Se convocó el martes 10 de diciembre de 2024, a las 9 de la mañana, al pueblo salvadoreño en la Asamblea Legislativa para exigir que los diputados y diputadas no lleguen a derogar la ley de prohibición de minería metálica, por salud del ambiente y el pueblo.
En medio de la sostenida polémica que ha causado la tala de árboles en la región de Gandoca Manzanillo, en el Caribe Sur de Costa Rica, y en particular la actitud de las autoridades a cargo de la protección del ambiente, una reciente información señala que estas mismas autoridades de Costa Rica han revisado la extensión del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, inscrito como sitio Ramsar (véase nota de prensa publicado en el medio digital Delfino.cr del 10 de septiembre del 2024).
En esta otra nota del Semanario Universidad, publicada en la misma fecha, se hace ver que una funcionaria advirtió desde el mes de agosto del intento de cambiar los límites de este sitio Ramsar (véase nota), antes de ser … «reubicada«.
Cabe recordar que las primeras imágenes de árboles talados en la zona dadas a conocer en la prensa costarricense remontan, salvo error nuestro, al 15 de mayo del 2024 (véase nota de CRHoy).
Breve puesta en contexto
Como bien se sabe, Costa Rica es un Estado Parte a la «Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas«, más conocida como convención Ramsar (el nombre proviene de una ciudad ubicada en Irán en la que fue adoptada en 1971) y ello desde 1992: véase texto de dicha convención, y estado oficial de firmas y ratificaciones, con 168 Estados Partes a la fecha de redactar estas líneas.
El artículo 2 de este instrumento internacional dispone que:
« 1. Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, en adelante llamada «la Lista», que mantiene la Oficina establecida en virtud del Artículo 8. Los límites de cada humedal deberán describirse de manera precisa y también trazarse en un mapa, y podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal, y especialmente cuando tengan importancia como hábitat de aves acuáticas.
Según la información oficial de la Secretaría Ramsar, Gandoca Manzanillo fue inscrito por Costa Rica como sitio Ramsar en el año de 1995 (véase enlace).
La posibilidad de modificar los límites de un sitio Ramsar
Al haber sido inscrito un humedal en la lista de la Convención como sitio Ramsar, ¿puede luego un Estado modificar los límites de ese humedal inscrito como sitio Ramsar? El artículo 4 de dicha convención establece de manera que nos parece bastante clara que:
«2. Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar«.
Salvo error de nuestra parte, no existe ningún motivo de urgencia o de fuerza mayor justificando reducir los límites de un humedal inscrito como sitio Ramsar por Costa Rica desde 1995 como lo es el sitio de Gandoca Manzanillo.
El artículo 4 además plantea una compensación por la reducción de los límites de un humedal Ramsar. Tampoco se ha mencionado por parte de las autoridades medidas de compensación de alguna índole en la región de Gandoca Manzanillo.
Si las jurisdicciones nacionales costarricenses han emplazado a las autoridades ambientales a cumplir con lo que se les ha ordenado desde el 2019 en Gandoca Manzanillo (véase nota de prensa de Elmundocr sobre sentencia de la Sala Constitucional por desobediencia), ello en nada puede equivaler a una situación de excepción alguna.
El intento de reducir los límites del humedal de Gandoca Manzanillo parece responder a alguna iniciativa de las actuales autoridades, una de tantas dentro de la polémica que ha generado su extraño actuar desde la tala de árboles acaecida meses atrás en esta parte del Caribe Sur costarricense.
Daños a un sitio Ramsar en Costa Rica: un precedente no tan lejano
Resulta sorprendente el hecho que sus actuales autoridades busquen limitar el alcance de las obligaciones contraídas en la Convención Ramsar.
Más aún si se trae a la memoria que Costa Rica insistió de manera notoria sobre la extrema fragilidad de los sitios Ramsar ante la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ) con ocasión de la incursión ilegal en el 2010 de Nicaragua en Isla Portillos, ubicado dentro del Refugio Caribe Noreste (también sitio Ramsar inscrito como tal por Costa Rica, véase enlace y mapa del mismo).
