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Etiqueta: protección ambiental

Reclaman sordera institucional en control de las actividades de aviación agrícola

SURCOS comparte el siguiente documento:

Limón, 24 de marzo de 2021
AEL-0050-2021
Ing. Luis Renato Alvarado Rivera

Ministro
Ministerio de Agricultura y Ganadería
S. D.

Señoras y señores
Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola
Ref: DM-MAG-274-2021 y CAAA-03-2021 y “Reglamento de Saneamiento Ambiental” de Ecuador

Estimado señor Ministro y señores Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola:

En relación con los oficios supra indicados, y el asunto de referencia, me permito remitirles copia del Reglamento de Saneamiento Ambiental de Ecuador, el cual es del año 2015, resaltando en amarillo la parte de interés. Reitero ante Ustedes, una vez más, que desde el año 2015 fue remitido el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015, suscrito por el doctor Alexander Salas López, Director de Rectoría de la Salud Región Huetar Atlántica, a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, atendiendo quejas dirigidas a la Presidencia de la República, en contra del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, que es “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, de 16/10/2003.

Es fundamental que Ustedes se sirvan tomar nota de lo expuesto y abiertamente conocer y aceptar que desde el año 2015 en el oficio DR-HC 3580-2015 se hizo una clara instancia para que las autoridades públicas actúen en defensa del Artículo 50 Constitucional.

Les ruego acotar, que no se trata de apreciaciones subjetivas del suscrito o de solicitudes sin fundamento. Todo lo contrario, señor Ministro y señores miembros de la Comisión. A pesar de los oídos sordos con que la administración pública de turno suele prestar a las denuncias ciudadanas, deben valorar Ustedes, que el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015 señalado, demuestra que es la máxima autoridad regional del Ministerio de Salud quien solicita y propone modificaciones al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP citado. En ese oficio se reconoce de manera implícita que el artículo 70 del Reglamento, infringe el artículo 11 inciso 2) de la Ley de Biodiversidad No.7788 y el Principio 15 de la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

En consecuencia, Señor Ministro y señores miembros de la Comisión, no podemos aceptar la sordera institucional y la inercia jurídicamente inexplicable, que se observa en la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola. Con el debido respeto, hago ver que han transcurrido ya 5 años desde la fecha en que se puso en conocimiento el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015, sin que las autoridades públicas hayan actuado eficiente y proactivamente en defensa del ambiente y la salud pública. Cinco largos años han transcurrido y no se vislumbra acción consecuente en defensa del ambiente que todos los costarricenses tienen derecho a disfrutar. Tal vez ese letargo pueda servir para inspirar una segunda versión de la Canción “Sabor a mí”, en donde el transcurso de los años carece de importancia porque todo queda igual. Pero para quienes sufren constantemente las consecuencias de una fumigación aérea mal reglamentada, no es motivo de inspiración ni razón lógica la demora injustificada de quienes en la Administración Pública están obligados a actuar en su defensa.

Señores, ¿cómo podemos explicarle a la opinión pública y a los costarricenses que diariamente sufren con el problema de la fumigación aérea, que en cinco años no se haya podido realizar una simple modificación al artículo 70 del Decreto Ejecutivo citado? Y, qué decir de los 18 años que han pasado desde que se estableció ese reglamento N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP y la tarea de la Comisión Asesora, ¿sin pronunciamiento alguno sobre este mismo tema?

Por lo expuesto debemos de insistir en una reforma integral conforme a estándares internacionales para lo cual sugerimos una vez más solicitarle al señor Ministro de Agricultura que proceda a solicitarle al representante de la FAO en nuestro país, la debida asesoría técnica igualmente requerimos copia integral de los avales emitidos a la reforma en curso así como de las observaciones emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía sobre la reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP.

Señor Ministro y Señores miembros de la Comisión Asesora, creo importante recordarles, que, en materia de protección al ambiente humano, al amparo del párrafo segundo del Artículo 50 Constitucional, la inercia del aparato administrativo público no es excusa suficiente de exoneración de responsabilidad. Así lo ha reiterado numerosas veces la Sala Constitucional de Costa Rica, con jurisprudencia constitucional que es de cumplimiento “erga omnes”, por lo tanto, de acatamiento obligatorio sin mayor excusa. Les ruego tomar en cuenta que no estamos solicitando nada desproporcionado ni irracional. Todo lo contrario, lo que solicitamos es que el país se abra a elaborar un instrumento técnico y actualizado, que garantice que nuestras empresas agroindustriales no afecten en su quehacer diario, a la población con las actividades rutinarias de aviación agrícola, tal y como actualmente sucede. Señor Ministro y Señores miembros de la Comisión Asesora, sinceramente, ¿consideran ustedes que esto es mucho pedir?

