciones’ y expresar solidaridad con Palestina. Comunicado de Prensa de Amigos de la Tierra Internacional.

Irregularidades en Mina Bellavista denuncia un ex supervisor

Un ex empleado de Planta del Proyecto Minero Bellavista, ha presentado una denuncia formal ante el Concejo Municipal y la Alcaldía, en la que expone graves irregularidades en las prácticas operativas de la planta. El trabajador, quien fue cesado de su cargo el 7 de octubre de 2024 tras intentar denunciar estas irregularidades, alega que las colas de la mina se han estado depositando en un área sin impermeabilización, situada a solo 20 metros de un ojo de agua que se infiltra y descarga en el río Ciruelas.

En su denuncia, el ex supervisor también señala que la pileta de contención de emergencia, que debería estar vacía, se encuentra llena de agua de infiltración y carece de los sistemas de detección de fugas requeridos. Además, menciona que la cañería que transporta el agua desde la planta hacia la pileta de emergencia no está debidamente canalizada, lo que ha provocado derrames anteriores al río: estas descargas hacia el río se realizan bajo la aprobación de personal específico, generalmente durante la noche o los fines de semana, con el fin de diluir los contaminantes. 

El ex empleado resalta que tanto la pileta de proceso como la de emergencia no cuentan con sistemas de doble fondo ni con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir derrames, lo que ha puesto en riesgo la vida acuática de la zona, evidenciado por la reciente mortandad de peces en la pileta. Asimismo, García menciona la falta de procedimientos operativos y planes de emergencia ante eventos naturales o accidentes que pudieran resultar en un derrame tóxico.

Eventualmente, se destaca que no existen procedimientos operativos ni planes de emergencia ante eventos naturales o accidentes que pudieran resultar en un derrame tóxico. Para abordar estas preocupaciones, se llevó a cabo una reunión con la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal en la Sala de Sesiones del segundo piso del edificio municipal, y pronto esperar una resolución del Concejo Municipal y la Administración Municipal correspondiente. 

Gandoca no son solo monitos

Roxana Salazar Cambronero
Abogada

Rsc72169@gmail.com

En 1985 el Estado costarricense tomó la decisión de crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Los objetivos de su creación se basaron en garantizar la protección de la riqueza de biodiversidad de la zona.

El Refugio abarca un área territorial que incluye manglares, pantanos, bosque y arrecifes de valor único, en la zona se encuentra la única asociación de yolillo y orey que existe en el país. Otra consideración fue que la zona cuenta con poblaciones de especies en vías de extinción como el manatí, el cocodrilo y el caimán, la danta y diversas especies de monos y felinos. Sin olvidar que en la franja litoral y zona de arrecifes existe un banco natural de ostión de mangle, y criadero de poblaciones como langosta, sábalo. La zona además cuenta playas con potencial turístico sostenible. Pareciera que es algo más que monitos.

En 1992 se publica la novela “La Loca de Gandoca”. Se convirtió en un libro clásico de consulta obligada, trascendió el ámbito nacional. El libro evidenció cómo fuerzas económicas se movían para cambiar el uso del refugio. Se aliaron diferentes personas, con sus propios intereses para cumplir con sus metas económicas.

Apareció nuestra querida Anacristina Rossi e inició una lucha como David para evidenciar lo que estaba sucediendo. Parte de los hechos se han plasmado en la novela.

¿Qué ha sucedido durante este tiempo? Pasamos de un siglo a otro. Se incrementaron los efectos del cambio climático, los residuos no se reducen, tenemos micro plásticos en todo lado, fuimos testigos de una pandemia mundial. ¿Y Costa Rica? ¿Se garantizó la protección del refugio por el que luchaba Anacristina Rossi?

Lastimosamente desde hace varios años venimos recibiendo información de reclamos ciudadanos sobre las afectaciones sobre el sitio. Poco a poco conocemos que las condiciones se han deteriorado, con la indiferencia de los entes a cargo de su protección. Se facilitan actividades que vulneran la riqueza natural del Refugio.

Contrario a lo que se esperaba se han venido confabulando fuerzas del sector público con el sector privado, para no seguir protegiendo “monitos”, facilitando espacios para los negocios, que dicen van a generar empleo y riqueza. Suena como el “BMW” que nos traería el CAFTA. Seguimos esperando, ojalá se haga realidad, ahora tiene que ser uno eléctrico.

Lo que estamos viendo es como una repetición de los hechos de la novela, se están plasmado en situaciones, posiciones y pareciera que incluso los mismos actores, con muy similares intereses económicos. Macondo se repite.

El país representaba un ejemplo de que se podían tomar decisiones para lograr un balance entre la protección ambiental y ser humano. Incluso este mensaje “verde” ha permitido que el país sea un referente obligado para la visitación de turistas de diferentes partes del mundo. Se convirtió en una actividad lucrativa.

La situación pareciera que no es tan maravillosa como se vende. Las diferentes políticas y compromisos país están en sitios web disponibles para consulta. ¿En la práctica como lo vemos?

Frente a estas tristes noticias se nos habla de reverdecimiento de las ciudades, igual que es función del Estado velar por la conservación del ambiente, para mejorar el bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico de la población costarricense.

Las afectaciones al ambiente no son solo en Gandoca Manzanillo, se han venido manteniendo en nuestro país y a nivel mundial. La calidad de vida de los habitantes, nuestra supervivencia depende precisamente de poder proteger a los monitos, de garantizar valiosos recursos como el agua, pareciera que estamos en punto crítico en que debe resolverse para atender nuestro derecho fundamental a un ambiente sano.

Se ha carecido de una constante motivación para que cada uno de nosotros cumpla con el derecho a tener un ambiente sano, y cumplir con obligaciones de hacer realidad ese derecho con compromisos a nivel individual.

Ministro de Agricultura y Ganadería opuesto a la prohibición del clorotalonil y a cumplir orden de la Sala Cuarta

El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.

A raíz de esto, el 24 de agosto del 2023, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, solicitó una adición y aclaración de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde menciona que “el “Informe Técnico Clorotalonil” no es preciso y yerra en cuanto las razones otorgadas para solicitar la cancelación de los registros de clorotalonil” y más bien defiende que la posición del Ministerio no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso del mismo, así como la “emisión de un decreto ejecutivo que contenga disposiciones en cuanto a cómo deben realizarse las aplicaciones terrestres”.

La Sala Constitucional desestimó la solicitud de adición y aclaración argumentando que: “Resulta evidente para este Tribunal, que los alegatos del Ministerio de Agricultura y Ganadería dista de encontrarse relacionados con algún concepto del voto que deba aclararse o adicionarse en los términos que señala el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la sentencia es absolutamente clara en la exposición de hechos y fundamentación”.

A esto añaden que el Ministerio de Agricultura y Ganadería pretende realizar una discusión de carácter técnico que no corresponde al Tribunal, por lo que mantienen que se debe adoptar y ejecutar las recomendaciones del informe. Además, mencionan que el Ministerio de Agricultura y Ganadería presenta una disconformidad con lo resuelto, a pesar del “dimensionamiento que se realizó sobre los riesgos en la utilización del agroquímico clorotalonil en el territorio nacional”.

Álvaro Sagot, abogado que ha dado seguimiento y apoyo al Frente Ecologista de Cipreses, comenta: “Considero que es claro que existe, además de una mala asesoría jurídica, una seria resistencia a aceptar que la protección ambiental del agua está por sobre los intereses comerciales de los exportadores del clorotalonil. Lo terrible de lo anterior es que el agroquímico sigue en el mercado.”

La Sala Constitucional ordenó que en el plazo de seis meses (ya han pasado más de tres) se ejecuten las recomendaciones del informe de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA donde se asegura que en la zonas vecinas de Cartago había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Festival Ambiental de La Gamba de Golfito

El Programa de Gestión Local de la UNED trabaja en el desarrollo del 3° Festival Ambiental de La Gamba de Golfito, a realizarse el sábado 26 de agosto 2023, en el Salón Comunal de 8:00 am a 4:00 pm.

En este festival se realizarán conversatorios, exposiciones, actividades deportivas, educación ambiental, caminata al Parque Nacional Piedras Blancas, entre otras actividades para el disfrute de las personas de la comunidad de La Gamba y personas de organizaciones comunales y campesinas de la región que estarán acompañando el evento.

El Festival tiene como objetivo el involucrar a la comunidad de La Gamba en los procesos de sensibilización por el cambio climático y la protección del medio ambiente, compartiendo en todo momento acciones que coadyuban a generar interés tanto a nivel comunal como institucionales, para un adecuado manejo de los recursos naturales en pro y en beneficio de la colectividad.

Además, de mantener una relación estrecha con el Parque Nacional Piedra Blanca, el cual se encuentra en la parte territorial de la comunidad de La Gamba. La propuesta es que produzca un manejo compartido de las actividades que se desarrollan en el Área de Conservación de Osa, para que le permita una participación activa y fructífera a la comunidad de La Gamba.

Durante el desarrollo del festival, se proponen actividades en coordinación con las siguientes instituciones gubernamentales, la academia y organizaciones comunales:

Organizaciones comunales:

ADI – ASADA – Productores – Ambientalistas – Mujeres – Jóvenes – Artesanos.

Academia aliada:

UCR – UNA – UNED

Invitar a diferentes instituciones gubernamentales como:

MINAE- ACOSA – SINAC – INDER – MAG – ICT – JUDESUR – ICE – Municipalidad – Bomberos.

Un eje temático para la presentación artística es el agua.

Además:

Taller sobre compostaje.

Cuenta cuentos.

Estación de pintura con niños.

Presentación de música rock Syroplasma.

Día de los Parques Nacionales – Conservación en jaque

A pesar de que desde 1999 el turismo es la principal fuente de divisas del país, y gran parte de esta actividad se desarrolla alrededor de la vida silvestre, expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que el país tiene grandes retos para su conservación, de lo contrario estaríamos acabando con la “gallina de los huevos de oro”.

En 51.100 km2 Costa Rica alberga el cinco por ciento de la biodiversidad mundial, dato que no contempla la riqueza de la fauna marina que habita en sus costas. La observación de ranas de ojos rojos, lapas, monos y dantas, ballenas y delfines, es solo una de las actividades que el país promueve para la atracción del turismo, y miles de extranjeros y nacionales, son cautivados por estas y otras especies en las visitas a parques nacionales y áreas protegidas.

Expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que la falta de capacitación a guardaparques, la escasa educación ambiental y sensibilidad hacia estos recursos, falta de regulación y ejecución de la reglamentación vigente y el inevitable desarrollo urbano, podrían pasarle factura al país, y acabar poco a poco con la “gallina de los huevos de oro”.

Para Laura Porras, académica del Icomvis-UNA, uno de los principales desafíos se centra en la interacción entre la gente y los animales silvestres. “En los parques tenemos un rótulo que dice prohibido alimentar a los animales, pero tanto los visitantes como el sector turístico desarrollan esta práctica porque con ello los atraen y llevan la mejor foto”.

Según Grace Wong, también investigadora de dicho Instituto, el sector tiene contradicciones. “Un hotelero llama al Sinac porque hay un cocodrilo cerca de la playa y ellos consideran que es una amenaza para el turista, los funcionarios remueven el animal, pero resulta que este individuo era un controlador de poblaciones de mapaches, con el aumento de mapaches hay más personas mordidas por estos animales que se han acostumbrado a robar comida de los visitantes y el sector hotelero llama de nuevo porque los mapaches ponen en riesgo al turista. ¿son los animales responsables de este comportamiento?”.

De acuerdo con la investigadora hace falta la aplicación de la normativa legal, pero también es necesario educar a los visitantes para que comprendan que los animales silvestres no deben de recibir alimento de los turistas porque los afecta negativamente.

