Desde inicios del año 2025, un conglomerado de organizaciones sociales, compartiendo las preocupaciones, de las negativas consecuencias que la eventual aprobación del expediente 23 414, tendría para la forma en que los costarricenses hemos sabido democratizar el acceso a la luz, sumamos esfuerzos en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, para enfrentar en conjunto, un nuevo intento de repartirse la electricidad del pueblo costarricense.
Esto entendiendo que el tiempo presente, amerita de nuestra unidad y convergencia, a partir de principios cívicos y democráticos que tenemos en común, ya que enfrentamos un momento clave para el futuro del país.
El pasado jueves 21 de mayo, desde las Organizaciones Integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, en conjunto, con parte de las Diputaciones del bloque parlamentario que se opone a este perjudicial proyecto de ley, mediante conferencia de prensa dirigida al pueblo de Costa Rica, alertamos a la sociedad costarricense, del intento del partido en el Gobierno, de aprobar apresuradamente, el plan de “Armonización”, dándole primer debate legislativo programado para el anterior martes 26 de mayo.
La respuesta de las organizaciones sociales, y de la ciudadanía patriótica, no se hizo esperar. De la mano de crecientes comunicados sumándose al llamado a participar en la jornada patriótica para oponerse al plan de armonización, también las distintas fracciones legislativas del bloque parlamentario que se opone al 23 414, fue dando sus razones técnicas para oponerse al plan de armonización, en defensa del modelo eléctrico gestionado por el ICE.
El martes 26 de mayo, un crisol de delegaciones de organizaciones estudiantiles, grupos de mujeres, movimientos ecologistas, organizaciones laborales, agrupaciones ciudadanas, organizaciones agrícolas y campesinas, grupos ecuménicos, y ciudadanía patriótica en general, acudieron al llamado, haciéndose presentes en las afueras de la Asamblea Legislativa; en una multitudinaria jornada cívica y pacífica, llena de música, expresiones artísticas, charlas técnicas, y discursos de distintas vocerías.
Dicha articulación entre el bloque parlamentario y los movimientos sociales se hizo sentir. Ya que si bien lograron aprobar en primer debate el proyecto con mayoría simple (mitad más uno de los diputados presentes a la hora de votar), lo cierto es que gracias a todo lo antes descrito, no cuentan con la mayoría calificada (38 votos) que se ocupa para aprobar el proyecto en segundo debate. Más importante aún, el resultado de la votación en primer debate (27 a favor, 24 en contra, 6 sin votar) revela que la fracción oficialista, no contó con la totalidad de los votos que la integran (31 diputados).
El día de ayer miércoles 27 de mayo, el Gobierno de la República mediante rueda de prensa desde Zapote, anunció que desconvocarían el expediente 23 414, lo cual representa un triunfo de las organizaciones integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, de los movimientos sociales, de la ciudadanía patriótica, y un triunfo del bloque parlamentario de oposición a dicha iniciativa de ley.
Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, que crece y se fortalece, consideramos que los ataques infundados y demagógicos de la presidenta de la República buscan distraer la atención del fracaso de su estrategia legislativa, resultado de un Ministerio de la Presidencia inoperante, y de una Presidencia de la República, ayuna de diálogo social, con los movimientos sociales.
Además, sobre los ataques también infundados, del presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, queda más que claro, que cuando se acude al insulto y la descalificación de quien tiene argumentos diferentes sobre un tema, se hace gala de precariedad intelectual y carencia argumentativa.
Para la ciudadanía costarricense cada vez es más evidente que estos entes en la práctica se convierten en vocerías políticas de la línea del gobierno que los nombra en el puesto, no en vocerías técnico-profesionales. Los inquilinos de turno de dichas presidencias ejecutivas, con frecuencia, al acabar su nombramiento, pasan a ocupar altos cargos en grandes empresas privadas (práctica conocida como puertas giratorias).
Desde nuestras organizaciones, tenemos memoria: el señor Marco Acuña Mora, antes de ser director Corporativo de Electricidad y luego presidente ejecutivo del ICE, trabajaba como administrador del contrato de conexión del Grupo CMI (Capital Guatemalteco) dueño de plantas eólicas de generación privada que venden energía al ICE. Las subastas eléctricas del plan de armonización benefician a generadores privados de electricidad, algo que podría beneficiarle. Por eso le solicitamos al señor Marco Acuña su renuncia inmediata a la Presidencia Ejecutiva, ya que no representa dignamente el legado histórico del ICE.
Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad nos solidarizamos con el joven estudiante Elián Jiménez Campos y exigimos la desescalada de los discursos de odio, polarización y violencia accionados por la Fuerza Pública y promovidos por la Presidencia de la República.
Llamamos al movimiento social y popular, y a la ciudadanía patriótica a mantenernos alerta. En los próximos días, anunciaremos mediante conferencia de prensa, las siguientes acciones y actividades. ¡Digamos no al plan de Armonización (23.414)!
Insulta la más elemental inteligencia humana, pensar en las grandes fortunas amasadas en Costa Rica, y en América Latina, en general, sin un Estado en función exclusiva de las burguesías locales, especializadas en lo que ahora los “gringos” llaman “puertas giratorias”, como modelo de “desarrollo” para mantener a nuestros pueblos en la sumisión, la indignidad y la ignorancia.
Hay diversas definiciones de “puertas giratorias”, pero todas remiten a una fina corrupción casi imperceptible, pero devastadora para las clases más pobres, gracias al “lobby” y la utilización de los cargos públicos para amarrar negocios y fortunas desde la función estatal, unas veces en secreto, y otras no tanto.
Indudablemente, con la llamada “fiebre del oro”, desde mediados del siglo XIX, la expansión del comercio con las metrópolis, el consumo del petróleo, el gas natural y otros vitales energéticos para el capitalismo, estas élites no tuvieron empacho en entregar concesiones mineras, ferrocarriles, petróleo etc., como hacen en el siglo XXI con el agua, la flora, la fauna, comercio, bancos, telecomunicaciones, carreteras, educación, sanidad, tecnologías propias, riquezas del subsuelo, tradiciones culturales, entre otras. Fue con esta concepción de Estado, en función de los intereses de las nacientes clases surgidas del despojo y saqueo llevados a cabo sobre los pueblos originarios, desde que, según la versión racista, fuimos “descubiertos” o se “encontraron dos mundos”.
A manera de ejemplo irrebatible – lo mismo puede citarse a Macri en Argentina, a Piñera en Chile o una larga lista de expresidentes peruanos – los cinco gobernantes mexicanos del periodo de capitalismo más agresivo terminaron como verdaderos maestros del lobby y las puertas giratorias.
En el marco de una consulta popular boicoteada por el instituto electoral, a fin de someter a juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se supo cómo los presidentes durante sus ejercicios o el de sus funcionarios hicieron de la llamada “puerta giratoria” toda una manera de vivir.
Y como en Nuestra América el “lobby”, la “puerta giratoria” o el “conflicto de intereses”, en la mayoría de los países, no es delito, o sus penas causan risa, todas estas conductas son “legales”, mas no morales, que importa poco, porque si la moralidad de estos tipos se mide por cuánto te dejó el paso por la función pública o cuántas prebendas obtuviste, interesa entonces solo cuántos escalones subiste dentro de la clase en que te mueves.
Idéntico caso pasa sí alguien en algunos de nuestros países tiene la entereza de pelear para elevar la corrupción administrativa activa o pasiva a delito similar a terrorismo, dados los estragos y terror que causa a las mayorías más vulnerables, enferma, sin casa, salarios de hambre etc., pues la “puerta giratoria” ya es parte de los negocios y poco importa la ética o la moral cuando se trata de dólares.
Uno de los personajes continentales que más ha llamado la atención en pleno siglo XXI, por caer en estas prácticas de corrupción, es el expresidente Ernesto Zedillo, quien privatizó en solo dos años el patrimonio industrial, histórico y cultural de México que eran los ferrocarriles nacionales.
Su administración otorgó concesiones de entre 20 y 50 años al Grupo México Transportes (Ferromex), Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana y Grupo Triturados Basálticos (Tribasa).
Además, por la indignante cantidad de mil 400 millones de dólares, vendió el sistema a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.
Cabe mencionar que, luego de este proceso, el sistema ferroviario se dedicó únicamente a transportar materias primas, se abandonó el transporte de personas y diversas regiones en el interior del país quedaron incomunicadas.
Durante 2023 y 2024 México arreció la recuperación de aeropuertos y trenes. Actualmente construye, sin un centavo de deuda y solo cobrando impuestos y acabando con la corrupción, el Tren Maya de 1500 kms de línea férrea y un costo de$28500 millones.
Sin pretender quitar “méritos” a estos personajes presentes desde el rio Bravo hasta la Patagonia, es menester enfatizar que estas clases surgidas a raíz del despojo y el saqueo provocado por el holocausto contra los pueblos originarios vieron en el nacimiento de los nuevos Estados la posibilidad de aumentar su acumulación originaria, de la mano de lo que entendían entonces como “progreso”.
El intercambio comercial con las metrópolis fue la excusa perfecta para que el Estado naciente cediera rústicos embarcaderos, grades extensiones de tierras comunales para producciones de caucho, granos, entre otros. Luego a mitad del siglo diecinueve la sobre valoración del oro, el cobre, la plata, entre otros, como metales indispensables para el capitalismo industrial, facilitó que muchos de nuestros próceres dieran en concesiones canteras, minas, ferrocarriles, etc., por tiempo indefinido, a cambio, en muchos casos, de un pequeño porcentaje del negocio privado con los bienes pertenecientes a sus pueblos.
Con lo que representa hoy el petróleo, el gas natural, el litio, las tierras raras, el espectro electromagnético, el agua, la fauna, la flora, la sanidad, nuestros océanos y nuestras tecnologías, entre otras, para la mayoría de esas élites, enriquecidas al calor del Estado, su aliado “natural” resulta ser el actual capitalismo, en su fase más agresiva, a fin de evitar cambios en sus statu quo.
Por eso su democracia, referida únicamente a escogencia de sus cuadros cada cierto tiempo, a ritmo de fiestas y carnaval, cada vez es más oscura y es cosa exclusiva de tecnócratas. Nada de hacer públicas los actos y decisiones de la clase gobernante y mucho menos pensar en mecanismos de participación directa de sus pueblos en la “Res pública”.
Por el contrario, cuando en alguno de nuestros países aparece un pueblo exigiendo participación democrática directa, es porque existe en él algún grado de politización (a esta ayuda el acceso a educación de calidad, el debate de ideas y la rigurosidad en lo que emprendemos); entonces rápidamente es neutralizado con el relato de la politiquería, para evitar que avance su concientización.
Por eso otro mexicano merecedor de mención “honorifica”, con base a la cita bibliográfica arriba citada, es el gobierno encabezado por Felipe Calderón (2006-2012). Llegó al poder mediante un gigantesco fraude electoral, gracias al aparato electorero controlado desde adentro por los viejos partidos de la rancia burguesía, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la “prensa canalla” constituida por los emporios periodísticos, la radio y la televisión, defensores del “conservadurismo” o “neoliberalismo”, ha dicho en reiteradas ocasiones el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de Calderón quizá fue el que mejor aceite puso a la puerta giratoria, con un Poder Judicial mexicano que nunca vio nada y perdió del todo el olfato, junto sobrados arrurús provenientes de las administraciones estadounidenses por su valiente “guerra contra el narcotráfico”. Georgina Kessel, secretaria de Energía durante dicho sexenio, fue la encargada de implementar las licitaciones para abrirle paso a la inversión privada, favoreciendo en particular a las empresas Fenosa e Iberdrola, y debilitando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Unos años después, tras abandonar su cargo, la exfuncionaria terminaría siendo parte del consejo de accionistas de Iberdrola. De igual forma, en 2016, el mismo Calderón, fue incorporado como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, compañía que surgió de la fusión entre la filial de Iberdrola en EE.UU. y UIL Holding. Esto, sin renunciar a la pensión de la que aún gozaba como exmandatario de México.
Este personaje político regional cobró relevancia por los estrechos lazos de su gobierno con la DEA y la CIA en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, encabezada por su ministro Genaro García Luna. Fue designado por autoridades norteamericanas como el “mejor policía” en la lucha contra los carteles de la droga, hasta el 9 de diciembre de 2019, cuando cayó preso en Estados Unidos con cargos por corrupción.
Para el 1 de marzo de este año tienen previsto fijarle la pena de su condena, luego de enfrentar un rarísimo juicio que, como abogado sigo sin entender, pues circuló la versión periodística, que el fiscal prohibió a García Luna mencionar personas o a asuntos sobre los cuales no le preguntara.
El fenómeno de «puertas giratorias» es un ejemplo más de la corrupción que caracterizó al periodo neoliberal y a los sexenios anteriores, donde se unieron el poder político y el poder económico para beneficiar ciertos intereses por encima de las necesidades del pueblo mexicano. Ilustración tomada de: «Puertas giratorias»: expresidentes contratados por las empresas que beneficiaron.
Brincando hacia Chile, en el sur de nuestro continente, donde se insiste en el mejor experimento social y económico en torno a que la ausencia del Estado o la mínima expresión de él produce libertad, prosperidad y una variada gama de mantras acuñadas por estas élites, demuestra que en cualquier democracia, cuyos actos dentro de los poderes conserven zonas grises y no sean totalmente transparentes frente al pueblo, las puertas giratorias y otras desgracias, relacionadas con los bienes públicos, están presentes, empobreciendo a la gente.
Un estudio denominado “ la puerta giratoria de Piñera y Bachelet” (ver : https://www.ciperchile.cl/2014/12/05/ la-puerta-giratoria-de-pinera-y-bachelet/), demuestra como estas burguesías arrastran hacia ellas a grupos de ciudadanos interesados en la democracia participativa, conocidos por los convencionalismos tradicionales como “izquierdas”, “progres”, “ defensores del capitalismo del bienestar”, “luchadores sociales” etc.; algunos de ellos “líderes” en su momento en los cuerpos docentes, sindicatos, comunidades, entre otras, renunciaron luego de su pasado, al ser premiados con una curul, membresía en alguna junta directiva de banco, puesto de ejecutivo en esta o aquella institución, etc.
En otros casos, cada vez más notorios, si su conducta es de obediencia total y no produce peligrosos sobresaltos, el “premio” la Metrópoli lo entrega de inmediato y consistirá en becas, visa por tiempo indefinido, clases en Universidades o cátedras con salarios que no bajan de los $ 5000 mensuales, habitación y transporte. Siempre recuerdo al “presidente” Juan Guaidó como ejemplo de obediencia y premiación alcanzada: profesor destacado en una U de Miami, cómodo apartamento y salario que más de un “pensionado de lujo” se desearía por acá.
Este estudio sobre la “puerta giratoria” en Chile nos muestra, gracias a la Ley de Transparencia del Servicio Civil chileno, los flujos desde el sector privado de quienes son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (eso excluye cargos de confianza, como ministros y subsecretarios). Desde 2004, en promedio, el 27% de quienes asumen estos cargos públicos proviene del sector privado. La tasa está muy por sobre el promedio durante la administración Piñera, con un 42% en 2010, 40% en 2011 y 36% en 2012. En 2013 la cifra cae a 24%, porcentaje que se mantiene durante el primer año de gobierno de Bachelet, aunque la cantidad de nombramientos por esta vía ha sido mucho menor.
En cuanto a las áreas más sensibles para al fenómeno de la “puerta giratoria”, los casos analizados para este proyecto dan cuenta de que la mayor cantidad de conflictos se dan en medio ambiente, seguida por minería, obras públicas y energía. Más atrás los siguen economía, laboral y política, y luego agricultura, salud y telecomunicaciones.
Dobles ocupó el cargo de ministro de Ambiente del 2006 al 2009, pero meses después de salir del puesto acordó una consultoría con la empresa petrolera Black Hills Corp, por la que obtendría beneficios adicionales en caso de realizarse explotación de petróleo en Costa Rica. El medio estadounidense The Dakota Scout reportó que sostiene una demanda contra esa empresa.
En años pasados, la “puerta giratoria” en Aviación Civil permitió repartir pasajes de avión a algunos de sus directivos para fines recreativos. Luego aparecen candidateándose para una curul legislativa. En otros casos, el marido fue electo diputado y años después, su esposa, cuñado o hija resultan “padres” de la patria, ministro o alto ejecutivo.
Otro caso ilustrativo en Costa Rica son los casos de algunos munícipes o alcaldes, que tras cuatro años de gestión, brincan hacia instituciones públicas, Asamblea Legislativa o terminan de asesores en empresas constructoras de trochas, pavimentación de carreteras etc.; cuando no pasan directamente de un ministerio, banco o instituciones autónomas a jetear su propia ONGs, fundación o empresa especializada en la atención de actividades que quitaron al Estado y ahora éste redirecciona fondos del pueblo costarricenses a estos personajes. ¡Mejor no sigo!
Me quedo con las preguntas inteligentes realizadas por la investigadora Ana Castellani en la Revista “Nueva Sociedad”: ¿Cómo afecta la articulación entre Estado y elites económicas la calidad de las democracias? ¿Es posible regular de forma efectiva la relación entre intereses privados y bienes públicos?
Estas preguntas, cobran relevancia en la agenda pública, ya que las relaciones entre elites económicas y elites políticas se visualizan más claramente que en el pasado. Varios gobiernos incorporan en sus filas a empresarios, gerentes corporativos y directivos de asociaciones del empresariado, lo que genera múltiples situaciones de conflictos de interés, captura institucional y deterioro de la autonomía. Pero hasta el momento este tema no ha concitado la suficiente atención regulatoria en América Latina. (Ver https://nuso.org/articulo/lobbies-y-puertas-giratorias/).
¡No se vale desmayar!
*Estudios en geopolítica y petróleo por la Universidad del Zulia, periodista, abogado y notario por la U.C.R
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
