Colegio de Profesionales en Sociología presenta el informe sobre la situación de los pueblos indígenas
El informe destaca la existencia de una realidad que muestra la situación como un retrato de injusticia y racismo. En este sentido se señala que la democracia costarricense no aplica a los pueblos indígenas, pues hay un entramado institucional que opera para mantener la colonialidad. Esa situación lleva a que se den recuperaciones de hecho como única posibilidad ante las evasivas institucionales, pues la usurpación de tierras-territorios indígenas es histórica y constante.
La Comisión de análisis de la situación nacional e internacional del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) presentó este Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en el período reciente 2022-2023.
La actividad se realizó este martes 3 de junio. En el documento se expresa la preocupación por las irregularidades encontradas en Costa Rica: hechos de violencia y amenazas contra la vida de personas indígenas dentro y fuera de sus territorios.
Después de que una comisión especial del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica analizara la situación vivida por los pueblos indígenas en Costa Rica durante los últimos diez años, encontró que persiste la violación de sus derechos. Situación que se explica por la falta de voluntad política, la escasez de recursos humanos y económicos asignados a las instituciones públicas responsables, y mecanismos operativos lentos e ineficaces.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido vulnerado, pese a ser formalmente reconocido dentro del ordenamiento jurídico como un Mecanismo de Consulta. Los estudios evidencian la persistencia de una visión colonial y racista por parte de ciertos funcionarios de instituciones públicas y tribunales justicia. A esto se suman los intereses económicos de finqueros no indígenas que acuden al manejo político y a la judicialización del conflicto para evadir los desalojos o retrasarlos. La Ley N.° 6172 emitida en 1977 es clara al afirmar: los “territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y de propiedad exclusiva de las comunidades indígenas que las habitan”. Además, esa ley previó los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones y expropiaciones a las personas no indígenas de “buena fe”.
El propio Estado costarricense está interesado en el aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios, como lo demuestran los proyectos de generación hidroeléctrica.
Además, se evidenció que el país carece de programas de educación continua y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, administradores de justicia, y a la ciudadanía en general en relación con los derechos de la población indígena, su cosmovisión, cultura y organización social.
A pesar de que la regulación del territorio indígena está contemplada en la legislación vigente, los poderes del Estado y las instituciones públicas carecen de las herramientas operativas y ejecutivas necesarias para realizar las acciones que garanticen su cumplimiento. Esto explica que los procesos sean lentos, inconsistentes e irregulares, y que no se disponga de los recursos previstos para hacer los desalojos y actuar con eficiencia y eficacia.
Estudios consultados muestran que la población indígena en Costa Rica representa alrededor de un 2.4 % de la población costarricense (104.143 personas) y tiene derecho a un 6.5 % del territorio nacional; pero, después de 48 años de haberse emitido la Ley indígena, alrededor de la mitad de los territorios asignados siguen en manos de personas no indígenas (Mackay y Morales, 2014, p.14). Oficialmente se reconoce la existencia de ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas; bribri, cabécar, maleku, huetar, brunca, ngöbe, chorotega y teribe.
La Comisión priorizó el análisis de la situación que viven los pueblos indígenas porque se han agudizado los conflictos territoriales en los últimos años; además, son objeto de una exclusión generalizada, y la mayoría de los costarricenses desconoce su problemática y el impacto socioambiental generado por intervenciones irregulares en sus territorios.
Recomendaciones
La Comisión del Colegio de Profesionales en Sociología considera urgente:
Solicitar a las instituciones públicas responsables la creación de mecanismos que garanticen la protección de las personas y las comunidades amenazadas.
Investigar, sancionar y juzgar con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia a las personas responsables de hechos violentos o de cometer actos contra la vida de líderes indígenas.
Proponer a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología que elabore una estrategia tendiente a promover acciones en defensa del derecho al territorio de los pueblos originarios en el mediano y largo plazo.
Recomendar a las instituciones educativas del Estado que incorporen y fortalezcan los contenidos curriculares sobre los derechos y la cosmovisión indígena en sus planes de estudio, la participación de docentes e investigadores indígenas en sus proyectos y la definición y aplicación de variables e indicadores de excelencia en el ejercicio de las profesiones, desde una perspectiva plural e intercultural que considere la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Propiciar, con base en una postura profesional y sociológica crítica, que la sociedad costarricense asuma y reconozca las diferencias étnicas y la diversidad cultural como parte constitutiva de la identidad nacional y el deber de la ciudadanía, con el fin de dotar de un contenido real a la práctica democrática del país, especialmente, cuando se trata de pueblos a los que históricamente se les han vulnerado sus derechos.
SURCOS comparte el informe completo en este enlace
Además, un resumen en este otro enlace.
Puede ver la exposición en el canal de YouTube del Colegio de Profesionales en Sociología:
