UCR hace llamado para garantizar la calidad y seguridad del agua potable en el país
María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista, UCR
Luego de realizar un detallado análisis de la propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N.o 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 12 de enero de 2015, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, instó a las autoridades competentes a reconsiderar su decisión en cuanto al aumento en los límites de plaguicidas permitidos en el agua potable para consumo de la población.
Así lo hizo saber mediante un pronunciamiento, en el cual esta casa de estudios superiores mostró su preocupación, pues de aprobarse el proyecto se modificaría el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, para introducir nuevos Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo, los cuales superan ampliamente los límites establecidos en la normativa nacional actual.
Para la Universidad de Costa Rica, la propuesta que salió a consulta por parte del Poder Ejecutivo, permitiría que el agua potable en el país contenga niveles alarmantes del plaguicida clorotalonil, prohibido desde 2023 por su clasificación como cancerígeno y detectado en numerosas fuentes de agua. En consecuencia, la reforma podría exponer a la población al consumo de agua con mayores concentraciones de residuos de pesticidas, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública.
Adicionalmente el Órgano Colegiado señaló la importancia de especificar cómo se abordarán las dificultades técnicas para determinar los valores de riesgo para la población y, en consecuencia, cómo se garantizará la implementación ágil de medidas de control.
El decreto propuesto presenta una deficiencia técnica, ya que no establece los mecanismos con los cuales estas metodologías serán definidas. Esto es especialmente crítico cuando se detectan múltiples residuos químicos en una muestra de agua.
Para los integrantes del Consejo Universitario es importante contar con las regulaciones y normativas rigurosas, así como actualizadas para garantizar la calidad y seguridad del agua potable, protegiendo así la salud pública.
Para este Órgano, estas normativas deben basarse en evidencia científica, aplicar el principio precautorio y asegurar un monitoreo constante, permitiendo la detección y mitigación de riesgos para la población.
El plenario se solidariza con las comunidades que actualmente enfrentan la exposición a plaguicidas en su agua de consumo, reconociendo los riesgos que esto supone para la salud y bienestar.
