SURCOS recibió para su publicación la siguiente denuncia respaldada por fotos y videos:
“Durante una manifestación sobre el puente de Caldera la policía intervino lanzando gases, a pesar de que la gente se retiró continuó el lanzamiento de gases, y como los policías no podían pasar por la cantidad de carros, enviaron efectivos a perseguir a las personas manifestantes quienes ya no estaban obstruyendo la vía”.
“Greivis González y Jouseth Cháves y los demás luchadores detenidos del día de hoy en Puntarenas fueron trasladados a la Naval (Guardacostas) y en este momento están siendo trasladados a la fiscalía en Puntarenas para procesarlos en flagrancia. Exigimos su liberación inmediata y que detengan la represión contra el pueblo trabajador que se encuentra luchando contra el plan fiscal que afecta al pueblo”.
Información compartida con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.
Lamentamos profundamente la situación por la cual atraviesa en pueblo costarricense y en particular ustedes, como comunidad universitaria. Nos solidarizamos también con una situación que comparte también en forma similar, el pueblo puertorriqueño. También en Puerto Rico hemos sido víctimas recientes de la represión violenta de la policía ante la protesta social.
Toda esta situación amerita un conversatorio que nos ayude en el análisis macro de lo que está sucediendo en esta etapa del capital global y que desde la profesión de Trabajo Social se desarrollen estrategia de formación y prácticas para proteger los derechos humanos y participar en su desarrollo y ampliación.
Abrazo solidario a ustedes,
Junta Directiva de ALAEITS
Ingrese en el siguiente enlace para leer el pronunciamiento:
Hemos estado observando algunos hechos irregulares originados desde la ciudadanía en calidad de protesta por el controversial plan fiscal, que ha sido presentado en la Asamblea.
Esos hechos, como un video de un ciudadano limonense insultando al Presidente; los disturbios y bandalismo en mercados y tiendas; el rompimiento de un oleoducto, etc., son lamentablemente fuera de la lógica de nuestra cultura. Aún cuando se comprende los estados de ánimo que puedan justificar esos exabruptos, colocan a los organizadores de la huelga en mal predicado.
Ningún acto que rebasa la ética y moral puede ser aceptado en una sociedad con los niveles educativos de Costa Rica.
Cierto es que algunas autoridades han violado el marco jurídico y de respeto a los derechos humanos, como cierto es que el haber ampliado la brechas entre ricos y pobres, en las últimas dos décadas por favorecer a los primeros, ofende más a nuestra sociedad que una huelga nacional de una semana, pero con esos actos irregulares estamos resquebrajando y debilitando las probabilidades de éxito por la clase trabajadora.
La clase trabajadora siempre ha sido respetuosa de la ley y no debe permitir un sabotaje a su proyecto para que se establezca un pacto fiscal justo. Sabotear la huelga infiltrando delincuentes es algo muy probable. Así que se debe vigilar bien a posibles infiltrados y denunciarlos.
En un comunicado recibido por SURCOS, el rector de la Universidad Nacional, doctor Alberto Salom Echeverría, llama a una marcha pacífica ante la violación del espacio de la Universidad de Costa Rica por parte de la policía.
Compartimos el comunicado.
Información enviada a SURCOS por el docente de la UNA Alberto Rojas.
El doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, convocó a toda la comunidad universitaria a marchar hacia la Casa Presidencial este jueves 13 de setiembre, esto, para defender la autonomía universitaria luego del ingreso de la policía al Campus Rodrigo Facio a detener estudiantes.
Jensen Pennington dijo en una grabación para Radio Universidad: «Pido a toda la comunidad universitaria que me acompañen este jueves 13 a Casa Presidencial cuando estaré solicitando una audiencia con el señor Presidente».
La cita para la comunidad universitaria se fijó para las 8 am en el espacio conocido como «el pretil».
Una narración difundida en redes digitales contó lo siguiente:
«El dia de hoy un grupo de estudiantes realizó una manifestación frente al Oullet Mall en San Pedro, se manifestaron contra el combo fiscal. Luego de media hora de manifestación llegaron más de 10 patrullas y una gran cantidad de policías de la fuerza pública. Lxs estudiantes decidieron marchar hacia la UCR y los policías acorralaron a lxs estudiantes y les persiguieron. Cuando llegaron a la U lxs estudiantes de se metieron al edificio de arquitectura para resguardarse y la fuerza pública entró a la UCR quebraron una puerta de vidrio e hirieron a un estudiante en la cabeza. La manifestación era pacífica, la fuerza pública comenzó a atacar y arrestó a varixs estudiantes».
Según las denuncias en redes digitales, la policía golpeó estudiantes y a un periodista del Semanario Universidad. Los policías ingresaron corriendo hasta la Escuela de Arquitectura. En la imagen se observa un momento captado en un video cuando un vehículo policial para detenciones llega a la UCR.
Condenamos y denunciamos la criminalización de la protesta social por parte del régimen Ortega/Murillo así como la violencia y represión que ejercen
Exigimos respeto a la integridad física e identidad de género de Victoria y demandamos su inmediata liberación
Nos solidarizamos con el movimiento LGBTIQ de Nicaragua y con todos y todas quienes luchan por la democracia y los derechos humanos en el hermano país
Victoria Obando, conocida popularmente como Pibecito Blue es originaria de Bluefield, Región Autónoma del Caribe Sur, mujer transgénero, gastrónoma, estudiante de Comunicación de la UNAN Managua, activista de los derechos de las mujeres trans y de la Comunidad LGBTI.
Desde muy Joven ha luchado por los derechos de las mujeres transgénero, siendo su principal bandera de lucha el reconocimiento social y legal de la población trans, por medio de una Ley de Identidad de Género. Con ese fin funda DEIGEORSEX, Asociación por los Derechos a la Identidad de Género y Orientación Sexual y es parte del Comité de Trabajo de la Ley de Identidad de Género de la Mesa Nacional LGBTI de la cual su organización es participante activa.
Desde inicio de la jornada de protesta contra el régimen Ortega/Murillo, ella ha sido parte del movimiento autoconvocado, apoyando desde su condición de joven universitaria. Ha sido parte de la Coalición Universitaria por la Democracia y la Justicia, CUDJ, como tal participó en el CRES 2018, y fue la voz de los y las estudiantes que estaban siendo asesinados y reprimidos por la policía y los paramilitares del régimen Ortega/Murillo.
El pasado 25 de Agosto junto a otros jóvenes de la CUDJ, fue detenida ilegalmente en la ciudad de León, violentando sus derechos humanos. Demandamos respeto a su integridad física y que se respete su identidad de género. Exigimos su libertad inmediata.
Exigimos la libertad inmediata de Victoria
Luis Paulino Vargas Solís, Presidente Movimiento Diversidad
Información enviada a SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís
Pronunciamiento condena los asesinatos cometidos especialmente contra estudiantes universitarios
Comprometida con la defensa de la paz, la justicia social, la democracia y el respeto a los derechos humanos, la UCR se solidarizó con el pueblo y las universidades nicaragüenses. Foto: www.pixabay.com
El Consejo Universitario exteriorizó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua ante la coyuntura política y social que afronta actualmente, y censuró los actos violentos contra las diferentes universidades a raíz de las manifestaciones y enfrentamientos con el Gobierno.
Mediante un pronunciamiento del órgano, esta casa de estudios superiores repudió los asesinatos perpetrados en las últimas semanas en ese país, principalmente aquellos contra estudiantes universitarios, quienes ejercían presiones políticas en el marco de su derecho a la libre expresión y con el afán de contribuir al desarrollo y la democracia de su nación.
La UCR insta al Gobierno y al pueblo nicaragüense al diálogo, la tolerancia y el respeto de los diferentes criterios sobre la visión país, de manera que se evite la pérdida de vidas humanas y que no se generen fracturas en la convivencia social.
Además, recordó que el uso de la violencia no debe ser el medio para solucionar problemas en una sociedad pacífica y democrática, en donde todas las personas tienen derecho a manifestarse en contra o a favor de una idea, sin que se transgredan los derechos humanos y la libre expresión.
Adicionalmente, como miembro del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), y en vista de que cuatro universidades de Nicaragua han sido escenario de violencia y enfrentamientos entre los estudiantes y las fuerzas especiales de la Policía, la UCR hizo énfasis en la importancia de la integración, la solidaridad, el apoyo y el fortalecimiento de la educación en Centroamérica.
Asimismo, reafirmó la urgencia de respetar la autonomía de las universidades en términos del espacio geográfico donde actúa el personal académico y administrativo y, por supuesto, el respeto a la población estudiantil, al derecho a la libertad de pensamiento y crítica, de enseñanza y aprendizaje, sin la intromisión de terceros.
Finalmente, ante esta situación, y en el marco de la conmemoración del centenario de la Reforma de Córdoba, la Universidad recordó la declaración de la autonomía universitaria y celebró las acciones del movimiento estudiantil, en la crítica y diálogo sobre la educación, economía, política y el derecho, lo cual ha permitido la generación de cambios a escala mundial durante todos estos años.
Este próximo 29 de setiembre a las 6 p.m. el Ciclo de Cine Noches de Paz y Amistad presentará Tlatelolco, Verano 68, una película de Carlos Bolado (drama basado en hechos reales de los años 60).
Esta noche de cine se llevará a cabo en el Centro de Amigos para la Paz, Avenida 6 BIS, Calle 15, entre Av. 6 y 8. Costado Oeste de los Tribunales de Justicia, 150 metros Sur y 25 metros Oeste de la esquina sur-oeste del Museo Nacional. Teléfono: 2222-1400.
Sinopsis
Tlateloco es una historia en una ciudad con grandes héroes y villanos; también una historia de amor entre dos estudiantes de distintos estratos sociales.
Propuesto como el primer país del tercer mundo en ser anfitrión de los Juegos Olímpicos, la Ciudad de México se encuentra bajo la mirada microscópica del resto del mundo. La tensión aumenta. El gobierno se esmera por embellecer la ciudad y por darle al mundo una imagen de estabilidad, pero la Capital está más inquieta que nunca. El Movimiento Estudiantil confronta al gobierno con marchas y plantones.
En este contexto, nuestros personajes convergen desde distintos estratos sociales y desde distintas posiciones del entorno, haciendo que momento a momento fluyan las emociones y la sorpresa de lo inesperado. Una historia de amor épico dentro de un marco histórico que sigue generando controversia. (FILMAFFINITY)
En Foro Institucional 2017 se analizan casos de protesta en defensa de derechos ambientales
Patricia Blanco Picado,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
La protesta social, y en particular la protesta socioambiental en Costa Rica, fue tema de análisis por parte de dos académicos de la UCR y una activista social en el Foro Institucional 2017 dedicado a la libertad de expresión, comunicación y democracia (foto archivo ODI).
La protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años el Estado costarricense ha puesto en práctica herramientas legales con la finalidad de inhibir estas manifestaciones y llevar al plano judicial estos conflictos.
«Algunos sectores, que tienen coptado al Estado, buscan intimidar, inhibir o ejercer algún tipo de presión psicológica sobre personas que en algún momento de su vida participan en una protesta social en Costa Rica», expresó el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Boeglin y el Dr. Jorge Lobo Segura, docente de la Escuela de Biología de esta misma universidad, participaron con expositores en la mesa redonda «Protesta social como manifestación de la libertad de expresión», actividad organizada como parte del Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia.
Los académicos han brindado acompañamiento técnico a organizaciones comunales en varias protestas ambientales y, por tanto, hablaron desde su experiencia personal.
«Tenemos aún medios de justicia para la resolución de confictos socioambientales», aseguró el Dr. Jorge Lobo Segura, profesor de la Escuela de Biología y uno de los expositores en el Foro (foto Laura Rodríguez).
«Los procesos de protesta socioambiental en nuestro país han sido una forma concreta de expresión de insatisfacción y de reclamo de derechos ambientales de la población y de la naturaleza, como resultado de la preponderancia de los intereses privados sobre lo social y lo natural», aseguró Lobo.
La protesta en el campo ambiental ha aumentado en la última década según cifras del Informe Estado de la Nación y se expresa mediante campañas en contra de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas, urbanísticos, reformas legales, la defensa del algua y temas relacionados con la región marítimo-costera.
Lobo y Boeglin coincidieron en que la criminalización de la protesta social es un hecho en Costa Rica, ya que a quienes participan en estos movimientos se les trata como delincuentes. Mencionaron varios casos recientes, entre ellos el juicio penal en el que fueron absueltos en abril pasado cinco estudiantes y un profesor de la UCR por participar en el 2012 en una marcha en defensa de la seguridad social.
Los expositores plantearon además que las manifestaciones de inconformidad social no tienen cabida en los medios de comunicación masivos y son solo tomadas en cuenta cuando adquieren gran envergadura, incidencia politica o se convierten en conflictos violentos. «Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir atención en los medios», detalló Lobo, sobre todo cuando los movimientos sociales son incipientes.
El Dr, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, alertó sobre el uso de técnicas legales y mecanismos sutiles para inhibir el derecho a la protesta social y mandar una señal calra al movimiento ambientalista (foto Laura Rodríguez).
Para el biólogo, la ausencia de medios comunitarios o de prensa con alcance local «es una gravísima omisión de nuestro sistema de comunicación».
Por su parte, Boeglin explicó que en Costa Rica se ha empezado a relacionar el derecho penal y la protesta social, lo que es muy peligroso y preocupante, ya que este tipo de derecho está pensado para sancionar conductas y lograr que las sanciones sea ejemplarizantes.
«El derecho penal en ningún momento tiene que empezar a acercarse de esa manera a la protesta social. La protesta social no es más ni menos que un ejercicio legítimo en la defensa de intereses colectivos, muchos de ellos reconocidos por la institucionalidad costarricense y en una gran cantidad de leyes», afirmó el jurista.
Boeglin y Lobo mencionaron la experiencia vivida ante la demanda por injurias, calumnias y difamación interpuesta en su contra por la empresa minera canadiense Infinito Gold, que pretendía desarrollar el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
Eva Carazo, integrante de varios colectivos sociales y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, enfatizó que las universidades públicas tienen una responsabilidad directa con las comunidades, que requieren el acompañamiento técnico y legal ante la judialización de las protestas sociales (foto Laura Rodríguez).
«Muchos de los que participan en estas marchas -expresó Boeglin- tienen la Constitución en la mano y no entienden que un Estado haga el juego a ciertos sectores e intente sostener lo insostenible, como lo vimos en el proyecto Crucitas, donde vimos a un Gobierno actuar como vocero de una empresa canadiense».
«Eso es algo nunca visto y es profundamente indignante para quienes entendemos un poquito cómo funciona el aparato estatal costarricense», aseguró el profesor universitario.
«Estas experiencias me han mostrado lo importante del proceso de investigación, el trabajo de gabinete, el respaldo a los reclamos con argumentos científicos, técnicos o legales y la importancia de la búsqueda de caminos legales y administrativos como parte de los procesos de protesta socioambiental que ocurren a diario en nuestro país», manifestó Lobo.
La protesta para cuestionar
Las sesiones del Foro Institucional 2017 se realizan los miércoles 8 a.m. a 12 m. en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR. Las próximas sesiones son el 21 y el 28 de junio (foto Laura Rodríguez).
La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación deben constituirse en reivindicaciones de los movimientos sociales, opinó la activista, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y psicóloga, Eva Carazo, quien participó en la mesa como comentarista.
Carazo reafirmó la importancia de la protesta social como procesos de defensa de derechos e hizo un llamado a cuestionarse «qué le dice la protesta a nuestra sociedad sobre el tipo de modelo depredador y de relaciones y procedimientos que tenemos disponibles para tomar decisiones y resolver los conflictos».
Indicó además que estas manifestaciones colectivas forman parte de la cotidianidad de mucha gente en nuestra sociedad y son aspectos esenciales de su supervivencia. Sin embargo, señaló, no forman parte del mundo que los medios de comunicación presentan: «llegan a los medios hegemónicos solamente como conflictos o aparecen como la nota roja o con un abordaje superficial».
Finalmente, Carazo dijo que en vez de mirar la protesta social como una amenaza, se debería analizar cómo los movimientos sociales han presionado por cambios institucionales necesarios, porque las leyes y el Estado no han funcionado en la protección de los derechos ciudadanos.
