La Contraloría General de la República informó sobre el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), trámite que deben realizar alrededor de 25.000 personas este 2026 en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
La institución recordó que el plazo para presentar la declaración vence el próximo 25 de mayo, por lo que hizo un llamado a las personas obligadas a cumplir con este requisito legal dentro del periodo establecido.
La presentación de la DJB puede realizarse de manera totalmente electrónica y está disponible las 24 horas del día.
Según los datos reportados al 11 de mayo de 2026, el avance es el siguiente:
3717 declaraciones presentadas
16,90% del total esperado
La CGR indicó además que mantiene habilitados distintos canales de atención para orientar a las personas usuarias ante consultas relacionadas con el proceso.
Entre los medios disponibles se encuentran el correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr y el centro de llamadas 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150.
La institución señaló que continuará informando sobre el avance del cumplimiento de este requisito legal durante el periodo de presentación.
Evaluación abarcó a 100 instituciones públicas y se realizó entre noviembre y diciembre de 2025
La Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica presentaron, esta mañana, los resultados de la evaluación piloto del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) 2.0, correspondiente al año 2025.
El Índice de Transparencia del Sector Público es una iniciativa impulsada, desde el 2015, por la Defensoría de los Habitantes y el CICAP-UCR. Esta versión 2.0 corresponde a un plan piloto de la nueva metodología de medición 2025, que incorpora innovaciones como el uso de inteligencia artificial, estándares legales recientes y una evaluación basada en la experiencia ciudadana al solicitar información.
Los hallazgos revelan que, si bien existe un avance en la publicación de información, persisten brechas críticas en la facilidad de acceso y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. La evaluación, que abarcó a 100 instituciones públicas, se realizó entre noviembre y diciembre de 2025, arrojando una calificación promedio institucional de 44.8.
El estudio destaca que la dimensión mejor calificada es la de «información institucional» (63.3), mientras que la de «presupuestos, puestos y contratación pública» es la que presenta el mayor rezago con una nota de apenas 28.0. También se analizó la participación y solicitudes de información, así como la rendición de cuentas.
El equipo evaluador identificó, entre otras cosas, que a pesar de que la información requerida suele estar publicada, su localización es compleja, la búsqueda de información requiere recorrer múltiples secciones y realizar varios “clics”, las instituciones redirigen a plataformas externas sin proporcionar enlaces específicos; además existen limitaciones en accesibilidad. Por otra parte, se identificó la presencia de documentos correspondientes a años anteriores y secciones sin actualización durante largos periodos.
Según esta medición, las cinco instituciones con mejores resultados bajo esta nueva metodología son:
Ministerio de Panificación Nacional y Política Económica (78.5)
Universidad de Costa Rica (76.7)
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (75.7)
Municipalidad de Heredia (73.1)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (70.9)
“Hemos avanzado en mostrar quiénes somos como instituciones, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer para mostrar, con claridad y calidad, qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué recursos, con qué resultados y con qué mecanismos de control ciudadano. La transparencia exige comprender algo fundamental: la información pública no pertenece a las instituciones; pertenece a la ciudadanía”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
El sábado anterior arribó el primer vuelo con 25 personas deportadas desde los Estados Unidos a Costa Rica, y aún la Defensoría de los Habitantes desconoce la información de la ubicación de estas personas para poder realizar una verificación en sitio respecto a las condiciones en que se encuentran este grupo de personas. La Defensoría estableció como plazo límite para tener esta información las próximas 24 horas.
A pesar de los primeros contactos por WhatsApp con las autoridades de Migración y Extranjería para poder tener la información de primera mano y con rapidez a disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no ha sido entregada como corresponde, lo que implicó realizar una solicitud formal que permita disponer de los datos necesarios que posibiliten su ubicación y las diligencias que se requieren realizar.
Para la Defensoría resulta necesario darles seguimiento a las recomendaciones previamente giradas al Estado costarricense tratándose de la deportación de personas desde los Estados Unidos, de tal forma que no se repitan las situaciones presentadas a partir de febrero del 2025 con el grupo de 200 personas que ingresaron al país; debe garantizarse la protección de sus derechos fundamentales.
La tarde de este lunes 13 la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, le remitió al viceministro de Gobernación y Policía una solicitud para que facilite en las próximas 24 horas la localización de estas personas e indicar por cuánto tiempo se tiene programada su permanencia en ese lugar. Adicionalmente, dar a conocer a qué lugar se trasladarán aquellas personas que, por diferentes razones, no puedan ser trasladadas a su país de origen en el corto plazo.
Otros de los aspectos que requiere la Defensoría es que se informe y se remita copia del modelo o protocolo de atención que se está aplicando para la atención de esta población, así como conocer si ya se realizó una convocatoria interinstitucional necesaria para garantizar las necesidades de protección de todas las personas que forman parte de este primer grupo de personas deportadas. Para esta información se estableció como plazo máximo de entrega 3 días.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó una nueva gestión ante la Municipalidad de Talamanca solicitando información pública detallada sobre las acciones ejecutadas en la zona marítimo terrestre, particularmente en relación con ocupaciones denunciadas en Cocles y Manzanillo.
La solicitud, contenida en el oficio AEL-0018-2026 del 27 de febrero de 2026, invoca la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 10554) y plantea la necesidad de contar con prueba “clara y veraz” sobre la ejecución efectiva de las disposiciones señaladas previamente por la propia Alcaldía.
Antecedente: respuesta general de la Alcaldía
El planteamiento surge a raíz del oficio OF-AMT-E-0016-2025, mediante el cual la Alcaldía indicó que la Municipalidad, por delegación de la Ley Nº 6043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), es responsable de la administración de las zonas costeras del cantón.
En ese documento se recordó que la zona marítimo terrestre forma parte del patrimonio nacional, es inalienable e imprescriptible, y que la franja de cincuenta metros a partir de la pleamar ordinaria constituye zona pública donde no puede autorizarse ningún tipo de ocupación.
Sin embargo, AEL señala que dicha respuesta fue de carácter general y no incluyó evidencia concreta sobre intervenciones específicas, cronologías, inspecciones o medidas adoptadas frente a denuncias ciudadanas.
Solicitud de prueba documentada y acciones concretas
En el nuevo oficio, AEL solicita un informe técnico-legal detallado que incluya:
Lista cronológica de sitios intervenidos desde Puerto Viejo hasta Manzanillo.
Fechas de intervención y medidas adoptadas (desalojos, demoliciones, sanciones).
Fundamentos fácticos y legales aplicados en cada caso.
La gestión pone especial énfasis en la zona frente al Hotel Le Camaleon en Cocles, donde —según se expone— persisten denuncias por piscinas, mesas, parqueos, baños, cercas de alambre y otras estructuras que podrían contravenir la prohibición de ocupación en la zona pública.
Asimismo, se solicita información sobre inspecciones recientes, evidencias recopiladas, aplicación específica de los artículos 1, 3 y 20 de la Ley Nº 6043, y acciones correctivas ejecutadas o planificadas para restaurar el dominio público.
Enfoque en rendición de cuentas y control ciudadano
La gestión de AEL se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública y en el principio de rendición de cuentas en el ejercicio de la función administrativa. El documento señala que la información debe ser entregada en formato accesible y dentro del plazo legal de diez días hábiles, conforme a la normativa vigente.
La organización sostiene que la protección efectiva de la zona marítimo terrestre requiere no solo declaraciones generales sobre el marco legal aplicable, sino también evidencia verificable de intervenciones concretas frente a ocupaciones que restrinjan el acceso público o alteren el dominio inalienable del Estado.
El caso reabre el debate sobre la gestión municipal en la protección del patrimonio natural costero y la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia, fiscalización ciudadana y cumplimiento normativo en territorios de alta presión turística y comercial.
La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.
Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.
La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.
Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.
Costa Rica se aleja de los mejores puntajes de América y de los países de la OCDE, tendencia que muestra en otros indicadores internacionales.
Este 2025, Costa Rica obtuvo 56 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), lo que empeora el desempeño histórico, ya de por sí deficiente. Desde el 2012 que se calcula este índice de manera comparada, el país ha alcanzado como máximo un puntaje de 59 en la medición del 2017, pero se mantiene en la decena de los cincuenta, en la cual ha estado fluctuando desde el 2012, sin avances sostenidos.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 182 países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). Es la medida más utilizada para la comparación entre países y la calcula la organización no gubernamental Transparencia Internacional desde hace más de dos décadas.
Debido a la carencia de acciones más contundentes contra la corrupción, no sorprende que el país baje, y que se encuentre alejado de los mejores puntajes del continente (Canadá, 75 o Uruguay, 73) y también del promedio del IPC que tienen las democracias plenas (73), pues es el grupo en el cual Costa Rica debería compararse por su trayectoria institucional.
Para la Asociación Costa Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional en el país, esta disminución en nuestra calificación refleja una oportunidad perdida en el cuatrienio de gobierno que finaliza.
La popularidad alta no fue aprovechada para enarbolar la bandera anticorrupción de la que se habló con frecuencia. Pese a ello, los avances son deficientes en iniciativas como la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), el Estudio de Integridad de la OCDE, las recomendaciones de los informes de las convenciones internacionales anticorrupción y de otros informes similares. Asimismo, la ausencia de reglamentos a leyes como la 10437 (Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales) o la 10554 (Ley marco de acceso a la información pública), son también deudas importantes que al parecer se han trasladado a la nueva administración.
Por su parte, espacios cívicos como los grupos multiactor de Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Parlamento Abierto y Estándares de Transparencia para la Construcción (CoST), requieren un relanzamiento con compromiso explícito para su implementación e impacto.
La baja del IPC forma parte de otros indicadores relacionados con la democracia que tienden a empeorar para Costa Rica, particularmente la libertad de prensa y la independencia entre poderes del Estado.
Para Juany Guzmán León, presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra, “estamos al frente de una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, con una alta legitimidad, que reitera en la campaña electoral su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero para mejorar se requiere un plan claro, rendición de cuentas, respeto a las libertades fundamentales y priorizar acciones sustantivas”.
En esta perspectiva, en conjunto con otros actores de sociedad civil, la Asociación Costa Rica Integra, pondrá a la disposición de la nueva administración de gobierno, un conjunto de medidas que consideramos son clave en la ruta de una cultura de integridad, de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la participación ciudadana en el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos nacionales en estas materias.
Deterioro global. La publicación global del IPC llama la atención sobre un declive generalizado, incluso en las democracias más sólidas, haciendo énfasis en el caso de Estados Unidos que alcanzó el puntaje más bajo de su historia en el IPC (64), luego de debilitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) —una norma clave que prohíbe el soborno corporativo a funcionarios extranjeros.
Al mismo tiempo, los recortes a la ayuda estadounidense destinada a financiar organizaciones de la sociedad civil en el exterior que fiscalizan a sus gobiernos han debilitado los esfuerzos anticorrupción a nivel global. Líderes políticos de distintos países han interpretado esto como una luz verde para perseguir y restringir aún más a voces independientes, como ONG y periodistas.
El informe global del IPC dedica este año a la problemática del crimen organizado, y menciona en concreto a Costa Rica: “Con elecciones este año en Bahamas (64), Colombia (37), Perú (30) y Costa Rica (56), se requiere mayor transparencia en el financiamiento político y una aplicación más eficaz de la ley para prevenir y detectar la influencia corruptora del crimen organizado en las campañas electorales.
Asimismo, es fundamental fortalecer la cooperación en casos de corrupción transnacional y la regulación de contadores, banqueros y abogados que facilitan que personas corruptas y otros criminales oculten dinero ilícito. Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia frente al crimen organizado y superar la desigualdad y la violencia que están desgarrando a sus sociedades”.
La Asociación Costa Rica Íntegra es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, una organización sin fines de lucro, independiente y eminentemente apartidista. Como parte de sus objetivos principales, la organización centra sus labores en promover e impulsar, desde el ámbito de la sociedad, un sistema nacional de integridad: Transparencia, Anticorrupción y Probidad. (TAP).
Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.
Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.
Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.
A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.
Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.
Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.
A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.
Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.
No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.
Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.
En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.
Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.
Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.
La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.
A la ciudadanía se le dijo que el nuevo sistema informático de la Caja (ERP-SAP) estaba listo, que iba a ordenar las finanzas, los inventarios y la logística, pero la realidad, es que se puso a funcionar sin estar terminado y ahora la institución y la ciudadanía estamos pagando las consecuencias; incluso a seis meses de su salida en vivo, informes técnicos recientes son contundentes, las graves fallas persisten.
Durante meses autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del gobierno aseguraron públicamente que el sistema estaba listo y bajo control, sin embargo, las fallas estructurales comprometen la transparencia financiera, el control de inventarios, la logística institucional y, de forma directa, la calidad del servicio de salud que recibe la población.
UNDECA, como sindicato mayoritario de la CCSS alerta a la ciudadanía sobre una grave crisis institucional que ha derivado de la implementación apresurada del sistema informático ERP–SAP, el cual fue puesto en funcionamiento sin cumplir las condiciones técnicas mínimas requeridas.
Inclusive en estas fechas el caos persiste, los estados financieros están siendo comprometidos, hasta el momento no se han logrado consolidar inventarios, ni certificar las cargas iniciales del sistema, existen diferencias millonarias sin justificación técnica y no se ha podido realizar el primer cierre contable integral.
“Forzar cierres en estas condiciones implica el riesgo de emitir estados financieros poco confiables o falsos, con consecuencias legales y administrativas graves. Sumado a esto se han detectado problemas en inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre registros del sistema y existencias físicas, y la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos arriesgando la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.
El sistema se lanzó con datos incorrectos, cargas mal hechas, procesos incompletos y no se sabe con certeza cuántos inventarios hay, dónde están ni cuánto valen realmente. La contabilidad pública no es una formalidad, es afirmar con responsabilidad legal que los números reflejan la realidad financiera de la institución.
Esta decisión apresurada de aprobar y pagar un sistema que sólo su salida en vivo costó más de 2 millones de dólares ($2 millones) y que no cumple con los requisitos técnicos mínimos, podría constituir incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, lo cual exigimos una investigación administrativa y judicial independiente.
Lo peor de todo es que los responsables han querido achacar la culpa a las personas trabajadoras de la institución, quienes en realidad han sostenido la operación con sobrecarga laboral, controles manuales y esfuerzos extraordinarios para evitar daños mayores a los pacientes.
“En este sentido, UNDECA exige transparencia, investigaciones administrativas independientes que determinen las responsabilidades por acción u omisión, la toma de decisiones apresuradas, los pagos realizados y protección para las personas que han advertido los riesgos”.
Y no solo han sido una avalancha de errores, sino que, en lugar de informar con transparencia, ahora, pretenden mover cronogramas y minimizar fallas ya materializadas. Esto no es transparencia: es manejo político de una crisis técnica, trasladando el costo del error a las personas trabajadoras y a la ciudadanía usuaria.
¡Denunciar no es sabotear! Es defender la Caja, los recursos públicos y el derecho a salud y pensiones dignas.
Solo 3 de 20 partidos incluyen un eje o capítulo dedicado específicamente a la corrupción.
En 13 programas se identificaron 187 medidas, centradas casi exclusivamente en la prevención y en acciones administrativas que no requieren cambios legales.
San José. 9 de diciembre, 2025. Por tercera vez en una campaña electoral, la Asociación Costa Rica Íntegra realizó un análisis de los programas de gobierno de los 20 partidos políticos que compiten por la presidencia de la República, con el objetivo de identificar qué tipo de propuestas presentan contra la corrupción. Un nuevo análisis de Costa Rica Íntegra revela que, aunque la corrupción sigue siendo una de las principales inquietudes de la ciudadanía, la mayoría de los partidos políticos no la abordan de forma seria o estratégica en sus planes de gobierno.
Solo tres partidos presentan propuestas exhaustivas y alineadas con estándares internacionales.
La organización destaca que contar con un compromiso anticorrupción claro, completo y creíble es esencial para recuperar la calidad de las políticas públicas y la legitimidad institucional. Sin embargo, esta prioridad ciudadana —que por más de una década figura entre los mayores problemas del país, hoy solo superada por la inseguridad— no se refleja en la mayoría de los planes analizados.
Es así como el propósito de este análisis es “informar a las personas votantes y crear conciencia en los partidos políticos sobre la pertinencia de combatir la corrupción en el país, para lo cual se requieren intervenciones más decisivas y sostenibles, que se esperaría encontrar claramente identificados en los planes de gobierno de quienes pretenden gobernar”, indicó Juany Guzmán, presidenta de Costa Rica Íntegra.
Principales resultados. El primer análisis realizado a los planes de gobierno fue de tipo cuantitativo, en los próximos dos meses se complementará con una valoración sobre la calidad de las propuestas. Los principales hallazgos se pueden resumir en cinco mensajes:
1. Transparencia domina el discurso
El conteo de menciones a doce palabras clave evidencia que los términos más frecuentes son transparencia (31%), corrupción (21%) y ética y rendición de cuentas (12% cada uno). Mientras que conceptos como probidad, integridad o gobierno abierto aparecen de forma marginal.
Gráfico 1. Menciones a palabras relacionadas con la lucha contra la corrupción en los planes de gobierno de los 20 partidos inscritos para las elecciones presidenciales.
2. 187 medidas identificadas, casi todas administrativas, en 17 programas de gobierno
De los 20 programas de gobierno revisados, 17 presentan propuestas tangibles, para un total de 187 medidas.
El análisis muestra que:
65% son acciones administrativas, como herramientas tecnológicas, mejoras de portales web, códigos de ética o canales de denuncia.
Las medidas legales (reglamentos, códigos internos) son menos frecuentes (20%)y se concentran en reformas penales o normativas para trazabilidad financiera.
Las propuestas infra-legales son escasas (6%).
Nótese que una acción puede ser muy amplia, por ejemplo, “Implementar la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción ENIPC”, otra acción puede ser pequeña impulsar un Código de Ética en un ministerio, ambas cuentan como una.
2. Solo 4 de los 20 partidos otorga un espacio estructurado al tema
Únicamente 4 planes de gobierno incluyen un título, un subtítulo o un eje temático específico sobre corrupción, como indicador básico de relevancia programática.
Los otros 13 partidos apenas mencionan el tema como parte de otros ejes, en diagnósticos o preámbulos, sin traducirlo en un título separado. Y sólo 3 partidos no incluyen ninguna medida sobre el tema: Clase Trabajadora, Esperanza Nacional y Liberación Nacional.
4. Predominio del enfoque preventivo
Cada una de las medidas se clasificó según su objetivo: prevención, detección o sanción. El 63% de las medidas apunta a la prevención. Las acciones de detección y sanción son considerablemente menos comunes, lo que revela un abordaje parcial del ciclo anticorrupción.
Cuadro resumen de medidas según objetivo, por partido
*Solo incluye partidos que definieron acciones concretas.
5. Mínima referencia a estándares internacionales y nacionales.
Solo un partido (Aquí Costa Rica Manda) hacen referencia explícita tanto al Estudio de Integridad de la OCDE (2022).
Cuatro partidos mencionan únicamente la ENIPC: Aquí Costa Rica Manda, Centro Democrático Social y Coalición Agenda Ciudadana.
“Los resultados evidencian la falta de estudio, de consulta técnica y de diálogo con especialistas. La mayoría de los partidos no incorporó insumos básicos ya disponibles”, agregó la Dra. Guzmán.
Además de comprobar si los programas hicieron mención explícita a estos dos informes, el análisis buscó puntos de alineación temática entre los programas y las recomendaciones de la OECD y de la ENIPC. De esa forma, se pudo confirmar que había pocas coincidencias temáticas entre las recomendaciones de estos estudios y las medidas concretas de los partidos.
En las próximas semanas, la Asociación Costa Rica Íntegra profundizará en el análisis de las medidas para clasificarlas según su pertinencia y viabilidad, es decir, se valorará la calidad de estas propuestas a la luz de los estándares mencionados.
La Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional aprobó en su junta directiva un proyecto de ley de iniciativa popular que presentará a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de establecer sanciones severas e inconmutables contra la malversación de recursos públicos destinados a fondos de pensiones y a obras comunales.
Se trata de una propuesta que, según la organización, responde a décadas de impunidad en el manejo de recursos públicos, en particular aquellos que debieron respaldar las pensiones del Magisterio Nacional entre 1958 y 1992 y que —de acuerdo con el planteamiento del proyecto— fueron desviados para otros fines sin autorización legal.
Antecedentes expuestos por Jubilados en Acción
La asociación indica que los aportes, durante más de tres décadas, no fueron utilizados para construir el fondo de pensiones que por ley correspondía. Como consecuencia, las personas jubiladas fueron incorporadas al Régimen Transitorio de Reparto (RTR), recibiendo una pensión de gracia administrada por el Ministerio de Hacienda.
El documento sostiene que este proceso histórico derivó en:
La equiparación de las pensiones del Magisterio con otras catalogadas como “de lujo”, pese a haber cotizado durante décadas.
Rebajos arbitrarios y congelamientos aplicados en coyunturas electorales.
La imposibilidad práctica de litigar por la vía contencioso-administrativa, debido a la prescripción señalada por algunos juristas.
La organización rechaza el criterio de prescripción, argumentando que se trata de un daño colectivo agravado, comparable —en su razonamiento— con delitos de lesa humanidad al afectar a un gremio completo que contribuyó al desarrollo del país.
Corrupción estructural y ejemplos internacionales
En el proyecto se afirma que la corrupción endémica en Costa Rica ha perjudicado tanto a trabajadores como a comunidades, afectando obras públicas, infraestructura educativa y fondos sociales.
La asociación sostiene que países como Singapur, China y Vietnam han enfrentado fenómenos similares con legislaciones severas dirigidas especialmente a altos jerarcas, lo que —según señalan— ha permitido desarticular redes de corrupción y garantizar que los recursos lleguen a sus destinatarios legítimos.
Fundamento ético y político de la propuesta
Jubilados en Acción sitúa su iniciativa en la tradición pedagógica costarricense, evocando a Carmen Lyra, Omar Dengo y Joaquín García Monge, y afirma que la propuesta busca no solo reparar injusticias al Magisterio jubilado, sino impulsar una transformación profunda de la administración pública.
Contenido del proyecto de ley
El texto propone reformas al Código Penal y nuevas facultades de fiscalización ciudadana.
Reforma al artículo 356 del Código Penal (malversación)
El proyecto incorpora un aumento de penas para quienes administren, custodien o exploten fondos públicos y los utilicen para fines distintos a los establecidos por ley.
Actualmente, la pena ordinaria propuesta es:
1 a 8 años de prisión por malversación.
Aumento en un tercio cuando afecte servicios públicos.
La innovación fundamental del proyecto es la creación de una pena especial:
18 a 36 años de prisión, inconmutables, cuando la malversación afecte fondos de pensiones o fondos públicos destinados a obras sociales o de infraestructura.
Supervisión ciudadana y gremial
El proyecto autoriza expresamente a las organizaciones comunales y gremiales para:
Supervisar el uso de los recursos públicos asignados a sus comunidades o sectores.
Solicitar rendición de cuentas formal a las instituciones responsables.
Para Jubilados en Acción, esta disposición busca romper con la opacidad histórica sobre fondos públicos y fortalecer el control social y democrático.
Un llamado a la Asamblea Legislativa
La organización insta a que la Asamblea Legislativa tramite el proyecto como una respuesta a décadas de impunidad, y afirma que esta es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y garantizar que los recursos destinados a pensiones y obras sociales nunca más sean desviados ni utilizados de manera irregular.
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