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Etiqueta: racismo institucional

De sobre el canon y la hegemonía cultural

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Las universidades públicas costarricenses experimentan hoy en día embates políticos de toda naturaleza, tanto desde adentro como desde actores externos que intentan acabarlas como centros de producción de conocimiento y pensamiento crítico.

Pero aun así, en medio de ese contexto, deben mirarse en una actitud crítica y auto reflexiva que les conduzca hasta umbrales de mejoramiento e igualdad. En ocasiones existen espejos que nos devuelven imágenes borrosas, cuando no vergonzosas de lo que somos como instituciones educativas.

En la sesión inaugural de la III Feria Internacional del Libro Universitario desarrollado en el Auditorio Cora Ferro Calabrese, en la Universidad Nacional, la escritora, antropóloga y activista por los derechos de las poblaciones afrodescendientes Shirley Campbell Barr nos puso a todos y todas a mirarnos en el espejo institucional, utilizando una retórica directa y al cuerpo… el cuerpo hegemónico blanco.

También lo hizo con poesía, esa herramienta tan poderosa para decir y llegar hasta donde la academia no lo hace.

Quise arrancarme los ojos porque estos no me pertenecían”, dijo.

Pero también dijo algunas precisiones sobre el canon cultural, el peso de un dispositivo institucional que no es neutral como las ferias de libros y las exclusiones e invisibilizaciones que aún hoy en día se siguen presentando con ciertas poblaciones.

¿Cuántos autores afrodescendientes son de consulta obligatoria en las aulas universitarias? ¿cuántas mujeres afrodescendientes son leídas en la educación superior pública? Preguntó.

Quise oscurecer mi piel porque su tono no era lo suficientemente oscuro”. Dijo.

Pero también dijo y sugirió que habría que revisar las estructuras cultuales que producen las Ferias de Libros a todo nivel, para que se abran hacia otras estéticas y narrativas que generalmente quedan por fuera de los circuitos hegemónicos.

Este discurso narrado en tono directo y con la voz y propiedad de alguien que ha librado por décadas una lucha histórica, debe ser retomado en aulas, espacios colegiados, eventos universitarios que propongan la igualdad, la equidad y la justicia. Desde la crítica centrada y argumentada es que podremos salir adelante como espacios de pensamiento crítico y reflexión.

Y Shirley terminó como no podía ser de otra manera:

Quise nacer de nuevo

y descubrirme en otra historia
Yo quería que la realidad fuera distinta
Pero era esta
Entonces me convertí en poeta”.

A 7 años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz organizan plantón por su memoria

Este próximo miércoles 18 de marzo a las 9:00 a.m. en el Pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) se realizará un “Plantón por la memoria del compañero y hermano Sergio Rojas”, al cumplirse siete años de su asesinato, que continúa en la impunidad. La actividad es convocada por la Coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y Juventudes Indígenas.

Ante la pregunta ¿Quién lo mató?, las personas organizadoras responden con firmeza: “¡El Estado lo mató!”, al tiempo que reiteran que “¡la lucha continúa!”.

¿Quién fue Sergio Rojas Ortiz?

Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak del territorio indígena de Salitre, fue un reconocido líder del movimiento por la autonomía indígena y la recuperación de tierras en la zona sur del país. Dirigente y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).

 A lo largo de los años fue objeto de agresiones, persecución, criminalización e incluso encarcelamiento por su labor de defensa territorial. En la madrugada del 18 de marzo de 2019 fue asesinado mediante una ejecución al estilo paramilitar, recibiendo 15 disparos en su propia casa, para ese momento tenía 59 años y con tres hijos.

La violencia contra Sergio Rojas no comenzó con su asesinato. Desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado costarricense brindarle medidas de protección debido a las amenazas y agresiones que enfrentaba.

A inicios de 2024, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio del líder indígena, argumentando que las pruebas recolectadas durante la investigación no alcanzaban el grado de probabilidad necesario para llevar el caso a juicio. Esta decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público.

La resolución llega después de un largo y tortuoso proceso judicial. Desde etapas tempranas del caso se intentó cerrar la causa: en 2020 la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento y archivo del expediente, lo que generó el rechazo de familiares, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, así como presión nacional e internacional. Tras una audiencia oral realizada en diciembre de 2020, en febrero de 2021 un juez resolvió que la investigación debía continuar.

Durante el proceso también se conoció la filtración de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que incluía testimonios de testigos e intervenciones de comunicaciones. Según ese informe, los investigadores lograron identificar mensajes de texto vinculados con los presuntos autores intelectuales del crimen, en los que incluso se mencionaba la posibilidad de que el día del asesinato “lo cazaran”.

El asesinato de Sergio Rojas Ortiz constituye un crimen político ocurrido en un contexto de creciente y sistemática violencia física, simbólica e histórica contra los pueblos indígenas. Esta situación está profundamente vinculada tanto al racismo institucional como a la falta de acciones efectivas del Estado costarricense para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios, en particular aquellos relacionados con la recuperación y protección de sus territorios.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Jerhy Rivera, seis años después: la herida que sigue abierta en Térraba

Por Mauricio Álvarez Mora, ecologista y Docente UCR UNA

Hoy, 24 de febrero, se cumplen seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, joven dirigente indígena Bröran del territorio de Térraba. Son seis años de impunidad, dolor y una herida abierta que interpela de manera directa al Estado costarricense y a su sistema de justicia.

Jerhy nació el 1.º de noviembre de 1974 en Térraba. Desde muy joven se destacó como un dirigente valiente y vehemente, comprometido con la lucha contra el despojo territorial, la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y la defensa de los bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos en la resistencia frente a la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquís, defendiendo el río Grande de Térraba con una claridad que aún resuena: “El río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

Jerhy fue asesinado por la espalda, a balazos, dentro del territorio indígena Bröran de Térraba, a los 46 años. Su asesinato fue el resultado de un linchamiento promovido por personas no indígenas que usurpan tierras indígenas desde hace décadas. Este crimen no puede comprenderse sin señalar la responsabilidad directa del Estado: la Fuerza Pública estaba presente, fue testigo directo de los hechos y no intervino.

La mañana de ese día, hace seis años, varias familias del pueblo Bröran iniciaron un nuevo proceso de recuperación territorial. Entre ellas estaba la familia Rivera. Antes de estas recuperaciones, el pueblo Bröran apenas ejercía control efectivo sobre el 10 % de su territorio, mientras que el 90 % permanecía en manos de personas no indígenas, incluyendo fincas ganaderas de hasta mil hectáreas concentradas en una sola persona. Muchas familias indígenas fueron expulsadas de sus tierras legalmente asignadas y forzadas a migrar.

La respuesta a esa recuperación fue brutal. Una turba de personas no indígenas se organizó con el objetivo, según sus propias expresiones, de “tajadear” al líder indígena Pablo Sibar Sibar, quien también ha sobrevivido a múltiples atentados y actos de violencia. Por milagro no hubo más víctimas mortales. La familia de Jerhy relató que la noche anterior al asesinato sobrevivieron a un ataque armado perpetrado por más de cien personas no indígenas, que actuaron con total violencia, a la vista y paciencia de la Fuerza Pública.

En 2020, el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas elevó a juicio la causa contra un hombre de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma. En agosto de 2022, este mismo sujeto se presentó de noche a una actividad pública con autoridades en la Escuela de Buenos Aires de Puntarenas y declaró, con cinismo y agitación: “yo fui el que lo maté”. El público lo aplaudió. Todo quedó registrado y fue transmitido en vivo por Facebook.

El 1.º de febrero de 2023, un tribunal de Pérez Zeledón lo condenó a más de 20 años de prisión por homicidio calificado, portación ilegal de arma y amenazas agravadas contra una testigo. Sin embargo, el 17 de julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó su liberación, anuló el juicio y dispuso la realización de uno nuevo, alegando vicios en el procedimiento. A finales de 2024, el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió al principal imputado, argumentando que las declaraciones y pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de la familia querellante.

Este asesinato y el largo proceso judicial que le siguió han dejado al sistema de justicia seriamente cuestionado, con evidentes signos de racismo institucional. Han dejado a la familia de Jerhy profundamente herida y abatida; al pueblo Bröran con la amarga lección de cuánto vale la vida de una persona indígena en este país; y a quienes hemos acompañado durante años estos procesos de defensa del territorio y de los derechos humanos, en un estado de indignación profunda.

A seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, la impunidad no es solo una falla judicial: es un mensaje político. Un mensaje que normaliza la violencia contra los pueblos indígenas protege a los usurpadores y castiga, una y otra vez, a quienes defienden la vida, el territorio y la dignidad. Recordar a Jerhy no es un acto simbólico: es una exigencia de verdad, justicia y reparación, y una denuncia permanente contra un Estado que sigue llegando tarde -o no llegando- y que, cuando llega, protege y legitima a los agresores, no a los pueblos originarios.

¿Las personas no deseadas en Costa Rica?

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

No es lo mismo leerlo que haberlo vivido

Si nadie se los ha dicho antes, permítanme ser claro: Aunque algunos prefieran silenciarlo por vergüenza o conveniencia, esta es una verdad que llevo grabada en el alma, como un sello tribal destinado a transmitirse a las generaciones futuras.

Hasta bien entrada la década de 1940, las personas negras del Caribe, como mis padres, mis hermanos y nuestros antepasados, a pesar de haber nacido en el país, eran legalmente consideradas personas indeseables en Costa Rica

Esta no fue una categoría simbólica: Tuvo consecuencias reales y devastadoras. Se tradujo en el despojo sistemático de tierras, en la negación de derechos básicos y en una exclusión deliberada por parte del Estado. Solo quienes han vivido esa experiencia pueden dimensionar el profundo dolor que conlleva.

En este contexto no caben los rodeos, la corrección política ni los discursos tibios. El mensaje debe ser claro y firme:

Exigimos la devolución de nuestras tierras

Sin importar quién las posea hoy, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica:

Devolver lo que aún conserva en su poder (Administrados por INDER, SINAC, etc.) o expropiar a quienes se beneficiaron de aquella injusticia.

Que continúen siendo humedales y áreas de protección, pero propiedad de las familias originarias afrodescendientes en calidad de Reservas Privadas.

Por otro lado, la convivencia en nuestros territorios no es un derecho automático, sino un privilegio que debe merecerse a través del respeto mutuo a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Pero jamás la imposición de culturas foráneas.

Es cierto que muchos de nuestros mayores se vieron obligados a vender a precios ínfimos. Pero pocas veces se reconoce el papel activo que tuvo el propio Estado costarricense en ese proceso. No fue solo omisión; fue acción directa:

  • El abandono sistemático de la región, un cuasi apartheid de la región caribeña, que continúa hasta el día de hoy.

  • La negación persistente de inversión pública y promoción de inversión privada. Así como el frecuente redireccionamiento de las pocas existentes.

  • El respaldo tácito y expreso a invasiones de nuestras tierras por precaristas.

  • La obstaculización del derecho a titular nuestras propiedades.

  • Y, finalmente, la titulación masiva a favor del Estado, de políticos y de sus allegados.

En síntesis: Nuestras familias fueron empujadas a la marginalidad porque el Estado decidió que éramos inmigrantes no deseados.

Hoy, con dignidad, lo decimos en voz alta:

Por memoria, por justicia y por dignidad tribal.

Violencia institucional: Cruz Roja se niega a ingresar a Territorio Cabécar de China Kichá por conflicto sobre la tierra

  • Menor del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö, recibió atención de salud tardía por negligencia de la Cruz Roja.

Martes 20 de septiembre 2022. El pasado martes 12 de septiembre, el menor Alfred Zúñiga Fernández, del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö -en el Territorio Cabécar de China Kichá-, presentó un deterioro en su salud. Los síntomas, ese día, fueron: vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y un dolor fuerte en las piernas y rodillas que le dificultaba caminar. Ese día su familia decidió atenderlo con plantas medicinales y otros remedios ancestrales. 

Para el viernes 16 de septiembre la familia del menor decidió contactar a la Cruz Roja para que lo trasladara al Hospital Escalante Padilla en Pérez Zeledón. El EBAIS más cercano al Territorio Cabécar de China Kichá se encuentra desde la plaza del Territorio a 30 kilómetros, en la comunidad de San Pablo. Sin embargo, por la gravedad de los síntomas de Alfred, -quién ya no podía caminar, llevaba 3 días sin poder comer y estaba deshidratado-, su familia decidió que debía recibir una atención de salud mayor a la que se brinda en los EBAIS. 

Desde las 9:00 AM a 12:00 MD la familia de Alfred contactó a la Cruz Roja. En la primera, segunda y tercera llamada la Cruz Roja se negó a trasladar al menor por falta de ambulancias. En la cuarta llamada, la Cruz Roja pidió que el menor fuera trasladado a la comunidad de San Antonio para que aprovechara el traslado de otra unidad a ese lugar, a lo que la familia alegó su imposibilidad de hacerlo por falta de recursos económicos para el traslado del menor hasta el punto de que solicitaba la Cruz Roja; siendo la misma razón por la que se pidió el apoyo de esa institución.

La Cruz Roja también dijo expresamente a la familia de Alfred que necesitaba escolta de la Fuerza Pública. Sin embargo, la familia de Alfred decidió no contactar a la policía porque en todas las ocasiones anteriores que se ha solicitado apoyo de la Fuerza Pública para escoltar a la Cruz Roja, u otras instancias, ésta se ha negado y se desconoce si la Cruz Roja coordinó con la Fuerza Pública.

Pese a ello, la familia de Alfred siguió presionando a la Cruz Roja argumentando que era una situación de emergencia y que la vida del menor estaba en peligro. A ello, la Cruz Roja dijo a la madre del menor de que su servicio no era de taxi. 

Tras presiones junto a personas solidarias de la comunidad de Pérez Zeledón y el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, la Cruz Roja accedió a trasladar al menor siempre y cuando éste se encontrara en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Al no encontrar otra solución, con enorme dificultad, el menor y su familia caminaron 1 kilómetro cuesta arriba hasta la plaza del Territorio. La ambulancia llegó sin ninguna escolta policial.

Ese día, Alfred fue diagnosticado con anemia y una infección a la altura de su caja torácica. Recibió suero, además de otros medicamentos y fue dado de alta ese mismo día. Para el día de hoy, la salud de Alfred sigue complicada pues sus síntomas no han disminuido significativamente. A esa preocupación, se suma la angustia de su familia al no contar con recursos económicos para movilizarse fuera del Territorio. Movilización que, además, exige una serie de condiciones de seguridad por el conflicto existente en China Kichá y en el que la madre, padre, hermanas y hermanos de Alfred han resultado afectados y agredidos por el accionar de la Fuerza Pública y personas no indígenas con intereses sobre los terrenos recuperados. 

Este hecho es percibido por la familia de Alfred y otras personas de la comunidad cabécar como un acto de violencia y racismo institucional. No es la primera vez que esto sucede y tampoco es una situación que suceda únicamente en el Territorio Cabécar de China Kichá. 

El argumento de seguridad de parte de la Cruz Roja no es responsabilidad alguna de los Pueblos Originarios, como tampoco lo es la ineficiencia de la Fuerza Pública que debería garantizar el bienestar e integridad de todas las personas dentro y fuera de los Territorios Indígenas. Como personas recuperadoras, reconocemos la existencia del conflicto y el riesgo que implica el mismo, sin embargo, no somos los responsables de la situación de inseguridad existente en nuestras comunidades y tampoco hemos realizado amenazas en contra de instituciones públicas como sí lo ha hecho la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA) el pasado 21 de agosto, en palabras de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de AMPBA.

Pese a ello, somos los Pueblos Originarios quienes cargamos con la violencia y racismo institucional que no sólo evita la entrada de una ambulancia a nuestros Territorios, sino que atenta contra nuestra integridad física y vida al no poder acceder a nuestro derecho a la salud.

Denunciamos: 

  • A la Cruz Roja por la falta de ética e integridad a su trabajo y mandato. En situaciones de conflicto y tensión, su labor es todavía más importante. Además, es éste el sentido de su trabajo y mandato internacional.
  • A la Fuerza Pública por su ya reconocida falta de apoyo y su constante negación para escoltar tanto a organizaciones aliadas a nuestra causa como a otras instancias como la Cruz Roja.
  • Al Ejecutivo en pleno, por su falta de acciones en la mejora del acceso y disfrute de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Insistimos en que este tipo de violencia institucional no se limita al Territorio Cabécar de China Kichá.
  • Solicitamos a la Cruz Roja y a la Fuerza Pública un informe sobre lo sucedido en este caso; información que puede ser enviada al correo electrónico: coordinadoraluchass@gmail.com
  • Además, solicitamos a organizaciones, colectivos (as) y personas amigas a que estén atentas a nuestras próximas comunicaciones sobre la violencia institucional que sufrimos en el Territorio Cabécar de China Kichá y en otros Territorios de la zona sur. En numerosas ocasiones, esta situación nos genera la necesidad de solicitar apoyo económico para garantizar la movilidad de distintas personas recuperadoras y sus familias. Que la solidaridad siga presente en nuestros Pueblos, Territorios y país.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Kono Jú. 

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö. 

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

 

Imagen de portada ilustrativa.

Racismo y educación superior en Estados Unidos

El pasado 02 de junio, el profesor de sociología de la Brown University y autor de diversos libros sobre racismo y discriminación, José Itzigsohn participó en una entrevista con el investigador de la UNTREF y del CONICET, Daniel Mato. 

El racismo es un fenómeno que se manifiesta en la vida cotidiana y en las diversas instituciones de nuestras sociedades. José Itzigsohn plantea que este sigue presente en la educación superior norteamericana. Sin embargo, hoy toma la forma de racismo institucional, es decir, mecanismos que reproducen la desigualdad y que crean experiencias distintas para blancos y para gente de grupos racializados.

La teoría de Itzigsohn plantea tres formas en las que se expresa el racismo institucional: la subrepresentación, la experiencia dentro de la universidad que tienen los estudiantes y los profesores racializados, y las consideraciones de metodologías y temas legítimos de conocimiento.

Durante la entrevista se resalta que, pese a que sí ha habido un avance en contra del racismo, es incorrecto considerar que aún no se presenta en la educación superior. Es importante señalar otras formas en las que el racismo, ahora institucional, se desarrolla actualmente para poder enfrentarlo. Además, se desarrolla una descripción del sistema universitario en Estados Unidos, donde se resalta que no es gratuito; lo cual limita el acceso para muchos de los sectores minoritarios y discriminados.

Las políticas dentro de las universidades han cambiado de “reparar injusticias históricas”, a una “noción de diversidad”. El problema de este sistema es que se pierde la perspectiva de las injusticias, previas y aún vigentes. Además, plantea el debate de que puede originar “racismo inverso”, es decir, que se discrimina a los grupos blancos históricamente más privilegiados.

Para evitar este conflicto, y que no se acepten individuos en las universidades con menos méritos, las cortes en Estados Unidos han usado una metodología de “bien común”. En esta, la “raza” u origen del individuo es una de muchas variables a considerar; junto con notas académicas, actividades extracurriculares, recomendaciones, entre otras.

Es de alta importancia que estos grupos posean a sus propios profesionales con capacidades, conocimientos y recursos para defender sus derechos. La formación de profesionales indígenas, latinos, afroamericanos u otros grupos racializados tienen efectos sociales que inciden sobre la perspectiva de vida de estas comunidades.

Todos estos conceptos y perspectivas fueron discutidos en detalle por José Itzigsohn y Daniel Mato. Puede ver la entrevista completa en:

La UNTREF, desde la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA), realiza una serie de acciones tendientes a visualizar y erradicar el racismo en la educación superior. Para informarse sobre el tema, puede seguir sus redes y programas.

 

Fuentes: 

Entrevista completa “Entrevista virtual: Racismo y Educación Superior en Estados Unidos” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8C2Unpa1icI&t=265s

Mundo UNTREF. (2022). La necesidad de detectar y eliminar el racismo en la educación superior. Disponible en: https://untref.edu.ar/mundountref/la-necesidad-de-detectar-y-eliminar-el-racismo-en-la-educacion-superior

Sin justicia no hay democracia

El próximo viernes 11 de marzo de 2022 el director del Organismo de Investigación Judicial recibirá a representantes de Bajo Chirripó, China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Comunicado de prensa

  • Representantes de China Kichá, Bajo Chirripó y Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) serán recibidos por el director del OIJ.
  • La reunión se realizará este viernes 11 de marzo a las 2:00pm de la tarde en el OIJ y a las 3:00 pm de la tarde las personas participantes darán declaraciones a los medios de comunicación interesados en las afueras del edificio 

Desde finales del año pasado las comunidades originarias de nuestro país han venido sufriendo una escalada de violencia como incendios y agresiones sobre más de 13 personas en las últimas semanas en China Kichá. El intento de asesinato del dirigente Cabécar Leonel Segura en Bajo Chirripó y se suma a muchas otras agresiones en otros territorios y que viene de años atrás. 

Sobre el caso de Leonel García el pasado 26 de enero se realizó una manifestación en los Tribunales de Justicia donde fue recibidos por el presidente de la Corte Fernando Cruz quien abrió este espacio con él director del Organismo de Investigación Judicial Walter Espinoza quien recibirá a tres representantes de las comunidades originarias más afectadas por la violencia en días recientes y organizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos. 

Los pueblos originarios han sufrido históricamente una violencia sistemática y constante, agresiones y violación a los derechos humanos, racismo institucional y mayor impunidad que han reproducido en asesinatos, amenazas de muerte y ataques físicos. 

Los voceros de los Pueblos originarios expresarán sus preocupaciones y demandas ante el actuar negligente del OIJ y otras instancias judiciales en las sedes judiciales de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Matina y Talamanca. Al mismo tiempo presentarán información sobre denuncias judiciales y públicas que requieren un actuar expedito y diligente por parte del OIJ y el Poder Judicial en su conjunto, esperando que en un plazo razonable el OIJ pueda dar un informe y respuestas a las demandas planteadas. 

Esta reunión se realizará una semana antes de la conmemoración del asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, crimen que continúa impune. 

Para 2020 desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se registraron 86 actos de violencia contra personas indígenas que en la mayoría de los casos han quedado impunes. Mientras en el 2021 el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR en su informe anual registraron 143 acciones colectivas como denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos y recuperaciones de territorio, entre otras; identificando la defensa de los derechos de los pueblos originarios como el mayor actor y causa de acciones de movilización social a nivel nacional. 

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! 

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre. 

– Consejo Iriria Sat Kök deYabami Dí (Cabagra). 

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú. 

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo. 

– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska. 

– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo. 

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego. 

– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin. 

– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés. 

– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc. 

– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur. 

– Cootraosa. 

– Comite de lucha por la tierra Finca Chánguina. 

– Voces Nuestras. 

-Bloqueverde 

Para más información: coordinadoradeluchass@gmail.com / bloqueverde@gmail.com

 

Imagen de incendio provocado en territorio indígena de China Kichá.