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Etiqueta: religión y política

El papa, la religión y los sindicatos

ISFODE

El sindicalismo cristiano como aliado moral contra la derecha antiobrera

La derecha invoca a Dios para justificar las reformas laborales retrógradas. Los papas invocan a Dios para condenarlas. Esa contradicción, que muchos prefieren disimular, es el punto de partida de este artículo: ¿qué dice realmente la máxima autoridad de la Iglesia Católica sobre el trabajo, los sindicatos y la economía? La respuesta, sostenida de Francisco a León XIV, no deja margen para la ambigüedad.

«El trabajo es con derechos o es esclavo»

El papa Francisco dejó una fórmula que condensa todo el debate: «El trabajo es con derechos o es esclavo». No hay término medio. Cuando se debilita la indemnización, cuando se limita la negociación colectiva, cuando se disfraza la precariedad laboral de modernización, el juicio es claro: eso no es libertad, es la forma contemporánea de la esclavitud.

La defensa papal del sindicato no es decorativa. En 2017, ante la CISL italiana, Francisco lo definió como «expresión del perfil profético de la sociedad», porque «da voz a los que no la tienen» y «desenmascara a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables». En 2021, ante la Organización Internacional del Trabajo, denunció la «asimetría entre trabajadores y empresarios» como una «flagrante injusticia». Y en materia de propiedad estableció una jerarquía que incomoda a cualquier defensa irrestricta del mercado: la propiedad privada es un «derecho secundario», subordinado al «destino universal de los bienes». Si la propiedad es secundaria, ninguna reforma laboral puede invocar el Evangelio para sacrificar derechos en nombre de la inversión o la competitividad.

La mercantilización como «estructura de pecado»

El papa León XIV retomó esta línea con la misma claridad. En su encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires, en noviembre de 2026, definió al sindicato como «institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo». La palabra «mercantilización» nombra con precisión el efecto central de las reformas laborales retrógradas: reducir al trabajador a un costo ajustable.

León XIV fue más lejos al calificar moralmente el modelo: «Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión». No es una metáfora: es una categoría teológica que juzga un sistema, no solo intenciones individuales. Y describió el resultado concreto: «Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación… A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia». Sentenció, además: «Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social».

El contexto importa: pronunció estas palabras en Buenos Aires, ante el presidente Milei, mientras se consolidaba en Argentina una reforma laboral que el propio oficialismo describió como «antisindical». No fue un gesto abstracto: fue una intervención moral directa sobre un modelo que él mismo calificó como generador de exclusión.

La contradicción, punto por punto

El caso argentino permite documentar el contraste sin eufemismos. La reforma aprobada reduce indemnizaciones, permite jornadas de hasta 12 horas, limita el derecho de huelga, desprotege a los delegados sindicales y habilita que las empresas negocien directamente con empleados por encima de los convenios colectivos. El CELS advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la norma «reduce la negociación colectiva a una expresión residual».

El contraste con el magisterio es directo. La reforma limita la huelga y debilita a los delegados; Francisco dice que el sindicato «da voz a los que no la tienen» y León XIV lo llama «institución indispensable» para resistir la mercantilización. La reforma precariza y reduce protecciones; Francisco responde: «El trabajo es con derechos o es esclavo». La reforma se justifica en nombre del beneficio y la competitividad; Francisco recuerda que la propiedad es secundaria y León XIV advierte que el beneficio absolutizado se vuelve «estructura de pecado». Y el resultado social —más de 32.000 empresas y 465.000 empleos perdidos, con desempleo del 7,9%, según datos de CEPA— coincide con lo que León XIV describe: privar de trabajo es sumergir en la exclusión social.

La opción por los pobres como criterio de juicio

Francisco fue explícito en que esta posición no es partidaria, pero precisamente por eso juzga a todos los partidos. Afirmó que «la opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio» y que «no es una opción política; ni tampoco una opción ideológica, una opción de partidos». Y advirtió: «si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar por el futuro, tenemos que trabajar juntos para sanarlas, para cambiarlas». Quien legisla contra los derechos de los trabajadores no puede reclamar coherencia con ese criterio. La opción por los pobres no es una etiqueta que se invoca: es una medida que se aplica.

Una advertencia necesaria: el riesgo de la cooptación

El artículo quedaría incompleto si no señalara un riesgo que el propio magisterio advirtió: la cooptación del sindicato por el poder político. Francisco alertó en 2017 que el sindicato «corre el peligro de perder esta naturaleza profética y de volverse demasiado parecido a los poderes que debería criticar», y señaló dos tentaciones: el «individualismo colectivista» —proteger solo a los representados e ignorar a los excluidos— y «el cáncer social de la corrupción». Un sindicato que dialoga con gobiernos autoritarios o firma acuerdos funcionales a políticas antisindicales deja de resistir la mercantilización: la administra. La independencia frente al poder político es condición de su misión profética.

Conclusión

El sindicalismo cristiano encuentra en este magisterio tres legitimidades convergentes. Teológica: el sindicato continúa la misión profética. Moral: resistir la mercantilización es defender la dignidad humana. Política: la confrontación con la derecha antiobrera no es una disputa partidaria, sino fidelidad a un juicio evangélico. Cuando la derecha ataca a los sindicatos en nombre de Cristo, ataca exactamente la institución que los papas han confirmado como indispensable. Esa contradicción no debe disimularse: debe señalarse. Ese es el sentido de este artículo y la tarea de ISFODE.

13 noviembre de 2026

Iglesia, me dueles

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

En 1995, ochenta de cada cien latinoamericanos se declaraban católicos. Treinta y un años después, son cincuenta y cinco. En Costa Rica, la medición de 2024 ya nos situaba en el 52 %. Leo estas cifras del Latinobarómetro y me pregunto si realmente nos preocupan. Porque tengo la impresión de que nos hemos acostumbrado a perder fieles con la misma tranquilidad con que nos hemos acostumbrado a tantas otras cosas. El próximo domingo abriremos los templos, celebraremos las misas y seguiremos adelante. Como si nada estuviera pasando.

El Latinobarómetro, que lleva tres décadas estudiando las creencias y actitudes de los latinoamericanos, presenta un panorama que debería sacudirnos. La identificación católica ha caído veinticinco puntos. Las iglesias evangélicas han ganado presencia y capacidad de movilización. Entre sus fieles, el 62 % se declara practicante o muy practicante, frente al 48 % de los católicos. Y entre quienes no profesan ninguna religión encontramos una presencia creciente de jóvenes.

Sería demasiado cómodo atribuirlo todo al secularismo, al relativismo o a una sociedad que supuestamente ha perdido sus valores. ¿Y nuestra responsabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que nos preguntamos por qué alguien dejó de encontrarse con Dios en nuestras comunidades?

Durante generaciones dimos por garantizada la transmisión de la fe. Bautizábamos, preparábamos primeras comuniones, celebrábamos matrimonios y esperábamos que los hijos repitieran el camino de sus padres. Hoy esa continuidad se ha roto. Pero mientras la sociedad cambia, buena parte de nuestras estructuras pastorales permanece inmóvil.

Nos hemos vuelto expertos en administrar una Iglesia que pierde capacidad de escuchar. Nos preocupan los edificios, los presupuestos, las celebraciones y las estadísticas sacramentales. No siempre con la misma intensidad nos preocupan las familias endeudadas, los agricultores abandonados, los jóvenes sin oportunidades o las comunidades sometidas al miedo de la violencia.

Y hay algo que me duele particularmente: cierta fascinación por las apariencias clericales. Las sotanas que se exhiben por las calles, los ornamentos suntuosos, los títulos, los tratamientos honoríficos y los protocolos que parecen devolvernos a otros siglos. Nada de eso constituye, por sí mismo, una falta. El problema aparece cuando la vestimenta adquiere más importancia que el testimonio, cuando la solemnidad sustituye la cercanía y cuando algunos parecen más interesados en hacerse reconocer como sacerdotes que en ser reconocidos por su servicio.

También necesitamos hablar de nuestros obispos. Los hay comprometidos, cercanos, capaces de acompañar el sufrimiento de sus pueblos. Sería injusto desconocerlos. Pero también hay quienes parecen haberse convertido fundamentalmente en administradores de sus diócesis, cómodos entre reuniones, ceremonias y asuntos internos, mientras sus comunidades enfrentan problemas cada vez más graves.

Recuerdo la participación pública de sectores de la Iglesia durante la discusión sobre el matrimonio igualitario en 2018. Hubo pronunciamientos, movilización y una presencia difícil de ignorar. Cuesta más recordar una intervención episcopal de semejante intensidad frente al deterioro de la seguridad, las dificultades de acceso a la vivienda, el endeudamiento de las familias o las condiciones que amenazan la supervivencia de nuestros agricultores.

No se trata de exigir que la Iglesia se convierta en un partido político. Se trata de recordar que la defensa de la vida no puede comenzar en el vientre materno y terminar allí. También comprende al niño que crece entre balaceras, al anciano que no puede comprar sus medicamentos y muere maltratado por sus «cuidadores» y a la familia que trabaja sin conseguir una vida digna.

Mientras tanto, algunos dirigentes evangélicos han adquirido una influencia política considerable. No corresponde confundir a todos sus fieles con las posiciones de sus pastores, pero tampoco podemos ignorar la instrumentalización religiosa de la política. La respuesta católica no debería ser competir por cuotas de poder ni añorar los tiempos en que la palabra episcopal bastaba para orientar el debate nacional. Nuestra autoridad moral no puede depender de la cercanía con los gobernantes.

Hace unos días, una productora de frijol explicaba en la prensa costarricense las dificultades para continuar sembrando. Pensé en las veces que durante la misa pronunciamos aquellas palabras: «Fruto de la tierra y del trabajo del hombre». ¿Sabemos cuánto recibe quien cultiva nuestros alimentos? ¿Nos preocupa que termine endeudado después de una cosecha? ¿O nos limitamos a bendecir los frutos de un trabajo cuyas injusticias preferimos desconocer?

No propongo una Iglesia sin liturgia, sin tradición ni identidad. Propongo una Iglesia que recuerde para qué existe. Una Iglesia donde el Evangelio pese más que las vestiduras, donde la cercanía con los pobres importe más que el prestigio de los cargos y donde los pastores no necesiten esperar una tragedia para descubrir el sufrimiento de sus comunidades.

Iglesia, me dueles. Y me dueles porque también soy parte de aquello que cuestiono. Porque durante años hemos podido confundir la fidelidad con la costumbre, la autoridad con el poder y la evangelización con mantener funcionando nuestras estructuras.

Quizá lo más grave no sea que millones de latinoamericanos hayan dejado de llamarse católicos. Lo verdaderamente grave sería que nosotros hayamos dejado de preguntarnos por qué. Y todavía peor: que, mientras ellos se marchan, nosotros sigamos satisfechos, acomodándonos la sotana frente al espejo.

«Cristofascismo»: cuando el Evangelio se arrodilla ante el poder

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Hay una perversión del cristianismo que merece ser denunciada con franqueza: la utilización de Jesucristo para bendecir el autoritarismo, justificar la intolerancia y convertir la fe en instrumento de dominación política. Tiene un nombre tan incómodo como revelador: cristofascismo.

El término no es nuevo. La teóloga protestante alemana Dorothee Sölle lo utilizó en 1970 para denunciar la complicidad de sectores cristianos con el nazismo. Décadas después, el concepto cobró renovada fuerza en el Brasil de Jair Bolsonaro, donde el teólogo Fábio Py lo recuperó para describir la alianza entre sectores religiosos fundamentalistas y un proyecto político de rasgos autoritarios. Una vieja corrupción con nuevos protagonistas: utilizar el nombre de Dios para conquistar el poder y, después, utilizar el poder para imponer una determinada visión de Dios.

Basta observar ciertos escenarios políticos. Pastores convertidos en propagandistas, templos transformados en plataformas electorales, predicadores que confunden la voluntad de Dios con las ambiciones del gobernante de turno. Se invoca a Cristo para conquistar el poder y, una vez conquistado, se utiliza su nombre para exigir obediencia.

El negocio, además, resulta extraordinario. El político obtiene una legitimidad casi divina; el dirigente religioso consigue influencia, privilegios y acceso a los despachos donde se toman las decisiones. Ambos salen ganando. El Evangelio, en cambio, termina siendo pisoteado.

La contradicción es escandalosa. Jesús proclamó bienaventurados a los misericordiosos y a quienes trabajan por la paz, y algunos de sus supuestos representantes celebran la humillación del adversario, alimentan el desprecio hacia los migrantes y presentan la dureza como virtud suprema. Predican el amor al prójimo mientras confeccionan cuidadosamente la lista de quienes no merecen ser amados.

Y todavía tienen el descaro de llamarse provida y defensores de los valores cristianos…

No se trata de cuestionar la participación de los creyentes en política. Tienen pleno derecho a intervenir en la vida pública, defender sus convicciones y contribuir al debate democrático. El problema comienza cuando pretenden convertir sus creencias en imposición, cuando consideran enemigos de Dios a sus adversarios y cuando colocan la fidelidad a un caudillo por encima de cualquier exigencia ética.

Tampoco sería justo atribuir esta degradación exclusivamente a determinadas iglesias evangélicas, aunque es la moda. El catolicismo conoce demasiado bien las consecuencias de sus propias alianzas con los poderosos. Nuestra historia tiene suficientes altares próximos a los tronos como para repartir certificados de inocencia.

Lo verdaderamente peligroso del cristofascismo es que llega a vaciar la fe de su contenido más exigente. Conserva los himnos, las oraciones y las multitudes. Lo que desaparece es el Cristo que cuestiona al poderoso, acoge al extranjero y se identifica con los últimos.

Jesús fue categórico cuando advirtió a sus discípulos sobre la conducta de los gobernantes: «Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes» (Mt 20,25-26). ¡No ha de ser así entre ustedes! Difícil encontrar una advertencia más contundente para quienes pretenden convertir el cristianismo en una plataforma de dominación. Jesús conocía perfectamente las tentaciones del poder y quiso impedir que se instalaran entre los suyos. No fundó una comunidad de cortesanos ni una asociación de aduladores del César. Propuso exactamente lo contrario: que la autoridad se ejerciera como servicio. Por eso resulta grotesco que algunos ministros religiosos terminen bendiciendo precisamente aquello que Jesús les prohibió imitar.

Una sociedad democrática debe desconfiar de cualquier gobernante que se presente como elegido de Dios. Y una comunidad cristiana debería desconfiar todavía más de sus pastores cuando parecen sentirse más cómodos junto al poder que junto a quienes sufren sus abusos. Cuando la religión deja de ser conciencia crítica para convertirse en maquinaria de obediencia, ya no estamos ante una expresión valiente de la fe, sino ante su lamentable prostitución.

Cristo no necesita guardaespaldas políticos. Mucho menos necesita que sus ministros le cambien las bienaventuranzas por un programa de gobierno.

Carta abierta a Su Santidad papa León XIV con motivo de la visita de la presidenta de Costa Rica

SURCOS comparte esta carta abierta, publicada por su autor el 28 de octubre, con motivo de la audiencia de la presidenta Laura Fernández Delgado con el papa León XIV.

San José, 28 de octubre de 2026
A Su Santidad León XIV
Ciudad del Vaticano
Santo Padre:

Me entero de que mañana recibirá a nuestra presidenta, Laura Fernández. Como costarricense y cristiano, considero mi deber advertirle algunas cosas. No quisiera que Su Santidad terminara recibiendo lecciones de cristianismo de una mandataria cuya interpretación del Evangelio parece haber pasado por la oficina de Donald Trump.

Le comparto diez advertencias. No son artículos de fe, aunque algunas requieren bastante fe para creerlas.

  1. Cuidado con las Biblias.

Nuestra presidenta asegura que gobierna con la Biblia. En Costa Rica hemos descubierto que las Escrituras sirven para todo: gobernar, ganar elecciones y hasta, según denunció ella misma, para que Fabricio Alvarado intentara arrinconarla en una oficina con el pretexto de regalarle una. Él negó la acusación, pero el episodio dejó una enseñanza: no basta con llevar la Palabra de Dios bajo el brazo; importa también lo que uno hace con el otro brazo. Aquí la Biblia se utiliza para casi todo, excepto, aparentemente, para amar al prójimo.

  1. No se sorprenda si menciona a Donald Trump.

Nuestra presidenta siente una fascinación política por el mandatario estadounidense. Suscribe sus iniciativas con un entusiasmo que haría palidecer a los propios republicanos. Quizá deba explicarle que el Sermón del Monte se pronunció mucho antes de la construcción de Mar-a-Lago y que las bienaventuranzas no necesitan autorización de Washington.

  1. Si hablan de Irán, recuerde quién es el príncipe de la paz.

Mientras usted condena la guerra y recuerda la dignidad de las víctimas, nuestro Gobierno parece encontrar más fácil acompañar políticamente a Washington que cuestionar sus decisiones militares. Tal vez convenga recordarle que los misiles no son instrumentos de evangelización y que bombardear a un enemigo no es exactamente lo que Jesús quiso decir con poner la otra mejilla.

  1. No acepte invitaciones a excursiones escolares.

Nuestra presidenta propuso llevar estudiantes a conocer una cárcel de máxima seguridad para mostrarles las consecuencias de delinquir. Una pedagogía inspirada en Bukele. Usted podría recordarle que Jesús enseñaba con parábolas, no organizando visitas guiadas al sufrimiento.

  1. Pregúntele por los presos.

En nuestro país las megacárceles se han convertido en un espectáculo político. Las personas privadas de libertad aparecen como trofeos de una supuesta victoria moral. Conviene recordarle Mateo 25:36: «Estuve preso y vinisteis a verme». Jesús no agregó: «Y procurasteis que las cámaras captaran mi peor perfil».

  1. No confunda la justicia con una escenografía.

Nuestra presidenta admira el modelo penitenciario salvadoreño. Parece convencida de que cuanto más aterradora resulte una cárcel, más virtuoso será el Gobierno. Tal vez pueda explicarle que la justicia no se mide por la cantidad de barrotes y que la misericordia no es una conspiración internacional de delincuentes contra las buenas costumbres.

  1. Si le ofrece firmar algo, revise el bolígrafo.

En julio de 2024, cuando todavía era ministra, protagonizó una firma pública en la que el bolígrafo no tocó el papel. Después explicó que se trataba de un acto simbólico y que firmó posteriormente. En Costa Rica aquello nos recordó la multiplicación de los panes, pero sin panes. Si mañana firma un compromiso por la paz, compruebe que la tinta llegue al documento. No todos los milagros administrativos están reconocidos por el Vaticano.

  1. No se deje impresionar por su humildad.

Nuestra mandataria probablemente llegará hablando de Dios, de la familia y de su amor por Costa Rica. Todo muy edificante. El problema es que la humildad cristiana también exige escuchar críticas, reconocer errores y admitir que el Espíritu Santo no tiene carné de ningún partido político. Sería bueno recordarle que Jesús lavó los pies de sus discípulos; no les exigió que primero reconocieran su liderazgo.

  1. Recuérdele que Costa Rica no tiene ejército.

Lo abolimos en 1948 y durante décadas hicimos de la paz una seña de identidad. Ahora nuestra política exterior parece cada vez más seducida por las alianzas de seguridad de las grandes potencias. Sería una ironía histórica que, después de casi ochenta años sin ejército, nuestra principal contribución a la paz mundial consistiera en aplaudir las guerras ajenas.

  1. No permita que confunda la audiencia con una canonización.

Es probable que la fotografía con usted se convierta en un importante recurso propagandístico. Comprenderá que una audiencia papal tiene un valor electoral considerable.

Santo Padre:

Le escribo con humor, pero también con preocupación. Existe una distancia enorme entre invocar el nombre de Dios para ejercer el poder y permitir que el Evangelio cuestione ese poder.

Usted ha hablado de paz, misericordia, justicia y dignidad humana. Precisamente esas palabras resultan incómodas para quienes prefieren el espectáculo del castigo, la obediencia a los poderosos y las fotografías piadosas.

No le pido que reprenda a nuestra presidenta. Solamente que le hable de Jesús. Del Jesús de los Evangelios, no del que algunos asesores de comunicación parecen haber contratado para las campañas electorales.

Y si todavía le queda tiempo, recuérdele que la Biblia no es un programa de gobierno, que la verdad no es un accesorio de la propaganda y que el prójimo incluye también a los presos, los extranjeros, los enemigos y quienes piensan distinto.

Reciba mi respeto y mis mejores deseos.

Y, por favor, Santidad, si nuestra presidenta le ofrece firmar un compromiso por la paz, asegúrese de que esta vez el bolígrafo toque el papel.

José Chacón
Costa Rica

Publicado por el autor en https://www.facebook.com/jose.chacona

El púlpito, el presupuesto y el miedo

Rodrigo Campos Hernández

Por Rodrigo H. Campos Hernández

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Termina con una pregunta sobre quién pretende gobernar nuestras conciencias.

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Escribí entonces sobre la excepcionalidad, las amenazas y el riesgo de que el temor se instalara en nuestras conciencias antes incluso de que ciertos hechos ocurrieran. El mes termina y el miedo sigue. Ahora se alimenta también de decisiones que desordenan la política exterior, recortan servicios sociales y acercan cada vez más el discurso religioso al ejercicio del poder.

El viernes 25, en la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Fernández Delgado participó en la celebración del Día de la Biblia. Allí afirmó que ese libro podía servir como manual para ser una buena presidenta. La frase merece atención. Quien gobierna puede tener sus creencias y expresarlas; otra cosa es presentar un texto religioso como guía para tomar decisiones en nombre de una sociedad plural. Cuando la fe entra al despacho presidencial, cabe preguntar quién decide qué significa esa guía y qué lugar les queda a quienes no la comparten.

No se trata de negar la libertad religiosa ni de expulsar a las personas creyentes de la política. Se trata de impedir que una interpretación religiosa particular se convierta en medida de ciudadanía, en fundamento de una ley o en criterio para reconocer derechos. Una democracia puede albergar muchas fes; no debería exigir ninguna para garantizar la igualdad.

En Costa Rica esa discusión tiene una dificultad adicional. El artículo 75 constitucional establece que la religión católica es la religión del Estado, aunque protege el libre ejercicio de otros cultos. Por eso hablar de una política laica no es describir una realidad ya alcanzada: es plantear una tarea democrática pendiente. La laicidad significa que las decisiones públicas deben justificarse ante toda la ciudadanía mediante razones, derechos y responsabilidades comunes, no mediante la autoridad de una iglesia o de una doctrina.

Lo ocurrido en la campaña electoral muestra que la preocupación no es abstracta. Laura Fernández firmó una alianza política estratégica con el Foro Mi País, que presentó compromisos como eliminar la llamada “ideología de género” de las aulas. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó cautelarmente detener mensajes que llamaran a votar utilizando razones o símbolos religiosos y la difusión de un folleto que pedía a los cristianos evangélicos votar por Pueblo Soberano. La intervención del Tribunal deja una señal institucional clara: la frontera entre convicción religiosa y movilización electoral no puede borrarse a conveniencia.

La influencia de estos movimientos tampoco se limita a Costa Rica. Un análisis regional de El País describe cómo grupos evangélicos han ganado espacio en gobiernos y movimientos políticos de Centroamérica y los vincula con dinámicas presentes también en Estados Unidos y Brasil. Pew Research Center, a partir de encuestas realizadas en seis países latinoamericanos, encontró que alrededor de dos tercios de las personas consultadas en Brasil, Colombia y Perú consideran importante que su presidente defienda a quienes comparten sus creencias religiosas. En esos tres países, mayorías similares también creen que la Biblia debería influir en las leyes. Son datos de esos países, no una descripción uniforme de todo el continente; sí muestran que la relación entre identidad religiosa y poder político es un fenómeno regional que merece atención.

El fundamentalismo político aparece cuando un sector pretende que sus convicciones sean la norma moral obligatoria para toda la sociedad. No hace falta que se prohíban las elecciones ni que se cierre el Congreso para que el pluralismo se estreche. Basta con clasificar unas posiciones como virtuosas y otras como una amenaza; basta con afirmar que ciertos derechos son una imposición ideológica, mientras la propia doctrina se presenta como verdad natural, familiar o divina.

En esa lógica también encaja la cruzada presidencial contra la llamada “ideología de género”. La presidenta ha dicho que el tema era “agua pasada” y luego reafirmó la oposición de su Gobierno a su presencia en las escuelas. Al mismo tiempo, personas homosexuales ocupan puestos dentro del aparato gubernamental. La contradicción no está en sus identidades: está en un poder que incorpora a algunas personas mientras desacredita las demandas colectivas de igualdad, reconocimiento y educación inclusiva. La diversidad parece aceptable como presencia individual, pero se vuelve sospechosa cuando reclama derechos.

El discurso religioso también debe confrontarse con la política social. La mayoría oficialista aprobó recortar ₡40.000 millones a CEN-CINAI y ₡30.000 millones al BANHVI, trasladando principalmente esos recursos al Régimen No Contributivo de Pensiones. Las personas adultas mayores que reciben esas pensiones también necesitan protección. Precisamente por eso no deberíamos aceptar que el Estado enfrente unas urgencias contra otras: niñez, vivienda popular y vejez no tendrían que disputarse una bolsa insuficiente. Después del recorte se reportaron órdenes de transporte suspendidas y cambios temporales de horario en algunos CEN-CINAI. Las autoridades discutieron el alcance de las afectaciones, pero el problema dejó de ser hipotético cuando el acceso a servicios concretos quedó comprometido.

En la misma modificación presupuestaria se habilitó un traslado de ₡70 millones para comunicación de Casa Presidencial. No es que esos recursos salieran directamente de CEN-CINAI o del BANHVI. Pero, en medio de una discusión sobre austeridad y necesidades sociales, la pregunta sobre las prioridades del Gobierno resulta inevitable: ¿qué encuentra financiamiento y qué se deja expuesto al recorte?

La política exterior completó el cuadro. La presidenta viajó a Colombia y no asistió a la Asamblea General de la ONU. Días después destituyó al canciller Manuel Tovar, quien estaba en Nueva York y tenía prevista la intervención de Costa Rica. La Presidencia alegó que no le había comunicado una invitación a una reunión del “Escudo de las Américas”. La crisis terminó trastocando la representación costarricense en una semana diplomática importante. No es una simple diferencia de agenda: es una señal de improvisación y de concentración de las decisiones en la voluntad presidencial.

También merece escrutinio el nombramiento de Boris Marchegiani como representante ante la ONU. La prensa reportó que él mismo reconoció no tener experiencia diplomática y recordó su participación en el financiamiento de vallas que exigían la renuncia de jerarcas públicos y sus vínculos políticos con el oficialismo. El Gobierno defendió su idoneidad. La pregunta sigue en pie: si existen diplomáticos de carrera, ¿qué criterio explica que un aliado político sin trayectoria diplomática ocupe una representación de tanta importancia? Los puestos públicos no deberían funcionar como recompensa por la cercanía con quienes gobiernan.

Así termina setiembre: la Biblia en el atril, la austeridad sobre servicios sociales, los nombramientos bajo sospecha y una disputa política que presenta la diversidad como amenaza mientras admite selectivamente a algunas personas diversas dentro del poder. El miedo no surge de una sola noticia. Crece cuando se vuelve difícil reconocer un principio común que explique las decisiones del Gobierno y cuando una doctrina religiosa parece ganar autoridad sobre los derechos de quienes no la comparten.

Defender una política laica no significa exigir que las personas creyentes callen. Significa que ninguna iglesia, ningún pastor y ninguna interpretación religiosa gobiernen por encima de la ciudadanía plural. Las leyes deben proteger a creyentes y no creyentes por igual; deben responder a necesidades comprobables y garantizar derechos, no imponer una fe.

Setiembre se acaba. El miedo permanece, pero no tenemos que resignarnos a que el púlpito dicte la ley ni a que la incertidumbre sustituya al debate democrático. También podemos tomar distancia del ruido para cuidar el juicio crítico y recuperar fuerzas.

Los elegidos de ayer y de hoy

Álvaro Vega Sánchez

Creerse elegido es la superstición requerida
para elegir después a los sacrificados en masa
Francisco Rodríguez, Alopecia, 2025.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Los elegidos es el título de una serie difundida por Netflix que narra la experiencia de vida profundamente humana del Jesús histórico y sus discípulos. El tema de la elección es columna vertebral en la teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y hoy cobra vigencia particular, atendiendo al contexto geopolítico.

Abraham es elegido para crear un pueblo que sea de bendición a todas las naciones (Genesis 12:1-3), mientras que hoy el llamado pueblo elegido se ha convertido, emulando a los antiguos imperios, en maldición para las naciones, particularmente su vecino el pueblo de Palestina, víctima de una acción criminal devastadora. Un pueblo que pasó de ser víctima de uno de los principales genocidios históricos a convertirse en victimario.

Jesús es elegido por su Padre para instaurar un reino de paz y justicia y, a su vez, este elige a doce discípulos y algunas discípulas, como María Magdalena, para que continúen su misión, particularmente a favor de los empobrecidos y marginados de la tierra. Es una elección que conlleva un compromiso gratuito y generoso por la vida, para convertir a la humanidad en una hermandad de amor, justicia, paz y solidaridad.

La elección divina no es ningún privilegio que obedece a cualidades excepcionales de una persona o pueblo, es un acto de gracia; tampoco para ostentar y hacer alarde de poder y grandeza. Es, más bien, un llamado a defender y promover el derecho a la vida digna de todos los seres humanos, particularmente hacer justicia a los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros e inmigrantes (Dt 10:18). Y por esa causa, los elegidos se convierten en víctima de aquellos poderes que buscan someter, excluir y discriminar; sufren persecución, exilio, sometimiento y muerte. En la película Violinista en el tejado, el protagonista en una escena dramática, donde el pueblo sufre el exilio, eleva su mirada al cielo y protesta ante Dios por haberles escogido como su pueblo: “Sé que nosotros somos tu pueblo elegido. Pero de vez en cuando, ¿no podrías elegir a otro?”.

En este sentido, resulta contradictorio cómo se ha revertido el comportamiento del Israel sionista de hoy, al considerarse el único elegido por Dios, y cuyo rostro es el de la arrogancia y prepotencia faraónica. Efectivamente, si ayer el faraón se resistía a la liberación del pueblo judío hoy es Israel quien se resiste a la liberación del pueblo palestino. También se ha convertido en una amenaza para la paz mundial, induciendo a otras naciones a que le acompañen en una guerra de sometimiento y exterminio.

Por su parte, vuelve con fuerza la doctrina del destino manifiesto bajo el actual gobierno de Donald Trump, que concibe a los Estados Unidos como nación elegida por Dios para llevar “democracia” y “libertad” a todos los pueblos, aunque ello implique doblegarlos por la fuerza a entrar en sus dominios imperiales. Apelar al mesianismo civilizador, como agente destinado a propiciar los ideales democráticos y libertarios, le ha servido para justificar las intervenciones con evidentes intereses geopolíticos, así como la apropiación de recursos y mercados estratégicos para expandir su dominio como potencia. Asimismo, se recicla la doctrina Monroe: “América para los americanos”, como contraparte a las nuevas propuestas del multilateralismo.

Una vez más, es utilizado el nombre de Dios para emprender y justificar la guerra de exterminio, por parte de dos naciones que han hecho alianza para ejercer un dominio absoluto en un mundo que más bien busca nuevas formas de poder geopolítico compartido, para convivir pacíficamente propiciando el bienestar y progreso de todos los pueblos de la tierra, sin exclusiones.

Se está utilizando “el nombre de Dios en vano”, es decir, el pecado de idolatría; el uso interesado del nombre de Dios o la creación y adoración de nuevos dioses-ídolos a imagen y semejanza de élites de poder que buscan legitimar sus intereses egoístas y espurios. Como bien señala el escritor José Saramago, «no es un dios, sino el “factor Dios » el que se exhibe en los billetes de dólar y que se muestra en los carteles que pide para América (la de los Estados Unidos, no la otra…) la bendición divina…Ha sido el “factor Dios”, ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ese que no respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabó por hacer del hombre una bestia”.

El pueblo costarricense, con lucidez, inteligencia política y gran sensibilidad humana ha sabido ondear la bandera de la paz y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Ganó reconocimiento y credibilidad internacional con la eliminación del ejército, la creación de áreas protegidas que salvaguardan una cuarta parte de su territorio, el acuerdo de paz en Centroamérica, la Proclama de Neutralidad ante conflictos armados internacionales, entre otras iniciativas. No debemos, bajo ninguna circunstancia, bajar esa bandera. Todo lo contrario, levantarla con más fuerza y valentía, convocando a la paz con justicia, la erradicación de todas las formas de violencia y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Un no rotundo a las guerras por la conquista de recursos y poder geopolítico global.

Los pueblos libres, dignos y nobles están siendo desafiados a establecer un pacto global por la convivencia pacífica y la preservación del planeta. Un pacto que sea de bendición para todos los pueblos de la Tierra.

El día de la Biblia

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Este 25 de setiembre celebraron en la Asamblea Legislativa el día de la Biblia los pastores evangélicos con la presencia de la presidenta.

El sector mayoritario evangélico costarricense está de lleno comprometido con el grupo político encabezado por Rodrigo Chaves.

Distingo a los evangélicos chavistas de los no chavistas, que los hay.

Chaves representa valores ubicados en las antípodas de los valores que defiende, supuestamente, el evangelismo.

¿Cómo pueden compaginar los “valores familiares” con una persona con varias familias, hijos fuera de matrimonio, odio, insultos? ¿Cómo unir los “valores morales” evangélicos con una persona que se vanagloria de su vulgaridad? ¿Cómo apoyar a un hombre y un movimiento que puede ser la antítesis del Salvador?

Puede haber dos explicaciones al menos.

La primera y evidente es que ese evangelismo hizo una mera transacción, cambiar los votos de los evangélicos a cambio de puestos de diputados, ministros, magistrados y aprobar normas de su exclusivo interés. Simplemente un trueque del voto evangélico por puestos de poder.

En este punto la conclusión es que se trata de una mercantilización de la fe. Es la realidad, aunque nos cueste aceptarlo.

La segunda es más profunda y tiene que ver con la cosmovisión contemporánea de los evangélicos.

El sector comprometido con el chavismo es partidario de la guerra, está contra la inmigración, apoya a Israel y al genocidio, promueve el enriquecimiento sin límites, apoya la reducción de derechos humanos a las mujeres y a la diversidad sexual, asimismo, la disminución de derechos a las personas privadas de libertad, se opone el concepto del cambio climático e incluso a la limitación de libertades democráticas. Ese sector es partidario de una masculinidad ruda y una supremacía patriarcal.

Atrás quedaron postulados evangélicos de humanismo, solidaridad y paz mundial, de convivencia y respeto por las opiniones ajenas.

Los evangélicos son partidarios del proyecto chavista de división, confrontación y odio social, asunto muy alejado de la vieja cosmovisión evangélica.

Por supuesto que la posición evangélica actual forma parte del engranaje global de la ultraderecha, que ha sido concebida, promovida y financiada por el gobierno de Trump.

El día de la Biblia no puede ser un momento para envenenar el alma nacional.

Del altar a la tribuna política: las nuevas relaciones iglesia-Estado en Costa Rica

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Durante buena parte de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando en Costa Rica se hablaba de las relaciones Iglesia-Estado, el concepto remitía exclusivamente al vínculo entre el Estado costarricense y la Iglesia católica. No podía ser de otra manera. La religión católica constituía no solo la fe mayoritaria de la población, sino también el eje espiritual y cultural sobre el cual descansaba buena parte de la vida pública nacional. Desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX, la Iglesia católica ejerció una influencia determinante en la educación, la moral pública, los rituales cívicos y la legitimación simbólica del poder político.

La Constitución Política de Costa Rica reconoció históricamente a la religión católica como la religión oficial del Estado, condición que aún conserva en el artículo 75 constitucional. Sin embargo, las relaciones entre ambas instituciones nunca estuvieron exentas de tensiones. La historia política costarricense del siglo XIX estuvo marcada por múltiples episodios de conflicto entre los gobiernos liberales y la jerarquía eclesiástica. La secularización de los cementerios, la creación del Registro Civil, la laicización de la educación pública y las vacantes episcopales producto de disputas políticas evidenciaron una relación compleja, marcada por momentos de acercamiento, ruptura y negociación permanente.

A mediados del siglo XIX el presidente Juan Rafael Mora Porras abolió el cobro del diezmo y desató un agrio enfrentamiento con el obispo Anselmo Llorente y la Fuente, que desencadenó en su expulsión del país en 1858. Posteriormente la llamada era liberal del último tercio del siglo XIX impulsó reformas orientadas a disminuir la influencia eclesiástica sobre la vida pública. El Estado buscó consolidar su autoridad administrativa y política mediante instituciones civiles independientes de la tutela religiosa. Aquellos conflictos no fueron exclusivos de Costa Rica; respondían a un fenómeno latinoamericano más amplio en el cual los proyectos liberales intentaban modernizar las estructuras estatales y redefinir los límites del poder clerical.

Dentro de ese contexto histórico también surgieron restricciones a la participación política directa del clero católico. La Constitución de 1949 estableció limitaciones para que sacerdotes ocuparan cargos de elección popular, procurando evitar que la autoridad religiosa se confundiera con la autoridad política. Tales disposiciones estaban claramente pensadas para el clero católico, pues en aquella época las iglesias protestantes tenían una presencia mínima en el país y carecían de peso electoral significativo.

No obstante, el panorama religioso costarricense comenzó a transformarse aceleradamente durante el último cuarto del siglo XX. El crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes modificó profundamente el mapa de las creencias religiosas tanto en Costa Rica como en América Latina. El antiguo monopolio cultural del catolicismo empezó a ceder terreno frente a una diversidad creciente de expresiones cristianas, especialmente pentecostales y neopentecostales, que encontraron gran receptividad en amplios sectores sociales.

Así, el concepto tradicional de relaciones Iglesia-Estado dejó de referirse únicamente al vínculo entre el Estado y la Iglesia católica para ampliarse hacia una interacción más compleja entre el aparato estatal y múltiples iglesias de orientación cristiana (judeo-cristiana). La pluralidad religiosa pasó a convertirse en un elemento central del debate político contemporáneo.

El avance del protestantismo en América Latina ha sido notable. Países como Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador muestran hoy porcentajes muy elevados de población evangélica, con una incidencia creciente en la vida electoral y parlamentaria. Costa Rica no ha sido la excepción. Aunque el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria, el crecimiento de otras confesiones cristianas ha reducido considerablemente la hegemonía religiosa que mantuvo durante siglos.

En el caso costarricense, las iglesias evangélicas han logrado construir estructuras organizativas con gran capacidad de movilización política y social. Algunas operan como microempresas, otras como empresas y algunas como verdaderas corporaciones. Las hay de capital nacional, algunas de corte familiar, otras tipo cooperativa y también algunas operan como transnacionales y responden a organizaciones con presencia en varios países bajo la figura de filiales, similar a una franquicia.

A diferencia del clero católico, las limitaciones constitucionales históricas no alcanzaron de igual forma a los liderazgos protestantes, situación que facilitó la aparición de partidos políticos vinculados a sectores evangélicos conservadores. Estas agrupaciones alcanzaron representación legislativa significativa y llegaron incluso a presidir en dos ocasiones la Asamblea Legislativa.

Uno de los momentos más representativos de este fenómeno ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2018, cuando un partido de fuerte inspiración evangélica logró avanzar hasta la segunda ronda electoral, evidenciando la capacidad de este sector para disputar espacios de poder nacional. En distintos momentos, estas fuerzas alcanzaron hasta nueve diputados, consolidando un protagonismo político impensable décadas atrás.

En las recientes elecciones nacionales de 2026, la representación política vinculada a sectores protestantes conservadores pareció insertarse de manera más directa dentro del partido oficialista triunfador, reflejando nuevas formas de articulación entre religión y poder político. Este fenómeno confirma que las dinámicas religiosas continúan influyendo de manera relevante en la configuración electoral costarricense.

Pero Costa Rica no constituye un caso aislado. En Brasil, por ejemplo, el voto evangélico ha resultado decisivo en varios procesos presidenciales recientes y en la integración del Congreso Nacional. En Honduras, Guatemala y El Salvador, sectores protestantes han logrado una influencia considerable dentro de las estructuras gubernamentales. En Colombia también se observa una creciente capacidad de incidencia electoral de las iglesias cristianas no católicas.

Desde el punto de vista ideológico, el panorama latinoamericano revela interesantes contrastes. Históricamente, parte del clero católico ha mostrado mayor afinidad con discursos sociales cercanos a posiciones progresistas o de izquierda, especialmente a partir de la influencia de corrientes como la doctrina social de la Iglesia y, en algunos momentos, la teología de la liberación. Sin embargo, ello no significa necesariamente que los votantes católicos reproduzcan electoralmente esas orientaciones.

Por otra parte, amplios sectores del protestantismo latinoamericano han desarrollado discursos conservadores en materias éticas, familiares y culturales, generando afinidades más cercanas con partidos y movimientos de derecha. En Costa Rica, durante las elecciones presidenciales de 2022 y 2026, el voto evangélico mostró importantes inclinaciones hacia candidaturas identificadas con posiciones conservadoras, fenómeno similar al observado en otros países latinoamericanos.

Las relaciones entre Iglesia y Estado, por tanto, continúan atravesando procesos dinámicos de adaptación. Ya no se trata únicamente de la antigua tensión entre liberalismo y catolicismo que caracterizó el siglo XIX, sino de una realidad mucho más diversa, donde distintos credos religiosos buscan espacios de influencia dentro de sociedades democráticas cada vez más plurales.

A lo largo de la historia costarricense, estas relaciones han transitado por etapas de conflicto, acercamiento, cooperación y distanciamiento. Han existido momentos de abierta confrontación y también períodos de convivencia armónica. Como ocurre con muchos procesos históricos, la relación entre religión y política rara vez permanece estática; evoluciona según las transformaciones culturales, electorales y sociales de cada época.

En la actualidad, pareciera que sectores del protestantismo político disfrutan de una etapa de cercanía con el poder gubernamental y mantienen afinidades ideológicas con corrientes conservadoras latinoamericanas, mientras muestran mayor distancia frente a proyectos políticos de izquierda. Sin embargo, la historia enseña que las alianzas entre religión y política suelen ser cambiantes y responden a circunstancias específicas de cada coyuntura nacional.

Costa Rica continúa siendo un laboratorio particularmente interesante para observar la evolución de las relaciones Iglesia-Estado en América Latina. La convivencia entre tradición católica, crecimiento evangélico y pluralidad democrática plantea desafíos inéditos para el sistema político y para la propia cultura nacional.

Al final, la historia demuestra que ni las alianzas políticas son eternas ni las hegemonías religiosas permanecen intactas para siempre. Como un péndulo que oscila entre acercamientos y distancias, la relación entre Iglesia y Estado seguirá transformándose conforme cambien las sensibilidades sociales, los liderazgos políticos y las creencias de la ciudadanía. El tiempo dirá cuánto perduran las actuales convergencias y qué nuevas configuraciones surgirán en el futuro de la democracia costarricense.

Historiador y especialista en Geopolítica Internacional:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026-5.pdf

Entre la esperanza y la mano dura: apuntes críticos sobre el discurso inaugural de la nueva presidencia en Costa Rica

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Los discursos inaugurales no son simples actos protocolarios. Son ejercicios de construcción simbólica del poder. En ellos se define quién representa al pueblo, cuáles son las amenazas del país, qué problemas merecen atención prioritaria y qué emociones deben organizar la vida política de una sociedad. El reciente discurso de toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica merece ser leído precisamente desde esa perspectiva: no solo como una declaración administrativa, sino como un proyecto narrativo de país.

A primera vista, el discurso logra algo políticamente muy eficaz: transmitir cercanía, determinación y esperanza. La apelación constante a Dios, al esfuerzo personal, a la clase media y al “pueblo que despertó” conecta emocionalmente con amplios sectores sociales cansados de corrupción, inseguridad y desgaste institucional. Esa dimensión afectiva no debe ser subestimada. Las sociedades no se movilizan únicamente por datos o tecnicismos jurídicos; también lo hacen por símbolos, emociones y relatos de restauración moral.

Sin embargo, una lectura más detenida permite identificar tensiones y contradicciones importantes que merecen reflexión pública.

Uno de los elementos centrales del discurso es la construcción de una narrativa de ruptura con el pasado. Se habla de “coronas”, privilegios y viejas prácticas políticas, mientras se presenta el nuevo gobierno como heredero de una “nueva forma de hacer política”. No obstante, esta retórica convive con continuidades evidentes: figuras provenientes de partidos tradicionales ocupan posiciones estratégicas y actores centrales del gobierno saliente mantienen espacios de enorme poder político. La pregunta entonces no es menor: ¿estamos frente a una transformación estructural del sistema político o ante una reconfiguración narrativa de las mismas élites bajo nuevos símbolos y lenguajes?

Otro aspecto particularmente relevante es la centralidad otorgada a la seguridad y al narcotráfico. El discurso articula gran parte de la crisis nacional alrededor del crimen organizado, la necesidad de “mano dura”, la construcción de una megacárcel y la crítica a jueces que supuestamente “sueltan delincuentes”. Este enfoque responde a una lógica de populismo punitivo cada vez más presente en América Latina: ofrecer respuestas rápidas, visibles y emocionalmente contundentes frente a problemas complejos.

El problema no es discutir seguridad pública —tema real y urgente—, sino reducir la crisis nacional casi exclusivamente a esa dimensión. En el discurso aparecen de manera marginal asuntos igualmente decisivos para el futuro del país: educación, salud pública, desigualdad, precarización laboral y debilitamiento del Estado social. Resulta llamativo, por ejemplo, que mientras se promete firmeza penal, se mantenga una visión favorable a la flexibilización laboral mediante jornadas excepcionales como el esquema 4/3.

También merece atención la forma en que el discurso construye inclusión y exclusión simbólica. Se mencionan comunidades indígenas, afrocostarricenses, mujeres y sectores históricamente invisibilizados. Sin embargo, hay una ausencia total de referencia a las disidencias sexuales y poblaciones LGBTIQ+, precisamente en un contexto donde Costa Rica se ha retirado de espacios regionales de discusión sobre derechos vinculados a estas comunidades bajo el argumento de que “todos los derechos ya están garantizados”. La omisión no es accidental. En política, lo que no se nombra también comunica.

A esto se suma un elemento discursivo interesante: aunque la presidenta reivindica su condición de mujer, madre e hija de clase media, evita sistemáticamente feminizar el cargo presidencial, salvo en una única ocasión. Puede parecer un detalle menor, pero las elecciones lingüísticas en política rara vez son neutras. La construcción de liderazgo femenino aparece asociada más a valores morales y familiares que a una agenda explícita de transformación de género.

Finalmente, hay una cuestión más profunda que atraviesa todo el discurso: la creciente mezcla entre legitimidad política y legitimidad religiosa. La constante apelación a Dios no opera únicamente como referencia cultural; funciona como fundamento ético del proyecto político. Esto obliga a preguntarnos hasta qué punto Costa Rica está entrando en una nueva etapa donde religión, seguridad y narrativa antiélite comienzan a fusionarse como pilares centrales de legitimación del poder.

Nada de esto significa negar problemas reales del país ni descalificar automáticamente al nuevo gobierno. Tampoco implica reducir el debate a consignas partidarias o ideológicas. Significa, más bien, asumir una responsabilidad democrática básica: leer críticamente el discurso político, identificar sus silencios, sus énfasis y sus contradicciones.

Porque las democracias no se debilitan únicamente cuando desaparecen las elecciones. También pueden erosionarse lentamente cuando el miedo desplaza al debate, cuando la complejidad social se simplifica en enemigos internos, o cuando las emociones sustituyen completamente la deliberación pública.

Costa Rica enfrenta desafíos enormes. Precisamente por eso necesita más pensamiento crítico y menos adhesiones automáticas. Menos fanatismo y más discusión informada. La esperanza democrática no debería construirse únicamente sobre la promesa de autoridad, sino sobre la capacidad colectiva de pensar el país con profundidad, memoria y responsabilidad.

Del pueblo a Dios: la peligrosa reconfiguración de la legitimidad política

Por MSc. Rodrigo Humberto Campos Hernández

En los últimos días, declaraciones de actores políticos costarricenses han encendido una señal de alerta que no debería ser ignorada. No se trata simplemente de referencias religiosas en el discurso público —algo que, en sí mismo, no es nuevo— sino de un giro más profundo: la utilización sistemática de lo religioso como fundamento de legitimidad política.

Cuando una presidenta electa se define como un “vaso vacío” para que Dios la llene, cuando un gobierno es presentado como “un milagro”, y cuando se afirma que un líder político “se dejó usar por Dios”, no estamos ante expresiones personales de fe. Estamos ante la construcción de un relato donde el poder político deja de justificarse en la deliberación democrática para anclarse en una autoridad trascendente.

Este desplazamiento no es menor. En una democracia constitucional, el poder se legitima en la voluntad popular expresada a través de procedimientos, en el respeto al derecho y en la posibilidad permanente de crítica. Como ha señalado Jürgen Habermas, en sociedades pluralistas las decisiones públicas deben poder justificarse en términos accesibles a todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas (Habermas, 2006). Cuando el fundamento del poder se traslada a la voluntad divina, ese criterio de justificación común se rompe.

Pero el problema no se agota ahí.

Estas declaraciones se insertan en un patrón discursivo más amplio, observable en distintos contextos internacionales, donde sectores de la derecha política han articulado una narrativa que combina religión, moralidad absoluta y proyecto de poder. Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Europa y América Latina, se repite una misma lógica: el líder no solo gobierna, sino que encarna una misión; la política no es un espacio de desacuerdo legítimo, sino una lucha entre el bien y el mal; y el adversario deja de ser un contendiente democrático para convertirse en un enemigo moral.

En este contexto, cobra especial relevancia la reiterada apelación al “pueblo”. La idea de que el “pueblo” debe recuperar los poderes del Estado —incluido el Poder Judicial— parece, en apariencia, una reivindicación democrática. Sin embargo, esta apelación encubre una operación más compleja: la redefinición de quién es el pueblo legítimo.

Como ha planteado Ernesto Laclau, el “pueblo” no es una realidad dada, sino una construcción política que articula demandas diversas bajo una identidad común (Laclau, 2005). En los últimos años, esta construcción ha sido capturada por discursos que buscan identificar al pueblo con una identidad moral y religiosa específica. En palabras de Joanildo Burity, asistimos en América Latina a intentos de redefinir el pueblo nacional como “pueblo evangélico”, en el marco de proyectos con aspiraciones hegemónicas.

El problema es evidente: cuando el pueblo deja de ser el conjunto diverso de ciudadanos y se convierte en una comunidad moral homogénea, la democracia deja de ser un espacio de pluralismo para transformarse en un proyecto de exclusión. Como advierte Chantal Mouffe, la democracia requiere reconocer el carácter legítimo del conflicto y la pluralidad de identidades; cuando ese conflicto se moraliza en términos absolutos, se erosiona la lógica democrática (Mouffe, 2018).

¿Quién queda entonces fuera de ese “pueblo”? ¿Qué lugar ocupan quienes no comparten esa identidad religiosa? La respuesta implícita en estos discursos es inquietante: quedan simbólicamente excluidos.

Este riesgo se vuelve aún más grave cuando se articula con propuestas orientadas a “recuperar” el Poder Judicial. En una democracia, el Poder Judicial no es un botín político ni un espacio a ser conquistado por mayorías circunstanciales. Es, precisamente, el contrapeso que garantiza derechos, limita el poder y protege a las minorías frente a posibles abusos.

Cuando la intención de intervenir o controlar ese poder se enmarca, además, en un discurso que invoca la voluntad divina, el problema deja de ser retórico para convertirse en institucional. Como advierte la literatura contemporánea sobre populismo y religión, la articulación entre moral religiosa, liderazgo carismático y proyecto de poder puede derivar en formas de desdemocratización o incluso en escenarios “posdemocráticos”, donde las instituciones formales subsisten, pero su contenido se vacía progresivamente.

Ahora bien, es importante decirlo con claridad: el problema no es la religión en la esfera pública. América Latina cuenta con una rica tradición de pensamiento religioso comprometido con la justicia social, la dignidad humana y la crítica al poder. La teología de la liberación y las experiencias ecuménicas son prueba de ello.

Precisamente por eso resulta llamativo —y preocupante— el relativo silencio o la baja visibilidad de estos sectores frente a la creciente instrumentalización de lo religioso por parte de proyectos políticos conservadores. La ausencia de voces religiosas que reivindiquen una ética del poder centrada en la justicia, la inclusión y el respeto al pluralismo deja el campo simbólico de lo religioso en manos de discursos que lo utilizan como herramienta de legitimación y exclusión.

Ese silencio no es neutro.

Permite que se consolide una narrativa donde la fe se convierte en criterio de pertenencia política, donde la moral se absolutiza y donde el poder se blinda frente a la crítica. En ese escenario, la democracia no se destruye de un golpe; se erosiona progresivamente, desplazando sus fundamentos desde el derecho hacia la creencia.

Costa Rica no está, por ahora, ante una ruptura institucional. Su tradición democrática, sus controles constitucionales y su inserción en el sistema interamericano de derechos humanos siguen operando como límites reales. Pero eso no debería llevarnos a la complacencia.

Las democracias no suelen caer de un día para otro. Se transforman gradualmente, muchas veces a través de cambios en el lenguaje, en los símbolos y en las formas de justificar el poder.

Cuando la política comienza a hablar en nombre de Dios, cuando el pueblo se redefine en términos religiosos y cuando los contrapesos institucionales se presentan como obstáculos a ser superados, no estamos ante anécdotas discursivas. Estamos ante señales de advertencia.

Ignorarlas sería un error.

Referencias:

Habermas, J. (2006). Entre naturalismo y religión.

Laclau, E. (2005). La razón populista.

Mouffe, C. (2018). Por un populismo de izquierda.

Burity, J. (2019). “El pueblo evangélico: construcción hegemónica…”