Se le invita a ver y escuchar el capítulo sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 2022, publicado por Onda UNED. A lo largo de este video se expone sobre el río Sarapiquí, las problemáticas que está afrontando, y acciones que se están tomando para protegerlo, además de una serie de temas vinculados a la protección y conservación del ambiente.
El programa cuenta con Laura Salas y Vanessa Valladarez como presentadora y moderadora respectivamente, por otro lado como personas invitadas se presentan Rafael López, Rossilyn Valverde y, Juan Amighetti, miembros de la Comisión de Salvaguarda río Sarapiquí, sobre la la Ley N.° 10152 para el desarrollo sostenible de la cuenca del río Sarapiquí y la protección de su cauce principal.
Más allá de esto, se habla sobre los proyectos de ley asociados al ambiente, sobre la protección de recursos naturales y qué pasos debe tomar tanto el gobierno como la ciudadanía costarricense para que la naturaleza pueda prosperar.
El 2021 concluyó con un enorme paso en la protección ambiental. Costa Rica hizo historia al firmar el decreto de ampliación de las áreas marinas protegidas alrededor de la Isla del Coco, ratificando de esta forma el compromiso de promover la sostenibilidad de los recursos marinos.
Las áreas marinas protegidas son una herramienta integral que promueven la protección y manejo de ecosistemas enteros, incluido el hábitat y su función. Además, protegen la biodiversidad en tres niveles: ecosistema, especies y genética, y brindan resiliencia al océano contra impactos externos como el cambio climático.
Desde FAICO, Amigos Isla del Coco respaldamos las acciones que se realizaron para pasar de proteger de un 3% de las aguas jurisdiccionales de nuestro país a un 31%. De esta manera se reduce la enorme deuda histórica que existía en materia de protección de nuestro océano.
Durante los últimos 28 años, hemos trabajado hombro a hombro con el Área de Conservación Marina Coco (ACMC) por la conservación de la Isla del Coco. Nos enorgullece saber que hoy protegemos uno de los ecosistemas claves para la biodiversidad del Pacífico Este Tropical y un espacio natural donde se promueva la movilidad, conectividad y dispersión de especies.
Con la ampliación, el Parque Nacional Isla del Coco, ahora mide 54,844 km2, 26 veces más grande que el área anterior, protegiendo así una parte representativa de la Cordillera Submarina del Coco y sus montes submarinos. Mientras que el Área Marina de Manejo del Bicentenario, mide 106,285 km2, promoviendo la conservación y el uso sostenible de una de las áreas marinas de mayor productividad en el Pacífico Oriental Tropical.
Estamos conscientes que, al contar con mayor territorio marino protegido, también debemos asumir nuevos compromisos y retos. Por eso desde FAICO continuaremos apoyando y fortaleciendo la gestión del ACMC y sus usuarios, promoviendo y consolidando alianzas, otro factor fundamental para la efectividad de las nuevas áreas.
Sabemos que con estas acciones claves promovemos la resiliencia de nuestros océanos a presiones como el calentamiento global y la acidificación; y que, de forma paralela tenemos que fomentar la implementación de actividades continuas y contundentes para la protección, manejo y uso sostenible del océano.
La ciencia lo ha ratificado en múltiples ocasiones, la Isla del Coco es un laboratorio natural del planeta y un hábitat esencial para la vida marina global. Las áreas protegidas alrededor de este singular ecosistema son clave para la adaptación de la biodiversidad marina a las posibles modificaciones climatológicas y oceanográficas relacionadas con el cambio climático. Su conservación es un compromiso que asumimos hoy para preservar un planeta azul para las futuras generaciones.
Proteger una parte representativa de la Cordillera Volcánica del Coco y sus montes submarinos, era una necesidad para salvaguardar los hábitats esenciales para especies endémicas, en peligro de extinción, vulnerables y con alto valor comercial.
Sabemos que el mundo, hoy observa a Costa Rica con ojos diferentes y como un modelo para lograr el objetivo global de proteger el 30% de la superficie del planeta para el año 2030.
