El pasado martes 6 de setiembre de 2022, se llevó a cabo el foro “Fundamentos legales, históricos, políticos y culturales de las recuperaciones indígenas”, por parte del Programa Kioscos Socio-Ambientales de la Universidad de Costa Rica.
Este espacio expuso la realidad que vive la población indígena en cuanto a la violación de los derechos humanos, que se siguen sufriendo por parte del gobierno costarricense, además, se externalizó las situaciones vividas en las luchas sociales que han atravesado y atraviesan los pueblos indígenas por la recuperación de sus territorios.
Por medio del trabajo colectivo, un fondo colectivo, el intercambio de semillas y la solidaridad, Parceler@s de Finca San Andrés han venido realizando obras de beneficio comunal.
La construcción de obras para un acueducto, arreglo de caminos, trabajos de preparación de terrenos y siembra son parte de las actividades colectivas que han venido realizando un grupo de Parceler@s Brörán de Finca San Andrés con el objetivo de un buen vivir para tod@s.
SURCOS comparte el documento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativo al informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay. En el resumen se indica:
“En el informe se examina la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica con base en la información recibida por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, durante su visita del 6 al 17 de diciembre de 2021.
El Relator Especial toma nota de la apertura hacia el diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas y los diversos avances normativos. Sin embargo, es imperativo que el Gobierno dé prioridad a abordar los problemas estructurales, en particular garantizando los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, el respeto a sus autoridades propias, la adecuada operacionalización de la consulta y la implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales. El Relator Especial expresa preocupación por el racismo estructural que permea, en particular, los niveles locales del poder judicial, y la falta de medidas efectivas para tutelar a las personas defensoras de los derechos humanos y la impunidad por los crímenes cometidos contra las personas defensoras de la tierra”.
Se extiende la invitación a sintonizar el programa Voces y Política, el próximo miércoles 31 de agosto a las 5:00 p.m.
En esta ocasión se estará conversando sobre el “Segundo Informe: Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios Zona Sur”.
Se contará con la participación de Felipe Vargas Morales, recuperador del Territorio Bribri de Salitre y Donal Sandí Morales recuperador del Territorio Bribri de Yabamï Dí (Cabagra).
II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur (2021) arroja a Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural como principales agresores
Hecho se confirma tras ser vinculado a 26 incidentes de seguridad en el 2021. Incluso, el teniente Ángel Porras es identificado directamente.
Se identifica un nuevo actor en las agresiones: la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La cual es conformada por personas ocupantes ilegales, no indígenas y personas afines.
Jueves 25 de agosto 2022. El día de ayer, miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) presentó el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” en la Universidad de Costa Rica. El Primer Informe responde a los hechos acontecidos en el 2020 y ambos documentos surgen a partir de complejos procesos de comunicación y monitoreo de agresiones cotidiano entre las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Así, los hechos relatados en el documento refieren a vivencias y denuncias que realizaron personas que pertenecen a Pueblos Originarios y que se encuentran recuperando tierras-territorios en la Zona Sur del país.
A saber, el informe recoge hechos de los Territorios: Bribris de Salitre, Yabamï Dí, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, se registraron 63 incidentes de seguridad, que se desprenden en 24 diferentes tipos de agresiones.
Sobre los hechos, la Fuerza Pública fue relacionada con al menos 26 incidentes de seguridad y que se desprenden en 5 diferentes tipos de agresiones. Entre ellos, generan alarma los ataques del 24 y 25 de marzo con gases lacrimógenos contra personas recuperadoras cabécares de China Kichá. Operativo injustificado y que, finalmente, ocasionó el re ingreso del ocupante ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la casa de habitación en Yuwi Senaglö donde se encontraba antrincherado. Ello, pese a que la Fuerza Pública conoce de primera mano que Vargas Mata implica un riesgo y amenaza para las personas recuperadoras cabécares.
Como si ello fuera poco, el 25 de marzo fue detenido arbitrariamente Carlos Zúñiga Fernández. Detención que se dio a través de engaños y una serie de violaciones a los Derechos Humanos del recuperador cabécar cometidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
Además, el informe identifica a un Teniente particular: Ángel Porras; vinculado a 4 incidentes de seguridad en el Territorio Cabécar de China Kichá. “El Teniente Porras era el encargado del operativo de los días 24 y 25 de marzo. Es decir, es el responsable de dar visto bueno al ataque con gases lacrimógenos contra las personas recuperadoras que se encontraban defendiendo el Territorio frente a una turba de personas no indígenas que querían volver a introducir a Vargas Mata a Yuwi Senaglö y además de agredir a las y los recuperadores”, comentó Nery Chaves, encargada de la investigación y sistematización del Informe.
“En 2020, la acción de los ocupantes ilegales superaban a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública. En 2021, la Fuerza Pública, por sí sola, supera las agresiones por parte de terratenientes con un 57% y se le ve -en diferentes hechos- sumamente vinculada con agresores que, posteriormente, amenazarían y golpearían a personas recuperadoras hasta que éstas decidan escapar de las recuperaciones. Tales son los casos de los Territorios de Yamabï Dí, China Kichá como ya mencioné y el de Salitre; dónde en una comunidad deben convivir con el sujeto que cometió intento de homicidio contra el compañero Minor, del clan Tubölwak y recuperador”, insistió Nery Chaves.
“En Salitre la complicidad de la Fuerza Pública con los ocupantes ilegales y los no indígenas es clara desde que iniciamos a recuperar hace 12 años. La Policía no detiene los ataques en nuestra contra e incluso, ha formado parte de diferentes agresiones. Además, nunca está presente en el Territorio y si aparece es mucho tiempo después. Por eso, la Fuerza Pública no significa una garantía de nuestro bienestar y por eso, no hay confianza en ellos”, declaró Lesner Figueroa del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre.
“Si bien, el Informe detalla menos incidentes que el año pasado, el conflicto en los Territorios Indígenas sigue mutando y haciéndose cada vez más complejo. La Fuerza Pública sigue siendo un actor imparcial, que lejos de imponer la paz se alía con personas que abiertamente quieren agredir a las personas indígenas. A ésto se suma la salida a la luz pública de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, conformada por personas que ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas y que convocó a manifestaciones en contra las recuperaciones con información falsa y mentiras. También, en noviembre, se le vio muy activa a la Asociación cuando en el Territorio Bribri de Yamabï Dí, las personas recuperadoras se encontraban resistiendo y sobreviviendo a una de las escaladas de violencia más fuertes del 2021. Por eso, no se debe interpretar que porque hay menos hechos de violencia en el 2021 significa que el conflicto está mermando, sino que está transformándose constantemente”, indicó Gustavo Oreamuno, defensor y participante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Pese al contexto desalentador, los Pueblos Originarios se niegan a dar marcha atrás. “Confiamos en Sibö, en nuestras ancestras, ancestros y mayores de que nuestra lucha es digna, legítima y fundamental para nuestros Pueblos. Yo no creo que ningún o ninguna Bribri, Cabécar o Brörán den marcha atrás a lo que ya tanto nos ha costado, al contrario… estamos recuperando nuestras fuerzas para seguir, de la mano con Sibö, defendiendo nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros Pueblos, que, sin el Territorio no somos nada”.
Para mayor información, el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” puede ser descargado en el sitio web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (http://www.coordinadoradeluchasursur.com). También, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con la participación de varios medios de comunicación y donde se estrenó el audiovisual «CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak» . Finalmente como parte de las actividades de presentación del segundo Informe, a las 6pm de hoy será el foro en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, en Heredia.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Enlace video: CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak:
Audiovisual que recoge elementos clave del caso del compañero Sergio Rojas Ortiz, indígena Bribri del clan U̱niwak, asesinado el 18 de marzo de 2019. Sergio fue líder y defensor de los derechos de los Pueblos Originarios en Costa Rica.
A pesar de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado de Costa Rica, en especial el derecho colectivo a la tierra – territorio, a las múltiples agresiones sufridas y a la impunidad reinante; los Pueblos Originarios continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio, por medio de los procesos autónomos de recuperación de sus territorios; la semilla de Sergio ha germinado en las tierras recuperadas
El Centro de Amigos para la Paz hacemos un ferviente llamado a las autoridades civiles y sobre todo a las autoridades gubernamentales involucradas en los procesos de negociación y resolución atinentes la problemática de recuperación de tierras que viven las comunidades indígenas de la región del Pacifico Sur de nuestro país a que evalúen y asuman responsablemente su rol protagónico en dicha problemática.
En tal sentido es impostergable que manifestemos ante las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, instancias judiciales y medios de comunicación, nuestra posición de no aceptación de los mecanismos y métodos implementados al día de hoy que han llegado al extremo de validar y vitorear a personas que aceptan ser culpables de homicidio y otras con cargas penales ser actores del proceso de búsqueda de soluciones a un conflicto que lejos de proponer soluciones se encamina a la profundización de las contradicciones y al ejercicio de la violencia y el asesinato.
Con suma preocupación ante un conflicto que lleva décadas a pesar del ordenamiento legal de nuestro país y de los compromisos internacionales atinentes suscritos por el Estado Costarricense y que ha cobrado la vida de dirigentes y líderes indígenas y que, lejos de encontrar vías de solución con gran dolor y preocupación tenemos que presenciar el vitoreo y aceptación pública del asesinato de un líder y dirigente indígena en una mesa de negociación regentada por autoridades gubernamentales, hecho que nos interpela a llamar a la sociedad costarricense y a nuestras autoridades judiciales y administrativas a asumir su responsabilidad y compromiso constitucional ante tal situación.
Pedimos por este medio que se actué de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, garante de la justicia y la paz social y que por normativa constitucional las instituciones involucradas y funcionarios involucrados sean garantes de un debido proceso que al día de hoy a la luz de los hechos están ausentes.
Nos pronunciamos como pacifistas y activistas de la no violencia activa ante nuestras autoridades gubernamentales, autoridades judiciales y civiles en aras de la paz y la justicia social a que se tomen las medidas correctivas y se proceda de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, nuestros Pueblos Indígenas merecen el reconocimiento de sus derechos y el Estado de nuestro país tiene la obligación de garantizarlos.
Paz para nuestros Pueblos Indígenas con Respeto a sus Derechos y Autonomía Indígena.
La Red de Mujeres Rurales, Confluencia Solidaria, Núcleo CEAAL Costa Rica y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, invitan al encuentro “Las Mujeres sanando violencias desde la defensa de nuestros territorios”, a realizarse el próximo miércoles 7 de septiembre a las 10:00 a.m., hora de Centroamérica.
Con esta actividad, se pretende intercambiar afectos, saberes y experiencias de cómo mujeres de pueblos originarios del continente que, paralelo a las resistencias y luchas en defensa de tierras, semillas, territorios y cuerpos, abordan la dimensión de la sanación desde la sabiduría ancestral de sus abuelas, madres y pueblos.
Entendiendo que el impacto de las múltiples violencias estructurales contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo vivimos en forma diferenciada y mucho más agudo y complejo las mujeres indígenas y negras del Abya Yala.
De lo anterior, surge la necesidad de compartir experiencias para fortalecer tejidos entre nosotras sin fronteras de ninguna naturaleza.
Se contará también con la participación de compañeras de Bolivia, Chile, Colombia, Centroamérica y México.
Este encuentro será facilitado o moderado por compañeras indígenas defensoras de territorios, de Costa Rica.
Recientes eventos acaecidos en las últimas semanas alertan sobre amenazas latentes a la estabilidad, el buen vivir y al cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
1. La defensora de los habitantes Catalina Crespo en declaraciones al periódico La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479409/defensora-visita-salitre-y-se-espanta-con-lo-que-ve) censuró al movimiento de recuperaciones de tierra y territorio por la vía de hecho: “Esto es ilegal”. Esta toma de posición resulta de una visita a un grupo de personas reconocidas por su posición contraria y enemistad con los pueblos indígenas de la región, no solo del territorio de Salitre donde ocurrió la reunión. No se conoce que haya visitado otros grupos sociales para tener un panorama más amplio del conflicto. Con esta manifestación parcializada Crespo se convierte en “defensora” de un grupo anti-indigenista.
