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Etiqueta: responsabilidad institucional

Defensoría de los Habitantes da la razón a UNDECA sobre el ERP-SAP y confirma graves afectaciones en la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

Comunicado de UNDECA

Resolución acredita que las advertencias realizadas por UNDECA fueron ignoradas y que la implementación forzada del ERP-SAP generó una crisis sistémica en áreas críticas de la institución.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) recibe con satisfacción la resolución final emitida por la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia presentada por nuestra organización el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se alertó oportunamente sobre los riesgos de implementar de forma forzada el sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También esta denuncia fue presentada en su momento ante la Contraloría General de la República.

La investigación de la Defensoría concluye que las advertencias realizadas por UNDECA eran fundadas y que la decisión de poner en funcionamiento el sistema el 2 de junio de 2025 se tomó pese a múltiples alertas técnicas, generando una crisis institucional que impactó simultáneamente la gestión financiera, logística, farmacéutica y administrativa de la Caja.

Entre los principales hallazgos señalados por la Defensoría destacan:

• La acumulación de más de 109.000 facturas pendientes de trámite y una brecha de más de ₡1,59 billones entre obligaciones registradas y pagos realizados.

• Discrepancias en inventarios superiores a ₡112.000 millones y una pérdida temporal de visibilidad sobre existencias y movimientos de suministros institucionales.

• Problemas que afectaron la trazabilidad de medicamentos, incluyendo fármacos sujetos a control especial por la Ley de Estupefacientes.

• La imposibilidad de generar estados financieros confiables durante meses debido a fallas en la implementación y migración de datos.

• Costos extraordinarios superiores a ₡1.340 millones para contratar personal temporal y realizar procesos manuales que el sistema debía ejecutar automáticamente.

La Defensoría también reconoce que la continuidad de los servicios de salud no fue producto del éxito del ERP-SAP, sino del enorme esfuerzo y compromiso de las personas trabajadoras de la CCSS, quienes sostuvieron la operación institucional mediante jornadas extraordinarias, controles manuales y mecanismos de contingencia para evitar una afectación directa a la población.

UNDECA destaca que esta resolución constituye una reivindicación de la labor sindical responsable y comprometida con la defensa de la seguridad social costarricense. Cuando nuestra organización denunció los riesgos del proyecto, lo hizo pensando en la protección de los recursos públicos, la estabilidad institucional, las condiciones laborales del personal y, sobre todo, en la atención de calidad que merecen las personas usuarias de la Caja.

Los hechos acreditados por la Defensoría demuestran que las alertas sindicales no obedecían a intereses particulares ni políticos, sino a preocupaciones legítimas respaldadas por informes técnicos y por el conocimiento de quienes diariamente sostienen el funcionamiento de la institución.

UNDECA exige ahora que las recomendaciones emitidas por la Defensoría sean acatadas en su totalidad, que se determinen las responsabilidades correspondientes por las decisiones adoptadas y que se garantice la transparencia en el proceso de corrección de las fallas detectadas.

La defensa de la CCSS, de sus trabajadores y trabajadoras, y del derecho a la salud de la población seguirá siendo una prioridad irrenunciable para nuestra organización.

Informe de la Defensoría.

UNDECA
Defendiendo la Seguridad Social, los derechos laborales y la salud del pueblo costarricense.

SINAE Afines denuncia ante la Fiscalía el debilitamiento de la red digital de imágenes médicas de la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por presuntas irregularidades que, según señalan, están afectando gravemente la red digital de imágenes médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La organización sindical advierte que el apagado y la ralentización de este sistema comprometen directamente la salud pública, incrementan las listas de espera y exponen a miles de pacientes a riesgos clínicos evitables.

La conferencia de prensa, realizada desde el auditorio del sindicato, estuvo a cargo del secretario general Lenin Hernández Navas, el asistente de sala de cirugía y directivo Gerardo Vargas Ramos, y el coordinador del área legal Justin Sánchez Hernández.

Un sistema clave para diagnósticos oportunos

En SINAE Afines se explicó que REDIMED es un componente esencial del proceso de digitalización aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en 2021, dentro del programa de establecimientos digitales de salud. Este sistema permite almacenar, coordinar y compartir todos los estudios radiológicos —radiografías, ultrasonidos, tomografías y resonancias magnéticas— entre los distintos centros de salud del país.

Su importancia es crítica: alrededor del 80 % de las enfermedades se diagnostican mediante un estudio radiológico, y su oportuna disponibilidad evita repeticiones innecesarias, reduce tiempos de atención, garantiza continuidad del tratamiento y protege la seguridad del paciente.

En la red pública se realizan, por ejemplo, más de 310 mil ultrasonidos anuales y cerca de 3 mil resonancias magnéticas mensuales, por lo que la calidad técnica del sistema digital es fundamental para atender la alta demanda.

Las acusaciones del sindicato

Según la denuncia expuesta públicamente, el debilitamiento del sistema inició tras la llegada de la expresidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. SINAE Afines sostiene que, a partir de ese momento, se paralizó la implementación de REDIMED, se desacataron acuerdos de la Junta Directiva anterior y se ignoraron advertencias técnicas de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna.

Entre los señalamientos destacan:

  • Nombramientos “a dedo” en puestos técnicos clave.

  • Utilización de criterios desactualizados para justificar la no implementación del sistema.

  • Orden de apagado y migración sin sustento técnico.

  • Presunta complacencia del actual gerente médico Alexander Sánchez Cabo.

  • Falencias administrativas que recuerdan casos previos como el proyecto ERP o la adjudicación de cooperativas.

SINAE Afines advierte que este apagado podría generar un daño económico estimado en cerca de 30 millones de dólares, además de los graves efectos sobre la salud de la población asegurada.

Incremento de listas de espera

El sindicato presentó cifras oficiales de la CCSS que revelan un crecimiento sostenido en las listas de espera de imágenes médicas entre junio de 2024 y agosto de 2025. En este periodo:

  • La cantidad de personas en espera pasó de 527.031 a 586.968, un aumento de casi 60 mil pacientes.

  • Los ultrasonidos generales encabezan la lista, con 179.580 personas esperando.

  • Las radiografías generales registran 144.813 pacientes en fila.

Para los voceros, esta situación genera sufrimiento, ansiedad y desesperanza en quienes requieren estudios diagnósticos esenciales, y constituye un trato inhumano producto de decisiones administrativas tomadas sin responsabilidad técnica.

Personas denunciadas ante la Fiscalía

SINAE Afines informó que la denuncia penal se interpuso contra las siguientes personas funcionarias de la CCSS:

  • Marta Eugenia Esquivel Rodríguez —expresidenta ejecutiva.

  • Mónica Taylor Hernández —actual presidenta ejecutiva.

  • Robert Picado —director de Tecnologías de Información y Comunicación.

  • Alexander Sánchez Cabo —gerente médico.

  • Alejandro Vallecillo Torres —excoordinador nacional de radiología.

Los presuntos delitos señalados son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, administración fraudulenta, afectación a la salud pública y perjuicio económico a la institución.

Llamado a proteger la salud pública

El sindicato reiteró que la situación no es un asunto meramente administrativo, sino un golpe directo a la salud pública y a la vida de miles de personas que dependen de diagnósticos radiológicos oportunos.

“Redimed no es un lujo, es una necesidad”, afirmó la representación de SINAE Afines, y enfatizaron que continuarán impulsando acciones para exigir rendición de cuentas y la restauración plena de la red digital de imágenes médicas.

Playas sin gobierno, vidas en riesgo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 22 de julio, 2025.

Las playas del Caribe costarricense, tan admiradas por su belleza natural, ocultan una verdad alarmante: carecen de una administración efectiva y de protocolos claros de gestión y seguridad pública. En muchos casos, estas franjas costeras funcionan en la práctica como tierra de nadie, donde el Estado aparece solo para cobrar permisos, pero no para proteger vidas.

Más allá de las banderas de colores que indican teóricamente el nivel de peligro —sin vigilancia real ni consecuencias por ignorarlas—, bañistas nacionales y turistas internacionales se sumergen en el mar sin guía, advertencia ni presencia institucional visible. La gestión de estas zonas críticas parece haber sido delegada, por omisión, a la voluntad de los propios visitantes.

La Zona Marítimo Terrestre, que legalmente pertenece al Estado, es en realidad administrada por la costumbre y la informalidad, salvo cuando se trata de cobrar un canon por ocupación o exigir un trámite de concesión. Para lo demás —como la seguridad, prevención y atención de emergencias— no hay autoridad responsable, ni protocolos activados, ni rendición de cuentas. No basta con “recoger los cuerpos y ya” – como años atrás dijera una viceministra de la Presidencia con respecto al conflicto por tierras indígenas en la zona sur.

Por eso, cuando ocurren tragedias como la reciente y dolorosa muerte del actor Malcom-Jamal Warner en la playa de Cocles, la pregunta inevitable es: ¿Quién responde? ¿Quién vela por la vida humana en estas costas?

Porque si el Estado costarricense asume el derecho de cobrar por el uso del suelo costero, también debe asumir su deber de establecer y aplicar protocolos de seguridad, prevención de riesgos y atención inmediata. No basta con poner letreros. Se requiere presencia, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional.

Hoy las playas son trampas mortales, no solo por las corrientes ocultas del mar, sino por la corriente aún más peligrosa de la negligencia oficial.