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Etiqueta: pueblo Brörán

Mensaje de agradecimiento de Pablo Sibar Sibar después de la audiencia del 10 de noviembre

Pablo Sibar Sibar, líder indígena brörán de Térraba, comparte un mensaje de agradecimiento por la solidaridad y el acompañamiento recibidos durante el juicio agrario realizado el 10 de noviembre, en el que enfrenta un intento de despojo de una finca que posee desde hace 15 años.

En su mensaje agradece a todas las personas y organizaciones que han estado pendientes de su caso. Sin embargo, recuerda que el juicio todavía no tiene una resolución definitiva y que es importante seguir atentos a su desarrollo.

Este proceso tiene implicaciones que van más allá de la situación personal de Pablo. Su resolución podría sentar un precedente para Térraba y otros territorios indígenas que enfrentan procesos de recuperación territorial y numerosos juicios agrarios pendientes.

Durante el juicio, Pablo presentó documentación y testimonios para demostrar la posesión de la finca y explicó los acuerdos de intercambio de propiedades realizados.

Comunicado compartido por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA.

SURCOS le invita a escuchar el breve mensaje de Pablo Sibar Sibar.

Juicio contra Pablo Sibar en Térraba: lo que está en juego para los derechos territoriales indígenas

El 10 de noviembre se realizó en Térraba la audiencia del juicio agrario que enfrenta el dirigente brörán Pablo Sibar Sibar, defensor de derechos humanos ambientales, por una finca de unas diez hectáreas que posee desde hace más de una década. El juicio fue promovido por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y se desarrolló de forma pública en la misma propiedad, la finca San Andrés.

Al cierre de la jornada no hubo resolución. Según conoce SURCOS se agotó parte del debate y aún no se sabe si el juez ordenará un peritaje cultural o resolverá con los elementos que ya tiene sobre la posesión de la tierra.

Más allá de una finca

Para Sibar, el resultado puede tener repercusiones que van más allá de su caso particular. «Este juicio va a determinar cuál es la potestad de la Asociación de Desarrollo sobre las tierras indígenas que realmente nos pertenecen», afirmó en una entrevista grabada durante la audiencia. «El argumento que nosotros sostenemos […] está estipulado en la Ley Indígena: la tierra es de los indígenas y no de la Asociación de Desarrollo».

El dirigente sostuvo que el hecho de que el Estado haya dado a las ADI la función de gobierno local para administrar los territorios «no le da ningún derecho a la Asociación de Desarrollo para tomar determinaciones que afecten nuestra tierra, nuestra forma de vida y nuestra forma de ser». Y agregó: «La Asociación de Desarrollo es una instancia impuesta por el Estado y que no nos representa dentro de nuestro territorio».

El origen de la posesión y el conflicto

Sibar explicó que la tierra proviene de un intercambio entre dos personas indígenas: él cedió a otro integrante de la comunidad una propiedad que tenía en el centro de Térraba a cambio de esta finca. Tras la recuperación de la finca Crün Shürïn, decidió con sus hijos destinar el terreno a la conservación. La propiedad tiene una quebrada de la que se abastece de agua una gran cantidad de personas, y en ella se elimina el pasto para favorecer la regeneración natural. «Yo puedo demostrar, tengo documentos, tengo todo que certifican que esta tierra es mía, pero además toda la población sabe que esta tierra es mía», afirmó.

Según la denuncia de Sibar y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), el conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba, amparadas en una certificación emitida por esa asociación el 7 de agosto. Ese mismo día, Sibar denunció un incendio provocado dentro de la finca.

Contexto de riesgo

Pablo Sibar es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según FRENAPI, ha enfrentado hostigamientos, amenazas de muerte, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios en sus propiedades y campañas de difamación, por lo que se solicitó a la CIDH reforzar las medidas de protección.

En su comunicado, FRENAPI expresó su solidaridad con Sibar y consideró «inaceptable que una estructura que debería representar y defender los intereses de los pueblos indígenas pueda ser utilizada para cuestionar los derechos de una persona indígena que ha dedicado su vida a la defensa territorial y ambiental». La organización exigió al Estado:

  • garantizar la vida, la integridad y la seguridad de Sibar;
  • investigar con perspectiva étnica el ingreso a la propiedad, el presunto uso de la certificación de la ADI y el incendio;
  • respetar el debido proceso y los derechos territoriales de las personas indígenas.

«Lo que está en juego no es solamente una finca: también están en discusión los derechos territoriales de los pueblos indígenas», resumen quienes acompañaron la audiencia.

Entrevista y fotografías: Osvaldo Durán, ecologista y profesor pensionado del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

FRENAPI se solidariza con Pablo Sibar Sibar ante juicio agrario con la ADI de Térraba

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) expresó su solidaridad con su integrante Pablo Sibar Sibar, defensor brörán de derechos humanos y ambientales, que enfrenta un juicio agrario relacionado con una finca de unas diez hectáreas en Térraba. Según el comunicado, el juicio fue promovido por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba. Sibar adquirió el terreno hace más de 13 años.

La audiencia está prevista para el martes 10 de noviembre a las 8:00 a. m., en la misma finca en disputa. FRENAPI recordó que Sibar es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Advirtió también que el proceso se da en un contexto de grave preocupación por su seguridad, su integridad y sus derechos territoriales.

La organización rechazó «cualquier acción, decisión o procedimiento que pretenda desconocer, debilitar o despojar los derechos de las personas indígenas sobre las tierras que habitan, trabajan, protegen y recuperan». Afirmó que el territorio indígena «no es solamente un espacio de producción: es la base de la vida, la cultura, la memoria, la autonomía y la defensa del agua, los bosques y la biodiversidad».

El contexto del conflicto

Según FRENAPI, el conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba, amparadas en una certificación emitida por esa asociación el 7 de agosto. Ese mismo día, Sibar denunció un incendio provocado dentro de la finca, que se dedica a la regeneración natural, la reforestación y la conservación del agua.

El Frente señaló que estos hechos se suman a una historia de hostigamientos, amenazas de muerte, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios y campañas de difamación contra Sibar. Por ello se solicitó a la CIDH reforzar las medidas de protección. «FRENAPI considera inaceptable que una estructura que debería representar y defender los intereses de los pueblos indígenas pueda ser utilizada para cuestionar los derechos de una persona indígena que ha dedicado su vida a la defensa territorial y ambiental», indica el comunicado.

Exigencias al Estado

FRENAPI exige al Estado costarricense y a las autoridades competentes:

  • garantizar de manera efectiva, inmediata y sostenida la vida, la integridad y la seguridad de Pablo Sibar Sibar, en cumplimiento de la medida cautelar de la CIDH;
  • investigar con diligencia, imparcialidad y perspectiva étnica el ingreso a la propiedad, el presunto uso de la certificación de la ADI y el incendio denunciado;
  • garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos territoriales, de posesión y de permanencia de las personas indígenas;
  • garantizar que ninguna institución pública respalde, tolere o legitime acciones que pongan en riesgo a personas defensoras indígenas o que favorezcan el despojo de tierras.

«La defensa de Pablo Sibar es la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas a vivir, producir, conservar y decidir sobre sus territorios», concluye el comunicado, que cierra con las consignas «¡Pablo Sibar, estás acompañado!», «¡Sergio vive!» y «¡Jerhy vive!», en memoria de los defensores Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera.

Pablo Sibar enfrenta en juicio a la ADI de Térraba

El dirigente indígena Brörán denuncia que la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba pretende desconocer sus derechos sobre una finca que adquirió hace más de 13 años. El terreno está destinado a la conservación ambiental.

Clínica de Derechos Humanos Ambientales
IDELA-UNA

El dirigente indígena Brörán y defensor de derechos humanos ambientales, Pablo Sibar Sibar, enfrentará un juicio agrario contra la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba, por un terreno de aproximadamente 10 hectáreas que adquirió hace más de 13 años mediante un acuerdo con otra persona indígena.

Según informó el dirigente a la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (IDELA-UNA), la audiencia está prevista para el 10 de noviembre de 2026, a las 8:00 a. m., en la misma finca en disputa.

El conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba. Según la denuncia, estas personas se ampararon en una certificación emitida por la asociación el 7 de agosto de ese año, pese a que Sibar había adquirido el terreno muchos años antes.

En la finca se desarrollan actividades de regeneración de la naturaleza, reforestación y conservación de agua.

En sus declaraciones previas al juicio, Pablo Sibar cuestionó que la actual junta directiva de la ADI de Térraba desconozca los derechos de las personas indígenas que defienden y trabajan sus tierras, mientras, según denuncia, mantiene una posición favorable a personas no indígenas.

«No somos, como se dice, peleones, agresivos o violentadores de derechos. Somos personas que defendemos derechos indígenas y que luchamos por una causa que está establecida en leyes, en decretos, en convenios y en un sinnúmero de jurisprudencia donde tenemos todos los derechos», manifestó Sibar.

El dirigente también hizo un llamado a la población costarricense a conocer directamente las condiciones de vida y producción de las comunidades indígenas: «Visítenos, vean cómo vivimos, cómo estamos y cómo producimos dentro de este proceso».

Un conflicto en un contexto de amenazas y agresiones

Este juicio ocurre con múltiples antecedentes de violencia y hostigamiento sostenido contra Pablo Sibar, quien es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante los hechos del 2025, presentó una petición urgente ante este organismo para reforzar su protección.