Desde todas las trincheras este 2022 debemos seguir trabajando y promoviendo un país azul, que ama la vida que empieza en nuestros mares y que da equilibrio al planeta.
Henry David Thoreau, filósofo trascendentalista, ecologista del siglo XIX, quien decía solo sentirse pleno viviendo en comunión íntima con la naturaleza, relativamente lo logró por dos años, refugiado en una pequeña cabaña en la ribera de la laguna Walden Pond, en el histórico Concord, Massachusetts. Sus otros 43 años le fueron, como a todos nosotros, “diseñados” por el entorno en que subsistimos LOS QUE VIVIMOS EN COMUNIDAD. Si se quiere, presos en comunidad. Y es que pretender una adecuada calidad de vida para nosotros, nuestras familias, y demás habitantes de una región o una nación, sin “tocar” la naturaleza, es una utopía que en un sueño idílico sería posible, pero que ante el peso de la realidad es imposible. Así ha sido desde que los predecesores del Homo sapiens empezaron a reunirse en las cavernas, obligados por las circunstancias, para subsistir. Por eso el que se considera precursor del ecologismo, el filósofo Thoreau, no tuvo más remedio que dedicarse a la fabricación de lápices de grafito, para subsistir. Igualmente, todos los individuos de nuestras sociedades, desde su nacimiento, no podemos más que ser cómplices de la huella de carbono que hasta una sencilla camiseta de algodón ha dejado tras de sí. Prenda común de algodón que al llegar a nuestras manos HA CONSUMIDO EN EL CAMINO UNOS DOS MIL LITROS DE AGUA. “Mejor no me hablen de ello”, dirán algunos para falsamente liberarse de la culpa, porque saben que no se trata solamente de una camiseta. Citamos a Thoreau, movidos por unos estimables comentarios en contra de la propuesta de EXTRAER EL ORO que se encuentra en el subsuelo en la localidad de Crucitas, bien al norte de la provincia de Alajuela. Por nuestra experiencia de muchos años trabajando en el área de la conservación y protección ambiental, recibimos con respeto, pero no podemos compartir los criterios de que tal riqueza aurífera, ha de quedarse allí enterrada para siempre (o mientras tanto…) porque “la naturaleza es sagrada”. Que más bien habría que buscar la manera de recuperar el bosque destruido en ese remoto lugar de Costa Rica. Que quizá, incluso, podría erigirse como un «atractivo turístico», algo así como «un museo» geológico en el que, extrañamente, no habría nada que exhibir. Y es que parece que lo dicen de buena fe, sin detenerse a pensar al menos un instante, en que esa riqueza perteneciente a todos los costarricenses, podría muy fácilmente CAER EN MANOS DE TRANSNACIONALES muy dispuestas a explotarla para su egoísta beneficio. Oro que todos conocen dónde se encuentra y que, con una injustificada modificación al Código de Minería, lo podríamos perder irremediablemente. Ante esa alternativa, invitamos muy respetuosamente a considerar la que creemos es más razonable. Como en toda evaluación ambiental, se trata de poner en una balanza los pesos y contrapesos: en un plato el impacto ambiental que el proyecto produciría (podría ser una carretera, por ejemplo) y en el otro, LOS BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS derivados del mismo, dentro de un contexto en que se consideran, por supuesto, las necesarias medidas de mitigación del impacto sobre el ambiente. En este caso, se trata de extraer el oro que tenemos en medio km2, muy degradado por cierto, de la totalidad del territorio nacional. Hablamos pues del 0,001% de una parte muy valiosa en recursos minerales de nuestro suelo. Explotación que, cabe aclarar de una vez, sería ejecutada POR EL ESTADO costarricense para su propio beneficio, por lo que no requiere siquiera derogar la prohibición legislativa que se aprobara hace una década en forma unánime, que impide otorgar concesiones obviamente a entes privados. El sustento y motivación de esa idea que habría de evolucionar a proyecto si fuere acogido por nuestros gobernantes, es la población creciente de Ciudadanos de Oro. Esos CIENTOS DE MILES DE