Mediante el oficio AEL-00245-2025 dirigido al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, el ciudadano Marco Levy Virgo solicitó formalmente la aplicación del principio precautorio in dubio pro natura para detener el proyecto inmobiliario conocido como Puket, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio Ramsar n.º 783.
La solicitud se fundamenta en las consecuencias ambientales derivadas de la directriz 09-2023, así como en las irregularidades documentadas en el informe TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo. Este informe detalla afectaciones significativas en el ecosistema del humedal, incluyendo la tala ilegal, construcción de drenajes, introducción de especies exóticas y obras sin autorización en zona marítimo-terrestre.
El Refugio Gandoca-Manzanillo es un humedal de importancia internacional que alberga bosques anegados, manglares y especies como raphia taedigera (yolillo), pterocarpus officinalis (sangrillo) y prioria copaifera (cativo). Además, protege el acuífero Sixaola, recurso esencial para la región. De acuerdo con la Convención de Ramsar, Costa Rica tiene la obligación de garantizar su conservación y uso racional.
Según el documento enviado al ministerio, el terreno afectado presenta características de humedal y se encuentra íntegramente dentro de los límites de REGAMA. El informe citado denuncia la alteración de más de 9 hectáreas y la existencia de construcciones ilegales, canalización de aguas, así como una posible fragmentación de la propiedad con fines de urbanización.
Ante esta situación, se solicita la suspensión inmediata de toda actividad asociada al proyecto Puket y la revisión de la directriz 09-2023. También se pide investigar y sancionar las irregularidades ambientales detectadas, implementar un plan de restauración ecológica, proteger el acuífero Sixaola y verificar la legalidad de permisos otorgados.
Finalmente, se insta al ministerio de ambiente y energía a comunicar al secretariado de Ramsar las acciones adoptadas para garantizar la protección del sitio Ramsar n.º 783 y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Costa Rica.
El colectivo CONCEVERDE expresó su agradecimiento al diputado Jonathan Acuña por haber acogido su solicitud de presentar el proyecto de ley 25016, el cual busca transformar en ley el decreto ejecutivo 39259-MINAE.
Este decreto, firmado en Concepción de San Rafael de Heredia el 15 de octubre de 2015, anexó más de 2300 hectáreas de terreno de la zona inalienable establecida por la ley 65 de 1888 al Parque Nacional Braulio Carrillo.
CONCEVERDE considera que la aprobación de esta propuesta legislativa contribuiría no solo a garantizar la protección de fuentes de agua fundamentales, sino también al fortalecimiento de las acciones nacionales frente a la crisis climática.
En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.
Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.
Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.
Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.
Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.
Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.
Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.
Pero….¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?
Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”
Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.
Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”
Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.
La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”
Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.
Medidas que solo resisten con ojos encima
Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.
Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.
Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel
Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.
El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.
En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.
¿Cuál es la forma de operar?
Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.
Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.
«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.
Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur
El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.
Entre los principales efectos están:
Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.
En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.
Conversamos con Lucía Vijil Saybe, licenciada en Comercio Internacional, máster en Cooperación Internacional y máster en Estudios Socioambientales, además de miembro del Equipo de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). En esta entrevista, analizamos la creciente participación de las fuerzas militares en la ‘protección’ ambiental en Honduras. ¿Qué implica esta remilitarización para la sociedad hondureña? ¿Por qué deben preocuparnos estos esquemas de intervención militar? Estas y otras preguntas son abordadas en nuestra conversación.
Para más información, consulta el artículo de Lucía Vijil aquí: https://contracorriente.red/2024/12/17/politica-ambiental-bajo-las-armas-debemos-alarmarnos/.
Recomendamos también visitar las páginas del CESPAD: https://cespad.org.hn/ y del Observatorio de Conflictividad Socioambiental: https://observatorio.cespad.org.hn/quienes-somos/.
*La imagen de la presidenta Xiomara Castro fue tomada de: https://proceso.hn/remilitarismo-una-fuerte-amenaza-a-la-democracia-en-centroamerica-palpable-con-estados-de-excepcion/.
El Ministerio de ambiente y Energía por medio de un comunicado de prensa el día 13 de noviembre anunció que en el contexto del evento mundial de la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) realizó de forma oficial la firma del Memorando de Entendimiento con Israel en Materia de protección ambiental (MOU), con el fin de llevar a cabo intercambio de tecnología, información y mejores prácticas contra el cambio climático, información sobre economía ambiental, entre otros.
Desde el pasado 7 de octubre del 2023, el mundo está siendo testigo de acciones atroces por parte del gobierno y el ejército de Israel que han expuesto, de la manera más cruda imaginable, lo que siempre fue la intención del movimiento sionista: el exterminio del pueblo palestino. El lunes 11 de noviembre en la COP29 se realizó una manifestación donde las voces palestinas fueron el centro y se destacó la interconectividad que existe entre los movimientos mundiales que defienden los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos a la tierra y la lucha contra la industria de los combustibles fósiles, el colonialismo climático y el imperialismo. Y todo esto mientras los pueblos y los territorios siguen siendo sacrificados para proteger los intereses de las empresas transnacionales y sus ganancias.
“El genocidio de Israel en Gaza ha provocado pérdidas humanas devastadoras y una destrucción ambiental que perdurará en el tiempo. Las operaciones israelíes han contaminado la tierra, bloqueado el acceso al agua y generado escasez de alimentos, violando el derecho de la población palestina a un medioambiente saludable. La comunidad internacional y la COP deben reconocer los delitos de Israel como el ecocidio que son”. Abeer Butmeh-PENGON / Amigos de la Tierra Palestina*
De parte de organizaciones del movimiento social costarricense repudiamos la relación del gobierno de Costa Rica con el Estado de Israel, estas posiciones no representan nuestra postura de solidaridad y exigencia de un alto al fuego inmediato.
Como personas costarricenses expresamos vergüenza, indignación y repudio por este “Memorando de Entendimiento” y exigimos suspender toda relación diplomática con el Gobierno sionista y genocida de Israel y relaciones económicas con empresas israelíes, por la defensa de la vida y la dignidad humana y los derechos irrenunciables del Pueblo Palestino.
DEL RÍO HASTA EL MAR… ¡¡¡VIVA PALESTINA LIBRE!!!
Firman:
Firman:
Asociación Comunidades ecologistas la Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Federación para la Conservación del Ambiente (FECON)
Asociación Proyectos Alternativos, PROAL
Frente Nacional de Pueblos Indígenas Costa Rica
Boque Verde
Servicio de Paz y Justicia de Costa Rica (SERPAJ-CR)
Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
Costa Rica por los Océanos
Oilwatch-Costa Rica
*Tomado de : COP29: La sociedad civil se reúne para denunciar la fiebre por ‘falsas soluciones’ y expresar solidaridad con Palestina. Comunicado de Prensa de Amigos de la Tierra Internacional.
Un ex empleado de Planta del Proyecto Minero Bellavista, ha presentado una denuncia formal ante el Concejo Municipal y la Alcaldía, en la que expone graves irregularidades en las prácticas operativas de la planta. El trabajador, quien fue cesado de su cargo el 7 de octubre de 2024 tras intentar denunciar estas irregularidades, alega que las colas de la mina se han estado depositando en un área sin impermeabilización, situada a solo 20 metros de un ojo de agua que se infiltra y descarga en el río Ciruelas.
En su denuncia, el ex supervisor también señala que la pileta de contención de emergencia, que debería estar vacía, se encuentra llena de agua de infiltración y carece de los sistemas de detección de fugas requeridos. Además, menciona que la cañería que transporta el agua desde la planta hacia la pileta de emergencia no está debidamente canalizada, lo que ha provocado derrames anteriores al río: estas descargas hacia el río se realizan bajo la aprobación de personal específico, generalmente durante la noche o los fines de semana, con el fin de diluir los contaminantes.
El ex empleado resalta que tanto la pileta de proceso como la de emergencia no cuentan con sistemas de doble fondo ni con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir derrames, lo que ha puesto en riesgo la vida acuática de la zona, evidenciado por la reciente mortandad de peces en la pileta. Asimismo, García menciona la falta de procedimientos operativos y planes de emergencia ante eventos naturales o accidentes que pudieran resultar en un derrame tóxico.
Eventualmente, se destaca que no existen procedimientos operativos ni planes de emergencia ante eventos naturales o accidentes que pudieran resultar en un derrame tóxico. Para abordar estas preocupaciones, se llevó a cabo una reunión con la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal en la Sala de Sesiones del segundo piso del edificio municipal, y pronto esperar una resolución del Concejo Municipal y la Administración Municipal correspondiente.
En 1985 el Estado costarricense tomó la decisión de crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Los objetivos de su creación se basaron en garantizar la protección de la riqueza de biodiversidad de la zona.
El Refugio abarca un área territorial que incluye manglares, pantanos, bosque y arrecifes de valor único, en la zona se encuentra la única asociación de yolillo y orey que existe en el país. Otra consideración fue que la zona cuenta con poblaciones de especies en vías de extinción como el manatí, el cocodrilo y el caimán, la danta y diversas especies de monos y felinos. Sin olvidar que en la franja litoral y zona de arrecifes existe un banco natural de ostión de mangle, y criadero de poblaciones como langosta, sábalo. La zona además cuenta playas con potencial turístico sostenible. Pareciera que es algo más que monitos.
En 1992 se publica la novela “La Loca de Gandoca”. Se convirtió en un libro clásico de consulta obligada, trascendió el ámbito nacional. El libro evidenció cómo fuerzas económicas se movían para cambiar el uso del refugio. Se aliaron diferentes personas, con sus propios intereses para cumplir con sus metas económicas.
Apareció nuestra querida Anacristina Rossi e inició una lucha como David para evidenciar lo que estaba sucediendo. Parte de los hechos se han plasmado en la novela.
¿Qué ha sucedido durante este tiempo? Pasamos de un siglo a otro. Se incrementaron los efectos del cambio climático, los residuos no se reducen, tenemos micro plásticos en todo lado, fuimos testigos de una pandemia mundial. ¿Y Costa Rica? ¿Se garantizó la protección del refugio por el que luchaba Anacristina Rossi?
Lastimosamente desde hace varios años venimos recibiendo información de reclamos ciudadanos sobre las afectaciones sobre el sitio. Poco a poco conocemos que las condiciones se han deteriorado, con la indiferencia de los entes a cargo de su protección. Se facilitan actividades que vulneran la riqueza natural del Refugio.
Contrario a lo que se esperaba se han venido confabulando fuerzas del sector público con el sector privado, para no seguir protegiendo “monitos”, facilitando espacios para los negocios, que dicen van a generar empleo y riqueza. Suena como el “BMW” que nos traería el CAFTA. Seguimos esperando, ojalá se haga realidad, ahora tiene que ser uno eléctrico.
Lo que estamos viendo es como una repetición de los hechos de la novela, se están plasmado en situaciones, posiciones y pareciera que incluso los mismos actores, con muy similares intereses económicos. Macondo se repite.
El país representaba un ejemplo de que se podían tomar decisiones para lograr un balance entre la protección ambiental y ser humano. Incluso este mensaje “verde” ha permitido que el país sea un referente obligado para la visitación de turistas de diferentes partes del mundo. Se convirtió en una actividad lucrativa.
La situación pareciera que no es tan maravillosa como se vende. Las diferentes políticas y compromisos país están en sitios web disponibles para consulta. ¿En la práctica como lo vemos?
Frente a estas tristes noticias se nos habla de reverdecimiento de las ciudades, igual que es función del Estado velar por la conservación del ambiente, para mejorar el bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico de la población costarricense.
Las afectaciones al ambiente no son solo en Gandoca Manzanillo, se han venido manteniendo en nuestro país y a nivel mundial. La calidad de vida de los habitantes, nuestra supervivencia depende precisamente de poder proteger a los monitos, de garantizar valiosos recursos como el agua, pareciera que estamos en punto crítico en que debe resolverse para atender nuestro derecho fundamental a un ambiente sano.
Se ha carecido de una constante motivación para que cada uno de nosotros cumpla con el derecho a tener un ambiente sano, y cumplir con obligaciones de hacer realidad ese derecho con compromisos a nivel individual.
El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.
A raíz de esto, el 24 de agosto del 2023, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, solicitó una adición y aclaración de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde menciona que “el “Informe Técnico Clorotalonil” no es preciso y yerra en cuanto las razones otorgadas para solicitar la cancelación de los registros de clorotalonil” y más bien defiende que la posición del Ministerio no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso del mismo, así como la “emisión de un decreto ejecutivo que contenga disposiciones en cuanto a cómo deben realizarse las aplicaciones terrestres”.
La Sala Constitucional desestimó la solicitud de adición y aclaración argumentando que: “Resulta evidente para este Tribunal, que los alegatos del Ministerio de Agricultura y Ganadería dista de encontrarse relacionados con algún concepto del voto que deba aclararse o adicionarse en los términos que señala el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la sentencia es absolutamente clara en la exposición de hechos y fundamentación”.
A esto añaden que el Ministerio de Agricultura y Ganadería pretende realizar una discusión de carácter técnico que no corresponde al Tribunal, por lo que mantienen que se debe adoptar y ejecutar las recomendaciones del informe. Además, mencionan que el Ministerio de Agricultura y Ganadería presenta una disconformidad con lo resuelto, a pesar del “dimensionamiento que se realizó sobre los riesgos en la utilización del agroquímico clorotalonil en el territorio nacional”.
Álvaro Sagot, abogado que ha dado seguimiento y apoyo al Frente Ecologista de Cipreses, comenta: “Considero que es claro que existe, además de una mala asesoría jurídica, una seria resistencia a aceptar que la protección ambiental del agua está por sobre los intereses comerciales de los exportadores del clorotalonil. Lo terrible de lo anterior es que el agroquímico sigue en el mercado.”
La Sala Constitucional ordenó que en el plazo de seis meses (ya han pasado más de tres) se ejecuten las recomendaciones del informe de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA donde se asegura que en la zonas vecinas de Cartago había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
El Programa de Gestión Local de la UNED trabaja en el desarrollo del 3° Festival Ambiental de La Gamba de Golfito, a realizarse el sábado 26 de agosto 2023, en el Salón Comunal de 8:00 am a 4:00 pm.
En este festival se realizarán conversatorios, exposiciones, actividades deportivas, educación ambiental, caminata al Parque Nacional Piedras Blancas, entre otras actividades para el disfrute de las personas de la comunidad de La Gamba y personas de organizaciones comunales y campesinas de la región que estarán acompañando el evento.
El Festival tiene como objetivo el involucrar a la comunidad de La Gamba en los procesos de sensibilización por el cambio climático y la protección del medio ambiente, compartiendo en todo momento acciones que coadyuban a generar interés tanto a nivel comunal como institucionales, para un adecuado manejo de los recursos naturales en pro y en beneficio de la colectividad.
Además, de mantener una relación estrecha con el Parque Nacional Piedra Blanca, el cual se encuentra en la parte territorial de la comunidad de La Gamba. La propuesta es que produzca un manejo compartido de las actividades que se desarrollan en el Área de Conservación de Osa, para que le permita una participación activa y fructífera a la comunidad de La Gamba.
Durante el desarrollo del festival, se proponen actividades en coordinación con las siguientes instituciones gubernamentales, la academia y organizaciones comunales:
A pesar de que desde 1999 el turismo es la principal fuente de divisas del país, y gran parte de esta actividad se desarrolla alrededor de la vida silvestre, expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que el país tiene grandes retos para su conservación, de lo contrario estaríamos acabando con la “gallina de los huevos de oro”.
En 51.100 km2 Costa Rica alberga el cinco por ciento de la biodiversidad mundial, dato que no contempla la riqueza de la fauna marina que habita en sus costas. La observación de ranas de ojos rojos, lapas, monos y dantas, ballenas y delfines, es solo una de las actividades que el país promueve para la atracción del turismo, y miles de extranjeros y nacionales, son cautivados por estas y otras especies en las visitas a parques nacionales y áreas protegidas.
Expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que la falta de capacitación a guardaparques, la escasa educación ambiental y sensibilidad hacia estos recursos, falta de regulación y ejecución de la reglamentación vigente y el inevitable desarrollo urbano, podrían pasarle factura al país, y acabar poco a poco con la “gallina de los huevos de oro”.
Para Laura Porras, académica del Icomvis-UNA, uno de los principales desafíos se centra en la interacción entre la gente y los animales silvestres. “En los parques tenemos un rótulo que dice prohibido alimentar a los animales, pero tanto los visitantes como el sector turístico desarrollan esta práctica porque con ello los atraen y llevan la mejor foto”.
