Juicio contra Pablo Sibar en Térraba: lo que está en juego para los derechos territoriales indígenas

El 10 de noviembre se realizó en Térraba la audiencia del juicio agrario que enfrenta el dirigente brörán Pablo Sibar Sibar, defensor de derechos humanos ambientales, por una finca de unas diez hectáreas que posee desde hace más de una década. El juicio fue promovido por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y se desarrolló de forma pública en la misma propiedad, la finca San Andrés.

Al cierre de la jornada no hubo resolución. Según conoce SURCOS se agotó parte del debate y aún no se sabe si el juez ordenará un peritaje cultural o resolverá con los elementos que ya tiene sobre la posesión de la tierra.

Más allá de una finca

Para Sibar, el resultado puede tener repercusiones que van más allá de su caso particular. «Este juicio va a determinar cuál es la potestad de la Asociación de Desarrollo sobre las tierras indígenas que realmente nos pertenecen», afirmó en una entrevista grabada durante la audiencia. «El argumento que nosotros sostenemos […] está estipulado en la Ley Indígena: la tierra es de los indígenas y no de la Asociación de Desarrollo».

El dirigente sostuvo que el hecho de que el Estado haya dado a las ADI la función de gobierno local para administrar los territorios «no le da ningún derecho a la Asociación de Desarrollo para tomar determinaciones que afecten nuestra tierra, nuestra forma de vida y nuestra forma de ser». Y agregó: «La Asociación de Desarrollo es una instancia impuesta por el Estado y que no nos representa dentro de nuestro territorio».

El origen de la posesión y el conflicto

Sibar explicó que la tierra proviene de un intercambio entre dos personas indígenas: él cedió a otro integrante de la comunidad una propiedad que tenía en el centro de Térraba a cambio de esta finca. Tras la recuperación de la finca Crün Shürïn, decidió con sus hijos destinar el terreno a la conservación. La propiedad tiene una quebrada de la que se abastece de agua una gran cantidad de personas, y en ella se elimina el pasto para favorecer la regeneración natural. «Yo puedo demostrar, tengo documentos, tengo todo que certifican que esta tierra es mía, pero además toda la población sabe que esta tierra es mía», afirmó.

Según la denuncia de Sibar y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), el conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba, amparadas en una certificación emitida por esa asociación el 7 de agosto. Ese mismo día, Sibar denunció un incendio provocado dentro de la finca.

Contexto de riesgo

Pablo Sibar es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según FRENAPI, ha enfrentado hostigamientos, amenazas de muerte, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios en sus propiedades y campañas de difamación, por lo que se solicitó a la CIDH reforzar las medidas de protección.

En su comunicado, FRENAPI expresó su solidaridad con Sibar y consideró «inaceptable que una estructura que debería representar y defender los intereses de los pueblos indígenas pueda ser utilizada para cuestionar los derechos de una persona indígena que ha dedicado su vida a la defensa territorial y ambiental». La organización exigió al Estado:

• garantizar la vida, la integridad y la seguridad de Sibar;
• investigar con perspectiva étnica el ingreso a la propiedad, el presunto uso de la certificación de la ADI y el incendio;
• respetar el debido proceso y los derechos territoriales de las personas indígenas.

«Lo que está en juego no es solamente una finca: también están en discusión los derechos territoriales de los pueblos indígenas», resumen quienes acompañaron la audiencia.

Entrevista y fotografías: Osvaldo Durán, ecologista y profesor pensionado del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).