El 10 de agosto de 2025, Sibar denunció un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de esa misma propiedad.

Su trayectoria como defensor indígena ha estado marcada por agresiones físicas, amenazas de muerte, intentos de homicidio, incendios en sus propiedades y campañas de difamación. Entre los hechos más graves se encuentran los ataques sufridos en 2012 y las amenazas recibidas en 2021, año en que también logró escapar de una turba armada con machetes que amenazaba con matarlo, un día antes de que asesinaran al defensor indígena Brörán Jerhy Rivera Rivera.

El juicio representa un nuevo episodio de una lucha que, como él mismo señala, ha tenido que enfrentar durante muchos años. En esta ocasión, el conflicto se desarrolla con una estructura que debería representar y defender los derechos de los pueblos indígenas.

Escuche las declaraciones de Pablo Sibar Sibar en este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1N8VZ7pmNJ7hExU6lYsoAPCB1aWCkhhH2/view?usp=sharing

Más información y antecedentes

Pueblos indígenas celebran que Asamblea Legislativa reabra a consulta el proyecto de acciones afirmativas

Pablo Sibar destaca disposición de la diputada Norjelens María Lobo Vargas y de la comisión legislativa para escuchar a los pueblos indígenas y mejorar el expediente 24.196, aprobado previamente en primer debate (escuchar palabras)

Buenos Aires, Puntarenas. La decisión de devolver a comisión el proyecto de ley N.° 24.196, denominado “Promoción de acciones afirmativas en favor de las personas indígenas”, fue recibida con satisfacción por el dirigente Brörán Pablo Sibar Sibar, quien destacó la disposición de la diputada Norjelens María Lobo Vargas y la comisión legislativa de abrir el proyecto a la participación de los pueblos indígenas y otras instituciones.

La diputada Lobo Vargas informó mediante sus redes sociales que la Asamblea Legislativa decidió que el proyecto fuera consultado también con los pueblos indígenas y otras instituciones, con el objetivo de mejorar su contenido y procurar que el resultado responda a las poblaciones a las que está dirigido.

La decisión ocurre después de que el expediente había sido aprobado en primer debate el pasado 8 de abril y en medio de cuestionamientos de organizaciones indígenas y sectores académicos sobre la ausencia de una consulta sustantiva durante su trámite legislativo.

Para Pablo Sibar, integrante del Consejo Brörán de Térraba, recuperador de Crun Shurín y miembro de la Coordinación Nacional de FRENAPI, la devolución a comisión constituye una oportunidad para corregir esa situación.

“Excelente, me parece muy atinado. Todos los proyectos que tienen que ver con derechos indígenas es importante que los conozcan nuestras comunidades”, afirmó Sibar en reacción al anuncio de la diputada.

El dirigente Brörán valoró especialmente que la Asamblea Legislativa manifieste ahora disposición para escuchar a los territorios y mejorar la iniciativa. “Me siento contento de que esta diputada, o los diputados, como dice ella, estén dispuestos a mejorar este proyecto, estén dispuestos a escucharnos”, señaló.

Más que limitarse a celebrar la decisión, Sibar planteó a la diputada una disposición concreta de los pueblos indígenas para participar en el proceso de revisión del proyecto. “Yo le quiero decir a la diputada que nos ponemos a su disposición”, manifestó.

El dirigente señaló que las comunidades cuentan con propuestas y experiencias acumuladas durante décadas de lucha por sus derechos y que esa participación debe permitir discutir no solamente medidas de inclusión institucional, sino las condiciones necesarias para garantizar la autonomía, la cultura, la espiritualidad y los proyectos de vida de los pueblos indígenas.

“Estamos dispuestos a aportar, a ver cómo hacemos para que cuando la Asamblea apruebe un proyecto, que realmente este proyecto nos beneficie”, afirmó. Para Sibar, la discusión debe ir más allá de la creación de espacios administrativos o de la incorporación de personas indígenas a determinadas instituciones estatales.

“Siempre le hemos pedido al pueblo costarricense que nos escuche y que nos deje equivocarnos, que nos deje pensar y que nos deje realmente una línea de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir”, afirmó.

Sibar recordó las décadas de lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el largo proceso legislativo del proyecto de autonomía indígena, que permaneció durante años sin ser aprobado.

“Queremos que se aplique el Convenio 169 y que somos territorios indígenas y que desde ahí esa Asamblea debe trabajar y debe luchar para que realmente nuestros pueblos tengamos una forma de vida diferente”, sostuvo.

Antecedentes. La satisfacción ante la devolución a comisión contrasta con la forma en que el expediente 24.196 avanzó inicialmente en la Asamblea Legislativa. En un artículo publicado el 14 de mayo, Pablo Sibar cuestionó precisamente esta contradicción: un proyecto que incorpora la consulta a los pueblos indígenas como uno de sus principios había avanzado hasta primer debate sin que, según las organizaciones y comunidades consultadas, existiera un proceso de consulta real en los territorios.

“¿Cómo es posible que un proyecto que habla de consulta a los pueblos indígenas avance sin que nosotros lo conozcamos?”, planteó entonces Sibar. Su cuestionamiento apuntaba a una diferencia fundamental entre informar o remitir un proyecto a una organización y desarrollar un proceso de consulta sustantivo.

Los cuestionamientos al proyecto no se han limitado a la ausencia de participación indígena. Un análisis publicado por Mauricio Álvarez Mora, docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas, del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR e IDELA-UNA, señaló que la iniciativa presentaba vacíos importantes en su diagnóstico, mecanismos de implementación, financiamiento, seguimiento y evaluación.

El análisis también cuestionó que la propuesta privilegiara medidas como la reserva de plazas en instituciones públicas sin abordar algunas de las condiciones estructurales que afectan a los pueblos indígenas, particularmente el acceso y control del territorio, la autonomía y las posibilidades de desarrollar proyectos de vida propios en las comunidades.

Una de las preocupaciones señaladas fue precisamente la ausencia de instituciones académicas con experiencia en estos temas dentro del proceso de consulta. El análisis llamó la atención sobre el hecho de que no se hubiera consultado a instituciones como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, pese a que ambas cuentan con investigaciones y programas de acompañamiento relacionados con pueblos y territorios indígenas.

La devolución del proyecto a comisión permitiría, por tanto, ampliar la discusión no solo hacia los pueblos indígenas, sino también hacia universidades públicas, organizaciones, especialistas y otras instituciones con experiencia en la materia.

Audio de Pablo Sibar:
https://drive.google.com/file/d/1pesiAx4KYBANj4W8gq1ZygbN5feQl19c/view?usp=sharing 

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Resistencia y Verdad del Pueblo Brörán – Manifestación pública

En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Territorio Indígena de Térraba – Comunidad de Crün Shürïn

Jeiner Flores Rodríguez
Miembro del Pueblo Brörán, miembro del Comité de la Comunidad de Crün Shürïn, en defensa de los derechos individuales y colectivos del Territorio Indígena de Térraba

Hoy, mientras se rinde homenaje a los pueblos originarios con discursos de respeto y reconocimiento, nosotros venimos a dejar plasmada la verdad de lo que vivimos en nuestra propia tierra. No venimos a pedir nada: venimos a contar lo que sucede, para que todos conozcan las violaciones y atropellos que estamos sufriendo.

Lo que está ocurriendo

La Asociación de Desarrollo Integral, que debería velar por todos nosotros, actúa de espaldas a nuestra ley, a nuestra costumbre, al pronunciamiento oficial que ella misma solicitó, y hasta a mandatos internacionales que el Estado de Costa Rica está obligado a cumplir:

  1. Nos borran y nos desconocen: En oficio del 16 de diciembre de 2024, la ADI manifiesta no reconocer al Pueblo Brörán, ni nuestra denominación, ni al Consejo de Mayores Brörán, nuestra autoridad ancestral. Pretenden decir que no existimos, cuando somos los descendientes originarios de estas tierras, reconocidos por tratados internacionales y por la propia ley costarricense. Esta misma imposición de desconocer nuestras instituciones tradicionales ha sido señalada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una violación estructural contra nuestro pueblo.

  2. Se arrogan toda la autoridad: Afirman ser la única representación válida, desconociendo que la Ley Indígena N.° 6172 y el Convenio 169 de la OIT nos otorgan plena capacidad jurídica a cada uno de nosotros, y respetan nuestras estructuras propias. El propio relator especial de las Naciones Unidas ha señalado que las ADI son instituciones impuestas desde el Estado, y no son idóneas para sustituir a las autoridades que nosotros mismos elegimos según nuestras costumbres.

  3. Nos exigen lo imposible: Para ejercer nuestros derechos, nos piden planos catastrales o documentos de compraventa. Pero nuestra ley dice claro: el territorio es propiedad colectiva, inalienable e imprescriptible. Pedirnos títulos privados es pedir algo que la propia ley prohíbe, solo para ponernos trabas.

  4. Desoyen hasta lo que ellos mismos pidieron: El 16 de junio de 2026, la propia ADI consultó a la CONAI sobre nuestra situación. El 2 de julio de 2026, la CONAI respondió con el criterio CONAI-DL-C-029-2026: la falta de documentos o saneamiento nunca puede ser excusa para negar nuestros derechos. Aun así, siguen ignorando esa respuesta oficial.

  5. Ignoran mandatos internacionales vigentes: Somos beneficiarios de las Medidas Cautelares N.° 321-12 de la CIDH, emitidas el 30 de abril de 2015, y la Circular N.° 32-2021 del Poder Judicial ordena garantizarnos protección, igualdad y acceso pleno a la justicia. Sin embargo, en la práctica se siguen vulnerando estas obligaciones, tal como ha sido reconocido en los informes internacionales que advierten sobre la imposición de estas estructuras ajenas a nuestra forma de vida.

  6. Los mismos de adentro nos marginan: Se nos trata como extraños, como invasores en nuestra propia tierra, cuando somos hijos de quienes siempre la cuidaron. Y mientras esto pasa, el Estado sigue en deuda con nosotros: no ha completado el saneamiento territorial, no ha garantizado nuestras condiciones dignas, y permite que se cometan estos atropellos sin poner orden ni hacer cumplir la ley. No olvidamos que en esta misma lucha cayeron nuestros líderes Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera, defensores de este mismo territorio, y que su lucha sigue sin justicia.

  7. Nos califican mal por defender lo justo: Ahora se nos quiere etiquetar como «problemáticos» o «conflictivos» simplemente porque no nos quedamos callados y defendemos lo que nos pertenece por derecho y por historia. No estamos en contra de la Asociación ADI como institución, ni tenemos nada contra su fin legítimo: lo que rechazamos son las acciones, las omisiones y los abusos de quienes hoy la dirigen, que actúan por encima de la ley y de la voluntad de su propio pueblo. Defender nuestros derechos no es ser problemático: es ejercer la dignidad que nadie nos puede quitar.

Como señaló el relator especial de las Naciones Unidas: «El territorio es nuestra vida, nuestra identidad y nuestra cultura. Es injusto que se nos prive de derechos por una omisión que corresponde al Estado, y que además se nos discrimine desde las propias instancias que deberían protegernos, o se nos señale como enemigos por el simple hecho de exigir respeto.»

Lo que la ley dice y se viola

  • El Convenio N.° 169 de la OIT tiene rango superior a cualquier norma interna: ordena respetar nuestra identidad, nuestras instituciones y nuestra autodeterminación.

  • La Ley Indígena N.° 6172 reconoce nuestra capacidad jurídica y la propiedad colectiva de nuestras tierras.

  • Las Medidas Cautelares N.° 321-12 de la CIDH y la Circular N.° 32-2021 del Poder Judicial son mandatos vigentes que nos protegen.

  • La CONAI confirma oficialmente que no se nos puede negar derechos por falta de documentos que la ley no permite que existan.

  • La jurisprudencia internacional ha sentenciado que la falta de títulos formales nunca justifica privar de derechos a los pueblos indígenas, y que no se puede imponer instituciones que desconocen nuestras autoridades tradicionales.

  • La Constitución Política prohíbe la discriminación y ordena que todos seamos tratados con igualdad.

Esto es lo que queremos que se sepa: mientras se habla de respeto y reconocimiento hacia los pueblos indígenas, en el Territorio de Térraba ocurre lo contrario: los mismos que deberían cuidarnos nos marginan, se nos señala injustamente por defender nuestra dignidad, se ignoran acuerdos y mandatos internacionales que nos protegen, y el Estado sigue sin cumplir su deber. No pedimos favores: solo damos testimonio de la verdad, y reafirmamos que defenderemos nuestra identidad, nuestra ley y todo lo que por historia y por derecho nos pertenece como Pueblo Brörán.

Territorio Indígena de Térraba, 9 de agosto de 2026.

Jeiner Flores Rodríguez
Pueblo Brörán – Comunidad de Crün Shürïn

Dirección de Agua tramita concesión en territorio de Térraba a favor de persona que no es Brörán

Una nueva controversia surge en el Territorio Indígena de Térraba. La Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía tramita y dejó lista para resolución una concesión de aprovechamiento de agua dentro de la finca Crun Shurin, en territorio Brörán, a favor de una persona que no pertenece a este pueblo originario, sin que en el expediente conste la realización de un proceso de consulta previa, libre e informada con la comunidad que recuperó dicha finca.

El caso se gestiona bajo el expediente 27127-A. La solicitud original fue por 0,05 litros por segundo de un nacimiento afluente del río Térraba y fue publicada en el diario oficial La Gaceta mediante el edicto ED-1229-2025, el 23 de octubre de 2025. Posteriormente, un informe técnico de la Unidad Hidrológica Térraba–Pacífico Sur recomendó otorgar 0,04 litros por segundo, y la revisión legal, fechada el 23 de enero de 2026, concluyó que el trámite cumple con los requisitos formales y puede pasar a resolución final.

No obstante, en los documentos disponibles no se evidencia consulta a autoridades tradicionales como el Consejo de Mayores Brörán ni a las familias recuperadoras que viven actualmente en el lugar, pese a tratarse de una captación ubicada dentro de una finca recuperada en un territorio indígena oficialmente reconocido y bajo régimen de propiedad colectiva.

Uno de los afectados sería el líder indígena Pablo Sibar Sibar y su familia, así como alrededor de 25 familias recuperadoras del asentamiento Crun Shurin, proceso iniciado en 2018 y hoy es habitado por unas 80 personas que si son parte de la base de datos del pueblo Brörán. La concesión se ubica sobre la principal fuente que abastece esta recuperación, fuente que, según denuncian, ha sido cuidada, regenerada y reforestada desde entonces, tras encontrarse deteriorada, altamente contaminada y disminuida por consecuencia de la usurpación ganadera.

El propio expediente reconoce que la finca donde se ubica la captación pertenece registralmente a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba, la cual avala la gestión de la interesada. Sin embargo, la concesión se tramita a favor de una persona física para uso comercial.

La situación genera mayor tensión debido a que, según el Consejo Brörán, que elaboró la base de datos de troncos familiares reconocida por el Tribunal Supremo de Elecciones y oficializada por el Gobierno mediante el decreto No 41903- MP , la persona solicitante no pertenece al pueblo Brörán. Aun así, la Asociación de Desarrollo Integral habría otorgado su aval para la extracción de agua destinada, entre otros usos, a una actividad comercial que no paga impuestos e incluye según las personas recuperadoras la venta de licor, actividad prohibida por ley dentro del territorio indígena.

Paralelamente, familias indígenas Brörán que habitan la recuperación denuncian que no cuentan con acceso formal al agua, ya que la Asociación de Desarrollo Integral no les otorga el aval necesario para conectarse, mientras sí respalda la gestión de la persona no indígena.

La situación del agua es crítica en esta región, caracterizada por condiciones climáticas muy secas. En varias ocasiones, las familias de la recuperación han tenido que interponer recursos de amparo para garantizar que al menos dos veces por semana llegue un camión cisterna, aunque con una cantidad limitada de agua. Ante este contexto, la comunidad planteó al AyA la construcción de un acueducto en la quebrada en disputa, con el fin de asegurar el acceso al agua potable como uso prioritario y central para la reproducción de la vida del pueblo brörán. Sin embargo, la institución respondió que un proyecto de este tipo podría tardar hasta 20 años en concretarse.

Para Pablo Sibar Sibar, la situación refleja una vulneración constante de los derechos del pueblo Brörán. En sus palabras:

“Esos son los atropellos que día a día vivimos en los territorios indígenas, especialmente quienes defendemos derechos. Esta señora es una usurpadora que tiene un bar restaurante y se lleva el agua de una tierra que nos ha costado sudor y lucha; con el agua del territorio está enriqueciendo su negocio mientras los recuperadores no tenemos ni una gota. No podemos entender cómo, a casi cinco décadas de la promulgación de la Ley Indígena, se siguen violentando nuestros derechos.”

Además, existe un patrón de hostigamiento contra el dirigente Sibar. En agosto pasado, la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba intentó vender a personas no indígenas una finca perteneciente al líder Brörán, quien cuenta con medidas cautelares. Debido a este hecho, se solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reforzamiento de dichas medidas. Esta situación se suma a un patrón sostenido de violencia que incluye amenazas, agresiones e incendios ocurridos en ocasiones anteriores, así como un nuevo incendio registrado el mes pasado, lo que coloca en riesgo extremo su vida e integridad.

¿Qué va a pasar con la concesión? Mientras la resolución final sigue pendiente, las familias sostienen que no se trata de un asunto meramente técnico o administrativo, sino de una decisión con profundas implicaciones territoriales, sociales y culturales. Ante lo que consideran una serie de atropellos, la comunidad ha anunciado que interpondrá los recursos legales necesarios para hacer valer sus derechos.

Denuncian nuevo incendio provocado en finca del líder indígena Brörán Pablo Sibar Sibar

  • Sibar es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  • El hecho ocurrió en la recuperación indígena de Crun Shurin, en el territorio Brörán de Térraba.

Este lunes se registró un nuevo incendio provocado en la finca del líder indígena brörán Pablo Sibar Sibar, en la recuperación indígena de Crun Shurin, territorio indígena de Térraba. El hecho se suma a un patrón sostenido de hostigamiento y violencia contra el dirigente indígena, quien cuenta con medidas cautelares (MC 321/12) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El incendio inició cerca del mediodía y fue controlado gracias a la rápida acción de la comunidad organizada y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quienes acudieron al lugar y lograron evitar que el fuego se extendiera a mayores áreas del territorio.

Este nuevo hecho ocurre un día después de la celebración del Festival Madremonte, actividad cultural realizada el fin de semana en la recuperación de Crun Shurin, donde participaron artistas, personas visitantes y miembros de la comunidad brörán.

Sibar junto con la comunidad ha decidido mantener amplias áreas del territorio en conservación, con el fin de proteger las fuentes de agua, la biodiversidad y los ecosistemas locales. Los incendios provocados destruyen hábitats, matan fauna silvestre y amenazan directamente estas fuentes de agua. Como sucedió el día de hoy.

Patrón de hostigamiento. Organizaciones y personas defensoras del territorio señalan que este hecho forma parte de un patrón sistemático de hostigamiento contra Pablo Sibar. En agosto del año pasado, la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba intentó vender a personas no indígenas una finca en San Andres perteneciente al líder brörán, a pesar de que se trata de una finca que tiene Sibar hace más de 13 años. A raíz de este hecho se solicitó ante la CIDH el reforzamiento de dichas medidas de protección.

Los ataques contra el dirigente incluyen amenazas, agresiones físicas, campañas de difamación e incendios provocados en su propiedad, algunos ocurridos en años anteriores y otro registrado recientemente. Esta situación coloca en riesgo extremo su vida e integridad.

La recuperación indígena de Crun Shurin, iniciada en 2018, es habitada actualmente por 25 familias recuperadoras, unas 80 personas del pueblo Brörán. Cada año las familias denuncian quemas intencionales en la zona, una situación que también ha sido reportada en otros territorios indígenas como China Kichá. En varias ocasiones estas quemas han sido denunciadas como “incendios racistas”, pues son provocados como represalia contra los procesos de recuperación territorial impulsados por los pueblos indígenas.

Además, la comunidad ha decidido mantener amplias áreas del territorio en conservación, con el fin de proteger las fuentes de agua, la biodiversidad y los ecosistemas locales. Los incendios provocados destruyen hábitats, matan fauna silvestre y amenazan directamente estas fuentes de agua.

Este nuevo incidente refuerza las alertas sobre la falta de protección efectiva para las personas defensoras de derechos humanos en territorios indígenas. En 2021, Sibar recibió amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambos también beneficiarios de medidas cautelares internacionales.

Antecedentes de agresiones

Pablo Sibar, reconocido líder del movimiento indígena brörán, ha sido objeto de múltiples ataques y amenazas:

  • 2012: sufrió dos agresiones físicas. En la primera fue golpeado, pateado y mordido; una semana después fue perseguido en carretera, insultado e intentaron herirlo con un cuchillo.

  • 2021: recibió amenazas de muerte en redes sociales con mensajes que llamaban abiertamente a asesinarlo.

  • Ese mismo año, un día antes del asesinato de Jerhy Rivera, Sibar logró escapar de una turba armada con machetes que lo perseguía y amenazaba de muerte.

  • Días después, personas no identificadas incendiaron su finca.

  • También ha recibido información sobre la supuesta contratación de sicarios para asesinarlo a él y a otros líderes indígenas.

  • Ha sido objeto de campañas de difamación en medios locales y redes sociales.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Denuncian incendio provocado en finca de líder indígena Brörán Pablo Sibar Sibar

  • Pablo Sibar Sibar es beneficiario de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

  • La finca fue objeto de un intento de venta a personas no indígenas por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADI) en agosto pasado

Vecinas y vecinos de la finca San Andrés alertaron el día de ayer al defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar sobre un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de su propiedad, la cual posee legítimamente desde hace más de 13 años.

Este nuevo hecho de violencia se suma a un patrón sostenido de hostigamiento contra Sibar. El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron su finca alegando contar con respaldo de la ADI de Térraba, pese a que Sibar es el legítimo poseedor del terreno. Ante estos hechos, el defensor indígena presentó una petición urgente ante la CIDH para reforzar su protección, dado que es beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12.

En dicha petición se advirtió sobre un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física, sustentado en un historial de amenazas, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios provocados en su propiedad y campañas de difamación en su contra.

La máster en Derechos Humanos Dylana Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, recordó que desde el programa se acompaña desde hace varios años a pueblos indígenas y procesos de conflictividad socioterritorial desde un enfoque de derechos humanos, y expresó su profunda preocupación ante la persistencia de hechos de violencia que continúan afectando a los territorios indígenas. El caso del compañero Pablo Sibar Sibar se suma a una serie de antecedentes dolorosos que marcan la historia reciente de estos pueblos.

Desde Kioscos se advierte que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón reiterado de agresiones contra Pablo y otras personas defensoras. Estos hechos se inscriben en una realidad más amplia de riesgo estructural en los territorios indígenas, caracterizada por presiones externas, amenazas a la organización comunitaria, afectaciones a la autonomía y vulneraciones sistemáticas contra liderazgos sociales, culturales y comunitarios.

Sobre el incendio ocurrido, Pablo Sibar señaló:

“Hoy le prendieron fuego. Habíamos tenido el acompañamiento de muchos compañeros que vinieron desde la capital y desde diferentes lugares a ayudarnos a sembrar árboles, y lamentablemente hoy se quemaron.

Esta es una lucha que llevamos desde que iniciamos los procesos de recuperación. Esta tierra que la Asociación de Desarrollo me quiere quitar, generalmente todos los años la queman. A pesar de que este año sembramos árboles y les dimos mantenimiento, el verano está demasiado fuerte y los fuegos son terribles.

Dichosamente la ‘champita’ no se quemó. Se quemaron árboles y mangueras de compañeros indígenas que llevan agua a sus casas.

Me dio mucha alegría que un pájaro estaca, que tenía más de un mes anidando, lograra sobrevivir con su polluelo, pero duele profundamente ver los árboles que sembramos con tanto amor hoy completamente quemados. Aquí seguimos: la lucha continúa y los recuperadores seguimos vivos.

Seguimos sufriendo el vandalismo de quienes nos odian y buscan minimizarnos. Esperamos que los fuegos puedan controlarse y que la gente tome conciencia de que no se puede quemar una finca porque alguien le cae mal”.

Pablo Sibar agradeció la rápida acción del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de las personas vecinas, quienes acudieron al lugar y lograron controlar el incendio.

Finalmente se reitera la urgencia de adoptar medidas efectivas de protección y de implementar acciones que atiendan las causas estructurales de la violencia en los territorios indígenas. La protección de quienes defienden la vida, la cultura y el territorio no puede recaer en esfuerzos individuales, sino que constituye una responsabilidad institucional y un deber ineludible del Estado.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Proyecto Tierra Encantada UNA se pronuncia ante afectación a defensor de derechos indígenas

Universidad Nacional
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión
Programa Pueblos Indígenas
Proyecto Tierra Encantada

Comunicado público

Ante hechos acaecidos el 10 de agosto del presente año 2025, donde la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Brörán de Térraba (ADIIT), Cantón de Buenos Aires, Provincia de Puntarenas otorga la posesión de un terreno de 10 hectáreas frente a la recuperación Brörán de San Andrés sobre la carretera Interamericana a una pareja de persona no indígenas. Terreno en posesión desde hace 13 años por el defensor de los derechos humanos y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas Pablo Sibar Sibar. El documento, como argumenta el afectado Pablo Sibar, es irregular y carece de fundamento jurídico y se da en el contexto de serios cuestionamientos a legitimidad y representatividad a la ADIIT:

1) La ADIIT ha operado como un instrumento colonial de gobernanza que desconoce y sustituye formas ancestrales de organización y ha favorecido intereses foráneos en perjuicio de los derechos colectivos del pueblo Brörán.

2) Las ADI en general son una imposición del Estado y se les percibe como “agentes del Estado” (Anaya, James, 2011)

3) La falta de legitimidad se fundamenta en su papel histórico de favorecimiento de personas no indígenas, (Finca Volcancito 2007 y San Andrés, 2020) mediante la emisión de certificados de uso de suelo y la administración irregular de tierras dentro del territorio indígena, violando la Ley Indígena 6172.

4) La negativa sistemática de la ADI a reconocer y apoyar los procesos de recuperación de tierras, (Caso finca San Andrés y Crun Shurín) obstaculizando el acceso a servicios básicos, vivienda y derechos fundamentales de familias indígenas que luchan por restituir lo que les ha sido arrebatado.

5) El no reconocimiento de la base de datos oficial de identidad y pertenencia, (Decreto 41903-MP del 8/8/2019), promovido por el Consejo de Mayores como herramienta legítima para garantizar identidad y pertenencia y que las decisiones sobre el territorio sean tomadas exclusivamente por personas con linaje del pueblo Brörán.

6) La expresión colonial de su estilo de gobernanza, que reproduce lógicas de exclusión, verticalidad y despojo, contrarias a los principios de respeto, reciprocidad y horizontalidad. La falta de alternancia en la dirección de la junta directiva evidencia falta de democracia interna y transparencia en la gestión.

Exigimos al Estado costarricense y a sus instituciones el reconocimiento pleno de las estructuras autónomas, como el Consejo de Mayores Brörán, y el respeto a los derechos territoriales, culturales y políticos. La continuidad de la ADI en su forma actual representa una amenaza y no representa los genuinos intereses de los habitantes originarios.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la autonomía y el sagrado derecho de los pueblos originarios a vivir su vida según su cultura, espiritualidad y tradiciones.

Que la tierra, la Madre Tierra, sea devuelta a los habitantes originarios.

Víctor Madrigal Sánchez / Daniel Vindas Sánchez