Más de treinta artistas peruanos nos hemos unido para hacer memoria y honrar a los 60 fallecidos durante este gobierno. La canción se llama “PRESENTES” y cuenta con la interpretación de Laurita Pacheco, Susana Baca, Consuelo Jerí, Lunandina, entre muchos otros.
El videoclip cuenta también con la participación de la actriz Ana Correa, de Hildy Quintanilla (Mashara Teatra – Qinti) y la artivista Micaela Távara Asimismo, la portada de la canción es el retablo “Yawarniky waqachiwan” del artista ayacuchano Reynaldo Quispe quien ha querido sumar su arte a este proyecto colectivo. El videoclip cuenta con imágenes de las manifestaciones en diversos puntos del Perú y cuenta con material proporcionado a muchas manos y articulado en un único mensaje bajo la dirección de Gustavo de la Torre (Pasaje 18).
Lo que los grandes medios callan, nuestro arte lo canta. Ayúdanos a que este mensaje suene muy fuerte.
Texto tomado de Facebook: Artesanos Unidos del Perú
“El retablo titulado YAWARNIKI WAQACHIWAN es un trabajo artístico que nace tras los acontecimientos suscitados en estas últimas instancias dentro de nuestro territorio geográfico crisis político, el artesano Reynaldo Quispe Flores se vio en la disposición de plasmar en un retablo Ayacuchano el sentir del pueblo entre ellos, lo que pasó Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 PARO NACIONAL INDEFINIDO que se llevó a cabo, convocada por el FRENTE DE DEFENSA DEL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PERÚ con la finalidad de lograr el cierre definitivo del Congreso de la República, Nueva Constitución patriótica, paritaria, ecologista y plurinacional; inmediata convocatoria a nuevas elecciones generales bajo un nuevo contrato social todo ello a causa de un golpe de estado que concluyó con la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones, hecho que causo la indignación del pueblo y sirvió como un tema importante dentro de lo que vendría a ser parte de nuestra historia.
Dentro del trabajo artístico podemos apreciar los abusos de poder y autoridad que se llegó a ejercer en contra de la sociedad en las diferentes regiones del Perú, pues los militares y policías ejercieron violencia y asesinato en contra de los manifestantes que expresaban rechazo hacia la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República en los diferentes puntos de la ciudad de Huamanga y otros de la región del sur del Perú; así mismos dentro del retablo también se puede apreciar a la prensa nacional que catalogó de terroristas a los manifestantes».
Este martes 8 de noviembre de 2022 conmemoramos la Manifestación en Defensa de la Seguridad Social que se realizó un 8 de noviembre de 2012 para defender los presupuestos del Hospital San Francisco de Asís de Grecia, Hospital La Anexión de Nicoya y otros recortes a los servicios de la Salud Pública.
El 8 de noviembre de 2012 se realizó una manifestación organizada por varias comunidades de Grecia, de Occidente y de Nicoya; descontentas por los recortes aplicados en ese momento a la seguridad social.
La manifestación recibió el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales que se solidarizaron con las consignas que levantaban las comunidades.
Ese 8 de noviembre desfilaron por la Avenida Segunda josefina adultos mayores, personas en muletas, gente de comunidades rurales que pedían pronta atención de sus padecimientos; el objetivo de la acción política era entregar un pliego de peticiones a la Dra. Ileana Balmaceda, quien en ese momento fungía como presidente ejecutiva de la CCSS. Sin embargo, las y los manifestantes encontraron cerrados los portones de la institution.
Para sorpresa de las y los manifestantes la policía antimotines, empezó a formarse a la altura del Ministerio de Hacienda y avanzó en contra de las y los manifestantes, golpeando y empujando a diestra y siniestra, abusando de su autoridad y realizando detenciones arbitrarias.
La indignación de la golpiza y los arrestos provocó que muchas personas, entre estas Diputados(as) se movilizaran al lugar de los hechos para exigir la liberación de la gente que arrestaron sin ninguna justificación, razón por la cual la manifestación se extendió hasta la noche con más detenciones, durante los siguientes 5 años muchos compañeros-as tuvieron que enfrentar juicios en los Juzgados Contravencional, Penal Flagrancia y Penal Ordinario. El año siguiente el FRENASS declaró que todos los 8 de noviembre serán el Día de Defensa de la Seguridad Social, para recordar como todo un Pueblo se manifestó decididamente a favor de la Caja y en defensa de la Protesta Social. Este año 2022 nos manifestaremos para exigir al Gobierno que pague la deuda que tiene con la CCSS.
Uno de los juicios políticos contra la protesta social más largos de la historia latinoamericana, se efectúa en el país de la “pura vida”.
A sus 70 años de edad, el defensor de los derechos humanos y luchador social, Orlando Barrantes, es víctima de la persecución judicial del Estado centroamericano de Costa Rica desde hace 22 años y en el presente atraviesa por el octavo juicio, motivado por los aparatos judiciales del Estado costarricense.
La historia de Barrantes se remonta a principios del siglo XXI, cuando en diciembre del año dos mil, se encontraba un fuerte sector de la clase obrera costarricense en la provincia de Limón, haciendo uso del derecho humano universal de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos
En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y del sector obrero que trabajaba en los muelles.
Estos sectores populares estaban exigiendo un apoyo contundente e insumos de apoyo de parte del Estado como responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.
Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles y en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y que fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.
Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.
Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.
A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del único país del continente americano que no cuenta con militares.
Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.
Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó esta acción de protesta.
Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.
En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad” también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.
Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.
Este defensor de la humanidad costarricense fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.
Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.
En los juzgados de Guápiles actualmente se lleva a cabo el juicio número 8, contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, distintas organizaciones de derechos humanos, populares y ecologistas se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.
Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.
Ante estos hechos de la persecución judicial contra Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.
Por tal motivo la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, rechaza y condena enérgicamente, la persecución estatal que esta siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años.
La ACODEHU hace un llamado internacional a las instancias competentes que defienden los derechos humanos en el marco del concierto de naciones, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que condenen esta persecución contra un defensor de derechos humanos como lo es, el compañero y luchador social, Orlando Barrantes.
De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.
Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.
A los veinte y siete días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica, Centroamérica.
ANA CECILIA JIMÉNEZ ARCE Junta Directiva Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Como hemos conocido por algunas noticias en la radio, la televisión, la prensa y las redes sociales, en Panamá ha habido grandes protestas sociales encabezadas por el gremio de los maestros, los sindicatos de la construcción, grupos estudiantiles, indígenas y sectores de productores agrícolas nacionales.
Luego de décadas de políticas fiscales que favorecen a los grandes empresarios evasores, de la existencia de oligopolios que se benefician con el aumento de los productos agrícolas, de estancamiento de los salarios, de encarecimiento de la vida, y de las conocidas políticas neoliberales de los distintos gobiernos que se han alternado; el pueblo panameño se ha lanzado a la calle para defender su derecho a una vida digna, en un país en donde se ha venido dando una fuerte polarización social, y una creciente desigualdad entre la población.
Desde el Movimiento de Asambleas Populares queremos solidarizarnos con esta lucha justa y necesaria del pueblo panameño, y a su vez, creemos obligatorio resaltar que el camino de la lucha y la unidad del pueblo es lo que garantiza la defensa de los derechos básicos a la educación, la alimentación, la vivienda, el trabajo y salarios dignos.
El pasado 29 de julio, este grupo convocó a una manifestación frente a la Embajada de Panamá en Costa Rica, con el fin de acuerpar la lucha del pueblo panameño.
Se adjunta imagen de la convocatoria y reflexión por parte del Movimiento Asambleas Populares.
Orlando Barrantes lleva 22 largos años en procesos judiciales por la misma causa, violentando el artículo 42 de la Constitución Política “Ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales”.
Por lo tanto, el juicio que atraviesa Barrantes es un juicio político que condena el movimiento social, por lo cual, todas las personas debemos defender nuestros derechos a organizarnos y manifestarnos, no se debe permitir la criminalización de la protesta social.
“Ninguna persona debe permanecer 22 años en un proceso judicial y de persecución”
Para más información y apoyo a esta campaña ingresar al Facebook: Libertad para Orlando Barrantes, o al Instagram: @Orlando_Barrantes_Libre
SURCOS comparte el siguiente documento con firmas de apoyo nacionale e internacional:
COSTA RICA: JUNTO AL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA A CONDENA CONTRA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ Y SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO
En Costa Rica, a partir del 11 de setiembre, 2018, el joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, se convierte en una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos. Así, sufre prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar, que sigue vigente.
