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Etiqueta: racismo

Comunidad afrocaribeña lucha por sus derechos

En una carta realizada por la Defensora Angie Cruickshank Lambert dirigida a Laura Fernández, ministra de la Presidencia con copia a Marco Vinicio Levy Virgo, se señala que organizaciones de la comunidad afrodescendiente han expresado su descontento con el accionar de la Defensoría de los Habitantes en relación con el pueblo del Caribe.

En el reclamo, se critica la falta de medidas concretas para enfrentar las violaciones a los derechos humanos de esta población. Aunque la institución ha reconocido las deudas históricas del Estado con las comunidades afrodescendientes, y organizó en 2023 un simposio internacional sobre la aceleración de sus derechos, las críticas consideran insuficientes estas acciones frente a los desafíos estructurales. 

El simposio, aunque valioso, puso en evidencia violaciones persistentes, como la falta de reconocimiento de territorios ancestrales, la necesidad de luchar contra el racismo sistémico y la discriminación, y las brechas en salud, especialmente en temas como la salud materna. Según datos del UNFPA presentados en el evento, las muertes maternas son hasta cinco veces superiores entre las mujeres afrodescendientes debido a carencias en consultas prenatales, acceso a anticonceptivos y prevención del embarazo adolescente. 

Además, se destacó que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) está por concluir sin avances significativos en derechos fundamentales como el acceso a la tierra, protegido por el Convenio 169 de la OIT. Aunque informes previos, como el de la exdefensora Montserrat Solano, identificaron la necesidad de soluciones legislativas para la problemática de tenencia de tierras en Cahuita y Puerto Viejo, la actual administración de la Defensoría no ha tomado acciones concretas al respecto, limitándose a argumentar que no puede intervenir en competencias específicas del Estado. 

Los críticos subrayan que la Defensoría tiene el deber de intervenir cuando las omisiones del Estado vulneran derechos humanos, como sucede con el derecho de consulta y autodeterminación de las comunidades afrodescendientes. A pesar de conocer estas situaciones desde hace años, la institución no ha implementado medidas efectivas para impedir la persistente violación de derechos. Esto, según las personas denunciantes, contradice su mandato legal y perpetúa las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades afrodescendientes en Costa Rica.

Dentro del marco del documento citado, la Defensoría de los Habitantes de la República generó una serie de recomendaciones con fundamento en el artículo 14 de la Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992 y en el artículo 32 del Decreto Ejecutivo No 22266-J, siendo estas:

PRIMERA: Gestionar la selección y el pronto nombramiento de la persona que sustituya al señor Ricardo Sosa como Comisionado de Inclusión Social de la República, a efecto de que esta persona pueda dar seguimiento a las diferentes iniciativas de poblaciones vulnerables y tradicionalmente discriminadas, entre estas la población afro costarricense.

SEGUNDO: Definir la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense.

TERCERO: Como parte de las acciones previas a todo proceso de consulta a Pueblos Tribales, se debe definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente”. Para dichos efectos es conveniente la coordinación interinstitucional/intersectorial a partir de un peritaje bajo un abordaje integral que lo defina.

CUARTO: Una vez definida la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense, así como su normativa de operación, se deben ejecutar a la brevedad las acciones tendientes a la conclusión de la Consulta al pueblo Tribal Afro Costarricense a efecto de poder continuar con la delimitación de los territorios que le corresponden y otras acciones atinentes.

Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la Ley N° 7319 el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de la Defensoría de los Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la notificación de este informe final, remitir a la Defensoría de los Habitantes un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual deberá incluirse la siguiente información:

a.- Medidas que se adoptarán para hacer efectiva las recomendaciones.

b.- Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas.

 c.- Funcionario encargado de su ejecución.

Le invitamos a leer el documento completo en el cual se amplían los puntos tratados por esta nota.

Imagen ilustrativa, UCR.

Racismo y manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica

El artículo académico que le invitamos a leer es una publicación de la revista Espiga, publicada por la UNED, y escrito por Vania Solano-Laclé, Fernanda Alvarado-Leitón y María Fernanda Obando-Sánchez.

Este artículo tiene como objetivo describir las manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica. Para ello se analizaron los datos provenientes de la Encuesta Actualidades  2022. Los resultados evidencian una percepción de maltrato, con mayor frecuencia hacia personas indígenas, nicaragüenses y afrodescendientes. Se constata que las personas, según su autoidentificación étnico-cultural, perciben situaciones de discriminación hacia sí mismos y hacia sus familiares por su fenotipo, procedencia e identidad cultural, idioma, condición socioeconómica y género. El artículo corrobora que pertenecer a un grupo étnico-cultural minoritario en Costa Rica constituye un factor de vulnerabilidad para ser discriminado y muestra asociaciones entre condiciones fenotípicas (rasgos faciales y color de piel) de los grupos y condiciones de exclusión económica  y  educativa.  Los  hallazgos  resaltan  la  necesidad  de  incluir  la autoidentificación étnico-cultural en las investigaciones sociales, en general, y en las encuestas, en particular.

Le invitamos a informarse con este artículo acerca de estas problemáticas discriminatorias que afectan a los pueblos indígenas. 

Compartimos el enlace:

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/5583/7957

La herencia del clasismo y el racismo

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Hace ya muchos años viajé por primera vez al Perú. En el aeropuerto mismo de Lima se me hizo evidente que había llegado a una sociedad horriblemente clasista y racista. La forma en que unos, que se creían blancos y ricos, trataban al hombre de las maletas, al taxista, a la empleada doméstica, y ni se diga a las personas con pinta aborigen, me pareció abominable.

No quiero idealizar al ser costarricense, pero, comparativamente, es cierto que aquí el trato ha sido un poco más respetuoso e “igualitico”.

Al menos eso ha sido así para mi generación y las generaciones inmediatas.

Por décadas, Pilar Cisneros, aparecía ante el público televidente como la campeona de la verdad, la probidad y la justicia. Esa mera imagen fue el capital con el que luego ha incursionado en la peor política. Ha logrado engañar a muchos. Pero la realidad es que siempre sirvió obsecuentemente a poderosos patronos de los medios de comunicación masivos. Quiénes la sufrieron como jefa dan fe de su verdadero yo, su manera de tratar a los subalternos, su prepotencia y arribismo, al mejor estilo oligárquico peruano.

Nada que extrañar entonces con la anécdota del condominio lujoso. Cuando de lo que se trata es de “tener” y no de “ser”, de aparentar una imagen y ocultar la realidad, no nos tiene que sorprender que alguien que, en el fondo, por herencia y formación de cuna, detesta a los pobres y desheredados, aparezca diciendo que los representa y defiende.

Lanzan investigación sobre criminalización a mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras

29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.

La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización

Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.

Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.

Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización

La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.

Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.

Plantón por la exigencia de justicia para Jehry Rivera y todos los pueblos originarios

El Tribunal absolvió al asesino confeso de Jerhy Rivera en un acto contra los pueblos originarios y las personas líderes indígenas, de racismo e impunidad.

El próximo jueves 26 de setiembre a las 3:30 pm se realizará un plantón por la exigencia de justicia para Jehry Rivera, se llevará a cabo frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia.

Si alguna persona requiere transporte desde San Pedro hasta la Corte debe completar este formulario: https://forms.gle/5gzCuqLsoswCCydc7

Hora de salida del transporte: 3:15 pm

Hora de regreso: 5:00 pm

¡Jehry se hizo semilla! Lucharemos por justicia.

Conversando sobre el racismo con el Dr. Quince Duncan

El Observatorio del Racismo (OBCRA) invita a toda la comunidad universitaria a sintonizar su próximo programa de radio, «Conversando sobre el racismo», que contará con la participación del reconocido escritor y activista Dr. Quince Duncan. En esta ocasión, se abordará el tema:

Costa Rica: 500 años de presencia y aportes de africanos y sus descendientes.

  • Fecha: martes 24 de setiembre
  • Hora: 8:00 a.m.
  • Sintoniza en: Radio 870 AM Saber Vivir, UCR.

El Dr. Quince Duncan es una figura clave en la defensa de los derechos étnicos en Costa Rica y a nivel internacional. Fue el primer Comisionado Presidencial para Asuntos Afrodescendientes y ha formado parte de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Además, Duncan es autor de más de 60 publicaciones, incluyendo estudios sobre literatura costarricense y afrodescendiente, ensayos históricos, y varias novelas. Su obra ha sido galardonada con el Premio Editorial de Costa Rica y el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.

Todos los programas del OBCRA quedan grabados y disponibles en el Portal OBCRA: obcra.fcs.ucr.ac.cr para ser utilizados en espacios educativos.

Enlace de interés:
Los cuentos de Ananci: https://micostaricadeantano.com/wp-content/uploads/2022/09/cuentos-anansi.pdf

Racismo de jueces del Tribunal de Pérez Zeledón queda retratado en sentencia por el asesinato de líder indígena

FECON

Causa indignación y disconformidad la absolutoria otorgada al asesino confeso Juan Eduardo Varela, quien, con dos disparos por la espalda, acabó con la vida de Jehry Rivera la noche del 24 de febrero de 2020 en el territorio Bröran de Térraba. Los jueces Richard Mena Vargas, Alexander Chavarría Segura y José Pablo Matarrita Carrillo absolvieron de la pena de homicidio calificado a Varela, quien el 17 de agosto de 2022 en una actividad pública, exclamó orgulloso haber matado a Jehry.

El Semanario Universidad reportó que el juez de apellido Mena enfatizó “el tribunal no comparte el tema de las recuperaciones y que debe haber un respeto al ordenamiento jurídico”. De esta manera, la sentencia de este tribunal local no esconde el apoyo a los ocupantes ilegales blancos que han invadido los territorios indígenas, por lo tanto, ejercen su trabajo como jueces bajo esquemas racistas y con prejuicios a los pueblos indígenas de Costa Rica, faltando a la justicia. Porque hay que recordar que las comunidades indígenas sólo han defendido su derecho a lo que les pertenece, pues es ante las invasiones de “finqueros” blancos, que los indígenas han tenido que recuperar sus propias tierras, acciones que han sido respaldadas incluso por la Sala Constitucional.

Recordemos que la Sala Constitucional, en octubre de 2022, ratificó la nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo después de la ley de 1977. Tal y como indica la resolución del expediente 21-017138-0007-CO “todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación la citada ley, se considera que no han actuado de buena fe”.

Así también, es importante recordar que el asesinato de Jerhy Rivera Rivera se enmarca en un contexto de violencia e impunidad de muchos años, en contra de las personas recuperadoras de sus tierras, según lo indica el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur. Además, remarcar que este homicidio se dio puntualmente, durante la llegada de una turba de más de cien personas al territorio de Térraba, que llegaron con la intención de intimidar y violentar a quienes se mantenían en ese momento sosteniendo recuperaciones de sus tierras ancestrales. Esto tal y como lo narró en su declaración el testigo del abogado defensor, Orlando Enrique Mata Jiménez, “ya estábamos armados con garrotes, piedras, cuchillos, los defensores de la propiedades”, dijo al referirse a la turba que llegó el día del homicidio a atacar a quienes se mantenían sosteniendo la recuperación Cancha Rayada y que fueron expulsados violentamente por ese grupo de finqueros.

Además, según Maleza Barrantes, quién asistió a varias de las audiencias como parte del Movimiento Ríos Vivos, indicó que durante el juicio vio con preocupación varias actitudes del tribunal “por ejemplo, solicitaron al abogado querellante acortar sus conclusiones, quien las finalizó en aprox. dos horas, mientras a los abogados del asesino les permitieron extenderse por aprox. 9 horas para desarrollar sus conclusiones, lo cual nos pareció una medida totalmente parcializada”. Así también indicó que “es cuestionable el hecho de que aceptaron como prueba, una captación de una llamada telefónica que la misma fiscalía tacho de ilegal que aportó el abogado del asesino, por la cual de hecho la fiscalía había solicitado días atrás, que se abriera un proceso legal contra la persona que la grabó.”

Pablo Sibar, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y quién además también sufrió agresiones por parte de los finqueros el día del asesinato de Jehry, señaló: “Jueves 19 de septiembre, un día en el que el territorio Bröran recordará que aunque llevamos más 534 años de lo que llamaron un ¨descubrimiento¨ y donde masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siendo exactamente igual de racistas al dejar un asesino confeso libre, al no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras. Ya está totalmente claro que los territorios nos pertenecen. Yo le pregunto a estos jueces ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza?”

Sibar añadió: “los finqueros están claros que solo pueden con la violencia seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores. Pero con estas resoluciones sólo los empoderan, ya que nos pueden matar y nada pasa”. Así también: “Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz. Pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios, esa paz no llegará (…) mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado, creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestro territorio”, puntualizó finalmente Pablo Sibar referente de FRENAPI.

La absolutoria al asesino confeso de Jehry Rivera es un ataque a los derechos de los pueblos indígenas. Estos jueces, como servidores públicos deberían ser separados de su cargo por aplicar criterios racistas y discriminatorios en su deber de impartir justicia.


Bibliografía:

Pomareda, Fabiola. “Sala IV ratifica nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo despúes de la ley de 1977”. Semanario Universidad, 20 de octubre de 2022. https://semanariouniversidad.com/pais/sala-iv-ratifica-que-compra-de-tierras-indigenas-por-parte-de-no-indigenas-es-nula-si-se-hizo-despues-de-promulgada-la-ley-indigena

Coordinadora de Lucha Sur Sur (Diciembre 2022). III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica” https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/09/CLSS-Informe-ENE_DIC2022-DIGITAL.pdf

Jerhy Rivera

A más de 534 años de lo que llamaron un “descubrimiento” seguimos sufriendo el racismo – ante la absolución del asesino confeso de Jerhy

Pablo Sibar

Jueves 19 de septiembre un día que el territorio Brörán recordará

Aunque llevamos más de 534 años de lo que llamaron un “descubrimiento”, en el cual masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siento exactamente racistas al dejar libre a un asesino confeso. A pesar de no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras, ya está totalmente definido que los territorio nos pertenecen.

Yo le pregunto a estos jueces, ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza? Los finqueros saben que sólo con la violencia pueden seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores, pero con estas resoluciones solo los empodera ya que nos pueden matar y nada pasa.

Miro que si un ciudadano mata a un animal puede ser severamente castigado, pienso entonces, que valemos menos que un animal. Lo que quiero decir es que si un animalito tiene derechos, ¿dónde están nuestros derechos? Nosotros también tenemos derecho, pero no logro mirar esos derechos.

Han asesinado a Sergio, caso archivado por no dar con los responsables; el caso de Jerhy: a su asesino confeso los jueces lo dejan libre.

¿Cuál será el destino de nuestros territorios? Siempre he dicho: todas y todos los costarricense son culpables de estas muertes. Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz, pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios esa paz no llegará. Mientras los gobiernos no reconozcan nuestras organizaciones propias seguiremos en manos del Estado que se ha convertido en un Estado criminal.

Escribo esto desde mi recuperación, que de milagro sigo vivo, y que con este caso mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado. Creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestros territorios.

Como recuperador me siento orgulloso de tener hoy un pedacito de tierra dónde vivir y producir, aunque un abogado diga burlonamente que Pablo habló de un paraíso y me trató de usurpador en mi propia tierra. Le invito a él y a los jueces para que miren los cambios y la alegría que existe en Crun Shurín. Tenemos lo que los indígenas decimos un buen vivir. Para vivir bien seguiremos en nuestras luchas para que se reconozcan nuestros derechos y que, algún día no muy lejano, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo nos den los derechos que nos pertenecen.

La lucha sigue y sigue el pueblo Brörán vive y vive

El descuido de la educación es la “puerta de kerkaporta” que permite la destrucción de las democracias

Miguel Sobrado

La importancia estratégica de la Kerkaporta en la caída de Constantinopla

La Kerkaporta , una puerta menor de las murallas teodosianas de Constantinopla, jugó un papel clave en el diseño del asedio otomano de 1453 que puso fin al Imperio Bizantino.

El descuido de esta puerta por parte de los cristianos les permitió a los otomanos, en la noche del 29 de mayo de 1453, penetrar furtivamente y tomar por sorpresa la ciudad. Así, un simple descuido o traición, en torno a una puerta secundaria de las murallas de Constantinopla, la de Kerkaporta , permitió a los otomanos tomar la sede del Imperio Bizantino y dar inicio de una nueva era de dominio regional.

Nuestra América Latina, que arrastra una exclusión social, encubierta por el racismo y clasismo, que se ha agudizado con la tecnología, desplaza cada vez más la mano de obra física. Al mismo tiempo que carece de oportunidades educativas actualizadas y de capacitación de amplio espectro.

Frente a una coyuntura donde el narcotráfico, que no es un simple grupo de malandros que puede ser enfrentado por la policía, sino una empresa transnacional de gran envergadura, con un gran poder, no solo económico, sino que tiene muchas ventajas y condiciones favorables para su desarrollo.

En primer lugar, es una empresa altamente descentralizada que tiene una gran iniciativa y creatividad para crecer y operar en condiciones adversas al poder institucional tradicional. En el medio social encuentra condiciones favorables para reclutar socios y peones dentro la masa de desesperanzados que no encuentran espacios para su desarrollo y migran masivamente en grandes caravanas fuera de la región.

Además, saben aprovechar muy bien con sus abundantes recursos, el clima de corrupción institucional prevaleciente, tanto para comprar información y conseguir aliados en el desarrollo de sus actividades como para ir tomando posiciones en los gobiernos locales e institucionales. Ya son múltiples los estados, provincias y municipios, así como instituciones nacionales que han caído en sus manos. Tal es su influencia y poder que, organizados desde las cárceles pusieron en jaque al mismo gobierno ecuatoriano.

Se puede decir que estas ventajas son comparables con los cañones gigantes y la gran flota turca construidos por el sultán Mehmet II, para derribar las murallas, cercar y atacar la ciudad de Constantinopla.

En nuestro caso la puerta descuidada es la educación y la capacitación.

En una época donde el desarrollo y la transformación institucional depende de la actualización y calidad del capital humano. Formar con contenidos y métodos adecuados a las nuevas realidades es vital. Pero, además, como la tarea de actualizar la educación y darle cobertura no es de corto plazo, y una parte considerable de la población económicamente activa perdió la oportunidad educativa, es preciso desarrollar procesos de capacitación de amplia envergadura. Capacitación que, partiendo de sus necesidades inmediatas los habilite en organización, tanto para enfrentar sus necesidades económicas y comunales, como para la ciudadanía activa. “Los hombres sin organización, no tienen ningún poder” decía muy acertadamente el expresidente José Figueres Ferrer, cuando impulsó el movimiento cooperativo.

La organización no puede ser una ficción jurídica montada en el escritorio de un abogado y manejada por un “piquetero” de partido clientelista. Debe ser real y poder empoderar efectivamente a sus asociados, con nuevas calidades y posibilidades de acción.

Solo una sociedad organizada y educada es capaz de descentralizarse y contribuir a su propio desarrollo y a la gestión pública de su comunidad incluyendo la seguridad. No se trata de que las organizaciones se conviertan en aparato represivo, ya que eso le toca a la policía, pero si en ojos y oídos. Esto es, en apoyo de labores de inteligencia a la seguridad colectiva.

Todo esto puede sonar utópico a primera vista, pero tiene su respaldo de hechos ahí donde ha sido sistemáticamente aplicado. Implica desde luego, una reorganización institucional que no va a venir desde arriba, sino que tiene que forjarse desde abajo. Esta es la fuerza que debidamente organizada, puede detener las amenazas crecientes de la corrupción y el narcotráfico.

Las clases políticas tradicionales producto de estados centralistas con desigualdad en la distribución del ingreso son endémicamente corruptas. Su poder no tiene asidero en el ejercicio ciudadano, sino en la distribución de diarios y otras prebendas menores a una masa de clientes sin esperanza.

La elección de Milei en Argentina es un anticipo de esa desesperación que abre las puertas al gobierno de las mafias y debe tocar a rebato para hacer las reformas que nuestro sistema político requiere. Nos encontramos en el continente con el mayor índice de desigualdad del planeta y la menor tasa de crecimiento. El tiempo vuela y exige acciones.

En el año 2003 se presentó en la cámara de diputados de México el libro “América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas” con dos ediciones posteriores en la Editorial de la Universidad Nacional de Costa Ria, del Dr Juan José Rojas y el autor del presente artículo, se destacaba cómo la aparición de la transnacional del narcotráfico, estaba cambiado las relaciones de poder en nuestra América y se proponían soluciones organizacionales de tipo sistémico. Aunque tarde todavía mantiene vigencia.

Racismo y la desigualdad social-cultural contra los pueblos indígenas en Costa Rica

En Costa Rica, un país conocido por su estabilidad política y su compromiso con los derechos humanos, persiste una realidad compleja: La desigualdad y el racismo que afectan a los pueblos indígenas.

A pesar de los avances en legislación y políticas públicas, la discriminación y la exclusión social siguen siendo problemas significativos.

El reconocimiento de los derechos indígenas, no impide que persistan problemas significativos que afectan a estas comunidades. Este análisis examina la situación actual, de acuerdo con información compartida por el Observatorio Para la Acción Contra el Racismo y perspectivas de la Defensa Pública del Poder Judicial para ofrecer una visión comprensiva sobre las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica.

La Constitución Política de Costa Rica reconoce la diversidad cultural del país y otorga derechos específicos a los pueblos indígenas. Sin embargo, la aplicación de estos derechos ha sido desigual. El artículo 76 de la Constitución garantiza la protección de las lenguas y culturas indígenas, y la Ley 7589 de 1996 establece la Ley Indígena, que busca proteger los derechos territoriales y culturales. No obstante, la implementación efectiva de estas leyes sigue siendo un desafío.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los pueblos indígenas es la protección de sus territorios ancestrales. A menudo, los derechos territoriales reconocidos en la ley no se reflejan en la realidad. Según la documentación, los conflictos por la tierra persisten debido a intereses económicos que desafían los derechos territoriales indígenas. A pesar de las leyes que reconocen estos derechos, los procesos judiciales relacionados con la tierra son frecuentemente largos y complicados, lo que puede resultar en la pérdida de territorio o en la explotación no regulada de recursos en áreas indígenas.

El acceso a la justicia para los pueblos indígenas es limitado debido a varios factores. El Poder Judicial, aunque ha hecho esfuerzos para mejorar la accesibilidad, enfrenta críticas por su falta de sensibilidad cultural y por la barrera del idioma. En las regiones indígenas, la presencia de traductores y abogados especializados en temas indígenas es escasa, lo que limita la capacidad de estas comunidades para defender sus derechos de manera efectiva. El Observatorio también señala que la falta de conocimiento y comprensión sobre las normas y prácticas culturales indígenas por parte del personal judicial puede llevar a decisiones que no toman en cuenta adecuadamente las realidades de estas comunidades.

El sesgo racial y la discriminación dentro del sistema judicial son problemas persistentes. Las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por prejuicios raciales, lo que afecta negativamente a los pueblos indígenas. La falta de representación adecuada en el sistema judicial también contribuye a una menor consideración de sus perspectivas y necesidades. Aunque hay esfuerzos para mejorar la formación y la sensibilización sobre estos temas, el cambio ha sido lento.

La brecha en el acceso y la calidad de la educación sigue siendo un problema significativo. Las escuelas en las regiones indígenas a menudo carecen de los recursos necesarios y el currículo no siempre refleja la cultura y las lenguas indígenas. Esto contribuye a una menor tasa de escolaridad y a mayores niveles de deserción escolar entre los jóvenes indígenas. El Observatorio destaca que la falta de materiales educativos adaptados y la insuficiente capacitación de los docentes en sensibilización cultural perpetúan estas desigualdades.

En términos de salud, los pueblos indígenas enfrentan desigualdades en el acceso a servicios de salud adecuados. Las infraestructuras sanitarias en sus territorios suelen estar menos desarrolladas, y el personal médico puede no estar capacitado para tratar problemas específicos de salud de estas comunidades o para comunicarse efectivamente en sus lenguas. Esto resulta en una mayor incidencia de problemas de salud no tratados y en peores resultados de salud en comparación con la población general.

Las oportunidades económicas para los pueblos indígenas son limitadas. Las políticas de desarrollo económico a menudo no consideran las necesidades y prioridades de estas comunidades, lo que contribuye a una alta tasa de pobreza y desempleo. La falta de acceso a recursos económicos y a oportunidades de empleo adecuadas limita el desarrollo económico sostenible en las regiones indígenas.

El OBCRA les invita a escuchar el programa «Conversando sobre el racismo», con la experiencia de la defensora pública Dra. Ligia Jiménez Zamora, Premio “Ulises Odio Santos”- 2023, para abodar el tema: Acceso a la justicia para las personas y los pueblos indígenas de Costa Rica.

Martes 27 de agosto, 8:00 a.m. Hora Costa Rica.
Por la radio 870AM UCR y las redes de OBCRA.

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