Pueblos originarios, víctimas eternas del capitalismo
Es mucho mejor no tener riquezas, que ganar riquezas a expensas de la virtud.
Es mejor la pobreza honesta, que todas las riquezas compradas con las lágrimas,
el sudor y la sangre de nuestros prójimos.
Juan Wesley
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, en consonancia con sus postulados de opción por las personas más pobres y vulnerabilizadas, denunciamos y nos solidarizamos con los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, específicamente con los pueblos y territorios indígenas Bribris de Salitre e Iríria Bribri Sá Ká; Brörán de Térraba y Cabécar de China Kichá, ante el Informe de Violaciones y Agresiones de sus DDHH, recién publicado del año 2020.
La zona sur, llamada Región Brunca, limita con Panamá al Este, con el Océano Pacífico al Sur, al Oeste con la Región Pacífico Central, y con las regiones Central y Huetar Atlántica al Norte. Su cabecera es la ciudad de San Isidro de El General. La Región Brunca, está formada por los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, y Pérez Zeledón de la provincia de San José.
Los territorios indígenas de Costa Rica son, de acuerdo con la Ley Indígena de 1977, los territorios tradicionales de los pueblos considerados indígenas. Por ley son tierras entregadas por el Estado e inscritas formalmente a nombre de las comunidades aborígenes a perpetuidad y no pueden ser vendidas, trasladadas o reducidas de ninguna forma, ni pueden ser renunciadas. En teoría la ley las dota de autogobierno y autonomía política y judicial en donde las autoridades nacionales y municipales no pueden intervenir, sin embargo, en la práctica, esta autonomía no siempre se cumple.
Si bien la ley de 1977, estipula que aquellos no indígenas que tengan propiedades en los territorios indígenas deberán ser reubicados a costa del Estado o, de no desear la reubicación, ser expropiados e indemnizados por el Estado, en la práctica esto no siempre se ha hecho. Así mismo la ley establece que cualquier nuevo asentamiento no indígena en los territorios posteriores a la aplicación de la ley, deberá ser desalojado por la fuerza por las autoridades, esto, nuevamente, no siempre se cumple.
Las tensiones entre pobladores indígenas y no indígenas han provocado enfrentamientos violentos; bloqueos, quemas de ranchos habitados por indígenas y otras situaciones que implicaron la intervención del gobierno, por ejemplo, en el territorio de Salitre 2, a raíz de la disputa por tierras entre finqueros y propietarios de etnia blanca o mestiza e indígenas de etnia Bribri.
Los pueblos afectados se han organizado en la Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS) y es el espacio formalmente reconocido en el Informe de Violaciones y Agresiones de sus DDHH recién publicado. Realizando un apretado resumen del Informe, los hechos relatados corresponden a incidentes de seguridad: muestra una serie de agresiones concretas que suceden simultáneamente. Son 86 incidentes de seguridad que se desprenden en 27 tipos distintos de agresiones que hostigan, amenazan y afectan la integridad psicológica, física, espiritual y vida de los Pueblos Originarios.
Estos hechos se detallan de la siguiente manera:
Agresión con arma de fuego, homicidio, intento de homicidio, agresiones de turba, amenazas agravadas (de muerte), amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros, detonaciones de armas de fuego, invasiones a recuperaciones, invasiones a recuperaciones, incendios provocados, bloqueo de caminos, agresión con arma blanca, falta de asistencia en agua, comida, medicamentos y atención médica por parte del Gobierno, insultos racistas por parte de personas no indígenas, ataque con sustancias químicas, daños a la propiedad, agresión física, ingreso/presencia de personas o peones con armas al Territorio y recuperaciones, intento de ingreso de grupo de peones o personas, extracción de madera y afectaciones a recuperaciones, ingreso de ganado a recuperaciones, intento de invasión a recuperaciones, saqueo de patrimonio arqueológico, omisión policial, criminalización de la Fuerza Pública (amenazas de arresto), agresión y abuso de autoridad de Fuerza Pública (golpes, uso de gases lacrimógenos) y atrincheramiento en recuperaciones.
Ante los hechos anteriores, nos preguntamos ¿cómo es posible en pleno siglo 21, seguir observando tales atrocidades contra nuestros pueblos originarios? ¿Hasta cuándo seguimos arrastrando las miserias de una época colonial ya superada?
Creemos es hora ya de revertir esta situación, colocando a nuestros pueblos originarios, libres de desigualdades, visibilizando sus luchas y anhelos y estar atentos a sus derechos, falta de recursos para una vida digna.
Desde la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, nos solidarizamos con las luchas de los pueblos originarios, con sus reclamos y derechos, y nos ponemos a la orden para cualquier denuncia.
Atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad,
tanto a los israelitas como a los extranjeros (Deuteronomio. 1:6b VI).
Equipo General de Coordinación Pastoral (EGECOPA), Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC)
