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Etiqueta: regulaciónes

Gobiernos locales o comunidades: ¿quién defiende los ríos?

Por Jimmy Vargas Alvarado del Programa Kioscos Socioambientales

 

El pasado mes de abril la comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley “Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces del dominio público por parte de las municipalidades”, el cual se tramita bajo el expediente No. 20 635.

Actualmente, las municipalidades pueden solicitar ante el Minaet permisos temporales para extraer materiales de río durante un periodo máximo de 120 días. Sin embargo, este proyecto de ley busca modificar el Código de Minería y la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, a fin de que las concesiones para la explotación de materiales de río se extiendan por un periodo de hasta dos años. Además de permitir que la extracción de los cauces de río aumente hasta cinco veces más, este proyecto de ley eliminaría las pocas regulaciones necesarias para la explotación de materiales de río.

Este proyecto de ley no exige a los gobiernos locales utilizar los materiales extraídos para el desarrollo de la infraestructura vial de las comunidades afectadas por la explotación de sus ríos. Por ello, es válido pensar que los materiales extraídos se utilizarían prioritariamente en los megaproyectos viales desarrollados por concesionarios privados. Esto genera preocupación en el Pacífico Central, donde las Asadas del cantón central de Puntarenas consideran que la extracción de materiales requerida para la ampliación de la carretera Interamericana en el tramo Barranca-Cañas terminaría por agudizar la afectación de los ríos de la zona, los cuales sufren graves daños debido a la presencia de quebradores. De estos ríos dependen los pozos y tomas de agua potable que abastecen a las comunidades costeras, que han visto como año con año aumenta la contaminación y sobre explotación de las cuencas del pacífico.

Con este proyecto de ley, las pocas regulaciones ambientales para la explotación de los ríos se vuelven “prescindibles”, ya que la ampliación de los plazos de explotación en los cauces de río no requeriría de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Para las Asadas y organizaciones comunales, la eliminación de los EsIA aumenta los riegos sociales por deslave en las cuencas de río. De igual forma, la falta de EsIA para estas concesiones de extracción ignora la alteración de la dinámica hidrológica en los ríos explotados. Para la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, la eliminación de los EsIA tiene el objetivo de sacar a todas las comunidades del país del proceso de gestión y protección de sus ríos. A pesar de que los EsIA no garantizan protección ante los riesgos socioambientales de las actividades extractivas, sí han representado un mecanismo mediante el cual las comunidades se enteran, actúan e influyen sobre proyectos de este tipo. Al eliminar los EsIA, los proyectos se enclaustrarían en las municipalidades, lo que haría a un lado a las personas que todos los días defienden sus ríos de la contaminación agroquímica, la tala de árboles, los quebradores informales y las tomas ilegales de agua.

No por su “localía” las municipalidades están dispuestas a defender los ríos; por el contrario, –como lo ha reflejado el caso puntarenense– los gobiernos locales tienden a ignorar las denuncias que las comunidades interponen por la contaminación y explotación de sus ríos. Tal y como lo ha declarado la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, proyectos de este tipo deberían garantizar la participación y fiscalización de las organizaciones comunales, así como una serie de beneficios directos para las comunidades que día con día defienden sus ríos y el acceso al agua.

Nota: Este artículo se produce gracias al trabajo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua-Puntarenas y el apoyo del TCU-590 del Programa Kioscos Socioambientales.

 

Enviado por Kioscos Ambientales.

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Los cánones que se le pagan a ARESEP y su rendición de cuentas

Boletín # 23 del 18 de noviembre 2015

Comunicado a todas y todos nuestros afiliados y pueblo costarricense en general

 

En los últimos años hemos venido percibiendo como entes creados con la finalidad de establecer tarifas, ejercer mecanismos de control y tratar de eliminar los problemas de corrupción que se han estado carcomiendo nuestro país, se han convertido en una especie de gobierno paralelo que ninguno de nosotros los costarricenses elegimos en las urnas.

Es así como la ARESEP, SUTEL, Concesiones, COSEVI, CONAVI, la Contraloría, la autoridad presupuestaria y otros, están liderando la embestida contra las instituciones que están bajo su regulación e intentan incluso impedir al propio Poder Ejecutivo o Asamblea Legislativa (electos por voluntad popular para gobernar) cualquier posibilidad de gobernar y de tomar decisiones que le permitan fortalecer la democracia, buscar el equilibrio necesario entre el bien común y el los intereses de las empresas privadas el funcionamiento de la institucionalidad.

No estamos en contra de que existan mecanismos de regulación, por el contrario, aplaudimos esta posibilidad, pero lo que no podemos entender, ni aceptar, es que estas instituciones trasciendan sus potestades y amarren cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos en un país donde siempre hemos puesto el diálogo, la negociación y el respeto a los derechos humanos como garantía de la paz social y la convivencia democrática de nuestro pueblo.

Estos entes le piden cuentas a todo el mundo, pero ¿quién se las pide a ellos?, solo como ejemplo resaltamos el caso de la ARESEP, que está recaudando solo en el 2015 casi 12 mil millones de colones. Donde JAPDEVA tuvo que pagar 238 millones, sin recibir absolutamente nada a cambio, RECOPE les pago 2.547 millones, el ICE 1.380 millones, el AYA 1.814 millones, los autobuseros 2.159 millones, taxis 1.267 millones y otro montón de millones de otros entes. Entendemos que tienen 200 empleados y solo realizan servicios como estudios tarifarios y regulaciones.

Consideramos que todas y todos los costarricenses merecemos conocer ¿en que se gastan esos millones?, ¿cómo se distribuyen los salarios de sus empleados?, ¿de qué beneficios disfrutan?, igual como lo han hecho con todos los demás. Pero más importante aún es conocer ¿a qué intereses obedecen? y ¿si tienen la potestad legal de emitir resoluciones que estén por encima de la Constitución Política, los Tribunales, de la existencia misma de las Instituciones y los derechos de los Trabajadores?, ¿Será acaso que estamos ante vacas sagradas que no puede tocar ni el poder político que el pueblo costarricense depositó en la figura del Presidente de la República?

Con el pueblo costarricense no se juega y merecemos explicaciones.

 

Lic. Ronaldo Blear Blear, secretario general

Liroy Pérez Pérez, Secretario de Prensa

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez Pérez.

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