Tal es el caso del Parque Nacional Manuel Antonio que se ha visto en el ojo de la polémica por la cantidad de visitantes que ingresan. “Manuel Antonio es una zona protegida y tiene como prioridad conservar la biodiversidad que alberga, además, tiene la peculiaridad de proteger una subespecie endémica del país en un área bastante pequeña. Es importante mantener esa prioridad de conservación, se puede visitar claro que sí, para eso se hacen las zonificaciones de áreas de uso público pero esas zonificaciones tienen que aclarar cómo, cuándo y dónde pueden estar los turistas. Cabe resaltar que la mayoría de las interacciones las provoca la presencia de alimento de los turistas, y la necesidad de los asistentes de acercarse a la fauna para las fotografías, el contacto y ese tipo de cosas”, detalló Porras.

Para Eduardo Carrillo, académico jubilado de la UNA, quien por más de 35 años ha trabajado en estimar el estado de salud de los bosques a través de especies indicadoras como el jaguar y sus presas, existen suficientes políticas para la protección pero que no se ponen en práctica.

“El país hizo un gran esfuerzo en los 70 con la creación de las áreas protegidas, pero después de eso las abandonamos paulatinamente, los guardaparques no tienen la suficiente capacitación ni el equipo para trabajar, todos sabemos que hay extracción ilegal de oro en Corcovado, pero hacemos muy poco para resolver el problema. Políticas nos sobran, lo que hace falta es ponerlas en práctica”.

Carreteras asesinas

Por otra parte, la creación de infraestructura, aunque necesaria para el desarrollo económico, tiene su impacto en la vida silvestre. Joel Sáenz, director del Icomvis-UNA, fue uno de los pioneros en evaluar el impacto de carreteras construidas y en ampliación, en el futuro se plantea ver los impactos de los parques eólicos y represas, y de acuerdo con sus investigaciones, es urgente que el país norme este tipo de construcciones.

“En carreteras nacionales como la de la Ruta 32, Carara o la que atraviesa el Área de Conservación Guanacaste, puede haber entre 1000 y 3000 animales muertos por año, siendo este un dato conservador porque son producto de un muestreo en un tiempo específico; anfibios y reptiles son las principales víctimas, pero en 10 años hemos podido observar jaguares y pumas”.

Según Sáenz, es necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), incluya una norma o disposición en el Manual de Carreteras para mitigar el impacto tanto en el diseño, como durante la construcción y funcionamiento de la infraestructura.

También es vida silvestre

Para Lilliana Piedra, investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la conservación está más relacionada a una parte ética y moral del ser humano. “Si me limitan a acercarme a 20 metros de una ballena, quiero estar a cinco, esto no se arregla con una ley, yo coincido en que hace falta educación ambiental y una mayor sensibilización de que aquello no es un objeto, sino un ser vivo que al igual que yo merece respeto”.

De acuerdo con Piedra, en materia marítima existe además mucha inseguridad jurídica. “El Sinac maneja una parte, el Incopesca emite ciertas regulaciones, pero el control es del Servicio Nacional de Guardacostas, y hacer de estas entidades un engranaje es algo complejo. Los procesos de gestión y manejo están concentrados en la parte continental, eso limita a que haya buenas iniciativas para conservar los recursos pesqueros”.

Acciones como el pésimo manejo de aguas residuales, la deforestación en la zona continental, técnicas de producción agrícolas poco sostenibles, sobreexplotación pesquera y el manejo inadecuado de los desechos sólidos, asfixian, según Piedra, la vida marina.

Los investigadores coinciden en que el país no necesita de más leyes para la conservación de la vida silvestre, sino de una aplicación más efectiva de las mismas, de lo contrario, uno de los principales atractivos del país estaría en riesgo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNA rechaza acuerdo de Incopesca

Comunicado de prensa

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) emitió un pronunciamiento en el que de forma contundente rechaza la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.

Para los concejales de la UNA, el impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.