Al respecto, la revisión de los alegatos de Costa Rica ante la justicia internacional sobre la importancia que representan los sitios Ramsar para Costa Rica ameritaría una urgente lectura (y si fuese necesario, … relectura) por parte de las actuales autoridades costarricenses. En enero del 2011, una misión de la Convención Ramsar vino a detallar las diversas características del Refugio de Vida Silvestre Caribe Noreste (véase informe de misión del 3 de enero del 2011).
Cabe recordar que Costa Rica cuantificó en 6,7 millones de dólares el monto del daño ambiental causado por Nicaragua en esta parte extrema del territorio costarricense en el 2010 ante los jueces de la CIJ: este monto se obtuvo a partir de una metodología perfectamente aplicable a los demás sitios Ramsar en Costa Rica. En la decisión de la CIJ sobre el monto indemnizatorio por daño ambiental entre Costa Rica y Nicaragua de febrero del 2018 (véase texto) se lee que:
«45. In the present case, the methodology that Costa Rica considers most appropriate, which it terms the “ecosystem services approach” (or “environmental services framework”), follows the recommendations of an expert report commissioned from Fundación Neotrópica, a Costa Rican non-governmental organization. Costa Rica claims that the valuation of environmental damage pursuant to an ecosystem services approach is well recognized internationally, up-to-date, and is also appropriate for the wetland protected under the Ramsar Convention that Nicaragua has harmed. .. /.. 45. Le Costa Rica estime que la méthode la plus appropriée en la présente affaire est celle qu’il appelle la «méthode des services écosystémiques» (ou «cadre d’évaluation des services environnementaux»), qui suit les recommandations d’un rapport d’experts établi à la demande du Costa Rica par la Fundación Neotrópica, une organisation non gouvernementale costa-ricienne. Il soutient que cette méthode d’évaluation des dommages environnementaux est largement reconnue sur le plan international, qu’elle est moderne et aussi adaptée à la zone humide dont la convention de Ramsar impose la protection et à laquelle le Nicaragua a porté atteinte».
La metodología de servicios ecosistémicos usada por Costa Rica no fue validada por la CIJ, al ordenarle a Nicaragua, en vez de 6,7 millones solicitados por Costa Rica, el pago de tan solo 378.000 dólares (véase párrafo 157 de la decisión de la CIJ).
Una metodología para cuantificar el daño ambiental en sitios Ramsar y más allá
No obstante, esta metodología oficializada por Costa Rica ante la CIJ como válida debiera de poder aplicarse a otros casos en los que se deba proceder a una evaluación del daño ambiental dentro del territorio costarricense.
Y más aun, cuando se trata de un humedal de importancia mundial inscrito como sitio Ramsar: es precisamente lo que se puede verificar en esta publicación del mismo SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) del 2017 titulada precisamente «Valoración de los servicios ecosistémicos que ofrecen siete de los humedales protegidos de importancia internacional en Costa Rica: Palo Verde, Caribe Noreste, Caño Negro, Gandoca Manzanillo, Maquenque, Térraba Sierpe y Las Baulas«(véase texto).
También es de notar que en el año 2019, se dio a conocer un informe técnico sobre la ampliación de algunos sitios Ramsar, auspiciado por el PNUD y el GEF, titulado «Informe Técnico Sustento a la ampliación de los límites de los sitios Ramsar: Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, Humedal Caribe Noreste y Humedal Térraba Sierpe» (véase texto).
En una nota que tuvimos la ocasión de escribir al conocerse la decisión de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua (Nota 1), nos permitimos sugerir que:
«Al haber Costa Rica oficializado esta metodología para cuantificar de forma muy precisa (y abarcativa) el daño ambiental causado por Nicaragua en Isla Portillos ante los jueces de la CIJ, surge la pregunta de saber si esta misma metodología no debe de ahora en adelante aplicarse de igual forma a la destrucción de humedales de importancia internacional, de ecosistemas y de bosques que se da en Costa Rica en la mayor impunidad desde muchos años. Muchas de las denuncias terminan archivándose por parte del Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) en ausencia de una valoración del daño ambiental por parte del Estado costarricense: uno de los argumentos esgrimidos siendo la ausencia de una metodología validada por el Estado para proceder a la valoración del daño ambiental».
Intimidación y amenazas a ecologistas en el Caribe Sur
Es de señalar que hace más de dos años, en agosto del 2022, el calificativo de «terrorista» por parte de un diputado – con escasos meses en su currul – para referirse a los grupos ecologistas en el Caribe Sur de Costa Rica dio pié para una solicitud de aclaración (véase nota de SurcosDigital), al tiempo que se esperó (y … se sigue esperando hasta la fecha) alguna amonestación o sanción, o expresión de pesar por parte del Directorio de la Asamblea Legislativa, ante semejante manifestación de uno de sus integrantes: incitar al odio, estigmatizar a un pequeño grupo, descalificar su accionar con adjetivos de esta naturaleza no puede ser de recibo cuando se trate de un integrante de una Asamblea Legislativa.
La incitación al odio contra quienes defienden el ambiente en Gandoca Manzanillo es un tema extremadamente grave, y no se deberían permitir deslices semánticos de ningún tipo.
En esta entrevista publicada en el sitio de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el 2021 (véase entrevista completa), se leyó por parte de la reconocida autora Ana Cristina Rossi, que:
«Estuve en Holanda de 1995 al 2000 y me fui porque yo sabía que me iban a matar. A finales de 1994 habían matado a María del Mar Cordero, a Óscar Fallas Baldí, a Jaime Bustamante y a David Maradiaga, los 4 compañeros de AECO (Asociación Ecologista Costarricense) que habían ganado la lucha contra la fábrica de astillas en el Golfo Dulce. María del Mar, que era mi amiga, me llamaba y me decía “Ana, vieras que a mí también me están llamando y me están amenazando”, yo ya había escrito La loca de Gandoca. Eso me salvó de las primeras amenazas porque ahí iban nombres disfrazados como Tigre Frío, uno de los que más me amenazaban. Al meter esos nombres paré una primera oleada de amenazas. Cuando María del Mar me llamó le dije “escibilo, hacé un artículo, que quede, que conste”.
Casi tres años después de esta entrevista, el pasado 14 de agosto del 2024, se realizó un foro organizado por la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Cartago, contando con la presencia de lesta prestigiosa autora (véase video del foro), sobre la historia y la situación actual que se vive en el Caribe Sur en la región de Gandoca.
En este foro, se hizo ver que ante denuncias y advertencias hechas hace más de 30 años, intimidaciones y amenazas de muerte que la motivaron a escribir la famosa novela de «La loca de Gandoca» y a salir del país, pareciera que, ahora, Costa Rica cuenta con autoridades dispuestas a ignorarlas, a partir de un discurso oficial que distorsiona la realidad, interpreta de manera antojadiza la normativa aplicable, y que estigmatiza a los ecologistas, buscando azuzar los ánimos. Todo ello acompañado de una estrategia de comunicación desplegada en redes sociales extremadamente intensa.
Esta misma tergiversación de hechos y episodios también se observó en un comunicado oficial de Costa Rica con relación a Crucitas circulado el 15 de julio del 2024 (Nota 2): un reciente reportage de un grupo de periodistas de investigación (véase artículo) confirma que la aseveración según la cual « los coligalleros se roban el oro para llevarselo a Nicaragua» es una leyenda más, de las numerosas que fomentan las actuales autoridades costarricenses y algunas de sus repetidoras locales (seguidores, pero también gremios profesionales y empresariales). Con respecto a los supuestos recursos que generaría para el Estado la extracción de oro, otra leyenda persistente fue descubierta esta vez por dos periodistas del Semanario Universidad en el año 2020 (véase artículo titulado «Costa Rica exporta millones de dólares en oro que pagan cero impuestos«).
Haciendo a un lado las leyendas que circulan en Costa Rica alrededor del oro, y volviendo a Gandoca Mazanillo, la indefensión en la que se encuentran muchas organizaciones ecologistas e integrantes de pequeñas comunidades que alzan la voz ante los atropellos a la legislación ambiental en el Caribe Sur es evidente. Desde este punto de vista, resulta oportuno señalar la persistente ausencia de Costa Rica como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica (Nota 3).
Con relación al Poder Ejecutivo y a las intimidaciones de todo tipo que sufren quienes alzan la voz en defensa del ambiente en Gandoca Manzanillo, la reciente comparecencia de la máxima autoridad en temas de ambiente ante una Comisión de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de agosto (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones.
Cabe precisar que unos días antes de esta comparecencia del titular de la cartera de ambiente en Costa Rica, la prensa se había hecho eco de amenazas (véase artículo del 2 de agosto del Semanario Universidad y nota anterior del 29 de julio del 2024). Un mes antes (finales de junio) otro ecologista del Caribe Sur había igualmente hecho públicas las amenazas recibidas en su contra (véase nota de Elpais.cr del 26 de junio del 2024).
A modo de conclusión
Más allá de la selección limitada a medios de prensa a la que pareciera tener acceso el actual despacho del Ministro de Ambiente y sus asesores, de entrada, cabe señalar que revisar a la baja los límites de un sitio Ramsar exhibe un espectáculo raramente observado en la comunidad internacional.
Con relación a Costa Rica y a la normativa ambiental vigente, esta insólita gestión pareciera encontrar resistencias internas dentro del mismo aparato estatal por parte de funcionarios valientes y comprometidos con el significado de un sitio inscrito en la lista Ramsar.
Por otra parte, la gestión por desobediencia ante la justicia constitucional confirma la negativa de las actuales autoridades (y la de las anteriores…) de cumplir a cabalidad con lo ordenado por la Sala Constitucional desde el 2019 en Gandoca Manzanillo.
Si bien la metodología para cuantificar el daño ambiental persiste como una verdadera laguna del Estado costarricense (que no ha querido dotarse de esta valiosa herramienta jurídica), desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional, se puede sostener que la normativa internacional no permite en modo alguno reducir los límites de un humedal inscrito como sitio Ramsar: en efecto, el precitado artículo 4 señala claramente que una decisión de esta naturaleza solamente puede tomarse «por motivos urgentes de interés nacional».
Al no existir alguna situación de «urgencia» particularmente apremiante en este mes de septiembre del 2024, las autoridades nacionales deben proceder a cumplir con el mandato que ha asumido Costa Rica ante la comunidad internacional, al inscribir Gandoca Manzanillo como sitio Ramsar: procediendo a consolidar las reglas de protección vigentes en este sitio, ampliar y reforzar su alcance si fuese el caso, en vez de intentar revisarlas a la baja.
En cambio, el obligar a las autoridades ambientales de Costa Rica a cumplir sin nuevas dilaciones con las obligaciones nacionales que derivan del marco jurídico vigente en Gandoca Manzanillo y con las decisiones previas de la justicia costarricense, sancionando a los responsables de la tala de árboles observada en este 2024, resulta a toda luz una tarea que espera de manera urgente al sector ecologista costarricense.
– -Notas- –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica-Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ«, 2 de febrero del 2018. Texto disponible aquí.
Nota 2: Vése al respecto BOEGLIN N., «Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI: a más de un mes de un comunicado oficial de Costa Rica omitiendo la información oficial del CIADI …«, 19 de agosto del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
25 de octubre del 2023. Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.
Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.
CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.
Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.
Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.
En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.
Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.
De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.
Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.
Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.
Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.
Freddy Pacheco León
Los incineradores aeróbicos que funcionan a temperaturas menores a los 500 ºC, inevitablemente producen compuestos químicos orgánicos, persistentes, que podrían llevar dolor a las comunidades, aunque Johnny Araya y otros alcaldes, parecen pensar diferente.
Desde hace unos 5 años, alcaldes unidos en una federación, propusieron construir en varios cantones, incineradores para quemar basura y generar, de paso, ciertas cantidades (insignificantes, diríamos) de electricidad, sin importar que los mismos producirían DIOXINAS y FURANOS, reconocidos como causantes de cáncer, enfermedades inmunológicas, trastornos hormonales, diabetes y malformaciones congénitas. ¡Todo como parte del negocio del mal llamado «tratamiento de residuos sólidos»!
Y lo proponen, demagógicamente, con el falso pretexto, de que constituyen un negocio, público – privado, que permitiría vender la energía que se produciría, ocultando que ello sería a costa de la salud de los habitantes de sus propios cantones y del país en general.
Como aparentan desconocer sus fatales efectos, sería bueno que alguien les informara y explicara al alcalde Araya y a los ocurrentes, presidente ejecutivo y el gerente de electricidad del ICE (al que están metiendo en la danza), que más de 150 países ya se han manifestado por medio del Convenio de Estocolmo, contra esos incineradores criminales y que, en muchos países, están siendo prohibidos.
Pero como Costa Rica es «tan especial», hay inescrupulosos, que sueñan con un supuesto “buen negocio», pensado, eso sin duda, para grandes botadores de basura, como el ubicado en la comunidad de La Carpio, en el cantón central de San José.
Llamamos pues la atención, principalmente a los habitantes de La Uruca, a la Fundación del Parque de Diversiones, a los habitantes de la comunidad de Cariari, de Guachipelín de Escazú y Lomas de Pavas, para que estén alerta. Habitantes que sin duda, ya han tenido «suficiente» con el botadero de basura y la planta de aguas negras Los Tajos, como para tolerar, además, un INCINERADOR DE BASURA que fuere a afectar a sus familias, pese a que la legislación ambiental costarricense también prohíbe tales prácticas.
En fin, estamos ante una nueva amenaza ambiental, inaceptable, que pese al maquillaje de amigable con el ambiente, conque es presentada, es desastrosa.
Nos duele, lo reconocemos, que siendo el Instituto Costarricense de Electricidad una empresa especialmente preocupada por mitigar los impactos ambientales de sus proyectos se esté sumando, innecesariamente, a una chambonada semejante.
El bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas encuentra a Costa Rica en una posición tambaleante. Los primeros dos siglos de vida independiente fueron testigos de procesos complejos en los cuales el país, gracias a pactos sociales visionarios en diversos momentos de nuestra historia, pudo generar políticas públicas y una institucionalidad que ha dado réditos valiosos, en medio de múltiples problemas, conflictos y desafíos. Estos pactos sociales, no obstante, se han debilitado notablemente en las últimas décadas. El tejido social se ha deshilachado y el país ha pasado a engrosar la lista de naciones con mayor desigualdad. Los proyectos políticos y económicos hegemónicos no auguran un futuro promisorio y el país requiere buscar nuevas luces y avenidas que conduzcan a una convivencia donde priven la equidad, el bien común, la dignidad de las personas y la relación armoniosa con el ambiente. ¿Cómo lograrlo?
Debemos generar un escenario colectivo de prácticas democráticas renovadas, en el cual la participación de amplios sectores de la población marque la pauta en procura de alternativas en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Vale decir, requerimos edificar una auténtica democracia participativa, donde la energía creadora de muchas personas y colectivos abra las puertas a nuevos horizontes. Estos procesos deben ir aparejados del fortalecimiento de las instituciones públicas como garantes de derechos esenciales, con amplia participación popular y en un marco de equidad. Necesitamos políticas tributarias progresivas, que reduzcan la inaceptable desigualdad en que vivimos. El fortalecimiento de la educación y la salud públicas deberán ser ejes centrales de nuestro futuro, al igual que políticas que aseguren la protección del ambiente. Debemos abocarnos a fortalecer un desarrollo científico-tecnológico endógeno, incluyendo las ciencias naturales y las sociales, que ponga el conocimiento al servicio del bien común, mediante una estrategia de resiliencia ante los embates externos, la cual garantice soberanía alimentaria, energética y tecnológica.
Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de las personas y su diversidad en todos los planos, incluyendo los grupos históricamente excluidos. Debemos dejar atrás las lacras del patriarcado, el racismo y el clasismo, para generar un entorno nacional marcado por la generosidad y la solidaridad, lejos del individualismo y del mercantilismo prevalecientes. Una sociedad donde nadie esté de más y donde todas las personas tengamos garantizada una vida digna. Ojalá que en el transitar hacia el tercer centenario de nuestra independencia tengamos la sabiduría y el coraje para construir ese mundo más pleno.
Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas (11/2020). El proyecto Diagnóstico hidrocomunitario para la protección del ambiente en las cuencas bajas de los ríos Guacimal, Lagarto y Abangares, cantón Central de Puntarenas, que ha desarrollado el Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, ha analizado mediante el desarrollo de cartografías, el estado actual de los monocultivos circundantes a la comunidad de Chomes.
Entre las principales amenazas para el ambiente percibidas por miembros de las organizaciones comunales del distrito de Chomes en el 2019, se encontraron los monocultivos de piña, caña y palma, especialmente impactantes en cuanto al uso intensivo de agroquímicos.
Las piñeras
Entre los ríos Guacimal y Sardinal se cartografió una extensión de 583 hectáreas de cultivo de piña. La mayor área del sembradío tiene su vertiente hacia el río Guacimal, que desemboca en el estero de Chomes. Este cultivo se empezó a establecer desde el año 2008 (Brenes, 2008).
Palma africana
Hacia el sector de Orocú de Chomes se señaló el uso de fumigaciones aéreas en los cultivos de palma africana. Este sembradío reciente apareció en la zona hace unos siete años, abarcando 130 hectáreas actualmente, según muestra el estudio del CICDE.
Según los estudios agronómicos, la palma africana se caracteriza por necesitar suficiente consumo de agua para poder desarrollar una adecuada sexualidad para producir los racimos que se derivan en producción aceitera (Mejía, 2000).
El sorgo y el algodón
Ubicado entre Chomes y San Agustín, el área de sorgo se determinó en 492 hectáreas, sustituyendo al cultivo de piña, que fue abandonado por la Standard Fruit Company hace seis años en Chomes, según los testimonios locales. Cabe resaltar que el área de sorgo ha sido utilizada también para cultivo de algodón, en una especie de uso experimental por parte de la empresa D&PL-Monsanto.
Los cañales
Son el monocultivo más tradicional. El área cartografiada en las periferias del poblado de Chomes abarcó 1 128 hectáreas. Sin embargo, su presencia se extiende hasta Barranca por toda la Hacienda El Palmar. La comunidad de Chomes señaló en 2019 el impacto de las quemas de caña como una problemática para la salud pública y el bienestar local.
Consumo de agroquímicos
Si bien se carece de estudios públicos que expongan datos de consumo de agroquímicos en estos monocultivos establecidos en la zona, se puede extrapolar el dato suministrado por World Resources, que señaló a Costa Rica como el primer consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51 kg por hectárea (FAO, 2011).
En el área mapeada alrededor de Chomes hay un total de 2 333 hectáreas de monocultivos. Todo el volumen de estos agroquímicos que se utilizan en estas actividades discurre hacia el acuífero de Chomes o en los caudales superficiales que van a dar al manglar de Chomes, donde se reproduce la gran mayoría de especies habitantes del golfo de Nicoya. La afectación sobre los ecosistemas acuáticos y costeros es aún incalculada.
Sobre-explotación de agua
Todos los cultivos son abastecidos principalmente mediante de concesiones de agua superficial del río Guacimal. Según consta en la base de datos de la Dirección de Aguas (2020), al río Guacimal se le extraen 1850 litros por segundo (l/s) aguas abajo del puente sobre la carretera interamericana.
Dos concesiones de 350 l/s son directamente bombeadas al área de la piñera. Mientras que 800 l/s son trasvasados hacia las haciendas en la parte baja. En el sector de San Agustín, la Compañía Ganadera de Guacimal LTDA capta otros 350 l/s, en lo que corresponde ya a un sector de cultivos de sorgo y caña.
La concesión de 800 l/s abastece el sistema de canales para el cultivo de sorgo (y algodón), Además, con ese gran caudal concesionado se beneficia el área cultivada de palma africana.
Cabe destacar también, que el río Guacimal presentó su mínimo aforo histórico, 700 m aguas arriba del puente de Guacimal con 1010 litros por segundo en 2009, un año en que se registró el fenómeno del Niño, habiendo sido por mucho menor a los 1500 l/s concesionados poco más de un km aguas abajo del sitio.
En 2016, el río fue reportado seco a la altura de San Agustín (Villalobos, 2017), demostrándose que el volumen de las concesiones de agua sobre el río Guacimal es ambientalmente insostenible, pues cada año lo reducen al mínimo o lo llegan a secar, como se observa cada estación seca.
Referencias
Brenes, Lourdes (2008) Dulce piña, dulces ganancias. Revista Ambientico, UNA. N° 177, junio 2008. Revisado en línea: http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientico/177.pdf
Dirección de Aguas (2020) Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos SINIGIRH. Revisado en línea, octubre del 2020.
FAO (2011). Costa Rica: Número uno del mundo en uso de agroquímicos. Revisado en Mejía, Julián. (2000). Consumo de agua por la palma de aceite y efectos del riego sobre la producción de racimos, una revisión de literatura. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). Revisado en línea: https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/download/726/726
Villalobos, Dany. (2017). Experiencias comunitarias en defensa del agua en distritos rurales de Puntarenas. Revista Rupturas 8 (Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. ISSN 2215-2466.
Mientras la mayoría disfruta estos días para descansar o recrearse otros aprovechan la ausencia de vigilancia para hacer daños a la naturaleza. Esto sucede todas las temporadas de vacaciones en el Caribe Sur. En días previos a las fiestas de navidad y el mismo 24 de diciembre vecinos realizaron denuncias sobre la destrucción de Playa Punta Uva que se encuentra dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
Según testimonios de los vecinos en redes sociales “han cortado una gran cantidad de árboles, han drenado un humedal, y hoy siguen levantando pilares enormes de cemento aprovechando los días festivos y la ausencia de autoridades como la Policía o la Municipalidad de Talamanca, así como la falta de acción de parte del Ministerio de Ambiente y Energía ante tal destrucción”.
Ante las denuncias efectuadas el MINAE llegó a la zona, pero minimizó los evidentes delitos y el reporte indica que solo “cuatro alcantarillas se estaban cambiando” omitiendo que había un drenaje hecho para secar el Humedal de Punta Uva, así como, omitieron decir que han rellenado con piedra, lastre y tierra la frágil e importante Área del Humedal.
Los vecinos el sábado 21 de diciembre contabilizaron alrededor de 50 vagonetas cargadas de tierra para rellenar el prestigioso Humedal de importancia internacional ubicado en el Refugio Gandoca Manzanillo.
En este momento hay una pugna legal por delimitación del refugio y aunque los funcionarios del MINAE aseguran en su informe que el área está fuera del Refugio sin amparo de ninguna ley, es innegable que el lote en cuestión está en un humedal y dentro de los 200 metros de zona marítimo terrestres, dos condiciones que le da un nivel de protección especial. Los vecinos insisten que la ley vigente si cubre la zona como parte del Refugio.
Según el art. 45 Ley 7554 y art. 7 del DE Nº22550-MINAE “- quedan prohibidas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas”
En una siguiente visita el 24 de diciembre el mismo MINAE “ordena paralizar las actividades de construcción correlacionadas directa o indirectamente hasta tanto no se presenten los respectivos permisos de viabilidad ambiental en físico que autoriza la ejecución de obras y otras atinentes a la misma en el plazo que corresponde de la ley”.
Municipalidad en la mira
Hay que recordar que la Municipalidad de Talamanca fue denunciada por hacer una calle ilegal en la entrada a Puerto Viejo de Limón que atravesó playa Negra, sin permisos del Ministerio de Obras Públicas e invadiendo la playa con la excusa de agilizar el tránsito por la Semana Santa de este año. En esa ocasión el Viceministro de infraestructura, Olman Elizondo aseguró que la obra se hizo sin permisos y que efectivamente se infringió la ley.
Los vecinos están organizados contra la pretensión de construir un atracadero turístico en Puerto Viejo de Limón, ya aprobado por la Municipalidad de Talamanca y el Instituto Costarricense de Turismo, el cual ya recibió una denuncia por temas ambientales.
En noviembre pasado la Fiscalía allanó la Municipalidad de Talamanca por una indagación de pagos irregulares en la construcción de carreteras e infraestructura en la zona. Este caso no es el único son varias las denuncias a la Municipalidad, que inclusive tiene un ex alcalde estuvo en la cárcel y enfrentó un proceso por corrupción. (ver más en http://www.corrupcioncr.org/talamanca-2/)
Documentos de referencia:
