El día de hoy, 9 de setiembre de 2023, en la manifestación convocada por distintos grupos, colectivos de sociedad civil, mujeres, estudiantes, artistas y feministas, en contra la represión policial por distintos casos y denuncias registradas de abuso de poder y ejercicio de la fuerza contra civiles.
Cuando la manifestación se encontraba a las afueras de la Asamblea Legislativa CINCO personas manifestantes fueron detenidas bajo el uso desmedido de la fuerza, sin motivo alguno y de manera provocativa por parte policía.
Así mismo, golpearon a otras personas manifestantes quienes intervinieron de manera PACÍFICA para consultar por qué estaban deteniendo a las personas manifestantes.
Las personas detenidas son Álvaro Céspedes Martínez, Carolina María Durán, Valerie Salas Solís, Mar Fournier Pereira y Yeirel Retana Guevara.
Por tanto, desde las organizaciones presentes, estamos acompañando a las personas injustamente detenidas en la delegación de Barrio México.
Denunciamos el abuso de la fuerza, violencia, represión, así como el despliegue de una cantidad irrazonable de policías para una marcha pacífica y sin provocaciones.
Esta una muestra más de la violencia y provocaciones que sigue ejerciendo el gobierno de Rodrigo Chaves mediante funcionarios y funcionarias de la Fuerza Pública.
Hacemos un llamado a organizaciones sociales, sindicatos, colectivas, federaciones estudiantiles, a que se sumen a esta denuncia y se unan a las siguientes manifestaciones en contra de la represión policial y en defensa del derecho de protesta y libre expresión que gozamos como ciudadanía costarricense.
¡No más represión policial! ¡Por la libertad, justicia y reparación de daños de las personas detenidas!
Como es costumbre, EEUU siempre ha apoyado militarmente a los/las dictadores/as, y éstos siempre han recurrido a EEUU, buscando apoyo para sus medidas antidemocráticas e inhumanas, por decir algo.
Tal es el caso reciente de Dina Boluarte, «presidenta» de Perú, ante la promovida salida del presidente electo Pedro Castillo. Quien recientemente, según la resolución RL 131757 habilita el ingreso de un total 1.172 militares, divididos entre la Fuerza Aérea (USAF), la Fuerza Espacial (USSF) y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos coordinadas por el Comando Sur, durante un período de 90 días que tiene como fecha de finalización el 29 de agosto de 2023.
El ingreso de militares de EEUU es para desarrollar el Ejercicio Militar Internacional «Resolute Sentinel 2023«. Cuyo objetivo es brindar capacitación en las áreas de combate y respuesta a desastres a los efectivos peruanos.
Y es que, en el caso de Perú, haremos un breve recuento histórico del ingreso de personal militar de EEUU a la nación andina.
Por ejemplo, según Pablo Ruiz, en su artículo Bases y presencia militar de EEUU en Perú, «entre 1946 y 2004, se entrenaron 4559 militares peruanos en la SOA/WHINSEC. En el año 2019, 84 militares peruanos; en el 2020, 136; y el 2021, 10 militares más recibieron entrenamiento en WHINSEC. Los datos del 2022 y 2023 todavía no han sido revelados».
La SOA/WHINSEC, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (SOA/WHINSEC), hoy llamada la Escuela de las Américas, ubicado en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, se ha hecho famoso por capacitar a torturadores y dictadores; los que han realizado masacres en todo el hemisferio occidental, entre otras cosas.
En 2015, por ejemplo, las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos dieron entrenamiento en técnicas de rescate a oficiales y suboficiales de la Dirección Táctica Urbana de la Policía Nacional de Perú (SUAT).
En 2017, el ejército peruano participó en los ejercicios militares AmazonLog 17con Estados Unidos, Colombia, y Brasil, entre otros. Las maniobras se realizaron en el mes de noviembre de ese año en Tabatinga, en la triple frontera.
En el 2021, en la Resolución Legislativa N° 31102, el Congreso autorizó el ingreso de tropas estadounidenses a territorio peruano, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. En el anexo de la resolución se indica que el objetivo es recibir “entrenamiento”, en Lima, Callao, Ayacucho, Iquitos, entre otros lugares, para el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú.
El mismo año, una delegación de oficiales peruanos realizó una visita a las instalaciones de la Brigada Táctica del Ejército de Estados Unidos en la Base Militar Conjunta de San Antonio en el Estado de Texas, y al Centro de Entrenamiento del Ejército de Estados Unidos en el Estado de California, según información de Infodefensa.
En 2022, el Congreso aprobó, en la Resolución Legislativa 2732, dos Ejercicios Combinados Conjuntos (JCET) de Estados Unidos con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, para agosto y octubre de 2022, con una duración de 45 días cada ejercicio.
En síntesis, en las últimas décadas ha sido recurrente la presencia de miles de tropas estadounidenses operando en Perú y el entrenamiento que dan a los militares y policías peruanos.
Más aún hoy, cuando la fuerte represión que ha sufrido el pueblo peruano, se explica por la persistencia de las políticas de la Doctrina de la Seguridad Nacional que guían a las Fuerzas de Seguridad de Perú, inoculadas por Estados Unidos.
En ese sentido, el Ejercicio Militar Internacional «Resolute Sentinel 2023, «no solo es entrenamiento de militar a militar, también involucra el entrenamiento a policías, que es la fuerza que está directamente involucrada, con todo lo que es la represión de las protestas».
En cuanto a la presencia de bases militares de EEUU en Perú, las autoridades castrenses peruanas han negado rotundamente la presencia de éstas. No obstante, medios de comunicación peruanos, como lamula.pe, indican que, por un lado, «cada año, al menos en tres ocasiones ingresan tropas militares al territorio peruano. Se justifica que es con fines protocolares de entrenamientos y operaciones combinadas, diurnas y nocturnas, contribuyendo a la interoperabilidad de las Fuerzas Especiales con los sistemas y la doctrina OTAN, entre ellas, el del terrorismo y la defensa ante posibles ataques contra los recursos energéticos».
Y, por otro lado, señalan que, en la actualidad, existen 10 bases militares estadounidenses en todo el territorio peruano instaladas en módulos particulares o en bases militares o de la marina de guerra peruana. Están ubicadas en puertos estratégicos de energía. Entre las bases militares más conocidas tenemos:
Palmapampa – VRAEM (El VRAEM, sigla abreviada para el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, es una zona geopolítica en Perú. El VRAEM es un área de alta desnutrición infantil y pobreza). Mazamari – VRAEM. Pichari – VRAEM. Puerto de El Callao. Ancón. Pucalpa. Equitos. Teniente Clavero – Putumayo. Santa Clotilde – Loreto. El Estrecho – Putumayo.
Igualmente, Pablo Ruiz reitera que, «que las fuerzas militares estadounidenses si bien puede ser que no tengan bases propias o exclusivas, como la de Soto Cano o la de Guantánamo, por ejemplo, es evidente que están operando dentro de las bases militares peruanas».
Por otro lado, siempre hemos escuchado el pretexto, en Perú y en otros países de América Latina y otras regiones, de autorizar el ingreso de tropas extranjeras de EEUU, para luchar contra el narcoterrorismo, y en este caso en zonas fronterizas de Perú, como el VRAEM.
También, significativamente, recordemos que, el control militar de la cuenca amazónica, los principales puertos peruanos (Callao, Salaverry, Paita, Chimbote), desde donde se embarca el petróleo, gas y minerales, ha sido demostrativa de un interés particular de EEUU.
Y para colmo de males, por ejemplo, en 2021, los militares estadounidenses ingresaron con armamentos de guerra, y fueron subvencionados por el Estado peruano, y utilizando todo el aparato militar (helicópteros, vehículos, infraestructura, otros, que incluye gastos de combustible y otros) con presupuesto del Estado Peruano.
La doctora Tamara Lajtman, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), sostiene que, «Perú se ha configurado como un eje de contención de procesos de cambio a lo largo del siglo, por eso, esa necesidad de controlar territorialmente y militarmente al país». La especialista consideró que la elección de Perú como sede del Resolute Sentinel 2023 «nunca es casual», dado que «siempre implica una demostración de poder territorial». Pero no todo es asistencia directa a las fuerzas de seguridad.
Así mismo señala, el COER Centro de Operaciones de Emergencia Regional Moquegua, «son instalaciones destinadas al monitoreo de desastres naturales, vienen siendo en los últimos años una de las principales excusas para intervenir, tanto en Perú como en otros países».
«Las instalaciones tienen el apoyo para la construcción del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur y, aunque son coordinados formalmente por personal tanto civil como militar peruano, reciben entrenamiento y acceso a tecnología (de sistemas de radares) del Comando Sur», explicó, recordando que este tipo de centros están distribuidos «a lo largo y ancho del territorio» y «abarcan un espectro muy grande del control territorial».
El ejercicio Resolute Sentinel sería parte de la misma lógica. Bajo la ayuda humanitaria se justifica este tipo de ejercicio y se logra «invisibilizar bastante los procesos de adoctrinamiento». Para la experta, la ayuda humanitaria y la colaboración ante desastres facilita que sea menos visible el carácter militar de la asistencia y que parezca una colaboración más económica o para el desarrollo.
Por último, debemos señalar que Pablo Ruiz, advierte sobre el peligro de NAMRU-6, US Naval Medical Research Unit, la Unidad de Investigación Médica Naval de Estados Unidos, la que cuenta con tres instalaciones, en Lima, Iquitos y Puerto Mandonado.
El objetivo de esta “Unidad” es teóricamente realizar vigilancia de «una amplia gama de enfermedades infecciosas de importancia para la salud pública o militar, incluido el dengue, la malaria, enfermedades diarreicas e infecciones de transmisión sexual», pero existe la sospecha también que en sus instalaciones se pudieran producir armas biológicas.
En una entrevista, publicada en la revista El Derecho de Vivir en Paz, el ex-Congresista de Perú, Richard Arce, señaló, tiempo atrás, que solicitaron información a las autoridades peruanas sobre NAMRU-6 pero “la información que nos otorgaron era demasiado genérica y se notaba que había mucho desconocimiento. Y es grave para nuestra soberanía, ves a una base militar, que bajo el paraguas de la labor científica y de estudio de enfermedades tropicales, se está desarrollando en el país sin la transparencia que corresponde».
En fin, en el mundo, EEUU opera otros centros de investigación o laboratorios biológicos, con fines militares lo que debería levantar las alarmas de la OMS.
Imagen: caricatura que interpreta el momento político de Perú publicada por el diario La República de ese país.
En un documento dirigido a la Comunidad internacional, diversas expresiones humanistas denunciaron la represión desatada por el gobierno de Gerardo Morales en la provincia argentina de Jujuy contra la protesta no violenta de trabajadores de la educación, pueblos originarios, organizaciones sociales y sindicales, campesinos y pobladores.
Asimismo, expresaron su repudio ante la nueva arremetida contra la salud y la vida de su primer presa política Milagro Sala y su compañero Raúl Noro, quién se encuentra en su domicilio transitando una situación de salud muy complicada.
El enérgico llamamiento convoca a todas las personas y organizaciones afines de cada provincia, de Nuestra América y del mundo, a sumarse activamente a este reclamo, por una resistencia justa contra toda forma de violencia, la vigencia total de los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy, el cese inmediato de la represión y la violencia, y la urgente liberación de Milagro Sala.
A continuación, el texto íntegro del comunicado.
Convocatoria Humanista a la Comunidad Mundial
POR EL CESE DE LA REPRESIÓN Y LA VIOLENCIA EN JUJUY, ARGENTINA Y LA LIBERACIÓN DE MILAGRO SALA
Desde el Movimiento Humanista, Partido Humanista, Organismos e integrantes de Comunidades de El Mensaje de Silo a nivel mundial, repudiamos y denunciamos enérgicamente la sostenida violencia ejercida por el Gobernador de Jujuy Gerardo Morales sobre su propio pueblo mediante una salvaje represión, persecución, torturas y hostigamientos a manifestantes, a sus familiares, a trabajadores de la educación, a Pueblos Originarios, Organizaciones Sociales, Sindicales, pobladores y campesinos en general que se suman a las protestas, que por cierto, han sido siempre pacíficas, no violentas.
Al mejor estilo de las dictaduras que asolaron nuestra región en otras épocas, Morales reinicia una espiral de violencia que nos remonta a oscuras etapas de nuestra historia que creíamos superadas. Morales utiliza esta represión como parte de su campaña política, postulándose a la vicepresidencia de Argentina junto a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a Presidente, y refuerza su muestra de poder arremetiendo nuevamente contra la salud y la vida de su primer Presa Política Milagro Sala y su compañero Raúl Noro, quién se encuentra en su domicilio transitando una situación de salud muy complicada.
En el mismo marco de abusos de poder, es conocido el interés económico sobre el manejo del litio, siendo Jujuy uno de los principales productores a nivel mundial, promoviendo desde el Estado, expropiaciones de tierras, persecuciones y represión. Morales y sus socios, son actualmente los principales beneficiarios que hoy extraen y exportan litio desde Argentina, produciendo una alta contaminación del agua que se utiliza para el consumo humano, animal y de riego.
A todos estos atropellos, el Gobernador Morales agrega un nuevo abuso de poder y violación de derechos, introduciendo ilegalmente reformas a la Constitución Jujeña, lo que motivó aún más al pueblo a continuar las protestas pacíficas, obteniendo como respuesta, una feroz represión en lugar del diálogo.
Es por eso que denunciamos y repudiamos estos hechos de violencia, solicitando a los poderes correspondientes que intervengan, incluido el actual gobierno nacional, para detener esta situación de injusticia que camina por andariveles terminales.
Convocamos a todas las personas y organizaciones afines de nuestro país, de cada provincia, de Nuestra América y del mundo, a sumarse activamente a este reclamo, por una resistencia justa contra toda forma de violencia, la vigencia total de los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy, el cese inmediato de la represión y la violencia, y la urgente liberación de Milagro Sala.
La violación a los derechos humanos no tiene jurisdicción, su defensa tampoco, es por eso que apelamos a la comunidad internacional.
Para lograr estos cambios, invitamos a fortalecer, no solo las acciones sociales y políticas en esta dirección (tan importantes en este momento), sino también, a fortalecer nuestro espíritu y nuestra Fuerza interna, para acompañar diariamente con nuestras mejores imágenes y deseos de tranquilidad y de bienestar, a nuestra querida hermana y hermano, Milagro Sala y Raúl Noro y a todo el Pueblo jujeño.
Expresamos nuestro repudio a la represión que se está desplegando, por orden del Gobernador Gerardo Morales, contra el pueblo jujeño, en el marco de su legítimo derecho a la protesta social en contra de la reforma a puertas cerradas de su constitución provincial. La misma fue recientemente aprobada sin seguir los lineamientos que la constitución hasta entonces vigente prevé y sin permitir la participación social en el recinto.
Referentes sociales denuncian que el texto constitucional aprobado dispone el cercenamiento de la división de poderes, una reforma electoral que contribuye a la concentración de poder en manos del poder ejecutivo y la afectación de derechos básicos a la población que apuntan a diezmar la capacidad de protesta de los movimientos sociales.
La reforma también avanza con modelos extractivistas que afectan los territorios ancestrales de los pueblos originarios y sus modos de vida, así como su derecho a la consulta previa e informada, y creando vías expeditas para disponer desalojos, en abierta contradicción con la prohibición de desalojos de los territorios ancestrales, previstos en la ley 26.061.
Esto se ha conjugado con la huelga docente que fue ampliamente apoyada por el pueblo jujeño, en masivas movilizaciones y marchas de antorchas, en las que participan niños, niñas y adolescentes, en ejercicio legítimo de sus derechos políticos.
Exigimos el cese de la represión al pueblo jujeño y la plena vigencia del estado de derecho en la provincia, en particular, que se garantice la integridad de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su derecho a la protesta social.
Exigimos la inmediata libertad de detenidas y detenidos en el marco de las jornadas de movilización y la puesta a disposición inmediata de la información necesaria para conocer el paradero de las personas que por el momento se encuentran desaparecidas.
Convocamos a las organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos a mantenernos en estado de alerta.
Exigimos al estado nacional que adopte las medidas que en el ámbito de su competencia para garantizar la plena vigencia del estado de derecho en la provincia.
Mesa de Articulación de Niñez
Hermanas y hermanos de Buen Vivir Mendoza y Buen Vivir Jujuy de Argentina, así como Buen Vivir Costa Rica, suscribimos estas demandas y nos solidarizamos con el pueblo de Jujuy, Argentina. Édison Valverde Araya
La Ciudad de la Luz, se encuentra sumida en una profunda crisis social.
Ya van casi de 10 jornadas de lucha continua, convocadas por los sindicatos más grandes, que se han expresado de distintas maneras: petición, protesta, huelgas, movilización, barricadas y una valiente resistencia contra la salvaje represión policial.
Pero el autoritarismo del Gobierno de Macron llevó al país a una seria crisis de gobernabilidad política.
Las huelgas se vienen, día a día, extendiendo y tienen cada vez más el amplio apoyo de la ciudadanía.
Para mí, el secreto de este fuerte movimiento social y el apoyo ciudadano que ha tenido radica en la unidad de acción, de los dos grandes sindicatos franceses, como hace tiempo no ocurría en ese país europeo.
Ya es hora, que los sindicatos de Costa Rica pongan las barbas en remojo, y aprendan, por lo mínimo, de la experiencia francesa.
Las reformas anti obreras y antidemocráticas que se aprobaron en nuestro país, en el último quinquenio, las pasaron fácilmente, en buena medida, a merced de la fragmentación de los sindicatos.
Y terminarán derrumbando, sin despeinarse, lo poco queda de la democracia, salvo que los sindicatos corrijan el rumbo y empiecen urgentemente a construir la unidad de acción de los trabajadores y trabajadoras.
Este es un desafío mayúsculo, pero de carácter impostergable, que deben asumir los sindicatos de la Suiza Centroamericana, antes que la destrucción del Estado Social y Democrático sea irreversible.
Los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por las recientes acciones del gobierno de Nicaragua y nos solidarizamos con los ciudadanos nicaragüenses a los que se les ha despojado de su nacionalidad.
El 9 de febrero de 2023 el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de modificar la Constitución de Nicaragua, despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos, incluyendo jóvenes universitarios, militantes políticos, líderes campesinos, sacerdotes y periodistas. El 15 de febrero se despojó a otros 92 nicaragüenses de su nacionalidad, entre los cuales se encuentran el escritor y premio Cervantes de literatura Sergio Ramírez y la reconocida poeta Gioconda Belli. Estos hechos violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano, consignada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En los últimos años al menos dieciocho universidades han sido canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de 2 mil heridos y cientos de detenidos. El gobierno de Daniel Ortega ha cancelado también el estatus legal de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que defienden los derechos humanos y de las mujeres. Veintiséis medios de comunicación han sido cerrados y más de doscientos periodistas han debido exiliarse. Por si fuera poco, desde 2018 se prohíbe la entrada a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Exhortamos a la comunidad internacional a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Exhortamos también al gobierno nicaragüense a que detenga la represión contra su pueblo.
Para sumar su firma envíe su nombre al correo ocr@urukeditores.como al WhatsApp 8393-0561.
Les invitamos a participar este lunes 6 a las 2 pm.
El 7 de diciembre, 2022 el presidente de Perú Pedro Castillo -maestro e hijo del campesinado y elegido por voto popular- sufre un golpe de Estado. A partir de ese día, el gobierno encabezado por Dina Boluarte desata una ola creciente de represión y muerte, en especial, contra estudiantes, campesinado y pueblos indígenas, quienes se manifiestan en contra de dicho golpe y la imposición de un gobierno represor y criminal.
La lucha en defensa de los Derechos Humanos NO TIENE FRONTERAS. Por eso, el MTC se ha unido a diversas ¡ornadas que ha impulsado el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.
Los “teóricos” “concepto-funcional-estructuralistas”, parsonianos y mertonianos algunos, apegados a su tradición coopto-populachera, efectista, sofismática, y fantochera, en función de una eficaz gestión de los intereses a los que adscriben, desde hace algún tiempo vienen utilizando dos términos: “Gobernanza”, (no es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis del poder formal y “Estado profundo” (tampoco es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis referido a lo que mejor ilustra lo que otros llamamos, “poder real” y sus expresiones. Ámbitos entrelazados en una relación dialéctica.
Poder formal, poder doméstico
“Derecha achorada”, “izquierda caviar“(Dina Boluarte), “Congreso golpista”, “prensa mermelera y mercenaria” (sirve a ambos poderes), son términos de consumo o análisis local, que se inscriben en el ámbito del poder formal. Acá podemos ubicar todo lo lamentable, que están haciendo los portadores de los poderes “montesquianos”, legislativo, ejecutivo y judicial: represión, matanza, mentira, encubrimiento, populismo, demagogia, entreguismo, ante ese “despertar del pueblo peruano”.
Sin detenerme en análisis previos, a continuación, cito las palabras de varias personas, ante el desenmascarado intento de la congresista Rut Luque Ibarra, en una “olla común”, en la plaza” Túpac Amaru”, de Cusco, haciendo demagogia. Esta congresista, quien votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo, prácticamente fue echada y tuvo que “salir huyendo” del lugar:
“…a los provincianos no nos va a convencer con sacos de arroz y fideos…basta ya congresistas y Dina Boluarte, váyanse de una vez”, “…(RLI) ha traicionado la voluntad del pueblo peruano…que no venga a banderearse… yo no soy de izquierda, de derecha, de centro, soy ciudadana…el pueblo se financia…que no venga a aprovecharse… ha recibido sus coimas…” “…(Pedro Castillo) ha sido elegido por la voluntad del pueblo… en honor a la democracia…más de 8 millones votaron por el presidente Pedro Castillo Terrones, que está secuestrado de forma ilegal, por la ultra derecha, por los altos mandos militares, por ese congreso asesino, corrupto, que está vendiendo a nuestro Perú… se le vacó de forma ilegal, sin respetar las normas constitucionales… los repudiamos… el pueblo tiene amor a la patria, que le falta a esos congresistas, que son parte de esta dictadura de ultra derecha, militar… ella es ventrílocua de esos mandos… están persiguiendo a quien piense diferente… dicen que somos terroristas, pero no. Buscamos la democracia el respeto y la vida…los hechos han demostrado que ellos son los terroristas… Dina Boluarte ha superado a Jeanine Añes de Bolivia…”. (“Te cuento todo”).
Es evidente la claridad y decisión de las multitudes de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Andahuaylas, Juliaca, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Lima y demás, frente al poder real y el poder formal, que tiene instalado un remedo de sistema parlamentario y se ha dedicado a ejecutar un recurso ya muy trillado: Criminalizar el descontento, recurriendo a argumentos burdos como el terrorismo y el “narcotráfico”.
Poder real
La realidad y clase de lucha que enfrentamos los latinoamericanos. ¿Neoliberalismo? ¿Soberanía vs. Agenda globalista?
Coincidiendo en algunos aspectos con otras propuestas, El Dr. Máximo Grillo Anunciata, propone que Perú se encuentra en el escenario de una conspiración, un plan racista de la clase dominante, del que se puede decir que está determinado por los planes geopolíticos de las potencias hegemónicas, para exterminar la población.
En octubre de 2019, se llevó a cabo en Estados Unidos el “Evento 201”, financiado por Will Gates, en el que participaron Rockefeller, (algunos judíos sionistas como) Rotchild, Kissinger, Soros, la OMS, el FMI representado por Cristina Lagarde (también judía sionista), el BM. Dijeron que la tierra no estaba en condiciones de darle de comer a toda la población humana, que debe ser reducida al 15%. Eliminar al 85%.
En la reunión de Dabos, en Londres, respaldada por la corona inglesa, se afirmó lo mismo.
Bertrand Rusell, premio nobel, en su libro “La Sociedad Industrial”, ya había dicho lamentar que no se reduzca la población en América Latina y recomienda sembrar virus y bacterias en los ríos y lagunas, para disminuir las poblaciones nativas.
Para el 2,050 habría 11 mil millones de habitantes y los “recursos” no alcanzan para darles de comer. La solución para estos intereses es el exterminio.
En este mismo orden, el gobierno de Fujimori, enmarcado en esta geopolítica, hablaba del “excedente poblacional nocivo”: los provincianos, los serranos, los empobrecidos, población que debía reemplazarse con población japonesa (según planes existentes desde la II guerra mundial).
En el marco de esta situación, la realidad histórica del Perú muestra que están presentes indicadores sociales precarios: Mujeres con anemia crónica que dan a luz niños también con anemia crónica que, desde que nacen están en desventaja permanente. Se trata del 60% de los niños. Además, existen altos índices de tuberculosis, alcoholismo, bajos índices de educación. Todo esto provoca un muy bajo coeficiente de inteligencia.
Esto es causa de ser un país que tiene la salud y la educación pública abandonadas. La alimentación del pueblo está deteriorada.
En Perú, la producción agrícola no está para que los peruanos coman, está para exportar, para que ganen dinero las empresas exportadoras, exonerada de impuestos, y la actual Constitución lo permite. Las mineras no pagan impuestos, y el Estado tiene que reembolsarles sus gastos. También la Constitución lo permite.
Por otro lado, Héctor Béjar, primer canciller del gobierno del presidente Pedro Castillo, quería sacar al Perú del Grupo de Lima, para sacarlo de los planes de invasión a Venezuela. Por eso lo sacaron de la cancillería; habían reconocido a Guaydó y firmado un convenio con la embajadora norteamericana por 321 millones de dólares, para mantener a los inmigrantes venezolanos: aplicación del plan estratégico del Comando Sur de Estados Unidos.
El gran negocio es apoderarse de las enormes reservas del petróleo venezolano y darle un golpe a la economía china (Ya lo hicieron con Japón en la II Guerra mundial, porque los japoneses les habían arrebatado todo el mercado de las costas del Pacífico, impidiendo el desarrollo industrial de la costa oeste de Estados Unidos. Por esa razón, como parte de sus planes geopolíticos, el coronavirus y sus 5 sepas, que está patentado en Estados Unidos, fue transportado a Buján en octubre de 2019, en el marco de las Olimpiadas Militares Internacionales. En esas olimpiadas, el primer puesto lo sacó Rusia, Estados Unidos sacó el puesto 31, porque no mandó un equipo de atletas, sino un equipo de sicarios a sembrar el virus).
La política exterior del Perú, la dirige la embajadora de Estados Unidos, no hay soberanía y así, sabotean los intentos de reforma y mejora para el pueblo. En Perú, hay 14 bases militares norteamericanas: ¿para qué?
Debe haber soberanía. Hay que cambiar la Constitución, debe haber una reforma impositiva: la derecha no quiere pagar nada, no quiere ceder en nada, desprecia al pueblo.
Perú está siendo saqueado de la forma más cruel. Hay reformas, o hay guerra civil.
Estado de cosas en Perú; golpe de Estado en Bolivia; movimientos de desestabilización en Brasil; atentado contra Cristina Fernández; descontento con el presidente Petro; la soberanía y las democracias nacionales en estado de supervivencia; militares formados en Estados Unidos; derechas burdas; argumentos de financiación por el narcotráfico.
Elon Musk: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos. Lidien con eso”. (Tremending-público)
“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”. Simón Bolívar, 5 de agosto de 1829.
Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica)
Los países BRICS, por ahora se plantean como una opción multi polarista, frente al uni polarismo USA/OTAN.
Se ha dado en llamarlos BRICS/plus, debido a las intenciones de otros países, como Argentina e Irán, de participar en esta propuesta.
La lucha por la vida y por la paz
La paz es opción de sensatos e inteligentes; la guerra es recurso de egoístas, cobardes y opresores. Es hora de tener sabiduría y dignidad para emprender con estatura y firmeza, las luchas que deben darse. Queremos vivir en paz, pero lamentable: otros vendrán a hacernos la guerra.
Independientemente de análisis teóricos sobre derechas “achoradas”, “bolsonaristas”, congreso golpista; agenda globalista, geopolítica, soberanismo, líderes e intereses mundiales; chinos, rusos, estadounidenses; demócratas o republicanos. Es imprescindible tener la claridad: El capital no tiene patria, solidaridad, compromiso con la democracia, sino oficinas, centros de operaciones y grupos serviles locales, a los que más les interesa dónde realizan sus intereses egoístas y no tanto velar por el bienestar del país en el que nacieron.
Más allá de las democracias de unos y las libertades de otros; de la mano invisible del mercado, invento pérfido cubierto bajo un guante, para favorecer a unos y maltratar a otros, el momento demanda una posición crítica, propositiva y constructiva, por la vida y por la paz.
La unidad de sectores y poblaciones es urgente. Además, es pertinente evitar los medios de distracción, desinformación y embrutecimiento colectivo, iniciando con modas, noticias, artes y deportes.
Constitución Política Vs. Directrices del Banco Mundial
Una opción irrenunciable, que debe tomarse y ser fortalecida, es defender y aplicar lo que las Constituciones nacionales establecen en todos los órdenes y oponerse con esta base, al Banco Mundial y sus directrices.
Todo oponente, individual o colectivo, se ve invencible, antes de verlo con claridad y tomar la decisión de enfrentarlo.
Es hora de reconocer nuestros poderes y convocarlos.
Familiares de asesinados, siendo gasificados por militares y policías, en plena ciudad de La Paz – Bolivia.
Después de argumentar en varias oportunidades que la Ex Presidenta de Facto de Bolivia, Jeanine Añez, debe ser procesada por un Juicio de Ordinario y no por un Juicio de Responsabilidades (o de Privilegio), imaginé que con la Resolución del caso de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, el debate había concluido, pero nuevamente afloran supuestos intelectuales, políticos de derecha y hasta algunos afines al Proceso de Cambio, señalando que Añez merece ser privilegiada con un Proceso que solo es para Presidentes Constitucionales.
Fíjense que el discurso de la derecha y de algunos afines al Movimiento al Socialismo – MAS (primera fuerza partidaria en Bolivia), responden a una operación ideológica revestida de un formato pseudojurídico, con la utilización de los grandes medios de comunicación, intentando mostrar únicamente el efecto del Golpe suscitado el año 2019; estas personalidades critican únicamente los últimos acontecimientos, sin contar con el contexto histórico y político que llevó a la masacre y matanza en Sacaba, Senkata y El Pedregal; las opiniones que emiten a través de sus cuentas personales en redes sociales, alimentan el discurso de una derecha neoliberal y conservadora. Por lo que voy a argumentar, una vez más, por qué Jeanine Añez tiene y debe ser procesada en Juicios Ordinarios.
Previamente recordemos algunos hechos históricos. En noviembre del 2019, se llevó a cabo un Golpe de Estado en Bolivia, a la cabeza de militares, policías, políticos de derecha, la iglesia católica e “intelectuales”, ocasionando una ruptura constitucional. Todo este plan se inició con diferentes demandas de forma específica en la ciudad de Santa Cruz, el desprestigio en redes sociales del Ex Presidente Evo Morales Ayma, mediante la creación de Fakes News, lo que derivó en la ciudad de Santa Cruz en un paro de 21 días, por un supuesto Fraude Electoral –nunca fue comprobado–, ocasionando un vacío de poder político, un motín policial y una solicitud cohercionada del Alto Mando Militar para que Evo Morales Ayma renuncie como Presidente Constitucional. Una vez ejecutado el plan, un grupo reducido tomó el Palacio y la Casa Grande del Pueblo (sede del Gobierno), atrincherándose por casi un año, con una falsa bandera de democracia, fraude electoral y pacificación, con la utilización de la fuerza policial y militar, asesinando a los ciudadanos movilizados y auto-convocados para defender al gobierno democrático en Sacaba, Senkata y El Pedregal.
El 11 de noviembre de 2019, Jeanine Añez, publicó un vídeo en sus redes sociales, en el que instruía a las Fuerzas Armadas coordinar con la Policía Boliviana Nacional y realizar acciones represivas en contra de los sectores sociales movilizados, que clamaban por nuevas elecciones y el retorno de Evo Morales Ayma; además, Añez llamó criminales y delincuentes a las Organizaciones Sociales; las mismas organizaciones que días más tarde se sentaron con Añez en la mesa de “pacificación”. El 19 de noviembre, policías y militares reprimieron a civiles en la ciudad de El Alto, donde se registraron 10 muertos por proyectiles de arma de fuego y 31 personas heridas; recordarán aquel Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, que realizó una conferencia de prensa, declarando que las personas se habían dispararon entre ellos, los golpistas inventaron que querían explotar la Planta de Gas de Senkata, no sabían cómo justificar los delitos que habían cometido y que ahora la justicia los persigue uno por uno. No olvidemos que el 14 de noviembre, Jeanine Añez junto a su gabinete, promulgó el Decreto Supremo N° 4078 (llamado “Decreto de la Muerte”) otorgando impunidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Boliviana; precisamente en cumplimiento de este Decreto ocurrieron las masacres en Senkata, Sacaba y el Pedregal.
Ingresando al debate de qué juicio merecería Añez, el mismo se inició al momento de su detención en marzo de 2021; entonces se discutía si la deberían procesar en un Juicio de Responsabilidades (Privilegio) o un Juicio Ordinario, por el último se argumentó que la imputada no tuvo una asunción constitucional; existió una autoproclamación vulnerando la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores; no llegó a contar con ninguna credencial que es otorgada por el Tribunal Electoral Plurinacional; no cumplió con el formalismo requerido para la posesión de Presidentes o Presidentas Constitucionales; y por sobre todo, los delitos de lesa humanidad (entre los que se encuentra el genocidio), conforme Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no deben contar con ningún tipo de privilegio o fuero. Con estos argumentos, Jeanine Añez, está siendo procesada por la Vía Ordinaria en un Juzgado Anticorrupción de La Paz, por la designación irregular de Karina Leiva Añez como Gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, en mayo de 2020, cuando Añez se encontraba de Presidenta de Facto e Inconstitucional; la Jueza de la causa procesal, se declaró competente y rechazaron todos los incidentes planteados por la defensa de la imputada. Entre los principales argumentos de la competencia de la Jueza señaló que Áñez: “No acreditó de manera documentada” –que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales– “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”. En ese marco, justificó que: “La asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley N° 044. El Tribunal de Alzada argumentó que: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”, siendo que esto infringe los postulados de la Constitución Política del Estado.
El 24 de enero de 2023, el Juez de la causa de los asesinatos cometidos en Senkata de la ciudad del El Alto, durante el gobierno de Facto de Jeanine Añez, declaró tener competencia para conocer el proceso y llevarla a Juicio Ordinario por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. Se ratificó así el primer Suceso Histórico del caso EBA, marcando nuevamente jurisprudencia nacional e internacional, enviando el mensaje que ninguna persona volverá a autoproclamarse como Presidenta de un Estado y asumir funciones que no le fueron delegadas y/o designadas; y que además quiera gozar de un privilegio (el Juicio de Responsabilidades) que únicamente es para los Presidentes elegidos por la vía democrática y constitucional. Ante esta situación, un Ex Presidente de Bolivia (Eduardo Rodríguez Veltzé), señaló que hay un desconocimiento y vulneración abierta a la Constitución, mencionando que las competencias se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado, dando entender que Jeanine Añez, debería ser juzgada por un Juicio de Responsabilidades. Definitivamente con total desconocimiento de la realidad y de los hechos, el Ex Presidente, no dice nada de los delitos de lesa humanidad y que estos no cuentan con fuero o privilegio para su juzgamiento; asimismo, se olvida que ya existió una Resolución anterior por el Caso de EBA; tampoco menciona qué articulados infringió el Juez que se declaró competente; igualmente señala que existiría un desprecio a las víctimas del 2019. Es que ese desprecio para el Ex Presidente, seguramente es el estancamiento de un proceso de mínimo 10 años, como sucedió con el Juicio de Responsabilidades en contra del dictador Luis García Meza que comenzó en 1984 y culminó en 1993 y que se efectuó con la antigua y vetusta Constitución, por los delitos cometidos en la época de dictadura. Por último, al ex presidente habría que recordarle que Jeanine Añez, no cumplió con los Artículos 166 y 169 de la Constitución Política del Estado, por lo que nunca fue proclamada y posesionada como Presidenta Constitucional.
Coincidiendo con el expresidente de derecha, una ex Diputada del MAS del año 2019, da a entender que Jeanine Añez debería contar con un Juicio de Responsabilidades. A ambos personajes les pregunto: ¿Qué documentos son acreditables para ser Presidente o Presidenta Constitucional? ¿Será que cuenta con estos documentos Jeanine Añez? ¿Será que Jeanine Añez, cumplió con el Reglamento de la Cámara de Senadores? ¿La banda presidencial la colocan en la Asamblea Legislativa o lo puede hacer un militar? ¿Cumplió con lo establecido en la norma suprema? ¿Debería irse a un Juicio de Responsabilidades, al igual que podría irse Carlos D. Mesa o algún otro ex Presidente Constitucional? ¿Por qué le dan la misma categoría de Presidenta de Facto y Presidenta Constitucional?, Lo que si estoy seguro, es que Jeanine Añez no cumplió con lo establecido en la norma suprema y normas conexas como ha definido la Sentencia Constitucional 0052/2021, para determinar que merezca un Juicio de Responsabilidades.
Con la detención y enjuiciamientos de Jeanine Añez y de Luis Fernando Camacho, tenemos que exigir llevar a la justicia a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente fueron cómplices y autores de las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.
AHORA TOCA EL TURNO DE ENJUICIAR A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE SACABA Y EL PEDREGAL.
*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.
El Programa Alternativas le invita a sintonizarles este viernes 20 de enero de 2023, a las 18:99 horas (-6 UTC) en el que se abordará el tema “Perú: crisis, represión y muerte. ¿Hay alternativas?”, con el panel invitado conformado por Rosario Grados, politóloga feminista (UNMSM) y Justicia Global (Universidad Kassel); Lucia Alvites, socióloga, MSc Estudios de Género, docente universitaria, militante de Nuevo Perú y Gustavo Espinoza, periodista, escritor y ex parlamentario.