2. La señora Crespo asume el discurso malintencionado de que los indígenas recuperadores de tierra son violentos. Sin embargo, se le recuerda a la Defensora que son los indígenas los que han sido asesinados y agredidos de muchas formas en los últimos 10 años. (80 agresiones en el año 2020 y 86 agresiones en 2021según reporta la organización Coordinadora de Lucha Sur Sur. Semanario Universidad, 7 julio, 2021)
3. Las declaraciones de la defensora ocultan el hecho de que la omisión del Estado en cumplir la ley indígena No. 6172 de 1977 es un acto de violencia que se prolonga por 45 años. El letargo del Estado costarricense es complaciente con las invasiones de no indígenas y además parece potenciar la compra y venta de tierras en territorios indígenas; El hecho fomenta la ilegalidad y la impunidad de delitos contra los derechos humanos. (Asesino de Jerhy Rivera confiesa crimen. https://semanariouniversidad.com/pais/presunto-asesino-de-indigena-jerhy-rivera-confiesa-el-asesinato-en-actividad-oficial-en-buenos-aires-donde-lo-aplauden-y-vitorean/ Seminario Universidad, 18 de agosto 2022).
4. Las recuperaciones de hecho de los últimos doce años son un clamor desesperado de indígenas costarricenses ante la no aplicación de la ley que los lleva a hacer justicia por su propia mano. El movimiento indígena que realiza las recuperaciones de tierra/territorio está haciendo una acción que le concierne al Estado (Artículo 5 Ley Indígena 6172) pero enfrentando violencia, racismo y asesinatos.
5. El 9 de agosto, el presidente en ejercicio y su ministro de Justicia y Paz firmaron una directriz que busca crear una ruta para mejorar la atención de la población indígena de Costa Rica. Para tal fin se creó la Mesa Técnica Interinstitucional. Sin embargo, su modo de operar es violatorio del derecho indígena. Dicha Comisión hizo una ronda de reuniones durante el presente mes de agosto del 2022 en los territorios indígenas del país en las cuales se permitió la participación y el protagonismo de personas terratenientes no indígenas, esa situación condujo al silenciamiento de los que debían ser escuchados, así como al descredito y desconfianza de que el producto de esas reuniones pueda “mejorar la atención de la población indígena”.
6. El Consejo de Mayores de Salitre (CODIAW), se abstuvo de participar de la reunión de su territorio por sentir “la amenazante presencia de personas no indígenas usurpadoras en diferentes territorios” en un mismo recinto; según manifestaron en su pronunciamiento público del 17 de agosto del 2022.
7. Denuncias similares se recibieron de las reuniones de la Mesa Técnica realizadas en los territorios Cabécar de Ujarrás y Bribri de Cabagra. En esas reuniones se impuso la voz de terratenientes no indígenas, ocupantes irregulares de territorios indígenas y fue silenciada la voz de representantes indígenas.
8. La reunión realizada en la noche del miércoles 17 de agosto del 2022 en la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas, por parte de la Mesa Técnica y con la presencia del viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, fue escandalosa, repugnante y evidencia la amenaza latente a la vida, al derecho indígena y a la paz social del cantón de Buenos Aires. En esa reunión de trabajo un hombre de apellidos Varela Rojas confesó haber asesinado al líder indígena y defensor del ambiente Jerhy Rivera Rivera ante el aplauso de la mayoría de los convocados y la indiferencia de la mesa presidida por el viceministro de Paz. (https://semanariouniversidad.com/pais/comisionado-de-inclusion-social-estuvo-en-reunion-en-la-que-hombre-confeso-haber-asesinado-a-indigena-yehry-rivera/).
9. Instamos vehementemente al gobierno del presidente Chaves y su ministro de Justicia y Paz para que la definición de una política indígena se realice mediante la escucha y consulta exclusiva a los pueblos indígenas y sus organizaciones propias según sus culturas.
10. Las asociaciones de desarrollo indígena (ADI) lesionan la autonomía indígena, no son representativas y funcionan como una agencia del Estado en los territorios indígenas. Tienen mucho poder y son espacios de clientelismo político. El presidente Chaves las calificó como “club de amigos” por su débil representación de los territorios. https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479170/-las-adi-son-un-club-de-amigos-
11) La acción del Estado debe apuntar a saldar la deuda de 45 años con los pueblos originarios. Debe ser prioridad absoluta del Estado costarricense la devolución de las tierras invadidas a sus legítimos dueños los indígenas que habitan sus territorios desde tiempos precolombinos.
Este lunes 22 de agosto de 2022 se filtró un audio de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires, organización que se encarga de conglomerar personas ocupantes ilegales en los territorios indígenas.
En dicho audio incita a las personas indígenas y no indígenas de Buenos Aires a levantarse en agresión contra las personas recuperadoras y el personal de la UCR para que no permitan que vuelvan a entrar al territorio, brindando información falsa diciendo que buscan sacarlos de su territorio y agredirlos. El interés de Gonzalo Peraza en que no entren al territorio radica en que estos ocupantes ilegales que su organización conglomera en los territorios indígenas tienen intereses en estos territorios y están en contra de su recuperación por parte de los pueblos originarios.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ya ha denunciado las agresiones de esta organización, agresiones que van desde la tergiversación de la información y, como se puede ver en el audio, convocatoria a manifestaciones con información falsa, incitación al odio, apología al delito y amenazas de muerte y de agresión. Gonzalo ya se ha visto involucrado varias veces en actos de violencia, como el que tuvo lugar en el Territorio Bribís de Cabagra en noviembre de 2021; además también se vio involucrado, este 29 de julio, en el Territorio Bribri de Cabagra, en actos de amenaza de muerte a mano armada a algunos miembros de la comunidad Dí Bütôk wüyïrké. Además, su asociación fue la que se encontraba reunida con la Mesa Técnica Interinstitucional cuando el asesino de Jerhy Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela Rojas, reconoció que era el responsable del asesinato y fue vitoreado por el público presente.
Por lo tanto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur exige al poder judicial iniciar una investigación contra las personas que conforman el AMPBA, por su vínculo con actos de agresión en contra de los recuperadores y los Pueblos Originarios.
También se exige al poder Ejecutivo hacerse responsable de este conflicto y llevar a cabo medidas para solucionar esta situación, como el desalojo de personas ilegales que residen en los territorios de los Pueblos Originarios.
La Fracción condena apoyo dado al individuo y aplausos que recibió durante el evento.
En la actividad estuvo presente el Comisionado para la Inclusión Social, Ricardo Sossa y otras personas funcionarias públicas.
Los hechos se dieron este miércoles 17 de agosto por la noche, durante una reunión de la comisión de la Mesa Técnica Interistitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La sede fue la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas.
Durante la actividad se le dio el micrófono a Luis Eduardo Varela Rojas, quien con orgullo afirmó que “Yo fue el que lo maté”, refiriéndose al recuperador y líder indígena Jehry Rivera, asesinado entre el 23 y 24 de enero de 2020.
Al final de su declaración fue vitoreado por las personas asistentes.
En la reunión estuvieron presentes personeros de gobierno, entre los que destacaba el Comisionado para la Inclusión Social designado por el Gobierno, Ricardo Sossa, entre otros.
“Estuvieron presentes cuando el asesino de Jehry Rivera emitió unas declaraciones sumamente violentas incitando al odio” denunció el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, sobre la presencia de Sossa y otras personas funcionarias.
Robles fue enfático en que el Gobierno debe responder por la lamentable situación durante una reunión de carácter oficial porque “toda violencia que se promueva en territorios indígenas deberá ser aclarada.”
El legislador frenteamplista anunció que desde ya la fracción exigirá por las vías oficiales las explicaciones a las autoridades correspondientes y que no se detendrá hasta que en los territorios indígenas exista paz y justicia.