La anterior solicitud la realizó dentro del plazo de ley conforme a la Ley 8220 y las disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política. Agradeciéndole su atención, ponemos a su disposición para recibir notificaciones nuestro correo-e: machore@gmail.com

Cordialmente,

Marco Levy Virgo

cc Magistrado Paul Rueda Expediente 21-003927-0007-CO
Licda. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República

Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro Ministerio de Salud
Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud
Dr. Alexander Salas López Director Región Huetar Atlántica

Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director Protección Ambiente Humano
Ing. Fernando Araya, Director Ejecutivo Servicio Fitosanitario del Estado

Adjuntamos el documento oficial del oficio para descarga y otros documentos de interés:

Cuidado de la naturaleza y controles ambientales siguen desfinanciados

Informe del Estado de la Nación alerta que instituciones ambientales están en proceso de debilitamiento

Presupuesto Nacional para el año 2018 recorta‎ ₡2.000 millones al SINAC

FECON, 14 de noviembre 2018. El XXIV Informe del Estado de la Nación presentado el día de ayer indica que la protección ambiental en Costa Rica sigue siendo uno de los eslabones débiles en la institucionalización costarricense. La perspectiva no tiende a mejorar, puesto que en el Presupuesto Nacional 2019 aprobado por la Asamblea Legislativa el Ministerio de Ambiente y Energía ha sufrido la reducción del 5% de su numerario, esto impacta directamente en las labores del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el cual tendrá para el año que viene ‎₡2.000 millones menos para labores de control.

Según el Programa Estado de la Nación (PEN) y su reciente informe las entidades enfocadas en el cuido de esos recursos, o en controlar y minimizar los impactos de las actividades productivas, son débiles. Esto restringe el alcance de la acción pública para convertir la normativa y el discurso ambiental en medidas concretas y eficientes.

“Más de la mitad de estos entes (21 de 37) son órganos desconcentrados, lo cual implica limitaciones en la disponibilidad presupuestaria y la autonomía para organizar sus propias contrataciones administrativas y de personal. Pero hay una diferencia en términos económicos: gran parte de las tareas de regulación han sido asignadas a entes que tienen capacidades jurídicas y financieras restringidas (…). Entidades de control y protección, o responsables de medir y evitar impactos ambientales (como el Minae, el Sinac y la Setena) en general cuentan con pocos recursos.” Señala el PEN.

La Contraloría General de la República advirtió en su informe DFOE-AE-IF-16-2014 que ninguna Área Silvestre Protegida contaba con los fondos necesarios para atender a cabalidad sus obligaciones: solo un 27% tenía el dinero para realizar entre uno y dos tercios de sus actividades, y solo 9 disponían de personal para cumplir con todas sus tareas; otras 42 carecían totalmente de funcionarios para llevarlas a cabo. Sumado al déficit de guarda parques, la CGR señala que “la falta de recursos financieros tuvo un efecto desfavorable en la atención de al menos un 80% de las actividades esenciales de 91 Áreas Silvestres Protegidas”

Han pasado 4 años y sin embargo, los déficits de recurso humano subsisten: el PEN señala que: “mientras en 2014 había un funcionario del Sinac por cada 1.143 hectáreas terrestres bajo alguna categoría de protección, en 2017 había uno por cada 1.187 hectáreas; si solo se considera a las personas directamente responsables de ejecutar acciones en las ASP, se cuenta con una por cada 2.579 hectáreas. Esto no incluye el área protegida marítima, pues de ser así se trataría de un funcionario para cada 5.543 hectáreas. A esto se suma que el 50% del personal activo en el Sinac está cerca de iniciar sus procesos de retiro o jubilación”

La tendencia continua. La presión de los gremios empresariales como la Cámara Costarricense de la Construcción, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la Cámara la de Industrias; atacan las acciones de control ambiental y las señalada como “barreras del desarrollo”. En este momento la Secretaria Técnica Ambiental pasa por un proceso de intervención. La Comisión Transformadora de SETENA se encuentra sesionado hace un par de meses sin participación de las organizaciones ambientales ni sociales. En FECON estamos a la espera de que se escuche nuestra solicitud de integrar dicha comisión, dato que la evaluación del impacto ambiental no debe verse como un trámite solamente y sino como un requisito importante para regular el impacto sobre la naturaleza que tienen el modelo neoliberal como el imperante.

Henry Picado Cerdas

Presidente de la Federación para la Conservación de la Naturaleza

Tel: 87609800

 

Enviado por FECON.

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Accionista de Grupo Nación amenaza bosque metropolitano

  • Residencial de lujo amenaza La Loma de Salitral importante reducto de bosque de la GAM
  • Municipalidad de Desamparados vota permisos en contra de orden de la Sala Constitucional y el Plan Regulador y de Ordenamiento Territorial.

La Loma Salitral constituye uno de los últimos remanentes del bosque húmedo premontano del el Valle Central y se encuentra amenazada por la empresa Urbanizadora La Laguna S.A. cuyo representante legal, Manuel Fernando Terán Jiménez, es a su vez accionista del Grupo Nación.

El Concejo Municipal de Desamparados votó en contra de la conservación de la Loma Salitral al aprobar el pasado 9 de octubre, en votación a favor 6 contra 5, los permisos de construcción del Proyecto Urbanístico La Arboleda el cual se compone de 780 casas área comercial de oficinas centro recreativo, con extensión en área de 43 hectáreas, en la zona de Amortiguamiento de la Reserva Forestal Especial de la Loma Salitral, protegida desde 1977. La zona de protección denominada Loma de Salitral fue establecida como Zona Especial de Protección de los Cerros de la Carpintera en la Normativa del Plan Regional Metropolitano publicada en la Gaceta No 119 del 22 de junio de 1982.

La Loma de Salitral es conocida además por ser una Zona de Fragilidad Ambiental, definida principalmente por la presencia de una cobertura de bosque de alta densidad, el cual tiene un valor extraordinario como ecosistema, especialmente por razón de la alta cuota de deforestación dentro de todo el área del GAM. Por esta razón es clave establecer un régimen de protección para los terrenos de esta categoría. La Loma Salitral incluye más de 187 especies de plantas, de las cuales cinco solo existen en Costa Rica, gran cantidad de aves y mamíferos, y dos tipos de felinos: puma yaguarundí y tigrillo.

Además, es una zona de recarga acuífera donde nacen varios afluentes de los ríos Damas, Cucubres y Jorco y hay una fuente de aguas termales. Esto incrementa la preocupación de vecinos que se oponen al proyecto ya que La Arboleda amenazaría el recurso hídrico existente en la Loma de Salitral ya que esta resguarda importantes nacientes de agua fría y de aguas termales, por lo tanto el bosque cumple una función de recarga de agua en las nacientes.

La resolución de la Sala Constitucional en el expediente 17-002841-0001-CO ratifican la legalidad y vigencia de la protección ambiental y la necesidad de delimitar de forma adecuada la Zona de Amortiguamiento para su protección. Por otro lado, el Artículo 148 del Plan Regulador y de Ordenamiento Territorial define el propósito y los usos conformes de la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral, en la cual no se incluyen usos residenciales.

Contacto:

Alejandro Garcia Valerio, Asociación Ecologista Desamparadeña (ASECODES), teléfono: 8848 5467

Henry Picado Cerdas, Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), teléfono: 87609800

Referencias:

  1. Listado General De Las Especies De Plantas Presentes En La Loma Salitral http://www.nacionesunidas.or.cr/dmdocuments/dmdocuments/Programa_Conjunto_para_generar_Oportunidades/Cultura/INBIO-Informe%20Loma%20Salitral.pdf

 

  1. Zona de Protección Especial de Lomas de Salitral https://www.mivah.go.cr/Documentos/PlanGAM2013/03-CARTOGRAFIA/7_Zonas_Control_Especial/Zona_Proteccion_Especial_Loma_Salitral.pdf

 

Enviado por FECON.

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Comunidad de Puerto Viejo de Talamanca participó en conversatorio sobre derecho ambiental

  • Actividad fue coordinada por el Área de Transparencia adscrita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

 

Mónica Álvarez Pérez

Comunicadora. Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Comunidad de Puerto Viejo de Talamanca participo en conversatorio sobre derecho ambiental4

7 de junio del 2018. Ciudadanos de la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca y sus alrededores participaron el pasado 05 de junio en el conversatorio sobre Derecho Ambiental, en el que José Pablo González, fiscal adjunto Agrario Ambiental, participó como expositor y aclaró las dudas del público.

El fiscal González inició la actividad resaltando las características del derecho ambiental y los conceptos en torno a los delitos más frecuentes en esta temática.

Posteriormente, se dio espacio a temas como leyes, sanciones, áreas protegidas, la intervención de instituciones afines a la protección ambiental, reciclaje, moratorias y daños al medio ambiente; momento en que los presentes aprovecharon para hacer sus aportes, denunciar y solicitar apoyo al Ministerio Público en relación al eje temático expuesto.

Entre los temas abordados, se enfatizó en la preocupación por permisos de construcción que ha otorgado la Municipalidad de Talamanca dentro de las zonas marítimo terrestre durante la moratoria, pues es prohibido construir en zona pública, esteros y humedales.

En Costa Rica no se puede alegar ignorancia de la Ley, denunciemos, aunque hayan construido, cortado árboles. La naturaleza tiene capacidad impresionante para regenerarse y no se puede permitir que la ignorancia y la avaricia prevalezcan. Nuestra lucha no es por nosotros, es por sus hijos y los hijos de ellos”, manifestó González.

Durante el conversatorio, la comunidad también tuvo la oportunidad de conocer al nuevo personal que asumió funciones el pasado mes de mayo en la fiscalía de Bribri, entre quienes se encuentran Marlon Poyser, fiscal coordinador,  y el fiscal auxiliar de Enlace Agrario Ambiental, Guillermo Cordero; ellos mostraron su anuencia y compromiso con la ciudadanía.

Este espacio comunitario fue coordinado por el Área de Transparencia de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se celebró en la Casa de la Cultura Liberty Hall de Puerto Viejo.

 

Área de Transparencia

Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Ministerio Público de Costa Rica

Tel: 2295-44-29

Email: malvarez@poder-judicial.go.cr

 

Rendición de cuentas, un ejercicio de transparencia.

 

Enviado por María Elena Fournier.

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Municipalidad de Pococí insiste por tercera vez en destruir el Parque Nacional Tortuguero

La comunidad de Tortuguero ha denunciado que la Municipalidad de Pococí, que por tercera vez, intenta abrir un camino dentro del Parque Nacional Tortuguero. Contravenido el andamiaje legal en tema de protección ambiental, pretendiendo deforestar el bosque tropical y poniendo en peligro la conectividad del Área Silvestre Protegida y su ecosistema de humedal.

Desde hace más de diez años la Municipalidad de Pococí a intentado destruir el (PNT) cortándolo con una carretera. La primera derrota a la que se enfrentó la Corporación Municipal fue en 1995 cuando el Área de Conservación de Tortuguero (AcoTo) y la Municipalidad de Pococí han tenido varias reuniones con el fin de analizar la situación de la construcción de la carretera que pasa cerca del Parque Tortuguero. Desde entonces el AcoTo y la comunidad de Tortuguero se ha opuesto a esta obra con considerarla nociva para el PNT.

Entre octubre de 1995 y enero de 1996, la Municipalidad de Pococí inició el mejoramiento del camino rústico conocido como Caño Chiquero, con el fin de habilitar una ruta terrestre desde Cariari hasta Barra del Tortuguero, dado el aumento en la cantidad de personas que se desplazan entre ambos lugares. En esta obra se mantenimiento traspasó los límites del Parque Nacional Tortuguero, pero se detuvo gracias a una denuncia ante la Fiscalía de Pococí.

En los años 2001-2002 la Dirección del Área de Conservación determinó que el acceso por el sector de Caño Chiquero perjudicaba el equilibrio ambiental del parque, por lo que recomendó la ruta conocida como La Pavona y río la Suerte.

Para el 2008 la Sala Constitucional en el expediente número 08-007961-0007-CO, dio lugar al un amaro interpuesto que denunció al  gobierno local, el cual aprovechó la ocasión de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había iniciado el cableado de fibra óptica en la zona, pasando por él área de parque, para ingresar maquinaria pesada. En el mes de marzo del 2008, la Municipalidad de Pococí, de nuevo, destinó fondos para el mejoramiento del camino Caño Chiquero hasta el límite con el Parque Nacional de Tortuguero. Días después el Concejo Municipal de Pococí, decidió, mediante acuerdo No. 746-16, continuar trabajado en el camino Caño Chiquero. (Poder Judicial, 2008)

En la Sentencia nº 18894 la Sala Constitucional obliga al entonces alcalde Enrique Alfaro Vargas y a la presidenta del Consejo Municipal, Eva Torres Marín, a paralizar las obras por vulnerar el derecho fundamental consagrado en el numeral 50 de la Constitución Política.

Por tercera vez en marzo de 2018 este Gobierno Local realiza obras sobre el PNT para abrir una trocha ilegal que sigue el trillo peatonal que llega a Laguna de Caño Chiquero. Esta calle ilegal traería impactos negativos a este ecosistema en su mayoría humedal. La comunidad se ha movilizado y rechaza la acción de abrir una calle.

FECON 6 de abril 2018

 

*Imagen tomada de la nota de SURCOS No a la destrucción del parque nacional Tortuguero

Enviado por Henry Picado.

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