Según lo expresado en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-146-2023, es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales.

Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.


Acuerdo completo:

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-146-2023

18 de mayo de 2023
Señores
Comunidad Universitaria y Nacional

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2023, acta no 24-2023, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN RECHAZO AL ACUERDO N.° AJDIP/507-2023: LISTA DE ESPECIES DE PECES Y CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE Y DE INTERÉS ACUÍCOLA EN LAS AGUAS CONTINENTALES, COSTERAS Y OCEÁNICAS, DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.

La Constitución Política de Costa Rica establece, en el artículo 50, la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como derecho fundamental de la ciudadanía costarricense.

Reconociendo la vital importancia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) como institución reguladora de las actividades pesqueras en Costa Rica, tiene la responsabilidad estatal de evitar un impacto negativo en los ecosistemas marítimos costarricenses y sus especies; por consiguiente, resulta fundamental que sus decisiones estén basadas en criterios científicos, técnicos y comprobados que no vulneran su función.

El acuerdo n.° AJDIP/507-2023: Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde Incopesca incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.

El impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.

El criterio enviado por la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, las escuelas de Biología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica Nacional, el 8 de mayo de 2023, donde manifiestan que:

  1. 1. No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del INCOPESCA sobre la información requerida.
  2. Los funcionarios de algunas de nuestras unidades académicas, consultados, suministraron información y recomendaciones técnicas, que no fueron contempladas u omitidas del todo en el acuerdo mencionado.
  3. Aunque el mencionado listado contempla: peces, crustáceos, macroalgas, microalgas, zooplancton y cnidarios, en su nombre solo se consignan peces y crustáceos, con lo cual la nueva norma aprobada por INCOPESCA induce a error y evidencia negligencia sobre este importante tema.
  4. El extenso listado aprobado, que incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables, no fue preparado bajo una metodología clara y sustentada en datos confiables y verificables.
  5. Esta nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense.
  6. Además del daño irreparable y directo a valiosos ecosistemas, Costa Rica sufre un considerable perjuicio en su imagen de país, dedicado a preservar y utilizar responsablemente su biodiversidad, lo cual repercute a su vez en un grave deterioro económico y social.
  7. Conscientes del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, nuestras unidades académicas están a disposición para aportar conocimiento técnico y científico al INCOPESCA.
  8. Para la actualización de la lista indicada, se convoque oficialmente a expertos mediante nuestras unidades académicas.
  9. Por las anteriores consideraciones, el acuerdo AJDIP/057-2023 debe derogarse de inmediato.

Es evidente el riesgo y la amenaza que afecta de forma directa a las poblaciones de flora y fauna de nuestro país, las cuales representan la mayor densidad de biodiversidad del mundo; es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales. Por consiguiente, es importante recordar que atravesamos una crisis climática que está devastando el planeta y el mercado es el principal culpable, ante esto como país debemos comprender que urgen políticas para proteger el ambiente y combatir la crisis en beneficio de todos los costarricenses y la humanidad.

Con base en los argumentos expuestos, nos unimos al rechazo categórico de haber formulado un acuerdo carente de criterios especializados en el tema. A su vez, hacemos un llamado al Incopesca para que valore la importancia de considerar lo establecido por estas instancias y reflexione sobre la urgencia y la obligación de preservar nuestras especies, ecosistemas y ambiente en medio de las amenazas por la crisis climática y el mercado.

Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.

Atentamente,

Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

2022 registró 291 acciones colectivas en protección del ambiente y Derechos Humanos

  • Pueblos indígenas registraron 127 acciones y de estas 45 fueron denuncias por violencia en su contra.

El Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales (OCAC- IIS) de la Universidad de Costa Rica presentó su informe anual 2022 donde se registran los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan en distintos territorios del país.

Este es su tercer informe que se construye a partir del monitoreo de medios y organizaciones sociales. En total durante el período enero-diciembre 2022 se registraron 291 acciones colectivas. Un número menor que en los dos años anteriores. Sin embargo, esto no se debe necesariamente a una mayor atención de las problemáticas o a una disminución de estas sino “más bien, pareciera que se puede apuntar a un cambio influenciado por el regreso a la presencialidad y los cambios en los protocolos sanitarios. Esto se evidencia en los repertorios y estrategias utilizadas desde diversos colectivos para manifestarse” (Informe 2022, OCAC).

En particular destaca el tema de las luchas por la defensa territorial de los pueblos originarios y su lucha por la recuperación de sus territorios que continúan sin una respuesta integral del Estado y la impunidad ante los hechos violentos sufridos en dichos procesos. De hecho, del total de acciones 127 estuvieron vinculadas a las demandas realizadas desde grupos de personas indígenas. De estas 45 denunciaban amenazas o agresiones directas, incendios, amenazas con armas y tentativas de homicidio, entre otras.

Por otra parte, desde el sector de acciones colectivas por la defensa del ambiente también se puede ver cómo continúan las disputas correspondientes a proyectos mega hoteleros, conflictos por el acaparamiento y contaminación del agua, promoción de proyectos de ley que perjudican al ambiente y oposición a proyectos que buscan la protección de quienes lo defienden (Acuerdo Escazú). Se ve también un mantenimiento de las problemáticas relacionadas a la violencia de género, desalojos y al debilitamiento de la institucionalidad y la producción local.

Sobre el papel del Estado dentro de las dinámicas de estos conflictos, el docente y coordinador del Observatorio Daniel Fernández Vásquez menciona: “los conflictos no nacen de la nada, no es como que se contamina sólo un río y por ahí sale el conflicto, sino que esa contaminación viene justamente una serie de políticas, un modelo de desarrollo, un modelo de producción.”

Este informe 2022 del OCAC es el primero de estos que no se ve permeado de una manera tan directa por el contexto pandémico y las particularidades arraigadas a la virtualidad y además incorpora acciones colectivas de las organizaciones feministas y del movimiento LGBTIQ+.

Al igual que en los informes correspondientes al 2020 y al 2021, los cuales contaron con cifras de 431 y 406 acciones colectivas, las luchas por territorios indígenas y el ambiente se mantienen como principales actores dentro de la movilización social en estos tres años.

El OCAC surge en el año 2019 como un complemento a la base de datos PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En su página oficial señala que el Observatorio se plantea como una propuesta para sumar en la visibilización de los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones.

Descargue gratis aquí: https://repositorio.iis.ucr.ac.cr/handle/123456789/1186

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica

Kioscos Ambientales UCR

Propuesta de UCCAEP sobre a explotación petrolera una invitación a la barbarie y volver a las cavernas

(Bloqueverde- Oilwatch Costa Rica, 26-4-23). La ruta de ‘bienestar económico y calidad de vida’ propuesta el día de ayer por la UCCAEP evidencia la atrasada mentalidad de una generación empresarial anclada en desangrar a la tierra y los seres humanos para hacer dinero y además profundiza su tendencia contra la vida evidenciada en posiciones retrogradas contra el Acuerdo de Escazú o hablar de “acoso ambiental.”

Mientras las nuevas generaciones se aprestan a dar una de las batallas más trascendentales para la Humanidad, otros -los que ya vivieron la mayoría de su vida- quieren precipitar la debacle climática del planeta al insistir en reactivar la explotación petrolera en Costa Rica.

Es una clara propuesta de testamento para la salud del clima del planeta. De concretarse semejante retroceso, mataríamos nuestra verdadera gallina de los huevos de “oro”, ya que la verdadera riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad y en la gente que la resguarda.  La propuesta señalada nos llevaría a lapidar la inspiración que ha generado Costa Rica a nivel internacional en ser libre de este tipo de extractivismos. Estas añejas y cavernarias propuestas de acabar con el futuro en un momento en el que hay que apostar por las nuevas energías y la protección de la biodiversidad solo pueden ser ocurrencias oscurantistas y desfasadas.

La propuesta está asentada sobre una posibilidad remota: la improbable existencia de petróleo en Costa Rica. Ni siquiera los impulsores de esta falacia pueden asegurar de forma certera que hay petróleo en este país. Todo se basa en números y datos de compañías que los inflaban en al son de la especulación para vender el proyecto y sacarle plata demandando al Estado.

Se presentan la misma colección de números alegres que se puede hacer con cualquier calculadora y que acompañaron las intenciones de pasados intentos de explotación petrolera, todos rechazados mediante estudios científicos, dictámenes técnicos, recursos legales y con organización social.

Todos estos números alegres lo que no nos muestran son los costos ambientales que traería esta industria para la sociedad, los ecosistemas y la maltrecha atmósfera. Precisamente las anteriores intenciones para esta actividad arrojaron mayores costos socio ambientales que los mentados y supuestos beneficios.

La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Este consenso fue ratificado por una moratoria petrolera en la administración de Abel Pacheco. Óscar Arias se negó a firmar el contrato con la Mallon Oil. Laura Chinchilla amplió el decreto de moratoria hasta el 2021 y la moratoria también fue ratificada durante la administración Solís y por la pasada administración extendiéndola hasta el 2050.

El actual gobierno en campaña dijo no al petróleo y si al gas, pero estudiando costo beneficio como combustible de transición, sin saber muy bien técnicamente que eso no es posible, es decir el gas y el petróleo vienen asociados. Que transición puede ser hacer más extractivismo y seguir calentando el planeta.

Imagínense a los turistas viendo plataformas de explotación petrolera en la costa y sus típicas mareas negras de brea tapizando de inmundicia la arena blanca del Caribe… ¿Acaso se les olvida cuál es la principal fuente de divisas que tiene nuestra economía?

Al tiempo que el resto del mundo discute como reducir la quema de petróleo y migrar hacia otras alternativas, en Costa Rica se salieron de las cavernas retrógrados trasnochados irrespetando algo que ya fue discutido y acordado. Costa Rica ya decidió dejar el petróleo bajo tierra y liderar en temas ambientales. Esto no lo va cambiar toda la agenda desregulatoria y regresiva ambientalmente impulsada por el actual gobierno.

Es urgente dejar los combustibles fósiles bajo tierra, dejar que el planeta se enfrié, dejar de quemar combustibles fósiles. Ya no hay tiempo para devolverse a este tipo de discusiones estériles y que retardan las decisiones y acciones que se necesitan para ayer.

Con esta propuesta a la borda la cumbre del clima, convenios internacionales, leyes, resoluciones y planes para reducir la dependencia del carbono esta propuesta es una invitación a volver a la barbarie y al pasado. Ya se sabe que la tierra es redonda y no plana, y ya se sabe que, de seguir quemando petróleo, no habrá futuro. Llamamos a las nuevas generaciones a organizarse y a pelear por su futuro. A los que ya jugaron y no aportaron en su momento les decimos que no sean tan inconscientes y dejen a las futuras generaciones las posibilidades y las condiciones para la sobrevivencia.  

Dos preguntas claves de exploración petrolera

¿Hay beneficio nacional?

En el Artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos No. 7399 queda claro que el contratista venderá al Estado a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor de los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes. Esto quiere decir que Costa Rica comprará el barril (gas) a precio de mercado. Del análisis del contrato firmado a nombre del Estado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez a favor de MKJ-XPLORATION 8-1999 (que más tarde cedería sus derechos a Harken) queda claro que esta actividad no generará la prometida riqueza, porque el petróleo resultaría ser de la empresa pagando una regalía en dinero o especie (petróleo) y el impuesto sobre la renta. En este contrato se establecía solamente reinvertir “un 5% de sus utilidades netas en el desarrollo de programas sociales y ambientales”. En la industria petrolera, las compañías generalmente no reportan ganancias. Además, la actividad petrolera afectaría negativamente las actuales actividades económicas más importantes del país que es el turismo y la agricultura (Alvarez, 2015).

¿Por qué se rechazó la exploración petrolera en 2002?

Primero, se firmó una concesión sin estudio de impacto ambiental y posterior se firma el contrato con un Estudio de Impacto Ambiental de reflexión sísmica. Luego en marzo del 2002 un segundo Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero en Mohín” fue declaró al proyecto “no viable ambientalmente” por la SETENA. Esto abrió toda una discusión nacional sobre la legalidad o vigencia del contrato con Harken Costa Rica Holdings firmado sin aprobar un verdadero e integral Estudio de Impacto Ambiental. El contrato lo incumplió la empresa al no poder aprobar el Estudio de Impacto Ambiental. A finales del 2003, Harken exigió una compensación de US$ 57.000 millones, mediante un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial. En el 2005 como la demanda internacional no tenía sustento demando al Estado en el ámbito contencioso administrativo y bajo su pretensión a trece millones de dólares ($13.000.000,00) por los daños y perjuicios causados durante la vigencia del contrato (entre 1999 y 2005). En 2014 es decir 9 años después el Tribunal Contencioso da la razón al Estado la sentencia No. 1754-2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo asegura que“…se rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C. (Alvarez, 2014).

Imagen: Semanario Universidad.

La Asociación Madre Tierra rechaza las declaraciones del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattembach, en relación con el Acuerdo de Escazú

  • El ministro de Ambiente y Energía reproduce mitos y argumentos falaces socializados por sectores económicos que adversan el modelo de desarrollo sostenible costarricense.

  • Declaraciones emitidas por el ministro al medio internacional El País, provocan preocupación, y pueden generar perjuicio para la imagen del país.

San José, Costa Rica. La Asociación Madre Tierra expresa su preocupación y molestia por las declaraciones emitidas por el ministro de Ambiente y Energía, el señor Franz Tattembach, al medio internacional El País (Publicación del 02 de septiembre de 2022), en las que afirma, entre otras cosas, en relación con el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú que: “No lo vamos a ratificar simplemente porque se llame Acuerdo de Escazú.” – “El acuerdo de Escazú muchos sectores lo ven como no necesario.” “Es que puede trabar mucho más los proyectos de inversión, como carreteras”.

Las declaraciones del ministro no solo faltan a la verdad, son imprudentes y carecen de sustento técnico y científico, se contraponen al modelo de desarrollo de protección del ambiente que, como política de estado ha sido adoptado, impulsado y respetado por varios gobiernos en Costa Rica. Si en algo hemos coincidido los costarricenses, y ha encontrado a todos los sectores políticos a través de generaciones, es en la apuesta al desarrollo sostenible y sustentable; Costa Rica ha apostado a la diplomacia ambiental como uno de sus ejes centrales de su política exterior, consolidada también por sus sólidos principios y valores en la defensa de los derechos humanos, de manera que las declaraciones del ministro muestran incoherencia y una desvalorización del derecho internacional.

Distintas organizaciones internacionales y de banca multilateral, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han sostenido que el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones.

El ministro también reconoce en esa entrevista que no es ambientalista y, se pronuncia como vocero de los intereses de otros sectores económicos y gremios empresariales. En ese sentido le recordamos al ministro, que su responsabilidad principal como rector del sector, es la de velar por la protección del ambiente y de quienes lo defienden.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras del medio ambiente, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años (2021). Una reciente investigación publicada en el país dio cuenta de casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas, locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 personas defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría se mantienen aún en la impunidad.

Por todas estas razones es urgente la ratificación del “Acuerdo de Escazú” por parte del Estado costarricense. La Asociación Madre Tierra, luego de repudiar las declaraciones del ministro, hace un llamado para que el gobierno de La República remita cuanto antes a la Asamblea Legislativa el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú” y contribuya a crear el ambiente apropiado para su ratificación por parte de esta.

Bach. Ariel Romero Ruiz,

Coordinador Comisión Asuntos Políticos y Legislativos

Asoc. para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra

Dr. Alberto Salom Echeverría,

Presidente

Asoc. para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra