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Etiqueta: Régimen de Excepción

Democracia a la carta

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El anuncio de los resultados en las elecciones nacionales celebradas el domingo 4 de febrero en El Salvador, solo confirmó la inminencia de un proceso a todas luces particular, por no decir otra cosa.

Se ha confirmado que Nayib Bukele, presidente en funciones y candidato plenipotenciario de su partido Nuevas Ideas, ha triunfado con un 82,66%, una de las cifras más demoledoras y contundentes de la historia de ese país. Cualquier lector medio interpretaría este porcentaje como un espaldarazo voluntario del pueblo que eligió en un segundo periodo a aquel que no asistió a un solo debate ni presentó una nueva propuesta de plan de gobierno, centrándose en solo un tema: la seguridad, es decir, el mantenimiento del régimen de excepción que ha instalado como política pública en su país.

Razón tendrá ese lector promedio en su interpretación. Razón a medias.

Con un discurso único relacionado con la disminución visible de la tasa de homicidios en el que otrora fuera uno de los países más violentos del mundo, Bukele basó su estrategia de ir por encima de los argumentos constitucionales acerca de la reelección, para lograr presentarse ante el electorado salvadoreño como la salvación posible.

Las dudas sobre la validez del proceso electoral del domingo 4 de febrero son muchas y evidentes. La autoproclamación del triunfo aún sin conocer las versiones oficiales del órgano electoral solo alimenta la sospecha de un proceso amañado y falto de sustento. Las denuncias sobre material electoral adulterado son incontables.

Llevarle la contraria al presidente del tweet puede ser contraproducente. Cientos de personas civiles, profesionales y de actividad laboral comprobada, han sido detenidas y confinadas por “sospechas”, dados sus atributos físicos, tatuajes de por medio, entre otras raras causas para el confinamiento.

Hoy, desaparecidos, engrosan tal vez la lista de ingresados en esa vergüenza de centro de detención que Bukele y sus secuaces políticos y académicos tanto en El Salvador como en otros países de la región, defienden como una cárcel modelo, para acabar con el flagelo de la violencia en este país.

El mismo día de las elecciones, miembros de sociedad civil, académicos comprometidos y desafectos con el gobierno bukelista y organizaciones sociales, artísticas y políticas denunciaron la detención ilegítima del ciudadano canadiense-salvadoreño Carlos Bucio Borja, por aparentemente haber cometido desacato por leer de forma pública y en un centro de votación los seis artículos de la constitución salvadoreña que prohíben y penalizan la reelección.

Cuando la democracia tiene precio y está ofrecida a la carta, como en el caso salvadoreño, poca esperanza queda. Aún no es posible dimensionar las millonarias ganancias que se han granjeado las industrias carcelarias de naturaleza pública y privada que han sido favorecidas con la política de cero violencia, impulsadas por Bukele.

Los populismos tienen la peligrosa acción de marear a las mayorías con ideas básicas pero bien hilvanadas. Despertar una respuesta colectiva y contundente es un imperativo y urgencia, en una sociedad que está pagando muy cara su opción por esos peligrosos populismos.

Esperemos que su memoria no sea corta.

Bukele y las maras en El Salvador

Alberto Salom Echeverría

(Segunda parte).

Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.

En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.

Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.

Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.

Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.

Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)

Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).

Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)

Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.

El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.

Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).

A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).

Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.

De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.

Camino a la dictadura

Imagen: Allan McDonald

Bukele y su proyecto de reelección

Todas las actuaciones políticas del presidente Nayib Bukele indican que está llevando rápidamente a la república de El Salvador hacia una dictadura de derechas.

David Mena

El último acto lo efectuó el 15 de septiembre, celebración de un nuevo aniversario de la independencia, cuando anunció que será candidato a la presidencia en 2024, violando la constitución, que prohíbe la reelección de manera inmediata.

La prohibición de la reelección inmediata se basa en la previsión de eliminar las ventajas que tendría un presidente en funciones porque utilizaría el poder del Estado para asegurar su triunfo sobre otros aspirantes.

La argumentación de los publicistas de Bukele consiste en afirmar que es un presidente popular y que nadie ha hecho lo que él ha logrado, y que eso le da derecho a reelegirse.

En el camino de la reelección se inscribe la destitución inconstitucional por el parlamento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fueron remplazados por otros, dóciles al gobierno.

Justificaciones y falacias

Los publicistas del gobierno “justifican” el proyecto de reelección en que Bukele ha sido un buen administrador, sobre todo cuando la pandemia, pero “olvidan” que en esta legislatura se dictó una ley para eliminar el acceso a la información de todo lo realizado por el ministro de Salud (como el uso discrecional de varios centenares de millones de dólares provenientes de Estados Unidos) y otros ministerios que también usaron fondos públicos.

Otro de sus argumentos refiere a la reducción notable de la cifra de homicidios desde que Bukele asumió, el 1 de junio de 2019 (no hubo ninguno hasta marzo de 2022, cuando como rayo en cielo sereno hubo 80 asesinatos en un fin de semana).

El periódico virtual El Faro demostró que en esos casi 3 años Bukele estableció un pacto secreto con las pandillas (maras). Luego rompió con una de ellas, la Mara Salvatrucha 13 (MS 13), por incumplimiento de las prebendas pactadas. No obstante, en ese mismo periodo crecieron las cifras de personas desaparecidas, así como el hallazgo de cementerios clandestinos, acciones atribuibles a las pandillas.

El Faro demostró, años atrás, que funcionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN tuvieron acuerdos secretos con las pandillas, por lo que fueron procesados por la fiscalía general de la república.

Pero eso no ha sucedido con funcionarios del gobierno de Bukele, porque la asamblea legislativa constituida el 1 de mayo de 2021, con mayoría absoluta de diputados del partido del presidente, destituyó, en la misma sesión de apertura, al fiscal general que investigaba las operaciones secretas del mandatario con las pandillas y la corrupción de otros funcionarios del gobierno actual.

El Fiscal General nombrado el 1 de mayo de 2021, obediente a las directrices del presidente, destituyó a los fiscales que investigaban el pacto con las pandillas y eliminó el acuerdo con la OEA que creaba la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES).

Un régimen de excepción

A partir de marzo pasado, para encubrir la mentira del control territorial que ejercía el gobierno, Bukele tuvo una reacción violenta para “castigar” a los pandilleros y mostrar ante la población su poder.

Así, se instaló el “régimen de excepción”, que supone la pérdida de cuatro garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y el plazo de detención administrativa solo por 72 horas (que pasó a 15 días).

Entre marzo y septiembre últimos, el ejército y la policía nacional civil han capturado a más de 50 mil personas, incluidas muchas que no tienen relación con las pandillas pero que viven en los barrios populares y su condición de pobreza da a los captores la justificación para su apresamiento.

Se sabe sin embargo que las dirigencias de varias pandillas no están encarceladas y que además, hay decisión gubernamental de no entregar a líderes pandilleros solicitados por la justicia de Estados Unidos para ser juzgados en ese país.

Hay restricciones para que los presos accedan a procesos legales para demostrar su inocencia. No tienen acusaciones por delitos cometidos sino la presunción de que son pandilleros por apariencia o por lugar de residencia y porque forman parte de las cuotas de capturados que deberían cumplir los soldados y los policías diariamente.

Hoy hay en El Salvador, entre estos nuevos presos y los anteriores, unos 80.000 detenidos hacinados en las cárceles del país, que tienen una capacidad máxima cuatro veces inferior a esa cifra.

Durante los últimos seis meses ha habido denuncias de homicidios efectuados por autoridades carcelarias o por otros prisioneros y de muertes por negligencia en la atención médica de las personas privadas de libertad.

El factor del desencanto

Bukele ha destruido la institucionalidad democrática y ha creado una maraña de manejables funcionarios para su propósito de la relección.

Cuenta a su favor el desencanto de la población con todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos años (cuatro de ARENA y dos del FMLN), que no proporcionaron alivio a la pobreza y miseria grandes sectores. La antigua estructura de dominación política y de concentración económica sigue vigente. Es pasado y presente.

La miseria ha llevado a grandes cantidades de salvadoreños, buena parte de ellos jóvenes, a emigrar, a integrarse a las maras, que se han constituido en un poder territorial y hasta político, o a sumarse al ejército de desocupados que no encuentran trabajo.

El Salvador tiene además acumulados problemas como una estructura económica concentradora del ingreso; marginación y exclusión social; inseguridad generalizada; emigración obligada; desempleo creciente; medio ambiente amenazado; deterioradas finanzas públicas y creciente endeudamiento externo; uso corrupto de presupuestos públicos; estancamiento educativo…

Bukele ha sabido captar ese desencanto, atacando a los partidos tradicionales y prometiendo mano dura a la delincuencia, y al mismo tiempo ha copado las instituciones del Estado para eliminar toda oposición.

El presidente considera un lastre para su gobernabilidad autoritaria las reglas democráticas constitucionales y con su mayoría legislativa controla todos los resortes del poder político.

Tras tres años de gestión está claro que gobierna para su grupo familiar y amistades, aliados a familias de la vieja oligarquía, de la cual sigue el mismo patrón de conducta: utilizar el aparato del Estado para incrementar su patrimonio.

Ahora necesita ser reelecto para evitar que un nuevo gobierno investigue su corrupción y para mantener el control del Estado con el fin de continuar la acumulación económica de su familia y allegados.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/el-salvador-2/camino-a-la-dictadura/

La CIDH analizará la situación de derechos humanos y Estado de Derecho en El Salvador

Este jueves 23 de junio, a las 9:00 am (hora de El Salvador), 11:00 am hora de Washington DC, tendrá lugar una Audiencia Pública en la cual las organizaciones solicitantes expondrán sobre las violaciones de derechos humanos que se han documentado en El Salvador en el contexto del Régimen de Excepción.

Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas:

  • Detenciones arbitrarias
  • Comunidades y poblaciones afectadas
  • Condiciones carcelarias
  • Personas fallecidas bajo tutela del Estado
  • Otros

En la audiencia participarán las organizaciones peticionarias: Aministía Internacional, Asociación Azul Originario (AZO), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Cristosal, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz (ORMUSA),

La Audiencia se celebrará de manera virtual y podrá seguirse en directo, en idioma español, en las redes sociales de la CIDH. Invitamos a seguirla y a acompañar a las organizaciones utilizando las etiquetas

#ElSalvador #RégimenDeExcepción #CIDHAudiencia

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