En el día de hoy se conmemora el tercer año desde la muerte de Jairo Mora Sandoval, en Playa Moín, en la costa atlántica de Costa Ruca. Un crimen ocurrido en la madrugada del 31 de mayo del 2013 contra este joven biólogo costarricense apasionado por las tortugas marinas, y que estremeció a Costa Rica.
Extrañamente, sin que se tuviera investigación preliminar previa, el Vice Presidente de Costa Rica, Alfio Piva, afirmó dos días después de ocurrido el crimen a la cadena de noticias CNN que Jairo Mora se había «expuesto»(ver nota del 3/06/2013), causando estupor y un profundo malestar en gran parte del sector ecologista costarricense. En esta nota de la BBC de noviembre del 2014, se lee que:»El que ocupaba su lugar cuando la petición fue hecha, el entonces ministro de Ambiente, René Castro, dijo tras el crimen que su institución no es responsable de proteger la playa Moín».
En la versión impresa de este reportaje del Semanario Universidad de junio del 2013, se aportan los siguientes datos sobre el número de nidos de tortugas registrados en las playas del Caribe costarricense. Datos que al parecer poco interesaron a las autoridades a cargo del ambiente en Costa Rica de la época, y que colocan a Playa Moín como una de las principales playas de arribo de las tortugas marinas:
Playa Moín: 1425 nidos detectados
Reserva Pacuare: 1206
Estación las Tortugas: 708
Torguguero: 248
Pacuare: 515
Parismina: 243
Cahuita: 267
Gandoca: 288
Cabe recordar que al finalizar su visita a Costa Rica (y de manera muy preliminar – ver nota de prensa) el experto de Naciones Unidas John Knox, Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente había señalado durante una conferencia de prensa que: “No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los Gobiernos” (ver nota de La Nación del 2/08/2013). El carácter perogrullesco de estas declaraciones puede en parte explicarse si tomamos en consideración que se inscriben en el marco de la profunda indignación suscitada en Costa Rica por la muerte de Jairo Mora. Como bien se recordará, el ecologista había hecho públicas las amenazas recibidas por su organización en relación a la labor que consistía en un censo de nidos de tortugas marinas en las playas del Caribe. Había incluso advertido que: “Si un policía dice que nos ayuda, está mintiendo” (ver nota de La Nación del 1ero de junio del 2013). Por alguna extraña coincidencia, el arresto de ocho sospechosos de su muerte se dio justo 24 horas antes de que concluyera la visita del experto independiente de Naciones Unidas a suelo costarricense (ver nota del 31 de julio del 2013 de La Nación).
En el texto del informe final de John Knox elaborado a raíz de su visita a Costa Rica (Documento A/HRC/25/53/Add.1, del 8/08/2014 disponible en la red), el experto precisaba que (punto 67): “ /…/, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“. Se trata de un señalamiento hecho público en el 2013 por las mismas organizaciones ecologistas de Costa Rica a las autoridades, solicitando la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el crimen de Jairo Mora: el patrón de impunidad que prevalece en Costa Rica con relación a acciones contra ecologistas evidencia que el Poder Judicial no parece contar con herramientas que permitan dimensionar los verdaderos objetivos que estas acciones conllevan, limitándose, cuando mucho, a tratar estos hechos como delincuencia común (ver nota de FECON de enero del 2015 sobre listado de ecologistas asesinados en Costa Rica). A la fecha, la propuesta de establecer una Comisión de la Verdad no se ha concretado.
Siempre en esta misma línea (punto 68), el experto (posiblemente consciente de la peligrosa tentación de algunos sectores en Costa Rica que consiste en criminalizar la protesta social), “recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos“.
*Foto enviada a SURCOS Digital y extraída de artículo de prensa publicado en El País (España) sobre condena de sospechosos del crimen de Jairo Mora.
Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.
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