Pamela Cunningham-Chacón habló con SURCOS acerca del racismo en Costa Rica y en “todo el mundo” a propósito del asesinato de George Floyd en Estados Unidos de América.
Esta fundadora de la Colectiva Costa Rica Afro y quien es especialista en Recursos Humanos, tiene un activismo afro-feminista y en derechos humanos.
Para combatir el racismo en Costa Rica específicamente, Pamela cree que “hay que hacer un análisis de las políticas públicas en educación, infraestructura, acceso a la salud, acceso al agua, acceso a la tierra”.
Puede conocer el enfoque de Pamela Cunningham-Chacón en el siguiente video de tres minutos, asimismo la convocatoria a la marcha virtual de este martes 2 de junio (detalles en el afiche).
Una ola de protestas se está extendiendo por diferentes ciudades de los Estados Unidos de América como reacción inicial al asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis; diversos analistas las describen como las más grandes desde finales de los años 60.
Para un país que a lo largo de su historia ha recurrido a revueltas e invasiones fuera de sus fronteras, golpes de estado, asesinatos en masa o selectivos, y primaveras de muy diversos colores en nombre de la democracia y de sus intereses geopolíticos, este momento histórico asume una complejidad inusitada que nuevamente desborda a su clase política, a los sistemas de inteligencia, y a los think tanks que definen la política de ese país.
Como siempre, Trump ha sido no solo incapaz de entender la compleja situación por la que pasa el país, sino que lamentablemente le ha echado más fuego a la hoguera con una serie de comentarios y acciones que aumentan el odio, la polarización y la confrontación social, en un país que de buenas a primeras daba una falsa sensación de normalidad socio-política. Así las cosas, hoy nos despertamos con el fantasma del terrorismo interno, llámese protesta y movilización social, y la urgencia de censurarla y combatirla para llegar a la normalidad política.
Su hígado está puesto en las elecciones de noviembre próximo en las que aspira a reelegirse, precisamente en un contexto en que la incompetencia propia le cobra la factura por ser el país con más personas contagiadas y muertas por el coronavirus (casi 1,800,000 y 105,000 respectivamente), así como las millones de nuevas personas desempleadas, el espectro de la recesión, el ataque frontal a China para limitar sus posibilidades de expansión, o la confrontación regular con diferentes medios de prensa que le cuestionan, entre otros.
Las protestas que con justa razón condenan el asesinato de Floyd, y que derivaron en saqueos, también condenan la impunidad, la complicidad y la tolerancia del sistema judicial estadounidense para con esta clase de crímenes; y de paso, se constituyen en un escenario que afecta las aspiraciones de Trump para reelegirse, cosa que él no puede permitirse.
A diferencia de otras movilizaciones, las actuales denotan la sugestiva confluencia de personas de la mayor diversidad étnica, etárea, así como de movimientos sociales de muy diverso cuño; lo que permite entrever que, junto al tema de la violencia policial hacia las personas afrodescendientes, se conjugan una serie de demandas y preocupaciones en una agenda política que aún parece muy dispersa, pero que evidencia una fuerte capacidad de movilización.
La tensión societal acumulada, finalmente explotó, y le explotó a Trump en la cara sin saber que tenía una bomba en la mano; tal y como le ocurrió a Lenín Moreno y a Sebastián Piñera en Ecuador y Chile con las sendas manifestaciones sociales del año pasado. Por donde lo veamos, el modelo económico sigue haciendo aguas, la pregunta es si solo habrá salvavidas para aquella parte de la humanidad que concentra la mayor parte de la riqueza.
Una mujer joven reclama a quienes han ejercido el poder en Estados Unidos de América: “No nos hablen de saqueos, son ustedes los que han saqueado. EUA ha saqueado a los negros, EUA ha saqueado a los pueblos indígenas cuando llegaron aquí por primera vez”. Ella es Tamika Mallory, activista por los derechos civiles, el feminismo y otras luchas sociales.
En este video de la cadena FOX puede ver la contundente exposición de la joven a propósito del fuerte movimiento antirracismo y anti discriminación que se desarrolla en Estados Unidos de América en estos días, luego de que un policía con el concurso de otros asesinara a George Floyd.
En la década de los 50 se empezaron a alzar las voces para acabar con la invasión violenta de las tierras de los indígenas. Se tomaron entonces las primeras medidas legales de protección, pero esto fue solo en el papel. El despojo de las tierras y el maltrato continuaron, cohonestadas por las autoridades que dieron prioridad a los colonos sobre la población originaria. Yo fui testigo de estos atropellos, e incluso tengo una copia, que me facilitó un funcionario indignado por la falta de acción, de los planos realizados por el ITCO en 1971 en la zona de Buenos Aires donde se detallaba los terrenos ocupados por grandes terratenientes incluyendo extranjeros. Finalmente en 1976 se aprobó una ley donde si bien se reducía el tamaño de las reservas se definían los límites y se garantizaba la posesión inalienable para las comunidades indígenas, aunque estas tierras fueron inscritas a nombre del ITCO como garante, que después se transformaría en IDA.
Lamentablemente, esto se quedó de nuevo en el papel. El IDA, sucesor del ITCO, interesado en satisfacer las demandas partidarias empezó a repartir estas tierras entre las clientelas políticas, creándose así un verdadero pandemónium de violencia con asesinatos cada vez más frecuentes. Por una parte los campesinos llevados a esas tierras, unos por el IDA, y otros aprovechando la pasividad y tolerancia institucional, sienten que sus intereses, están siendo vulnerados. Por otra parte, los indígenas o población originaria ya organizados, reclaman con justa razón la legalidad y el derecho a la propiedad que les dan las leyes costarricenses. Sus reclamos de justicia no se limitan a las instancias nacionales, de las cuales esperan poco, sino que recurren cada vez con más fuerza a las vías de hecho y a las instancias internacionales para hacer valer sus derechos.
En mi criterio dada la deuda histórica con la población indígena y el desprecio y la connotación racista, de los abusos cometidos por las instituciones agrarias la Fiscal general debe proceder a enjuiciar, a los funcionarios que, a contrapelo del derecho de la propiedad y las leyes vigentes, distribuyeron tierras de las comunidades entre clientelas partidarias.
¿No es que estamos en un régimen de derecho que nos protege a todos? O es que la Ley se hizo solo para aplicarla a “los de poncho” como dicen en Ecuador.
El puente mi cama. Mi cara la fotografía. El paredón pared que colapsa. Suena en las manos la paliza larda. Todo se puede decir para no decir este método síncope del miedo. Silvia Piranesi
Mónica González Suárez
Confinamiento sinónimo de desigualdades. Este momento no ha acrecentado las desigualdades, tampoco ha posibilitado que sean más visibles o tal vez sí, para quienes no tenían tiempo de reparar en ellas, darse cuenta que existen. El encierro producto de las políticas estatales que enfrentamos hoy, ha sido un impacto sobre la cotidianidad, pero no necesariamente por el aislamiento, sino, por el control. Las vivencias de los últimos días podrían llevarnos a re-pensar y re-sentir las dinámicas de encierro que socialmente hemos divulgado, afirmado, legitimado y promovido para lograr “mantener” o “reestablecer” el orden.
“Yo siempre he estado en cuarentena”, es la respuesta de una mujer de 51 años, trabajadora doméstica, residente de una zona rural. A quiénes afecta realmente la cuarentena, o más bien, para quiénes es posible llamarle así. Los controles que se ejercen desde modelos heteropatriarcales, coloniales, xenófobos y racistas no son nuevos para quienes hemos vivido ya el confinamiento, por ser mujeres, negras, trans, bisexuales, lesbianas, locxs, etc. Confinarse pareciera ser una práctica que nos ha sido impuesta a cuerpxs subalternxs, así como ha sido una elección de disfrute y privilegio para otros.
Entonces, el momento presente amplía el encierro a otras poblaciones, ahí es donde empieza la crisis, cuando se extiende a sectores que sí importan lo suficiente para exteriorizar la alerta. Ahora bien, las políticas a las que nos afrontamos no son novedad, por el contrario, refuerzan y actualizan los métodos de control sobre nuestrxs cuerpxs (registro histórico). COVID-19 es un afianzar las medidas que desde hace años vienen construyéndose y reforzándose, no solo por los estados, sino, por una interiorización tecno-política recubierta de violencias y feminicidios.
Asumir el asilamiento ha sido para mí vivir en continuo las opresiones, así como profundizar en muchas otras que habían estado presentes de forma tal que podía manejarlas en lo espontáneo y observarlas como episódicas. Ahora, la diferencia es que se han vuelto en lo temido: c o t i d i a n i d a d. Entonces existir hoy para mí, supone hacer visibles las heridas de la desigualdad y no, por haberlas inscrito como parte de una rutina, normalizarlas. Es momento de continuar denunciado la repartición inequitativa de la vida y señalar la mecanización de las violencias, que hace años, y no desde la pandemia, nos matan.
La cuarentena como medida para evitar el contagio nos obliga a reflexionar sobre muchas otras situaciones, además del elemento salud, nos hace repensar sobre la realidad de las familias para contener en casa el total de sus integrantes, sin mencionar las dificultades económicas que desde ya se están enfrentando.
Si bien el COVID-19 es una crisis sanitaria inesperada, esta situación nos viene a visibilizar y recrudecer las desigualdades más profundas que teníamos como sociedad. La violencia estructural, las condiciones de pobreza, el desempleo, el patriarcado, el racismo, el nacionalismo y la xenofobia. Aunado a la acentuación de la crisis, pareciera que también se viene a naturalizar y normalizar estas estructuras de poder hegemónico, ejerciendo así formas de control mediáticas y de control Estatal que en muchas ocasiones colocan como única prioridad la crisis sanitaria, sin necesariamente dimensionar las implicaciones que estas medidas representan en nuestras vidas.
En las últimas semanas se han hecho esfuerzos por denunciar situaciones de violencia que están afectando particularmente a las mujeres, con este texto nos interesa hacer visible de qué manera se agudizan las desigualdades existentes en las relaciones de poder.
Judith Butler nos señala que:
El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos testimonio de la rigidez con la que la desigualdad radical, que incluye la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer su poderes dentro de las zonas pandémicas.(2020) (https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus)
Lo anterior nos invita a reflexionar sobre la interseccionalidad, rescatando que no solo es distinta la forma en que afecta la cuarentena a hombres y a mujeres, sobre lo que volveremos más adelante, sino que también es distinta la forma en que la estamos viviendo las mismas mujeres. No es lo mismo ser una mujer de un barrio, que una mujer de un residencial, no es lo mismo tener un trabajo como empleada doméstica o vendedora informal, que ser empleada pública o trabajar para una empresa privada. No es lo mismo vivir el aislamiento en la ruralidad, que en las zonas urbanas.
Sin embargo hay cosas que sí se asemejan en medio de este contexto y es justo el hecho de que las manifestaciones de violencia estructural, racial, patriarcal que cada quien enfrentaba y enfrenta desde el lugar que habita, se han incrementado y corren el riesgo de quedar aún más invisibilizadas.
En este texto sugerimos el ejercicio de imaginarnos situaciones que podrían estar viviendo las mujeres durante la cuarentena, reflexionar sobre la división sexual del trabajo, el trabajo remunerado y no remunerado, a partir de preguntas como: ¿Por qué las medidas de cuarentena nos afectan de manera tan distinta a hombres y a mujeres? ¿Por qué el espacio privado no representa lo mismo para las mujeres? ¿Qué significa para las mujeres estar en la casa con sus parejas, hijos, hijas, madre, padre etc.? ¿Qué implicaciones tiene estar ejerciendo el trabajo productivo y reproductivo en el espacio de lo privado? ¿Por qué “quedarse en casa” puede agravar “aún más” las múltiples jornadas de las mujeres?
Pensemos en una educadora, en este caso, una educadora del sector privado, con una jornada previa de por sí realmente abrumadora. Podemos imaginar que vive con sus hijos e hijas estudiantes o bien con su pareja y otras personas de su familia. Habitualmente sus fines de semana los dedicaba a preparar alimentos (para su consumo y el de las personas que comparten la vivienda) además de ordenar y realizar todas las labores de limpieza; la casa, la ropa, etc. y así poder dedicar los días entre semana a su trabajo remunerado, sin que esto signifique que se libere de las labores del hogar. Con la medida de cuarentena, no solo debe capacitarse en nuevas herramientas virtuales (lo que se suma a su ya múltiple jornada) sino que además debe duplicar su jornada, según las nuevas directrices de la institución (en la que labora como docente) ya que debe reforzar la atención a sus estudiantes.
En casa también su pareja, sus hijos o hijas estarán lidiando cada uno y cada una con sus nuevas labores virtuales, pero muy probablemente ella, es quien asuma las labores de la casa y además “en casa” debe organizarse todos los días con su trabajo remunerado. Muy probablemente él, su compañero “quizá piense en colaborar” (el entrecomillado es para destacar que para él se trata de una colaboración y no de una responsabilidad compartida) pero debe resolver su jornada laboral, que él considera como prioridad frente a la jornada remunerada y no remunerada que ella realiza.
Sus hijos e hijas conforme al mandato patriarcal creen que el trabajo no remunerado que ha realizado su madre (si es que lo han percibido) es obligación de ella. En muchos de los casos, cuando las mujeres se encuentran en su jornada laboral remunerada, quienes quedan en casa deben resolver situaciones, pero no porque consideren que es su función y su responsabilidad, sino porque ella no está en casa, si ella estuviera en casa, imaginemos: ¿Quién debe resolverlas?
Este es tan solo un ejemplo, podríamos sumar otra serie de factores como la atención y cuidado de chicos y chicas en edades escolares, que si bien es cierto algunos centros de cuido podrían estar funcionando, es comprensible que una familia prefiera evitar que su hijo o hija asista al centro educativo para evitar el contagio.
Podemos pensar también en todas las jefas de hogar que tienen trabajos en la informalidad, como, por ejemplo; en labores domésticas, ventas por catálogo, ventas ambulantes, costura o repostería entre otras. La medida de guardar cuarentena con acatamiento inmediato no puede ser fácilmente atendida por todas las personas, al respecto una vendedora ambulante señala: “Aunque no acate las recomendaciones de estar en aislamiento, la calle está durísima y no tanto por el coronavirus, sino porque no se hace ni un cinco y además la ven como una irresponsable por tratar de ganarse la vida. Desde cuando trabajar es un crimen”.
¿Qué está pasando en los territorios indígenas de Salitre y Térraba que actualmente están siendo invadidos y agredidos por finqueros? ¿Cómo están viviendo “la cuarentena o el aislamiento” las mujeres en estas comunidades? donde sus vidas han sido amenazadas por años y sus derechos violentados por un Estado que ahora más que nunca plasma su negligencia, promoviendo la impunidad de sus agresores.
Los retos económicos que enfrenta el país son muy distintos en la zonas urbanas, que en la zonas costeras y rurales. Existen muchas agrupaciones y asociaciones de mujeres que se dedican a las artesanías, a ofrecer servicios de comida, a vender productos agropecuarios y sus derivados, a brindar hospedajes y a realizar recorridos turísticos. ¿Cuáles serán las medidas para amortiguar el impacto de la ausencia absoluta de ingresos en estas zonas frente a la paralización del turismo en el país?
Muchas mujeres se enfrentan a una durísima realidad que se agudiza en estos momentos, cuando tienen sí o sí que compartir con el agresor y sus redes de apoyo se ven reducidas. Aunado a esto muchas familias están viviendo la cuarentena en condiciones de hacinamiento y desempleo, lo cual hace de la convivencia y de las estrategias habituales de sobrevivencia una verdadera amenaza.
Karina Batthyány sostiene que esta situación la hemos visto ya en casos de emergencias por desastres naturales. ¿Cómo abordará el Estado las consecuencias de la pérdida del empleo por la sobrecarga de cuidados? ¿Qué medidas de promoción de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado se pueden gestionar entre el Estado, las empresas, trabajadores y trabajadoras en una situación de confinamiento? (2020)
Pensemos en todas las labores de cuido que asumimos las mujeres ¿Qué implicaciones tiene que sus chicos y chicas estén en casa? ¿Quienes asumen el cuidado de personas adultas mayores, la gestión de medicamentos, la compra de alimentos? La limpieza y la desinfección del hogar, vestimenta y ropa de cama, que ahora se triplica por la necesidad de evitar infecciones. ¿En quienes recaen estas funciones?
Pensemos en compañeros que también deben acatar la medida de “quedarse en casa” para continuar teletrabajando según su jornada laboral, muy probablemente (sin generalizar) tendrán a su disposición los alimentos listos y ropa limpia ya que, como de costumbre ellas se encargaran de las “labores del hogar”, además del cuido de los y las chicas.
Karina Batthyány destaca que en América Latina las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo del cuidado no remunerado y son amplísima mayoría entres quienes se ocupan del trabajo de cuidados remunerados, por tanto, gran parte de los cuidados totales los ejercen las mujeres. (2020)
Para algunas culturas la palabra “crisis” significa oportunidad para el cambio, es indispensable comenzar a debatir y cuestionarnos ahora y no después, los aspectos de la organización social del cuido. Que el hecho de volver “puertas adentro” no represente para nosotras las mujeres, volver a las prácticas patriarcales más arcaicas, que esta “crisis” sea una oportunidad para comenzar colectivamente, a proponernos formas de relacionarnos más horizontales y solidarias.
Si bien las condiciones de aislamiento o cuarentena limitan de alguna manera las acciones de solidaridad externas y nos hace repensar las formas en que hemos establecido nuestros vínculos y afectos, esta “crisis” también nos invita a reflexionar sobre la célebre frase de Simone de Beauvoir «lo personal es político». Es indispensable reflexionar desde lo personal, plantearnos ¿Cómo querernos?, ¿Cómo cuidarnos?, ¿Cómo convivimos?, ¿Cómo solidarizarnos y ser congruentes en los espacios más próximos? Sumado a lo anterior, es urgente colocar este debate en las esferas públicas, donde se crean las directrices, se toman las decisiones y se generan discursos.
Karina Batthyány expresa que la emergencia por el COVID-19 vuelve a poner en el centro la cuestión de la organización social del cuidado y es necesario apoyar todas aquellas medidas y acciones que pongan a la humanidad y no el mercado en el centro para paliar la pandemia, superando este último como eje organizador de la vida en común. (2020)
Al igual que las labores de reproducción de la vida y de los cuidados no deberían ser exclusivamente nuestra responsabilidad, el reto de aprender de esta nueva circunstancia, resignificar la vida cotidiana y reconfigurar la forma de relacionarnos desde otros lugares, debería ser una inquietud y una denuncia compartida.
Que esta circunstancia nos permita repensarnos como sociedad, evitar que el temor a la crisis sanitaria nos coloque en una condición de mayor vulnerabilidad y que todos los esfuerzos, las luchas y los aprendizajes de cada una, desde nuestra trinchera y nuestras posibilidades aporte en la construcción de un mundo más igualitario y que esto se convierta en insignia para atravesar este momento de la humanidad.
-Karina Batthyány (2020) La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. Secretaria Ejecutiva de CLACSO.https://www.clacso.org/la-pandemia-evidencia-y-potencia-la-crisis-de-los-cuidados/
La música latina fue protagónica, por primera vez,en el Half Time Show Super Bowl 2020 con la presencia de cuatro grandes representantes: Shakira, Jennifer López, J. Balvin y Bad Bunny. Ossiel Villada de El País destacó el fuerte mensaje simbólico-político que significó la puesta en escena de niñas en una jaula como expresión del horror de las políticas anti migratorias de Donald Trump. Señaló: “Con su show Jennifer López y Shakira enviaron un mensaje contundente al mundo sobre lo que está pasando hoy con los migrantes latinos en Estados Unidos. Y también sobre la imparable revalorización de la mujer en el siglo XXI” (https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/las-claves-del-mensaje-politico-que-jlo-y-shakira-enviaron-en-el-super-bowl.html).
Por otra parte, en un reciente video difundido en You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=Ikgh4JbAWUU) se aprecia una elocuente presentación, en un acto de campaña del candidato demócrata Bernie Sanders, por parte de un afroestadounidense apelando de manera conmovedora a no postergar por más tiempo la conquista de las libertades ciudadanas para quienes hoy sufren discriminación y exclusión. “El tiempo es ahora”, reiteró de manera contundente y emotiva.
Estados Unidos ha sido y es cada vez más una sociedad
culturalmente diversa y multiétnica, con una presencia muy significativa de
afroestadounidenses, que constituye la segunda minoría más grande, siendo la
creciente población latina la “gran minoría”. Ambas minorías han librado una
lucha permanente por la defensa de sus derechos civiles, su dignidad e igualdad
como personas. Hoy han tenido que renovar las fuerzas para contrarrestar la
embestida racista de un gobierno que levanta muros para contener la migración
latina y eleva los decibeles del discurso de la supremacía blanca. El mensaje
reiterado de Trump de construir una gran nación, que recoge el espíritu de la
doctrina del “destino manifiesto”, está teñido de sangre de ambas minorías; se
propicia, así, una solapada limpieza étnica en aras de una supuesta
reconstrucción de la nación, para garantizar “progreso”.
Son los embates de un imperio en decadencia, que se
resiste a buscar derroteros no imperiales de convivencia global, y que busca
oxigenarse desde un discurso mesiánico restauracionista de corte religioso, así
como creando enemigos que supuestamente representan una amenaza para la nación.
Trump mismo ha sostenido que el miedo es el mejor recurso para ejercer el
poder, y ha actuado en consecuencia. Ha puesto a la sociedad norteamericana en
un estado de guerra permanente no solo contra el “terrorismo islámico”, sino
también revistiendo de “terrorismo” a los flujos migratorios y a las
manifestaciones antirracistas.
Las condiciones adversas a que se enfrentan ambas
minorías están conduciendo a intensificar los vínculos para revitalizarse como
movimiento social contracultural, recogiendo la riqueza de su histórica lucha,
principalmente por la conquista de los derechos civiles y la igualdad
ciudadana. En esta dirección, resultan muy aleccionadoras diversas manifestaciones
discursivas y artísticas por parte de actrices, actores, cantantes, líderes
religiosos, entre otros, apelando a una forma alternativa de convivencia intercultural
que respete y promueva los derechos de una ciudadanía corporal y socialmente
diversa. Cuando los afroestadounidenses y los latinos se unan se sacudirán los
cimientos políticos y culturales de los Estados Unidos.
Hoy estamos asistiendo a un nuevo perfil de los
movimientos sociales contraculturales cuyo rasgo más característico es su
potencial emotivo-afectivo. Un nuevo sujeto político que se afirma sobre la
dinámica intersubjetiva de la identificación fraternal, donde adquiere
protagonismo cohesionador la comunidad afectiva. Se expresa, más que en las
tradicionales formas discursivas ideológico-partidistas, en mensajes y gestos
de gran fuerza simbólica-política, que buscan afirmar los derechos de una
corporalidad socialmente sensible y diversa. Los latinos y afroestadounidenses
constituyen una expresión de esta nueva forma de lucha contracultural de alto contenido
simbólico-afectivo, que puede convertirse en una fuerza movilizadora importante
en la actual coyuntura sociopolítica de los Estados Unidos.
Más allá de esta coyuntura particular, se trata de un
nuevo sujeto político y cultural que ofrece signos esperanzadores para
construir un modelo alternativo de globalización afectiva, para una convivencia
planetaria donde se respeten los derechos humanos y de la naturaleza; es decir,
la biodiversidad en nuestra casa (oikos)
común.
Por Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Como bien es sabido, la crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.
Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa).
Sobre el contexto muy peculiar en el que se dio esta marcha, se recomienda, entre muchas otras, la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.
Este 25 de agosto, organizaciones y gremios sociales, así como universidades públicas convocaron a una exitosa marcha contra la xenofobia (véase galería fotográfica en este enlace de Elmundo.cr): nótese que el Ministro de Educación participó personalmente a esta marcha (véase nota e CRHoy).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
La intolerancia y el papel del Estado: “Estado… ¿estás?»
Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).
En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad». Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.
Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).
Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.
Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.
La sanción de conductas sociales repudiables (y repudiadas): «Estado… ¿estás?»
A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado ), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial ), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.
En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).
Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.
Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algún otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.
Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia
El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.
Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.
Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)
El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
ARTÍCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.
De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).
De varias advertencias pasadas hechas a Costa Rica: «Estado… ¿dónde estás?»
En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.
Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:
«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva»
(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).
En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:
«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)».
Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?
Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).
Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:
«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.
Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales»
(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).
En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial»
En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:
«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).
El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general Nº 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial».
A modo de conclusión
Más allá de la muy limitada divulgación que se hace en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.
Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016.
«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).
Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).
Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense», el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio».
Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).
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Notas:
Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N.,»Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa», febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.
Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia“, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.
Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.
Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Nicolás Boeglin Naumovic
Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Costa Rica
Las organizaciones sociales de América del Norte rechazan la actual aceleración de las negociaciones del TLCAN 2.0 buscando un acuerdo «en principio»
Negociar bajo una presión intensa nunca es recomendable. Pedimos la suspensión inmediata de estas conversaciones para que se reinicien una vez que todos los legisladores recién elegidos ocupen sus puestos
El clima político y económico bajo el cual Canadá, México y Estados Unidos iniciaron el proceso de renegociación del TLCAN en 2017 se ha deteriorado aún más en 2018. Estados Unidos amenaza los aranceles para el 1 de junio y la Casa Blanca acosa a través de tweets, mientras se están armando guardias nacionales. enviados a la frontera de EE. UU. con México, etc. Estas fuertes tácticas empleadas por la administración Trump ahora han culminado en un intento de forzar un Acuerdo “en principio”, donde, según nos dicen, se llegó a algún tipo de acuerdo sobre una algunos de los elementos más difíciles y contenciosos del TLCAN, pero los textos permanecen en secreto.
Nosotros, las organizaciones sociales abajo firmantes de los tres países de América del Norte, hacemos un llamado a nuestros respectivos gobiernos para que publiquen inmediatamente los textos del puñado de Capítulos acordados y suspendan las renegociaciones del TLCAN hasta que se restablezca un clima de respeto mutuo y un ambiente para el debate abierto y público puede realizarse en los tres países.
Rechazamos por completo las ideas xenófobas y racistas que han acompañado a las renegociaciones actuales del TLCAN. Rechazamos la idea asombrosamente mala de un muro entre México y los Estados Unidos, así como la idea ridícula de que el gobierno mexicano podría ser forzado a pagar por ello. Rechazamos las constantes amenazas, insultos y chantajes utilizados por la Casa Blanca contra México y Canadá.
Tal ‘Acuerdo en Principio’ es una maniobra poco entendible y poco utilizada en los acuerdos comerciales. ¿Cuáles serían las ramificaciones legales de tal ‘Acuerdo en Principio’? Por ejemplo: ¿incluiría acuerdos generales sobre áreas importantes sin ninguna noción previa de cuáles podrían ser las consecuencias derivadas de cualquier acuerdo concreto ya alcanzado? ¿Las negociaciones continuarían, pero serían más reservadas que nunca?
Los tres gobiernos deberían dar un paso atrás respecto de la necesidad a menudo declarada de que las renegociaciones del TLCAN se completen antes de las elecciones mexicanas de julio y / o las elecciones intermedias de los Estados Unidos en noviembre. En cambio, nuestros tres gobiernos deberían tomarse el tiempo para armar un plan de acción sólido para construir un acuerdo comercial justo y equitativo que asegure que en cada país todos los sectores de la sociedad serán los beneficiarios.
Como lo vemos, la renegociación del TLCAN podría presentar una oportunidad para un debate público serio sobre muchas de las disposiciones perjudiciales en ese acuerdo comercial, como poner un plazo de término de la solución de controversias inversionista-estado que se encuentra en el Capítulo 11, que da a las corporaciones la capacidad de demandar a los gobiernos por leyes de interés público en tribunales privados que no rinden cuentas, al tiempo que establece que las ganancias corporativas podrían reducirse. Difícilmente podemos creer que tanto Canadá como México, los dos países más demandados bajo el Capítulo 11 del TLCAN (donde Estados Unidos aún no ha perdido un caso), sean los defensores más entusiastas de mantener tales disposiciones favorables a los inversores. Los sistemas judiciales nacionales en cada uno de los tres países deberían ser los jueces principales de las demandas de los inversores. Las empresas podrían incluso contratar pólizas de seguro para cubrir cualquier gasto imprevisto fuera del país.
Al mismo tiempo, continuamos oponiéndonos al proceso de negociación ultra secreto del TLCAN que podría resultar en algunos de los peores aspectos de la Alianza Transpacífica (TPP) y otros acuerdos comerciales que están codificados en un TLCAN 2.0. Muchos de nosotros hemos dado la voz de alarma y presentado serias demandas a través de numerosas declaraciones públicas como: la Declaración Trinacional de mayo de 2017 que ha sido actualizada en 2018, primero por una lista detallada de demandas de los sectores sociales mexicanos, y luego por una carta respaldada por más de 1,000 grupos de la sociedad civil de una amplia gama de sectores en los Estados Unidos.
Los canadienses también han pedido transparencia a los negociadores de su gobierno con poco éxito. El gobierno canadiense también se ha mostrado reacio a publicar los resultados de una consulta pública sobre el TLCAN que habían encargado en 2017. El 11 de abril de 2018, la organización OpenMedia informó que el gobierno canadiense había recibido 46,400 presentaciones públicas. Ottawa le pidió a Open Media que si querían ver los resultados de esas presentaciones de consulta presentara una solicitud de acceso a la información (ATI). En respuesta a una ATI presentada por Bloomberg News el 17 de abril de 2018 el gobierno canadiense le entrego una muestra de solo 200 cartas de consulta y correos electrónicos, o sea menos del 0,50% de todas las presentaciones recibidas por Ottawa. El gobierno canadiense necesita publicar todos los hallazgos de la consulta y explicar cómo eso se ha reflejado en sus posiciones de negociación.
El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha estado “tuiteando” recientemente para obtener un acuerdo político acelerado sobre NAFTA 2: 0 que se finalizará en cuestión de semanas. Los informes noticiosos indican que después de nueve meses de renegociaciones solo un puñado de ‘capítulos’ de un futuro NAFTA 2: 0 han sido ‘cerrados’ (lo que significa que las negociaciones se han completado), mientras que una multitud de otros capítulos avanza lentamente, si es que lo hace. Si de hecho se han completado algunos capítulos, pedimos a los gobiernos canadiense, mexicano y estadounidense que publiquen estos capítulos ‘cerrados’ para que la gente en los tres países pueda juzgar qué se está logrando con estas conversaciones (qué se gana-qué se pierde).
El gobierno de Peña Nieto tiene las calificaciones de aprobación pública más bajas de la historia reciente y, debido a eso, desde una perspectiva mexicana, no se puede confiar en que actúe en el mejor interés de México. El Ministro de Relaciones Exteriores de México y su Secretario de Comercio parecen estar continuamente en Washington para apaciguar al presidente Trump después de cada uno de sus tweets, pero con un juego final de tratar de complacerlo para salvar un tratado que ha beneficiado principalmente a un pequeño grupo de magnates corporativos.
Paradójicamente, la única área en la que el gobierno de México ha mantenido una posición firme es en negarse a siquiera discutir el asunto necesario y urgente de un aumento salarial en México como parte de un TLCAN 2: 0. Esta justa demanda proveniente de la mayoría de los actores sociales mexicanos también es apoyada en Canadá y los EE. UU. Recientemente, el gobierno de México parece haber suavizado su posición sobre esta cuestión frente a la fuerte presión sindical trinacional y debido a una carta firmada por 94 legisladores estadounidenses piden al principal negociador de su país que garantice que los derechos laborales se fortalezcan y se protejan en cualquier nuevo acuerdo del TLCAN.
Frente a esta presión considerable, México ha propuesto que los aumentos salariales se limiten al sector automotriz globalizado. Esto sería un avance positivo, aunque extremadamente limitado dado que esos empleos representan solo el 0,77% del empleo total en México, y de hecho mantendría el dogma obsoleto de que una posición competitiva se basa necesariamente en mantener los salarios bajos y empobrecer a los trabajadores.
Los sectores agrícolas en los tres países han sufrido durante casi 25 años el TLCAN. Rechazamos las demandas de mano dura y las amenazas de represalia al programa de administración de suministros de Canadá que ahora están saliendo de Washington, y pedimos al Gobierno de Canadá que se mantenga firme en negar cualquier concesión en esta área. Los agricultores estadounidenses y las comunidades rurales están sufriendo por precios históricamente bajos de muchos productos básicos, incluidos productos lácteos, pero la respuesta no está en destruir el exitoso programa de Canadá que garantiza que los agricultores obtengan precios justos por su producción y al mismo tiempo suministren alimentos sanos sin hormonas de crecimiento y la aplicación excesiva de antibióticos en rebaños lecheros. Hacemos un llamado a la implementación de medidas para proteger los derechos de los consumidores a saber dónde y cómo se producen sus alimentos. También hacemos un llamado a los negociadores mexicanos para que adopten una posición firme y reviertan la práctica seguida desde el inicio del TLCAN de inundación de productos agrícolas subsidiados de los Estados Unidos en el mercado mexicano, que ha tenido consecuencias tan devastadoras en el México rural.
A pesar de las declaraciones propagandísticas provenientes de los tres gobiernos, todos los indicios apuntan a importantes concesiones hechas a las empresas transnacionales que serán muy negativas para nuestros países. Por ejemplo, la prolongación de la protección de patentes para medicamentos y la profundización de otros aspectos de la propiedad intelectual serán un ataque contra nuestra salud y nuestra privacidad y nuestros derechos digitales, todo en nombre del aumento de las ganancias corporativas.
La biodiversidad corre el riesgo de verse comprometida y se hacen concesiones sobre las reglas de origen, en respuesta a las demandas de Trump. Por el contrario, los continuos esfuerzos por “desregular” tendrán un impacto negativo en los derechos humanos fundamentales así como en el medio ambiente, aunque se han realizado pocos esfuerzos para revisar la fallida estrategia militarista sobre el narcotráfico, ni se ha impulsado un control efectivo del cruce de armas las fronteras de los Estados Unidos a México, así como a Canadá, y que han causado tantas muertes en ambos países.
El futuro de la existencia humana depende de que se preste atención inmediata a revertir el cambio climático. Recomendamos encarecidamente leer el reciente estudio trinacional titulado NAFTA 2.0: ¿Para las personas o para los contaminadores? * Los autores de este documento explican cómo el acuerdo actual del TLCAN vincula a los tres países con un futuro de combustibles fósiles y cómo las renegociaciones actuales podrían empeorar los problemas ya evidentes. También dejan en claro que el TLCAN fue escrito para apoyar a los contaminadores corporativos y no a las comunidades afectadas por el cambio climático.
Por años, el movimiento trinacional para el comercio justo y la inversión ha planteado numerosas críticas basadas en la evidencia sobre las formas en que el TLCAN ha contribuido a la desigualdad económica y social, la degradación ambiental y el empeoramiento de los sistemas agrícolas y de alimentos. Estas observaciones siempre han estado acompañadas de propuestas alternativas para lograr relaciones económicas justas y sostenibles entre nuestros países. Reconocemos plenamente que los ganadores y perdedores del TLCAN nunca han sido países en su conjunto, sino más bien sectores dentro de cada país. Los trabajadores, agricultores y consumidores en los tres países han perdido bajo las reglas del TLCAN diseñadas para facilitar el libre flujo de bienes y capitales a través de las fronteras, mientras que las grandes corporaciones transnacionales han ganado un control cada vez mayor sobre nuestras economías.
Pedimos a los gobiernos que expliquen el alcance de este llamado acuerdo “en principio”. El proceso de intensificación de estas conversaciones del TLC representa una presión adicional que conduce a un nivel aún mayor de secretismo, y no es un buen augurio para las personas de cada país. Representa el temor de que el público votante exprese sus deseos a través de las urnas, una voz en gran medida silenciada por el secreto que rige estas conversaciones comerciales.
Rechazamos el acuerdo ‘en principio’ como no más que un ejercicio cínico de relaciones públicas que enmascara la intención real detrás de estas negociaciones secretas. Hacemos un llamado a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para que suspendan las negociaciones hasta que haya un ambiente más hospitalario y, mientras tanto, publiquen los textos acordados y comiencen un proceso consultivo auténtico con los legisladores y la sociedad civil de todos tres países. Cada país debería hacer un balance y volver a enfocarse en lograr un acuerdo de comercio justo e inversión basado en un modelo de cooperación de tres países que asegure el desarrollo sostenible y aborde las desigualdades dentro de cada uno de nuestros países y entre los tres países de América del Norte.
Organizaciones firmantes
Common Frontiers (coalition. Fronteras Comunes Canada)
Council of Canadians (Consejo de los Canadienses)
Council of Canadians – Northumberland Chapter Trade Group (Capitulo Northumberland del Consejo de los Canadienses)
Canadian Union of Postal Workers (el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales)
Global Exchange (Intercambio Global, EEUU)
Institute for Agriculture and Trade Policy (Instituto para las Politicas Agricolas y de Comercio, EEUU)
Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios Politicos, EEUU)
México Mejor Sin TLCs (Coalición Multisectorial)
National Farmers Union (Canada, Sindicato Nacional de Agricultores)
OpenMedia (Organización para preservar Derechos Digitales)
El Centro de Amigos para la Paz estará realizando este próximo 10 de octubre el Conversatorio “Mientras los políticos construye muros, nosotros debemos construir puentes”, esto dentro del marco del Encuentro en la Frontera del Observatorio de la Escuela de las Américas (http://www.soaw.org/border/)
Se estará conversando sobre los siguientes temas:
Fin a las intervenciones destructivas de índole militar, económica y política de los Estados Unidos en las Américas
Desmilitarización de las fronteras. Nos urge construir puentes con nuestros vecinos y vecinas, no muros
La desmantelamiento de los sistemas racistas y sexistas que roban, criminalizan y matan a migrantes, refugiados, indígenas, personas trans y de género no convencional, comunidades de color y a otros a lo largo del hemisferio
Respeto, dignidad, justicia y autodeterminación de todas las comunidades, especialmente las más pobres y vulnerables
¡No más ganancias por encima del pueblo! Ni los ejércitos privados, las cárceles ni las corporaciones petroleras y mineras deberán determinar nuestro futuro o el de la Tierra. ¡El pueblo deberá decidirlo!
Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.mientrastantoenmexico.mx
