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Etiqueta: represión

El Grupo Estudiantil de Solidaridad con Palestina – comunicado 

San José, Costa Rica, 1 de mayo 2024 

El día 1 de mayo del 2024, hemos iniciado una acción de protesta pacífica al frente del pretil de la Universidad de Costa Rica en solidaridad con Palestina y en solidaridad con la comunidad estudiantil que ha sido terriblemente reprimida en Estados Unidos y a lo largo del mundo por manifestarse en contra del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo sobre la población palestina en Gaza. 

Desde hace 75 años ha habido una violenta ocupación en contra de la población palestina que se ha agravado exponencialmente hasta llegar al punto de un genocidio que ha cobrado la vida de decenas de miles de palestinos en tan solo seis meses. 

Hacemos un llamado a toda la comunidad estudiantil a mostrar su apoyo en todos los niveles a este movimiento por la paz y la justicia en el mundo. Invitamos a que se una a esta causa urgente. 

Exigimos el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, pues consideramos que nuestra tradición pacífica como costarricenses es incompatible con las acciones oprobiosas y genocidas de Israel. 

Grupo Estudiantil de Solidaridad con Palestina

Para apoyar:

Te invitamos a sumarte al Campamento por Palestina en el Pretil de la UCR.

Necesitamos acuerpamiento, difusión y donaciones.

Podés colaborar con:

-Acompañamiento durante el día y la noche.

-Tiendas de campaña.

-Plástico negro.

-Actividades culturales.

-Confección de materiales.

-Alimentos enlatados.

-Productos de aseo personal.

-Agua embotellada.

-Café

-Galletas

-Pan cuadrado

-Platos, vasos y cubiertos desechables

Chile-Argentina: Seguridad y Criminalización

Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina

Por Pablo Ruiz*

Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.

El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.

«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.

Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile. 

¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse. 

En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado. 

En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.

Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.

“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”. 

El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”. 

Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.

“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.

Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.

Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.

“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje. 

Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.

Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”. 

Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.

El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.

En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social. 

Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.

Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana. 

* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

No a la represión de las comunidades en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable

La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA); organizaciones basadas en San José Costa Rica; manifestamos nuestro absoluto repudio a los hechos de represión y detención de dirigentes comunales y municipales en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable en la comunidad de Hatillo, al sur de San José, capital de Costa Rica.

Desde hace años estas comunidades vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares, situación que se ha ido agravando como consecuencia del cambio climático global, que ha hecho más extensa y severa la estación seca en nuestro país; pero sobre todo, debido a la desidia, al desinterés y a la incapacidad de las autoridades de gobierno, que no han tomado las previsiones necesarias para adaptar al país a esta nueva realidad; lo que ocasiona graves problemas no solo de aseo, higiene y salud para estas poblaciones, sino incluso dificultades para la preparación de los alimentos, para la obtención de agua para consumo humano y uso doméstico; así como también el cierre de las escuelas, violentando el derecho a la educación de miles de niños y niñas, por falta del vital líquido.

Nos Solidarizamos con estas comunidades en lucha y con todas aquellas poblaciones que levantan la voz por su legítimo derecho a contar con acceso a agua potable en condiciones de cantidad y calidad adecuadas.

Hacemos un vehemente llamado a las autoridades del gobierno de la República, a que cesen de inmediato la represión, a que liberen sin cargos a todas las personas detenidas, y al cese inmediato de la criminalización y judicialización de la protesta social pacífica y al uso del sistema legal como instrumentos de represión en contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y sociales.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones ambientalistas y comunitarias, así como a las distintas municipalidades del país a que se pronuncien y se movilicen contra estos hechos de represión.

San José, Costa Rica, a los 18 días del mes de marzo del 2024

El Observatorio de Derechos Humanos denuncia represión, criminalización y judicialización contra jóvenes en Oaxaca México

El pasado 27 de enero del 2024, un grupo de jóvenes se manifestaron contra la gentrificación presente en Oaxaca México, quienes sufrieron represión por parte del gobierno estatal de Salomón Jara gobernador del Estado de Oaxaca. El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos expresó su condena a la represión, por medio de su cuenta en la red social X, exigiendo la libertad de los jóvenes detenidos durante la manifestación.

La gentrificación consiste en la renovación de una zona urbana, que se encuentra en condición de deterioro o abandono por parte de grupos externos a la comunidad con alto poder adquisitivo, lo cual implica el desplazamiento de la población local. Durante la manifestación por parte de la juventud que se manifestó, expresaron las múltiples problemáticas de la comunidad, exponiendo las desigualdades que viven múltiples comunidades que no cuentan con acceso a servicios básicos, en oposición al despojo que se realiza desde agentes externos, empresarios y extranjeros a quienes se les acusa de ser los principales causantes de la gentrificación y turistificación, bajo el lema de “Oaxaca no es mercancía”.

Debido a las detenciones y represión llevadas acaba durante la manifestación, se realizó un mitin el día 29 de enero del 2024 a las 12:00 del mediodía ante la puerta 1 de Ciudad Judicial en Oaxaca, para exigir la liberación de todas las personas detenidas, durante la pasada manifestación, donde se invitó a medios independientes a seguir el mitin.  La respuesta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos ha sido de condena a la represión y solidaridad con la juventud que se manifiesta, exigiendo la liberación de los detenidos, expresando el derecho a la paz.

Se ha escrito una página en la historia

Por Giovanni Beluche V.

Abdiel Díaz, Iván Rodríguez, Agustín Morales, Tomás Milton, sus nombres quedan grabados con tinta indeleble en el corazón de Panamá. Su muerte no fue en vano, su pueblo supo levantar la bandera y honrarles.

En la acera de enfrente, si les quedara un ápice de dignidad, ya deberían renunciar los ministros de Comercio e Industria, Ambiente y Gobernación, para empezar.

Y que el pueblo tenga memoria para que nunca vuelvan a la Asamblea Legislativa el montón de maleantes cuya patria es el dólar.

Hay que reconstruir Panamá, hay que disolver todo el aparato represivo del Estado y constituir una fuerza pública realmente civilista.

Gracias pueblo Ngabe, pueblos originarios todos, gremios docentes, Suntracs, universitarios, juventudes, ambientalistas, comunidades humildes de Pacora, Chepo, Panamá Oeste, Colón, tierras altas y tantas otras que resistieron en los bloqueos.

Gracias también a la solidaridad internacional.

El valiente pueblo panameño ha escrito otra vez una página en la historia.

¡No somos, ni seremos una colonia de nadie!

¡Prohibido olvidar!

 

Imagen tomada de: https://www.ecured.cu/

FEUNA se pronuncia en favor de movimiento estudiantil guatemalteco

Pronunciamiento del Congreso Extraordinario de estudiantes de la Universidad Nacional en apoyo al movimiento estudiantil en Guatemala y en rechazo al golpe de estado, la represión, detención y órdenes de captura a estudiantes y personal académico de la Universidad San Carlos de Guatemala.

El Congreso Estudiantil Extraordinario de la Universidad Nacional de Costa Rica en su sesión del 18 de noviembre de 2023 manifiesta su respaldo al pueblo de Guatemala y especialmente al Movimiento Estudiantil tras los hechos acontecidos desde el pasado 16 de noviembre.

Los corruptos Poderes del Estado han intentado impedir e irrespetar la voluntad popular en la elección del 20 de agosto del Presidente Electo Bernardo Arévalo, y la Vicepresidenta Electa Karin Herrera del Movimiento Semilla, mediante ilegales mecanismos a través de la Fiscalía General de la República, evitando la transmisión del Poder en enero de 2024.Estas acciones provocaron una oportuna organización de la sociedad civil que propició un Paro Nacional durante semanas en rechazo al intento golpista que lleva cerca de 40 días, siendo un ejemplo para toda la región que se suma a las acciones de protesta hechas por el Movimiento Estudiantil durante el año anterior en la defensa de la Autonomía Universitaria, la educación pública y la democracia.

Es importante recordar que, desde abril de 2022 en la Universidad San Carlos de Guatemala, el Movimiento Estudiantil está en resistencia, tras el fraude electoral en las elecciones de Rectoría que llevó al poder al corrupto Walter Mazariegos, con apoyo del gobierno, mediante la toma de los edificios.

El 16 de noviembre el corrupto Ministerio Público de Guatemala emitió 31 órdenes allanamiento y 27 órdenes de captura hacia estudiantes, personal académico y políticos que se opusieron al fraude electoral que puso a Mazariegos como rector.

Las personas son:
Adrián Camilo García Flores
Diego Plutarco De León Prado
Eduardo Antonio Velásquez Carrera
Edmar Eduardo Arriola Toc
Cristopher Alexis Genaro Morales
Juan José García Marroquín
Cindy Gabriela Dávila Morales
Andrea Marcela Blanco Fuentes
Rodolfo Chang Shum,
Andrea Nicole Prera de León
Kevin Alexánder Junior Carrera Vielman
Gad Esaú Echeverría García,
Miguel Ángel Vásquez Rodríguez,
Javier Alfonso de León Gómez,
Marco Vinicio de la Rosa Montepeque
Alfredo Enrique Beber Aceituno
Amilcar Enrique Bremer Ramírez
Julio Antonio Arreaga Solarez
Augusto Jordán Rodas Andrade, Ramón Cadena Ramila
Pablo Roulet Pellecer
Pedro Emanuel Ros Domingo
Sandra Patricia Marroquín Montoya
Helmer Leonel Velásquez Herrera
Martín Jorge Macario
Engelrberth Gamaliel Blanco Télles
Hada Marieta Alvarado Betere

Estas detenciones responden directamente al apoyo realizado por la fórmula presidencial electa a la toma de la USAC desde el inicio de la misma. Esta persecución política a quienes ejercen el derecho a la protesta resultan inaceptables y tienen como objetivo también eliminar la inmunidad del Presidente Electo y la Vicepresidenta electa para evitar el traspaso de poderes que será en tan solo dos meses. Según informaciones el Ministerio Público de Guatemala, liderado por la fiscal general Consuelo Porras, ha generado nuevas tensiones políticas al abrir un caso con un antejuicio contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera. La acusación se centra en presuntos daños al patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y busca despojarlos de su inmunidad para procesarlos.

Desde Costa Rica, repudiamos la criminalización y persecución que vive en estos momentos el pueblo de Guatemala manifestamos nuestra solidaridad a las personas estudiantes, docentes y actores políticos que están en resistencia desde hace más de un año con la usurpación en el poder de la Universidad de San Carlos, así como ahora con el intento de golpe de estado, la organización del paro nacional y ahora la criminalización por defender la democracia, la autonomía universitaria y la institucionalidad guatemalteca de aquellos intereses de las mafias corruptas que hoy intentan mantenerse en el poder pasándole por encima a la voluntad popular.

Hacemos un llamado Consejo Superior Centroamericano Universitario a retomar el acuerdo de la sesión del 20 de abril en Costa Rica, de rechazo a la usurpación del poder en la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como la mediación para construir una alternativa a una Institución integrante de este consejo. Hasta hoy la inacción del CSUCA con sede en Guatemala es cómplice del golpe de estado y del fraude electoral por lo que exigimos una acción inmediata.

Desde el Congreso Extraordinario de Estudiantes de la UNA solicitamos a la Rectoría, al Consejo Universitario y el Consejo Académico a realizar un pronunciamiento en la defensa de la Autonomía Universitaria, la educación pública, el derecho a la libre expresión y la protesta, así como la demanda de la liberación inmediata a las personas detenidas por las fuerzas de seguridad, así como en la denuncia de los hechos mencionados anteriormente.

Reafirmamos nuestro compromiso como Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica en la defensa de la democracia de la región, los pueblos centroamericanos, los procesos democráticos, la voluntad popular, de la autonomía universitaria y la educación pública.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Red SEPA expresa solidaridad con la lucha del pueblo guatemalteco

Resolutivo Núm 2.

En el marco del 5º Encuentro Continental de la Red de Educadores y Educadoras Indígenas [REI], realizado en Santander de Quilichao, Colombia, del 12 al 14 de octubre de 2023. Delegadas de más de 20 organizaciones sociales, docentes, sindicales y representes de las diversas naciones de los pueblos originarios desde Argentina hasta Canadá, queremos expresar nuestra solidaridad con la lucha del pueblo guatemalteco para defender el proceso democrático en su país.

A dos semanas de protestas, respaldamos su lucha de los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizo por el respeto a la decisión de los pueblos en la elección de las autoridades, acontecido recientemente. Desde la REI reconocemos la fuerza que el pueblo ha mostrado, y su reivindicación del derecho a la manifestación. A nivel internacional, resulta alarmante, la represión contra manifestantes, pero más aún que no exista respeto a la decisión popular.

Hacemos un llamado para que se respete los resultados electorales, que frene la represión, y se abra un camino que permita resolver la crisis social y política que hoy se vive en Guatemala.

A nuestras hermanas y hermanos les abrazamos, y hacemos de su conocimiento que quedaremos atentos al llamado de acción internacional al que nos convoquen. Fuerza y que vivan los pueblos de Guatemala.

Delegados y delegadas al 5º Encuentro de la Red Continental de Educadores
Indígenas “La Palabra Viva.”

Descargue y comparta el pronunciamiento

 

Fuente: http://idea-network.ca/es/?p=749

Pronunciamiento continental de organizaciones de mujeres y lideresas por Guatemala

Nosotras, representantes de organizaciones y lideresas de Abya Yala, en esta fecha reivindicamos la Resistencia de los Pueblos Originarios, alzamos nuestras voces y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica en Guatemala. Observamos con profunda preocupación el cierre de espacios democráticos y represalias sistemáticas contra las mujeres defensoras de derechos y sociedad civil provocadas por el gobierno del presidente Giamattei.

Estas represalias pretenden criminalizar a defensoras que demandan respeto a la voluntad del sesenta por ciento del electorado guatemalteco, expresada durante la segunda huelga del proceso electoral celebrado el día 20 de agosto del corriente y certificada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Por mencionar algunas: (1) Violación a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo en tela de juicio los resultados emitidos por dicha instancia. (2) Persecución al Partido Semilla e intento de eliminar su personería jurídica para evitar que ejerza el mandato del pueblo en su función presidencial. (3) El secuestro de las actas 4 y 8 y la manipulación de los votos, símbolo de la soberanía popular expresada en las urnas, mediante un quinto allanamiento realizado en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. (4) La constante violación de los derechos de las defensoras, muchas criminalizadas y otras que lograron escapar a través de asilo político en países extranjeros.

Ante estas acciones que han puesto en riesgo el estado de derecho democrático, las organizaciones de mujeres y ciudadanía organizada han recurrido a diferentes recursos legales y amparos ante las Cortes, sin obtener una respuesta apegada a derecho, las autoridades indígenas de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán exigen la renuncia de la fiscal general, del Fiscal a cargo de la FECI, y del juez que ordenó la legalidad a las acciones que violentan el proceso democrático.

Las organizaciones de mujeres, autoridades indígenas, madres y niñas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, entidades religiosas, mercados populares, y miles de habitantes del campo y la ciudad continúan aumentado su presencia en las calles y carreteras, en las plazas, llegando a 180 puntos estratégicos, para demandar la renuncia de estos funcionarios y respeto a la decisión del pueblo durante el comicio electoral y a la democracia.

Hasta el momento, los mensajes emitidos tanto por el presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, en lugar de apelar al diálogo social, amenazan con medidas represivas para detener las manifestaciones pacíficas como un derecho garantizado por la Constitución, que incluyen, provocaciones por grupos de choques infiltrados, la presencia de fuerzas especiales antimotines, el ejército y el sobrevuelo de helicópteros con armas en los territorios indígenas.

  • Ante el incremento de la violación de derechos humanos y políticos, las Mujeres del Continente comprometidas con los derechos y bienestar de las mujeres, niñas, sociedad guatemalteca y ciudadanía en general demandamos al presidente Alejandro Giamattei a:
  • Que actúe conforme a los principios democráticos, orden constitucional y verdadero agente conciliador de la República.
  • Solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curucchiche, Cynthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; quienes, con actos contra la ley, han querido deslegitimar el proceso electoral.
  • Respetar la decisión de la ciudadanía a ejercer su derecho democrático a la protesta y movilización política.
  • Cese inmediato de la violencia contra las mujeres y personas que en su justo derecho disienten de las medidas antidemocráticas y represivas de su gobierno.
  • Suspender las prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres y personas que manifiestan y expresan respaldo a las legítimas protestas.
  • La liberación inmediata de las presas políticas, así como retorno y reparaciones para las guatemaltecas asiladas en el exterior.

Exhortamos a la comunidad internacional y gobernantes del Continente a continuar pronunciándose en favor de los valores y principios democráticos, de la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos cívico-políticos de la ciudadanía, y particularmente de las mujeres y niñas en Guatemala.

Octubre 12, 2023

www.latinasenpoder.org

Gobierno de Rodrigo Chaves reprime mediante fuerza pública a manifestantes en protesta pacífica

Comunicado

El día de hoy, 9 de setiembre de 2023, en la manifestación convocada por distintos grupos, colectivos de sociedad civil, mujeres, estudiantes, artistas y feministas, en contra la represión policial por distintos casos y denuncias registradas de abuso de poder y ejercicio de la fuerza contra civiles.

Cuando la manifestación se encontraba a las afueras de la Asamblea Legislativa CINCO personas manifestantes fueron detenidas bajo el uso desmedido de la fuerza, sin motivo alguno y de manera provocativa por parte policía.

Así mismo, golpearon a otras personas manifestantes quienes intervinieron de manera PACÍFICA para consultar por qué estaban deteniendo a las personas manifestantes.

Las personas detenidas son Álvaro Céspedes Martínez, Carolina María Durán, Valerie Salas Solís, Mar Fournier Pereira y Yeirel Retana Guevara.

Por tanto, desde las organizaciones presentes, estamos acompañando a las personas injustamente detenidas en la delegación de Barrio México.

Denunciamos el abuso de la fuerza, violencia, represión, así como el despliegue de una cantidad irrazonable de policías para una marcha pacífica y sin provocaciones.

Esta una muestra más de la violencia y provocaciones que sigue ejerciendo el gobierno de Rodrigo Chaves mediante funcionarios y funcionarias de la Fuerza Pública.

Hacemos un llamado a organizaciones sociales, sindicatos, colectivas, federaciones estudiantiles, a que se sumen a esta denuncia y se unan a las siguientes manifestaciones en contra de la represión policial y en defensa del derecho de protesta y libre expresión que gozamos como ciudadanía costarricense.

¡No más represión policial! ¡Por la libertad, justicia y reparación de daños de las personas detenidas!

Perú, ingreso y bases militares de EEUU

Mg. José A. Amesty Rivera

Como es costumbre, EEUU siempre ha apoyado militarmente a los/las dictadores/as, y éstos siempre han recurrido a EEUU, buscando apoyo para sus medidas antidemocráticas e inhumanas, por decir algo.

Tal es el caso reciente de Dina Boluarte, «presidenta» de Perú, ante la promovida salida del presidente electo Pedro Castillo. Quien recientemente, según la resolución RL 131757 habilita el ingreso de un total 1.172 militares, divididos entre la Fuerza Aérea (USAF), la Fuerza Espacial (USSF) y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos coordinadas por el Comando Sur, durante un período de 90 días que tiene como fecha de finalización el 29 de agosto de 2023.

El ingreso de militares de EEUU es para desarrollar el Ejercicio Militar Internacional «Resolute Sentinel 2023«. Cuyo objetivo es brindar capacitación en las áreas de combate y respuesta a desastres a los efectivos peruanos.

Y es que, en el caso de Perú, haremos un breve recuento histórico del ingreso de personal militar de EEUU a la nación andina.

Por ejemplo, según Pablo Ruiz, en su artículo Bases y presencia militar de EEUU en Perú, «entre 1946 y 2004, se entrenaron 4559 militares peruanos en la SOA/WHINSEC. En el año 2019, 84 militares peruanos; en el 2020, 136; y el 2021, 10 militares más recibieron entrenamiento en WHINSEC. Los datos del 2022 y 2023 todavía no han sido revelados».

La SOA/WHINSEC, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (SOA/WHINSEC), hoy llamada la Escuela de las Américas, ubicado en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, se ha hecho famoso por capacitar a torturadores y dictadores; los que han realizado masacres en todo el hemisferio occidental, entre otras cosas.

  • En 2015, por ejemplo, las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos dieron entrenamiento en técnicas de rescate a oficiales y suboficiales de la Dirección Táctica Urbana de la Policía Nacional de Perú (SUAT).
  • En 2017, el ejército peruano participó en los ejercicios militares AmazonLog 17con Estados Unidos, Colombia, y Brasil, entre otros. Las maniobras se realizaron en el mes de noviembre de ese año en Tabatinga, en la triple frontera.
  • En el 2021, en la Resolución Legislativa N° 31102, el Congreso autorizó el ingreso de tropas estadounidenses a territorio peruano, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. En el anexo de la resolución se indica que el objetivo es recibir “entrenamiento”, en Lima, Callao, Ayacucho, Iquitos, entre otros lugares, para el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú.

El mismo año, una delegación de oficiales peruanos realizó una visita a las instalaciones de la Brigada Táctica del Ejército de Estados Unidos en la Base Militar Conjunta de San Antonio en el Estado de Texas, y al Centro de Entrenamiento del Ejército de Estados Unidos en el Estado de California, según información de Infodefensa.

  • En 2022, el Congreso aprobó, en la Resolución Legislativa 2732, dos Ejercicios Combinados Conjuntos (JCET) de Estados Unidos con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, para agosto y octubre de 2022, con una duración de 45 días cada ejercicio.

En síntesis, en las últimas décadas ha sido recurrente la presencia de miles de tropas estadounidenses operando en Perú y el entrenamiento que dan a los militares y policías peruanos.

Más aún hoy, cuando la fuerte represión que ha sufrido el pueblo peruano, se explica por la persistencia de las políticas de la Doctrina de la Seguridad Nacional que guían a las Fuerzas de Seguridad de Perú, inoculadas por Estados Unidos.

En ese sentido, el Ejercicio Militar Internacional «Resolute Sentinel 2023, «no solo es entrenamiento de militar a militar, también involucra el entrenamiento a policías, que es la fuerza que está directamente involucrada, con todo lo que es la represión de las protestas».

En cuanto a la presencia de bases militares de EEUU en Perú, las autoridades castrenses peruanas han negado rotundamente la presencia de éstas. No obstante, medios de comunicación peruanos, como lamula.pe, indican que, por un lado, «cada año, al menos en tres ocasiones ingresan tropas militares al territorio peruano. Se justifica que es con fines protocolares de entrenamientos y operaciones combinadas, diurnas y nocturnas, contribuyendo a la interoperabilidad de las Fuerzas Especiales con los sistemas y la doctrina OTAN, entre ellas, el del terrorismo y la defensa ante posibles ataques contra los recursos energéticos».

Y, por otro lado, señalan que, en la actualidad, existen 10 bases militares estadounidenses en todo el territorio peruano instaladas en módulos particulares o en bases militares o de la marina de guerra peruana. Están ubicadas en puertos estratégicos de energía. Entre las bases militares más conocidas tenemos:

  • Palmapampa – VRAEM (El VRAEM, sigla abreviada para el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, es una zona geopolítica en Perú. El VRAEM es un área de alta desnutrición infantil y pobreza). Mazamari – VRAEM. Pichari – VRAEM. Puerto de El Callao. Ancón. Pucalpa. Equitos. Teniente Clavero – Putumayo. Santa Clotilde – Loreto. El Estrecho – Putumayo.

Igualmente, Pablo Ruiz reitera que, «que las fuerzas militares estadounidenses si bien puede ser que no tengan bases propias o exclusivas, como la de Soto Cano o la de Guantánamo, por ejemplo, es evidente que están operando dentro de las bases militares peruanas».

Por otro lado, siempre hemos escuchado el pretexto, en Perú y en otros países de América Latina y otras regiones, de autorizar el ingreso de tropas extranjeras de EEUU, para luchar contra el narcoterrorismo, y en este caso en zonas fronterizas de Perú, como el VRAEM.

También, significativamente, recordemos que, el control militar de la cuenca amazónica, los principales puertos peruanos (Callao, Salaverry, Paita, Chimbote), desde donde se embarca el petróleo, gas y minerales, ha sido demostrativa de un interés particular de EEUU.

Y para colmo de males, por ejemplo, en 2021, los militares estadounidenses ingresaron con armamentos de guerra, y fueron subvencionados por el Estado peruano, y utilizando todo el aparato militar (helicópteros, vehículos, infraestructura, otros, que incluye gastos de combustible y otros) con presupuesto del Estado Peruano.

La doctora Tamara Lajtman, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), sostiene que, «Perú se ha configurado como un eje de contención de procesos de cambio a lo largo del siglo, por eso, esa necesidad de controlar territorialmente y militarmente al país». La especialista consideró que la elección de Perú como sede del Resolute Sentinel 2023 «nunca es casual», dado que «siempre implica una demostración de poder territorial». Pero no todo es asistencia directa a las fuerzas de seguridad.

Así mismo señala, el COER Centro de Operaciones de Emergencia Regional Moquegua, «son instalaciones destinadas al monitoreo de desastres naturales, vienen siendo en los últimos años una de las principales excusas para intervenir, tanto en Perú como en otros países».

«Las instalaciones tienen el apoyo para la construcción del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur y, aunque son coordinados formalmente por personal tanto civil como militar peruano, reciben entrenamiento y acceso a tecnología (de sistemas de radares) del Comando Sur», explicó, recordando que este tipo de centros están distribuidos «a lo largo y ancho del territorio» y «abarcan un espectro muy grande del control territorial».

El ejercicio Resolute Sentinel sería parte de la misma lógica. Bajo la ayuda humanitaria se justifica este tipo de ejercicio y se logra «invisibilizar bastante los procesos de adoctrinamiento». Para la experta, la ayuda humanitaria y la colaboración ante desastres facilita que sea menos visible el carácter militar de la asistencia y que parezca una colaboración más económica o para el desarrollo.

Por último, debemos señalar que Pablo Ruiz, advierte sobre el peligro de NAMRU-6, US Naval Medical Research Unit, la Unidad de Investigación Médica Naval de Estados Unidos, la que cuenta con tres instalaciones, en Lima, Iquitos y Puerto Mandonado.

El objetivo de esta “Unidad” es teóricamente realizar vigilancia de «una amplia gama de enfermedades infecciosas de importancia para la salud pública o militar, incluido el dengue, la malaria, enfermedades diarreicas e infecciones de transmisión sexual», pero existe la sospecha también que en sus instalaciones se pudieran producir armas biológicas.

En una entrevista, publicada en la revista El Derecho de Vivir en Paz, el ex-Congresista de Perú, Richard Arce, señaló, tiempo atrás, que solicitaron información a las autoridades peruanas sobre NAMRU-6 pero “la información que nos otorgaron era demasiado genérica y se notaba que había mucho desconocimiento. Y es grave para nuestra soberanía, ves a una base militar, que bajo el paraguas de la labor científica y de estudio de enfermedades tropicales, se está desarrollando en el país sin la transparencia que corresponde».

En fin, en el mundo, EEUU opera otros centros de investigación o laboratorios biológicos, con fines militares lo que debería levantar las alarmas de la OMS.

 

Imagen: caricatura que interpreta el momento político de Perú publicada por el diario La República de ese país.