VIEJITOS que ya antes de la pandemia que parece interminable, ocupaban más del 65% de las camas hospitalarias y espacios en los centros de atención primaria, que por más de un millar tiene la CCSS por todo el país, para los cuales ya son insuficientes los recursos financieros, materiales y humanos. En muy pocos años, dicha población superará el millón de personas, y aunque hasta los expertos de la OCDE han reconocido que será IMPOSIBLE PARA LA CAJA atender las necesidades sanitarias de quienes las demandarán inevitablemente, los mismos analistas NO pudieron identificar una sola fuente de financiamiento. Nosotros sí hemos hecho la propuesta financiera, aunque para ello hemos de “tocar” la Madre Tierra., en circunstancias tales que seguramente el admirado Thoreau aprobaría, así como los ambientalistas que lucen camisetas de algodón… que cuestan dos mil litros de agua. Como ilustración, ese medio km2 que se intervendría, corresponde a un área menor al del Parque Metropolitano de La Sabana. Es, en términos comparativos, un área insignificante que no está definida como área de conservación. Visto a través de una lupa de cristal fino, de esos que no distorsionan la imagen, se trata de una oportunidad, de una respuesta inteligente, de UNA SOLUCIÓN, a un gravísimo problema que tiene que ver con algo tan sensible como lo es el DOLOR HUMANO, el sufrimiento inmerecido de los que después de haberse sacrificado por Costa Rica y sus hijos, nietos, bisnietos y otros, demandan de una MANO AMOROSA para los últimos años de su vida terrenal. El desarrollo de UN SISTEMA HOSPITALARIO INTEGRAL, donde la medicina preventiva y el acompañamiento familiar sean parte importante, estaría garantizado con ese oro nuestro. El que hemos llamado HOSPITAL DEL ORO se regiría por esos principios. A diferencia de otros proyectos de indiscutible trascendencia, este bebé lleva «el bollo de pan bajo el brazo», como le escuchábamos decir a nuestro amado abuelito Juan León. No requiere de la venta de ninguna institución pública ni de ningún nuevo impuesto. Pero de lo que sí requiere es de la comprensión de los que prefieren usar una lupa que distorsiona las imágenes, en tal forma, que ven el Hospital del Oro cual si se tratara de un proyecto destructor de la naturaleza que se propone con fines electorales por quienes lo han acogido. A ellos, a los detractores, les pedimos, casi que les rogamos, que por lo menos no le pongan obstáculos en el sendero que, por fin, después de tres años del nacimiento de la idea, parece abrirse camino. ¡Démosle ese regalo a nuestros viejitos, a esos que usted y yo tenemos en nuestras familias!
El día jueves 6 de mayo del 2021, un representante de CONCEVERDE escribió a una representante del SINAC para presentar una nota en la cual le presentaron su inconformidad con respecto al informe No. SINAC-ACC-OH-1364-2020, el cual coadyuvó para que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara denuncia conocida bajo el Expediente No. 087-19-03-TAA.
Se recibió una respuesta de la señora María Elena Fournier Solano, de Yisky, ese mismo día, en la cual indicó que apoyan en todos sus alcances, la disconformidad sobre la situación descrita, y agregó que, con sólo echar un vistazo a las fotos y la denuncia interpuesta, parece de toda lógica que ha habido un daño socioambiental. También indica que parece muy obvio el daño, pero que no se quiere ver la dimensión de este acto al intervenir el cauce natural de un río y que puede significar un problema serio en ese mismo sitio.
María Elena resalto que como señala uno de los 10 principios de la defensa, protección y conservación del agua que propone la activista mundial Dra. Maude Barlow, que lideró el movimiento ante las Naciones Unidas, para que se declarara el acceso, calidad y cantidad del agua como un Derecho Humano (y que, desde la UNED, están promoviendo con el Proyecto “Ambiente y Arte” bajo su propia coordinación) y para el caso que se expone especialmente resaltó los principios No. 2, el No. 5 y en especial el No. 8 y el No. 9.
El día 10 de mayo el señor Rafael Gutiérrez indicó a su vez que este tema fue respondido por la Oficina de Heredia y se indica que las denuncias están presentadas en las instancias judiciales respectivas. José Francisco de CONCEVERDE respondió que él conocía que fue respondido por la Oficina de Heredia, pero recalcó que el objetivo de la protesta es en contra del Informe de Gira ACC-OH-1183-2020, el cual llevó a que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara una denuncia, en tanto ese informe se sustenta en una gira de inspección realizada un año y medio después de haberse denunciado los hechos ante el SINAC Heredia y el Tribunal Ambiental Administrativo, informe del SINAC que no señala e informa sobre todos los hechos, al señalarse que sólo se llevó a cabo una “recava”, y por tanto “ NO PROCEDE REALIZAR NINGUNA PROPUESTA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE DAÑO AMBIENTAL”.
En el informe se omiten hechos como dejar sin agua el río a causa de apresamientos, muros de gaviones, construcción de caminos dentro del río, movimientos de piedras etc.… José Francisco señala que la omisión de las personas que redactaron el informe o del SINAC, no hizo más que ayudar a que el responsable de cometer los hechos saliera librado ante la instancia administrativa (TAA). Añade que es preocupante para los que han denunciado los hechos realizados sobre el Río Tibás y su zona de protección, que sea con base en el INFORME DE GIRA ACC-OH-1183-2020 u otro igual de omiso y complaciente con el responsable de los hechos, que la Fiscalía valla a resolver.
Se propone una reunión con las personas interesadas, para explicar con una línea del tiempo y los insumos correspondientes ambos casos que se atendieron en el Río Tibás. José Francisco de CONCEVERDE agradece por la disposición de tener una reunión. E indica, que en su condición de quien presentó la queja y/o inconformidad con el informe de gira ACC-OH-1183-2020, que se le informe bien cuál sería el objetivo de la reunión y quienes participarían por parte del MINAE/SINAC.
Añade que como uno de los denunciantes ante la oficina de la denuncia por los hechos en el Río Tibás llevados a cabo en la finca de sociedad supuestamente representada por Fabio Rojas, solicitó en caso de existir otro u otros “informes de gira” que no sean el ACC-OH-1183-2020, que se le envíe copia de los mismos por el correo electrónico.
Luego de un tiempo de haber solicitado informe de gira sobre el caso del Río Tibás, derivado de inspección en la finca de en Emeral And Sons Projects S.R.L cuyo representante supuestamente es el señor Fabio Rojas, no recibió ningún informe. No obstante, indica que ha obtenido por otros medios el informe solicitado, el cual es el INFORME DE GIRA SINAC-ACC-OH-310 del 26 de marzo del 2019.
Del informe de marras, es claro que sólo investigaron movimientos de tierras dentro de la finca, por lo que indica que echaron de menos que no se fuera a investigar todos los hechos denunciados por el suscrito y otras personas, como fueron tala en área de protección del Río Tibás, actividades u obras dentro del mismo río, como apresamientos con tierra y piedras, construcción de caminos dentro del lecho, Consta en el informe (copia textual):
“En el recorrido por la finca en el sector que colinda con el Río Tibás, se puede observar que hubo un movimiento de tierra dentro del área de protección de dicho río. Que de acuerdo con el propietario es por un asunto de protección por crecidas del río en épocas de lluvias fuertes
(…)
Además del movimiento de tierra, se puede apreciar una esquiva de árboles de especies variadas, los cuales fueron cortados mediante el certificado de origen N°31635, el cual consta en el expediente VC-VC05-CO-PF-070-2018 de esta oficina.
También se le solicito retirar los troncos de madera a otro sitio fuera de la zona de protección.”
Dentro de áreas de protección de los ríos no se puede llevar a cabo eliminación de árboles, aun con un certificado de origen, por lo que José Francisco indica que se imagina que al citar tal hecho, se quisieron referir a talas llevadas a cabo fuera de esa área; entonces surge la duda del por qué no se evidenció o sobre la tala en el área de protección, donde era evidente que se había vulnerado esa zona con talas, y que cuando fueron, todavía estaban los troncos dentro de dicha área; y también cuestiona, cuál fue la razón para solicitar al representante de la dueña de la finca, que retiraran los árboles dentro de la zona de protección. También surge la duda del por qué omitieron informar de manera contundente sobre las obras llevadas a cabo dentro del cauce del río, actividades que, por su tamaño, no pudo ser posible que no las vieran, además de estar en la zona que hicieron la inspección.
Adjunto se encuentran una serie de imágenes bajadas de Google Earth donde se aprecia el cambio que tuvo el área de protección del Río Tibás a partir de diciembre del 2018, fecha aproximada donde comenzaron a llevarse a cabo las obras de movimientos de tierra, talas en área de protección del Río Tibás y actividades dentro del lecho del mismo río.
El 5 de junio, Día del Ambiente, cerca de 300 personas se manifestaron en la entrada de Playa Guiones en contra de la decisión del Tribunal Contencioso. Este ente dejó sin efecto el Reglamento de Construcciones para el área de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.
Debido a esto y en respaldo al trabajo de la Asociación Cívica de Nosara y la Municipalidad de Nicoya por sus esfuerzos de regular ambientalmente las actividades urbanísticas de esta zona, el Movimiento Comunal en Defensa del Refugio de Vida Silvestre Ostional, convocó a la protesta, según informó Alejandro Cordero, uno de sus integrantes.
El objetivo de la convocatoria fue manifestarse a favor del seguimiento de este reglamento de construcciones aprobado por la Municipalidad de Nicoya para el Refugio de Amortiguamiento de Ostional, que pone límites a las construcciones para proteger la biodiversidad de la zona.
La marcha que dio inicio a las 9:00 am en Guiones y culminó en el Hotel Gilded Iguana, propiedad del desarrollador que solicitó dejar sin efecto el Reglamento de Construcciones que ahora defienden las comunidades.
Las personas demandan que las empresas se apeguen a las regulaciones ambientales desarrolladas en el país y la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible para las comunidades de Nicoya y Nosara.
Información compartida con SURCOS por María Trejos. Créditos de las fotografías Guananoticias.
La Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí presentó ante el Departamento de Participación Ciudadana de Asamblea Legislativa el documento de iniciativa de proyecto “Ley para el Desarrollo sostenible de la Cuenca del Río Sarapiquí y protección de su cauce principal”. El objetivo es que se declare una Salvaguarda de 25 años que prohíba nuevos proyectos hidroeléctricos y mineros.
La Comisión informó a SURCOS que el Concejo Municipal de Sarapiquí respalda la gestión con una votación de siete votos afirmativos de la totalidad de los miembros que integran este Órgano. El acuerdo se tomó el 10 de mayo del 2021 y a la letra dispone:
Dar un voto de apoyo al “Proyecto de Ley, para el Desarrollo Sostenible de La Cuenca del Río Sarapiquí y La Protección de su Cause Principal”, entregado al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, con el número de consecutivo 10220421.
Nombrar a Orlando Brenes Varela como enlace de la Municipalidad de Sarapiquí en el proyecto supra.
Para mayor información sobre el tema se pueden visitar los siguientes enlaces:
La Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí presentó el documento de iniciativa de Ley por parte de la ciudadanía para proteger la Cuenca del Río Sarapiquí. La comisión fue creada con la finalidad sentar las bases para la protección, el desarrollo sostenible de las actividades que se desenvuelvan en la cuenca y el uso sostenible de su biodiversidad, en vista del deterioro y las amenazas identificadas
El artículo 1 del proyecto establece que:
“Se declara una salvaguarda ambiental a todo lo largo del cauce principal del río Sarapiquí, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río San Juan, por un periodo de veinticinco años prorrogables, con la finalidad de mantenerlo sano y libre de barreras físicas”.
Las bases del proyecto de ley son los ejes ambiental, cultural y socioeconómico que rodean al río Sarapiquí. En el ámbito ambiental se busca cuidar las áreas protegidas, las investigaciones científicas y la biodiversidad del lugar, entre otros aspectos. El elemento cultura destaca la historia, los hallazgos arqueológicos, asentamientos indígenas y a nivel socioeconómico se sustenta en el turismo sostenible, fuente de empleo, fuente de alimento y recreación, así como medio de transporte entre comunidades.
El proyecto busca que se concrete la protección de una zona que alberga alrededor de 4000 especies de plantas, más del 50% de las aves de CR, más de 125 especies de mamíferos y que posee el 30% de peces de agua dulce del país.
Ante las amenazas identificadas se refleja que ha existido un cambio en el uso del suelo y un mal aprovechamiento de los recursos hídricos lo que significa, irremediablemente, pérdida de la biodiversidad y de los ambientes naturales, lo que provoca alto riesgo de extinciones locales de especies e interrupción de procesos ecológicos, se expone en el documento del proyecto.
De acuerdo con lo indicado, el presente tiene como finalidad sentar las bases para la protección del cauce del río Sarapiquí, el desarrollo sostenible de las actividades que se desarrollen en la cuenca que amenacen su conservación y el uso sostenible de su biodiversidad.
La propuesta sido revisada por el Departamento de Participación Ciudadana en conjunto con la Comisión, editado conjuntamente y actualmente se cuenta con la versión final de la propuesta de ley, gestionando para su número de expediente e ingreso a la corriente legislativa.
Puede leer la propuesta completa del proyecto en el archivo adjunto.
La Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí presentó ante el Departamento de Participación Ciudadana de Asamblea Legislativa de proyecto “Ley para el Desarrollo sostenible de la Cuenca del Río Sarapiquí y protección de su cauce principal”.
El objetivo es que se declare una Salvaguarda de 25 años que prohíba nuevos proyectos hidroeléctricos y mineros, hasta tanto el río se pueda recuperar del severo daño ambiental que sufre a diario.
La cuenca del río Sarapiquí, es la duodécima más grande del país y representa el 3,35% del territorio nacional y tiene un gran valor económico, ambiental, social, histórico y cultural. Es el hogar para más de 4000 especies de plantas, más del 50% de las especies de aves en Costa Rica, alrededor de 125 especies de mamíferos y hasta 30% de las especies de peces de agua dulce en el país, muchas de ellas en peligro de extinción.
Su valor histórico y cultural obedece a que el Río Sarapiquí, fue hogar ancestral de pueblos originarios como los Botos conviviendo con más de 171 asentamientos precolombinos según los datos del Museo Nacional de Costa Rica.
El proyecto busca permitir el desarrollo sostenible de la región y evitar a toda costa un desequilibrio ecológico a raíz de la sobre explotación de su cauce como ha sucedido en otros países de América Latina.
Debido al acelerado deterioro de la Cuenca del Río Sarapiquí, la comunidad se ha movilizado con el apoyo de diferentes instituciones públicas como el ICT, SINAC, Municipalidades de Sarapiquí y Alajuela, empresarios, académicos entre otros, para desarrollar el proyecto de ley.
Información compartida a SURCOS por Rafael López Alfaro del Programa Gestión Local de la UNED.
Limón, 24 de marzo de 2021 AEL-0050-2021 Ing. Luis Renato Alvarado Rivera Ministro Ministerio de Agricultura y Ganadería S. D.
Señoras y señores Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola Ref: DM-MAG-274-2021 y CAAA-03-2021 y “Reglamento de Saneamiento Ambiental” de Ecuador
Estimado señor Ministro y señores Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola:
En relación con los oficios supra indicados, y el asunto de referencia, me permito remitirles copia del Reglamento de Saneamiento Ambiental de Ecuador, el cual es del año 2015, resaltando en amarillo la parte de interés. Reitero ante Ustedes, una vez más, que desde el año 2015 fue remitido el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015, suscrito por el doctor Alexander Salas López, Director de Rectoría de la Salud Región Huetar Atlántica, a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, atendiendo quejas dirigidas a la Presidencia de la República, en contra del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, que es “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, de 16/10/2003.
Es fundamental que Ustedes se sirvan tomar nota de lo expuesto y abiertamente conocer y aceptar que desde el año 2015 en el oficio DR-HC 3580-2015 se hizo una clara instancia para que las autoridades públicas actúen en defensa del Artículo 50 Constitucional.
Les ruego acotar, que no se trata de apreciaciones subjetivas del suscrito o de solicitudes sin fundamento. Todo lo contrario, señor Ministro y señores miembros de la Comisión. A pesar de los oídos sordos con que la administración pública de turno suele prestar a las denuncias ciudadanas, deben valorar Ustedes, que el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015 señalado, demuestra que es la máxima autoridad regional del Ministerio de Salud quien solicita y propone modificaciones al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP citado. En ese oficio se reconoce de manera implícita que el artículo 70 del Reglamento, infringe el artículo 11 inciso 2) de la Ley de Biodiversidad No.7788 y el Principio 15 de la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.
En consecuencia, Señor Ministro y señores miembros de la Comisión, no podemos aceptar la sordera institucional y la inercia jurídicamente inexplicable, que se observa en la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola. Con el debido respeto, hago ver que han transcurrido ya 5 años desde la fecha en que se puso en conocimiento el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015, sin que las autoridades públicas hayan actuado eficiente y proactivamente en defensa del ambiente y la salud pública. Cinco largos años han transcurrido y no se vislumbra acción consecuente en defensa del ambiente que todos los costarricenses tienen derecho a disfrutar. Tal vez ese letargo pueda servir para inspirar una segunda versión de la Canción “Sabor a mí”, en donde el transcurso de los años carece de importancia porque todo queda igual. Pero para quienes sufren constantemente las consecuencias de una fumigación aérea mal reglamentada, no es motivo de inspiración ni razón lógica la demora injustificada de quienes en la Administración Pública están obligados a actuar en su defensa.
Señores, ¿cómo podemos explicarle a la opinión pública y a los costarricenses que diariamente sufren con el problema de la fumigación aérea, que en cinco años no se haya podido realizar una simple modificación al artículo 70 del Decreto Ejecutivo citado? Y, qué decir de los 18 años que han pasado desde que se estableció ese reglamento N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP y la tarea de la Comisión Asesora, ¿sin pronunciamiento alguno sobre este mismo tema?
Por lo expuesto debemos de insistir en una reforma integral conforme a estándares internacionales para lo cual sugerimos una vez más solicitarle al señor Ministro de Agricultura que proceda a solicitarle al representante de la FAO en nuestro país, la debida asesoría técnica igualmente requerimos copia integral de los avales emitidos a la reforma en curso así como de las observaciones emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía sobre la reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP.
Señor Ministro y Señores miembros de la Comisión Asesora, creo importante recordarles, que, en materia de protección al ambiente humano, al amparo del párrafo segundo del Artículo 50 Constitucional, la inercia del aparato administrativo público no es excusa suficiente de exoneración de responsabilidad. Así lo ha reiterado numerosas veces la Sala Constitucional de Costa Rica, con jurisprudencia constitucional que es de cumplimiento “erga omnes”, por lo tanto, de acatamiento obligatorio sin mayor excusa. Les ruego tomar en cuenta que no estamos solicitando nada desproporcionado ni irracional. Todo lo contrario, lo que solicitamos es que el país se abra a elaborar un instrumento técnico y actualizado, que garantice que nuestras empresas agroindustriales no afecten en su quehacer diario, a la población con las actividades rutinarias de aviación agrícola, tal y como actualmente sucede. Señor Ministro y Señores miembros de la Comisión Asesora, sinceramente, ¿consideran ustedes que esto es mucho pedir?
La anterior solicitud la realizó dentro del plazo de ley conforme a la Ley 8220 y las disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política. Agradeciéndole su atención, ponemos a su disposición para recibir notificaciones nuestro correo-e: machore@gmail.com
Cordialmente,
Marco Levy Virgo
cc Magistrado Paul Rueda Expediente 21-003927-0007-CO Licda. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro Ministerio de Salud Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud Dr. Alexander Salas López Director Región Huetar Atlántica Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director Protección Ambiente Humano Ing. Fernando Araya, Director Ejecutivo Servicio Fitosanitario del Estado
Adjuntamos el documento oficial del oficio para descarga y otros documentos de interés:
Informe del Estado de la Nación alerta que instituciones ambientales están en proceso de debilitamiento
Presupuesto Nacional para el año 2018 recorta ₡2.000 millones al SINAC
FECON, 14 de noviembre 2018. El XXIV Informe del Estado de la Nación presentado el día de ayer indica que la protección ambiental en Costa Rica sigue siendo uno de los eslabones débiles en la institucionalización costarricense. La perspectiva no tiende a mejorar, puesto que en el Presupuesto Nacional 2019 aprobado por la Asamblea Legislativa el Ministerio de Ambiente y Energía ha sufrido la reducción del 5% de su numerario, esto impacta directamente en las labores del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el cual tendrá para el año que viene ₡2.000 millones menos para labores de control.
Según el Programa Estado de la Nación (PEN) y su reciente informe las entidades enfocadas en el cuido de esos recursos, o en controlar y minimizar los impactos de las actividades productivas, son débiles. Esto restringe el alcance de la acción pública para convertir la normativa y el discurso ambiental en medidas concretas y eficientes.
“Más de la mitad de estos entes (21 de 37) son órganos desconcentrados, lo cual implica limitaciones en la disponibilidad presupuestaria y la autonomía para organizar sus propias contrataciones administrativas y de personal. Pero hay una diferencia en términos económicos: gran parte de las tareas de regulación han sido asignadas a entes que tienen capacidades jurídicas y financieras restringidas (…). Entidades de control y protección, o responsables de medir y evitar impactos ambientales (como el Minae, el Sinac y la Setena) en general cuentan con pocos recursos.” Señala el PEN.
La Contraloría General de la República advirtió en su informe DFOE-AE-IF-16-2014 que ninguna Área Silvestre Protegida contaba con los fondos necesarios para atender a cabalidad sus obligaciones: solo un 27% tenía el dinero para realizar entre uno y dos tercios de sus actividades, y solo 9 disponían de personal para cumplir con todas sus tareas; otras 42 carecían totalmente de funcionarios para llevarlas a cabo. Sumado al déficit de guarda parques, la CGR señala que “la falta de recursos financieros tuvo un efecto desfavorable en la atención de al menos un 80% de las actividades esenciales de 91 Áreas Silvestres Protegidas”
Han pasado 4 años y sin embargo, los déficits de recurso humano subsisten: el PEN señala que: “mientras en 2014 había un funcionario del Sinac por cada 1.143 hectáreas terrestres bajo alguna categoría de protección, en 2017 había uno por cada 1.187 hectáreas; si solo se considera a las personas directamente responsables de ejecutar acciones en las ASP, se cuenta con una por cada 2.579 hectáreas. Esto no incluye el área protegida marítima, pues de ser así se trataría de un funcionario para cada 5.543 hectáreas. A esto se suma que el 50% del personal activo en el Sinac está cerca de iniciar sus procesos de retiro o jubilación”
La tendencia continua. La presión de los gremios empresariales como la Cámara Costarricense de la Construcción, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la Cámara la de Industrias; atacan las acciones de control ambiental y las señalada como “barreras del desarrollo”. En este momento la Secretaria Técnica Ambiental pasa por un proceso de intervención. La Comisión Transformadora de SETENA se encuentra sesionado hace un par de meses sin participación de las organizaciones ambientales ni sociales. En FECON estamos a la espera de que se escuche nuestra solicitud de integrar dicha comisión, dato que la evaluación del impacto ambiental no debe verse como un trámite solamente y sino como un requisito importante para regular el impacto sobre la naturaleza que tienen el modelo neoliberal como el imperante.
Henry Picado Cerdas
Presidente de la Federación para la Conservación de la Naturaleza