Este joven obrero es brutalmente agredido y arrestado en las instalaciones de RECOPE, Limón, en el marco de la Huelga Nacional contra el Combo Fiscal – Proyecto 20.580 Ley de Modernización de las Finanzas Públicas)- convocada por el movimiento social, popular, sindical y campesino.
Después de 3 años y 9 meses, continúa el proceso de criminalización y judicialización, donde el pasado 22 de marzo es condenado por el Tribunal Penal de Limón. Ante esta injusta condena, el abogado defensor José Miguel Villalobos Umaña interpuso un recurso de apelación de sentencia , al cual el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal , Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea cita a Vista Oral el ESTEMIÉRCOLES 22 DE JUNIO, A LAS 2 PM.
Es por ello, que nos adherimos, como organizaciones y comunidad internacional, al llamado que hacen al Estado costarricense la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina, el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) por la CESACIÓN DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, COMO CARLOS ANDRÉS Y POR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.
A la vez, manifestamos nuestra preocupación de que en Costa Rica se violente el derecho humano fundamental a la manifestación pacífica, incluso reconocido en diversos instrumentos internacionales suscritos y debidamente aprobados por el Estado Costarricense, al condenarlo de manera arbitraria por causar daños a bienes propiedad de RECOPE, cuando lo que hizo fue un acto heroico al acudir a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, función inherente a su cargo.
Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que se da en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social.
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ
con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal.
PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firma responsable: Orlando Barrantes Cartín MTC, Costa Rica 22 de junio, 2022
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos compartió con SURCOS el siguiente documento en el cual expresa su solidaridad con Carlos Andrés Pérez Sánchez.
San José, miércoles 22 de junio de 2022
Buenos días Pueblo de Costa Rica.
Buenos días, madres y padres de familia, jóvenes, luchadores sociales, activistas de Derechos Humanos, sindicalistas y demás trabajadores de Costa Rica.
Hoy es un día especial en este país, porque está en juego la nulidad de una Sentencia y una Condena infames, contra un joven trabajador, sindicalista y amante de los grandes valores que representa a un País, cuyos habitantes luchan todos los días, para ganarse la vida honradamente.
Carlos Andrés Pérez Sánchez, estará en una AUDIENCIA ORAL, en un Tribunal de Apelación, porque su defensa, los Sindicatos, su familia y desde los Derechos Humanos, solicitamos la anulación de la CONDENA, de 5 meses de prisión y 18 millones de colones por el pago de unos daños a la EMPRESA RECOPE, que se inventaron para acusarlo de un delito del cual él se declara INOCENTE.
A este proceso, desde los Derechos Humanos y algunas autoridades legales, le llamamos Criminalización de la Protesta Social, en Costa Rica y en muchos países cuyos pueblos luchan y se lanzan a las calles, para defender la democracia y manifestar la inconformidad de los habitantes, cuando los políticos y gobiernos de turno, imponen proyectos de ley, LEYES o toman acuerdos que afectan las conquistas y derechos humanos propios de un Pueblo en DEMOCRACIA.
Nuestro apoyo a Carlos Andrés, desde nuestras conciencias, desde la reflexión, desde nuestros hogares, es una acción de civismo que la población costarricense debe de ejercitar.
Apoyar de corazón a un joven, trabajador, sindicalista, con conciencia social y luchador social, es lo que le permite a un pueblo que vive en DEMOCRACIA, participar y capacitarse, en la defensa de los Derechos Humanos y en las luchas que todos los pueblos del mundo sostenemos históricamente.
Desde este mensaje, la ACODEHU, Sindicatos públicos-privados y luchadores (as) sociales, hacemos un llamado para estar atentos de los resultado de la audiencia en este proceso penal de Carlos Andrés.
La cita es hoy miércoles 22 de junio 2 pm. en los Tribunales de GOICOECHEA.
Se agradece la presencia en las afueras del edificio.
La ACODEHU agradece al movimiento Sindical, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados-ANEP, al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO, a SITRAPEQUIA, al SINDEU y organizaciones sociales nacionales e Internacionales, por el decidido APOYO y SOLIDARIDAD a Carlos Andrés Pérez Sánchez.
Solicitamos la nulidad de la Sentencia y la Condena injustas que lo criminalizan y lo llevarían a perder su libertad uy otros derechos humanos fundamentales.
“La PROTESTA SOCIAL, es un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL”
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.
Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.
Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.
Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.
Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).
Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.
Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.
Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Claudia María Salazar Castro Médica cirujana general
Consuelo del Carmen García
Cristy Gamboa Morales
Cynthia Crespo Campos Profesora pensionada
Damaris Sánchez Aguilar
Daniel Castro Paniagua
Dayana Ureña Solís Docente
Dane W Smith
Daniel Fernández Zamora
Dante Molina Estudiante
David Morera Herrera Sociólogo
Daivis Ovares Morales Dirigente sindical
Dawer Monge Electricista
Debora Valverde Soto
Delia Acebedo Carrera Abogada
Desirée S.C.
Dita Montiel González
Donald Agrónomo
Dunia Valverde Segura Docente
Edly Hall Leid Profesor
Elí Omar Carranza Cháves Jubilado
Erika Sevilla Ingeniera informática
Ericka Blanco
Edgar Argüello
Edgar Francisco Mora Guerrero Fotógrafo
Eduardo Castillo Profesor
Edwin Mora Cerdas Docente
Elieth Aguilar Coto
Emmanuel Buitrsgo Páez Agricultor
Ernesto Alfaro Molina Banca y finanzas
Eugenia Benavides Quirós Abogada
Eugenio Gómez Ruiz
Eunice Contreras Contreras Panadera
Evelyn Castillo Barrantes Docente pensionada
Evelyn Vega Ugalde
Estibaliz Ríos Trabajadora independiente
Fernando Lizano Barrantes
Fiorella Jara Sanabria
Fiorella Mora M.
Flor Aguilar Solano Docente
Flora Rodríguez Rivera
Francisco Recepcionista
Francisco Cordero Gené Pensionado
Francisco Morazán Fernández Biólogo
Francisco Villigad Villalobos Licenciado enfermería
Franklin Quesada Campos
Gabriela Castro Vargas
Gabriela Pérez Quintanilla Intérprete
Gabriela Quezada
Gea Sylie Rojas
Geovany Barrante E.
Gerardo Cruz Zuchini Ingeniero industrial
Gilberto Bryan Jenkins Supervisor
Giselle Mora Carranza Bibliotecóloga
Grettel Miranda Estudiante
Guadalupe Urbina Juárez Música
Hannia Franceschi Barraza Profesora universitaria jubilada
Héctor González Pacheco
Héctor Javier Villalobos Sánchez
Helena López Cháves
Herminio Miranda O.
Hillary Álvarez Rodríguez
Hugo Quesada Hernández Pensionado
Ignacio Barrantes Jiménez
Inti Barrantes Jiménez
Irené Barrantes Jiménez Consultora en género
Isabel Ducca Durán Jubilada
Ivannia Simms Leiva
Ixtzel Molina Venegas Docente
Javier Carvajal Monterrey Asistente legal
Javier Castillo Valverde Trabajador de la construcción
Jayson Arias
Jehudy Andrey Cruz Gutiérrez
Jefferson Isaac
Jenny Elizabeth Prado García
Jennifer Ibarra Lacayo
Jessy Acevedo Martínez
Jimena Asch Castro
John Zúñiga Jiménez Agente de seguridad
Jorge Morales Piedra Trabajador operario
Jorge Sánchez Aguilar
José Antonio Molina Gutiérrez Docente
José Amesty Pastor
José Pablo Moya Rojas
José Ángel Valverde Valverde
José Francisco Correa
José Francisco Varela Arguedas Jubilado
José Luis Pérez Campos
Julia María Peña Salas Pensionada
Juliana Reyes Politóloga
Juan Alberto Ramírez A Traductor
Juan Carlos Cruz Barrientos Comunicador social
Juan José Soto Morales Jubilado Ingeniero civil y físico
Juan Rojas Conejo Profesor
Karisio Prado García
Laura Arias Cabrera Psicóloga
Laura Garbanzo Guzmán Pensionada
Leila Marcela Sánchez Cortés Promotora política
Lesslie Méndez Conejo
León García Jiménez Vásquez
Leticia Salas Pérez Cajera
Lorenzo Ramírez Profesor
Linda Diana Nova Vargas
Luis Alberto Salas Sarkis Pensionado
Luis Alberto Soto Ramírez Trabajador social
Luis Alexander Cruz Gutiérrez
Luis Guerrero Araya Asesor aduanero
Luis Valerín Rodríguez
Magaly Martínez Loaiza
Manuel Rodríguez Mercado
Manuel Sandoval Coto Educador
Marcela Martínez G.
Marcela Montoya
Margarita Quesada Webb
Margarita Rodríguez Méndez Educadora
María de los Ángeles Jiménez Segura Profesora
María Elena Cuadrón
María Estela Ruíz Jiménez
María González Araya Trabajadora social
María Jimena Santamaría Cordero Ingeniera
María Sancho Gómez Trabajo social salubrista
María Trejos Montero Maestra pensionada activista DDHH
Marianela Chávez Pesionada
Maricela del Socorro
Mario Eduardo Sánchez Comunicador social
Mario Mora Estudiante
Mario Salazar Montes Profesor
Mario Andrés Zelaya Vargas Estudiante
Mario Alberto Villalobos Arias Profesor Universidad de Costa Rica
Marianela Delgado Quesada Planificación Economía y Social
Marisol Rodríguez Madrigal
Marisol Sánchez Aguilar
María Elena Guadrón Carrillo
María José Arguedas
María José Braddick Serrano
María Miranda Cortés Secretaria
Mariel del Mar Rojas
Marielos Muñoz Solórzano Oficinista
Mario Cabrera Burgos Trabajador voluntario comunitario
Marta Chacón Morales
Martín Camacho Rivera
Mauricio Zeledón Leal Músico
Max Aguirre Calvo
Melissa Chinchilla Segura
Melissa Hernández Vargas
Miguel Antonio Ching Zapata
Minerva Calderón Cortés
Nidia Fonseca Varela Pensionada
Noelia Richmound Vásquez
Olga Oporta Cerdas
Olga Mendoza Elizondo Educadora pensionada
Olman Bolaños Vargas Ilustrador
Orlando Barrantes Cartín Dirigente MTC
Óscar Jara Holliday Educador popular y sociólogo
Óscar Leiva Cerrato Consultor
Óscar Luis Pérez Ramírez Oficinista y estudiante de Derecho
Óscar Mata Brenes Médico
Pablo Francisco Dormond Román Auxiliar de contabilidad
Pablo Salazar Gonzalo Pensionado
Rafael Ángel Aguilar Coto
Rafael Ángel Méndez Castro Profesor pensionado
Rafael Ángel Sánchez Pensionado
Ricardo Hernández Mora Docente
Roberto Zeledón Asesor político
Rocío Alfaro Molina Docente univ, diputada electa
Rodolfo Ulloa Bonilla Sociólogo
Rosario Rosales Arce Gestora de desarrollo organizacional
Rocío Ramírez Varela Gestora social
Roldan Ramírez
Roy Marín Hernández Artista plástico
Rubén Músico
Sandra Arrieta Rojas
Sandra Calderón Orozco
Sandra Yenory Vargas Badilla Conserje centro educativo
Sara Fonseca Acuña
Saulo Aguiluz Jimenez
Selene Jiménez Valverde Gestora cultural
Sergio Mena Mena
Shannen Zamora Guevara
Sileny Vázquez Estudiante
Sofía Asch Castro
Soledad García Ramos Jubilada
Sonia Sánchez Aguilar
Stefany Campos Ch
Suray Carrillo Guevara Abogada
Tatiana Otto G. Activista DDHH
Tracey Masís Martínez Estudiante
Trino Barrantes Araya Jubilado, activista DDHH
Tyronne Sindicalista
Tagotha Brenes Cordero
Teodoro Symes Campbell Arquitecto
Valeria Quiroz
Vernor Arguedas Matemático
Vianey Mora Vega Socióloga
Violeta Lancía Hamlet. H.
Víctor Julio Jiménez
Vinicio Prado García
Walter Ramírez Salazar
Wiston Scott
Wendy Vásquez Pessoa
Xinia Sánchez Aguilar
Xiomara Esquivel Vargas Promotora de DDHH
Xinia Quintero Arauz Socióloga
Yamileth Fontana Coto Socióloga
Yamileth Monterrey López Psicóloga
Yendry Duarte Moreno
Yendry Moreira Acuña
Yensi Fonseca Mora Docente
Yéssica Gutiérrez Mayorga
Yetty Chavarría Alemán Bibliotecóloga
Yoes Castillo Ramos Estudiante de sociología
Yuliana Reyes Estudiante
Estados Unidos
Ivonne García Bueso Contadora
Melissa Davis Empresaria
Ecuador
Fabiola Falconi Psicóloga
Nelson Rueda Empleado
Ramiro Vinueza Puente Comunicador y defensor de DDHH
El Salvador
Irma Escoto (El Salvador)
España
Pedro Polo Fernández Jubilado
Guatemala
Dj Dance GT Activista DDHH
Egil Ivan Galindo Maestro
María Saturnina Us Álvarez Asociación eK
Silvia Tecún
Rosario Tuyuc Us Activista social
Reyna María Echeverría
Honduras
Eduardo Urbina Estudiante
María Dolores Escobar Salgado Docente
María Elena Colindres Trabajadora múltiple
Sonia Pérez López Comunicadora social
México
Gabriela García Cabrera Bióloga
Jorge Alfredo Castillo Guadamuz Abogado
Luis Alejandro Martínez García Estudiante
Luis Alfredo Martínez Rodríguez Estudiante
María Ramos Casiano Docente
María Soledad Casao MoralesMaestra
Perú
Maricarmen Judith (Perú)
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo (34)
Argentina
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires;
Colombia
Piedad Esneda Córdoba Ruiz Senadora y Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz,
Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ,
Mario Hernández ÁlvarezCoordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia,
Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH);
España
Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti,
Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa,
María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos,
Estados Unidos
James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos,
Pablo Ruiz Coordinador Latinoamericano de Soa Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas;
Suiza
José Manuel González López
Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza;
Venezuela
Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ,
Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ,
Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista,
José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Miguel Humberto Medina Comunero Bolivariano Movimiento Cultural Campesino Los Arangues;
Ecuador
Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador;
Bolivia
Rodolfo Machaca Yupanqui General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB;
Palestina
Jamal Juma Coordinador STOP The WALL;
Guatemala
Ana Laura Rojas Padgett Red de Integración Orgánica – RIO – por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos;
Panamá
Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR;
Brasil
Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro;
Perú
Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega;
Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche
Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche;
México
Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM,
José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM,
José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos,
Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo;
John Mill Ackerman Rose,
Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos,
Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM,
Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM,
Patrocinio Martínez López representante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca – CODEPO, Lic.
Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas,
Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas
Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (35)
Organizaciones integrantes:
España
Soldepaz – Pachakuti;
Suiza
Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza,
Red Latinoamericana de Zurich;
Estados Unidos
Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU,
Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas;
Venezuela
Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ,
Red de Colectivos La Araña Feminista,
Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores,
Movimiento Cultural Campesino Los Arangues;
Colombia
Colombianas y Colombianos por la Paz,
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos,
Observatorio de Paz,
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury;
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ);
Guatemala
Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos;
Uruguay
Comisión Multisectorial del Uruguay;
Ecuador
Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP);
Panamá
Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB);
Alianza por un mejor Darién – AMEDAR;
Perú
Movimiento Alfa y Omega;
Brasil
Movimiento de Favelas de Rio Janeiro,
Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche
Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche;
Palestina
Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall),
Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina;
Honduras
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras;
México
Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM),
Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC),
Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH),
Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO),
Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX),
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco),
Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas,
Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH)
Colectivo Reexistencia Creativa de México.
[1] Incluido el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: 34 personas y 35 organizaciones.
En las diferentes provincias se realizaron marchas y acciones para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. En este escenario de lucha contra las violencias a las mujeres sin distinciones de ninguna naturaleza, es agredida y detenida brutalmente, una joven en Liberia, siendo violentado los derechos humanos a la protesta social y su dignidad física y emocional.
Ante estos hechos grupos feministas de Liberia, Guanacaste denuncian la agresión policial en marcha del #8M; por lo que la Colectiva La Hoguera, Colectiva Mujeres de Tierra Libre y Feministas Independientes de Liberia, emiten el siguiente pronunciamiento:
“Más de 100 mujeres salieron a marchar en diferentes puntos de Liberia, Guanacaste, este martes 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en denuncia de las diversas desigualdades y violencias que sufren las mujeres. Cerca de las 7:00 pm la policía interceptó a uno de los grupos manifestantes de manera violenta, ahorcando y arrestando con fuerza desmedida a una compañera. Los diversos grupos manifestantes denuncian abuso de poder y represión. Además, se señala que las fotografías que forman parte del icónico rótulo de la ciudad blanca son de un conocido abusador de mujeres menores de edad”.
