José Luis Gamboa, Antony Cordero, Alexandra Salazar
Costa Rica, país reconocido y vendido internacionalmente por su belleza natural, alberga el 5% de la biodiversidad del mundo; sin embargo, basta con caminar por las calles de San José, el “Paseo de los Turistas”, el centro de Jacó; e incluso al navegar por el golfo de Nicoya, para darse cuenta que no toda esta belleza es como la venden.
El sistema de producción capitalista junto con la cultura de consumo actual fomenta un estilo de vida con patrones poco sostenibles para la naturaleza y la sociedad en sí mismas; sistema en el cual se produce, se consume y desecha rápido. Paralelamente, dicho fenómeno se ve influenciado por un aumento poblacional que ha tenido el país en los últimos 20 años, donde la producción de residuos sólidos ha ido en aumento y su gestión no ha sido la mejor.
Ejemplificando lo anterior, el Ministerio de Salud indica que solo en el 2020, el país produjo alrededor de 1.459.288 toneladas de residuos ordinarios, lo que se traduciría en unos 121.000 camiones recolectores de basura llenos; esta cantidad supone un incremento de un 8% en la generación de residuos desde el 2019. Es importante mencionar que además de comercios e industrias, la mayoría de los residuos son generados en los hogares costarricenses.
Desde 2010, la Ley para la Gestión de Residuos No. 8839 se ha encargado de regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias. La ley menciona que las municipalidades son responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón, por lo tanto, estas son las encargadas de dictar los reglamentos y aplicar las medidas necesarias para alcanzar dicha gestión en su territorio cantonal.
Sin embargo, la problemática de residuos sobrevive a pesar de la ley antes mencionada; ya que se alcanzan altas cantidades de basura tanto en botaderos, rellenos sanitarios, así como en las calles; los cantones Aserrí y Desamparados presentan una radiografía bastante clara de esta problemática, debido a las afectaciones ambientales y de salud provocadas por el relleno sanitario El Huazo, conduciendo a las personas de las comunidades vecinas a protestar abiertamente con voz y pancartas en las calles del Llano de San Miguel de Desamparados, solicitando el cierre total de este relleno y un verdadero actuar por parte del Ministerio de Salud.
Asimismo, es conveniente mencionar que existe un olvido hacia ciertas comunidades, alejadas espacialmente o informales, consecuentes de las desigualdades sociales que produce el sistema en el cual se ven inmersos, las cuales son excluidas y obligadas por sí misma a el uso de otras prácticas “no legales”, como la incineración, entierro e incluso la deposición de los desechos en lotes baldíos o en áreas ribereñas. Este patrón, a manera de ejemplo, se da en lugares como los Diques en San Nicolás de Cartago, donde las quemas de basura son constantes, afectando el área protegida del lugar, a los vecinos a varias cuadras a la redonda, pero que, al fin y al cabo, son medidas adoptadas por un sector de la sociedad que se ve excluido de ese “servicio” de salud.
Ahora bien, se ha mencionado la problemática de la basura y la exclusión en cuanto a esta, sin embargo, queda aún un tema: ¿Dónde se localizan los principales botaderos? ¿Qué mensaje o explicaciones tiene su localización donde se emplazan?
Respondiendo a las interrogantes estos botaderos o rellenos respaldados por la ley, se encuentran en zonas de la periferia las cuales no son vistas como lugares de lujo, de atracción turística, de inversión, de alta plusvalía y/o de alto poder adquisitivo, por tanto, se imponen estos botaderos en esos lugares que no forman parte de lo que se quiere vender como Costa Rica, ejemplo de ello son los casos del Relleno La Carpio, Botadero Los Pinos y el Relleno Sanitario El Huazo.
Por tanto, se crea un nuevo paisaje en la comunidad, aceptado o no; el cual tiene diferentes implicaciones entre las que destacan la contaminación del aire, suelo, y al recurso hídrico por procesos de filtración, provocando eventos como el derrumbamiento de taludes (caso relleno de La Carpio, 2017).
La generación de los espacios destinados para el tratamiento de los residuos debe pasar por un proceso evaluativo riguroso tanto socioeconómico y ambiental, donde se integre la opinión pública y científica como base fundamental para el establecimiento de estos lugares. Conjuntamente estos espacios deben ser incluidos dentro de los planes de ordenamiento territorial, considerando los patrones de consumo ya persistentes de la sociedad y la gestión que se pueda dar en cuanto a los desechos producidos.
En definitiva, la gestión integral de los residuos sólidos es un gran desafío para el estado y sociedad costarricense, es por ello que, la jerarquización de la responsabilidad que cada sector social debe asumir tiene que ser ecuánime. En este sentido, las políticas públicas ya establecidas deben ser objeto de análisis para gestionar y repensar la manera en que la sociedad y sus desechos se interrelacionan con el territorio. Por tanto, los entes reguladores, actores públicos, privados, municipios y sociedad civil deben planear las acciones de su competencia bajo un enfoque integral, que permita una transición orientada a la sustentabilidad en materia de residuos.
