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Etiqueta: protección social

La CTRN y la UNT presentes en la 113 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza

Del 2 al 13 de junio se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, la 113 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Este evento reúne a representantes de gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales de distintos países, con el objetivo de tratar temas de trascendencia para el mundo del trabajo, los derechos laborales y la protección social.

En representación del sindicalismo costarricense participan Fanny Sequeira Mata, secretaria general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Rerum Novarum (CTRN), y Susan Quirós, secretaria general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), organización adscrita al Bloque Unitario Sindical y Social costarricense (BUSSCO).

Durante esta conferencia, Fanny Sequeira coordina con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo de hacer oír la voz de la clase trabajadora de Costa Rica y del mundo en los distintos foros de intercambio tripartito. La participación se ha enfocado en las luchas, desafíos y necesidades actuales de las personas trabajadoras.

Entre los temas centrales abordados en la CIT se destacan el trabajo decente en la economía de plataformas, la transición de la economía informal a la formal y la protección frente a peligros biológicos en el entorno laboral. La CTRN, junto con la CSA y la CSI, impulsan un convenio vinculante para garantizar derechos a quienes laboran en plataformas digitales, un sector con alta precariedad en Costa Rica.

También respalda la Recomendación 204 de la OIT para avanzar en la formalización del empleo ante la falta de políticas públicas en este ámbito. Finalmente, se discute la elaboración de un convenio para proteger a las personas trabajadoras expuestas a riesgos biológicos, tema que continuará desarrollándose en futuras sesiones.

En el contexto de estos temas, se han señalado situaciones como la precarización laboral, la erosión de derechos fundamentales, la violación de la libertad sindical y la desigualdad económica, social y de género. También se mencionan prácticas autoritarias e injerencias gubernamentales en instituciones autónomas.

Durante la conferencia sesiona la Comisión de Aplicación de Normas, que revisa anualmente el cumplimiento de los convenios internacionales. En esta edición se analizarán 24 casos de países que han sido denunciados por incumplimientos. En América Latina destacan los casos de Panamá (convenio 122 sobre políticas de empleo) y Ecuador (convenio 98 sobre negociación colectiva). También se mencionan denuncias de violaciones en Costa Rica, vinculadas a la libertad sindical, la legislación vigente y su aplicación.

La CTRN reafirma su compromiso con la acción sindical y la solidaridad nacional e internacional para democratizar el mundo del trabajo. Fanny Sequeira destacó que uno de los principales retos es asegurar el trabajo decente para las futuras generaciones, en favor de la sociedad en su conjunto.

Fuente imágenes: Semanario Universidad.

ACOJUPEMA lanza campaña en defensa de los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha iniciado una campaña para defender los fondos de pensiones, no solo del magisterio, sino de todos los trabajadores costarricenses. Esta acción surge ante la aparente intención de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y otras entidades privadas de apropiarse de los ahorros acumulados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral.

En el comunicado, ACOJUPEMA reafirma que los fondos de pensiones son propiedad privada de cada cotizante, activo, jubilado o pensionado, quien es el legítimo dueño de sus ahorros. La asociación denuncia los intereses oscuros y ajenos que buscan manipular o disponer de estos fondos en beneficio propio, asegurando que no representan a los ahorrantes y que estos actos son contrarios a los derechos de los trabajadores.

Con la etiqueta de «Alerta Roja», ACOJUPEMA busca concienciar a la población sobre la importancia de proteger estos fondos, enfatizando que nadie más que los ahorrantes deben tener control sobre el capital acumulado.

Esta campaña es respaldada y compartida por la vocera Marjorie Hernández, quien invita a todos los trabajadores a unirse en defensa de sus ahorros para la jubilación.

Impulsan proyecto de ley para garantizar derechos laborales en plataformas digitales

La Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), a través de su proyecto «Trabajo y Crisis» en conjunto con diputada la Sofía Guillén participarán en una mesa de diálogo para discutir un importante avance en la regulación laboral: el proyecto de «Ley para Garantizar Derechos Laborales de las Personas Prestadoras de Servicios de Reparto mediante Plataformas Digitales».

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas digitales de reparto en Costa Rica ha generado nuevas oportunidades de empleo. No obstante, estas oportunidades están marcadas por una grave precariedad laboral. Un preocupante 68% de los trabajadores en este sector carece de seguro social, y el 78% no contribuye a un fondo de pensiones. Además, la ausencia de protección legal contribuye a condiciones laborales adversas, ya que un 80% de estos trabajadores ha informado haber experimentado al menos un accidente en el desempeño de sus funciones.

La propuesta de ley representa una oportunidad crucial para rectificar estas injusticias y carencias, asegurando que los trabajadores del reparto digital no queden excluidos del sistema de protección social. Este proyecto busca no solo fomentar la economía digital, sino también dignificar el trabajo en la era tecnológica, garantizando condiciones laborales justas para quienes contribuyen a este sector. 

Este esfuerzo colaborativo entre la FES, la UNA y la diputada Guillén busca no solo generar un diálogo constructivo, sino también impulsar cambios significativos que beneficien a las personas que realizan estas labores esenciales en la economía actual. 

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social continúa lucha por aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y personas con discapacidad

El convenio que rige esta materia establece una cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para financiar el régimen no contributivo de pensiones (RNC). Este acuerdo regula la transferencia de recursos del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (FODESAF) a la CCSS con el objetivo de otorgar pensiones a personas en condiciones de vulnerabilidad que no califican para los regímenes contributivos.

Las principales cláusulas del convenio definen la responsabilidad de la CCSS en la identificación y selección de beneficiarios, la programación y distribución de recursos, así como la presentación de informes sobre la ejecución presupuestaria y programática. Además, se estipula la obligación de reintegrar a FODESAF cualquier superávit de recursos y el uso del sistema SINIRUBE para la clasificación socioeconómica de los beneficiarios.

El convenio tiene vigencia durante el año 2024, con la posibilidad de prórroga automática hasta el 2028, siempre que ninguna de las partes solicite su finalización.

Resolución del Ministerio de Trabajo sobre Recurso de Revocatoria

El 17 de septiembre de 2024, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió la Resolución N.° RAD-MTSS-DMT-DVAS-DNP-DAL-24-2024. En esta resolución, se rechazó el Recurso Ordinario de Revocatoria presentado por los auditores ciudadanos Carlos Eduardo González Arroyo, Alfredo Ramírez Montero, Jorge Manuel García Araya, Juan Carlos Aguilar Zamora y Rodrigo Arias López contra el acto administrativo N.° MTSS-DMT-DVAS-DNP-1018-2024, fechado el 5 de septiembre de 2024.

El recurso fue presentado con el propósito de solicitar un aumento en las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), argumentando que muchas de estas personas se encuentran en situaciones de pobreza extrema. Asimismo, se solicitó información detallada sobre el estado de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y una copia del convenio firmado entre el MTSS y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Dirección Nacional de Pensiones respondió que no es competencia del MTSS gestionar modificaciones en el RNC, ya que este régimen es administrado exclusivamente por la CCSS. La función del MTSS se limita a la transferencia de los recursos asignados por ley al programa, sin tener injerencia en la administración o ejecución del mismo.

Finalmente, la resolución mantiene el criterio expresado en el acto administrativo inicial y eleva el recurso de apelación al despacho del Ministro de Trabajo para su análisis y resolución conforme a derecho.

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

No obstante la resolución del Ministerio, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna para las personas adultas mayores en todos los ámbitos de la vida. Promueve su participación activa en la creación y aplicación de políticas que les afectan directamente, fomenta su integración en el núcleo familiar y comunitario, y facilita su organización y participación en la sociedad, aprovechando su experiencia y conocimiento. Además, impulsa y fortalece una red de atención progresiva para asegurar su cuidado integral con la colaboración de entidades públicas y privadas, y garantiza su protección y seguridad social.

La ley también establece diversos derechos para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, como el acceso a la educación y preparación para la jubilación, la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, y facilidades para obtener créditos. También asegura opciones de atención alternativa en caso de riesgo social, atención médica inmediata, pensión oportuna para satisfacer sus necesidades, asistencia social en situaciones de desempleo o discapacidad, y la participación en actividades productivas según sus capacidades y deseos. Además, protege contra la violencia y ofrece trato preferencial en trámites administrativos, promoviendo su unión con otros adultos mayores para buscar soluciones a problemas comunes.

Recurso de revocatoria y apelación en subsidio en busca de aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y a personas especiales

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social planteó un recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el oficio GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024 del 13 de septiembre de 2024. La gestión se realiza ante la instancia superior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante el argumento esgrimido por un nivel de dirección que rechazó la competencia de esta cartera en resolver el aumento solicitado en beneficio de la población adulta mayor y a personas especiales.

Base legal: Artículos 1 y 38 de la Ley N.° 8687, artículos 342 y siguientes de la Ley N.° 6227, Ley de Regulación del Derecho de Petición y artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política.

Primera solicitud: Reajuste de pensiones de ¢82.000 a ¢102.500. Se argumenta que la falta de ajuste en más de seis años vulnera la “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” y afecta a adultos mayores pensionados con ingresos insuficientes. La institución responde que no hay presupuesto para ajustes en 2024 y 2025, según instrucciones superiores y estudios técnicos no especificados.

Segunda solicitud: Se pide el reajuste de pensiones de la Ley de PCP. La justificación basada en prácticas pasadas no es considerada un argumento válido ni aceptable.

Tercera solicitud: Se solicita información sobre la causa de invalidez de las pensiones RNC/PCP. Se pide detalle específico de la causa de invalidez para 44,606 pensiones bajo el riesgo “INVALIDEZ RNC/PCP”, información que no se incluyó en los datos proporcionados.

Petitoria: Se solicita declarar con lugar el recurso de revocatoria y, en caso de rechazo, elevarlo a la autoridad superior para aumentar la pensión básica del RNC a ¢102.500. Se pide agregar la causa de invalidez a cada uno de los 44,606 casos enviados en el archivo correspondiente. También se solicita información sobre las “autoridades superiores” que emitieron las instrucciones para no revalorizar la pensión, así como copia de estudios técnicos y documentos que respalden la decisión.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social pide aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y a personas especiales

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta una solicitud dirigida a la Licda. Glenda Sánchez Brenes, Directora de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. A través de este documento, los firmantes, auditores ciudadanos, solicitan lo siguiente:

Principales peticiones de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

  1. Aumento de las pensiones no contributivas : Los auditores solicitan la revocatoria de un acto administrativo emitido el 5 de septiembre de 2024 por la Dirección Nacional de Pensiones, que consideran lesivo para la población más vulnerable. Argumentan que la falta de un incremento en las pensiones condena a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidades a una mayor pobreza, violando lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Constitución Política de Costa Rica. Estos artículos garantizan el bienestar general y la protección especial a las personas mayores.
  2. Acceso al convenio de cooperación : Se solicita una copia del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el fortalecimiento del Régimen No Contributivo (RNC), que tiene como objetivo mejorar la gestión y la entrega de subsidios a quienes más lo necesitan. 
  3. Informe detallado sobre la deuda del Estado : Se pide que se informe sobre el estado actual de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que se destina, entre otras cosas, a financiar el RNC. Esta solicitud se basa en el informe de la Contraloría General de la República (Informe N° DFOE-SAF-IF-00007-2019), que señala una deuda significativa acumulada por el Estado a lo largo de los años, lo cual ha afectado la capacidad de financiamiento de los programas sociales, entre ellos las pensiones no contributivas.

La ACSS, en su solicitud, subraya la importancia de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social asuma su responsabilidad en la revaloración de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC). Aunque la administración de este régimen está a cargo de la CCSS, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, es el responsable de asegurar que se asignen los recursos necesarios para mantener el poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación y las pérdidas de valor.

Un aspecto central de la argumentación es la mención del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y la CCSS para fortalecer el RNC. Este convenio, que incluye la colaboración en términos de financiamiento y gestión de los fondos, se presenta como una evidencia de que ambas instituciones tienen la responsabilidad conjunta de garantizar el bienestar de las personas que dependen del RNC. La Auditoría Ciudadana argumenta que este convenio refuerza la obligación del Ministerio de Trabajo de velar por que los recursos asignados a estas pensiones sean suficientes y se ajusten conforme a las necesidades actuales de la población.

La firma de este convenio también pone de manifiesto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un rol activo en la protección social, más allá de la administración pasiva de los recursos. La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social resalta que cualquier interpretación en contrario sería un incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen a esta entidad.

Le invitamos a seguir el enlace y leer el documento completo para conocer más detalles sobre esta gestión y la relevancia de los temas expuestos.

¿Crisis como oportunidad? De la ética de la esperanza a la economía política de la protección social en Centroamérica

Como parte de la XI Jornada de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, titulada: “Desigualdad en la Costa Rica de las excepcionalidades: Ciencias sociales ante coyunturas éticas”, se le invita a la charla “¿Crisis como oportunidad? De la ética de la esperanza a la economía política de la protección social en Centroamérica”, en donde participará la Dra. Juliana Martínez Franzoni, Cátedra Humbold, con la colaboración del Dr. Koen Voorend y el Dr. Guillermo Rosabal-Coto director del SIEDIN como moderador.

La charla tendrá lugar este jueves 19 de mayo a las 5:00 p.m. en la Librería UCR y también puede seguirla en vivo desde la página de Facebook del IIS. 

Para más información contactar al teléfono (+506)2511 8690 o al correo recepcion.iis@ucr.ac.cr

Protección social de la población informal: Una oportunidad para re-armar el pacto social costarricense

Por Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea, Investigadores Universidad de Costa Rica y Universidad de Oxford

La encrucijada

Costa Rica corre el riesgo de tirar por la borda gran parte del éxito en política social que le convirtió en un país especial, seguro, de paz y capaz de atraer inversión en áreas como el turismo o la tecnología de punta. En nombre de acabar con la informalidad, propuestas cortoplacistas plantean eliminar impuestos a la planilla y arriesgan, así, acabar con programas sociales sin que haya evidencia de que ello vaya a mejorar la formalidad del empleo.

El país puede hoy desarmar o rearmar el pacto social que dio origen a su estado social. Para cuidar y mejorar lo que tenemos necesitamos, primero, identificar y acordar impuestos directos progresivos que financien la política social no contributiva. Segundo, debemos mejorar la calidad del gasto de la Caja dirigido a servicios de salud y protección de la vejez. Tercero, necesitamos retomar políticas industriales-productivas dirigidas a reducir la informalidad laboral.

El problema de política pública

Ante los retos económicos y laborales creados por la pandemia, voces diversas demandan una reducción del impuesto a la planilla. Se plantea, por ejemplo, eliminar el 7% de este impuesto que actualmente se destina a FODESAF, IMAS e INA con la excusa de que con ello se reducirá la informalidad laboral. Este análisis parte de un supuesto —no sustentado— de que el problema de las empresas es de regulación e impuestos más que de baja productividad.

Lo peor es que esta propuesta ignora el acuerdo fundamental en el que se funda el éxito social costarricense. La históricamente baja recaudación de impuestos generales fue hasta ahora compensada con altos aportes vinculados a la planilla laboral.  En 2019, sin impuesto a la planilla, la recaudación de 14.7% del Producto Interno Bruto (PIB) era 3 puntos porcentuales menor que en El Salvador, un país con una política social débil y poco extendida. Con el impuesto a la planilla la recaudación aumentaba en 7 puntos porcentuales.

Parte de esas contribuciones se usaron para financiar programas no contributivos como capacitación, centros de cuido, comedores escolares, becas y uniformes escolares, seguros no contributivos de salud y pensiones, y una larga lista de acciones financiadas desde FODESAF, IMAS e INA.  Este diseño tuvo tres virtudes: compensó la ausencia de un impuesto a la riqueza y de un impuesto de renta que funcione; dio estabilidad al financiamiento; y vinculó a la población formal con aquella laboral y socialmente excluida —informales y población sin trabajo remunerado, principalmente mujeres dedicadas al trabajo de cuidados.

Este financiamiento fue la expresión de un pacto social que le permitió a Costa Rica tener uno de los mejores estados sociales del sur global.

Ciertamente, el modelo se expandió en un escenario de creciente empleo formal que desde los años 80 ya no existe. Hoy Costa Rica tiene casi la mitad de su fuerza laboral en malos empleos, informales. Además, el sector productivo más dinámico tiene empresas que informalizan su producción para reducir costos. Otras muchas empresas enfrentan costos altos en el marco de baja productividad.

Sin embargo, tratar de solucionar este problema mediante la mera reducción del impuesto a la planilla sería un error histórico: acabaríamos con una informalidad similar, pero con menor redistribución.

Soluciones

Si se tratara de re-armar este pacto social, se requiere de tres principales medidas.

La primera es identificar y acordar impuestos directos progresivos que financien la política social no contributiva. Ello permitiría eliminar luego esos costos del impuesto actual a la planilla laboral. Al reemplazar esta fuente de financiamiento es preciso reforzar la solidaridad social, identificando impuestos acordes con la alta concentración de la riqueza existente en el país. Necesitaríamos tributos progresivos para garantizar el financiamiento adecuado y posiblemente creciente de estos programas. Tengamos presente, por ejemplo, que Costa Rica carece de un impuesto al patrimonio que equivale al 8,3% del PIB en los países de la OCDE. Por supuesto que ayudaría muchísimo contar con renta global y mundial que traslade a la política social parte del dinero que hoy va a paraísos fiscales.

Dado que representa dos terceras parte de toda la inversión social, lo segundo es mejorar la gestión de la Caja. Es urgente entender y resolver de forma gradual, pero firme, estos problemas para darle tranquilidad y seguridad a la población en dos asuntos fundamentales como son la salud y la protección de la vejez. Ello evitará, además, que pronto se ponga en cuestión el papel de la propia Caja y su forma de financiación.

Lo tercero, urgente, es priorizar políticas industriales-productivas dirigidas a reducir la informalidad laboral por la vía de apoyar a las empresas, en su mayoría micro, que generan el grueso del empleo nacional. Ello requiere promoción de sectores en la frontera tecnológica, pero también encender el motor de apoyo a las empresas micro de baja productividad que, en su mayoría, producen para el mercado interno.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.

Foto: Semanario Universidad.

Una oportunidad para re-armar el pacto social costarricense

Crisis del IVM y de la CCSS, realidad y perspectivas

El pasado 18 de junio, en el programa Alternativas se estuvo conversando sobre «Crisis del IVM y de la CCSS, realidad y perspectivas«

Se contó con la participación de:

  • Jorge Coronado, Sociólogo de la UCR, Especialidad en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín/Alemania Estudios en Ciencias Políticas de la UCR
  • Martha Elena Rodríguez, directora CCSS en representación de los y las trabajadoras sector sindical, Secretaría General Adjunta UNDECA

En este programa los (as) panelistas conversaron acerca del origen e importancia del régimen del IVM, así como del acontecer actual de este; De acuerdo a Jorge Coronado el régimen del IVM ha garantizado seguro de salud y pensiones a la población, además junto a la CCSS ha permitido que este país tenga indicadores de salud reconocidos a nivel mundial, garantizando la protección social; A pesar de esto este sistema se ha venido deteriorando, y con la crisis provocada por la pandemia del COVID 19, esta crisis se ha incrementado, provocando que la sostenibilidad del mismo se vea a amenazada.

Lo anterior ha provocado que la cobertura de este régimen se disminuyera, generando que miles de trabajadores y trabajadoras no tengan la posibilidad de acceder a esta protección social, precarizando las condiciones de vida de muchas personas.

Del mismo modo Martha Elena Rodríguez menciona como el gobierno y algunos partidos políticos han impulsado una serie de reformas que lejos de mejorar deterioran aún más este régimen. Desde hace varios años el Fondo Monetario Internacional ha venido planteando una serie de reformas regresivas para los regímenes de pensión, además, la OGDE plantea que debe haber un solo régimen, a la medida de lo que quieren los organismos financieros internacionales. Estos modelos históricamente han fracasado.

Asimismo, se señala como es necesaria una reforma al régimen del IVM, sin embargo, la que se está proponiendo no solucionar la crisis de este régimen, todo lo contrario, su implementación afectaría a toda la clase trabajadora, por lo que se hace un llamado a una reforma en la cual se convoque al dialogo social, que cuente con la participación de diversos sectores.

Necesaria una reforma, pero no la actual, se debe dar a través del diálogo social, que incluya a todos los sectores

Para ampliar la discusión de este tema en el siguiente enlace pueden acceder a la transmisión completa del programa https://fb.watch/6cXH3CdIU4/

Seminario web: Los beneficios económicos de la protección social

La Confederación Sindical Internacional, la Fundación Friedrich-Ebert Stiftung y Development Pathways invitan al seminario web: Los beneficios económicos de la protección social.

La actividad será el día viernes 7 de mayo 2021 a la 1:00 de la tarde. La transmisión tendrá interpretación simultánea en inglés, francés y español.

El evento tendrá la participación de Observaciones iniciales: Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional.

La presentación estará a cargo de Diloa Bailey-Athias, Economista de Development Pathways.

La reacciones estará a cargo de: Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Costa Rica; Reema Nanavaty, directora de Actividades de Desarrollo Económico y Rural, Self-Employed Women’s Association (SEWA), India; Kwabena Ootoo, director de Investigaciones, Trades Union Congress (TUC); Ghana Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social, Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Conclusiones finales: Hajo Lanz, director de la oficina de la Friedrich-Ebert Stiftung en Ginebra.

Moderadora: Evelyn Astor, Asesora de políticas económicas y sociales, Confederación Sindical Internacional

Para participar del evento debe inscribirse antes del 3 de mayo en este enlace: https://ituc-csi-org.zoom.us/meeting/register/tJYqc-yhqj8jG9ROvibSsRNfLvEAulZYJe9f

Para conocer más sobre el análisis de la inversión en protección social y el crecimiento económico puede hacer click aquí