Unión Europea emite informe final sobre elecciones en Costa Rica

• Destaca la transparencia y eficiencia del TSE.

• Misión hace diez recomendaciones

• Señala la desinformación y los contenidos despectivos y hostiles dirigidos a socavar la confianza en las autoridades electorales.

TSE. El pasado miércoles 29 de abril la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (UE) presentó su informe final sobre las elecciones generales del 2026 en Costa Rica. El acto se llevó a cabo en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en presencia de las Magistradas y Magistrados electorales, del señor Pierre-Louis Lempereu, Embajador de la UE en Costa Rica y de autoridades de la Cancillería General de la República.

El Informe reconoce el buen hacer del TSE en la dirección del proceso electoral, destacando que este fue organizado “de manera transparente, eficiente”, con un padrón electoral “altamente inclusivo”, un procedimiento de inscripción de candidaturas “inclusivo y procedimentalmente claro, sin restricciones irrazonables”, “materiales de calidad para los integrantes de las JRV”, papeletas “claras”, y “procedimientos flexibles y razonables para la acreditación de los fiscales de los partidos políticos”, así como que “la transmisión de los resultados preliminares fue eficiente y transparente”, y que, durante el escrutinio, el TSE “ofreció sólidas garantías de transparencia” y “altos niveles de seguridad”.

La Misión de Expertos Electorales (MEE) resalta, también, la elección de la segunda mujer presidenta de la República en la historia del país, y que el órgano legislativo quedara integrado, por primera vez, por una mayoría de mujeres. Lo interpretan como “el efecto acumulativo de un marco jurídico e institucional sólido que promueve y garantiza la paridad de género”, “uno de los marcos más avanzados” en la materia y que “sitúa a Costa Rica entre las pocas jurisdicciones del mundo que cuentan con requisitos estrictos y exigibles de paridad de género”. En punto a la igualdad de derechos, el Informe añade las medidas adoptadas por el TSE para facilitar la participación de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.

Neutralidad del Estado y la beligerancia política

Otro elemento del proceso electoral recogido por el Informe es el relativo a las reglas sobre la neutralidad del Estado y la beligerancia política. Lo reconocen como “un principio constitucional fundamental en Costa Rica”, que se “ha considerado históricamente una garantía esencial de la integridad y equidad del proceso electoral”. Afirman que la actualización del alcance de las prohibiciones existentes sobre el uso de recursos públicos para que se extendiera, también, a las plataformas digitales bajo administración del Poder Ejecutivo, fue hecha por el TSE “en ejercicio de su competencia exclusiva y obligatoria para interpretar el derecho electoral”, y que la solicitud del levantamiento de la inmunidad presidencial, frente a las denuncias de beligerancia contra el entonces Presidente Chaves, fue “de conformidad con los requisitos constitucionales”. Su valoración respecto de la justicia electoral costarricense es que, en general, está “en consonancia con los estándares internacionales y las buenas prácticas”, y que “el sistema prevé garantías del debido proceso”.

Desinformación contra las autoridades electorales

Una parte sustantiva del Informe se dedica al tema de la desinformación y los contenidos despectivos y hostiles dirigidos a socavar la confianza en las autoridades electorales. Para los expertos de la Unión Europea, si bien la autoridad electoral costarricense “tradicionalmente ha sido vista como un modelo en la región y gozado de gran prestigio dentro del país”, “se sembraron dudas sin precedentes sobre la institución. Aunque al inicio de su mandato el presidente Chaves había elogiado al TSE, posteriormente lo criticó (…) cuestionó la imparcialidad del TSE y afirmó que la institución intentaba censurarlo”. Así, “dirigió críticas (…) de forma significativa, a la administración electoral, concretamente al TSE. Este discurso acentuó la pérdida de confianza en las instituciones, principalmente entre los simpatizantes del PPSO”.

La señora Laura Fernández, continua el Informe, “adoptó una postura menos confrontativa; no obstante, tanto en su calidad de candidata presidencial como previamente en su cargo de ministra de Planificación, realizó declaraciones públicas que sugerían que la autoridad electoral mostraba sesgos contra su movimiento político. Todos los demás candidatos presidenciales expresaron su confianza en el TSE y en el sistema electoral”.

Lo anterior le generó al TSE “un contexto de cuestionamientos sin precedentes sobre su credibilidad, derivados de las críticas formuladas por el presidente saliente (…) que generaron percepciones polarizadas sobre la administración electoral”. Un entorno informativo que “se caracterizó por una fuerte polarización y por la presencia frecuente de contenidos despectivos y hostiles (…) Muchas páginas de Facebook que se presentaban como medios informativos, junto con grupos partidistas y cuentas gestionadas por influencers, difundieron narrativas”.

Luego el Informe refiere los hallazgos de análisis como el del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, que identificó “una actividad cada vez más sofisticada de cuentas coordinadas de tipo “troll”, lo que dificultaba su identificación. Estas actividades contribuyeron a amplificar la retórica confrontativa, los ataques personales (…) así como la distorsión del debate político en línea, lo que afectó negativamente a la capacidad de los votantes para formarse opiniones libres de interferencias manipuladoras”.

Por su parte, el monitoreo de medios de la propia Unión Europea “identificó cientos de páginas afines al Gobierno que difundían estas narrativas y socavaban la confianza en el proceso electoral y en las instituciones”. Así, en “los meses previos a las elecciones, el TSE fue objeto de narrativas en línea que cuestionaban su imparcialidad y credibilidad. La MEE observó un flujo constante de mensajes destinados a socavar la confianza en el TSE y la integridad del proceso electoral, principalmente en páginas y grupos afines al Gobierno (…) Hashtags como #NoConfíoEnElTSE, acusaciones de parcialidad en favor del PLN, afirmaciones sobre la existencia de una “ley mordaza”, alegaciones de un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Chaves y advertencias de que las elecciones podrían estar “amañadas” circularon por diversas plataformas. El monitoreo realizado por la MEE indicó que la interacción con estas narrativas alcanzó su punto álgido tras las declaraciones públicas del presidente Chaves o de miembros del Gobierno que cuestionaban la credibilidad del TSE”.

El Informe se ocupa, también, de cómo respondió el TSE a esa inédita ofensiva comunicacional: Dice que, si bien “respondió a las acusaciones defendiendo la credibilidad de la institución”, la “respuesta más consistente del TSE ante estas críticas fue priorizar la transparencia. En este sentido, logró organizar un proceso electoral abierto a la observación y explicó al público cada etapa del proceso electoral, desde la preparación y distribución de materiales hasta la votación, el conteo en las juntas receptoras de votos y el proceso oficial de resultados”.

En el mismo afán, a “pesar de haber realizado con éxito un proyecto piloto de voto electrónico, en las elecciones generales de 2026 el TSE decidió mantener el voto exclusivamente manual, una decisión que sirvió para garantizar la trazabilidad y la transparencia, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema costarricense prevé recuentos exhaustivos. Además, el TSE se comunicó eficazmente con la ciudadanía utilizando medios tradicionales y digitales para difundir información sobre la renovación de las cédulas de identidad, los preparativos electorales, los procedimientos de votación y las salvaguardas, como elementos de seguridad en las papeletas, precintos en los paquetes de material electoral y la presencia de observadores y representantes de los partidos políticos. A medida que se acercaban las elecciones, el TSE publicó y difundió segmentos explicativos sobre los procesos de conteo y transmisión de resultados, así como sobre los mecanismos de recuento”.

Específicamente en su sitio web, el TSE “publicó abundante información sobre distintos aspectos del proceso electoral, desde las cifras del padrón electoral hasta las declaraciones de financiamiento de campaña, mostrando un esfuerzo significativo por garantizar la transparencia”. Misma plataforma en la que “ofreció información detallada y variada sobre los resultados preliminares, y también permitió descargar cualquier conjunto de resultados en varios formatos exportables”, incluidas “las actas de resultados de las JRV”, “lo que constituye una buena práctica para facilitar su verificación y análisis”.

Para la Unión Europea, en general, el “TSE mantuvo una estrategia activa de comunicación en línea destinada a informar al electorado y contrarrestar la desinformación, que incluía una página web dedicada titulada “Que no lo engañen», en la que se difundían comunicados y vídeos informativos. También operó una unidad especializada de monitoreo de redes sociales y cooperó con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) mediante la herramienta eMonitor para identificar desinformación y discurso de odio. Estas medidas reflejaron el esfuerzo proactivo de la institución para reforzar la transparencia y proteger la integridad del entorno digital durante la campaña electoral”, así como para “para contrarrestar la desinformación” y “mitigar su propagación”.

Estos esfuerzos institucionales del TSE ante los ataques en su contra fueron respaldados “por diversos actores, en particular por los ocho expresidentes electos entre 1986 y 2018, quienes subrayaron la importancia de las normas que obligan a las autoridades gubernamentales a mantener la imparcialidad durante los procesos electorales”. La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), por su parte, “también emitió un comunicado en defensa de su miembro, al igual que varias asociaciones profesionales”.

El Informe indica que, aunque posteriormente “disminuyó la intensidad de estas narrativas, continuaron presentes en grupos de simpatizantes y secciones de comentarios, con el potencial de erosionar la confianza pública en la autoridad electoral (…) Tras las elecciones, se observaron acusaciones engañosas sobre supuestas irregularidades en las actas de resultados de las juntas receptoras de votos. Un titular engañoso publicado por el medio Trivisión, basado en una interpretación errónea de las conclusiones de la misión de observación electoral de la OEA sobre la transmisión de resultados, provocó una nueva oleada de desinformación y de ataques contra el TSE”.

Subrayan que, incluso durante escrutinio, que “fue metódico, exhaustivo y transparente”, hubo “un flujo constante de acusaciones de fraude contra el TSE, por parte de simpatizantes del PPSO en redes sociales que consideraban que su partido debería haber obtenido más escaños en la Asamblea Legislativa. Aunque el PPSO hizo un llamado a la paciencia y recordó que sus representantes estuvieron presentes durante el escrutinio, algunas figuras del partido alimentaron la expectativa de un cambio en los resultados (…) Pilar Cisneros, una figura destacada del PPSO, comentó que el proceso de escrutinio podría dar lugar a varios escaños adicionales en la Asamblea Legislativa, afirmación para la cual no existía evidencia”.

Recomendaciones de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea

El informe cierra con diez recomendaciones (algunas dirigidas al TSE, otras al Gobierno y a los legisladores, y otras a actores de la sociedad civil) que reproducimos literalmente:

1. Simplificar y ciudadanizar el sistema de selección del personal de las juntas receptoras de votos, garantizando que todos ellos estén bajo la autoridad del TSE y que asistan a cursos de capacitación. Una opción podría ser seleccionar al personal electoral entre los electores inscritos en el padrón electoral.

2. Incrementar la comunicación sobre las protecciones técnicas existentes y las garantías de transparencia en todas las etapas del proceso electoral, en particular en lo relativo al conteo de votos y al proceso de escrutinio. Si bien el TSE debería continuar liderando esta labor, otras organizaciones también podrían reforzar este servicio de información pública, que podría iniciarse con mayor antelación en el proceso electoral para optimizar su alcance.

3. Establecer un marco jurídico claro para la asignación de la publicidad estatal conforme a los estándares internacionales, basado en criterios objetivos y no discriminatorios y gestionado por órganos independientes, con el fin de garantizar la libertad de los medios de comunicación y su independencia editorial durante los procesos electorales.

4. Introducir franjas de propaganda electoral en los medios de comunicación para todos los contendientes, financiadas con cargo al aporte estatal a los partidos políticos y distribuidas de forma equitativa.

5. Establecer un marco jurídico para la asignación de frecuencias de radiodifusión conforme a los estándares interamericanos, basado en criterios objetivos y no discriminatorios y en condiciones económicas y técnicas proporcionadas, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, especialmente durante los procesos electorales.

6. Fortalecer las iniciativas independientes de verificación de datos y los programas de alfabetización mediática y digital para abordar de manera eficaz la manipulación de la información en línea, incluido el contenido generado mediante inteligencia artificial, especialmente durante los procesos electorales.

7. Fortalecer los esfuerzos destinados a acercar las juntas receptoras de votos a las zonas de difícil acceso geográfico, con el fin de reducir las barreras que enfrentan los pueblos indígenas para participar en las elecciones.

8. Fomentar iniciativas de la sociedad civil orientadas a la observación electoral independiente y no partidaria, así como facilitar el desarrollo de capacidades para promover una observación electoral integral y la difusión pública de sus conclusiones.

9. Publicar conjuntamente las actas de resultados y las actas de escrutinio para facilitar la consulta de la información completa de cada junta receptora de votos, particularmente por parte de la ciudadanía. Proporcionar una navegación intuitiva en el sitio web del TSE que facilite el conocimiento y el acceso a la información publicada.

10. Considerar la introducción de plazos procesales abreviados para los casos relacionados con el proceso electoral, con el fin de garantizar que las denuncias se resuelvan dentro del ciclo electoral correspondiente, preservando al mismo tiempo las garantías del debido proceso.