La protesta es reacción popular para hacer frente a las acciones contra la educación. Pero, además, es acción para confrontar una práctica política de violencia, de autoritarismo. Práctica que tiende a profundizar el miedo, la actitud de docilidad mientras se destruye el tejido de convivencia social, política.
Debe ir acompañada por la construcción de una voluntad, de un proyecto popular. Integrar el corto plazo, con el largo plazo, lo táctico con lo estratégico. En particular, construir formas integradas de educación y comunicación permanentes desde lo local, desde cada institución. Dialógicas, solidarias.
No hacer protesta sería un error.
No construir educación y comunicación popular, sería una tragedia.
El terror del Estado es educar al pueblo para que sienta miedo y se quede paralizado ante la injusticia. El educando, sacrificado por decisiones políticas que impiden al educador ejercer con máxima calidad. El aula como espacio en donde faltan condiciones que lleven al éxito pero que producen frustración, fracaso, deserción.
El miedo como instrumento para producir caos mental que bloquea el atreverse a descubrir la causa de los problemas. El miedo para que el educador no reaccione. El miedo para que los padres de familia, los educandos, no descubran que la solución comienza por la unidad.
El miedo se vence con educación, se le gana con coraje, con extender las manos y construir un fuerte tejido social solidario.
Nuestras aulas están siendo inundadas de frustración, desánimo, sufrimiento.
Políticas gubernamentales golpean becas, transporte estudiantil, infraestructura, financiamiento, con una tendencia a abandonar la educación del pueblo.
La marcha del 23 de junio es un acto valiente. Indudablemente que habrá temor, pero no es una marcha por los educadores. Será una acción de coraje por el bienestar de la niñez, de la juventud y sus familias.
Es una marcha que deberá iniciar su movimiento desde cada escuela, colegio, hogar, como una marea creciendo, imbatible, por la vida, por el derecho a la educación.
Tiempo de dignidad, tiempo de lucha, tiempo de unidad.
Más de treinta artistas peruanos nos hemos unido para hacer memoria y honrar a los 60 fallecidos durante este gobierno. La canción se llama “PRESENTES” y cuenta con la interpretación de Laurita Pacheco, Susana Baca, Consuelo Jerí, Lunandina, entre muchos otros.
El videoclip cuenta también con la participación de la actriz Ana Correa, de Hildy Quintanilla (Mashara Teatra – Qinti) y la artivista Micaela Távara Asimismo, la portada de la canción es el retablo “Yawarniky waqachiwan” del artista ayacuchano Reynaldo Quispe quien ha querido sumar su arte a este proyecto colectivo. El videoclip cuenta con imágenes de las manifestaciones en diversos puntos del Perú y cuenta con material proporcionado a muchas manos y articulado en un único mensaje bajo la dirección de Gustavo de la Torre (Pasaje 18).
Lo que los grandes medios callan, nuestro arte lo canta. Ayúdanos a que este mensaje suene muy fuerte.
Texto tomado de Facebook: Artesanos Unidos del Perú
“El retablo titulado YAWARNIKI WAQACHIWAN es un trabajo artístico que nace tras los acontecimientos suscitados en estas últimas instancias dentro de nuestro territorio geográfico crisis político, el artesano Reynaldo Quispe Flores se vio en la disposición de plasmar en un retablo Ayacuchano el sentir del pueblo entre ellos, lo que pasó Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 PARO NACIONAL INDEFINIDO que se llevó a cabo, convocada por el FRENTE DE DEFENSA DEL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PERÚ con la finalidad de lograr el cierre definitivo del Congreso de la República, Nueva Constitución patriótica, paritaria, ecologista y plurinacional; inmediata convocatoria a nuevas elecciones generales bajo un nuevo contrato social todo ello a causa de un golpe de estado que concluyó con la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones, hecho que causo la indignación del pueblo y sirvió como un tema importante dentro de lo que vendría a ser parte de nuestra historia.
Dentro del trabajo artístico podemos apreciar los abusos de poder y autoridad que se llegó a ejercer en contra de la sociedad en las diferentes regiones del Perú, pues los militares y policías ejercieron violencia y asesinato en contra de los manifestantes que expresaban rechazo hacia la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República en los diferentes puntos de la ciudad de Huamanga y otros de la región del sur del Perú; así mismos dentro del retablo también se puede apreciar a la prensa nacional que catalogó de terroristas a los manifestantes».
Este martes 8 de noviembre de 2022 conmemoramos la Manifestación en Defensa de la Seguridad Social que se realizó un 8 de noviembre de 2012 para defender los presupuestos del Hospital San Francisco de Asís de Grecia, Hospital La Anexión de Nicoya y otros recortes a los servicios de la Salud Pública.
El 8 de noviembre de 2012 se realizó una manifestación organizada por varias comunidades de Grecia, de Occidente y de Nicoya; descontentas por los recortes aplicados en ese momento a la seguridad social.
La manifestación recibió el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales que se solidarizaron con las consignas que levantaban las comunidades.
Ese 8 de noviembre desfilaron por la Avenida Segunda josefina adultos mayores, personas en muletas, gente de comunidades rurales que pedían pronta atención de sus padecimientos; el objetivo de la acción política era entregar un pliego de peticiones a la Dra. Ileana Balmaceda, quien en ese momento fungía como presidente ejecutiva de la CCSS. Sin embargo, las y los manifestantes encontraron cerrados los portones de la institution.
Para sorpresa de las y los manifestantes la policía antimotines, empezó a formarse a la altura del Ministerio de Hacienda y avanzó en contra de las y los manifestantes, golpeando y empujando a diestra y siniestra, abusando de su autoridad y realizando detenciones arbitrarias.
La indignación de la golpiza y los arrestos provocó que muchas personas, entre estas Diputados(as) se movilizaran al lugar de los hechos para exigir la liberación de la gente que arrestaron sin ninguna justificación, razón por la cual la manifestación se extendió hasta la noche con más detenciones, durante los siguientes 5 años muchos compañeros-as tuvieron que enfrentar juicios en los Juzgados Contravencional, Penal Flagrancia y Penal Ordinario. El año siguiente el FRENASS declaró que todos los 8 de noviembre serán el Día de Defensa de la Seguridad Social, para recordar como todo un Pueblo se manifestó decididamente a favor de la Caja y en defensa de la Protesta Social. Este año 2022 nos manifestaremos para exigir al Gobierno que pague la deuda que tiene con la CCSS.
Uno de los juicios políticos contra la protesta social más largos de la historia latinoamericana, se efectúa en el país de la “pura vida”.
A sus 70 años de edad, el defensor de los derechos humanos y luchador social, Orlando Barrantes, es víctima de la persecución judicial del Estado centroamericano de Costa Rica desde hace 22 años y en el presente atraviesa por el octavo juicio, motivado por los aparatos judiciales del Estado costarricense.
La historia de Barrantes se remonta a principios del siglo XXI, cuando en diciembre del año dos mil, se encontraba un fuerte sector de la clase obrera costarricense en la provincia de Limón, haciendo uso del derecho humano universal de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos
En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y del sector obrero que trabajaba en los muelles.
Estos sectores populares estaban exigiendo un apoyo contundente e insumos de apoyo de parte del Estado como responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.
Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles y en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y que fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.
Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.
Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.
A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del único país del continente americano que no cuenta con militares.
Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.
Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó esta acción de protesta.
Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.
En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad” también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.
Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.
Este defensor de la humanidad costarricense fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.
Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.
En los juzgados de Guápiles actualmente se lleva a cabo el juicio número 8, contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, distintas organizaciones de derechos humanos, populares y ecologistas se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.
Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.
Ante estos hechos de la persecución judicial contra Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.
Por tal motivo la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, rechaza y condena enérgicamente, la persecución estatal que esta siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años.
La ACODEHU hace un llamado internacional a las instancias competentes que defienden los derechos humanos en el marco del concierto de naciones, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que condenen esta persecución contra un defensor de derechos humanos como lo es, el compañero y luchador social, Orlando Barrantes.
De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.
Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.
A los veinte y siete días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica, Centroamérica.
ANA CECILIA JIMÉNEZ ARCE Junta Directiva Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Como hemos conocido por algunas noticias en la radio, la televisión, la prensa y las redes sociales, en Panamá ha habido grandes protestas sociales encabezadas por el gremio de los maestros, los sindicatos de la construcción, grupos estudiantiles, indígenas y sectores de productores agrícolas nacionales.
Luego de décadas de políticas fiscales que favorecen a los grandes empresarios evasores, de la existencia de oligopolios que se benefician con el aumento de los productos agrícolas, de estancamiento de los salarios, de encarecimiento de la vida, y de las conocidas políticas neoliberales de los distintos gobiernos que se han alternado; el pueblo panameño se ha lanzado a la calle para defender su derecho a una vida digna, en un país en donde se ha venido dando una fuerte polarización social, y una creciente desigualdad entre la población.
Desde el Movimiento de Asambleas Populares queremos solidarizarnos con esta lucha justa y necesaria del pueblo panameño, y a su vez, creemos obligatorio resaltar que el camino de la lucha y la unidad del pueblo es lo que garantiza la defensa de los derechos básicos a la educación, la alimentación, la vivienda, el trabajo y salarios dignos.
El pasado 29 de julio, este grupo convocó a una manifestación frente a la Embajada de Panamá en Costa Rica, con el fin de acuerpar la lucha del pueblo panameño.
Se adjunta imagen de la convocatoria y reflexión por parte del Movimiento Asambleas Populares.
Orlando Barrantes lleva 22 largos años en procesos judiciales por la misma causa, violentando el artículo 42 de la Constitución Política “Ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales”.
Por lo tanto, el juicio que atraviesa Barrantes es un juicio político que condena el movimiento social, por lo cual, todas las personas debemos defender nuestros derechos a organizarnos y manifestarnos, no se debe permitir la criminalización de la protesta social.
“Ninguna persona debe permanecer 22 años en un proceso judicial y de persecución”
Para más información y apoyo a esta campaña ingresar al Facebook: Libertad para Orlando Barrantes, o al Instagram: @Orlando_Barrantes_Libre
SURCOS comparte el siguiente documento con firmas de apoyo nacionale e internacional:
COSTA RICA: JUNTO AL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA A CONDENA CONTRA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ Y SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO
En Costa Rica, a partir del 11 de setiembre, 2018, el joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, se convierte en una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos. Así, sufre prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar, que sigue vigente.
Este joven obrero es brutalmente agredido y arrestado en las instalaciones de RECOPE, Limón, en el marco de la Huelga Nacional contra el Combo Fiscal – Proyecto 20.580 Ley de Modernización de las Finanzas Públicas)- convocada por el movimiento social, popular, sindical y campesino.
Después de 3 años y 9 meses, continúa el proceso de criminalización y judicialización, donde el pasado 22 de marzo es condenado por el Tribunal Penal de Limón. Ante esta injusta condena, el abogado defensor José Miguel Villalobos Umaña interpuso un recurso de apelación de sentencia , al cual el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal , Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea cita a Vista Oral el ESTEMIÉRCOLES 22 DE JUNIO, A LAS 2 PM.
Es por ello, que nos adherimos, como organizaciones y comunidad internacional, al llamado que hacen al Estado costarricense la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina, el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) por la CESACIÓN DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, COMO CARLOS ANDRÉS Y POR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.
A la vez, manifestamos nuestra preocupación de que en Costa Rica se violente el derecho humano fundamental a la manifestación pacífica, incluso reconocido en diversos instrumentos internacionales suscritos y debidamente aprobados por el Estado Costarricense, al condenarlo de manera arbitraria por causar daños a bienes propiedad de RECOPE, cuando lo que hizo fue un acto heroico al acudir a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, función inherente a su cargo.
Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que se da en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social.
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ
con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal.
PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firma responsable: Orlando Barrantes Cartín MTC, Costa Rica 22 de junio, 2022
