Viernes 1 de noviembre de 2019. Al ser las 12:55pm, la familia bribri Figueroa Ortiz inició la recuperación de la finca Kalpeña (tierra de sompopas) ubicada 800 metros al oeste de la escuela de la comunidad de Puente de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas.
La familia Figueroa Ortiz, encabezada por Magdalena Figueroa Morales son descendientes de los dueños originales de la tierra que hoy están recuperando y que fue habitada y trabajada anteriormente por Ramón Figueroa Figueroa y sus descendientes y familiares.
La finca Kalpeña, con una extensión de 60 hectáreas estaba siendo usurpada desde finales de los años 80 por Edwin Guevara Mora, persona no indígena, que ha ocupado ilegalmente varias fincas dentro de este territorio y quien también se ha visto involucrado en diversos actos de violencia contra el pueblo bribri de Salitre.
La familia Figueroa Ortiz se encuentra acompañada por varias personas bribris del territorio y un grupo de delegad@s de otros pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, quienes les acompañan y apoyan de forma solidaria.
Esta recuperación de tierra – territorio es legítima de acuerdo a la cultura bribri y en total apego a la legislación nacional e internacional de los derechos humanos de los pueblos originarios.
Ante el incumplimiento del Estado costarricense en su deber de entregar las tierras que le son usurpadas a los pueblos originarios; estos últimos han decidido recuperar las tierras que les pertenecen; se debe recordar que según el ordenamiento jurídico nacional e internacional los territorios indígenas les pertenecen de forma exclusiva a los pueblos originarios.
La familia recuperadora Figueroa Ortiz exige al terrateniente que saque el ganado de la finca inmediatamente y retire al peón que mantiene ahí. Además, la familia recuperadora Figueroa Ortiz y las personas que les acompañan y apoyan, exigen una respuesta clara y precisa por parte del Estado costarricense sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, miembro del pueblo bribri de Salitre, quien fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019; crimen que hasta el día de hoy se mantiene impune y del cual el Estado es responsable por omisión.
Alerta en territorio Kalpeña (tierra de zompopas) en Puente de Salitre: usurpador se hace presente en la recuperación.
Al ser la 1:30 p.m. se apersonó el usurpador Edwin Guevara Mora y sostuvo una conversación con la policía e insultó a las y los recuperadores en presencia de oficiales de la Fuerza Pública.
Previo a esto, al pasar por el portón principal de la tierra recuperada amenazó a las y los recuperadores diciendo: «vamos a ver si se quedan aquí, yo si tengo con qué defenderme».
A las 2:20 p.m. Guevara se retiró.
Las y los recuperadores exigen que se realicen las pesquisas policiales respectivas para determinar si Guevara Mora está armado y si tiene el respectivo permiso de portación de armas. Además, los y las recuperadoras exigen la salida del ganado y el peón de la tierra recuperada.
Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
ALERTA: Aumenta la presencia de personas no indígenas en el tierra recuperada Kalpeña (tierra de zompopas) en Puente de Salitre.
Sábado 2 de noviembre. Al ser las 12:21 a.m. los y las recuperadoras observaron a una segunda persona en el rancho del peón de Edwin Guevara Mora. Las dos personas estuvieron merodeando las inmediaciones del corral, el cual es uno de los lugares en el que se encuentran los y las recuperadoras.
Los y las recuperadoras alertaron a la policía que se ha encontrado en Kalpeña a minutos del inicio de la recuperación. Ahora la policía se encuentra haciendo las identificaciones correspondientes.
Al acercarse la policía, los y las recuperadoras identificaron a la segunda persona en el rancho del peón es Edwin Guevara Mora, debido a que éste le gritó a la policía cuando fueron a identificarle.
Los y las recuperadoras exigen la inmediata salida del peón y Edwin Guevara, además de que la policía les requise y asegure que en el rancho del peón no hay armas.
