La comunidad de La Gamba, en la Zona Sur, cantón de Golfito realizó una jornada de recolección y separación de residuos sólidos.
Renier Canales Medina informó a SURCOS que esta es la acción comunitaria ante “la inutilidad gubernamental para resolver el manejo integral de la basura”.
Para este proceso la comunidad organizó un taller sobre manejo comunal de residuos sólidos.
José Luis Gamboa, Antony Cordero, Alexandra Salazar
Costa Rica, país reconocido y vendido internacionalmente por su belleza natural, alberga el 5% de la biodiversidad del mundo; sin embargo, basta con caminar por las calles de San José, el “Paseo de los Turistas”, el centro de Jacó; e incluso al navegar por el golfo de Nicoya, para darse cuenta que no toda esta belleza es como la venden.
El sistema de producción capitalista junto con la cultura de consumo actual fomenta un estilo de vida con patrones poco sostenibles para la naturaleza y la sociedad en sí mismas; sistema en el cual se produce, se consume y desecha rápido. Paralelamente, dicho fenómeno se ve influenciado por un aumento poblacional que ha tenido el país en los últimos 20 años, donde la producción de residuos sólidos ha ido en aumento y su gestión no ha sido la mejor.
Ejemplificando lo anterior, el Ministerio de Salud indica que solo en el 2020, el país produjo alrededor de 1.459.288 toneladas de residuos ordinarios, lo que se traduciría en unos 121.000 camiones recolectores de basura llenos; esta cantidad supone un incremento de un 8% en la generación de residuos desde el 2019. Es importante mencionar que además de comercios e industrias, la mayoría de los residuos son generados en los hogares costarricenses.
Desde 2010, la Ley para la Gestión de Residuos No. 8839 se ha encargado de regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias. La ley menciona que las municipalidades son responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón, por lo tanto, estas son las encargadas de dictar los reglamentos y aplicar las medidas necesarias para alcanzar dicha gestión en su territorio cantonal.
Sin embargo, la problemática de residuos sobrevive a pesar de la ley antes mencionada; ya que se alcanzan altas cantidades de basura tanto en botaderos, rellenos sanitarios, así como en las calles; los cantones Aserrí y Desamparados presentan una radiografía bastante clara de esta problemática, debido a las afectaciones ambientales y de salud provocadas por el relleno sanitario El Huazo, conduciendo a las personas de las comunidades vecinas a protestar abiertamente con voz y pancartas en las calles del Llano de San Miguel de Desamparados, solicitando el cierre total de este relleno y un verdadero actuar por parte del Ministerio de Salud.
Asimismo, es conveniente mencionar que existe un olvido hacia ciertas comunidades, alejadas espacialmente o informales, consecuentes de las desigualdades sociales que produce el sistema en el cual se ven inmersos, las cuales son excluidas y obligadas por sí misma a el uso de otras prácticas “no legales”, como la incineración, entierro e incluso la deposición de los desechos en lotes baldíos o en áreas ribereñas. Este patrón, a manera de ejemplo, se da en lugares como los Diques en San Nicolás de Cartago, donde las quemas de basura son constantes, afectando el área protegida del lugar, a los vecinos a varias cuadras a la redonda, pero que, al fin y al cabo, son medidas adoptadas por un sector de la sociedad que se ve excluido de ese “servicio” de salud.
Ahora bien, se ha mencionado la problemática de la basura y la exclusión en cuanto a esta, sin embargo, queda aún un tema: ¿Dónde se localizan los principales botaderos? ¿Qué mensaje o explicaciones tiene su localización donde se emplazan?
Respondiendo a las interrogantes estos botaderos o rellenos respaldados por la ley, se encuentran en zonas de la periferia las cuales no son vistas como lugares de lujo, de atracción turística, de inversión, de alta plusvalía y/o de alto poder adquisitivo, por tanto, se imponen estos botaderos en esos lugares que no forman parte de lo que se quiere vender como Costa Rica, ejemplo de ello son los casos del Relleno La Carpio, Botadero Los Pinos y el Relleno Sanitario El Huazo.
Por tanto, se crea un nuevo paisaje en la comunidad, aceptado o no; el cual tiene diferentes implicaciones entre las que destacan la contaminación del aire, suelo, y al recurso hídrico por procesos de filtración, provocando eventos como el derrumbamiento de taludes (caso relleno de La Carpio, 2017).
La generación de los espacios destinados para el tratamiento de los residuos debe pasar por un proceso evaluativo riguroso tanto socioeconómico y ambiental, donde se integre la opinión pública y científica como base fundamental para el establecimiento de estos lugares. Conjuntamente estos espacios deben ser incluidos dentro de los planes de ordenamiento territorial, considerando los patrones de consumo ya persistentes de la sociedad y la gestión que se pueda dar en cuanto a los desechos producidos.
En definitiva, la gestión integral de los residuos sólidos es un gran desafío para el estado y sociedad costarricense, es por ello que, la jerarquización de la responsabilidad que cada sector social debe asumir tiene que ser ecuánime. En este sentido, las políticas públicas ya establecidas deben ser objeto de análisis para gestionar y repensar la manera en que la sociedad y sus desechos se interrelacionan con el territorio. Por tanto, los entes reguladores, actores públicos, privados, municipios y sociedad civil deben planear las acciones de su competencia bajo un enfoque integral, que permita una transición orientada a la sustentabilidad en materia de residuos.
Osvaldo Durán-Castro Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Un golpe letal recibió el proyecto de gasificación de residuos que la empresa Agropecuaria 7048 quiere construir en Los Santos, con la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, que le negó el permiso de perforación de un pozo para abastecerse de agua. Como se pudo comprobar, el sitio de la solicitud está dentro del área de protección de la naciente de la ASADA de Frailes de Desamparados. Anteriormente, otras ASADAS se habían negado a compartir su agua de uso comunitario con el proyecto privado de gasificación, y por eso la empresa intentó apropiarse del agua de Frailes.
Los riesgos para el agua de las comunidades han sido advertidos reiteradamente por la oposición a la gasificación, pero hasta ahora se obtuvo un veredicto de tanto peso para proteger el agua. El proyecto de gasificación que amenaza el agua, a los ecosistemas de la región, a todas las actividades agrícolas, productivas y de servicios, como el turismo, ha contado con el respaldo de la Administración municipal de León Cortés, que hasta ahora sigue desconociendo la oposición comunitaria y llegó a declararse “neutral”.
En el considerando quinto de la Resolución DA-2050-2021 se indica que “una vez realizado el análisis correspondiente se encontró que el punto de perforación se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”. La Dirección de Aguas del MINAE repite que, según la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, “Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.
Para las organizaciones sociales, empresas y personas de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, que por más de 7 años hemos mantenido oposición a las iniciativas de incineración y gasificación en Los Santos, queda confirmado que la empresa Agropecuaria 7048 sigue siendo totalmente irresponsable ya que pretendía una perforación “para uso consumo humano (doméstico- industrial) industrial (planta gasificadora de residuos sólidos municipales”, sin importar que el sitio está dentro del área de protección de una naciente, lo cual es verificable a simple vista. También, es claro que esta resolución es una casual más para el archivo definitivo del expediente de la gasificadora por parte de la Secretaría técnica nacional del ambiente (SETENA), petición que ya hicimos con base en las numerosas y severas debilidades técnicas del Estudio de impacto ambiental del proyecto, y la ausencia total de viabilidad social.
En el último documento de información para las comunidades emitido por el Grupo Ecologista León Cortés, la Asociación PROAL y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON: “GASIFICACIÓN EN LOS SANTOS. OPOSICIÓN DESDE LAS COMUNIDADES”, se explicó que en el área donde la empresa Agropecuaria 7048 pretende construir la planta gasificadora, hay varias nacientes inscritas ante la Dirección de Aguas pues son de consumo humano en varias comunidades.
Se explica, con base en el análisis del geógrafo Efrén Hernández Bonilla que “el cerro El Abejonal y sus alrededores presentan una topografía caracterizada por ser una zona montañosa con pendientes muy pronunciadas. Esto ocasiona que cualquier actividad constructiva e industrial que se realice en la zona alta, va tener una repercusión directa sobre cultivos y bosques en las áreas más bajas. Por eso es que la naciente de la ASADA de Frailes es una de la que está en mayor riesgo, y la empresa nunca aportó medidas técnicas claras y eficientes en el plan de Gestión Ambiental presentado en el Estudio de Impacto Ambiental…”.
Frailes es una de las comunidades que más acciones de oposición ha realizado desde que el proyecto se dio a conocer como “planta incineradora de basura”, y hasta la fecha se siguen realizando concurridas sesiones de información y organización para detener la construcción de la gasificadora, que es la nueva versión de la empresa. De acuerdo con Marco Antonio Calderón Quirós, Presidente de la ASADA de Frailes, el pasado 7 de setiembre de 2021 en reunión con AyA, confirmaron el peligro de la pretensión de la empresa y de inmediato interpusieron la denuncia en la plataforma SITADA. Ante la resolución el dirigente comunal indicó que “nos alienta porque estamos ganando una batalla y nos damos cuenta de cómo debemos proteger el agua y su área de recarga”. Para las comunidades “es muy bueno que el MINAE nos de la razón y nos ponga atención en esta lucha por el agua, que también favorece la creación de la nueva área silvestre protegida”, en los cerros El Abejonal, La Trinidad y La Roca que abastecen de agua a Frailes y otras comunidades como San Antonio y La Angostura en León Cortés y otras de Tarrazú.
Esa resolución DA-2050-2021 es fundamental para evitar la construcción de la gasificadora, pero es además resulta un nuevo y claro llamado de atención a toda la población ante “prácticas agrícolas que incluyen tala, anillado, envenenamiento de árboles y socolado o limpieza del sotobosque para sustituirlo por cultivos agrícolas”, que se presentan en la región, incluida la Reserva Forestal Los Santos, como lo expusimos en una nota del Movimiento Quercus/Dota a la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y al Instituto del Café (ICAFE) el 03 de abril 2021. A modo de ejemplo: en los primeros 8 meses del 2019 de las denuncias tramitadas en la Fiscalía de Los Santos, 95 (un 70% del total) fueron delitos ambientales, que incluían invasiones para cambio de uso del suelo en bosques y áreas de recarga y de protección de nacientes y contaminación directa o indirecta con químicos; según datos aportados por el Ministerio Público y el MINAE-Los Santos. De hecho, en el cerro El Abejonal donde se quiere instalar la gasificadora, y en los cerros La Trinidad y La Roca, los cambios de uso de suelo, que muchas veces implican talas y otras formas de destrucción de la cobertura forestal, y otros delitos ambientales contra la vida silvestre, son prácticas comunes y pocas veces sancionadas.
La resolución de la Dirección de Aguas está fechada el 3 de diciembre de 2021 y fue notificada a la ASADA de Frailes el 25 de enero de 2022. La empresa había solicitado la perforación el 23 de setiembre de 2021 (Expediente 21652-P, Dirección de Aguas). Las comunidades de los cantones León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, ahora mismo siguen implementando acciones de información y sustentando técnicamente nuevas oposiciones, mientras esperan las respuestas que en febrero 2022 la empresa debe presentar a la SETENA. De esas respuestas, según esa misma Secretaría, depende que se archive o no del expediente de la gasificadora.
El Grupo Puerto Limpio, de El Roble de Puntarenas, realizó una visita a la Isla San Lucas este lunes 27 de diciembre.
Juan José Piñar Chavarría informó a SURCOS que desarrollaron una recolección y monitoreo (registro, separación y pesaje) de residuos sólidos en dos áreas medidas en la playa. Con ello buscan hacer comparaciones sistematizadas en el tiempo.
“No es correcto ni conveniente tener un parque marino y turístico lleno de desechos”, señaló Piñar Chavarría, por lo que esta labor continuará indefinidamente.
Compartimos un video y una galería de fotos que muestra la tarea realizada por el Grupo Puerto Limpio.
En el distrito de Volcán en Buenos Aires de Puntarenas, lo que inició como un proyecto entre amigos ahora cuenta con el apoyo de una comunidad dispuesta a participar en el manejo integral de residuos sólidos.
“La recepción de la comunidad es muy buena, la gente en general tienen una valoración positiva de la labor que hacemos. Ha habido un cambio exponencial en lo que respecta a recolección”, narró Felipe Duarte, sociólogo y uno de los fundadores de Iván Noé para la Conservación.
La Fundación Iván Noé es una organización constituida en la comunidad de Volcán, con la intención de atender problemas ambientales y cuyo arduo trabajo se ha enfocado en el manejo integral de residuos.
Cada mes se realiza una campaña de recolección de residuos sólidos valorizables en los distintos barrios del distrito, posteriormente son separados y almacenados en un espacio físico provisional prestado por la Asociación de Desarrollo Integral de Volcán.
Inicialmente los residuos se guardaban en un corral facilitado por un vecino, pero conforme divulgaron la iniciativa más personas en la comunidad comenzaron a reciclar, y el espacio que alcanzaba para seis meses se llenaba en cuestión de dos o tres campañas.
Pero a pesar del entusiasmo de la comunidad e incluso la aclamación de otras comunidades para que haya recolección en sus barrios, el programa de reciclaje enfrenta importantes desafíos.
“A nivel país hay una problemática grande respecto a financiamiento, ideas de usos, mercado, también a nivel de instituciones. El Ministerio de Salud no maneja datos actualizados, entre las personas que comercian los residuos hay un sincretismo, no divulgan la información, no hay líneas de trabajo claras, entonces nosotros ante eso estamos en un punto donde debemos tomar decisiones”, comentó Duarte.
Por ahora la Fundación Iván Noé transporta los residuos a un centro de acopio en Pérez Zeledón, debido a que en la zona no hay otra alternativa para la venta.
¿Y la municipalidad?
Pese a que la Fundación ha elaborado una metodología y se ha documentado con respecto a las leyes y todos los aspectos importantes sobre la recolección de residuos, la propuesta que le realizaron a la Municipalidad de Buenos Aires para formalizar un convenio y recibir financiamiento para seguir trabajando aún no se concreta.
Actualmente la recolección municipal de residuos sólidos reciclables solo se realiza en el casco central de Buenos Aires.
“Nosotros aportamos todo lo que es la divulgación de información, hemos aplicado una encuesta, estamos creando una base de datos con información de la comunidad, estamos generando una metodología para hacer talleres en escuelas y tenemos todos los insumos para comenzar a hacerlo en masa e ir a otras comunidades, porque ya tenemos todo el plan de trabajo, pero nos hace falta ese incentivo para poder trabajar”, dijo Duarte, quien agregó que el Programa de Reciclaje se mantiene por voluntarios de la comunidad.
El equipo colaborador también lo componen personas con formación en informática, planificación y promoción social, sociología, trabajo social y salud pública. Aunque de acuerdo con Duarte, el modelo que manejan es bastante vulnerable a cambios drásticos, porque está basado en el voluntariado.
A las personas voluntarias se les brinda la alimentación e insumos tales como guantes, sombreros y algunas camisetas, financiado a través de actividades comunitarias como rifas o la donación de los vecinos.
“Hemos tratado de resolver esto porque también demanda mucho tiempo a cambio de nada. Es una de las grandes carencias a nivel ambiental, los movimientos ambientales y la gente lo hace por amor», reflexionó Duarte.
Debido a que el programa aún se limita a la comunidad de Volcán, los residuos sólidos reciclables que se recogen mensualmente no representan una cantidad importante para comercializarlos y recibir recursos económicos que faciliten pagar a los colaboradores y hacer el proyecto autosostenible.
La idea a mediano plazo es crear un centro de procesamiento cantonal de residuos reciclables, que esté dotado de la tecnología adecuada para su procesamiento. También se aspira a comerciarlos como parte de una estrategia de recirculación de residuos sólidos en el sistema productivo dándoles valor como materia prima para reducir la demanda de recursos naturales no renovables.
Sin embargo, dicho paso requiere de formalizar alianzas que involucren financiamiento. Según Duarte “si no concretamos esa línea de trabajo primaria no podemos aspirar posteriormente a crear un centro de acopio”, agregó.
En la comunidad de Volcán no hay una cobertura total del servicio de recolección de basura, por tanto las personas recurren a prácticas como la quema y el entierro de residuos. Por lo anterior, el programa de reciclaje ha permitido que al menos una parte que puede ser valorizable no termine del mismo modo que la basura.
“Nosotros hemos tratado de llegar a esos barrios también, con la idea de que la gente no entierre todo, pero siempre nos cuesta, porque a veces tenemos el recurso económico y otras veces no”, mencionó Duarte.
Metas ambiciosas
Desde su concepción la Fundación Iván Noé para la conservación tiene metas ambiciosas. Actualmente están contemplando otros ejes tales como la recuperación de la cuenca del río Volcán a través de la recuperación de la cobertura boscosa de sus márgenes y la protección de las fuentes de captación de agua para consumo humano.
En la comunidad de Buenos Aires se ha conformado una Comisión de Cuenca de los Ríos Volcán-Ángel-Cañas integrada por organizaciones del sector ecologista y otras afines, entre las cuales figura Iván Noé para la conservación.
Los efectos ecológicos, económicos y sociales de la economía actual (piña, ganadería, caña de azúcar) y la crisis climática afectan la cuenca del Río Grande de Térraba y la subcuenca de los Ríos Volcán-Cañas-Ángel.
“Lamentablemente la cuenca ha estado muy deforestada y lo que viene a suceder son los desbordamientos del río en invierno, y aparte de eso al estar tan deforestada, hay acumulación de sedimentos y en verano el caudal baja”, mencionó Duarte.
De acuerdo con Duarte, el trabajo en la comisión de cuenca debe ser balanceado y llevar un diálogo entre los sectores involucrados, debido a que hay intereses ambientales pero también económicos y sociales.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
El Concejo Municipal se manifestó mediante un acuerdo en contra de la aprobación de permisos sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos en San José de acuerdo al criterio emitido por la Dirección de Gestión Ambiental de este municipio (MG-AG-DGA261-2020, adjunto).
El criterio de la Dirección de Gestión Ambiental “considera que este tipo de tratamiento de residuos (incineración), no contempla el principio de jerarquización, incluido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839). Por otra parte, existen importantes vacíos en relación a los costos finales, que esta iniciativa podría traerle a futuro a nuestra Municipalidad, en el caso de que participemos en ella”.
Con esta declaratoria serían ya dos las municipalidades metropolitanas que le cierran el camino a esta cuestionada tecnología.
El Consejo municipal de Belén acordó en junio pasado oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración en los límites del cantón de Belén, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores.
Dentro de los considerandos que la municipalidad de Belén expuso señalan: “El país tiene el plan de ser un país descarbonizado al año 2050. Mediante el Decreto Ejecutivo 41561 se oficializó el Plan Nacional de Descarbonización. Dicho plan establece una reducción muy significativa de las emisiones del país que afectan el cambio climático, lo que se contrapone con una planta de incineración, que más bien aumenta las emisiones a la atmósfera y promueve el cambio climático.”
Camino cuesta arriba
La presidencia del ICE Irene Cañas aseguró que no van a facilitar ningún terreno para hacer la incineradora (o cualquier tipo de combustión química) de residuos que busque generar electricidad producto de la actividad puesto que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad; no es del interés del Instituto Costarricense de Electricidad este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable (oficio 0060-300-2020, adjunta).
Mientras la presidenta ejecutiva del IFAM Marcela Guerrero indicó: “La posición de IFAM en concordancia con la posición del Gobierno estableció avanzar en materia de gestión integral de residuos en todas aquellas actividades que tengan por naturaleza menores impactos. No solo disminuyendo los gases de efecto invernadero y cuidando la salud de las personas a través de la calidad del aire. Además, se deben generar condiciones para que las actividades que se desarrollen se apeguen al plan de descarbonización y que generen empleos de calidad bajo la lógica de la economía circular. La Incineración evidentemente no es una actividad acorde con las aspiraciones del gobierno de trabajar la gestión integral de residuos”.