Ir al contenido principal

Etiqueta: rendición de cuentas

AEL solicita informe técnico detallado sobre acciones municipales en la zona marítimo terrestre de Talamanca

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó una nueva gestión ante la Municipalidad de Talamanca solicitando información pública detallada sobre las acciones ejecutadas en la zona marítimo terrestre, particularmente en relación con ocupaciones denunciadas en Cocles y Manzanillo.

La solicitud, contenida en el oficio AEL-0018-2026 del 27 de febrero de 2026, invoca la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 10554) y plantea la necesidad de contar con prueba “clara y veraz” sobre la ejecución efectiva de las disposiciones señaladas previamente por la propia Alcaldía.

Antecedente: respuesta general de la Alcaldía

El planteamiento surge a raíz del oficio OF-AMT-E-0016-2025, mediante el cual la Alcaldía indicó que la Municipalidad, por delegación de la Ley Nº 6043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), es responsable de la administración de las zonas costeras del cantón.

En ese documento se recordó que la zona marítimo terrestre forma parte del patrimonio nacional, es inalienable e imprescriptible, y que la franja de cincuenta metros a partir de la pleamar ordinaria constituye zona pública donde no puede autorizarse ningún tipo de ocupación.

Sin embargo, AEL señala que dicha respuesta fue de carácter general y no incluyó evidencia concreta sobre intervenciones específicas, cronologías, inspecciones o medidas adoptadas frente a denuncias ciudadanas.

Solicitud de prueba documentada y acciones concretas

En el nuevo oficio, AEL solicita un informe técnico-legal detallado que incluya:

  • Lista cronológica de sitios intervenidos desde Puerto Viejo hasta Manzanillo.

  • Fechas de intervención y medidas adoptadas (desalojos, demoliciones, sanciones).

  • Fundamentos fácticos y legales aplicados en cada caso.

La gestión pone especial énfasis en la zona frente al Hotel Le Camaleon en Cocles, donde —según se expone— persisten denuncias por piscinas, mesas, parqueos, baños, cercas de alambre y otras estructuras que podrían contravenir la prohibición de ocupación en la zona pública.

Asimismo, se solicita información sobre inspecciones recientes, evidencias recopiladas, aplicación específica de los artículos 1, 3 y 20 de la Ley Nº 6043, y acciones correctivas ejecutadas o planificadas para restaurar el dominio público.

Enfoque en rendición de cuentas y control ciudadano

La gestión de AEL se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública y en el principio de rendición de cuentas en el ejercicio de la función administrativa. El documento señala que la información debe ser entregada en formato accesible y dentro del plazo legal de diez días hábiles, conforme a la normativa vigente.

La organización sostiene que la protección efectiva de la zona marítimo terrestre requiere no solo declaraciones generales sobre el marco legal aplicable, sino también evidencia verificable de intervenciones concretas frente a ocupaciones que restrinjan el acceso público o alteren el dominio inalienable del Estado.

El caso reabre el debate sobre la gestión municipal en la protección del patrimonio natural costero y la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia, fiscalización ciudadana y cumplimiento normativo en territorios de alta presión turística y comercial.

Defensoría pidió cuentas sobre acciones país para la prevención de la corrupción

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.

Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.

Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Calificación país baja en el Índice de Percepción de la Corrupción

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica se aleja de los mejores puntajes de América y de los países de la OCDE, tendencia que muestra en otros indicadores internacionales.

Este 2025, Costa Rica obtuvo 56 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), lo que empeora el desempeño histórico, ya de por sí deficiente. Desde el 2012 que se calcula este índice de manera comparada, el país ha alcanzado como máximo un puntaje de 59 en la medición del 2017, pero se mantiene en la decena de los cincuenta, en la cual ha estado fluctuando desde el 2012, sin avances sostenidos.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 182 países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). Es la medida más utilizada para la comparación entre países y la calcula la organización no gubernamental Transparencia Internacional desde hace más de dos décadas.

Debido a la carencia de acciones más contundentes contra la corrupción, no sorprende que el país baje, y que se encuentre alejado de los mejores puntajes del continente (Canadá, 75 o Uruguay, 73) y también del promedio del IPC que tienen las democracias plenas (73), pues es el grupo en el cual Costa Rica debería compararse por su trayectoria institucional.

Para la Asociación Costa Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional en el país, esta disminución en nuestra calificación refleja una oportunidad perdida en el cuatrienio de gobierno que finaliza.

La popularidad alta no fue aprovechada para enarbolar la bandera anticorrupción de la que se habló con frecuencia. Pese a ello, los avances son deficientes en iniciativas como la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), el Estudio de Integridad de la OCDE, las recomendaciones de los informes de las convenciones internacionales anticorrupción y de otros informes similares. Asimismo, la ausencia de reglamentos a leyes como la 10437 (Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales) o la 10554 (Ley marco de acceso a la información pública), son también deudas importantes que al parecer se han trasladado a la nueva administración.

Por su parte, espacios cívicos como los grupos multiactor de Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Parlamento Abierto y Estándares de Transparencia para la Construcción (CoST), requieren un relanzamiento con compromiso explícito para su implementación e impacto.

La baja del IPC forma parte de otros indicadores relacionados con la democracia que tienden a empeorar para Costa Rica, particularmente la libertad de prensa y la independencia entre poderes del Estado.

Para Juany Guzmán León, presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra, “estamos al frente de una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, con una alta legitimidad, que reitera en la campaña electoral su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero para mejorar se requiere un plan claro, rendición de cuentas, respeto a las libertades fundamentales y priorizar acciones sustantivas”.

En esta perspectiva, en conjunto con otros actores de sociedad civil, la Asociación Costa Rica Integra, pondrá a la disposición de la nueva administración de gobierno, un conjunto de medidas que consideramos son clave en la ruta de una cultura de integridad, de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la participación ciudadana en el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos nacionales en estas materias.

Deterioro global. La publicación global del IPC llama la atención sobre un declive generalizado, incluso en las democracias más sólidas, haciendo énfasis en el caso de Estados Unidos que alcanzó el puntaje más bajo de su historia en el IPC (64), luego de debilitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) —una norma clave que prohíbe el soborno corporativo a funcionarios extranjeros.

Al mismo tiempo, los recortes a la ayuda estadounidense destinada a financiar organizaciones de la sociedad civil en el exterior que fiscalizan a sus gobiernos han debilitado los esfuerzos anticorrupción a nivel global. Líderes políticos de distintos países han interpretado esto como una luz verde para perseguir y restringir aún más a voces independientes, como ONG y periodistas.

El informe global del IPC dedica este año a la problemática del crimen organizado, y menciona en concreto a Costa Rica: “Con elecciones este año en Bahamas (64), Colombia (37), Perú (30) y Costa Rica (56), se requiere mayor transparencia en el financiamiento político y una aplicación más eficaz de la ley para prevenir y detectar la influencia corruptora del crimen organizado en las campañas electorales.

Asimismo, es fundamental fortalecer la cooperación en casos de corrupción transnacional y la regulación de contadores, banqueros y abogados que facilitan que personas corruptas y otros criminales oculten dinero ilícito. Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia frente al crimen organizado y superar la desigualdad y la violencia que están desgarrando a sus sociedades”.

La Asociación Costa Rica Íntegra es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, una organización sin fines de lucro, independiente y eminentemente apartidista. Como parte de sus objetivos principales, la organización centra sus labores en promover e impulsar, desde el ámbito de la sociedad, un sistema nacional de integridad: Transparencia, Anticorrupción y Probidad. (TAP).

Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.

UNDECA denuncia: persisten graves fallas en sistema ERP–SAP en la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

A la ciudadanía se le dijo que el nuevo sistema informático de la Caja (ERP-SAP) estaba listo, que iba a ordenar las finanzas, los inventarios y la logística, pero la realidad, es que se puso a funcionar sin estar terminado y ahora la institución y la ciudadanía estamos pagando las consecuencias; incluso a seis meses de su salida en vivo, informes técnicos recientes son contundentes, las graves fallas persisten.

Durante meses autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del gobierno aseguraron públicamente que el sistema estaba listo y bajo control, sin embargo, las fallas estructurales comprometen la transparencia financiera, el control de inventarios, la logística institucional y, de forma directa, la calidad del servicio de salud que recibe la población.

UNDECA, como sindicato mayoritario de la CCSS alerta a la ciudadanía sobre una grave crisis institucional que ha derivado de la implementación apresurada del sistema informático ERP–SAP, el cual fue puesto en funcionamiento sin cumplir las condiciones técnicas mínimas requeridas.

Inclusive en estas fechas el caos persiste, los estados financieros están siendo comprometidos, hasta el momento no se han logrado consolidar inventarios, ni certificar las cargas iniciales del sistema, existen diferencias millonarias sin justificación técnica y no se ha podido realizar el primer cierre contable integral.

“Forzar cierres en estas condiciones implica el riesgo de emitir estados financieros poco confiables o falsos, con consecuencias legales y administrativas graves. Sumado a esto se han detectado problemas en inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre registros del sistema y existencias físicas, y la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos arriesgando la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

El sistema se lanzó con datos incorrectos, cargas mal hechas, procesos incompletos y no se sabe con certeza cuántos inventarios hay, dónde están ni cuánto valen realmente. La contabilidad pública no es una formalidad, es afirmar con responsabilidad legal que los números reflejan la realidad financiera de la institución.

Esta decisión apresurada de aprobar y pagar un sistema que sólo su salida en vivo costó más de 2 millones de dólares ($2 millones) y que no cumple con los requisitos técnicos mínimos, podría constituir incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, lo cual exigimos una investigación administrativa y judicial independiente.

Lo peor de todo es que los responsables han querido achacar la culpa a las personas trabajadoras de la institución, quienes en realidad han sostenido la operación con sobrecarga laboral, controles manuales y esfuerzos extraordinarios para evitar daños mayores a los pacientes.

“En este sentido, UNDECA exige transparencia, investigaciones administrativas independientes que determinen las responsabilidades por acción u omisión, la toma de decisiones apresuradas, los pagos realizados y protección para las personas que han advertido los riesgos”.

Y no solo han sido una avalancha de errores, sino que, en lugar de informar con transparencia, ahora, pretenden mover cronogramas y minimizar fallas ya materializadas. Esto no es transparencia: es manejo político de una crisis técnica, trasladando el costo del error a las personas trabajadoras y a la ciudadanía usuaria.

¡Denunciar no es sabotear! Es defender la Caja, los recursos públicos y el derecho a salud y pensiones dignas.

Pese a la alta preocupación ciudadana, pocos partidos enfrentan la corrupción como prioridad en sus planes de gobierno

Escrito en . Publicado en Elecciones.

  • Solo 3 de 20 partidos incluyen un eje o capítulo dedicado específicamente a la corrupción.

  • En 13 programas se identificaron 187 medidas, centradas casi exclusivamente en la prevención y en acciones administrativas que no requieren cambios legales.

San José. 9 de diciembre, 2025. Por tercera vez en una campaña electoral, la Asociación Costa Rica Íntegra realizó un análisis de los programas de gobierno de los 20 partidos políticos que compiten por la presidencia de la República, con el objetivo de identificar qué tipo de propuestas presentan contra la corrupción. Un nuevo análisis de Costa Rica Íntegra revela que, aunque la corrupción sigue siendo una de las principales inquietudes de la ciudadanía, la mayoría de los partidos políticos no la abordan de forma seria o estratégica en sus planes de gobierno.

Solo tres partidos presentan propuestas exhaustivas y alineadas con estándares internacionales.

La organización destaca que contar con un compromiso anticorrupción claro, completo y creíble es esencial para recuperar la calidad de las políticas públicas y la legitimidad institucional. Sin embargo, esta prioridad ciudadana —que por más de una década figura entre los mayores problemas del país, hoy solo superada por la inseguridad— no se refleja en la mayoría de los planes analizados.

Es así como el propósito de este análisis es “informar a las personas votantes y crear conciencia en los partidos políticos sobre la pertinencia de combatir la corrupción en el país, para lo cual se requieren intervenciones más decisivas y sostenibles, que se esperaría encontrar claramente identificados en los planes de gobierno de quienes pretenden gobernar”, indicó Juany Guzmán, presidenta de Costa Rica Íntegra.

Principales resultados. El primer análisis realizado a los planes de gobierno fue de tipo cuantitativo, en los próximos dos meses se complementará con una valoración sobre la calidad de las propuestas. Los principales hallazgos se pueden resumir en cinco mensajes:

1. Transparencia domina el discurso

El conteo de menciones a doce palabras clave evidencia que los términos más frecuentes son transparencia (31%), corrupción (21%) y ética y rendición de cuentas (12% cada uno). Mientras que conceptos como probidad, integridad o gobierno abierto aparecen de forma marginal.

Gráfico 1. Menciones a palabras relacionadas con la lucha contra la corrupción en los planes de gobierno de los 20 partidos inscritos para las elecciones presidenciales.

2. 187 medidas identificadas, casi todas administrativas, en 17 programas de gobierno

De los 20 programas de gobierno revisados, 17 presentan propuestas tangibles, para un total de 187 medidas.

El análisis muestra que:

  • 65% son acciones administrativas, como herramientas tecnológicas, mejoras de portales web, códigos de ética o canales de denuncia.

  • Las medidas legales (reglamentos, códigos internos) son menos frecuentes (20%)y se concentran en reformas penales o normativas para trazabilidad financiera.

  • Las propuestas infra-legales son escasas (6%).

Nótese que una acción puede ser muy amplia, por ejemplo, “Implementar la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción ENIPC”, otra acción puede ser pequeña impulsar un Código de Ética en un ministerio, ambas cuentan como una.

2. Solo 4 de los 20 partidos otorga un espacio estructurado al tema

Únicamente 4 planes de gobierno incluyen un título, un subtítulo o un eje temático específico sobre corrupción, como indicador básico de relevancia programática.

Los otros 13 partidos apenas mencionan el tema como parte de otros ejes, en diagnósticos o preámbulos, sin traducirlo en un título separado. Y sólo 3 partidos no incluyen ninguna medida sobre el tema: Clase Trabajadora, Esperanza Nacional y Liberación Nacional.

4. Predominio del enfoque preventivo

Cada una de las medidas se clasificó según su objetivo: prevención, detección o sanción. El 63% de las medidas apunta a la prevención. Las acciones de detección y sanción son considerablemente menos comunes, lo que revela un abordaje parcial del ciclo anticorrupción.

Cuadro resumen de medidas según objetivo, por partido

*Solo incluye partidos que definieron acciones concretas.

5. Mínima referencia a estándares internacionales y nacionales.

Solo un partido (Aquí Costa Rica Manda) hacen referencia explícita tanto al Estudio de Integridad de la OCDE (2022).

Cuatro partidos mencionan únicamente la ENIPC: Aquí Costa Rica Manda, Centro Democrático Social y Coalición Agenda Ciudadana.

“Los resultados evidencian la falta de estudio, de consulta técnica y de diálogo con especialistas. La mayoría de los partidos no incorporó insumos básicos ya disponibles”, agregó la Dra. Guzmán.

Además de comprobar si los programas hicieron mención explícita a estos dos informes, el análisis buscó puntos de alineación temática entre los programas y las recomendaciones de la OECD y de la ENIPC. De esa forma, se pudo confirmar que había pocas coincidencias temáticas entre las recomendaciones de estos estudios y las medidas concretas de los partidos.

En las próximas semanas, la Asociación Costa Rica Íntegra profundizará en el análisis de las medidas para clasificarlas según su pertinencia y viabilidad, es decir, se valorará la calidad de estas propuestas a la luz de los estándares mencionados.

Le invitamos a descargar el estudio completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/12/Estudio-Planes-Gobierno-Dia-anticorrupcion-2025.pdf

Jubilados en Acción propone proyecto de ley para sancionar malversación de fondos destinados a pensiones y obras comunales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional aprobó en su junta directiva un proyecto de ley de iniciativa popular que presentará a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de establecer sanciones severas e inconmutables contra la malversación de recursos públicos destinados a fondos de pensiones y a obras comunales.

Se trata de una propuesta que, según la organización, responde a décadas de impunidad en el manejo de recursos públicos, en particular aquellos que debieron respaldar las pensiones del Magisterio Nacional entre 1958 y 1992 y que —de acuerdo con el planteamiento del proyecto— fueron desviados para otros fines sin autorización legal.

Antecedentes expuestos por Jubilados en Acción

La asociación indica que los aportes, durante más de tres décadas, no fueron utilizados para construir el fondo de pensiones que por ley correspondía. Como consecuencia, las personas jubiladas fueron incorporadas al Régimen Transitorio de Reparto (RTR), recibiendo una pensión de gracia administrada por el Ministerio de Hacienda.

El documento sostiene que este proceso histórico derivó en:

  • La equiparación de las pensiones del Magisterio con otras catalogadas como “de lujo”, pese a haber cotizado durante décadas.
  • Rebajos arbitrarios y congelamientos aplicados en coyunturas electorales.
  • La imposibilidad práctica de litigar por la vía contencioso-administrativa, debido a la prescripción señalada por algunos juristas.

La organización rechaza el criterio de prescripción, argumentando que se trata de un daño colectivo agravado, comparable —en su razonamiento— con delitos de lesa humanidad al afectar a un gremio completo que contribuyó al desarrollo del país.

Corrupción estructural y ejemplos internacionales

En el proyecto se afirma que la corrupción endémica en Costa Rica ha perjudicado tanto a trabajadores como a comunidades, afectando obras públicas, infraestructura educativa y fondos sociales.

La asociación sostiene que países como Singapur, China y Vietnam han enfrentado fenómenos similares con legislaciones severas dirigidas especialmente a altos jerarcas, lo que —según señalan— ha permitido desarticular redes de corrupción y garantizar que los recursos lleguen a sus destinatarios legítimos.

Fundamento ético y político de la propuesta

Jubilados en Acción sitúa su iniciativa en la tradición pedagógica costarricense, evocando a Carmen Lyra, Omar Dengo y Joaquín García Monge, y afirma que la propuesta busca no solo reparar injusticias al Magisterio jubilado, sino impulsar una transformación profunda de la administración pública.

Contenido del proyecto de ley

El texto propone reformas al Código Penal y nuevas facultades de fiscalización ciudadana.

  1. Reforma al artículo 356 del Código Penal (malversación)

El proyecto incorpora un aumento de penas para quienes administren, custodien o exploten fondos públicos y los utilicen para fines distintos a los establecidos por ley.

Actualmente, la pena ordinaria propuesta es:

  • 1 a 8 años de prisión por malversación.
  • Aumento en un tercio cuando afecte servicios públicos.

La innovación fundamental del proyecto es la creación de una pena especial:

  • 18 a 36 años de prisión, inconmutables, cuando la malversación afecte fondos de pensiones o fondos públicos destinados a obras sociales o de infraestructura.
  1. Supervisión ciudadana y gremial

El proyecto autoriza expresamente a las organizaciones comunales y gremiales para:

  • Supervisar el uso de los recursos públicos asignados a sus comunidades o sectores.
  • Solicitar rendición de cuentas formal a las instituciones responsables.

Para Jubilados en Acción, esta disposición busca romper con la opacidad histórica sobre fondos públicos y fortalecer el control social y democrático.

Un llamado a la Asamblea Legislativa

La organización insta a que la Asamblea Legislativa tramite el proyecto como una respuesta a décadas de impunidad, y afirma que esta es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y garantizar que los recursos destinados a pensiones y obras sociales nunca más sean desviados ni utilizados de manera irregular.

UNDECA: ¡Autonomía no es impunidad!

Escrito en . Publicado en Salud.

UNDECA lamenta y expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión unánime adoptada por la Junta Directiva de la CCSS, de impugnar la orden N.º DFOE-BIS-ORD-00003-2025 de la Contraloría General de la República, que justamente exige medidas urgentes para detener el millonario desastre provocado por la salida forzada del sistema ERP-SAP.

Mientras la CGR actúa en defensa del interés público, la Junta Directiva, en un insólito acuerdo político, decide recurrir la orden del ente contralor y hasta solicitar medidas cautelares para suspender sus efectos.

Desde nuestra perspectiva esta acción representa un intento de blindar a la presidenta ejecutiva, como patrocinadora y al director del proyecto, responsables del caos del ERP, antes que asumir con transparencia las graves consecuencias del proyecto: cirugías suspendidas, desabastecimiento de medicamentos, pagos atrasados a proveedores, pérdida de control sobre activos públicos y riesgo para la salud y la vida de las personas.

El acuerdo aprobado -invocando la “autonomía”- distorsiona ese principio constitucional, pues la autonomía no justifica el abuso, la negligencia manifiesta, ni mucho menos, la evasión de la responsabilidad administrativa.

La Contraloría cumplió con su deber constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de advertir que el ERP-SAP fue un fracaso operativo, logístico y financiero que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

La defensa de la autonomía no puede ser el escudo de quienes, ignorando advertencias técnicas, impusieron una “salida en vivo” que hundió los sistemas logísticos, financieros y de los centros de salud de toda la institución.

La Caja no es un botín político y la autonomía se defiende con honor y transparencia, no con impunidad.

¡UNDECA firme y vigilante!

Señor presidente: ¿Por qué no aceptamos acudir a su llamado de acompañarle a la Asamblea Legislativa?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Porque:

  • Nadie acompaña a miles de costarricenses que acuden a diario a los despachos judiciales y administrativos para responder ante la justicia.
  • En su caso, se trata de un requisito formal de procedimiento para el inicio de una investigación por supuestos actos de parcialidad política (o beligerancia).
  • Este acto no es una batalla política electoral, sino un procedimiento jurídico que usted debe atender y que requiere de su persona afrontarlo con transparencia, serenidad y respeto.
  • Su llamado pretende usar al pueblo como escudero para protegerse y obviar su responsabilidad.
  • Este pueblo defiende la democracia, la paz y la justicia.
  • En Costa Rica confiamos en un Estado de Derecho.
  • Costa Rica necesita calma, verdad y confianza.
  • Somos pueblo que defiende la paz, la igualdad, la diversidad y la justicia.
  • No acompañamos ideas de odio ni venganza.
  • En democracia, el poder siempre le pertenece al pueblo.

Sharo Rosales Arce, 106920853

Eugenia Salazar, 104720913

Ligia Varela Gómez, 104880146

Manuel Francisco López Corrales, 105750170

Mabel Figueroa Ramos, 3-0190-1173

Roxana Arroyo Vargas, 106430057

Nia Salas, 107520643

Ana María Trejos, 104470409

Luis Carlos Bonilla Soto, 304000489

Ana Rosa Ruiz Fernández, 302480440

Raquel Dayuma Villalobos Agüero, 118370841

Xiomara Hidalgo Rojas, 2-0360-0903

Yanis Quesada Chanto, 107520531

Pablo Zúñiga Morales, 104670843

Alfredo Scott, 107640507

Sharon Montoya Azofeifa, 108880136

Lili, 104680210

Alessandra De Franco, 109160573

María Isabel Salas Quesada, 203040264

Gretchen Mora Valverde, 110220039

Julia De la O. Murillo, 4-0101-0754

Ana Rojas Chavarría, 104910714

Nidia Fonseca, 104510485

William, 107030510

Ana Beatriz Solera Gutiérrez, 112640806

Jeannette Soto, 203300616

Dalia Mora Ajoy, 105450150

CINTHIA JIMENEZ PADILLA, 109860425

Jackeline Murillo, 204500838

Peggy Quesada Chamorro, 204920694

Casilda Sancho, 202410142

Ana Chacón Mora, 105480839

FREDDY PACHECO LEÓN, 103490573

Rosa María Soto Quesada, 601860041

Vianey Madrigal Soto, 110920755

Luz María Marín, 2288498

Sofía Castro Aragón, 303210209

Catarina Goldoni Ruiz, 103850510

Marianela Cambronero Orozco, 205050044

Nuby Ordoñez Ugalde, 601570924

Roger Chaves Grijalba, 602290651

Rocío Ramírez Varela, 109090464

Patricia Quirós Umaña, 104770169

Rolando Vargas, 602020160

Sandra María Picado Arroyo, 601 510 469

Sonia Sandi Zúñiga, 104980283

Juan Félix, 301860854

Lo suscribo, aunque no lo reconozco presidente., 203560483

Roy Vargas Castro, 119090419

Pablo Sibar Sibar, 601230262

Luis Ángel Céspedes, 104131304

Pamela Umaña Miranda, 603750519

Edgar Muñoz Fonseca, 105150781

César Retana Jiménez, 109560463

Ruth Vindas, 401350763

Marta Arroyo Bonilla, 302190585

Andrea Lara Álvarez, 210400752

Albertina Alfaro Chinchilla, 105650667

Lilliana León Zúñiga, 105410928

Cynthia QC, 108490770

Herbert Blanco Solís, 103921272

Luis Rojas,

Silvia Monge Retana, 107370479

Mario, 9-0054-0874

Kattia Isabel Castro Flores, 107590724

Fabiola Chacón Rodríguez, 116540749

Gerardo Vázquez Gamboa, 104680967

Nadia Alvarado Molina, 800820256

Albena Muñoz Taya, 901040926

Leda, 302290068

María del Carmen León Zúñiga, 106160351

Jeannette Chiny Naranjo, 106670314

Paula María Escudero Aguirre, 114290782

Rodrigo Jiménez, 105370978

Alejandra Ducca,

Eileen Monestel Arce, 104330286

Patricia Valverde Usaga, 105290672

Andrés Carranza Palacios, 112 910 966

Maureen Esquivel Camacho, 114620023

Gerardo Mora Burgos, 103640085

Cecilia Chiny Naranjo, 106330149

Ana Catalina Hernández Salas, 105560004

Isis Fallas Salazar, 108530920

Magda Vanessa Sánchez Lépiz, 103 940 882

Elisabeth Cook, 184000052015

Silvia Porras, 106370465

Shirley Ruiz Monge, 111420865

Rigoberto Lazo Valladares, 800450482

Maritza Bustamante Venegas, 105660455

Omar Miranda Bonilla,

Karina Vargas Espinoza, 110610740

Melania Monge Rodríguez, 105370482

Ruth Mora Maradiaga, 104160889

Floribeth Badilla Picado, 1 581 426

Yancy, 109150956

Gloria Salas Hernández, 401470339

Carmen E. Ducca D., 103220886

Soili Buska, 800930604

María José Gutiérrez, 111010051

Carolina Soto Fallas, 204970192

María José Cascante Matamoros, 111660261

María Pacheco, 104880336

Juan Carlos Vargas Aguilar, 1-0494-0565

Eva Somogyi, 104250953

Geovanny Blanco Mata, 3-0311-0230

Andrea Cuenca Botey, 110060165

Fresia Camacho, 10541-0883

Sylvia Ester Muñoz Mata, 108830514

María Fernanda Conte Cuenca, 119630518

Richard, Cubero

Claire Marie de Mezerville López, 111470672

Dan Abner Barrera Rivera, 800810884

Gabriela Soto, 105520411

Fernando Méndez Castellanos, 901210122

Grace Venegas Bonilla, 106340405

Raúl Soto Rodríguez, 112220018

Natalia Cáceres Zúñiga, 206510149

Evelyn Castro, 107360160

Emmanuel Calvo,

Randall Urbina, 106290663

Irma Arguedas Negrini, 104830499

Ileana Cubero Aguilar, 105820485

José David Camacho Quirós, 304590548

Antonio Gamboa Gamboa, 303360425

María del Milagro Miranda Ramírez, 501920782

Juan Carlos Valverde Campos, 107460878

Airren Sánchez Reyes, 602660730

Irene Romero Hidalgo, 106550377

Jenny Delgado Monge, 401420321

Guido Mora Mora, 302570217

Isabel Ducca Duran, 105640060

Sofía Castro Aragón, 303210209

Pablo Barrantes Rojas, 109250294

Fernando Rudín Vega, 104840457

Olga Pineda, 1607931

María Cecilia Leme Garcez, 800930411

FRANCINI ZUÑIGA RAMIREZ, 10800897

Vilma Peña Vargas, 106640311

Marco Vinicio Fournier Facio, 104430604

Dahianna Alexandra Mora Cascante, 113130012

Mayela Coto González, 601310941

Stephanie Rojas, 114130901

Rosa María Muñoz Varela, 601520211

Francisco Madrigal Movellan, No lo acompaño

Ani Hidalgo, 2437664

Maureen Campos Bustamante, 106280730

Guiselle Ulate Garro, 401520725

Karol Barrantes Carballo, 401780075

María del Mar Brenes Herrera, 603150448

Jessica Mac Donald, 801250915

Marielos Morales Blanco, 107 480 763

María Gabriela Quesada Coto, 105250173

Nuria, 105550068

María Trejos Montero, 106890938

María Cantillano Castro, 105740752

Herbert E Contreras Vásquez, 601200237

Rodolfo Ulloa, 105480272

Lady Meléndez Rodríguez, 105410868

GISELLE TAMAYO CASTILLO, 105670719

Wilber Zavala, 801310365

Rodmi Cordero, 106770046

Carmen Castro, 106020438

Nuria Calvo Fajardo, 3-181611

Iliana Jiménez, 108220695

Rita Benavides, 108140112

Carmen Elvira Carrasco Garland, 800500814

Patricia Medina, 800940361

Alonso Oviedo Delgado, 108280332

Sara Jiménez, 106340844

Jimena Valverde Sánchez, 304880870

María Estefanía Coto Solano, 115660901

Xinia Escalante González, 104710264

Henry Oviedo, 107050246

Ibelís Velasco Fuentes, 202750139

María Fernanda Chaves Rodríguez, 207930834

Oscar Aguilar Bulgarelli, 103 100 965

María del Rocío Peinador Roldán, 107550706

Víctor Mora Black., 601170946

Flory Meza, 301880191

Marlen Zúñiga Alvarado, 106830439

Edgar Miranda Molina, 104080105

Jorge Mora Portuguez, 106900544

JOSÉ ANDRES SOLÍS HIDALGO, 111390772

Fabricio Ulate, 204290804

Karla María Calderón Sánchez, 114240786

María Solano Vega, 113950495

Adela Ma. Herrán Rescia, 1- 0536-0453

Lourdes Arroyo

Remberto Espinoza O, 601270095

Frella Fernández Corrales, 106390579

Óscar Castillo Rojas, 301951450

Catalina Campos Varela, 116220413

Víctor Chávez Grijalba, 602730710

Usted no me representa, no comparto su forma de pensar y actuar y estoy en todo mi derecho de disentir., 106460112

Juan Antonio Quesada Castro, 117210292

Marlene Gómez Brenes, 302730298

Alexandra Zamora Montero, 401390785

Joaquín Hernández Aguilar, 301+31286

Angélica María Quirós Mora, 106910730

SIFREHN cuestiona a la CCSS por retrasos y manejo del nuevo Hospital Geriátrico y Gerontológico Nacional

Escrito en . Publicado en Salud.

El doctor Alfredo Ramírez Montero, secretario general del Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN), emitió un nuevo mensaje dirigido a las y los trabajadores del sector salud y a la ciudadanía en general, en el que critica fuertemente el manejo institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con respecto al proyecto del Hospital Geriátrico y Gerontológico Nacional.

Según Ramírez Montero, la construcción del nuevo hospital —una necesidad reconocida desde hace más de 15 años— no responde a una iniciativa de la Junta Directiva de la Caja, sino a una orden de la Sala Constitucional mediante la resolución 1904-2025, que obligó a la CCSS a culminar los estudios de factibilidad.

El dirigente sindical lamenta que la institución presente este anuncio “con bombos y platillos”, mientras, según señaló, “se siguen despilfarrando los dineros del pueblo” y no se cumplen los compromisos históricos con la población adulta mayor. Recordó además otros proyectos inconclusos, como la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, las ampliaciones del Hospital de Cartago y los agregados del Hospital de Limón, “que duermen el sueño de los justos”.

Ramírez Montero cuestionó el proceso de expropiación de terrenos para el nuevo hospital, calificándolo como innecesario y costoso:

“Quieren comprar una cuadra entera en una de las zonas más caras de San José, cuando la Caja ya dispone de terrenos propios contiguos al hospital actual, incluyendo el antiguo edificio de la Junta de Protección Social, que podría aprovecharse”, señaló.

El secretario del SIFREHN advirtió que esta decisión retrasará nuevamente la construcción y reiteró que los fondos del Seguro de Salud deben destinarse exclusivamente a la atención médica, no a inversiones especulativas ni gastos injustificados.

Finalmente, subrayó que los recursos de la Caja pertenecen al pueblo costarricense y deben ser administrados con total transparencia y responsabilidad:

“La Caja despilfarra, engaña al pueblo y posterga las verdaderas soluciones que el sistema de salud necesita”, concluyó.

Vea el video completo en el siguiente enlace: