Ir al contenido principal

Etiqueta: recortes presupuestarios

Organizaciones rechazan recortes al presupuesto de Migración para financiar la construcción de mega-cárcel

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, 26 de agosto de 2025

Comunicado de prensa conjunto de organizaciones de sociedad civil y de atención a personas migrantes

“Rechazamos los recortes al presupuesto de Migración y Extranjería para financiar la construcción del CACCO”

Las organizaciones de sociedad civil -y de atención a migrantes- firmantes expresamos nuestro rotundo rechazo al Presupuesto Extraordinario 2025, en el cual se incluyen rebajas por ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) así como 8,7 millones rebajados al Tribunal Administrativo Migratorio, con el propósito de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

El proyecto implica:

  • ₡147,3 millones menos para Migración y Extranjería, en partidas esenciales como insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes.

  • Recortes a programas como el Tribunal Administrativo Migratorio y el Programa de Desarrollo de la Comunidad, ambos pilares para la regularización y la atención de poblaciones vulnerables.

El Gobierno justifica estas rebajas señalando que son “remanentes” o “ahorros” derivados de donaciones o diferencial cambiario. Sin embargo, en la práctica Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado. Los atrasos en emisión de documentos, la falta de personal y de infraestructura adecuada son problemas recurrentes que golpean tanto a las personas migrantes como a la institucionalidad nacional.

Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos. La decisión de recortar recursos a Migración y Extranjería -y no redirigirlos a las áreas que verdaderamente necesitan inversión y que se ven altamente afectadas en estos momentos- afecta directamente:

  • El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).

  • El derecho al trabajo y a la seguridad social, pues sin documentos la población migrante no puede acceder a empleo formal ni cotizar en la CCSS.

  • El derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la burocracia y los atrasos refuerzan la exclusión.

  • El derecho a la justicia y al debido proceso, debido a los recortes al Tribunal Administrativo Migratorio.

  • El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Estas decisiones políticas no deberían tomarse sin consultar a las poblaciones directamente afectadas. Exigimos que el Poder Ejecutivo y Legislativo convoquen a las organizaciones sociales y comunitarias que representan a la población migrante, antes de aplicar recortes que impactan su vida cotidiana, su dignidad y su futuro.

Mientras se reconoce la carencia de recursos en Migración, el Gobierno propone recortarle más. Esta situación es grave por varias razones:

  • Varias oficinas regionales de Migración dependen de donaciones de organismos internacionales (OIM, ACNUR, cooperación europea) para poder operar.

  • El rezago en trámites ya supera los 12 meses en algunas sedes, lo que mantiene a miles de personas en la irregularidad.

  • La falta de presupuesto convierte a la institución en dependiente de fondos externos, debilitando la soberanía institucional y la planificación a largo plazo.

Estos recortes podrían representar un entorpecimiento severo a las funciones de la DGME, especialmente a la Unidad de Refugio que tiene más de 224 mil expedientes sin resolución aun tomando en cuenta como dicha instancia se encuentra actualmente saturada y al borde del colapso, especialmente debido a su alta dependencia de fondos asociados a cooperación internacional, los cuales también se han visto reducidos en los últimos meses. De este modo, los recortes planteados en la propuesta de presupuesto extraordinario dificultarían la ya complicada gestión y labores de la Unidad de Refugio.

Lo anterior resulta preocupante especialmente al considerar que se ignora un hecho económico fundamental respecto a la población migrante y refugiada en el país:

  • Los migrantes representan el 10% de la población, y aportan hasta un 11% del PIB.

  • Su contribución a la CCSS, impuestos y consumo interno es vital para la sostenibilidad de programas sociales y económicos.

  • No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral, así como la exposición a vulneraciones a Derechos Humanos.

Nuestra posición

No se puede hablar de seguridad debilitando derechos. Una política migratoria robusta y financiada no solo protege a la población migrante, sino que beneficia al país en su conjunto con más ingresos fiscales, menos informalidad y mayor cohesión social.

Rechazamos categóricamente que se recorten recursos a Migración y Extranjería para financiar el CACCO.

Recomendamos a las autoridades que tomen conciencia de la necesidad de redistribución de fondos de cara a una redirección de recursos hacia instancias de migración tomando en cuenta el contexto adverso a nivel regional y la situación de rezago institucional a nivel interno en las instancias competentes en la materia.

Invitamos a los y las diputados(as) de la Comisión de Asuntos Hacendarios que votarán esta propuesta considerar posponer su voto si es necesario o en su defecto rechazar la propuesta. A su vez, en caso de seguir adelante con los recortes, rogamos consideren redirigir los recursos directamente a la Unidad de Refugio.

En atención a la urgencia de este comunicado, hemos dirigido una carta a las diputaciones miembros de la Comisión con el fin de solicitar una reunión con las organizaciones firmantes cuyo propósito será ampliar información sobre las realidades aquí expuestas.

Suscriben este comunicado,

  • Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU)

  • Asociación Alianza Vencer

  • Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)

  • Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR)

  • Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) – Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica

  • Fundación Popol Na

  • Instituto de la Memoria

  • IRCA Casa Abierta

  • Liga Feminista de Refugiadas Políticas

  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

Entre la espada y la pared… de una cárcel

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Se llama Rudolph, y se apellida Lücke, y es el nuevo ministro de Hacienda, por lo cual, ha de lidiar como novillero, con las chambonadas que le heredara el exministro Nogui Acosta, quien, al tener más de una decena de causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público, ahora anda en busca de una candidatura a diputación, que, de ser elegible, le cubra con la manta de la inmunidad-impunidad con que abusa el gobierno chavista.

Pese a ser un profesional serio, don Rudolph cometió el error, de aceptar la cartera de Hacienda, con los compromisos que, en un apresurado listado de tareas ocurrentes, le entregaron Acosta y el presidente Chaves.

Uno de ellos, es el capricho del ministro de Justicia, señor Gerald Campos, quien, bajo los lineamientos de Chaves, hasta viajó a la tierra del dictador salvadoreño, a que le dieran copia de unos planos de la mega cárcel, construida allí, en el país con menor índice de desarrollo económico del istmo centroamericano.

Pues resulta, que para esa improvisada cárcel bukeliana en suelo tico, proyecto misterioso y confidencial, del que se desconoce hasta el terreno supuestamente reservado para su construcción, a don Rudolph le dieron instrucciones de defender una irracional modificación presupuestaria, que no creemos que le tenga muy contento. Y ha de ser así, pues, entre otros, al descuidado Ministerio de Seguridad Pública, que, por incapacidad de su jerarca, ha contribuido a hundir a Costa Rica en PROFUNDA INSEGURIDAD, que está golpeando la paz de las familias costarricenses, su ministro propone bajarle sustancialmente el presupuesto.

Y lo hace, a pesar de que se vive con miedo, pues la violencia se refleja en un creciente e incontenible número de homicidios, nunca antes sufrida por nuestro pueblo, mientras su jerarca Mario Zamora, parece dispuesto a establecer un récord olímpico en criminalidad. Él, y por supuesto Rodrigo Chaves, le ordenan, irresponsablemente, a don Rudolph, recortar en Seguridad, más de ¢4.100 millones, cual, si no se necesitaran más policías, más patrullas, más armas, más uniformes, más chalecos antibalas, mejores condiciones en infraestructura, mejor alimentación, etc.

Recorte que sí preocupa al ministro de Turismo, pues siente, cotidianamente, que la actividad turística, principal fuente de empleo y divisas de Costa Rica, desciende peligrosamente, en, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Guanacaste, cuyos habitantes sufren al interior de sus hogares, el hambre hija de la pobreza por el desempleo, que no se mitiga con promesas demagógicas gubernamentales. Para esos sufridos compatriotas, ese recorte presupuestario es la peor noticia en el peor momento, mientras que, los narcotraficantes y demás delincuentes, que se han apoderado de nuestras otrora pacíficas comunidades, la reciben como la mejor colaboración gubernamental, para seguir cometiendo crímenes.

Don Rudoph, igualmente tiene que lidiar con disminuciones presupuestarias injustificadas, dentro de su mismo ministerio. Ante los impensados zarpazos a sus finanzas, “como quien no quiere la cosa”, dice estar de acuerdo en desechar de su presupuesto, ¢365 millones, que sabe, son esenciales para cubrir el déficit que le heredó su antecesor, que le impide, si quisiera, fortalecer lo que debería ser una lucha frontal contra la evasión de impuestos, que, como sabemos, ¡supera la deuda pública de Costa Rica!

Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes le recortan ¢1.745 millones, para esa versión tica de mega cárcel bukeliana, sin importar la urgencia que tiene el gobierno, por atender las necesidades de infraestructura vial, construcciones y reparaciones de puentes, los túneles falsos en la ruta 32, las deterioradas rutas cantonales y nacionales, más inspectores de tránsito, etcétera.

Como también, la Salud no parece ser prioritaria para la administración Chaves, ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, con déficit presupuestario crónico, le son arrebatados, sin importar, igualmente, lo que piense su ministra vicepresidenta, ni las autoridades contraloras responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Asimismo, cual, si no hubiere una crisis grave en ciernes en nuestro comercio internacional, se recortan ¢237,8 millones, al ministerio de Comercio Exterior, que ahora tendrá tareas extraordinarias que podrían ser fundamentales.

En fin, se le ha encargado al novel ministro de Hacienda, tomar la tijera y recortar unos ₡8.000 millones para financiar desde este mismo año, una cárcel de la que se desconoce su costo operativo, las características técnicas de la construcción y ni siquiera la finca donde se construiría, que obliga a los señores diputados a no desdeñar la responsabilidad de actuar razonablemente, en busca de los mejores acuerdos para la Patria.

Y, ¡atención a esto!, lo quieren hacer, en momentos de verdadera emergencia nacional, por el error con los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda, procedentes de FODESAF, que obliga a ajustar ₡24.000 millones que han de salir de otros rubros presupuestarios, a ejecutarse en este año 2025. Para enmendarlo, se plantean cambios que también golpean la atención social, pues, nada menos, en la Caja los recursos del Régimen No Contributivo, se encuentra el riesgo de atrasos o interrupciones en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios, y hasta el pago del aguinaldo, lo que asimismo, agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, golpeando a los ancianos en situación de pobreza o pobreza extrema, que los requieren para sobrevivir. Y ni hablemos del Instituto Mixto de Ayuda Social, responsable de la atención integral de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, limitando la acción sobre áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025, por lo que estos hogares quedarían desprotegidos, aumentando así su pobreza, y la desigualdad y la exclusión social.

¿Seguirán imperando las acciones destructivas que caracterizan a la administración chavista?

La resistencia comunal no duerme: ¡Por una educación digna que defienda el presente y futuro de nuestros hijos e hijas!

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Carolina Zúñiga, ANEP.

Carolina Zúñiga Castro

En el ámbito de la educación de nuestra niñez y juventud, enfrentamos un sistema profundamente desafiante. Se ha trazado una ruta de la Educación imaginaria, marcada por recortes presupuestarios que culminan en una alfabetización escasa, casi nula. Esto no es accidental; es una estrategia que busca erosionar la capacidad crítica de las futuras generaciones.

¡Auxilio! ¿Qué sucede en el Circuito 01 de Desamparados, del MEP?

Hoy, el Circuito 01 de Desamparados se encuentra en un caos total. Los recortes presupuestarios, las Juntas de Educación que no logran resistir un sistema desgastante, las familias agotadas por los maltratos institucionales y una infraestructura en constante deterioro son la cruda realidad. La indiferencia de las autoridades ante esta situación es alarmante y se traduce en aulas superpobladas y migración a escuelas fuera de su comunidad, falta de materiales didácticos y un personal docente desmotivado y sobrecargado. Un ambiente laboral hostil que enferma al cuerpo docente.

El principio establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, que reza: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, no se cumple. Cientos de familias desamparadeñas vivimos en un estado de alerta constante por la educación de nuestros hijos e hijas. Nos preguntamos: ¿Están en buenas manos? La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. La calidad educativa se deteriora a pasos agigantados, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes.

Asistimos a un debilitamiento del pensamiento y del razonamiento. ¿Qué se busca? Una población adormecida, ¡claro! Es mucho más fácil dominar a las masas desde la ignorancia. No hay otra interpretación posible ante la crisis sistémica que estamos experimentando. Se fomenta la memorización por encima del análisis crítico, limitando la capacidad de nuestros estudiantes para cuestionar y proponer soluciones.

Condenamos la violencia institucional que transgrede los Derechos Humanos y que obstaculiza el acceso a políticas públicas, especialmente para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta violencia se manifiesta en la negación de oportunidades, la falta de apoyo a estudiantes con necesidades especiales y la precarización de las condiciones laborales de quienes luchan por una educación digna.

La lucha comunal vive y no está dormida, ni sumisa. Desde las bases, “los de abajo” nos levantamos para exigir el respeto a nuestros derechos y la garantía de una educación pública de calidad. No callaremos ante la injusticia y seguiremos alzando la voz hasta que se reconozca que la educación es la base de una sociedad justa y equitativa. La resistencia es nuestra arma más poderosa y la usaremos para construir un futuro mejor para todos.

La mujer nacida con voz de lira y alma demoledora

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q*

Una voz ronca y masculina preguntó a los estudiantes en huelga, ¿quién se anima a subir hasta allá arriba, en lo alto del edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM), para colocar esta bandera contra los recortes presupuestarios y la privatización de la educación universitaria en México? Silencio sepulcral; hasta que una muchacha delgadita, modales delicados, vocecilla sonatina y 24 años cumplidos, asombró a todos sus colegas, cuando les dijo: “yo subo, nuestra causa es justa “y empezó a escalar, a escalar, y desde entonces, ni genuflexos ni bocas chanclas del régimen, pudieron detenerla.

Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo, quizá hoy la mujer más empoderada del mundo, porque asumirá este 1 de octubre, el destino de más de 126 millones de mexicanos, la mayoría de ellos humillados y sin otra opción que no fueran cuatro décadas de inhumanos gobiernos que, hasta 2018, regalaron el país norteamericano a base de préstamos multimillonarios y prebendas de toda clase. Seguramente será la mujer más poderosa durante el próximo sexenio, porque su presidencia no es fruto de lobbies entre fabricantes de armas o de la industria farmacéutica, sino es por “decisión de mi pueblo”, aclaró recientemente a un grupo de periodistas.

Por cierto, corría 1987, y el presidente, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), junto a su partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN), inician la mayor estafa a los mexicanos, vendiéndoles las empresas estatales, dando en concesión a mineras la mitad del territorio de México, entregaron los bloques petroleros a conocidas transaccionales, mientras otros conglomerados hacían suyos la electricidad, el negocio de las telecomunicaciones, los seguros, la venta y distribución de medicinas, convertían en cascarones vacíos el seguro social, las soluciones habitacionales son ahora negocios florecientes, la protección de los menores letra muerta, se echaban en el bolsillos el dinero de las pensiones de los viejitos, etc.

“En esa época (37 años atrás) era muy aventada”, recordaba Claudia Sheinbaum Pardo, cuando un domingo de estos, durante una gira por los pueblos del sur de su país, con su máximo mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un periodista trajo a la mente de la primer mujer presidenta de México aquel osado acto de subir la hasta el edificio de la rectoría de la UNAM para colocar la bandera de los huelguistas.

No eran jóvenes revoltosos, opuestos a los cambios, como consignaban todos los principales medios de comunicación, controlados por siempre por una élite mexicana racista, autoritarista y mentirosa, según la cual, el pueblo era “tonto” y, por eso, precisamente, requería de gente “ilustrada” y “preparada” para que lo gobernaran, pobre además, por su “vagancia” y “amistad” empedernida con el tequila.

¡No! Comenzaba de desmoronarse un régimen oprobioso, donde las “puertas giratorias” daban honorabilidad, el despotismo estaba institucionalizado y el saqueo de los recursos financieros, entregados por la gente más humilde a los distintos gobiernos, hicieron multimillonarias a las familias dedicadas a la politiquería. Ello, hasta 2018, cuando por escasos votos, llega a la presidencia AMLO; no sin antes sufrir un intento de desafuero para tratar de sacarlo de la política, así como las burlas ampliamente promovidas por el PRI y el PAN por pretender ser gobernante de la república, repartiendo hojas sueltas en el Metro de la capital mexicana, las terminales autobuseras y visitar casa por casa a lo largo y ancho de todo su país.

La electa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Todo con el pueblo, nada sin el pueblo” (F. Tomada de Facebook).

b-. Fin del gobierno de togas y birretes. Sheinbaum Pardo, electa por la coalición de partidos de izquierda y el “verde”, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llega a la presidencia de la república con un capital electoral de 36 millones de sufragantes a su favor, desafió de entrada a quienes defendieron la educación como privilegio, anunció la traída del extranjero, sí es el caso, de especialistas y médicos para instituir la atención médica familiar, abogó para que no haya un solo joven sin su beca de estudio, dijo que todos los abuelitos y abuelitas tendrán su pensión digna, prometió que su administración aprobará la jornada laboral de 40 horas, casa de habitación para los menos favorecidos, considerando el alquiler como abono a la compra de morada, entre otros.

No tenemos necesidad de endeudarnos sí el gobierno sigue siendo austero, no permitimos más los lujos y seguimos devolviendo al pueblo lo robado, sentenció.

Además, con la promesa hecha este fin de semana, de incorporar a la democracia participativa a los pueblos originarios y campesinado del sur de su país para que se beneficien de las actividades que traerá el llamado Tren Maya, Sheinbaum Pardo pareciera decidida no solo a cuidar el patrimonio electoral dejado por AMLO, se va con un 70% de apoyo popular, sino convertir el tren interoceánico y el Maya, en las máximas obras de la ingeniería en los últimos 50 años.

Los primeros 473 kilómetros del llamado tren Maya quedaron inaugurados el pasado 15 de diciembre por AMLO, luego de vencer las tácticas politiqueras del PRI y el PAN, así como los bloqueos constitucionales y legalistas dentro de la conservadora Corte del poder judicial, fiel a los viejos partidos, hasta sus últimos estertores.

Este ferrocarril recorrerá 1500 kilómetros, entre pueblos olvidados durante más de 100 años, sorteando montañas y exhibiendo la cultura de las civilizaciones ancestrales de México; todo ha estado a cargo de obreros y profesionales del país, dijo en aquella ocasión. Agregó que habían presupuestado para toda esta obra 28.500 millones de dólares, gracias a que hemos combatido la corrupción.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo, ahora convertida en doctora en Física y su emblemático pelo largo arremangado por una cola, está obligada primero, a resolver una rebelión en la cúpula judicial, porque sus privilegios están en entredicho en una reforma judicial que ya es ley; luego corresponderá a su administración conocer sobre la elección secreta, directa y popular de ministros, magistrados y jueces de poder judicial, entre todos los profesionales en derecho que quieran participar y tengan cinco años de desempeñarse en la profesión, entre otros requisitos.

Es menester recordar que AMLO, en febrero de este año, propuso una serie de reformas llamado “ Plan B”, en búsqueda de transformar los reumáticos institutos de la transparencia, terminar con la vieja práctica de archivar expedientes a personajes influyentes, hacer que los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces estén obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía por su efectividad en sus trabajos, hacer realidad el principio de justicia expedita para todos los mexicanos, entre otros.

El Plan B se trata, dijo el entonces diputado oficialista, Gerardo Fernández Noroña, de devolver a la gente la confianza en el poder judicial, acabar con privilegios en las altas esferas, pues no es posible que sí la Constitución ordena que ningún funcionario estatal ganará salarios arriba del que disfruta el presidente, haya magistrados violando la Carta Fundamental. Devengan dos y tres veces más que el ingreso del mandatario; queremos acabar con el nepotismo, con la sangre azul para ser magistrados y el linaje de juez en el poder judicial, añadió.

AMLO se despidió el pasado 15 de septiembre con el Zócalo a reventar y a gritos “no te vayas presidente” (F. Tomada de el periódico El Universal).

En ocasión de la discusión de este plan, trascendió que los altos jueces tenían un reconocimiento económico por usar la toga y el birrete, camionetas con choferes incluidos, combustible todo el que desearan, seguro social privado, casa de habitación con servicio doméstico y jardineros dentro del paquete, viajes al exterior, quince fideicomisos por casi mil millones de dólares, pensiones de lujo etc., todo pagado por el “soberano”.

Por datos revelados por el periódico El Economista, en su versión digital el miércoles 06 de Septiembre de 2023, se conoció que doce de estos fideicomisos controlaban 21 mil millones de pesos (19 pesos por divisa estadounidense), sin que formaran parte del presupuesto oficial asignado al poder judicial y seis de ellos destinados a “programas” que solo conocían las altas autoridades.

Como estos cambios constitucionales se rechazaron en las dos cámaras legislativas, donde los partidos tradicionales eran mayoría, AMLO presentó un llamado Plan C, para que los votantes en las elecciones del pasado 2 de junio y en ejercicio de la soberanía de todos los poderes en la democracia república, dijeran mediante el sufragio sí querían la limpieza en el poder judicial o se archivaban las reformas contempladas en el Plan B.

La respuesta fue aplastante. Alcanzó la mayoría en ambas cámaras, barrió con los viejos feudos del PRI y el PAN, ambos heridos profundamente quién sabe por cuántos meses más, quizá por años, ganó la mayoría de las gobernaciones en todo el país, Estados nunca imaginados fueron de MORENA. Hasta el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989 por una serie de personalidades entre quienes estuvo AMLO, salió rascando. Alguna vez esta organización partidaria pasó entre los votantes como de” izquierda”, pero el soberano lo enterró. Cobraron a este instituto político que, durante 37 años, se hizo pasar como de “izquierda”, de los dientes hacia afuera; mientras desde adentro carecía de acción junto a los obreros, campesinado, amas de casa, estudiantes etc., facilitando su manera sui generis de ver su Revolución”, el camino inhumano de 42 años de neoliberalismo.

“No hay nada que negociar; con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo Sheinbaum Pardo a un arlequín enviado por la presidenta de la Corte, Norma Piña, tras aprobarse la madrugada del pasado jueves 12 de setiembre las reformas judiciales, con la misma vocecilla sonatina y tremenda alma demoledora. Sí, es aquella mujer que desafió a quienes titubearon para dar el paso adelante en plena huelga.

Por cierto, estos inerves, como fueron llamados estos huelguistas por algunos acomodados por el régimen, ganaron aquella batalla y siguen dando guerra.

Periodista, abogado y notario por la UCR.

Reseña: «Recortes y Presupuesto 2025» en Desde la Otra Acera

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el episodio 2 de la sexta temporada de Desde la Otra Acera, el diputado Jonathan Acuña Soto ofrece una detallada reflexión sobre los recortes propuestos para el presupuesto 2025. Estos recortes afectan principalmente a sectores clave como la educación e infraestructura, lo que genera gran preocupación sobre las implicaciones para el futuro de Costa Rica.

Uno de los puntos más alarmantes es la reducción de más de 200,000 millones de colones en el presupuesto, lo que equivale a un recorte del 2%. Acuña recalca que la educación es uno de los sectores más perjudicados, con una disminución de 18,000 millones de colones en su inversión, lo cual impactará la infraestructura escolar y limitará los recursos para los estudiantes. Esta situación es especialmente preocupante dado que nunca se ha cumplido con el mandato constitucional del 8% del PIB destinado a la educación.

Además, se menciona el impacto de la regla fiscal, que desde 2018 ha restringido el crecimiento del presupuesto, permitiendo solo un aumento del 0.4%, lejos del 3.75% que la ley permite. Esta regla ha afectado no solo a la educación, sino también a la infraestructura vial, que verá recortada su inversión en un 25%. Acuña advierte que estas reducciones podrían deteriorar las carreteras del país, afectando negativamente la movilidad y el desarrollo económico.

Otro aspecto relevante discutido en el programa es la falta de consenso entre el gobierno y las universidades en relación al Fondo Especial para la Educación Superior (FES). Acuña señala que esta falta de acuerdo representa una evasión de responsabilidades por parte del ejecutivo, lo que profundiza aún más la crisis educativa.

El diputado también cuestiona la entrada de Costa Rica a la Corporación Andina de Fomento (CAF), ya que implica una inversión de 32,000 millones de colones. Acuña sugiere que estos recursos serían más beneficiosos si se destinaran a la educación, que enfrenta una crisis urgente de financiación.

El episodio subraya la importancia de replantear las prioridades financieras del país para asegurar un futuro sostenible, especialmente en el ámbito educativo. Acuña concluye haciendo un llamado al gobierno a priorizar la inversión social sobre otros intereses, asegurando que la educación y la infraestructura son pilares fundamentales para el desarrollo de Costa Rica.

Te invitamos a ver el episodio completo a través de los siguientes enlaces:

UNDECA convoca a la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ha lanzado un llamado urgente a todos los costarricenses a participar en la Gran Marcha Nacional bajo el lema «Somos Gente de Salud», en defensa y apoyo a la educación pública. Esta manifestación, programada para el miércoles 28 de agosto de 2024, a las 9:00 AM, partirá del Parque de la Merced y culminará en la Plaza de la Democracia, con la intención de alzar la voz contra las políticas neoliberales que están afectando gravemente los pilares fundamentales del país: la salud y la educación pública.

Contexto de la Marcha

Costa Rica se encuentra en un momento crítico en el que las políticas gubernamentales han puesto en peligro el bienestar de la población y la estabilidad de instituciones esenciales. Entre los problemas más destacados se encuentra una deuda de 4 billones de colones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que ha generado una crisis en la prestación de servicios de salud. Además, se han realizado recortes millonarios a programas sociales y a la educación pública, afectando de manera directa a la población más vulnerable.

Estas medidas han sido calificadas como una agresión directa al modelo de bienestar social que ha caracterizado a Costa Rica, y que ha permitido a la nación destacarse por su acceso universal a la salud y la educación. La educación pública, en particular, es vista como un pilar crucial para el desarrollo y la equidad en el país. Sin embargo, las decisiones recientes de recortar presupuestos y desviar fondos han puesto en riesgo la calidad y la accesibilidad de este servicio esencial.

Llamado a la Acción

UNDECA, junto con diversas organizaciones sindicales y trabajadores de la CCSS, hacen un llamado urgente a la unidad y movilización masiva de la población. La marcha busca no solo visibilizar el descontento y la preocupación ante las políticas actuales, sino también ejercer presión para que el gobierno tome medidas concretas en defensa de la educación y la salud pública. Se subraya la importancia de estos sectores como pilares fundamentales de la sociedad costarricense, necesarios para garantizar un futuro justo y equitativo para todos.

El lema «¡Ya Basta!» refleja el cansancio y la indignación acumulada por años de recortes y decisiones que han debilitado el estado de bienestar. Los organizadores enfatizan que es el momento de alzar la voz y exigir un cambio en la dirección del país, priorizando la inversión en educación y salud como motores del desarrollo y bienestar nacional.

Detalles de la manifestación

  • Fecha: miércoles, 28 de agosto de 2024
  • Hora: 9:00 AM
  • Lugar de inicio: Parque de la Merced
  • Destino: Plaza de la Democracia

Se invita a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos y personas comprometidas con la defensa de la educación y la salud pública a unirse a esta marcha, en un acto de solidaridad y resistencia ante las políticas que ponen en riesgo el bienestar de los costarricenses.

Pobreza, vulnerabilidad y recortes presupuestarios a los programas sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Sin categoría.

Jorge Herrera.

Jorge Herrera Fernández
Junio 2024

Las publicaciones de la Encuesta de Hogares del INEC y el Informe del Estado de la Nación cada año dan cuenta de resultados desalentadores sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Aunque abundan los análisis, estudios y discusiones, en ellos permanece ausente cualquier referencia a la práctica continuada de sacrificar los presupuestos de programas sociales para mantener equilibrios fiscales.

En este contexto, merece consideración y análisis lo que en realidad ha sucedido con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), programa que -se supone- debe recaudar y administrar cientos de miles de millones de colones, para distribuirlos en diversos beneficios sociales. Todo de conformidad con los mandatos de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No. 5662.

La deuda del Estado. Entre 1999 y 2008 el Ministerio de Hacienda recortó los presupuestos de FODESAF, llegando a acumular una deuda de ¢786 mil millones con ese Fondo. Para diciembre 2009, bajo el argumento de que esa obligación correspondía a “períodos presupuestarios liquidados”, Hacienda eliminó los registros de la deuda que se mantenía en Contabilidad Nacional (1). Sin embargo, el asunto iba más allá, esos ajustes contables no solo daban por eliminada la deuda, sino que, con su contrapartida de “ingresos”, generaban un superávit que permitió cubrir el déficit del Gobierno Central y sumar alrededor de ¢40 mil millones en el Estado del Patrimonio Nacional (2). En 2010 la Contraloría, bajo el criterio de que la ley ordinaria prevalece sobre la ley de presupuesto, estableció que esos movimientos contables eran legalmente improcedentes y emitió disposiciones para reversar las operaciones y retornar la deuda a sus anteriores condiciones. Así, el Estado continuó debiendo a FODESAF y, agregando nuevos recortes de presupuesto de 2011 y 2012, la deuda estatal con el Fondo y sus programas sociales llegó a ¢960 mil millones y así se mantiene desde 2012 en los balances de ese Fondo y se registra en Contabilidad Nacional. Conviene observar que la obligación en colones constantes tiene un valor de aproximadamente ¢1,6 billones.

En resumen, en el período señalado, FODESAF no recibió los recursos que por ley le correspondían sino las sumas que decidió el Ministerio de Hacienda. Es necesario destacar que en esos recortes presupuestarios no solo mediaron incumplimientos legales sino también desacatos a sentencias de la Sala Constitucional. Una situación de particular importancia por su impacto social es que esa deuda de ¢965 mil millones comprende ¢200 mil millones cuyo destino legal era financiar pensiones del Régimen No Contributivo para adultos mayores en condición de pobreza. Recientemente la Caja, como administradora de ese régimen y por su cuenta, ha procedido a entablar el reclamo judicial contra el Estado.

Dinero de FODESAF para reducir deuda pública. En 2011 y 2012 recursos por ¢7 mil millones del presupuesto del IMAS que se mantenían en Caja Única del Estado fueron utilizados para “invertir” en títulos de deuda pública con tasa 0%; bajo el acuerdo previo de que la inversión luego sería “condonada” para reducir la deuda pública. Es decir, una “pseudo transacción financiera” que en realidad no tenía otro propósito que entregar el dinero al Ministerio de Hacienda. Tanto las autoridades del IMAS como de Hacienda ignoraron que se trataba de recursos provenientes de FODESAF y que como tales estaban sujetos a la Ley 5662 de ese Fondo, en particular a lo dispuesto por el artículo 18 que prohíbe usar sus dineros en finalidades no autorizadas en esa ley y el artículo 27 que ordena a las entidades ejecutoras reintegrar los excedentes para incorporarlos al presupuesto del siguiente período. En el año 2015 la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento administrativo contra el presidente ejecutivo del IMAS, la Gerente General y miembros del Consejo Directivo de esa entidad, un viceministro de Hacienda y el Tesorero Nacional (3). Conviene agregar que buena parte de los fondos desviados correspondían a becas del Programa Avancemos y que en esos momentos la Contraloría cuestionaba al IMAS que los montos de las becas no habían sido actualizados en cuatro años; es decir, las autoridades no desconocían que su actuar implicaba la afectación de beneficios sociales.

Es necesario mencionar que institucional y socialmente se ha tenido a FODESAF como una fuente de recursos para cubrir necesidades de diversa naturaleza, sin reparar en que la ley dispone que son beneficiarias del Fondo las personas “que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la “mesa de diálogo de IVM” convocada por la Caja en la cual, representantes del Estado, patronos y sindicatos acordaron recomendar reformas legales para que, sin más, se tomaran anualmente ¢60 mil millones de FODESAF para paliar los desajustes del sistema de pensiones IVM. Situaciones similares se han observado en iniciativas para eliminar el 5% del aporte patronal y un proyecto de ley para que, en caso de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo pueda reasignar los presupuestos de FODESAF.

También es buen ejemplo la Ley de la Red de Cuido Infantil No. 9220 la cual dispone que FODESAF debe girar dineros a las municipalidades para la operación de centros de esa Red. Sin embargo, sus normas van más allá y expresan que “Estos recursos, para los efectos de presupuestación y fiscalización de la Hacienda Pública, se considerarán ingresos propios de cada gobierno local.” En otras palabras, cada gobierno local usará los recursos a su discreción sin ninguna obligación de reintegrar los excedentes a FODESAF para ser redistribuidos como lo ordena la ley 5662.

Recorte presupuestario 2024 Un caso de actualidad a considerar es el que tramita la Sala Constitucional ante un recurso de amparo del diputado Antonio José Ortega Gutiérrez y otros (Expediente No. 24-007089-0007-CO). Según la gestión de los recurrentes, el ministerio de Hacienda ha presupuestado para FODESAF ¢62 mil millones menos del monto al que la ley le obliga. En este contexto vale destacar que en el año 2005, hace diecinueve años, la Sala resolvió una situación similar en los siguientes términos:

“Por lo anterior, la presente acción de inconstitucionalidad deberá ser declarada con lugar, de manera que para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley 6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.” (4)

Criterio de la Procuraduría General de la República. El dictamen PGR-C-150-2022 del 20 de julio 2022 refiere la excepción de los recursos de FODESAF respecto a la “regla fiscal”, de manera que la situación de las finanzas públicas no constituye una autorización irrestricta para Hacienda en la asignación de presupuesto a los programas sociales.

“Por consiguiente, las instituciones destinatarias de las transferencias del FODESAF, aun estando ellas mismas sujetas en sus propios presupuestos a las regulaciones del Título IV de la Ley n.°9635, en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables, quedan eximidas de observar esas disposiciones, incluida la regla fiscal”.

En resumen, puede decirse que la administración tributaria ha venido disponiendo de “contribuciones sociales” cuya gestión y destinos están específicamente regulados por una ley ordinaria de corte social. Si hoy el ministro de Hacienda trata de justificar la reducción en la transferencia a FODESAF en una crisis de las finanzas públicas, vale la pena considerar la frase de Joseph Stiglitz:

“Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”

CONCLUSION

Los niveles de pobreza y desigualdad no son ajenos a decisiones y acciones de los poderes del Estado que han incumplido las disposiciones de la legislación social. Los resultados obtenidos son reflejo de prácticas que, a lo largo de los años, han colocado el “gasto social” en los primeros lugares de las agendas de recortes presupuestarios.

A los resultados de una “política social” bajo la rectoría de Hacienda, conviene sumar las dificultades que afrontarán los sectores pobres y vulnerables en el contexto de una crisis que permanece. El desempleo, el deterioro de la situación fiscal, los sistemas de salud y pensiones ya colapsados pasarán una costosa factura. Ni qué decir de los efectos de un cambio demográfico que, a pesar de haberse advertido hace más de diez años, aún espera por las medidas y previsiones pertinentes.

Notas:

  1. Contraloría General de la República, Informe DFOE-SAF-IF-04-2010
  2. Ministerio de Hacienda, Estado de Cambios en Patrimonio Neto 2009
  3. Contraloría General de la República, Resolución 13879-2016 (DJ-1770)
  4. Sala Constitucional, sentencia No. 2005-17612 del 21 de diciembre 2005.

Ir a Informe especial / La pobreza de la política de combate a la pobreza.

Recortes suicidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

El recorte de los recursos para programas sociales ejecutado por la Administración Chaves Robles, adornado con la cansona justificación de que no alcanza la plata, no es más que la continuidad de una política entronizada en los jerarcas y mandos medios del Ministerio de Hacienda por décadas. Han elegido ésta como su ruta predilecta para cumplir, e incluso superar, las metas fiscales; muy a pesar de la sobrevivencia de los que menos tienen, y negando la posibilidad de progreso social a las generaciones jóvenes y vulnerables, veamos los números.

Según reportes del propio Ministerio de Hacienda:

“A marzo (de 2024) se registró un balance primario positivo, comportamiento que se ha mantenido durante los dos años de esta Administración. Los ingresos y el gasto primario se ubicaron en 4,0% y 3,2% del PIB, respectivamente, lo que generó un superávit primario de 0,7% del PIB. Este balance primario superó en ¢121.854 millones (0,2% del PIB 2024) la meta indicativa acordada con el FMI (mínimo de ¢230.000 millones). Alcanzó ¢351.854 millones, lo que le convierte en el tercero más alto de los últimos 19 años en millones de colones.” (resaltado nuestro) (ver CP 43 del 14/05/2024)

Sin embargo, tan sólo unas semanas antes, el 22 de abril el mismo Ministerio de Hacienda le decía a la Sala IV que no tiene los ₡62.131 millones que le recortó al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF, el patrimonio que conforma la principal fuente de financiamiento de los programas sociales del país). Pues si a mayo de este 2024 ya se ha identificado que hay recursos para cumplir con los compromisos, el ministro de Hacienda bien podría rectificar ante la Sala IV, y más importante aún ante las personas que están urgidas de estos recursos.

En otros términos, Hacienda se niega a trasladar ₡62 mil millones al FODESAF durante 2024, a sabiendas que le queda un superávit libre de todo compromiso de ₡122 mil millones. Sea por cinismo o ignorancia, a pesar de que este superávit primario no comprometido que bien podríamos llamar “sobrante” es cercano al doble de los recursos adeudados al FODESAF, el ministro a.i. de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, se atreve a decirle a la Sala IV ¿O acaso mentirle? Manifestando que:

“Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando para ir saliendo de la grave crisis fiscal que ha venido padeciendo nuestro país desde hace ya bastantes años, y que fue producto de manejos irresponsables o inadecuados, nos hemos encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” MH-DM-OF-0512-2024

Llamamos “sobrante” al monto que supera el superávit fiscal primario, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a los recursos del préstamo de servicio ampliado de financiamiento (SAF). Cabe recordar, que tanto la Administración Alvarado-Quesada en 2022, como la Chaves-Robles en 2023, acordaron un nivel de superávit fiscal primario (el que no toma en cuenta la carga financiera), con el FMI, cuyo monto al final fue superado, pero incumplieron la obligación legal de transferir los recursos del Presupuesto Nacional al FODESAF y otros programas sociales.

Para 2022 las cifras son más cínicas, Hacienda afirmó que “cumplió con la meta pactada con el FMI, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡640.392 millones de la meta evaluativa acordada” (resaltado nuestro) (CP 10 / 7 de febrero 2023), el sobrante es casi 15 veces superior a lo no trasladado al FODESAF ₡44.000 millones.

Mientras que en 2023, Hacienda comunicó que “cumplió con holgura la meta de superávit primario pactada con el FMI al cierre del 2023, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡120.712 millones de lo acordado” (resaltado nuestro) (CP 09/ 14 de febrero, 2024). Ese mismo año, al FODESAF se le dejaron de transferir ₡49.000 millones, menos de la mitad del sobrante.

Es probable que estos recursos tuvieran un uso alterno loable, la aceleración en la amortización de la deuda pública, a una velocidad superior a la necesaria y validada con el FMI, lo cual parece ser el objetivo único y supremo de las autoridades hacendarias. Con ello olvidan el sacrificio humano que representa recortar el presupuesto de comedores escolares; acceso a salud; pensiones no contributivas para adultos mayores en pobreza; cuido a menores, a personas con dependencia y adultos mayores en pobreza; becas educativas; entre otros. De igual forma, esta tendencia está hipotecando el futuro de las nuevas generaciones del país, el desplome de un 40% fondos para becas en lo que va de la presente década, generó que más de 140 mil estudiantes perdieran el apoyo en tres años, y coincidió con una reducción del 5,7% en la matrícula de primaria y secundaria entre 2021 y 2024.

Como decía, la práctica del Ministerio de Hacienda de no trasladar, e incluso quitarle, recursos propios a los programas sociales no es nueva, sólo va cambiando de jerarca y justificación, a pesar de las leyes y los fallos de la Sala IV. Es por ello por lo que la deuda estatal con los programas sociales no para de crecer, Hacienda le adeuda al FODESAF más de 1.7 miles de millones de colones, y a la Caja Costarricense del Seguro Social poco menos que cuatro billones de colones.

Y como si esto no fuese suficiente, las normas de ejecución presupuestaria impuestas por la Asamblea Legislativa de 2018 a 2022, en conjunto con la entrada en vigor de la Ley 9524 (Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central), hicieron que recursos superavitarios del FODESAF pasaran a las arcas del Gobierno Central. Con lo que Hacienda puede recuperar y apropiarse de recursos que ya le había trasladado al FODESAF, tanto impuestos como la contribución del 5% sobre las planillas.

Cabe recordar, que los recursos superavitarios del FODESAF generalmente se represupuestaban para aumentar la cobertura y monto de los beneficios, como se realizó en 2019 cuando se amplió la cobertura y monto de las pensiones no contributivas y otros programas sociales. La realidad actual es que los montos de algunos beneficios sociales se han reducido, y las coberturas de programas sociales clave también. Es por ello por lo que la inversión social ha tocado fondo en 2024, representando sólo 9,7% del PIB, luego de haber subido al 12% en 2020.

Una pregunta relevante es si los montos adeudados a los programas sociales harían alguna diferencia significativa, la respuesta es un rotundo sí. Investigaciones recientes (Cantú et al., 2024) señalan que sería posible reducir la pobreza extrema al 2,5% (desde el 6,4% actual), lo que representa aliviar el hambre de decenas de miles de costarricenses que hoy no logran adquirir ni siquiera los bienes de la canasta básica alimentaria.

La gran promesa de las autoridades hacendarias es que una vez que “las finanzas públicas estén sanas”, trasladarán los recursos que por ley les compete a los programas sociales, sin embargo, varias razones hacen dudar de ello. Primero, por el lado de los ingresos fiscales se viene registrando una caída en los niveles de recaudación, la carga tributaria tocó techo en 2022 y no hay propuestas para cerrar portillos a la evasión, elusión, o de creación de nuevos impuestos. Segundo, relacionado con lo anterior, la última medición de las exoneraciones y la elusión (gasto tributario), señalan que está aumentando, luego de haber experimentado fuertes reducciones producto de la reforma fiscal de 2018. Tercero, por el lado del gasto, el Ministerio de Hacienda proyecta reducirlo en los próximos años de manera que pase a representar dos puntos porcentuales menos con respecto al Producto Interno Bruto (de 18% a 16%).

A falta de movimientos sociales, parece que sólo la presión de la Asamblea Legislativa podría hacer que Hacienda cambie su postura, ahora, adicionalmente la Procuraduría General de la República ha respaldado el criterio de los diputados en torno a la obligación de trasladar todos los recursos al FODESAF.

El Estado costarricense tiene una gran deuda en materia social, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica al país entre los que menos recursos dedica a inversión social, ver Figura 1. Por su parte, tanto el Banco Mundial como el FMI, han reconocido los esfuerzos del país por reducir filtraciones, exclusiones, costos y aumento de eficiencia de los programas sociales, con herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), articular programas y reducir su dispersión.

A lo anterior, es posible agregar una multiplicidad de evaluaciones de entes como FLACSO, PNUD y UCR, que han destacado que los programas sociales costarricenses cumplen con sus objetivos, y contribuyen a que las personas salgan de la pobreza logrando su independencia económica.

El ministro de Hacienda y el presidente de la República justifican los recortes usando la figura del padre que pide un sacrificio a su familia para amortizar sus deudas, lo que no dicen es que está amortizando más rápido de lo que el banco exige, y que el sacrificio que pide a la familia consiste en comer menos de lo necesario y sacar a los niños de la escuela, condenándolos a la desnutrición y el analfabetismo. El anteponer resultados macroeconómicos ambiciosos, llevando el ajuste fiscal más allá de lo recomendado por organismos como el FMI, es un sinsentido económico cuando la moneda de pago es el aumento en la cantidad de excluidos de las oportunidades para una mejor calidad de vida, y la condena de los niños y jóvenes a un círculo de pobreza, desesperanza y violencia que sólo crece y crece. Las decisiones que ha realizado y plantear realizar la Administración Chaves Robles son, en definitiva, recortes suicidas.

  • Exdirector de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, exdirector a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Ir a Informe especial / La pobreza de la política de combate a la pobreza

Informe especial / La pobreza de la política de combate a la pobreza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Semanas atrás, el ministerio de Hacienda reconoció públicamente que en 2024 ha recortado ¢62.000 millones adicionales para atender a la población en situación de pobreza. Con este nuevo recorte el monto destinado incluso incumple ampliamente la ley de FODESAF.

Tan grave como el recorte mismo son los argumentos en que se basa el ministro de Hacienda para realizarlos, así como la obtusa visión ideológica detrás de estos.

Para abordar críticamente este sensible tema, SURCOS ha invitado a dos reconocidos especialistas, los señores Jorge Herrera Fernández y Greivin Hernández González, ambos con profundos conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia.

Estamos seguros de que sus reflexiones y análisis representan un valioso aporte a un problema país de enorme importancia y actualidad.

Le invitamos a seguir el enlace en el nombre de cada autor.

Greivin Hernández González

Jorge Herrera Fernández

Imagen: UNA.

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes – sobre recortes presupuestarios para el sector

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José, Costa Rica; 17 de enero de 2024.

Las instancias y personas que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica, externamos nuestra preocupación debido a que una vez más el actual gobierno y la Junta Directiva del PANI han aprobado recortes presupuestarios que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Costa Rica. Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia. Nuestro llamado a la institucionalidad costarricense es a garantizar el contenido presupuestario que permita continuar con la dirección y las decisiones que promuevan la desinstitucionalización y prioricen la atención de estas personas menores de edad en contextos familiares.

Recortes en inversión en niñez y adolescencia continúan en 2024, pronosticando resultados desastrosos

Toda persona que sea madre, padre o cuidadora de personas menores de edad sabe que su atención integral tiene un costo económico elevado. No solo hay que considerar los gastos de sobrevivencia tales como alimentación, vestido, vivienda digna, salud, servicios públicos y cuido, sino también aquellos vinculados a su desarrollo integral, tales como: atención de salud especializada, recreación, educación, entre otros. En un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un alarmante 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica, el actual gobierno mantiene y profundiza sus decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, profundizando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social.

En la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI en el que se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.

Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional. En términos prácticos esto implica que, si no hay cupos disponibles, las oficinas del PANI (que gestionan una alternativa de protección cuando se han vulnerado los derechos de una niña, niño o adolescente) seguirán refiriendo a albergues institucionales o a organizaciones de cuido residencial (donde también existen listas de espera), las cuales, pese a sus esfuerzos, no pueden sustituir la atención y cuidados brindados en un entorno familiar. Aunado a esto, si un cupo queda libre y no se llena rápidamente, se cerrará del todo y ya no podrá ser usado.

Ambas decisiones, reducir el monto de las transferencias y la limitación de los cupos de atención, afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social. Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares.

Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente Administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.

La continuidad y tamaño de estos recortes en un contexto de recuperación económica nacional sugieren que no se trata de reacciones coyunturales, sino de decisiones estructurales, las cuales muestran una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo. Esto es muy delicado porque, como lo demuestran varias evidencias científicas recientes, las inversiones en desarrollo humano temprano son las más eficaces y tienen un impacto sustantivo a largo plazo, pues una experiencia de protección, atención y educación apropiadas durante la niñez y la adolescencia tienen un efecto protector que se extiende a toda la vida de la persona (Berlinski et al., 2015; Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014).

Además, la evidencia científica ha señalado de forma reiterada que el impacto de la pobreza en el desarrollo humano es dramático. Bajo condiciones de pobreza, el ser humano no puede desarrollarse apropiadamente a ningún nivel, pues se generan rezagos y bloqueos gravísimos en años cruciales de la vida que afectan a nivel físico, cognitivo, emocional, conductual e integral, impidiendo a la persona adquirir las habilidades y conocimientos que necesita para progresar, sostenerse y superarse a lo largo de toda su vida (Chaverri Chaves, 2021; Farah et al., 2006; Mani et al., 2013; Noble et al., 2015).

Dado todo lo anterior, consideramos necesario que las autoridades del actual gobierno y la Junta Directiva del PANI reconsideren estos perjudiciales recortes y se comprometan a recuperar la inversión social en niñez y adolescencia. Esto no es solamente importante por sí mismo, sino también una obligación legalmente adquirida por el Estado costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Referencias

Berlinski, S., Schady, N. R., & Inter-American Development Bank. (2015). Los primeros años el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7259/Los_primeros_a%C3%B1os_El_bienestar_infantil_y_el_papel_de_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.pdf?sequence=1

Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1-22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725

Farah, M. J., Shera, D. M., Savage, J. H., Betancourt, L., Giannetta, J. M., Brodsky, N. L., Malmud, E. K., & Hurt, H. (2006). Childhood poverty: Specific associations with neurocognitive development. Brain Research, 1110(1), 166-174. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.06.072

Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., Akshoomoff, N., Amaral, D. G., Bloss, C. S., Libiger, O., Schork, N. J., Murray, S. S., Casey, B. J., Chang, L., Ernst, T. M., Frazier, J. A., Gruen, J. R., Kennedy, D. N., Van Zijl, P., … Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience, 18(5), Article 5. https://doi.org/10.1038/nn.3983

Imagen: UCR.