Según Grace Wong, también investigadora de dicho Instituto, el sector tiene contradicciones. “Un hotelero llama al Sinac porque hay un cocodrilo cerca de la playa y ellos consideran que es una amenaza para el turista, los funcionarios remueven el animal, pero resulta que este individuo era un controlador de poblaciones de mapaches, con el aumento de mapaches hay más personas mordidas por estos animales que se han acostumbrado a robar comida de los visitantes y el sector hotelero llama de nuevo porque los mapaches ponen en riesgo al turista. ¿son los animales responsables de este comportamiento?”.
De acuerdo con la investigadora hace falta la aplicación de la normativa legal, pero también es necesario educar a los visitantes para que comprendan que los animales silvestres no deben de recibir alimento de los turistas porque los afecta negativamente.
Tal es el caso del Parque Nacional Manuel Antonio que se ha visto en el ojo de la polémica por la cantidad de visitantes que ingresan. “Manuel Antonio es una zona protegida y tiene como prioridad conservar la biodiversidad que alberga, además, tiene la peculiaridad de proteger una subespecie endémica del país en un área bastante pequeña. Es importante mantener esa prioridad de conservación, se puede visitar claro que sí, para eso se hacen las zonificaciones de áreas de uso público pero esas zonificaciones tienen que aclarar cómo, cuándo y dónde pueden estar los turistas. Cabe resaltar que la mayoría de las interacciones las provoca la presencia de alimento de los turistas, y la necesidad de los asistentes de acercarse a la fauna para las fotografías, el contacto y ese tipo de cosas”, detalló Porras.
Para Eduardo Carrillo, académico jubilado de la UNA, quien por más de 35 años ha trabajado en estimar el estado de salud de los bosques a través de especies indicadoras como el jaguar y sus presas, existen suficientes políticas para la protección pero que no se ponen en práctica.
“El país hizo un gran esfuerzo en los 70 con la creación de las áreas protegidas, pero después de eso las abandonamos paulatinamente, los guardaparques no tienen la suficiente capacitación ni el equipo para trabajar, todos sabemos que hay extracción ilegal de oro en Corcovado, pero hacemos muy poco para resolver el problema. Políticas nos sobran, lo que hace falta es ponerlas en práctica”.
Carreteras asesinas
Por otra parte, la creación de infraestructura, aunque necesaria para el desarrollo económico, tiene su impacto en la vida silvestre. Joel Sáenz, director del Icomvis-UNA, fue uno de los pioneros en evaluar el impacto de carreteras construidas y en ampliación, en el futuro se plantea ver los impactos de los parques eólicos y represas, y de acuerdo con sus investigaciones, es urgente que el país norme este tipo de construcciones.
“En carreteras nacionales como la de la Ruta 32, Carara o la que atraviesa el Área de Conservación Guanacaste, puede haber entre 1000 y 3000 animales muertos por año, siendo este un dato conservador porque son producto de un muestreo en un tiempo específico; anfibios y reptiles son las principales víctimas, pero en 10 años hemos podido observar jaguares y pumas”.
Según Sáenz, es necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), incluya una norma o disposición en el Manual de Carreteras para mitigar el impacto tanto en el diseño, como durante la construcción y funcionamiento de la infraestructura.
También es vida silvestre
Para Lilliana Piedra, investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la conservación está más relacionada a una parte ética y moral del ser humano. “Si me limitan a acercarme a 20 metros de una ballena, quiero estar a cinco, esto no se arregla con una ley, yo coincido en que hace falta educación ambiental y una mayor sensibilización de que aquello no es un objeto, sino un ser vivo que al igual que yo merece respeto”.
De acuerdo con Piedra, en materia marítima existe además mucha inseguridad jurídica. “El Sinac maneja una parte, el Incopesca emite ciertas regulaciones, pero el control es del Servicio Nacional de Guardacostas, y hacer de estas entidades un engranaje es algo complejo. Los procesos de gestión y manejo están concentrados en la parte continental, eso limita a que haya buenas iniciativas para conservar los recursos pesqueros”.
Acciones como el pésimo manejo de aguas residuales, la deforestación en la zona continental, técnicas de producción agrícolas poco sostenibles, sobreexplotación pesquera y el manejo inadecuado de los desechos sólidos, asfixian, según Piedra, la vida marina.
Los investigadores coinciden en que el país no necesita de más leyes para la conservación de la vida silvestre, sino de una aplicación más efectiva de las mismas, de lo contrario, uno de los principales atractivos del país estaría en riesgo.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
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