Ir al contenido principal

Etiqueta: pueblos indígenas

Resolución a favor de indígenas de Kono Ju les permitiría quedarse en sus tierras

SURCOS comparte la siguiente información enviada por Elides Rivera:

La resolución adjunta “que llegó ayer del caso de Kono Ju en China Kichá. El Juez aceptó el escrito que presentamos para modificar la medida cautelar de desalojo por pérdida de interés (buscaba proteger el ganado pero ya no había ganado), por lo que ya no tendrán que salir las personas indígenas de Kono Ju.

En la resolución se lee, POR TANTO:

“En mérito de lo expuesto se acoge la solicitud de modificación de medida cautelar. Al existir cambio de circunstancias se modifica la medida cautelar ordenada mediante voto número 288-F-2020 y en su lugar se ordena la siguiente medida cautelar: Se prohíbe a ADONAY SEGURA MORALES… introducir mejoras, accesiones y transformar más la naturaleza del inmueble… Todo bajo el entendido que en caso de desobediencia se les seguirá causa por el delito de desobediencia a la autoridad… Lic. Jean Carlos Céspedes Mora. – Juez(a).”

Pablo Sibar y Mariana Delgado nos hablan sobre el bicentenario, el colonialismo, y la lucha por la autonomía indígena

Le invitamos a ver las siguientes entrevistas realizadas por SURCOS con el dirigente Brörán Pablo Sibar Sibar, de Térraba y con la mayor Bribri Mariana Delgado Morales de Salitre. En menos de diez minutos Pablo y de cuatro Mariana exponen la realidad histórica y la actualidad de la lucha indígena por su identidad, sus territorios, y su dignidad.

“Queremos decirle al pueblo costarricense que esta lucha nuestra es muy desigual, porque nos topamos con los finqueros que tienen recursos para pagar abogados y como movilizarse y nosotros no tenemos esas posibilidades, sin embargo, la lucha continuará en la memoria de nuestros dos líderes asesinados, y aquí estamos luchando por nuestros derechos según lo que el mismo Estado costarricense estableció pero que en más de 40 años no ha cumplido”.
El Estado lo que está permitiendo es el asesinato de quienes levantamos la voz y defendemos nuestros derechos, nuestra cultura, nuestros recursos; nos quieren callar de esa manera. Quieren demostrar que nuestras vidas no vales nada, que si nos destruyen no va a pasar nada.

Las palabras de don Carlos Alvarado Q.

Isabel Ducca D.

Hace dos años, cuando asesinaron a Sergio Rojas Ortiz con quince disparos en su casa de habitación, el presidente de la República expresó:

“Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena.  Este es un día trágico para el Pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el Pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad” [i].

El caso sobre el homicidio estuvo a punto de cerrarse por petición de la fiscalía. Un medio de comunicación dio a conocer información “secreta”, con lo que se invalidan pruebas y testimonios.  La familia lucha, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.  Mientras, los asesinos celebraron con otro homicidio el primer aniversario de la muerte de Sergio Rojas; en el año 2020, le tocó el turno a Jehry Rivera Rivera, cuya familia también trabaja, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.

La impunidad reina en todos los territorios indígenas, no solo en Salitre.  Un día sí y otro también, llegan alertas de incendios, agresiones y amenazas de muerte por parte de personas no indígenas contra indígenas que decidieron recuperar lo que les pertenece por historia, ley nacional e internacional y humanidad.

El 16 de marzo, se lee en la página oficial de FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas):

“Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 a. m. del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.

La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca que ha pertenecido ancestralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtchö Wakpa Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021”.[ii]

Hasta donde sabemos, posiblemente hay más, están amenazadas de muerte tres mujeres recuperadoras de tierra: Doris Ríos Ríos, Mariana Delgado Morales y Clarita Quiel Torres.  Las tres habitan en diferentes territorios. ¿Qué están haciendo las instancias competentes para protegerlas?  Por lo que ellas narran, cuando tienen posibilidades de dar sus testimonios, nada; no reciben ninguna protección estatal.

Por otro lado, el 14 de marzo, circuló un audio de Pablo Sibar Sibar, dirigente de FRENAPI, en el cual expone las razones de la lucha, las amenazas que recibe continuamente y la solicitud expresa a don Carlos Alvarado para que intervenga y busque no solo solución al conflicto sino, también, protección a las personas que, como él, están amenazadas.  Es enfático al afirmar:

“No nos pidan que suspendamos las recuperaciones. Tengo cuarenta años de lucha. Y, en esos cuarenta años, siempre nos dijeron que tuviéramos paciencia y que el Gobierno arreglaría. Hoy, le toca a usted, señor presidente”.[iii]

Don Pablo Sibar es muy modesto al decir que son cuarenta años de lucha; en realidad, son 500 años de resistencia al despojo y al etnocidio.

Quizás, don Carlos Alvarado no recuerda sus promesas; han sido tantas; además, debe estar muy ocupado escuchando a los diseñadores de horizontes positivos que le encantan, cual sirenas mitológicas, con los paraísos fiscales donde habitan, sin conflicto, los grandes evasores. ¿Quién sabe?


[i] Jerez, M. (2019, marzo 19).  (Vídeo) Carlos Alvarado: «Este es un día trágico para todo Costa Rica». AmPRENSA. https://amprensa.com/2019/03/video-carlos-alvarado-este-es-un-dia-tragico-para-todo-costa-rica/

[ii] FRENAPI. (2021, marzo 16). ACCIÓN URGENTE. ALERTA TEMPRANA. Frente Nacional de Pueblos Indígenas.   

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688

[iii] Sibar, P. (2021, marzo 14). Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida. Surcos digital. https://surcosdigital.com/pablo-sibar-envia-audio-al-presidente-alvarado-ante-amenazas-a-su-vida/

 

Enviado por la autora.

Pueblos originarios de Costa Rica continúan luchando y exigiendo justicia, a dos años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Jueves 18 de marzo de 2021. A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.

De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.

Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.

La condena a este cobarde acto de violencia fue unánime a nivel internacional y nacional por parte de organismos, instituciones y organizaciones de derechos humanos, sociales y de Pueblos Originarios; sin embrago en setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación por parte del Ministerio Público.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos (as) y personas de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”. El desarrollo de la investigación ha sido excesivamente lento y con irregularidades que han sido denunciadas, sin embargo la respuesta del Poder Judicial solo ha mantenido la vergonzosa impunidad.

En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Pero las semillas de dignidad, justicia, autonomía y lucha que esparció Sergio Rojas con su ejemplo han brotado en todos los Pueblos Originarios del país y más allá; los procesos de recuperación de tierras – territorios en la zona sur continúan y crecen, su ejemplo se trasladó a la zona norte donde el Pueblo Maleku por medio del Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama iniciaron en junio del 2020 procesos de recuperación de su Territorio.

Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos siguen creciendo, tanto así, que el 24 de febrero de 2020 fue asesinado de 5 balazos por la espalda Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba cuyo asesinato también se mantiene impune.

Diversos actos de violencia contra los Pueblos Originarios, como tentativas de homicidio, agresiones con armas, ataques de turbas, quema de casas y de cosechas, ataques químicos y amenazas de muerte siguen repitiendo en estos Territorios.

Según un recuento de hechos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) sólo en el 2020 se registraron 88 actos de violencia en esa zona del país; las agresiones y amenazas también afectan al Pueblo Maleku y en todos estos casos que han sido denunciados pública y judicialmente, hasta el día de hoy reina la impunidad, ningún agresor ha sido condenado por estos actos.

Solo en la Zona Sur la CLSS da cuenta que 12 personas de Pueblos Originarios han sido víctimas de amenazas agravadas (de muerte), sus nombres son: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba). Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra), Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Dorios Ríos Ríos, Ariel Ríos (China Kichá) y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y Jose Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además de amenazas contra 2 defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery Lopez Castro.

Las organizaciones e instituciones firmantes demandamos:

  • Que el Poder Judicial atienda de manera diligente, oportuna y rápida la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, para lograr que se cumpla el principio de justicia pronta y debida.
  • Que el Poder Judicial cumpla con el debido seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • Que el Poder Judicial brinde atención prioritaria a las denuncias por los casos de amenazas agravadas de las personas indicadas anteriormente y otras que existan y brinde un informe del avance de dichos procesos.
  • Que la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, llame a comparecer a la Fiscal General de la República y al Ministro de Seguridad Pública para que brinden informes su quehacer ante la sistemática violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
  • Que las autoridades del Estado acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de realizar los desalojos administrativos necesarios y priorizados por diversos Pueblos Originarios para acabar con la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios, haciendo efectivas las Medidas Cautelares de la CIDH y extendiendo las mismas a los Pueblos Originarios que sean necesarios.

Organizaciones firmantes:
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.

Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Concejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Recuperador@s Brörán de Crun Shurin.
Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales.
Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos CIAN-UCR
Proyecto autonomías indígenas y estructuras comunitarias de Gobiernos Propios CICDE-UNED.
Programa de Gestión local de la UNED.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡SERGIO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Denuncia de FRENAPI: Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 am del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.
La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca ha pertenecido ancedtralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores de Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021.
Los usurpadores/as NO indígenas, están dirigidos por Jony Fernández y sus hermanas, quienes reclaman son «herederos» de la Finca que su padre Antonio Fernández, No indígena, les dejó. Son 10 Hectáreas las que tienen recuperadas con autoridad del Consejo de Mayores/as de Cabagra.
URGE la intervención de las Autoridades para que detenga esta acción violenta, ilegal y usurpadora, de no indígenas que NO tienen ningún derecho dentro del Territorio Indígena de Cabagra y menos reclamar «herencia» de la tierra usurpada por otro No indígena.
Denunciamos esta ola de violencia, que se une a las acciones de intimidación, agresiones, quema de viviendas y cultivos, amenazas e irrespeto a sitios sagrados indígenas, en distintos territorios.
La respondabilidad de lo que ocurra en Sónbata/ Cabara es del Estado /Gobierno.
El Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA) sigue y no se detiene.
A dos años del asesinato impune de Sergio la Lucha Sigue y No se detiene.
16 de marzo 2021.
FRENAPI VIVE
LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS – FRENAPI
APOYA: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.

Fuerza Pública acompañó a líder indígena a interponer denuncia ante conflicto por tierras

SURCOS comparte este comunicado enviado por la Presidencia de la República:

Fuerza Pública acompañó a líder indígena a interponer denuncia ante conflicto por tierras

  • Presidente Alvarado solicitó reforzar atención de conflicto en territorio indígena al Viceministerio de la Presidencia.
  • Conflicto por posesión de tierras indígenas fue atendido por el Viceministerio de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) minutos después de la denuncia pública.

La tarde de este lunes, oficiales de la Fuerza Pública acompañaron al líder indígena del territorio de Térraba, Pablo Sivar, para que éste interpusiera la denuncia por amenazas en las oficinas de la Fiscalía del cantón de Buenos Aires.

Además, Michael Soto, Ministro de Seguridad Pública (MSP), remitió un oficio a Emilia Navas, Fiscala General de la República, con el fin de hacer de su conocimiento la situación y así evitar el aumento de tensiones en la zona.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitó al Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola, reforzar la atención en el territorio indígena de Térraba, en Buenos Aires, ante la denuncia pública de personas indígenas de la zona que señalan amenazas y violencia en su contra.

Ante denuncias similares en el pasado, tanto el Viceministerio de Diálogo como el Ministerio de Seguridad Pública han mantenido comunicación constante con los líderes de los diferentes territorios indígenas en Buenos Aires, con el fin de resguardar su integridad. Además, la atención del conflicto ha llevado a que oficiales de la Fuerza Pública mantengan un monitoreo permanente, así como que realicen patrullajes y den una atención inmediata a las denuncias.

“El Viceministerio de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad mantenemos coordinación constante con las partes para evitar la violencia, esto permitió que la denuncia pública se atendiera en cuestión de minutos y se facilitaran los medios para la interposición de la denuncia. El Gobierno de la República trabaja en garantizar la protección de la integridad física y personal de todas las personas involucradas“, comentó el viceministro Otárola.

CP-301-2021
16 de marzo de 2021

Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida

El coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) Pablo Sibar envió un audio al presidente de la República Carlos Alvarado, en el cual, expone los fundamentos de la lucha que llevan adelante por la recuperación de sus tierras y la defensa de su identidad ancestral.

Este llamado que hace el dirigente indígena al mandatario se produce luego de ser objeto de muchas amenazas a su vida, como la que compartimos en recorte, y cuya copia completa está en poder de los organismos nacionales e internacionales que velan por la integridad de las personas de pueblos indígenas.

Les invitamos a escuchar el llamado hecho por Pablo Sibar al presidente Carlos Alvarado.

Desde Térraba Pablo Sibar Sibar ofrece informe del juicio realizado este jueves 11

«Este jueves 11 de marzo del 2021 se llevó a cabo el juicio en Crun Shurin del Interdicto Agrario donde los Ramírez alegan el derecho sobre estas tierras, que nunca les pueden dar en propiedad ya que nos pertenecen por tiempos ancestrales.

No puede ningún usurpador alegar derechos de posesión, además son solo un saco de mentiras ya que nos acusan de violentos, corta cercas, destructores, que somos invasores. Pero bueno, lo cierto es que esas mentiras un juez no puede creerles ya que está demostrado que esto es una tierra indígena, y que los Ramírez no pueden alegar ningún derecho.

Es lamentable escuchar que digan que tenían una buena relación con el ADI y que le ayudaban económicamente. Ese es el principal problema que enfrentamos los recuperadores, pues tanto la ADI como la CONAI en más de 40 años no han hecho lo que les correspondía hacer, porque los usurpadores les dan regalías y ya con esto no ejecutan lo que tienen que hacer.

Es por eso que los pueblos indígenas estamos en total desventaja.

Yo espero que esto cambie pronto, Las tierras nos pertenecen por lo que los juzgados deben de aplicar nuestro derecho. Seguimos esperando que se resuelva.

Dijo el juez que tiene que hacer una inspección para dar el fallo final.

Debemos continuar creyendo en nuestra espiritualidad indígena: siempre de frente al SOL».

Pablo Sibar Sibar

SURCOS entrevistó a representantes de la comunidad indígena este mismo día. Puede ver el video aquí: