Ir al contenido principal

Etiqueta: racismo

Excepcionalidad en crisis

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En agosto de 2018 se desarrolló en Costa Rica una de las manifestaciones contemporáneas de odio y nacionalismo más dramáticas que se recuerde. Se trató de una marcha convocada por redes sociales y mensajes de texto que buscaba dirigirse hacia el Parque Braulio Carrillo (conocido como Parque de La merced), ubicado en en centro de la capital. Este espacio es un emblemático lugar de encuentro y socialización de la comunidad nicaragüense radicada en el país.

Según se conoció, el objetivo de la acción consistía en demostrar que, ante el aumento de la presencia de población nicaragüense como consecuencia del conflicto sociopolítico suscitado en su país desde abril de 2018, los espacios públicos como parques, aceras y calles constituían reductos defendibles y reservados exclusivamente para los nacionales.

La apelación a la defensa del país, la utilización de signos como camisetas y banderas de Costa Rica, así como consignas en contra de las personas extranjeras, derivaron en un ambiente tenso que rápidamente fue disuelto por las autoridades costarricenses.

El evento no fue para nada aislado y debe ser entendido en el marco de una escalada en el descontento generalizado con las medidas económicas, el desempleo y la pobreza imperante en el país. Eran los momentos previos a la coyuntura sanitaria, donde esas dimensiones se afectaron ampliamente.

Para algunos sectores de la población costarricense, su molestia con el sistema político y económico imperante ha encontrado su caldo de cultivo en dos escenarios concretos: el desinterés por la política electoral, que ha sido notable en el abstencionismo producido en los últimos procesos electorales y la identificación de chivos expiatorios en las personas extranjeras, principalmente de origen nicaragüense, como responsables de la crisis y más recientemente, del aumento de los casos positivos de COVID 19.

De hecho, las acciones discursivas contrarias a la población migrante han continuado repitiéndose en tiempos de pandemia. En días recientes una campaña lanzada en redes sociales sobre la universalidad de la vacuna a todos los sectores de población, considerando las poblaciones migrantes, encontró niveles discursivos donde una vez más la defensa nacionalista («primero los de casa)» y el desconocimiento del aporte socioeconómico que las poblaciones migrantes brindan al país (“si no pagan no deberían ser vacunados») afloraron de forma intensa. La campaña impulsada por Amnistía Internacional tenía como objetivo denotar el derecho a la salud de todas las poblaciones, en condiciones de excepcionalidad. Sin embargo, las actitudes de rechazo hacia las poblaciones extranjeras fueron evidentes.

Estas no son las únicas tensiones socioculturales presentadas por la sociedad costarricense, ya que en los últimos años la defensa por el derecho a la tierra por parte de los pueblos originarios y la usurpación y ocupación de personas no indígenas ha generado acciones violentas, generalmente en contra de las comunidades indígenas.

Justamente el día 13 de mayo la coordinadora sur sur ha denunciado públicamente la organización de dos manifestaciones de personas no indígenas dirigdas hacia algunos territorios y cabeceras de ciudad, como una actitud de amedrentamiento contra las recuperaciones que poblaciones indígenas han venido desarrollando.

Esta acción no puede ser vista independientemente de una continua conducta de racismo y discriminación que histórcamente han experimentado estas poblaciones y que se ha acrecentado de forma alarmante en los últimos tiempos.

Al inicio de la pandemia, ese recurrente discurso de excepcionalidad costarricense basado en una robustez institucional, las condiciones de acceso y la calidad de los servicios, blindó las consideraciones respecto a la crisis que luego, meses después, habría de llegar con el aumento de casos, la determinación de la economía sobre la salud y el relajamiento en la conducta social de cuido por buena parte de la población costarricense.

Sin embargo, lo que denotan las percepciones y acciones sociales contra estos grupos es justamente una conducta aprendida sobre una supuesta superioridad biológica que está tras el resguardo de esa pretendida excepcionalidad que le ha hecho tanto daño a una sociedad tan necesitada de materializar la solidaridad, tolerancia y respeto como pollticas para restablecer, de nuevo, la convivencia en todos los niveles.

Lo que verdaderamente está en crisis y debemos verbalizarlo, es la forma como Costa Rica construyó su especificidad respecto a otros países de la región. Ya ese discurso se agotó. Debe ser sustituído rápidamente por otro en el que la integración y el reconocimiento sean los valores orientadores de esa nueva experiencia comunitaria que debe emerger de todo esto. Confiemos en que así sea.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 5

El artículo 3 de la Ley Indígena establece que personas no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de sus reservas.

Esta es la quinta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Denuncian acoso a familia indígena en Salitre

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO: USURPADORES CONTINUAN HOSTIGANDO Y AGREDIENDO AL PUEBLO BRIBRI DE SALITRE

Usurpadores se apersonaron a una diligencia judicial en la finca que usurpan a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Alrededor de las 9 a.m. se escucharon tres detonaciones de un arma de fuego durante la diligencia.

Martes 11 de mayo del 2021. La comunidad de Di Sié (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre asistió a una diligencia judicial de reconocimiento del terreno que es usurpado a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Este reconocimiento judicial es realizado para que 2 hectáreas de la propiedad sean destinadas a la construcción de un colegio para la comunidad de Di Sié. El terreno se encuentra al oeste de la Escuela de la comunidad de Di Sié (Río Azul).

A este reconocimiento también se hicieron presentes los usurpadores. Alrededor de las 9 a.m. detonaron en tres ocasiones un arma de fuego y hostigaron a la comunidad durante todo el reconocimiento judicial; esto sin presencia de la Fuerza Pública a pesar de que el usurpador cuenta con orden de alejamiento a Minor Delgado Ortiz y su familia.

Ambos sujetos, son ampliamente reconocidos por las agresiones contra los y las recuperadoras de Di Sié. El 9 de febrero del 2020, uno de ellos disparó a Minor Delgado Ortiz, del clan Tubolwak, en una de sus piernas. Fue puesto en libertad a días del siniestro y el 14 de marzo del 2020 Minor recibió información de fuentes confiables sobre amenazas de muerte en su contra y su familia por parte de los usurpadores.

A lo largo del 2020, desde el Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) hemos denunciado constantemente el hostigamiento y la participación en reiterados actos de violencia por parte de estas persomas. Estos sujetos son una amenaza para la vida e integridad física de Minor, su familia y la comunidad de Di Sié en general.

Una vez más presenciamos la negligencia, complicidad e imparcialidad por parte del Poder Judicial en contra de los Pueblos Originarios.

Exigimos a la inspección judicial, a la Corte plena y a la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial una explicación del porqué a pesar de las múltiples denuncias contra estos sujetos no se les aplican medidas preventivas y restrictivas que garanticen la tranquilidad, la integridad, la vida y la paz para Minor, su familia y la comunidad de Di Sié.

Cualquier agresión en contra de la comunidad de Di Sié es responsabilidad del Estado, por omisión y acción al no ejecutar acciones reales que garanticen la integridad física y vida de la comunidad. Alertamos, que al ser las 10:30 a.m. no se ha hecho presente la Fuerza Pública, según el Teniente José Ríos no es posible debido a los bloqueos que sostienen distintas organizaciones en la Zona Sur contra las políticas implementadas por el Ejecutivo en la atención de la pandemia del Covid-19.

Insistimos que la paz en los Territorios Indígenas es posible únicamente si los usurpadores son expulsados y la tierra-territorio regrese a manos de sus poseedores legítimos.

Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS)

Publicación en Facebook:

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 3

El artículo 4 de la Ley Nº 6172, Ley Indígena, posibilita que los pueblos indígenas se organicen en sus estructuras comunitarias tradicionales. Es decir, la ley de Costa Rica posibilita desde finales de la década de los setenta del siglo XX, que las comunidades indígenas sigan un sistema de organización propio.

Esta es la tercera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 2

El Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas. Es por medio de Decretos administrativos con rango de ley, según la Ley Indígena de 1977, que se define la cabida de cada territorio. Se reconocen 8 culturas indígenas: Huetar, Chorotega, Térraba o Teribe, Brunca o Borucas, Ngäbe o Guaymí, Bribri, Cabécar y Maleku o Guatuso.

Esta es la segunda infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 1

Según la ley 6172, los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. La última modificación a esta ley se dio el 4 de octubre de 1982.

La ley hace una amplia regulación de temas que abarcan la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas.

Esta es la primera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Las personas indígenas tenemos puesta una etiqueta de exclusión

Vanessa Figueroa Calderón*

Nos han enseñado en las instituciones públicas educativas que el Estado tiene tres poderes que para nosotros son como hermanos que no se ponen de acuerdo en nada.

Lo vemos en nuestro territorio que fue asignado por decreto. El Poder Legislativo decreta cosas sobre otros decretos y no anula los primeros decretos, creando una confusión más grande. Tal vez ustedes no lo notan; pero cuando nosotros estamos luchando legalmente por nuestras tierras resulta que hay controversias entre esos decretos, entre esas leyes y dudas sobre por qué unas se ejecutan y otras no.

En el año 2014 el gobierno llegó a nuestro territorio diciendo que le diéramos tiempo, puesto que había llegado al poder hacía tres meses. Pasaron tres años, terminaron, no solucionaron nada. Seguimos pidiendo que demarquen, que saneen el territorio y que nos den autonomía. Pasan otros tres años. En este último periodo de gobierno asesinan a nuestro queridísimo hermano Sergio Rojas, a raíz de estas situaciones de tenencia de la tierra no resueltas, ocurridas durante los últimos 20 años.

¿Por qué muere Sergio? Sergio muere por todas estas situaciones donde no habido soluciones; pero sí estamos convencidos que el Estado se tiene que poner de acuerdo. Mientras que no se pongan de acuerdo, no vamos a solucionar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de repente el Poder Ejecutivo dice y negocia, dialoga con nosotros; pero resulta que el Poder Judicial dice otra cosa y llega diciendo que no tiene un poder para decidir en las mesas de diálogo que se conforman. Mientras el Poder Ejecutivo dice sí, el Poder Judicial dice no, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos nuevamente que esperar.

Hay leyes que no se ejecutan pues hay compañeros que tienen 20, 30 casos en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que un mismo juez declare que las tierras son para el no indígena? precisamente estas contradicciones son las que no nos hacen estar confiados cuando vamos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Siempre hemos tratado de comunicar al Estado que en el Poder Judicial de Buenos Aires hay un juez que tiene interés sobre la propiedad de las tierras, ya que es familiar de los terratenientes de Buenos Aires. Si investigaran descubrirían que en el 99.9% de los casos que ha llevado como juez ha fallado a favor de los no indígenas. Hablamos de casos no solo de personas bribris, sino también cabécares y de habitantes de China Kicha. Ese hombre aprovecha su investidura para hacer valer todo a favor de los terratenientes.

Ciertamente, muchos de nuestros hermanos tenemos algunas desventajas, ¿por qué? Porque no hablamos español, porque si hablamos Bribri no vamos a transmitir ese sentimiento que tiene el Bribri a un idioma español, entonces se hace más controversial.

Lo que queremos es que nos devuelvan nuestras tierras, que no haya más asesinatos. ¿Cómo es posible que todavía nosotros tengamos que pensar que si algún día nos devuelven nuestras tierras todavía seguiremos siendo perseguidos?

A través de los años hemos vivido discriminación, racismo, persecución, amenazas de muerte. Mis hijos me dicen “mami, ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio”; pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no-indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso.

A los no indígenas que se encuentran en esta situación se les hará mas fácil sostener un caso legal en contra de los bribris o hermanos indígenas, ya que son hacendados y tienen poder económico. Su argumento es que tienen un derecho adquirido como dueños, no se fijan en aspectos legales, su conocimiento no pretende verificar ni hacer valer las leyes, solo su razón de ser. Por eso los indígenas se apartan, y no reclaman su derecho, porque para ellos es mejor callar, aún teniendo razón. La solución para los indígenas es clara: El Estado debe buscar una vía y los no indígenas deben buscar una solución por la vía del derecho con el Estado, sin agredir, sin violentar, sin matar a los indígenas. Nos parece absurdo que no puedan ver la verdad.

Esas controversias entre el Estado y sus poderes no nos han beneficiado en nada, nos han etiquetado y hoy llegamos a las oficinas públicas y no nos quieren atender. Entonces, el Estado aquí muestra una cara, hace informes que todo está muy bonito; pero nosotros en Buenos Aires nos tratan como criminales. En mi caso fui denunciada 16 veces entre 2014 y 2016 pero sigo en la lucha.

Tenemos una etiqueta dentro y fuera del territorio, mis hijos son considerados ya excluidos automáticamente de las Asociaciones de Desarrollo, del proceso educativo y no podemos participar abiertamente dentro de toda la formación de la comunidad. Toda esta realidad genera más problemas dentro del territorio, los cuales son los problemas del Estado que, al final de cuentas, se arrastran desde muchos años atrás.

 

*Integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wákpa, organización autónoma del territorio indígena de Salitre.

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales UCR.

Las recuperaciones indígenas son vida

Por Pablo Sibar *

Los pueblos indígenas vivimos sumidos y abandonados en nuestros territorios y violentados por todos los medios. Los tres poderes de este país violentan los derechos del pueblo indígena: esta Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Vivimos sumisos y para sentirnos bien tenemos que callarnos, estar escondidos y no hablar. Desde el momento en que hablamos nos asesinan. Hace 40 años yo empecé esta lucha con el hermano Sergio Rojas y es una lucha muy desigual, totalmente desigual.

En las universidades se forman los procesos educativos, no hay un solo curso de derecho indígena en la Universidad de Costa Rica ni en las universidades privadas donde se forman los abogados. Es muy difícil manejar el tema indígena.

Como pueblos indígenas hemos sido reconocidos con derechos desde 1939. Tenemos una serie de jurisprudencia que no la consideran para tomar decisiones en los pueblos indígenas. Generalmente, cuando el juez toma una decisión la hace basada en la jurisprudencia que tiene a nivel nacional y no basada en los derechos que existen para los pueblos indígenas y que se han ido reconociendo.

En 1977 la Asamblea Legislativa hizo la Ley Indígena y es una ley muy importante; pero cuando el Poder Ejecutivo hace el decreto de la ley, nos mete las Asociaciones de Desarrollo, una instancia no-indígena y por eso hablamos de los Consejos tradicionales propios, de acuerdo con nuestra cosmovisión.

Los pueblos indígenas hemos vivido con miedo durante 40 años; por no decir 530 años. Hemos vivido ese miedo con los finqueros, con los terratenientes y ningún costarricense hace nada para que no sigamos sufriendo y viviendo ese miedo.

En el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa por estar solicitando que se aprobara o se rechazara la Ley de Autonomía Indígena, pero que la convocaran al fin porque no era justo que la Asamblea no la hubiera convocado durante más de 20 años.

Para mí todos los costarricenses son culpables del asesinato de Sergio Rojas; todos. Y desde ese reconocimiento yo creo que debemos luchar para que no nos sigan asesinando. No puede ser que menos de un año después hay otro hermano indígena asesinado por el tema de tierras. Y no nos han seguido asesinando porque hemos parado las recuperaciones; hemos hecho un alto a las recuperaciones.

En el momento en que sigamos con las recuperaciones, nos seguirán asesinando y no es justo. No es justo que un juez ordene un desalojo de un territorio indígena; eso es grave. Es lamentable que todavía suframos esas humillaciones en la época en que estamos.

Si la Ley de Autonomía se hubiera aprobado, la situación sería diferente. Esa ley de autonomía hablaba de un montón de derechos; sin embargo, los mismos terratenientes no quisieron que se aprobara. Hicieron manifestaciones inmensas porque se ubican en una situación que es muy difícil de entender. Cuando un terrateniente le dice a uno, yo soy costarricense y vivo donde me da la gana, y le dicen a uno “mechudo, hediondo, indio, usted no sabe nada” es durísimo; pero ese racismo solo nosotros lo vivimos, solo nosotros que estamos en el territorio y que hemos emprendido una lucha para seguir viviendo.

Nosotros los pueblos indígenas sufrimos una discriminación total en el territorio. Hay abogados y abogadas que dicen: “Bueno, si los indígenas tienen su territorio, que no salgan a Buenos Aires. Si los indígenas están ahí, no pueden tener ninguna otra opción”. Esto es un proceso, la tierra indígena es una tierra que el Estado costarricense nos reconoció a pedacitos, ese pedacito de tierra nos lo reconoce el Estado; pero no es de nosotros. Está siendo de otras personas que lo están usurpando y nos están utilizando de peones y pagando miserias; pero muchas veces en Facebook y en las redes sociales se dice que si los no-indígenas salen de nuestro territorio, los indígenas nos vamos a morir de hambre.

A mí me gustaría que visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria.

* Defensor de derechos de los pueblos originarios, indígena Bröran y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI

 

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales-UCR.

Justicia para la dignidad: del no puedo respirar… al déjennos pasar

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Las imágenes se repiten una y otra vez. En el mundo de la espectacularidad y el testimonio inmediato es prioritario primero atestiguar y luego alzar la voz para denunciar. Al menos así hemos sido programados.
En el caso de George Floyd, su asesinato a manos del ex agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin fue viralizado y visto por millones de personas en el planeta a través de las redes sociales.
La voz quebrada de Floyd implorando su falta de aire, en una paradoja moderna al encontrarnos en medio de una crisis sanitaria global que ataca las vías respiratorias, no deja de simbolizar los millones de personas en todo el planeta oprimidas por un sistema económico y político avasallante e inhumano.
El fallecimiento de Floyd levantó movimientos de protesta que alcanzaron connotaciones globales internacionales. Bajo el lema “Las vidas de las personas negras importan” millones de personas mostraron su indignación y el enojo alcanzó otras esferas más allá de las civiles.
Las industrias culturales del deporte y del entretenimiento del norte global, por ejemplo, amplificaron las manifestaciones que en todo Estados Unidos ocurrieron, sin importar el llamado a quedarse en casa en medio de la pandemia que aún no acaba. Todavía hoy, ligas de fútbol importantes como la inglesa reproducen el acto simbólico de arrodillarse antes de los juegos, como símbolo para recordar que la violencia racial permanece como lastre colonial en todo el planeta.
Resulta comprensible esa no escucha del llamado al cuido en la salud, cuando el racismo como sistema ha quebrado las bases de la convivencia social en prácticamente todos los países del mundo. Su desarrollo es consustancial al sistema capitalista y de dominación imperante y cuando estalla la ira, asume formas masivas como las que vimos durante los movimientos de protesta el año anterior.
Chauvin ha sido declarado culpable de tres cargos: asesinato en segundo grado (la pena consiste en hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado (cuya condena máxima es de 25 años) y homicidio en segundo grado (hasta 10 años de privación de libertad) (BBC News). Un juez determinará pronto el alcance de su condena. Sin embargo, esta acción penal no restituirá la vida de Floyd ni acabará con el sistema racista alrededor del mundo.
Hace unas cuantas semanas, en una acción de fuerza y brutalidad policial también atestiguada por el ojo de un teléfono celular, Victoria Salazar, migrante salvadoreña con visa humanitaria, fue asesinada por cuatro agentes de la ciudad de Tulum (Quintana Roo), en México.
Pese a que la acción desencadenó una ola de protestas en aquel país, El Salvador y otras ciudades y que fue comparada con la muerte de George Floyd, la amplificación de esta tragedia no ha tenido el mismo efecto ni comunicacional ni simbólico.
Las explicaciones pueden ser muchas. Pero quizá la que pareciera tener mayor peso es la que considera que los migrantes no le importan al sistema global y en consecuencia las industrias que administran las migraciones desechan a partir de un aparataje securitario de exterminio, esas otras corporalidades.
Así como el racismo se adhiere en la piel, el odio contra las personas migrantes percute las acciones de administración migratoria, las percepciones sociales y su rechazo. Hemos dicho en otras reflexiones que la pandemia activó los miedos contra esas corporalidades extranjeras como la de Victoria y por eso el ensañamiento físico y simbólico.
Esperemos que la acción de la justicia que ya tuvo su respuesta para los familiares de George Floyd, lo haga también en el caso de la mujer salvadoreña cruelmente asesinada. También es permitido tener este tipo de esperanzas.

VICTORIA… ESPERANZA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En su texto poético “Sermón del Migrante (a la sombra de una ceiba)” el escritor chiapaneco Balam Rodrigo relata el paso de riesgo y dolor de las personas migrantes centroamericanas por México.

Tan solo en un fragmento de ese texto inicial del galardonado “Libro Centroamericano de los muertos” (FCE, 2018) recoge toda la dimensión de la actitud hostil de una industria migratoria mexicana y de otros países de tránsito, conformada por múltiples actores, hacia las personas que se movilizan por su territorio buscando frontera con Estados Unidos:

“Y vi claro como sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera” (Rodrigo, 2018).

Pensar en el atravesamiento de los cuerpos de las personas migrantes en tránsito, en su vulneración por un poder real que utiliza la violencia en todos sus extremos como forma de imposición, es aludir a una política del exterminio como organización y administración migratoria.

La noción de Necropolítica acuñada por el filósofo camerunés Achille Mbembé alude a la forma como el poder define cuáles vidas importan y cuáles no, en un juego de decisión en el que la principal acción no es matarles, sino dejarles morir.

El sábado 27 de marzo 4 agentes de seguridad (tres hombres y una mujer) del mexicano municipio de Tulum en Quintana Roo, redujeron por la fuerza y a la mínima expresión a la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, madre de dos niños y poseedora de visa humanitaria en aquel país. Mientras ella imploraba por su vida, estos representantes de los órganos de seguridad mexicanos decidieron por la vida de Victoria: la dejaron morir mientras la castigaban según ellos con una acción ejemplarizante.

La autopsia practicada a Victoria determinó la fractura de la primera y segunda vértebras cervicales que le produjeron la muerte. En los videos que circulan sobre su asesinato, que confieso no he logrado ver aún y me resisto a ello, se aprecia un uso de la fuerza desmedido, un ensañamiento y una brutalidad comparada con el más odioso racismo y la más burda misoginia que puedan existir.

En manifestaciones lideradas por colectivas feministas en Tulum se leen frases directas y ciertas, escritas en pancartas levantadas con vigor por las manifestantes: “no se murió, la asesinaron”, “el sistema mató a Victoria”, “El paraíso huele a sangre”.

Y es que la movilidad ahora está proscrita. Es concebida como peligrosa. Por lo tanto hay que eliminarla. Como le pasó a Elvin Mazariegos, ciudadano guatemalteco abatido a tiros por el ejército mexicano al trasladarse a Chiapas a comprar mercancías. Un acto centenario hecho por generaciones de generaciones de guatemaltecos (y también de mexicanos que cruzan hacia Guatemala con el mismo objetivo) es ahora criminalizado y disuadido de esta manera, tan absolutamente violenta e inhumana.

Estos tiempos de excepcionalidad y pandemia han logrado instrumentalizar la violencia contra las personas migrantes en todas sus variantes. Y los riesgos permanecen. Justamente por estos días ya se anuncian nuevas salidas de colectivos de migrantes desde Honduras, país que recién empieza a conocer formalmente los estragos de una corrupción narco-política en la cual sus altos mandos han tenido participación directa.

La comunidad internacional calla y es timorata y el cuerpo diplomático acreditado en aquel país es cómplice al no alzar la voz para terminar con la impunidad de las clases dirigentes hondureñas. De este escenario complejo se anuncian nuevas salidas de personas buscando sobrevivir lejos, muy lejos de su patria.

La victoria de la esperanza tendrá que esperar por ahora. Lamentablemente es la victoria del poder y la violencia irrestricta y sistemática sobre los cuerpos migrantes la que campea. Esto tiene que cambiar. Absolutamente. Para siempre.

La violencia contra las personas que se movilizan es multidimensional. Y no por ello debe ser posible y legitimada. Un telenoticiario costarricense ha tematizado ya durante varios días sobre los ingresos irregulares de personas nicaragüenses al país. Los contenidos de sus notas orientan la conformación de opiniones públicas sesgadas contra esta población.

Solo esperemos que hechos como los ocurridos en México no tengan réplicas en nuestros contextos. Suficiente violencia simbólica experimentan quienes vienen a contribuir con el 12% de la economía costarricense para someterse a nuevas formas de vejación. Ya en 2018 tuvimos las primeras manifestaciones físicas de cierto odio exacerbado, violento y nacionalista en una marcha de la vergüenza en San José, la capital costarricense.

La victoria de la esperanza se alcanzará cuando una sola de las personas que se movilicen en el mundo dejen de ser criminalizadas y violentadas por el sistema económico, social e institucional imperante. Yo sigo aguardando por ese momento.

Imagen: http://tiberiades.org/?p=782