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Etiqueta: religión y política

El púlpito, el presupuesto y el miedo

Rodrigo Campos Hernández

Por Rodrigo H. Campos Hernández

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Termina con una pregunta sobre quién pretende gobernar nuestras conciencias.

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Escribí entonces sobre la excepcionalidad, las amenazas y el riesgo de que el temor se instalara en nuestras conciencias antes incluso de que ciertos hechos ocurrieran. El mes termina y el miedo sigue. Ahora se alimenta también de decisiones que desordenan la política exterior, recortan servicios sociales y acercan cada vez más el discurso religioso al ejercicio del poder.

El viernes 25, en la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Fernández Delgado participó en la celebración del Día de la Biblia. Allí afirmó que ese libro podía servir como manual para ser una buena presidenta. La frase merece atención. Quien gobierna puede tener sus creencias y expresarlas; otra cosa es presentar un texto religioso como guía para tomar decisiones en nombre de una sociedad plural. Cuando la fe entra al despacho presidencial, cabe preguntar quién decide qué significa esa guía y qué lugar les queda a quienes no la comparten.

No se trata de negar la libertad religiosa ni de expulsar a las personas creyentes de la política. Se trata de impedir que una interpretación religiosa particular se convierta en medida de ciudadanía, en fundamento de una ley o en criterio para reconocer derechos. Una democracia puede albergar muchas fes; no debería exigir ninguna para garantizar la igualdad.

En Costa Rica esa discusión tiene una dificultad adicional. El artículo 75 constitucional establece que la religión católica es la religión del Estado, aunque protege el libre ejercicio de otros cultos. Por eso hablar de una política laica no es describir una realidad ya alcanzada: es plantear una tarea democrática pendiente. La laicidad significa que las decisiones públicas deben justificarse ante toda la ciudadanía mediante razones, derechos y responsabilidades comunes, no mediante la autoridad de una iglesia o de una doctrina.

Lo ocurrido en la campaña electoral muestra que la preocupación no es abstracta. Laura Fernández firmó una alianza política estratégica con el Foro Mi País, que presentó compromisos como eliminar la llamada “ideología de género” de las aulas. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó cautelarmente detener mensajes que llamaran a votar utilizando razones o símbolos religiosos y la difusión de un folleto que pedía a los cristianos evangélicos votar por Pueblo Soberano. La intervención del Tribunal deja una señal institucional clara: la frontera entre convicción religiosa y movilización electoral no puede borrarse a conveniencia.

La influencia de estos movimientos tampoco se limita a Costa Rica. Un análisis regional de El País describe cómo grupos evangélicos han ganado espacio en gobiernos y movimientos políticos de Centroamérica y los vincula con dinámicas presentes también en Estados Unidos y Brasil. Pew Research Center, a partir de encuestas realizadas en seis países latinoamericanos, encontró que alrededor de dos tercios de las personas consultadas en Brasil, Colombia y Perú consideran importante que su presidente defienda a quienes comparten sus creencias religiosas. En esos tres países, mayorías similares también creen que la Biblia debería influir en las leyes. Son datos de esos países, no una descripción uniforme de todo el continente; sí muestran que la relación entre identidad religiosa y poder político es un fenómeno regional que merece atención.

El fundamentalismo político aparece cuando un sector pretende que sus convicciones sean la norma moral obligatoria para toda la sociedad. No hace falta que se prohíban las elecciones ni que se cierre el Congreso para que el pluralismo se estreche. Basta con clasificar unas posiciones como virtuosas y otras como una amenaza; basta con afirmar que ciertos derechos son una imposición ideológica, mientras la propia doctrina se presenta como verdad natural, familiar o divina.

En esa lógica también encaja la cruzada presidencial contra la llamada “ideología de género”. La presidenta ha dicho que el tema era “agua pasada” y luego reafirmó la oposición de su Gobierno a su presencia en las escuelas. Al mismo tiempo, personas homosexuales ocupan puestos dentro del aparato gubernamental. La contradicción no está en sus identidades: está en un poder que incorpora a algunas personas mientras desacredita las demandas colectivas de igualdad, reconocimiento y educación inclusiva. La diversidad parece aceptable como presencia individual, pero se vuelve sospechosa cuando reclama derechos.

El discurso religioso también debe confrontarse con la política social. La mayoría oficialista aprobó recortar ₡40.000 millones a CEN-CINAI y ₡30.000 millones al BANHVI, trasladando principalmente esos recursos al Régimen No Contributivo de Pensiones. Las personas adultas mayores que reciben esas pensiones también necesitan protección. Precisamente por eso no deberíamos aceptar que el Estado enfrente unas urgencias contra otras: niñez, vivienda popular y vejez no tendrían que disputarse una bolsa insuficiente. Después del recorte se reportaron órdenes de transporte suspendidas y cambios temporales de horario en algunos CEN-CINAI. Las autoridades discutieron el alcance de las afectaciones, pero el problema dejó de ser hipotético cuando el acceso a servicios concretos quedó comprometido.

En la misma modificación presupuestaria se habilitó un traslado de ₡70 millones para comunicación de Casa Presidencial. No es que esos recursos salieran directamente de CEN-CINAI o del BANHVI. Pero, en medio de una discusión sobre austeridad y necesidades sociales, la pregunta sobre las prioridades del Gobierno resulta inevitable: ¿qué encuentra financiamiento y qué se deja expuesto al recorte?

La política exterior completó el cuadro. La presidenta viajó a Colombia y no asistió a la Asamblea General de la ONU. Días después destituyó al canciller Manuel Tovar, quien estaba en Nueva York y tenía prevista la intervención de Costa Rica. La Presidencia alegó que no le había comunicado una invitación a una reunión del “Escudo de las Américas”. La crisis terminó trastocando la representación costarricense en una semana diplomática importante. No es una simple diferencia de agenda: es una señal de improvisación y de concentración de las decisiones en la voluntad presidencial.

También merece escrutinio el nombramiento de Boris Marchegiani como representante ante la ONU. La prensa reportó que él mismo reconoció no tener experiencia diplomática y recordó su participación en el financiamiento de vallas que exigían la renuncia de jerarcas públicos y sus vínculos políticos con el oficialismo. El Gobierno defendió su idoneidad. La pregunta sigue en pie: si existen diplomáticos de carrera, ¿qué criterio explica que un aliado político sin trayectoria diplomática ocupe una representación de tanta importancia? Los puestos públicos no deberían funcionar como recompensa por la cercanía con quienes gobiernan.

Así termina setiembre: la Biblia en el atril, la austeridad sobre servicios sociales, los nombramientos bajo sospecha y una disputa política que presenta la diversidad como amenaza mientras admite selectivamente a algunas personas diversas dentro del poder. El miedo no surge de una sola noticia. Crece cuando se vuelve difícil reconocer un principio común que explique las decisiones del Gobierno y cuando una doctrina religiosa parece ganar autoridad sobre los derechos de quienes no la comparten.

Defender una política laica no significa exigir que las personas creyentes callen. Significa que ninguna iglesia, ningún pastor y ninguna interpretación religiosa gobiernen por encima de la ciudadanía plural. Las leyes deben proteger a creyentes y no creyentes por igual; deben responder a necesidades comprobables y garantizar derechos, no imponer una fe.

Setiembre se acaba. El miedo permanece, pero no tenemos que resignarnos a que el púlpito dicte la ley ni a que la incertidumbre sustituya al debate democrático. También podemos tomar distancia del ruido para cuidar el juicio crítico y recuperar fuerzas.

Los elegidos de ayer y de hoy

Álvaro Vega Sánchez

Creerse elegido es la superstición requerida
para elegir después a los sacrificados en masa
Francisco Rodríguez, Alopecia, 2025.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Los elegidos es el título de una serie difundida por Netflix que narra la experiencia de vida profundamente humana del Jesús histórico y sus discípulos. El tema de la elección es columna vertebral en la teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y hoy cobra vigencia particular, atendiendo al contexto geopolítico.

Abraham es elegido para crear un pueblo que sea de bendición a todas las naciones (Genesis 12:1-3), mientras que hoy el llamado pueblo elegido se ha convertido, emulando a los antiguos imperios, en maldición para las naciones, particularmente su vecino el pueblo de Palestina, víctima de una acción criminal devastadora. Un pueblo que pasó de ser víctima de uno de los principales genocidios históricos a convertirse en victimario.

Jesús es elegido por su Padre para instaurar un reino de paz y justicia y, a su vez, este elige a doce discípulos y algunas discípulas, como María Magdalena, para que continúen su misión, particularmente a favor de los empobrecidos y marginados de la tierra. Es una elección que conlleva un compromiso gratuito y generoso por la vida, para convertir a la humanidad en una hermandad de amor, justicia, paz y solidaridad.

La elección divina no es ningún privilegio que obedece a cualidades excepcionales de una persona o pueblo, es un acto de gracia; tampoco para ostentar y hacer alarde de poder y grandeza. Es, más bien, un llamado a defender y promover el derecho a la vida digna de todos los seres humanos, particularmente hacer justicia a los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros e inmigrantes (Dt 10:18). Y por esa causa, los elegidos se convierten en víctima de aquellos poderes que buscan someter, excluir y discriminar; sufren persecución, exilio, sometimiento y muerte. En la película Violinista en el tejado, el protagonista en una escena dramática, donde el pueblo sufre el exilio, eleva su mirada al cielo y protesta ante Dios por haberles escogido como su pueblo: “Sé que nosotros somos tu pueblo elegido. Pero de vez en cuando, ¿no podrías elegir a otro?”.

En este sentido, resulta contradictorio cómo se ha revertido el comportamiento del Israel sionista de hoy, al considerarse el único elegido por Dios, y cuyo rostro es el de la arrogancia y prepotencia faraónica. Efectivamente, si ayer el faraón se resistía a la liberación del pueblo judío hoy es Israel quien se resiste a la liberación del pueblo palestino. También se ha convertido en una amenaza para la paz mundial, induciendo a otras naciones a que le acompañen en una guerra de sometimiento y exterminio.

Por su parte, vuelve con fuerza la doctrina del destino manifiesto bajo el actual gobierno de Donald Trump, que concibe a los Estados Unidos como nación elegida por Dios para llevar “democracia” y “libertad” a todos los pueblos, aunque ello implique doblegarlos por la fuerza a entrar en sus dominios imperiales. Apelar al mesianismo civilizador, como agente destinado a propiciar los ideales democráticos y libertarios, le ha servido para justificar las intervenciones con evidentes intereses geopolíticos, así como la apropiación de recursos y mercados estratégicos para expandir su dominio como potencia. Asimismo, se recicla la doctrina Monroe: “América para los americanos”, como contraparte a las nuevas propuestas del multilateralismo.

Una vez más, es utilizado el nombre de Dios para emprender y justificar la guerra de exterminio, por parte de dos naciones que han hecho alianza para ejercer un dominio absoluto en un mundo que más bien busca nuevas formas de poder geopolítico compartido, para convivir pacíficamente propiciando el bienestar y progreso de todos los pueblos de la tierra, sin exclusiones.

Se está utilizando “el nombre de Dios en vano”, es decir, el pecado de idolatría; el uso interesado del nombre de Dios o la creación y adoración de nuevos dioses-ídolos a imagen y semejanza de élites de poder que buscan legitimar sus intereses egoístas y espurios. Como bien señala el escritor José Saramago, «no es un dios, sino el “factor Dios » el que se exhibe en los billetes de dólar y que se muestra en los carteles que pide para América (la de los Estados Unidos, no la otra…) la bendición divina…Ha sido el “factor Dios”, ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ese que no respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabó por hacer del hombre una bestia”.

El pueblo costarricense, con lucidez, inteligencia política y gran sensibilidad humana ha sabido ondear la bandera de la paz y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Ganó reconocimiento y credibilidad internacional con la eliminación del ejército, la creación de áreas protegidas que salvaguardan una cuarta parte de su territorio, el acuerdo de paz en Centroamérica, la Proclama de Neutralidad ante conflictos armados internacionales, entre otras iniciativas. No debemos, bajo ninguna circunstancia, bajar esa bandera. Todo lo contrario, levantarla con más fuerza y valentía, convocando a la paz con justicia, la erradicación de todas las formas de violencia y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Un no rotundo a las guerras por la conquista de recursos y poder geopolítico global.

Los pueblos libres, dignos y nobles están siendo desafiados a establecer un pacto global por la convivencia pacífica y la preservación del planeta. Un pacto que sea de bendición para todos los pueblos de la Tierra.

El día de la Biblia

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Este 25 de setiembre celebraron en la Asamblea Legislativa el día de la Biblia los pastores evangélicos con la presencia de la presidenta.

El sector mayoritario evangélico costarricense está de lleno comprometido con el grupo político encabezado por Rodrigo Chaves.

Distingo a los evangélicos chavistas de los no chavistas, que los hay.

Chaves representa valores ubicados en las antípodas de los valores que defiende, supuestamente, el evangelismo.

¿Cómo pueden compaginar los “valores familiares” con una persona con varias familias, hijos fuera de matrimonio, odio, insultos? ¿Cómo unir los “valores morales” evangélicos con una persona que se vanagloria de su vulgaridad? ¿Cómo apoyar a un hombre y un movimiento que puede ser la antítesis del Salvador?

Puede haber dos explicaciones al menos.

La primera y evidente es que ese evangelismo hizo una mera transacción, cambiar los votos de los evangélicos a cambio de puestos de diputados, ministros, magistrados y aprobar normas de su exclusivo interés. Simplemente un trueque del voto evangélico por puestos de poder.

En este punto la conclusión es que se trata de una mercantilización de la fe. Es la realidad, aunque nos cueste aceptarlo.

La segunda es más profunda y tiene que ver con la cosmovisión contemporánea de los evangélicos.

El sector comprometido con el chavismo es partidario de la guerra, está contra la inmigración, apoya a Israel y al genocidio, promueve el enriquecimiento sin límites, apoya la reducción de derechos humanos a las mujeres y a la diversidad sexual, asimismo, la disminución de derechos a las personas privadas de libertad, se opone el concepto del cambio climático e incluso a la limitación de libertades democráticas. Ese sector es partidario de una masculinidad ruda y una supremacía patriarcal.

Atrás quedaron postulados evangélicos de humanismo, solidaridad y paz mundial, de convivencia y respeto por las opiniones ajenas.

Los evangélicos son partidarios del proyecto chavista de división, confrontación y odio social, asunto muy alejado de la vieja cosmovisión evangélica.

Por supuesto que la posición evangélica actual forma parte del engranaje global de la ultraderecha, que ha sido concebida, promovida y financiada por el gobierno de Trump.

El día de la Biblia no puede ser un momento para envenenar el alma nacional.

Del altar a la tribuna política: las nuevas relaciones iglesia-Estado en Costa Rica

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Durante buena parte de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando en Costa Rica se hablaba de las relaciones Iglesia-Estado, el concepto remitía exclusivamente al vínculo entre el Estado costarricense y la Iglesia católica. No podía ser de otra manera. La religión católica constituía no solo la fe mayoritaria de la población, sino también el eje espiritual y cultural sobre el cual descansaba buena parte de la vida pública nacional. Desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX, la Iglesia católica ejerció una influencia determinante en la educación, la moral pública, los rituales cívicos y la legitimación simbólica del poder político.

La Constitución Política de Costa Rica reconoció históricamente a la religión católica como la religión oficial del Estado, condición que aún conserva en el artículo 75 constitucional. Sin embargo, las relaciones entre ambas instituciones nunca estuvieron exentas de tensiones. La historia política costarricense del siglo XIX estuvo marcada por múltiples episodios de conflicto entre los gobiernos liberales y la jerarquía eclesiástica. La secularización de los cementerios, la creación del Registro Civil, la laicización de la educación pública y las vacantes episcopales producto de disputas políticas evidenciaron una relación compleja, marcada por momentos de acercamiento, ruptura y negociación permanente.

A mediados del siglo XIX el presidente Juan Rafael Mora Porras abolió el cobro del diezmo y desató un agrio enfrentamiento con el obispo Anselmo Llorente y la Fuente, que desencadenó en su expulsión del país en 1858. Posteriormente la llamada era liberal del último tercio del siglo XIX impulsó reformas orientadas a disminuir la influencia eclesiástica sobre la vida pública. El Estado buscó consolidar su autoridad administrativa y política mediante instituciones civiles independientes de la tutela religiosa. Aquellos conflictos no fueron exclusivos de Costa Rica; respondían a un fenómeno latinoamericano más amplio en el cual los proyectos liberales intentaban modernizar las estructuras estatales y redefinir los límites del poder clerical.

Dentro de ese contexto histórico también surgieron restricciones a la participación política directa del clero católico. La Constitución de 1949 estableció limitaciones para que sacerdotes ocuparan cargos de elección popular, procurando evitar que la autoridad religiosa se confundiera con la autoridad política. Tales disposiciones estaban claramente pensadas para el clero católico, pues en aquella época las iglesias protestantes tenían una presencia mínima en el país y carecían de peso electoral significativo.

No obstante, el panorama religioso costarricense comenzó a transformarse aceleradamente durante el último cuarto del siglo XX. El crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes modificó profundamente el mapa de las creencias religiosas tanto en Costa Rica como en América Latina. El antiguo monopolio cultural del catolicismo empezó a ceder terreno frente a una diversidad creciente de expresiones cristianas, especialmente pentecostales y neopentecostales, que encontraron gran receptividad en amplios sectores sociales.

Así, el concepto tradicional de relaciones Iglesia-Estado dejó de referirse únicamente al vínculo entre el Estado y la Iglesia católica para ampliarse hacia una interacción más compleja entre el aparato estatal y múltiples iglesias de orientación cristiana (judeo-cristiana). La pluralidad religiosa pasó a convertirse en un elemento central del debate político contemporáneo.

El avance del protestantismo en América Latina ha sido notable. Países como Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador muestran hoy porcentajes muy elevados de población evangélica, con una incidencia creciente en la vida electoral y parlamentaria. Costa Rica no ha sido la excepción. Aunque el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria, el crecimiento de otras confesiones cristianas ha reducido considerablemente la hegemonía religiosa que mantuvo durante siglos.

En el caso costarricense, las iglesias evangélicas han logrado construir estructuras organizativas con gran capacidad de movilización política y social. Algunas operan como microempresas, otras como empresas y algunas como verdaderas corporaciones. Las hay de capital nacional, algunas de corte familiar, otras tipo cooperativa y también algunas operan como transnacionales y responden a organizaciones con presencia en varios países bajo la figura de filiales, similar a una franquicia.

A diferencia del clero católico, las limitaciones constitucionales históricas no alcanzaron de igual forma a los liderazgos protestantes, situación que facilitó la aparición de partidos políticos vinculados a sectores evangélicos conservadores. Estas agrupaciones alcanzaron representación legislativa significativa y llegaron incluso a presidir en dos ocasiones la Asamblea Legislativa.

Uno de los momentos más representativos de este fenómeno ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2018, cuando un partido de fuerte inspiración evangélica logró avanzar hasta la segunda ronda electoral, evidenciando la capacidad de este sector para disputar espacios de poder nacional. En distintos momentos, estas fuerzas alcanzaron hasta nueve diputados, consolidando un protagonismo político impensable décadas atrás.

En las recientes elecciones nacionales de 2026, la representación política vinculada a sectores protestantes conservadores pareció insertarse de manera más directa dentro del partido oficialista triunfador, reflejando nuevas formas de articulación entre religión y poder político. Este fenómeno confirma que las dinámicas religiosas continúan influyendo de manera relevante en la configuración electoral costarricense.

Pero Costa Rica no constituye un caso aislado. En Brasil, por ejemplo, el voto evangélico ha resultado decisivo en varios procesos presidenciales recientes y en la integración del Congreso Nacional. En Honduras, Guatemala y El Salvador, sectores protestantes han logrado una influencia considerable dentro de las estructuras gubernamentales. En Colombia también se observa una creciente capacidad de incidencia electoral de las iglesias cristianas no católicas.

Desde el punto de vista ideológico, el panorama latinoamericano revela interesantes contrastes. Históricamente, parte del clero católico ha mostrado mayor afinidad con discursos sociales cercanos a posiciones progresistas o de izquierda, especialmente a partir de la influencia de corrientes como la doctrina social de la Iglesia y, en algunos momentos, la teología de la liberación. Sin embargo, ello no significa necesariamente que los votantes católicos reproduzcan electoralmente esas orientaciones.

Por otra parte, amplios sectores del protestantismo latinoamericano han desarrollado discursos conservadores en materias éticas, familiares y culturales, generando afinidades más cercanas con partidos y movimientos de derecha. En Costa Rica, durante las elecciones presidenciales de 2022 y 2026, el voto evangélico mostró importantes inclinaciones hacia candidaturas identificadas con posiciones conservadoras, fenómeno similar al observado en otros países latinoamericanos.

Las relaciones entre Iglesia y Estado, por tanto, continúan atravesando procesos dinámicos de adaptación. Ya no se trata únicamente de la antigua tensión entre liberalismo y catolicismo que caracterizó el siglo XIX, sino de una realidad mucho más diversa, donde distintos credos religiosos buscan espacios de influencia dentro de sociedades democráticas cada vez más plurales.

A lo largo de la historia costarricense, estas relaciones han transitado por etapas de conflicto, acercamiento, cooperación y distanciamiento. Han existido momentos de abierta confrontación y también períodos de convivencia armónica. Como ocurre con muchos procesos históricos, la relación entre religión y política rara vez permanece estática; evoluciona según las transformaciones culturales, electorales y sociales de cada época.

En la actualidad, pareciera que sectores del protestantismo político disfrutan de una etapa de cercanía con el poder gubernamental y mantienen afinidades ideológicas con corrientes conservadoras latinoamericanas, mientras muestran mayor distancia frente a proyectos políticos de izquierda. Sin embargo, la historia enseña que las alianzas entre religión y política suelen ser cambiantes y responden a circunstancias específicas de cada coyuntura nacional.

Costa Rica continúa siendo un laboratorio particularmente interesante para observar la evolución de las relaciones Iglesia-Estado en América Latina. La convivencia entre tradición católica, crecimiento evangélico y pluralidad democrática plantea desafíos inéditos para el sistema político y para la propia cultura nacional.

Al final, la historia demuestra que ni las alianzas políticas son eternas ni las hegemonías religiosas permanecen intactas para siempre. Como un péndulo que oscila entre acercamientos y distancias, la relación entre Iglesia y Estado seguirá transformándose conforme cambien las sensibilidades sociales, los liderazgos políticos y las creencias de la ciudadanía. El tiempo dirá cuánto perduran las actuales convergencias y qué nuevas configuraciones surgirán en el futuro de la democracia costarricense.

Historiador y especialista en Geopolítica Internacional:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026-5.pdf

Entre la esperanza y la mano dura: apuntes críticos sobre el discurso inaugural de la nueva presidencia en Costa Rica

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Los discursos inaugurales no son simples actos protocolarios. Son ejercicios de construcción simbólica del poder. En ellos se define quién representa al pueblo, cuáles son las amenazas del país, qué problemas merecen atención prioritaria y qué emociones deben organizar la vida política de una sociedad. El reciente discurso de toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica merece ser leído precisamente desde esa perspectiva: no solo como una declaración administrativa, sino como un proyecto narrativo de país.

A primera vista, el discurso logra algo políticamente muy eficaz: transmitir cercanía, determinación y esperanza. La apelación constante a Dios, al esfuerzo personal, a la clase media y al “pueblo que despertó” conecta emocionalmente con amplios sectores sociales cansados de corrupción, inseguridad y desgaste institucional. Esa dimensión afectiva no debe ser subestimada. Las sociedades no se movilizan únicamente por datos o tecnicismos jurídicos; también lo hacen por símbolos, emociones y relatos de restauración moral.

Sin embargo, una lectura más detenida permite identificar tensiones y contradicciones importantes que merecen reflexión pública.

Uno de los elementos centrales del discurso es la construcción de una narrativa de ruptura con el pasado. Se habla de “coronas”, privilegios y viejas prácticas políticas, mientras se presenta el nuevo gobierno como heredero de una “nueva forma de hacer política”. No obstante, esta retórica convive con continuidades evidentes: figuras provenientes de partidos tradicionales ocupan posiciones estratégicas y actores centrales del gobierno saliente mantienen espacios de enorme poder político. La pregunta entonces no es menor: ¿estamos frente a una transformación estructural del sistema político o ante una reconfiguración narrativa de las mismas élites bajo nuevos símbolos y lenguajes?

Otro aspecto particularmente relevante es la centralidad otorgada a la seguridad y al narcotráfico. El discurso articula gran parte de la crisis nacional alrededor del crimen organizado, la necesidad de “mano dura”, la construcción de una megacárcel y la crítica a jueces que supuestamente “sueltan delincuentes”. Este enfoque responde a una lógica de populismo punitivo cada vez más presente en América Latina: ofrecer respuestas rápidas, visibles y emocionalmente contundentes frente a problemas complejos.

El problema no es discutir seguridad pública —tema real y urgente—, sino reducir la crisis nacional casi exclusivamente a esa dimensión. En el discurso aparecen de manera marginal asuntos igualmente decisivos para el futuro del país: educación, salud pública, desigualdad, precarización laboral y debilitamiento del Estado social. Resulta llamativo, por ejemplo, que mientras se promete firmeza penal, se mantenga una visión favorable a la flexibilización laboral mediante jornadas excepcionales como el esquema 4/3.

También merece atención la forma en que el discurso construye inclusión y exclusión simbólica. Se mencionan comunidades indígenas, afrocostarricenses, mujeres y sectores históricamente invisibilizados. Sin embargo, hay una ausencia total de referencia a las disidencias sexuales y poblaciones LGBTIQ+, precisamente en un contexto donde Costa Rica se ha retirado de espacios regionales de discusión sobre derechos vinculados a estas comunidades bajo el argumento de que “todos los derechos ya están garantizados”. La omisión no es accidental. En política, lo que no se nombra también comunica.

A esto se suma un elemento discursivo interesante: aunque la presidenta reivindica su condición de mujer, madre e hija de clase media, evita sistemáticamente feminizar el cargo presidencial, salvo en una única ocasión. Puede parecer un detalle menor, pero las elecciones lingüísticas en política rara vez son neutras. La construcción de liderazgo femenino aparece asociada más a valores morales y familiares que a una agenda explícita de transformación de género.

Finalmente, hay una cuestión más profunda que atraviesa todo el discurso: la creciente mezcla entre legitimidad política y legitimidad religiosa. La constante apelación a Dios no opera únicamente como referencia cultural; funciona como fundamento ético del proyecto político. Esto obliga a preguntarnos hasta qué punto Costa Rica está entrando en una nueva etapa donde religión, seguridad y narrativa antiélite comienzan a fusionarse como pilares centrales de legitimación del poder.

Nada de esto significa negar problemas reales del país ni descalificar automáticamente al nuevo gobierno. Tampoco implica reducir el debate a consignas partidarias o ideológicas. Significa, más bien, asumir una responsabilidad democrática básica: leer críticamente el discurso político, identificar sus silencios, sus énfasis y sus contradicciones.

Porque las democracias no se debilitan únicamente cuando desaparecen las elecciones. También pueden erosionarse lentamente cuando el miedo desplaza al debate, cuando la complejidad social se simplifica en enemigos internos, o cuando las emociones sustituyen completamente la deliberación pública.

Costa Rica enfrenta desafíos enormes. Precisamente por eso necesita más pensamiento crítico y menos adhesiones automáticas. Menos fanatismo y más discusión informada. La esperanza democrática no debería construirse únicamente sobre la promesa de autoridad, sino sobre la capacidad colectiva de pensar el país con profundidad, memoria y responsabilidad.

Del pueblo a Dios: la peligrosa reconfiguración de la legitimidad política

Por MSc. Rodrigo Humberto Campos Hernández

En los últimos días, declaraciones de actores políticos costarricenses han encendido una señal de alerta que no debería ser ignorada. No se trata simplemente de referencias religiosas en el discurso público —algo que, en sí mismo, no es nuevo— sino de un giro más profundo: la utilización sistemática de lo religioso como fundamento de legitimidad política.

Cuando una presidenta electa se define como un “vaso vacío” para que Dios la llene, cuando un gobierno es presentado como “un milagro”, y cuando se afirma que un líder político “se dejó usar por Dios”, no estamos ante expresiones personales de fe. Estamos ante la construcción de un relato donde el poder político deja de justificarse en la deliberación democrática para anclarse en una autoridad trascendente.

Este desplazamiento no es menor. En una democracia constitucional, el poder se legitima en la voluntad popular expresada a través de procedimientos, en el respeto al derecho y en la posibilidad permanente de crítica. Como ha señalado Jürgen Habermas, en sociedades pluralistas las decisiones públicas deben poder justificarse en términos accesibles a todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas (Habermas, 2006). Cuando el fundamento del poder se traslada a la voluntad divina, ese criterio de justificación común se rompe.

Pero el problema no se agota ahí.

Estas declaraciones se insertan en un patrón discursivo más amplio, observable en distintos contextos internacionales, donde sectores de la derecha política han articulado una narrativa que combina religión, moralidad absoluta y proyecto de poder. Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Europa y América Latina, se repite una misma lógica: el líder no solo gobierna, sino que encarna una misión; la política no es un espacio de desacuerdo legítimo, sino una lucha entre el bien y el mal; y el adversario deja de ser un contendiente democrático para convertirse en un enemigo moral.

En este contexto, cobra especial relevancia la reiterada apelación al “pueblo”. La idea de que el “pueblo” debe recuperar los poderes del Estado —incluido el Poder Judicial— parece, en apariencia, una reivindicación democrática. Sin embargo, esta apelación encubre una operación más compleja: la redefinición de quién es el pueblo legítimo.

Como ha planteado Ernesto Laclau, el “pueblo” no es una realidad dada, sino una construcción política que articula demandas diversas bajo una identidad común (Laclau, 2005). En los últimos años, esta construcción ha sido capturada por discursos que buscan identificar al pueblo con una identidad moral y religiosa específica. En palabras de Joanildo Burity, asistimos en América Latina a intentos de redefinir el pueblo nacional como “pueblo evangélico”, en el marco de proyectos con aspiraciones hegemónicas.

El problema es evidente: cuando el pueblo deja de ser el conjunto diverso de ciudadanos y se convierte en una comunidad moral homogénea, la democracia deja de ser un espacio de pluralismo para transformarse en un proyecto de exclusión. Como advierte Chantal Mouffe, la democracia requiere reconocer el carácter legítimo del conflicto y la pluralidad de identidades; cuando ese conflicto se moraliza en términos absolutos, se erosiona la lógica democrática (Mouffe, 2018).

¿Quién queda entonces fuera de ese “pueblo”? ¿Qué lugar ocupan quienes no comparten esa identidad religiosa? La respuesta implícita en estos discursos es inquietante: quedan simbólicamente excluidos.

Este riesgo se vuelve aún más grave cuando se articula con propuestas orientadas a “recuperar” el Poder Judicial. En una democracia, el Poder Judicial no es un botín político ni un espacio a ser conquistado por mayorías circunstanciales. Es, precisamente, el contrapeso que garantiza derechos, limita el poder y protege a las minorías frente a posibles abusos.

Cuando la intención de intervenir o controlar ese poder se enmarca, además, en un discurso que invoca la voluntad divina, el problema deja de ser retórico para convertirse en institucional. Como advierte la literatura contemporánea sobre populismo y religión, la articulación entre moral religiosa, liderazgo carismático y proyecto de poder puede derivar en formas de desdemocratización o incluso en escenarios “posdemocráticos”, donde las instituciones formales subsisten, pero su contenido se vacía progresivamente.

Ahora bien, es importante decirlo con claridad: el problema no es la religión en la esfera pública. América Latina cuenta con una rica tradición de pensamiento religioso comprometido con la justicia social, la dignidad humana y la crítica al poder. La teología de la liberación y las experiencias ecuménicas son prueba de ello.

Precisamente por eso resulta llamativo —y preocupante— el relativo silencio o la baja visibilidad de estos sectores frente a la creciente instrumentalización de lo religioso por parte de proyectos políticos conservadores. La ausencia de voces religiosas que reivindiquen una ética del poder centrada en la justicia, la inclusión y el respeto al pluralismo deja el campo simbólico de lo religioso en manos de discursos que lo utilizan como herramienta de legitimación y exclusión.

Ese silencio no es neutro.

Permite que se consolide una narrativa donde la fe se convierte en criterio de pertenencia política, donde la moral se absolutiza y donde el poder se blinda frente a la crítica. En ese escenario, la democracia no se destruye de un golpe; se erosiona progresivamente, desplazando sus fundamentos desde el derecho hacia la creencia.

Costa Rica no está, por ahora, ante una ruptura institucional. Su tradición democrática, sus controles constitucionales y su inserción en el sistema interamericano de derechos humanos siguen operando como límites reales. Pero eso no debería llevarnos a la complacencia.

Las democracias no suelen caer de un día para otro. Se transforman gradualmente, muchas veces a través de cambios en el lenguaje, en los símbolos y en las formas de justificar el poder.

Cuando la política comienza a hablar en nombre de Dios, cuando el pueblo se redefine en términos religiosos y cuando los contrapesos institucionales se presentan como obstáculos a ser superados, no estamos ante anécdotas discursivas. Estamos ante señales de advertencia.

Ignorarlas sería un error.

Referencias:

Habermas, J. (2006). Entre naturalismo y religión.

Laclau, E. (2005). La razón populista.

Mouffe, C. (2018). Por un populismo de izquierda.

Burity, J. (2019). “El pueblo evangélico: construcción hegemónica…”

Paz, poder y conciencia: el llamado de los obispos salvadoreños

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Los obispos de El Salvador han publicado una palabra de adhesión al Papa León XIV que, leído con atención, va bastante más allá de un gesto eclesial. Es un posicionamiento. No frontal, pero sí claro. Y aparece en un momento en que el hermano país, no solo vive un experimento político propio, sino que se va pareciendo cada vez más a un modelo que hoy tiene referentes internacionales bien definidos.

El gobierno de Nayib Bukele ha construido una legitimidad sólida sobre resultados visibles, sobre todo en seguridad. Eso le ha dado un respaldo popular difícil de cuestionar. Pero ese mismo modelo —eficaz, rápido, concentrado— no es neutral. Tiene una lógica: la del poder fuerte, la del liderazgo que no se detiene en contrapesos ni matices.

Ahí es donde la cercanía con Donald Trump deja de ser casual. No es solo una buena relación política. Es una afinidad más profunda, casi una simbiosis en la forma de entender el poder: gobernar desde la fuerza, acogerse al respaldo popular, comunicar en clave de victoria, y asumir que las críticas institucionales son más un obstáculo que un equilibrio necesario. Cada uno en su contexto, sí. Pero en la misma frecuencia.

Desde ahí, el comunicado episcopal se vuelve más punzante de lo que parece. Cuando habla de los “ídolos del poder, el dinero y la violencia”, no está lanzando una frase más. Está señalando un riesgo muy concreto. Cuando afirma que la paz no se construye con amenazas ni armas, está cuestionando —sin nombrarlo— el corazón de un modelo que hoy se presenta como exitoso.

Y aquí está lo incómodo: los obispos introducen otra pregunta, más profunda y menos popular: ¿a qué costo y bajo qué lógica se está construyendo la paz?

Ese es el filo del texto. Porque en contextos de éxito político, lo más fácil es dejar de preguntar. La eficacia tiende a volverse argumento moral. Y ahí la Iglesia rompe la inercia: recuerda que no todo lo que funciona es justo, y que no toda paz es verdaderamente humana.

Los obispos saben que enfrentarse directamente a un liderazgo tan popular sería estéril. Por eso eligen otro camino: anclar su palabra en el Papa León XIV y en el Evangelio, y desde ahí introducir un criterio distinto. No compiten por el poder; cuestionan su sentido.

Para el creyente, el desafío es incómodo. Porque obliga a salir de la lógica del aplauso fácil. Obliga a discernir. A no absolutizar ningún proyecto político, por exitoso que parezca. Y, sobre todo, a no confundir orden con justicia.

El texto, en el fondo, no busca derribar nada. Pero sí deja una inquietud difícil de ignorar: si la paz se sostiene únicamente en la fuerza, tarde o temprano deja de ser paz. Y esa es una advertencia que, en el clima actual, resulta más subversiva de lo que parece.

León XIV y Trump: poder, legitimidad y conflicto

José A. Amesty Rivera

A propósito de la discusión entre Donald Trump y el Papa León XIV, lo que estamos viendo no es un simple intercambio de declaraciones ni un choque de personalidades. No, esto va mucho más allá, es una pelea política de alto nivel, donde se enfrentan dos formas muy distintas de entender el poder, el mundo y hasta lo que significa la humanidad.

Porque aquí no solo se habla de la guerra con Irán, lo que realmente está sobre la mesa es quién decide cuándo se hace una guerra, cómo se justifica y, sobre todo, quién tiene derecho a hablar en nombre del “ser humano”.

Trump representa una forma de hacer política que podríamos llamar la del garrote, el que tiene más fuerza, impone. Así de simple, presiones, sanciones, amenazas, discursos duros, y nada de esto es improvisado, es un mensaje claro: “yo mando aquí”.

El problema es que este estilo de liderazgo puede imponer miedo, pero no genera estabilidad; y el miedo no dura para siempre, tarde o temprano se convierte en resistencia, lo que parece control, termina en conflicto permanente.

En el caso de Irán, esta presión no ha logrado debilitar al adversario como se esperaba, más bien ha pasado lo contrario, se han endurecido las posiciones, se han reforzado los discursos más radicales y se ha instalado la idea de que el conflicto no es solo político, sino casi de vida o muerte, y cuando un conflicto llega a este punto, ya no es fácil de negociar.

Ahora hay otro tema clave, la legalidad, porque no todo es poder; también hay reglas, y cuando una potencia actúa por fuera de esas reglas, abre una puerta peligrosa.

Las acciones militares de Estados Unidos, justificadas como “preventivas” y basadas en amenazas que no siempre están claras, debilitan el derecho internacional, y si ese sistema se debilita, lo que queda es algo muy básico y peligroso, la ley del más fuerte.

De hecho, muchos analistas señalan que este tipo de guerra preventiva es muy discutible, tanto legal como estratégicamente. No hay pruebas sólidas de una amenaza inmediata que justifique la autodefensa, y eso hace que la intervención sea, como mínimo, polémica y frágil.

Y aquí entra una figura que en teoría no juega este juego del poder, el Papa León XIV. El Papa no tiene ejército, no tiene misiles, no tiene sanciones, pero tiene algo que en momentos de crisis pesa muchísimo, legitimidad política ética.

Y esta tensión entre poder y moral no es nueva. A lo largo de la historia, cuando la autoridad religiosa ha incomodado al poder político, la respuesta muchas veces ha sido la presión, la captura o el intento de control. Basta recordar el periodo del Papado de Aviñón, cuando los papas fueron trasladados a Francia bajo la influencia de la monarquía, en lo que muchos consideran un sometimiento político de la Iglesia.

Siglos después, esa lógica se repitió con Napoleón Bonaparte, quien no dudó en invadir Roma y mantener prisionero a Papa Pío VII, demostrando que incluso la máxima autoridad religiosa podía ser doblegada por el poder militar.

Y aún antes, en plena Edad Media, el conflicto entre Felipe IV de Francia y el Papa Bonifacio VIII, dejó claro hasta dónde podía llegar el choque entre Iglesia y Estado, incluyendo la captura del propio Papa.

Estas referencias no son solo historia; son advertencias. Muestran que cuando el poder político se siente desafiado por una autoridad ética, la tentación de imponer, controlar o silenciar ha sido constante.

Y esta autoridad no es neutral; cuando dice que Dios no bendice ninguna guerra, está desmontando la idea de que la violencia puede ser algo “necesario” o incluso “sagrado”.

Cuando habla del “delirio de omnipotencia”, está apuntando directo a una forma de hacer política basada en imponer, no en dialogar.

Y cuando insiste en que no tiene miedo de decirlo, está marcando una línea clara, la legitimidad ética no se somete al poder político.

En el fondo, este es el choque real, no es solo Trump contra el Papa, es dos formas de ver el orden del mundo.

Por un lado, una visión unilateral, decidir solo, actuar rápido, imponer condiciones. Por el otro, una visión más cercana al diálogo, a los acuerdos, a las reglas compartidas, no es un detalle menor, es una pelea por el modelo de orden internacional.

A esto se suma algo aún más delicado, la mezcla entre religión y política. Porque no es lo mismo decir “esto es por seguridad” que insinuar que una guerra tiene respaldo divino. Cuando se mete a Dios en una decisión militar, se le quita espacio a la crítica y se convierte una decisión política en algo casi intocable.

Esto ha sido muy cuestionado, no solo por el Papa, sino por muchas voces que ven ahí una forma de usar la religión como herramienta política.

Y aquí aparece otra batalla, quién tiene la autoridad para interpretar la fe en el espacio público, qué es “cristiano” y qué no lo es cuando se usa en política.

Mientras tanto, la pelea también está en otro terreno, el de la narrativa mediática. Hoy las guerras no solo se pelean con armas, también se pelean con historias, con discursos, con la forma en que la gente percibe lo que está pasando.

Y Trump domina muy bien este terreno mediático, es directo, emocional, rápido, sabe cómo llamar la atención y cómo convertir todo en espectáculo político.

El Papa, en cambio, juega distinto: su discurso es más lento, más reflexivo, menos explosivo, pero apunta a otra cosa, a valores, principios, ideas de humanidad que van más allá del momento. Y aquí se da un contraste fuerte, el ruido de la fuerza y la velocidad política, frente a la conciencia de los principios y la ética.

Todo esto ocurre además en un mundo que está cambiando; ya no vivimos en el mismo orden de hace 20 años. Las potencias se reacomodan, surgen nuevas alianzas, y la legitimidad no depende solo de la fuerza, sino también de cómo se perciben las cosas.

En este contexto, la guerra con Irán no es solo un conflicto regional, es (como dicen) casi un ensayo del nuevo orden mundial.

Un mundo donde se está decidiendo si la política seguirá basada en la imposición o si todavía habrá espacio para reglas, acuerdos y límites.

Por eso este choque entre Trump y el Papa va mucho más allá de ellos dos. La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria, ¿quién tiene realmente el poder hoy? ¿El que puede destruir o el que puede cuestionar?

Al final, más allá de quién gane esta confrontación puntual, lo que está en juego es algo más grande, la legitimidad del poder en el siglo XXI.

Porque una cosa es ganar una guerra, y otra muy distinta es perder la autoridad moral, y cuando se pierde eso, no queda orden, queda incertidumbre.

Y si lo miramos en conjunto, esto no es solo una disputa entre figuras visibles del poder mundial, es una especie de radiografía del momento histórico que estamos viviendo.

Un tiempo donde se intenta normalizar la guerra como herramienta política, incluso presentarla como algo “inevitable” o “justificado”. Pero no lo es.

Lo que queda claro es esto, el poder que se impone por la fuerza necesita justificarse todo el tiempo, en cambio, el poder que se sostiene en la ética, no necesita armas para hacerse escuchar.

Aquí no hay neutralidad posible, o se acepta una lógica donde el mundo se vuelve un tablero de guerra permanente, o se defiende la idea de que la política tiene límites, de que la vida humana no es un simple cálculo, y de que la paz no es debilidad, sino una decisión política.

Porque cuando se acepta que cualquier amenaza justifica una guerra, lo que se está aceptando en realidad es un mundo sin reglas, sin frenos y sin futuro.

Y frente a esto, la voz que incomoda (la que denuncia, la que cuestiona, la que no se calla), deja de ser solo una opinión, se convierte en una necesidad.

La verdadera batalla no es solo entre Irán, Trump o el Papa, es una batalla por el sentido mismo de la humanidad, y en esta batalla, quedarse callado también es tomar partido.

El proceso contra Jesús y la democracia

José Manuel Arroyo Gutiérrez[1]

Comienzo por advertir lo que esta reflexión no es. No entraré en la difícil cuestión acerca de la verdad histórica de los hechos relatados por los evangelistas, incluida la polémica interminable sobre la existencia misma de Jesús de Nazaret. Con el debido respeto a las convicciones religiosas de cada quien, ésta tampoco es, ni por asomo, una disquisición teológica, que aborde la trascendencia religiosa o espiritual de los acontecimientos y sus personajes; ni pretendo, en este sentido, convencer a nadie de nada. Por último, no puede ser éste un ejercicio que juzgue las deficiencias de un procedimiento penal realizado hace más de dos mil años, con parámetros y criterios actuales.

Sólo he tomado los relatos adjudicados a Mateo (26-1/75 y 27-1/56); Marcos (14-1/72 y 15-1/47); Lucas (22-1/71; 23-1/56); y sobre todo Juan (1-19; 11-49/53; 18-1/40 y 19-1/42)[2], en su estricta literalidad, asumiendo las muchas diferencias, diversos énfasis y hasta abiertas contradicciones que hay entre sus distintas versiones acerca de lo sucedido hace veintiún siglos, tratando de quedarme con lo esencial de lo referido, aquello que pueda tener relevancia desde una perspectiva jurídico-procesal y política, tanto para el momento en que sucedieron los hechos, como para las enseñanzas que pudiéramos sacar aplicables a los tiempos actuales.

1. Tiempos turbulentos. El escenario geográfico-temporal de los acontecimientos es la Palestina del siglo I de nuestra Era. El Imperio Romano ha sometido ese territorio y ejerce una especie de tutelaje conforme las pautas acostumbradas por Roma: para los conflictos internos (entre judíos) tolerancia hacia su cultura, religión y respeto por sus leyes y autoridades; para conflictos externos, en todo lo que amenace el dominio imperial, brutal imposición y represión. Además, es tiempo de frecuentes rebeliones y movimientos sediciosos y revolucionarios que pretenden la liberación e independencia de los subyugados. Pero también hay servilismo y complicidad, sobre todo de las élites oligárquicas judías, que buscaban mantener su estatus y ventajas complaciendo los intereses de los dominadores.

Primera enseñanza que apuntar: las cosas no han cambiado mucho en esto de complacer a los poderes imperiales por parte de las oligarquías internas, que lucen por completo colonizadas para defender sus intereses y mantener sus privilegios.

2. La conspiración de los poderosos. Queda claro, desde un inicio, que las prédicas y actuaciones de Jesús el Galileo, han provocado escándalo e indignación en la mayoría de los miembros del Sanedrín, autoridad que concentraba el poder político y religioso del pueblo judío y que estaba integrado por sumos sacerdotes, escribas y ancianos notables. Es desde esta instancia que se genera la necesidad de acusar a Jesús, buscando sobre todo señalarlo como autor de blasfemia (por decirse Hijo de Dios, el Mesías esperado), delito que conllevaba la pena de muerte. Los relatos evangélicos apuntan a toda una conspiración para capturar al sospechoso, buscar la prueba inculpatoria y esperar al momento oportuno para justiciarlo, todo a la sombra de la noche y en lugar retirado, para evitar protestas o revueltas de la gente que lo apoyaba.

Segunda enseñanza para nuestros días: el poder constituido puede encontrar en el proceso –sobre todo penal- un instrumento para deshacerse de opositores incómodos. El “Lawfare” es tan antiguo como la Biblia.

3.La traición y el abandono del procesado. En las grandes causas judiciales no es infrecuente que la traición de gente cercana al procesado se haga patente. Con excepción de las mujeres, que aparecen acompañándolo y consolándolo siempre, en este caso se describe la entrega explícita, a cambio de unas monedas, por parte de Judas Iscariote; y se registra también el abandono de sus propios discípulos al momento de ser detenido Jesús, y la negación reiterada del principal de ellos, Pedro, que declaraba no conocerlo. Se define así una desolación del perseguido penal que lo lleva al inmovilismo, la incapacidad para defenderse, -no sólo por la explicación teológica de hacer que las profecías se cumplieran-, sino por la parálisis a que puede conducir el saberse gravemente acusado.

Tercera enseñanza para todos los tiempos: la defensa frente a la persecución penal es un derecho imprescindible, un acompañamiento necesario desde los primeros pasos del proceso, dado que el desequilibrio entre el sujeto señalado y el aparato persecutor es tremendamente desigual en la mayoría de los casos.

4. Un proceso que mezcla religión y política. A lo largo de los relatos del Evangelio, lo que inicia como un proceso judicial, poco a poco se convierte en un juicio político. Las acciones de Jesús que motivan su captura y juzgamiento, son principalmente: las prédicas sobre la urgencia de la conversión y liberación según su palabra (que llevan al cargo de que solivianta e instiga al pueblo); las radicales críticas contra escribas y fariseos (que atenta contra la autoridad constituida); la expulsión con violencia de los mercaderes del Templo; y la jactancia de poder destruir ese lugar sagrado para reconstruirlo en tres días (que afecta a la clase de los comerciantes y subvierte el orden público); su proclamación como “rey de los judíos” (que contradice los poderes políticos tanto el judío como el romano); la relativización de los rituales y tradiciones religiosas, privilegiando el testimonio de vida; y, como ya vimos, la principal prédica de que él era, en efecto, el Hijo de Dios, el Cristo que comparte su naturaleza con la del Padre, cuestión que enardecía a las autoridades judías por constituir la peor de las blasfemias por ellos concebible y por lo que merecía la pena de muerte.

Cuarta enseñanza para la posteridad: estamos frente a un proceso en el que se mezclaron razones morales o religiosas con las estrictamente legales o jurídica; riesgo en el que puede caer incluso el procedimiento penal contemporáneo. Además, el simple hecho de que se enuncie la eventual existencia de graves delitos, no alcanza, por sí solo, para comprobar su existencia y, menos aún, la culpabilidad efectiva del procesado. Este principio de separar lo religioso de lo político es extensivo al sano funcionamiento general de la democracia moderna, cuestión que como sabemos, está en seria crisis en nuestros días, dada la influencia y control de movimientos religiosos sobre instituciones y decisiones políticas.

5. Las formas de penalidad en juego. Si bien desde un primer momento lo que buscan los acusadores del Sanedrín es una condena por blasfemia e imponer la pena de muerte (por lapidación según la ley judía; por crucifixión según la romana), la situación política imperante impedía que fuera el propio Sanedrín el que la ejecutara, razón por la cual Pilatos entra en escena por ser la autoridad imperial que tenía “poder sobre vida o muerte” de un acusado. Es claro que los evangelistas han querido cargar la responsabilidad de este deicidio (el asesinato de Dios), antes que en las autoridades romanas, en el pueblo judío en general. Pero es también evidente para ellos que el propósito último de aplicar la pena capital, fue acompañado, a lo largo de este proceso, tanto en el momento de la detención, como en las comparecencias ante el Sanedrín, el pretor Pilatos y el gobernador Herodes, por una andanada de bofetadas, escupitajos, golpes, burlas y humillaciones hasta que por último, sobrevino el suplicio y la crucifixión.

Quinta enseñanza: tuvieron que transcurrir muchos siglos para que la humanidad comprendieran que acusar a alguien no significa que sea culpable; que el maltrato, tortura y humillación de los detenidos son prácticas inaceptables; que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que el silencio no puede interpretarse en su contra (es notable que Jesús en reiteradas ocasiones no responde a interrogatorios lo que es utilizado para inculparlo) y que, por último, se debe respetar la inocencia del procesado hasta que la autoridad judicial competente dicte lo contrario.

6. La cuestión probatoria. Parecen coincidir los relatos evangelistas en punto a que estamos delante de un procedimiento penal que invierte el orden natural de cualquier investigación judicial: primero se conspira y busca la pena a imponer, y luego se trata de construir los hechos y constituir la prueba que los respalde. En particular es evidente que los acusadores de Jesús anduvieron buscando testigos, aunque fueran falsos, para sostener la imputación. Como esto no lo lograron, fue mediante interrogatorios inducidos y capciosos al acusado, -ante el Sumo Sacerdote Caifás en primera instancia y luego ante Pilatos-, logrando que Jesús declare que en efecto él es “el Hijo de Dios”, confesión del delito que andaban buscando sus perseguidores y que los relevaba de procurar cualquier otra elemento probatorio.

Sexta lección para el futuro: en este punto se evidencia una práctica viciosa del proceso penal que llega hasta nuestros días: detener y acusar primero, y buscar las pruebas después. En la larga historia del derecho procesal penal, por otra parte, la confesión del acusado fue valorada como la “reina de las pruebas”. Este mecanismo para “probar” el delito endilgado, se convirtió en una obsesión de acusadores y jueces durante mucho tiempo, sobre todo porque la confesión se quiso obtener por cualquier medio, incluido el tormento o la tortura. Si el acusado aceptaba los cargos en su contra, todos podían respirar aliviados y la justicia se imponía con certeza. Hasta que Cesare Beccaria, en el siglo XVIII, se permitió señalar que la confesión mediante tortura sólo servía para absolver al culpable fuerte que podía resistir, y por el contrario, permitía condenar al inocente frágil o débil que cedía ante el dolor.

7. Las competencias y el lavado de manos. Otro tópico importante en este relato judicial es la cuestión de las competencias. A Jesús lo anduvieron de aquí para allá, unos –el Sanedrín- buscando la condenatoria más grave; otros –Pilatos- tratando de quitarse aquella braza de las manos, enviando al acusado ante Herodes, de nuevo ante el Sanedrín y finalmente lavándose las manos y entregando al acusado a sus perseguidores. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del Sanedrín no podían permitir la usurpación de su hegemonía religiosa por parte de aquél predicador, -falso profeta-, según su criterio. Tienen claro que deben acabar con él mediante la pena de muerte, pero también saben que la ejecución de esta medida no puede ser llevada a cabo por propia mano en virtud de la naturaleza del castigo y de la competencia romana sobre esas decisiones. Por su parte, según los evangelistas, el pretor Pilatos, aunque no encuentra fundamento a las acusaciones contra Jesús y está convencido de su inocencia, termina cediendo ante el clamor de la muchedumbre (¡crucifícale!) y el argumento de que el César no va a ver con buenos ojos que se deje impune a quien cuestiona su poder político. Se produce entonces el gesto de lavado de manos para que sean otros los que asuman la responsabilidad de ese ajusticiamiento. Nótese que en ningún momento se pronunció una formal sentencia de muerte, sino sólo una entrega de facto del acusado a sus enemigos.

Sétima enseñanza: ha llegado hasta nuestros días la mala práctica de declarar incompetencias por parte de jueces que no quieren resolver el asunto caído en sus manos. En este expediente, además, lo que comienza como un proceso judicial, termina siendo un linchamiento político. La verdad, la justicia, los fundamentos de la acusación y la prueba que los respaldan, terminan sacrificados en el altar de las presiones sociales y el pragmatismo político. Esta es otra cuestión que llega intacta hasta nuestros días; sobre todo cuando la judicatura renuncia a su deber de objetividad, imparcialidad y verdad por intereses ideológicos o partidarios, para perjudicar a un ciudadano de oposición o crítico de los poderes vigentes.

8. El papel del “pueblo”: muchedumbre y manipulación. El pseudo-proceso contra Jesús conoce un momento decisivo cuando Pilatos, presionado por el Sanedrín, decide poner en práctica la costumbre de liberar a un delincuente para las fiestas de la Pascua. Acude a este mecanismo “democrático” para evitar reclamos, tanto internos como externos, y finalmente, para evadir responsabilidades por la muerte del acusado. Su posición es la del político pragmático y oportunista que procura conservar su autoridad a cualquier precio, aunque tenga que sacrificar la verdad y la justicia del caso, con tal de complacer el clamor de las mayorías y así conservar su poder. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos judíos, por su parte, convergen en el mismo objetivo: aprovechan el momento “democrático” para infiltrar, instigar y manipular a la muchedumbre convocada ante el Tribunal, cuestión que logran imponer cuando el Pretor romano les entrega a Jesús para ser crucificado.

Octava y última lección: los procesos democráticos, llámense elecciones, encuestas, sondeos, referendos, plebiscitos, etc., pueden convertirse en simples mecanismos irracionales de manipulación, cuando algunos tienen, coyunturalmente, los recursos económicos-políticos y propagandísticos suficientes para imponer sus particulares intereses.[3] Esos mismos procesos democráticos, debidamente institucionalizados y reglados, conducidos y controlados por autoridades objetivas y competentes, pueden en cambio culminar en la toma de decisiones conscientes e informadas, para el logro de una sana gestión pública, en orden al bien común y en las que las posiciones de la mayoría no impliquen el menoscabo de los derechos fundamentales de las minorías. No es posible, en consecuencia, dejar el juicio de culpabilidad o inocencia de una persona, en manos de una muchedumbre, por mayoritaria que sea. Existe en la práctica una utilización espuria de la democracia, así como una consolidación institucional de la misma según el manejo que se haga de ella. De igual manera, existen falsos demócratas, auténticos autócratas, que apelan a la supuesta voluntad del pueblo para destruir las instituciones; tanto como existen, por el contrario, verdaderos demócratas que, sin dejar de ser críticos con lo que anda mal en la democracia, proponen reformarla y corregirla para mejorarla y fortalecerla.

[1] Este artículo ha contado como bibliografía básica: Sagrebelsky, Gustavo; La crucifixión y la democracia; Editorial Ariel; Barcelona, 1996; así como: Schiavone, Aldo; Poncio Pilatro-Un enigma entre historia y memoria; editorial Trotta; Madrid, 2020; además: Piñero, Antonio; El Jesús Histórico-Otras aproximaciones; Editorial Trotta, Madrid, 2020.

[2] Biblia de Jerusalén; Editorial Española Desclée de Brouwer, S.A., Henao 6, Bilbao, 9; 1975.

[3] Recordemos, en Costa Rica, el tristemente célebre debate sobre el “SI” o el “No” en el referéndum sobre el TLC (octubre de 2007), con feroz campaña de promesas inalcanzables y memorando del miedo incluidos.

Dios No Bendice las Bombas

Mg. José A. Amesty Rivera

En los últimos días se produjo una escena que ha generado un fuerte debate en el mundo religioso y político. Mientras algunos líderes evangélicos en Estados Unidos se reunían en la Oficina Oval para orar por el presidente Donald Trump y bendecir una guerra contra Irán, desde el Vaticano el papa León XIV respondió con una frase que retumbó como un trueno moral: “La guerra no es santa; solo la paz es santa porque es querida por Dios”.

No fue una frase diplomática ni vaga, fue una advertencia clara, ningún gobierno puede usar el nombre de Dios para justificar bombardeos, invasiones o guerras.

Para muchos creyentes de América Latina, especialmente desde la teología latinoamericana, estas palabras recuerdan algo fundamental, Dios nunca está del lado de los imperios, sino del lado de los pueblos que sufren.

No es la primera vez que la religión, se utiliza para bendecir proyectos de poder, para justificar la guerra. A lo largo de la historia, imperios y gobiernos han intentado presentar sus guerras como “misiones divinas”.

En la actualidad, algunos sectores del fundamentalismo religioso en Estados Unidos, hablan incluso de guerras que formarían parte de un supuesto “plan bíblico” o del “fin de los tiempos”. Bajo ese discurso, conflictos políticos y económicos se presentan como voluntad de Dios.

Asi, el presidente Donald Trump había sido «ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán, provocar el Armagedón y marcar su regreso a la Tierra”.

Pero la realidad suele ser mucho más terrenal, por ejemplo, el economista y pensador crítico Samir Amin, explicaba que el imperialismo moderno no solo utiliza ejércitos, sino también ideas, discursos y religiones para justificar su poder.

En palabras sencillas, cuando el poder imperial necesita una guerra, muchas veces busca también un discurso moral o religioso que la legitime. Por eso la escena de pastores y pastoras orando para bendecir bombardeos no es solo un acto religioso; también es un acto político.

Pero el mensaje de Jesús de Palestina es otro; frente a esa lógica, el papa León XIV recordó algo muy simple pero muy profundo, Jesús nunca bendijo la guerra.

En el Evangelio, Jesús dice: “Bienaventurados los que trabajan por la paz”. No dice “bienaventurados los que ganan guerras”, dice los que construyen paz.

El teólogo brasileño Leonardo Boff, uno de los grandes pensadores de la teología latinoamericana, lo explica con claridad: “La paz no es solo que no haya guerra; la paz existe cuando hay justicia”.

Esto significa que cuando hay pobreza, explotación o dominación, la paz verdadera todavía no ha llegado.

En América Latina sabemos bien lo que significa la guerra, la intervención extranjera y la violencia política. Nuestro continente ha vivido golpes de Estado, dictaduras, conflictos armados y saqueo de recursos naturales, entre muchos otros.

Por eso muchos cristianos/as latinoamericanos aprendimos, que la fe no puede ser neutral frente al sufrimiento del pueblo.

A su vez, el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado mientras celebraba misa en 1980, lo dijo con una valentía que todavía conmueve: “En nombre de Dios y de este pueblo sufriente les suplico: ¡cese la represión!”.

Romero entendió algo muy importante, si la Iglesia no defiende a las víctimas, termina defendiendo a los poderosos.

Muchos analistas también recuerdan que detrás de muchos conflictos internacionales, guerras, hay intereses económicos: petróleo, recursos naturales, control de rutas estratégicas o dominio geopolítico.

Por ejemplo, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, lo resumió con una frase que sigue siendo actual: “Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza, para alimentar la prosperidad de otros”.

Aunque Galeano hablaba de América Latina, la misma lógica aparece en muchas regiones del mundo. Las guerras muchas veces no se explican por la religión ni por la democracia, sino por la hegemonía de los recursos y el poder.

Reiteramos y no olvidemos que, nuestra teología de y en América Latina, nuestra fe, está del lado del pueblo. Desde los años 60 y 70 surgió en América Latina una corriente cristiana muy importante, la teología latinoamericana. Su idea central es sencilla pero poderosa, Dios tiene una opción preferencial por los pobres.

El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, uno de sus fundadores, lo explicó así: “No se puede hablar de Dios sin hablar del sufrimiento de los pobres”.

Esto significa que la fe cristiana, no puede quedarse solo en rezos o rituales; también debe preocuparse por la justicia social, la dignidad humana y la paz.

Desde esta perspectiva, bendecir una guerra es una contradicción profunda con el mensaje del Evangelio.

Las palabras del papa León XIV, abren una reflexión importante para millones de cristianos/as en el mundo.

La pregunta es simple pero decisiva: ¿La religión servirá para justificar guerras o para defender la vida?

A lo largo de la historia han existido ambas posturas. Algunos líderes religiosos se alinearon con imperios y gobiernos. Otros, en cambio, caminamos junto a los pobres y denunciamos la injusticia.

El filósofo latinoamericano Enrique Dussel dice que la verdadera ética comienza escuchando el clamor de las víctimas.

Y cuando escuchamos a las víctimas de las guerras (niños muertos, familias desplazadas, ciudades destruidas) queda claro que ninguna bomba puede ser bendecida en nombre de Dios.

Para concluir, hacemos un llamado a la paz; cuando el papa repite que “la guerra no es santa”, no está diciendo solo una frase religiosa. Está recordando algo profundamente humano, la vida vale más que cualquier interés político o económico.

En un mundo lleno de conflictos, armas nucleares y tensiones internacionales, esa voz que llama a la paz puede parecer pequeña.

Pero como decía Eduardo Galeano: “La utopía sirve para caminar”. Y tal vez esa sea la tarea de los creyentes hoy, caminar del lado de la vida, de la justicia y de la paz.

Porque si Dios está en algún lugar de la historia, probablemente no esté en los palacios donde se deciden las guerras, sino entre los pueblos que luchan por sobrevivir y por vivir en paz.

Y una aclaración pertinente, está demostrado y lo sabemos todos y todas a carta cabal que, no todos los evangelicos/as en América Latina, Norteamérica y otros continentes son iguales. Hay Iglesias como La Unión Evangélica Pentecostal Venezolana UEPV y la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, por solo mencionar dos que conozco, que son proféticas, teniendo una posición acorde a nuestra teología latinoamericana, y siendo consecuentes con el mensaje de Jesucristo de Palestina.