Organizaciones y colectivos de personas indígenas exigen al Poder Judicial y al Gobierno en general un fin a la impunidad ante los ataques perpetrados hacia personas indígenas, recuperadoras de tierras de pueblos originarios
El primero de setiembre de 2016 un grupo de no indígenas dispara al menos en seis ocasiones al campamento de recuperadores de Brazo de Oro, en las montañas de Cabagra, provincia de Puntarenas. Dentro del grupo agresor se identifica a Sebastián Córdoba Rodríguez, Álvaro Solís Moreno y Víctor Hugo Vargas Valderrama.
El 17 de setiembre, unos días después, un grupo de no indígenas ataca a balazos a Allan Delgado Torresy Baldomero Waisa en la misma recuperación de Brazo de Oro. Los agresores fueron identificados como Marlon Sandí Morales, Yordani Sandí Morales, Elvin Picado Altamira y Esteban Córdoba Rodríguez.
Estos son sólo algunos de los cientos de ataques perpetrados durante años, como se recopila en el documento “Los conflictos por la tenencia de la tierra en la Zona Sur: Pueblos originarios y comunidades campesinas”. Si estos ataques se hubieran dado en cualquier barrio de clase media de San José; o al final de un partido de futbol en Cartago, lo más probable es que ya se hubiera dado un juicio, una sentencia y cárcel para los responsables. Pero poco le importa a la gente y a las autoridades lo que ocurre en las montañas de Cabagra, en ese lugar lejos de todo, donde pareciera que ya no hay ley.
Luzmilda Delgado Morales, recuperadora en su territorio de Brazo de Oro de Cabagra, confirma que las amenazas y ataques físicos que han sufrido son a raíz de las recuperaciones que hicieron.
“El 17 de setiembre de 2016 se dio un ataque violento, donde dos de nuestros hermanos fueron heridos. Fueron impactados con balas, les dispararon y tuvieron que ser atendidos. Al día siguiente hicimos la denuncia correspondiente; pero hasta la fecha no ha habido resolución. Los agresores siguen libres y, hasta donde sé, tenían medidas cautelares, pero siguen por la comunidad transitando como si nada. No ha habido sentencia”, cuenta Luz.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
Finca recuperada Crun Shurin, en territorio indígena Térraba. Foto: Fabiola Pomareda.
Todas las agresiones han sido denunciadas ante las autoridades, afirman
El 5 de julio un grupo de no indígenas con matones a sueldo queman ranchos de familias indígenas recuperadoras en Cebror, Salitre y los persiguen por las montañas. Bloquean la entrada al territorio indígena. El 6 de julio más de 100 no indígenas amenazan y disparan, bloqueando el acceso al territorio con piedras y arena que llevan en dos vagonetas. Cortan la electricidad en Cebror. Este es otro hecho recopilado en el documento citado.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre y relata: “Estábamos en una finca que pertenecía a Pindeco y se había recuperado, en Salitre. Habíamos hecho el rancho. De pronto llegaron los terratenientes que se habían organizado y habían bloqueado la carretera por Cebror. Nos corretearon. Muchas mujeres tuvieron que huir hacia la montaña; estuvieron escondidas por varias horas. Y así nos quemaron el rancho. Encontramos las botellas con gasolina”.
“La mayoría de los ataques que se han cometido, se han hecho las denuncias pero no se llega a ningún castigo ni a ninguna condena. Lo único que hacen es que archivan los casos. Los ataques han sido de los terratenientes no indígenas que viven en los territorios indígenas. Unos son de Salitre o Cabagra; otros de Buenos Aires. No ha habido ningún castigo. Muchos casos se han archivado, han quedado impunes porque dentro de los territorios uno sigue viendo a los mismos agresores. No hay nada que nos favorezca. No se han cumplido las leyes a favor nuestro”, afirma Leandro.
Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, señala que “en los últimos años, ante su digna lucha y justa causa de recuperar sus territorios, los pueblos originarios han sido víctimas de distintas agresiones, como intentos de homicidio, quema de sus casas, agresiones físicas, agresiones psicológicas, amenazas por parte de terratenientes y de grupos de interés que tratan de apoderarse de sus territorios”.
“Todas estas agresiones han sido denunciadas públicamente. La mayoría han sido llevadas a las vías judiciales y hasta el momento ha habido una impunidad total, en el sentido de que ninguno de los responsables ha sido sancionado de acuerdo a la ley, sino que siguen en la mayor impunidad. Las y los funcionarios judiciales del cantón de Buenos Aires no están cumpliendo con sus obligaciones; entonces, las investigaciones que en muchos casos se han iniciado, no han llegado a nada. En otros casos, por la inacción de las y los funcionarios judiciales nisiquiera se llegan a desarrollar los procesos judiciales. Es absolutamente necesario que se establezcan las sanciones legales ante estas agresiones”, subraya Oreamuno.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre. Foto: Fabiola Pomareda.
Jueces desvirtúan la demanda original de las agresiones, dicen
El 17 de setiembre de 2012 un grupo de no indígenas dispara en seis ocasiones contra Sergio Rojas Ortiz, líder del territorio bribri de Salitre y en ese entonces presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre, en Cebror. La persecución que ha tenido que experimentar Rojas desde entonces ha sido inaudita. En lugar de que sus agresores fueran detenidos, él fue arrestado y encarcelado injustamente, por apoyar las recuperaciones de tierras.
Rojas se encuentra libre y el 9 de agosto participó en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Hemos enfrentado la persecución de los invasores, encarcelamientos, agresiones físicas y verbales en Salitre, Cabagra y Térraba y hemos logrado enfrentar y salir adelante de estas agresiones. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares; pero el Gobierno no las ha cumplido”, añade Rojas.
“En el caso del territorio bribri de Salitre, hay varias causas judiciales que han sido desestimadas. Otras que han sido archivadas porque dicen que no hay suficiente pruebas, que no hay testigos, que no saben si la tierra es de indígenas o de no indígenas; entonces que por eso no pueden resolver el caso, porque no están seguros de quién es la tierra”, explica el líder.
“Cuando tratan de resolver un tema de agresión de usurpadores, los jueces lo que hacen es desvirtuar la demanda original, para decir que no castigan al agresor porque no saben si la tierra es del agresor o era de los indígenas, y declaran libre de culpa al agresor”, critica Rojas.
El 22 de febrero de 2016 Clarita Quiel Torres y su familia recuperan una finca en Palmira, territorio indígena de Cabagra. El no indígena Mario Espinoza, quien era el usurpador ilegal de la finca, los alemanaza con arma de fuego. Al día siguiente regresa con otros seis hombres a amenazar de nuevo. Posteriormente llegan dos oficiales de la Fuerza Pública y únicamente pidieron los datos a la familia de Clarita y se fueron. La noche del 22 alguien prendió fuego y destruyó el ú-sure o casa cósmica, en Cabagra, construido por el Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa, que apoya las recuperaciones.
Clarita Quiel Torres también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto. “Hasta el momento no han habido resoluciones en contra de los agresores. Algunas resoluciones han habido en contra de nosotros los bribris. Hay algunos casos cerrados. En el caso mío la denuncia que pusimos de amenazas contra mi persona está cerrada. La fiscalía la cerró”, refiere.
Clarita Quiel, junto a doña Luisa Bejarano. Foto: Fabiola Pomareda.
Piden investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se solicitó a las autoridades una investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad, incluyendo defensores públicos, fiscalía, tribunales, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la delegación de la Fuerza Pública del cantón de Buenos Aires. Las personas afectadas quieren que se cumplan las leyes, que se sancione a los responsables de las agresiones, que las denuncias se tomen con seriedad y que haya resoluciones.
La Coordinadora gestionó, junto con la Defensoría de los Habitantes una reunión con representantes del Poder Judicial. Finalmente esta se realizó el 24 de agosto en Buenos Aires. Asistieron representantes de distintos pueblos y de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Rey Curré y Térraba y representantes campesinos de Finca Chánguina y Térraba. De parte del Estado participaron distintas juezas, jueces, representantes de la defensa pública, de la fiscalía, de la Contraloría de Servicios y Carmen María Escoto, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas es Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
“Los y las representantes indígenas dejaron en evidencia las sistemáticas agresiones que viven los pueblos indígenas en los procesos de recuperación de tierra-territorio, donde la respuesta institucional ha sido la impunidad. Esto es evidente al constatar que ninguno de los agresores plenamente identificados ha sido condenado, además de que distintas denuncias han sido desestimadas por considerarse falsamente como un conflicto entre indígenas”, recuenta un comunicado de la Coordinadora.
El Poder Judicial se comprometió “a presentar ante la Inspección Judicial cada uno de los casos denunciados por las personas indígenas presentes en la reunión, para que sean debidamente investigados; lo que podría generar sanciones administrativas y/o judiciales a las y los funcionarios implicados”.
Para Luzmilda Delgado, “el objetivo de retomar lo que era de nosotros es algo que nos da fuerzas para seguir adelante hasta el final porque una vez empezado un proceso de esa magnitud sabíamos que enfrentaríamos cosas” y afirmó: “Creemos que tenemos todo el derecho de retomar lo que por derecho nos corresponde”.
Leandro Morales, por su parte, expresó: “Hemos seguido con nuestra visión, con nuestra lucha, que es recuperar las tierras. Aprendemos de lo que sucede y agarramos más valor para hacer que se cumplan las leyes y demostrar que el territorio es nuestro”.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
Familias de pueblos originarios continúan recuperando tierras que se encontraban en manos de usurpadores, en la Zona Sur del país. La más reciente fue a principios de noviembre en el territorio indígena de Yimba Cajc, conocido como Rey Curré.
El domingo 4 de noviembre, un grupo de habitantes del territorio indígena de Yimba Cajc, o Rey Curré, decidieron hacer un paseo, una especie de caminata. Ese día unieron sus fuerzas y, después de un proceso planeado y meditado, recuperaron una finca de aproximadamente 280 hectáreas, ubicada aproximadamente a tres kilómetros al noreste del centro de Yimba Cajc, sobre la Carretera Interamericana.
El terreno se ubica cerca de la antiguamente llamada Finca Potomac, que en marzo de este año también fue recuperada por 16 familias indígenas Broran Térraba. La finca fue renombrada como Crun Shurin, “tierra de venados”.
De acuerdo con la Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc, la recuperación del 4 de noviembre se hizo de manera pacífica y desde entonces trabajan reparando cercas y limpiando. Su plan es construir una cocina, un lugar para reuniones e instalar servicios básicos como electricidad, agua potable, servicios sanitarios y calle de acceso. La tierra será otorgada a indígenas, organizaciones o comités con proyectos agropecuarios, de reforestación o de protección de bosques.
El 3 de agosto esta Asociación también impulsó la recuperación de otra finca de unas 250 hectáreas; pero que se ubica dos kilómetros al sur de Rey Curré, también sobre la Interamericana. Según la agrupación, se “está haciendo un movimiento social de reivindicación de derechos ancestrales y defensa de su territorio en el sitio arqueológico Dú Túj, donde está la finca. La propiedad estaba en manos de una persona no indígena, a pesar de ser un sitio arqueológico, registrado ante el Museo Nacional de Costa Rica. La Asociación quiere que ahí se reubiquen algunas familias afectadas por la tormenta Nate, en octubre de 2017, así como el Colegio de Curré, que se inundó totalmente durante la tormenta.
Foto: Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc
Foto: Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc
Miles de hectáreas recuperadas en la Zona Sur
Los conflictos por tenencia de la tierra en territorios indígenas son una problemática que afecta sobre todo a los territorios de Salitre, Cabagra, Térraba y Curré.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
Según datos de Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, se calcula que desde el 2008 se han recuperado 1.200 hectáreas en Salitre y 1.950 en Cabagra.
Para Oreamuno, estas recuperaciones de tierras son legítimas y justas “porque de acuerdo a la legislación nacional e internacional, los territorios de los pueblos originarios les pertenecen a ellos”.
“Los territorios ancestrales son territorios que ellos han trabajado, donde han vivido desde antes de la conquista y de la creación del estado nación. Y actualmente los territorios de estos pueblos han sido invadidos en diferentes procesos, en diferentes etapas, por personas no indígenas. Esto es contrario a la ley”, dijo.
“Las recuperaciones también son legítimas porque de acuerdo a su costumbre, a su cosmogonía, estos territorios son parte de sus formas de vida, y están en todo el derecho, de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus culturas para recuperar estos territorios donde han convivido, los cuales han cuidado, y de los cuales en muchos casos sale agua, no sólo para sus comunidades sino para sus alrededores”, agregó Oreamuno.
Para don Irene Flores Rodríguez, indígena de Abrojo Montezuma e integrante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, las recuperaciones son legítimas “porque los indígenas antes no era que habían venido de otros lugares; eran nativos del mismo territorio”.
“Muchos dicen que los indígenas no quieren trabajar, por eso nos devaloran lo que tenemos. No es que se las hemos quitado las tierras [a los usurpadores no indígenas]; es que son nuestras”, expresó don Irene.
Don Irene Flores, en reunión de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en Rey Curré.
Reivindicar la autonomía a partir de la recuperación de tierras
Emmanuel Buitrago, indígena bribri de Talamanca, refirió que después de que en el año 2010 el Gobierno desalojó de forma violenta a las personas indígenas que estaban en la Asamblea Legislativa, demandando la aprobación de una ley que defendiera sus derechos y autonomía, ellas y ellos decidieron “reivindicar esa autonomía a partir de la recuperación de tierras”.
En una conferencia de prensa realizada el pasado 9 de agosto en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José, Buitrago y otras lideresas y líderes indígenas denunciaron como el gobierno costarricense sigue atentando contra los derechos de los pueblos originarios, desde todos los poderes de la República. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Los pueblos indígenas no vemos la tierra como mercancía, no vemos los recursos como símbolo de monetarización, sino que tienen otras connotaciones espirituales y exigimos el respeto a esas espiritualidades”, aclaró Buitrago.
“Por eso en los ultimos años hemos venido recuperando las tierras en manos de usurpadores, que han hecho daños incalculables en territorios, especiamente cuando destruyen las tierras, destruyen los bosques, ponen precio a nuestra biodiversidad, a nuestros recursos, a nuestras aguas y eso es sumamente peligroso para la humanidad y el pueblo costarricense”, añadió.
Todo esto ocurre pese a que el derecho internacional de los pueblos indígenas exige el respeto a la autonomía y a la reivindicación de su espiritualidad, cultura, educación, vivienda y de todas sus formas de vida.
“Por eso que hacemos este llamado a la ciudadanía y a todos los poderes, para que desde los tribunales de justicia y desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no se sigan atropellando esos derechos”, concluyó Buitrago.
El líder también contó que están planeando un congreso nacional indígena, que posicione la agenda de los pueblos indigenas en pro de los derechos humanos, “frente a la agenda de exclusividad, de violencia y de etnocidio sistemático del estado costarricense contra los pueblos indígenas”.
Doña Luisa Bejarano Montezuma, lideresa indígena de Conte Burica, también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto, y afirmó: “Nosotros seguimos aquí de pie, con la intenció de continuar la lucha por nuestros derechos porque cuando en el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa fue por reclamar nuestros derechos, por querer hacer valer nuestros derechos y hasta el momento el Gobierno no quiere darnos ese reconocimiento”.
“Siempre he dicho que el Gobierno quiere darnos atolillo con el dedo y nosotros, los compañeros de esta lucha, de este movimiento, no queremos eso. Ya han pasado muchos años en que nos han humillado. Creo que ya es el momento en que nosotros continuemos la lucha porque sinceramente: si nosotros no vamos a luchar, nadie lo va a hacer por nosotros”, dijo doña Luisa.
Conferencia de prensa en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
Se solicita su ayuda solidaria para las y los compañeros indígenas del Territorio Bribri de Salitre, quienes se encuentran luchando por recuperar sus territorios ancestrales frente a la ocupación ilegal de no indígenas y la complicidad del Estado costarricense.
Varias familias han recuperado una finca en el sector de Rio Azul desde el 1 de setiembre. Estas personas requieren ayuda para poder atender necesidades básicas, de alimentación y abrigo. Específicamente están requiriendo 5 rollos de manguera y 5 kilos de plástico, entre otras cosas.
Por este motivo se está realizando una campaña para recaudar fondos y poder atender estas necesidades.
Quien desee colaborar puede depositar en la siguiente cuenta del Banco Nacional:
200-01-038-026983-0.
Mariana Delgado Morales
Muchas gracias por su ayuda.
*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Indígenas de Rey Curre retoman visitas a laguna mítica tras muchas décadas de no hacerlo.
EL PASADO VIERNES 24 DE AGOSTO LA COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PODER JUDICIAL SE COMPROMETIÓ, ANTE REPRESENTANTES DE PUEBLOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA ZONA SUR, A INVESTIGAR JUDICIALMENTE LA IMPUNIDAD PRESENTE EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS-TERRITORIOS
COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES PIDEN QUE LOS CASOS DENUNCIADOS SEAN LLEVADOS A LA INSPECCIÓN JUDICIAL Y SE ESTABLEZCAN LAS SANCIONES Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES
6 de setiembre 2018. Desde el 23 de enero de 2018 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, se dio a la tarea de gestionar una reunión con el Poder Judicial. Cita que pretende contribuir a la lucha por el acceso a la justicia de pueblos indígenas y a disminuir la impunidad presente en los ataques que sufren estos pueblos a raíz del proceso legítimo y legal de recuperación de tierras-territorios indígenas.
Esta reunión fue realizada el viernes 24 de agosto en Buenos Aires. A ella asistieron representantes de distintos pueblos y de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Rey Curré y Térraba, representantes campesinos de Finca Chánguina y Térraba, distintas juezas, jueces, representantes de la defensa pública, la fiscalía, la Contraloría de Servicios y otras instancias del Poder Judicial de la Zona Sur y Carmen María Escoto, quién además de coordinar la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas es la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Los y las representantes indígenas dejaron en evidencia las sistemáticas agresiones que viven los pueblos indígenas en los procesos de recuperación de tierra-territorio, donde la respuesta institucional ha sido la impunidad. Esto es evidente al constatar que ninguno de los agresores plenamente identificados ha sido condenado, además de que distintas denuncias han sido desestimadas por considerarse falsamente como un conflicto entre indígenas.
Asimismo, las personas indígenas interpelaron a las autoridades en relación a la imposición que representa las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) para los pueblos indígenas que cuentan con otras formas organizativas y tradicionales, como lo son los Consejos de Mayores y Mayoras, Consejos Territoriales, entre otras. Otro de los aspectos denunciados corresponden a la acción y omisión cometida por las personas funcionarias judiciales de Buenos Aires; entorpeciendo el acceso a la justicia para los pueblos originarios.
Todas las denuncias expuestas en la reunión fueron presentadas en documentos que quedaron en manos del Poder Judicial. Ente que se comprometió a presentar ante la Inspección Judicial cada uno de los casos denunciados por las personas indígenas presentes en la reunión, para que sean debidamente investigados; lo que podría generar sanciones administrativas y/o judiciales a las y los funcionarios implicados.
Ante ello, reiteramos nuestro compromiso con la lucha de los pueblos indígenas y su proceso de recuperación de tierra y territorio y denunciamos, nuevamente, la impunidad sistemática presente en el proceso. No es posible que la dignidad y el acceso a la justicia sea negada a los pueblos indígenas.
Para mayor información: Felipe Figueroa (Territorio de Salitre) 8409-9129, Elí Ortiz (Territorio de Cabagra) 8587-1496, Dinora Estrada (Territorio Rey Curré) 8793-5004, Robert Morales (Territorio recuperado Crun Shurin) 8699-4843.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra
Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre
Consejo Regional Indígena Pacífico Sur de Yimba Cajc (Rey Curre)
Territorio Bribri de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas, al Sur de Costa Rica
A las 8 de la mañana de este sábado 1 de setiembre de 2018, un grupo de 13 indígenas bribris ejerciendo el derecho que ancestralmente nos pertenece sobre nuestras tierras; recuperamos una finca que estaba siendo usurpada por personas no indígenas.
Desde el año 2015 Eleodoro Figueroa Díaz, Eleodoro Figueroa Uva y familia, todas personas no indígenas, iniciaron la usurpación de tierras que habían recuperado Minor Ortiz Delgado y Silvia Rojas Delgado, indígenas bribris.
Contrario a la ley y a los derechos de los pueblos originarios, en el 2016 el Juzgado Agrario de Buenos Aires, dictó medidas cautelares en contra de las y los compañeros bribris; el Juez responsable de esta injusta medida es Jeancarlo Céspedes Mora.
En el 2017, los usurpadores Figueroa Díaz y Figueroa Uva se adueñaron ilegalmente de otra finca de 54 hectáreas, ubicada 100 metros norte de la Escuela de Río Azul de Salitre; tierra que hoy estamos recuperando como pueblo bribri.
Durante todo el día los usurpadores se han mantenido por los alrededores de la tierra recuperada en actitud amenazante.
Responsabilizamos de lo que pueda pasar y de cualquier acto de violencia contra el pueblo bribri al Gobierno de Costa Rica y a los usurpadores.
Este vienes 18 y sábado 19 de agosto, al menos 25 hombres y mujeres Bribris – Cabécar, miembros de las ADIs que forman la Alianza RIBCA, estarán en Rey Curré.
La visita tiene como propósito de expresar apoyo y solidaridad a sus hermanos indígenas en su proceso de reivindicación a su derecho sobre sus tierras.
Además estarán analizando en conjunto, la política del Gobierno sobre las tierras indígenas.
Este intercambio cultural forma parte de los esfuerzos por la sanidad jurídica de los territorios indígenas de Costa Rica.
La Red Indígena Bribri – Cabécar (RIBCA) fue creado en el 2005 con el fin de promover la integración de los territorios indígenas de la Región Atlántica de Costa Rica.
Tras décadas de no hacerlo, varias familias de Rey Curré se volvieron a reencontrar con uno de sus sitios ancestrales de gran importancia cultural: la laguna Crúa^ú.
Sentimientos encontrados florecieron en las personas de mayor edad tras recordar vivencias, anécdotas e historias asociadas a seres míticos vinculados a esta laguna.
Niños y jóvenes saludaron por primera vez el lugar, de gran significado desde tiempos inmemoriales.
Esta laguna se encuentra dentro de las tierras recuperadas desde el pasado 03 de agosto, en un acto de reivindicación a sus tierras y territorios ancestrales.
Este viernes 10 de agosto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha reunido con la comunidad de Rey Curré en el campamento de las tierras recuperadas.
Este taller es la continuidad de otras sesiones que se han tenido y su objetivo es promover la diversificación productiva en la zona.
Esta reunión efectuada en el «Nuevo Curré» forma parte de las estrategias ADI con el fin de fortalecer la integridad del movimiento indígena en su proceso de recuperación de tierras y territorios ancestrales.
En un comunicado oficial publicado el día de miércoles 08 de agosto, las Asociaciones de Desarrollo Indígena de los Territorios bribris – cabécar Taini, Kekoldi, Bajo Chirripó, Nairy Awari, Cabécar Talamanca y Telire, han declarado públicamente su apoyo y solidaridad con el Territorio Indígena de Rey Curré, en su reciente acto por recuperar parte de sus tierras ancestrales.
“Los Pueblos Indígenas desde hace más de 500 años hemos sido despojados de una u otra forma de nuestras tierras y desde la promulgación de la ley indígena 6172 de 1977, llevamos más de 40 años esperando que se haga justicia por medio de la ley, entregándonos las tierras que están en manos de los no indígenas, pero hasta hoy no es así” reza parte del comunicado.
Desde el pasado viernes 03 de agosto, la comunidad indígena de Rey Curré decidió ingresar y posesionarse de una finca de 250 hectáreas que estaban en manos de un no indígena y el día de hoy su Asociación de Desarrollo ha ratificado el compromiso con su pueblo dotándoles de servicios y mejores vías de comunicación.
Todos estos pronunciamientos de reivindicación territorial se han hecho públicos en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, promulgado por la Organización de las Naciones Unidas.
