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Etiqueta: Rodrigo Chaves Robles

Ante la elección de los magistrados hay que dejarse de carajadas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La elección de los magistrados suplentes se ha vuelto un lío mental más que político o institucional. ¿Qué es lo que se reclama respecto a la elección? La simple posibilidad de que puedan reelegirse una o varias veces.

¿Cuál es el problema de la reelección? La formación profesional de un Magistrado no es de corto plazo, como no lo es la formación de ningún profesional. Todos requieren años de estudios. En este caso de la reelección no se está discutiendo esto, sino que lo que se quiere es imponer nuevos magistrados más acordes o identificados con el actual gobierno. Incluso se trata de establecer requisitos de presentación que no están contemplados en la normativa vigente, lo que no se puede hacer, como se quiere hacer con la reelección de la Magistrada propietaria Dra. Julia Varela Vargas.

Respecto a los Magistrados Suplentes puede ser una lucha política válida pero no lo es constitucional ni legalmente, debido a que se debe seguir un procedimiento donde la Corte Suprema de Justicia propone la lista de magistrados suplentes, y a la Asamblea Legislativa le corresponde aprobarla, sin posibilidad de poner nombres de candidatos a magistrados suplentes.

En la situación que tiene la Asamblea Legislativa el problema es eminentemente político. Los magistrados actuales por su nombramiento fueron electos antes del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, por un período de 8 años. Lo que se quiere, con una mayoría de 31 diputados, que no es suficiente para elegir, es nombrar nuevos magistrados, en correspondencia con el gobierno de Rodrigo Chaves continuado por Laura Fernández. Para eso habría que destituir, o ni reelegir magistrados propietarios, para lo cual se necesitan 38 votos de diputados, que el gobierno no los tiene.

Al final de cuentas, antes, ahora o después cualquier elección o escogencia que haga la Asamblea Legislativa de magistrados es una decisión política de la mayoría de los diputados. Así funciona la democracia institucional costarricense, nos guste o no nos guste.

Veamos desde niño la formación de un abogado de manera simple. El futuro abogado cuando niño estudia en un prekínder, o en una guardería infantil. Suponiendo que así sucede. Ahora hay varios niveles de preescolar antes de entrar a la escuela, porque en las guarderías se pueden tener niños desde los dos años hasta los 7 que se exigen para entrar a primer grado de escuela, aunque funcionen como garajes de niños, donde les empiezan a disciplinar y enseñar aspectos esenciales.

Allí adquiere el niño los primeros hábitos hacia la disciplina del estudio, del aprendizaje del idioma materno, aparte de lo que se enseña en la casa. Allí se inicia en el posible desarrollo de sus habilidades y destrezas. Allí se inicia y fortalece su hábito de la lectura en el supuesto que le leen, y los ponen a leer libros y narrativas a su nivel escolar de edad, para que desarrolle el hábito y la disciplina de la lectura, y el gusto por los libros y la lectura.

Allí, en la preescolar, hay niveles o años de estancia hasta que el niño es aceptado para ir al primer grado escolar, que generalmente se aceptan con 7 años. Todo eso va produciendo un conocimiento acumulado. Muchas veces, excepcionalmente, al primer grado llegan niños que saben leer y escribir.

En la escuela, pública o privada, en los niveles de primero a sexto grado, se van desarrollando las habilidades y destrezas traídas de la preescolar y se van profundizando las bases del conocimiento, y del perfeccionamiento, del idioma y de los instrumentos educativos que van formando para ir al proceso de la educación secundaria. En pocos establecimientos escolares se fomenta la lectura de libros.

Hoy en muchas instituciones educativas, incluyendo universidades, se estimula la lectura de resúmenes de artículos y de libros. Se ha dejado de leer libros completos. Muchos estudiantes y profesionales no tienen la capacidad de lectura de un artículo de más de 500 palabras, ni de entendimiento o comprensión de uno mayor de esas palabras.

En la educación secundaria siguen cinco años de estudio. Algunos colegios han introducido un sexto año que prepara para aspirar a estudios en universidades en el extranjero.

En pocos colegios se prepara de una manera sólida en el conocimiento de una lengua extranjera, inglés, francés, alemán, chino, o hebreo, para lo cual hay colegios especializados en el país. Generalmente, estos estudiantes, en prekínder, kínder, escuelas y colegios privados se desarrollan como full bilingüistas cuando hacen todo el proceso escolar en la misma institución. Hay una tendencia al trilingüismo en algunas instituciones escolares privadas.

Del colegio a la universidad

Generalmente, desde el colegio se desarrollan las inquietudes por la carrera universitaria que se va a seguir, cuando no se tiene por herencia familiar. Hijos de abogado, abogado; hijos de dentistas, dentista; hijos de ingeniero, ingeniero; hijos de maestros, maestro o educador etc. De la misma forma opera en los estratos sociales pobres y de extrema pobreza. Hijos de obreros, obreros; hijos de campesinos, campesinos. Es de señalar que el proceso educativo nacional da posibilidades a estos sectores, pero generalmente quedan marcados por su origen socioeconómico, y por las mismas condiciones socioeconómicas que los sacan del proceso escolar y colegial, como cuando se quitan los subsidios de estudios para niños y jóvenes de estos estratos sociales o áreas marginales del país, o cuando no se tienen las condiciones materiales de edificios escolares para recibir la educación. Hay casi 900 establecimiento escolares públicos en abandono, con medidas de seguridad sanitaria, prácticamente cerrados. Los sindicatos de maestros y educadores casi no se pronuncian sobre esta situación.

Supongamos, en el ejemplo que tenemos, que se orienta el niño, ya joven, preuniversitario por ir a estudiar Derecho. Excluidos de esta apreciación los que después del colegio parten al extranjero a estudiar toda la carrera de Abogacía o de Derecho, que en general son muy pocos respecto al número de graduados nacionales y respecto al número que opta por el Derecho, porque eso depende del colegio en que se graduaron, del nivel socioeconómico de sus familias y de las posibilidades de encontrar becas de estudio en el extranjero.

Suponiendo que todo el proceso anterior se hubiera cumplido con el niño y joven, al tener 18 años edad tiene la posibilidad de ingresar a la Universidad. Siguen los años de estudio de Derecho. En una universidad pública tiene restricción de ingreso, por cupo y por promedio de ingreso, como lo es la Universidad de Costa Rica, o pagando sus estudios en una Universidad privada. Dependiendo de esta opción pueden graduarse entre seis o siete años, en la Universidad pública, o en cuatro, porque las universidades privadas eliminan una buena parte de los estudios generales que se dan en las universidades públicas de manera obligatoria. Ya en el sector de educación secundaria están eliminando una cantidad importante de cursos que también se dan, dejando el núcleo de materias a estudiar a unas seis.

El propio presidente Chaves expresó, hace poco tiempo, su opinión de que las universidades públicas debían eliminar todas sus áreas de humanidades y estudios generales, y concentrarse en lo que las empresas demandaban en sus necesidades corporativas y económico empresariales. Para él también eso contribuía a reducir los aportes estatales a las universidades públicas.

Terminada la carrera y estudios de Derecho sigue la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas. Los resultados de graduación y de incorporación de ante el Colegio es desastroso para los graduados o titulados de universidades privadas, haciendo excepción de unas cuatro de ellas.

Ya, el graduado, desde sus años de formación se va orientando en la especialidad o afinidad que le atrae más de las ramas del Derecho. Eso implica estudio post universitario, maestría o doctorado, y subespecialidades, lo que puede llevar unos cuantos meses o varios años más de estudio.

Los abogados así formados se vinculan a Oficinas de Abogados, Bufetes legales, o ponen sus propias oficinas o Bufetes, y empiezan a desarrollar su práctica profesional donde hacen su buena o mala fama, y sus clientes y clientelas.

De todos los graduados pocos se desarrollan en el campo de la investigación jurídica, de la producción de textos o en la publicación de artículos. Esto requiere vocación, experiencia profesional, mucha lectura y estar al día con las nuevas tendencias que en el Derecho se van desarrollando y con las sentencias de los Tribunales que van marcando la jurisprudencia nacional. La inmensa mayoría se vuelca sobre su práctica profesional específica y con su libro jurídico de cabecera, el Código respectivo y algún otro texto.

En el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se estableció hace muchos años, tener mínimo de 10 años de experiencia profesional, cuando no se era funcionario del Poder Judicial, y tener además 35 años de edad, requisito, el de la edad, que no se pide para ser presidente de la República o para ser Diputado, ni tampoco tener conocimientos de administración en general, o de economía básica.

Para ser Magistrado además se pide el título de Abogado. Para ser presidente o diputado no se pide ningún título académico profesional de carácter universitario, ni siquiera el título de Bachiller de secundaria. Lo que se requiere para ser presidente es tan solo tener 30 años y para ser diputado tener 21 años. Así de simple. Por eso, parlamentariamente, a veces grupos de diputados actúan como verdaderas recuas políticas transportando y cargando las órdenes que les dan para votar proyectos de ley, sin estudiarlos y sin comprenderlos adecuadamente.

Cuando se estableció la edad mínima de 35 años para el magistrado, aparte de su experiencia comprobada, así se hizo por la expectativa de vida de los costarricenses en 1949, que apenas sobrepasaba los 50 años. Hoy con la expectativa de vida de los costarricenses, en 78 años los varones y 82 las mujeres, bien podría establecerse la edad para ser magistrado en 50 o 55 años, y exigir igualmente una experiencia laboral de 30 o más años como litigantes, como funcionarios judiciales o como profesores universitarios en el campo del Derecho.

Si se quieren poner más requisitos y modificar los existentes es absolutamente válido, pero para ello hay que cambiar la Constitución Política, lo que no sería aplicable a ningún abogado que en los próximos dos años quisiera aspirar a un puesto de Magistrado. Esto es lo que valdría para los abogados aspirantes a nuevos magistrados. Por eso, esa intención de ponerle otros requisitos a la Magistrada Julia Varela Vargas no procede. Eso es literalmente ganas de joder.

Si ya se es magistrado, se establece la posibilidad de la reelección consecutiva, por un período igual al de su nombramiento, es decir por ocho años. Para elegir un Magistrado se requieren dos tercios del número de diputados para nombrarlo y dos tercios para no reelegirlo, que equivaldría a destituirlo.

La reelección consecutiva no es mala. Esa es la verdad. Ese magistrado mínimo tiene ocho años de experiencia en el cargo, o un poco más. ¿Por qué eliminarlo? Salvo que sea un mal magistrado profesional en su cargo, lo que se puede ver y estudiar por sus fallos jurídicos, o por vínculos nocivos que lo rodeen para su ejercicio de magistrada.

La reelección en cargos de dirección de todo tipo existe en Costa Rica, en los puestos de Juntas Directivas de las empresas del sector privado o pública, en las asociaciones, en los sindicatos, en la dirección de partidos políticos, en ciertos puestos públicos e institucionales. Y esas reelecciones son por muchos años o por varios o muchos períodos en el cargo que se tiene, sin que se objete esas reelecciones. Nadie protesta ni se opone a esas reelecciones, que pueden ser disputadas por elecciones internas en esos grupos sociales o políticos.

Ministros se reeligen consecutivamente. Diputados también se pueden reelegir alternativamente, cada 4 años. Mientras les llega su oportunidad de reelección muchas veces siguen trabajando como asesores parlamentarios, o en puestos de trabajo legislativo o ministerial cuando de allí salieron hacia sus diputaciones. Hay políticos que, no reeligiéndose consecutivamente en el mismo cargo, van saltando de un puesto administrativo, institucional o político, y sí van haciendo su carrera política, como la presidente Laura Fernández. Eso era válido en los partidos políticos tradicionales porque así formaban sus dirigentes. Laura Fernández en cierta manera es parte de ese proceso, por la escalera política que le fue servida en que la nombraron consecutivamente.

En Estados Unidos los magistrados de la Suprema Corte se eligen de por vida, hasta que se mueran o hasta que ellos mismos se acojan al retiro o pensión. Eso obliga a los presidentes, que son los que los proponen, a escoger grandes juristas, abogados, así reconocidos en el mundo del Derecho estadounidense. Y, a partir de su nombramiento gozan de total independencia, lo que se quiere eliminar aquí.

Muchas personas que critican la reelección de magistrados en Costa Rica se identifican con los valores estadounidenses al 100%. ¿Qué los hace diferentes para no actuar en Costa Rica, a cómo realmente piensan y a cómo realmente se identifican con esa sociedad estadounidense, que a su vez la consideran un modelo de democracia mundial?

Los magistrados son también el resultado de un proceso de formación de muchos años de trabajo y de estudio. No sería bueno para el mejor desempeño judicial, estar cambiando cada ocho años a los magistrados, sobre todo para estar acomodándolos a favor del gobernante de turno, o para estar improvisando en ese alto e importante cargo o función pública. O, para estar improvisando con personas sin la experiencia judicial el caso. Tampoco sería bueno darles una condición como la que tienen los diputados de poderse reelegir alternativamente cada cuatro, o cada ocho años.

Lo correcto igualmente es que los diputados puedan reelegirse continuamente, como se hacía antes de 1949. La experiencia histórica enseña que no todos los diputados se reelegían. Eso lo hacían unos pocos por su mérito parlamentario reconocido. En el siglo XIX jefes de Estado y presidentes podían reelegirse de manera continua. Pocos lo hicieron, Juan Mora Fernández, Juan Rafael Mora Porras, Rafael Iglesias Castro, por citar a esos.

Soy de la idea, igualmente, que el presidente de la República debe tener actualmente al menos una opción de reelección inmediata y consecutiva, y no tener el espacio de ocho años que se ha establecido para que pueda aspirar nuevamente a un período presidencial, como lo fueron los casos de José Figueres, en 1970, u Oscar Arias, en el 2006. En el caso de José Figueres hay que reconocerle que el poder de gobierno que tuvo a la fuerza, 1948-1949, voluntariamente lo dejó, pudiendo haberse quedado el tiempo, que en ese momento hubiera querido.

Cuatro años es un período corto para el ejercicio presidencial. Igualmente se podría ampliar el plazo de gobierno a seis años, con una reelección consecutiva, con consulta plebiscitaria, o de referéndum, a medio período para discutir por esa vía si el presidente continúa o no. Todo esto es discutible.

En todo caso, cada elección es una consulta popular sobre si continúa o no un partido político en el gobierno, aunque con otro candidato.

En Costa Rica no se permite la reelección presidencial, pero sí se permite la reelección del partido de gobierno que ha elegido presidente. ¿Acaso no es lo mismo? En la historia nacional hemos visto la reelección de partidos políticos en el gobierno con Liberación Nacional, 1970-1974, 1982-1986 y 2006-2010, la Unidad Social Cristiana, 1998-2002 y 2002-2006, y con Acción Ciudadana, 2014-218 y 2018-2022. En cierta forma con el actual gobierno hay una continuidad del anterior gobierno, 2022-2026, no del anterior partido ganador de esas elecciones del 2022.

Es más clara la tesis del continuismo político gubernativo del actual gobierno, 2022-2026 al 2026-2030, que de los anteriores, donde esa continuidad no era nada evidente, donde cada presidente marcaba su propio sello. Ahora no es así. Hay un solo sello, el que ha impreso Rodrigo Chaves.

Hay una sola dirección política gubernativa, que se expresa en la copresidencia que se ha establecido de manera tácita y reconocida en el matrimonio gubernativo de Laura Fernández y Rodrigo Chaves.

El continuismo político de la pareja gobernante ha puesto en evidencia la fragilidad de la hipocresía política nacional. Ellos han actuado con claridad, de cara a la sociedad política y civil. El concubinato político, que exhiben y que se tienen es público, notorio, escandaloso pero aceptado por amplios sectores de la sociedad. ¿Por qué continuar con hipocresías políticas en todos los demás partidos, que desearían actuar igual?

El tema de la elección o reelección de magistrados debe resolverse acatando lo dispuesto por la Constitución Política, guste o no guste a los diputados de gobierno. Si quieren corregir eso, pacten la reforma constitucional del nombramiento, entendiendo que esa reforma será válida a partir de los magistrados que se puedan y quieran nombrar en el período constitucional del próximo gobierno, es decir a partir del 2030.

Tal vez, de esa manera se resuelva el problema actual, o la Sala IV, en este tema conflictivo de poderes, lo resuelva, como está autorizada a hacerlo cuando hay conflicto entre los Poderes Públicos, o de carácter institucional, en el que tenga que intervenir para asegurar el funcionamiento del orden público y de la democracia política nacional.

Insistir en bloquear la propuesta de la Corte es simplemente una jodedera, una carajada, una necedad, una mala acción o también una tontería de la bancada de los 31 diputados del Gobierno, oficialistas, de la recua del partido Pueblo Soberano.

100 días de Laura Fernández: ¿Gestión Pública, Espejismo populista o Campaña Permanente?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo | Entre Verdades y Opiniones | Para: SURCOS

En política, los primeros cien días de una administración funcionan como el escaparate que define la ruta y el tono del cuatrienio. El reciente balance presentado por la presidenta Laura Virginia Fernández Delgado desde Zapote prometía ser un corte de caja de gestión ejecutiva, pero terminó convirtiéndose en un guion continuista donde la confrontación institucional sigue siendo la verdadera protagonista de la agenda nacional.

El anuncio del nuevo paquete de proyectos de ley es, en el fondo, un déjà vu. Si bien incluye iniciativas de corte económico y social, el plato fuerte de la narrativa vuelve a ser el intento de limitar las competencias de la Contraloría General de la República. Insistir en reciclar el espíritu de la fallida “Ley Jaguar” —cuyas pretensiones de alterar el control preventivo ya fueron frenadas por la Sala Constitucional— plantea una interrogante ineludible: ¿estamos ante un esfuerzo técnico genuino por hacer más ágil el aparato estatal, o ante la construcción de una coartada política para que el Congreso rechace los textos y poder mantener vivo el discurso del bloqueo?

Sin embargo, el punto más crítico de este informe, analizado desde el rigor de la administración pública, es el anuncio de “100 obras concretas en 100 días”. Apropiarse de megaproyectos como el nuevo Hospital Max Peralta de Cartago, el Hospital Tony Facio de Limón o la Punta Sur de la carretera a San Carlos como logros de la actual administración —o de su predecesora chavista— es un espejismo comunicacional, para su base dura.

Estos son proyectos estructurales de instituciones como la CCSS y el MOPT, que llevan décadas de maduración, diseños y estudios técnicos heredados de gobiernos anteriores. En la gestión pública hay que ser precisos: mezclar intenciones con realidades es un error. Un proyecto en papel, que aún busca financiamiento o está entrampado en apelaciones de adjudicación, no es una obra terminada. Vender el avance de un trámite burocrático de transición como si ya se estuviera cortando la cinta inaugural es un artificio publicitario que subestima al ciudadano.

La cereza del pastel de este evento la puso el hoy ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves. En un intento por marcar una superioridad moral frente a la oposición, Chaves afirmó con vehemencia que en el oficialismo no piensan como “los de la acera del frente” que viven calculando las próximas elecciones, sino que ellos piensan en “las próximas generaciones”. Una frase profunda y de antología, si no fuera porque segundos después, en ese mismo micrófono y casi sin respirar, apeló al más puro cálculo electoral: le pidió al pueblo que notara la diferencia para que en los próximos comicios les den “31, 40 o 45 diputados”.

Esa monumental disonancia en el discurso confirma el diagnóstico que hoy hacen diversos sectores independientes: este Gobierno no ha logrado salir del modo de campaña permanente. Se sigue operando desde la lógica del choque y el titular, midiendo fuerzas para la próxima contienda en lugar de consolidar puentes para gobernar hoy, y anunciar que lograron encontrar tela anaranjada para uniformes penales o quitar tomacorrientes y los hornos de microondas en Cárceles no ayudan para nada.

El capital político de ¿la mandataria? Fernández sigue siendo considerable gracias a su contundente victoria en las urnas, pero la luna de miel de los cien días ya expiró. El reloj no perdona, y la paciencia ciudadana frente a urgencias como el embate del narcotráfico, el costo de vida y las listas de espera de la CCSS, tiene un límite. A partir de ahora, queda en el Ejecutivo demostrar si este mandato se traducirá en la ejecución real de políticas públicas, o si nos mantendremos atrapados en un círculo interminable de verdades a medias y opiniones polarizadas.

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

Costa Rica: digamos no al plagio del modelo de dictadura neofascista de otros países

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.

Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.

Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.

La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.

Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.

Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.

El ayer y el hoy en la política costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]
En el presente se viven momentos relevantes en la política que afecta significativamente nuestro devenir nacional y que ha pasado desapercibido o apreciado como normal en nuestro espacio social, dado que, en el pasado las preferencias electorales no eran motivo de discordia ni de conflictos, como tampoco eran absolutas las diferencias, ni eran motivo de rupturas entre familias, amigos, conocidos o desconocidos, menos aún susceptibles de represión gubernamental. Las discrepancias eras expresiones democráticas de la sociedad, sin pretensión de monopolizar criterios partidarios ni eran objeto de sospecha de algún ardid electoral fraudulento.

Las discusiones políticas entre ciudadanos eran ágoras que se efectuaban informalmente en cualquier espacio y constituían fuentes de opinión de relativo consenso que se manifestaron en sucesivos procesos electorales que modificaban las preferencias del voto y definían los resultados, aun cuando conservando preferencias familiares. Asimismo, no se requerían de las especulativas proyecciones estadísticas, hoy convertidas en negocios privados, con opciones de resultados electorales, para condicionar a indecisos.

Las opiniones ciudadanas se respetaban y constituían instrumentos para otorgar o negarle el voto al partido en el poder. De este modo, perduraba la paz, la confraternidad, el regocijo ciudadano y también de democracia, más allá del acto instrumental de votar. Las evaluaciones y el voto ciudadano se constituían en medios de evaluación social del quehacer del gobierno y del partido político.

En el último proceso electoral el contexto había cambiado, no fue una fiesta cívica ciudadana de entonces, estuvo mediada de innumerables críticas contra la labor gubernamental y particularmente contra su expresidente, que con un estilo grotesco, agresivo e insolente contra todos sus críticos, justificaba su incapacidad y la ineficacia convirtiendo a todos sus críticos en enemigos, así como atacaba a las instituciones estatales para convertirlas en caricaturas disfuncionales de las necesidades y demandas sociales que gestaron la creación y la función institucional pública, para desacreditarlas e intentar liquidarlas.

La actuación gubernamental de exfuncionario del Banco Mundial debilitó la institucionalidad pública desfinanciándolas, controlando su gestión, agudizando las tendencias criticas existentes, que desfiguraron sus funciones, para dar prioridad a prácticas economicistas que afectan a millones de pobres y sectores medios empobrecidos, mientras que sus prácticas personalistas ilegitimas afectaban lo público, lo que pertenece a todos.

Ante el evidente deterioro institucional y de la función pública, la ciudadanía reclama y exige el respeto a sus derechos contra los servicios públicos insuficientes y deficientes, por la indiferencia e inmunidad corrupta e ignorante del poder institucional y estatal, mientras que el cogobierno se desentiende de sus responsabilidades, pretendiendo hacer suyas las demandas ciudadanas, como una falsa y cínica solidaridad, para encubrir su culpabilidad, de este modo, hacen caso omiso de sus obligaciones y son responsables culpables de la agudización de las crisis en la institucionalidad pública para proceder a liquidarlas privatizándolas. En la lógica totalitaria no es extraño lo absurdo, como culpar a los estudiantes de la crisis educativa, acusar a los enfermos de las deficiencias hospitalarias, o responsabilizar a los ciudadanos por el incremento delincuencial.

El gobierno anterior y la actual continuidad política e ideológica liberal han impuesto el odio y el enfrentamiento social, que impide el diálogo y las evaluaciones ciudadanas del quehacer estatal para imponer el silencio. El voto antes libre del sentir gubernamental se convirtió en un voto cautivo y como contradicción entre la autocensura ciudadana por haber contribuido indirectamente al acontecer político y la incapacidad crítica y analítica para solidarizarse con los críticos por los desmanes gubernamentales. Esta pareja gubernamental que se imagina omnipotente ya ha iniciado la pretensión de perennizarse en el poder estatal, común en todos los regímenes totalitarios que ha conocido la humanidad.

La conversión de la ciudadanía en enemigos del poder gubernamental creó el silencio ciudadano, porque con el enemigo no se dialoga ni hay solidaridad, solo se les insulta y desprecia, como lo hacen los mandatarios, o tal vez, simplemente ignorarlos como ocurre con las protestas ciudadanas..

La invitación a la violencia no es una alternativa para Costa Rica, aun cuando el gobierno lo intente y exista un contexto internacional que divide sociedades y aviva los enfrentamientos con creados e inventados enemigos. Ese “caldo de cultivo” del fascismo antagoniza con nuestro pasado y presente, donde los gritos y acciones perversas, de quienes hoy promueven la separación y la violencia, no tienen cabida social en los intersticios de la democracia tica. La democracia no es un asunto de gobernantes ni de tiranos, su creación, reconstrucción y defensa es de todos, de la ciudadanía.

La violencia fascista nunca requirió de la razón, del diálogo ni de la paz, la II GM fue el escenario donde ochenta millones de personas asesinadas, un costo humano inaceptable para mostrar la imposibilidad histórica del sanguinario proyecto contra la vida, el progreso y la humanidad.

El mundo se enrumba hacia otra prueba guerrerista mundial entre potencias y sus secuaces, como lo hace este gobernante que nos ha comprometido aceptando inconsultamente la imposición imperial del Escudo de las Américas. La orientación política e ideológica autoritaria e imperial de los personajes y del gobierno, quizás representan a otros poderes o los propios, pero no de los costarricenses. Las guerras sin fin contemporáneas están liquidando sociedades, civilizaciones y humanidad.

[1] Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

La calidad de la democracia costarricense y los límites del poder. Legitimidad, poder y participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Hay una diferencia fundamental entre ganar democráticamente una elección y ejercer democráticamente el poder.

La primera otorga legitimidad de origen. La segunda debe construirse día tras día.

Esta distinción permite mirar con mayor profundidad el período presidencial de Rodrigo Chaves y hoy el de Laura Fernández. En el caso de Chaves, no se trata de afirmar que Costa Rica dejó de ser una democracia durante su gobierno. No ocurrió de esa manera. Las elecciones continuaron, la oposición existió, la prensa ejerció su función crítica, los tribunales actuaron y los órganos constitucionales mantuvieron sus competencias, muy a pesar de las limitaciones que ese gobierno impuso.

El problema fue otro: la tensión creciente entre la legitimidad electoral del Ejecutivo y los límites institucionales que la democracia constitucional impone a todo poder, incluso al que ha obtenido una amplia mayoría electoral.

La experiencia de estos años obliga, por ello, a formular una pregunta que va más allá de Chaves:

¿Puede una democracia deteriorarse sin que se produzca una ruptura institucional?

La respuesta de la ciencia política contemporánea es que sí. Y precisamente por eso resulta necesario observar no solamente las elecciones, sino también las normas, las instituciones y la cultura política mediante las cuales se ejerce el poder.

El poder necesita límites

Hace casi tres siglos, Montesquieu formuló una de las ideas esenciales del constitucionalismo moderno: para impedir el abuso del poder es necesario que el poder encuentre otro poder capaz de contenerlo, u otros poderes.

La división de poderes no fue concebida para dificultar la acción de los gobiernos. Fue concebida para impedir que una sola voluntad pudiera imponerse sobre toda la sociedad, tal como ocurría con frecuencia durante la Edad Media, en la esclavitud y en las dictaduras de hoy.

Rousseau, desde otra perspectiva, recordó que, en el gobierno democrático, la soberanía pertenece al pueblo. Pero, según el mismo Rousseau, de allí no se desprende que el gobernante se convierta en propietario de esa soberanía. Quien recibe un mandato electoral recibe una responsabilidad pública, no la potestad de apropiarse de la voluntad popular.

Aquí aparece uno de los grandes riesgos de la política contemporánea: que el gobernante interprete su victoria electoral como una autorización para gobernar sin límites.

Entonces puede instalarse una peligrosa ecuación:

Gobierno = pueblo.

Crítica al gobierno = crítica al pueblo.

Contrapeso al gobierno = obstáculo contra el pueblo.

Cuando esto ocurre, el adversario deja de ser reconocido como un competidor legítimo y empieza a ser presentado como enemigo.

Ese fue uno de los rasgos más preocupantes del período de Rodrigo Chaves. ¿Irá a ser un rasgo del actual gobierno también?

Más que un problema de lenguaje

En un artículo reciente me permití escribir sobre el poder del lenguaje en un sistema democrático, y lo nefasto que puede resultar el uso vulgar y soez del mismo, especialmente cuando es esgrimido por el gobernante.

Durante los cuatro años anteriores, fueron frecuentes las expresiones ofensivas, las descalificaciones personales y los ataques contra periodistas, magistrados, la contralora, diputados, funcionarios y otros actores públicos.

Pero reducir el problema al lenguaje soez sería insuficiente.

Lo verdaderamente importante es la función política de ese lenguaje.

Cuando un gobernante descalifica sistemáticamente a quien lo critica, no solamente está siendo descortés. Puede estar intentando quitarle legitimidad, antes incluso de responder a sus argumentos.

El adversario deja entonces de ser alguien que piensa diferente y se convierte en “la casta”, “los mismos de siempre”, “los corruptos” o “los enemigos”.

La política deja de ser deliberación, debate o diálogo y empieza a organizarse alrededor de la confrontación.

Robert Dahl entendió la democracia como un sistema que requiere participación, competencia y oposición. La posibilidad de disentir no es una anomalía del régimen democrático: es una de sus condiciones de existencia.

Por eso, cuando desde el poder la crítica es presentada como conspiración, la democracia comienza a perder una de sus características fundamentales: la aceptación del otro como interlocutor legítimo.

La democracia delegativa

Aquí resulta especialmente útil acudir a los escritos de Guillermo O’Donnell.

Su concepto de democracia delegativa permite comprender una tentación frecuente en América Latina: el presidente elegido directamente interpreta el resultado electoral como una delegación prácticamente ilimitada para gobernar.

La lógica deja de ser: “Fui elegido para gobernar dentro de un sistema de instituciones.” Y comienza a ser: “Fui elegido para gobernar; las instituciones deben abrirle potestad absoluta a mi mandato.”

La diferencia es enorme. En el primer caso, el presidente es una parte del sistema constitucional. En el segundo, el sistema comienza a organizarse alrededor del presidente.

O’Donnell destacó la importancia de la rendición de cuentas horizontal, ejercida por instituciones estatales capaces de controlar a otros órganos del Estado. Por eso los conflictos con la Contraloría, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones no son, no deben interpretarse simplemente como disputas políticas entre personas.

La pregunta democrática es más profunda:

¿Acepta el Ejecutivo que esos órganos tienen legitimidad para decirle que no? Porque un contrapeso que solamente puede decir “sí” deja de ser contrapeso.

El caso del Tribunal Supremo de Elecciones

El conflicto con el TSE ofrece un ejemplo particularmente significativo.

En octubre de 2025, el Tribunal solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Chaves, en relación con denuncias de presunta beligerancia política. La respuesta presidencial presentó la actuación del órgano electoral en términos de un supuesto “golpe de Estado”.

Es legítimo que un presidente discrepe de una decisión del TSE. Puede considerarla equivocada, injusta o incluso políticamente motivada. Pero, lo democráticamente preocupante aparece cuando la existencia misma del contrapeso es presentada como una agresión contra la democracia. Porque entonces la institución deja de ser reconocida como parte del sistema democrático y comienza a ser presentada como su enemiga.

Y ese mecanismo es mucho más importante que cualquier insulto particular.

La democracia puede deteriorarse sin dejar de existir

El politólogo Juan Linz hace una conceptualización que nos permite hacer también una precisión necesaria. A pesar de toda la jerigonza chavista, Costa Rica no llegó a convertirse completamente en un régimen autoritario. El concepto de autoritarismo, en sentido estricto, implica características que nuestro país apenas comenzó a reunir.

Pero una democracia no necesita convertirse en dictadura para deteriorarse.

Puede hacerlo mediante la pérdida de confianza en las instituciones, la personalización del poder, la descalificación sistemática del adversario y el debilitamiento de las normas formales e informales que permiten la convivencia democrática.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han insistido precisamente en la importancia de dos normas: la tolerancia mutua y la contención institucional.

La primera consiste en reconocer al adversario como un competidor legítimo. La segunda implica no utilizar todas las facultades legales simplemente porque se dispone de ellas.

Esta advertencia es crucial. Una democracia puede ser erosionada utilizando instrumentos perfectamente legales. Un gobernante puede no cerrar el Parlamento y, sin embargo, deslegitimarlo permanentemente. Puede no clausurar un periódico y, no obstante, intentar convertir a los periodistas críticos en enemigos públicos. Puede no acabar con la Contraloría, y aún así desprestigiar su función contralora del poder ejecutivo ante la ciudadanía. Puede fingir respeto formalmente por los tribunales y, al mismo tiempo, presentar sus decisiones como obstáculos ilegítimos.

Puede conservar las elecciones y, simultáneamente, no reconocer la idea de que quien gana debe gobernar dentro de límites. Todo ello constituye el terreno de la erosión democrática.

Del presidente al líder

Existe además un fenómeno que merece especial atención: la personalización del poder.

El presidencialismo ya concentra una enorme visibilidad en quien ocupa el Ejecutivo. Pero la personalización ocurre cuando la figura del gobernante comienza a adquirir mayor importancia que la institución que representa.

La política empieza entonces a narrarse alrededor de una persona: “Chaves dice”, “Chaves enfrenta”, “Chaves denuncia”, “Chaves ordena”. La relación política se vuelve cada vez más plebiscitaria: yo contra ellos; el pueblo contra la casta; el cambio contra el pasado; el líder contra las instituciones.

Convengo en que, existen razones sociales que hacen que sectores del pueblo que durante años no se han visto favorecidos por las políticas públicas, hayan comenzado a dejar de creer en muchas instituciones. Es más, acepto que hay un legítimo cansancio ciudadano frente a partidos tradicionales, por la corrupción, la burocracia, la desigualdad y un arsenal de promesas incumplidas. La indignación ciudadana es real. Pero una legítima indignación no puede convertirse en licencia para que venga un gobierno, por más que esté legítimamente constituido, y se dedique a concentrar el poder. La democracia debe ser capaz de procesar el descontento sin destruir los mecanismos que permiten controlarlo.

De la legitimidad de origen a la legitimidad de ejercicio

Aquí adquiere particular relevancia el aporte de Xavier Arbós y Salvador Giner. En sus estudios sobre gobernabilidad, ciudadanía y democracia, estos autores ponen en relación la legitimidad con la capacidad de las instituciones para gobernar eficazmente y de manera aceptada por la ciudadanía.

Desde esta perspectiva podemos distinguir dos dimensiones de la legitimidad democrática.

La primera es la legitimidad de origen: la que se obtiene mediante elecciones libres, competitivas y constitucionalmente válidas.

La segunda es la legitimidad de ejercicio: la que se construye —o se pierde— durante el desarrollo del mandato, según la manera en que se gobierna, se respeten las instituciones, se atienden las demandas sociales, se rinden cuentas y se reconoce el derecho de quienes discrepan.

La primera legitima la llegada al poder.

La segunda legitima —o deslegitima— la manera de ejercerlo.

Esta distinción resulta fundamental porque una elección democrática no constituye un cheque en blanco. Rodrigo Chaves obtuvo legitimidad de origen. Eso es indiscutible. La cuestión políticamente relevante es cómo utilizó esa legitimidad. ¿Reconoció suficientemente los límites institucionales? ¿Aceptó que el TSE, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y el Poder Judicial poseen legitimidad propia? ¿Entendió la crítica periodística como condición de la democracia? ¿Consideró al adversario un interlocutor legítimo? ¿Entendió la protesta ciudadana como una expresión democrática que debía ser escuchada?

Estas preguntas permiten desplazar el debate desde la personalidad del gobernante hacia algo mucho más importante: la calidad democrática o no del ejercicio del poder.

De la gobernabilidad a la gobernanza

Y aquí aparece una consecuencia todavía más importante.

Durante mucho tiempo hablamos de gobernabilidad para referirnos a la capacidad de las instituciones para gobernar eficazmente y responder a las demandas sociales. Pero las sociedades contemporáneas han mostrado que gobernar no puede significar simplemente que unos pocos decidan y los demás obedezcan. De ahí la creciente importancia del concepto de gobernanza.

La gobernabilidad pone el acento en la capacidad institucional para gobernar de manera eficaz y legítima. La gobernanza incorpora algo más: la participación de una pluralidad de actores en la deliberación, construcción, ejecución y evaluación de las decisiones públicas.

El Estado continúa siendo indispensable, pero deja de ser concebido como el único protagonista. Participan las instituciones públicas, pero también comunidades, universidades, organizaciones sociales, gobiernos locales, sindicatos, empresas, movimientos ciudadanos, “parones ciudadanos” que se producen para que el poder ejecutivo respete y reconozca plenamente a otros poderes públicos y ciudadanos individuales. La sociedad debe dejar de ser únicamente destinataria de las políticas públicas y se convierte también en sujeto de su construcción.

Esta perspectiva ofrece una respuesta más profunda al problema de la personalización del poder. Cuando la política queda reducida a la relación entre un líder y una masa electoral, la democracia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de plebiscitos alrededor de personas. Cuando la ciudadanía participa de manera permanente en la vida pública, el poder tiende a distribuirse. Y un poder distribuido es un poder difícil de personalizar.

La democracia no termina en las urnas

La movilización ciudadana del 6 de agosto en defensa de la independencia judicial tiene, en este contexto, un significado que trasciende la coyuntura. Más allá de las posiciones políticas de quienes participaron, hay un principio que debe ser reconocido: la ciudadanía también tiene derecho a defender públicamente las instituciones de la República. Una democracia sana no exige que todas las protestas tengan razón. Exige que tengan derecho a existir. Y si además tienen razón, tanto mejor.

La ciudadanía no debe aparecer únicamente cuando el poder necesita legitimarse mediante el voto. Debe estar presente también mientras el poder gobierna. Aquí se encuentra el tránsito de la democracia electoral hacia una democracia participativa. Votar es indispensable; pero votar no agota la democracia. La democracia participativa supone deliberar, organizarse, fiscalizar, proponer, protestar, participar en los gobiernos locales y contribuir a la formulación y evaluación de las políticas públicas.

En otras palabras: La ciudadanía no debe limitarse a elegir a quienes gobiernan; debe participar también en la manera como se gobierna.

Una democracia que se controle a sí misma

Norberto Bobbio nos recuerda que la democracia también es un conjunto de reglas acerca de quién decide, cómo decide y dentro de qué límites. Pero una democracia contemporánea necesita algo más que reglas. Necesita ciudadanos, necesita participación, necesita instituciones capaces de escuchar y ciudadanos capaces de exigir rendición de cuentas.

Por eso Costa Rica no debería limitarse a preguntar ¿cómo evitar que aparezca otro gobernante con rasgos personalistas? La pregunta de fondo es mucho más ambiciosa:

¿Cómo construir una democracia en la que ningún liderazgo pueda ocupar el lugar que corresponde a la ciudadanía y a las instituciones? Rodrigo Chaves no destruyó la democracia costarricense. Pero, sí la minó y mucho; su gobierno mostró que nuestras instituciones pueden ser sometidas a fuertes tensiones sin que desaparezcan formalmente. ¿Está siguiendo el actual gobierno de la presidenta Fernández la misma ruta?

Rodrigo Chaves mostró también que la legitimidad obtenida en las urnas puede comenzar a deteriorarse cuando el ejercicio del poder se distancia de las reglas y valores que hicieron posible aquella legitimidad. La lección no debería ser solamente escoger mejor a nuestros gobernantes. Debe ser democratizar también la manera de gobernar. Eso significa fortalecer los contrapesos, proteger la libertad de prensa, defender la independencia institucional, reconocer al adversario como un opositor con plenos derechos cívicos y rendir cuentas claras sobre su accionar. Pero, significa también hacer que la ciudadanía esté presente en la política entre una elección y otra.

Ahí se encuentra el tránsito de la gobernabilidad a la gobernanza. Y ahí puede encontrarse también una de las claves para una democracia costarricense renovada. Porque la legitimidad de origen abre la puerta del poder. La legitimidad de ejercicio determina qué ocurre después de cruzarla. Y una democracia verdaderamente viva no espera cuatro años para volver a hablar con sus ciudadanos, con todos, con propios y extraños, especialmente con sus adversarios. Exitoso será aquel gobierno que es capaz de incorporar a la ciudadanía al gobierno de la cosa pública.

La democracia, en definitiva, no consiste solamente en decidir quién gobierna. Consiste también en impedir que quien gobierna deje de escuchar únicamente a quienes le dieron el poder; porque el problema democrático decisivo no es solamente quién tiene el poder. Es cómo se distribuye, cómo se controla y cuánto espacio conserva la sociedad para ejercerlo también.

Gatos desatan en Costa Rica masacre desde los techos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Desde sus tejados de zinc comido por la bruma, los gatos sin collar observan el banquete. No perdonan. Sus presas, criaturas tan cándidas que olvidaron cómo huir, ya son apenas un eco transparente en los portones de las fábricas. Solo los grandes dinosaurios de su misma sangre se salvan del zarpazo, flotando en el aire espeso del privilegio.

Mueven los hilos del oro extranjero y secan los arroyos de la ayuda pública con un parpadeo, mientras abajo, en el asfalto, la gente paga por el aire que respira. Las estructuras del tributo son de piedra milenaria y a los dueños del reloj nadie los toca. Que pague el rebaño, rezongan los gatos desde la luna, si de todos modos ya nacieron con el yugo al cuello.

La pequeña casta de felinos invisibles administra el compás de la miseria exacta. Miden la desigualdad con números fríos y urnas de cartón, convertidos en dueños del tiempo y de la sombra. Dejo constancia, que aun así, la dignidad existe.

III.- El talón de Aquiles: Este es definitivamente uno de los frentes de fragilidad más preocupantes del modelo económico costarricense, si seriamente pensamos en un ‘plan país’ después de 40 años de paquetazos y paquetitos fiscales.

La innegable y alta dependencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y, dentro de ella, la abrumadora concentración en un solo socio, mantienen a nuestro país en una posición de vulnerabilidad extrema.

El vínculo económico de Costa Rica con Estados Unidos constituye una realidad estructural profunda que se manifiesta de forma primordial en su IED, rubro en el cual el país ostenta un liderazgo mundial al captar un 58 % de sus proyectos de capital estadounidense.

En 2024, el flujo desde EE.UU. representó el 78% de toda la IED que recibió el país. Incluso en 2025, tras una caída, sigue siendo el origen del 51%.

Sectores de oposición atrincherados históricamente en el neoliberalismo repiensan ya otra reforma fiscal que omite la participación directa de diversos actores sociales y productivos avasallados en los últimos 40 años. (Ver Universidad 26/7/2026). Esta propuesta ignora un aspecto central: la falta de atención a las dinámicas del comercio cautivo.

En 2024, el 46.7% de las exportaciones y el 40.6% de las importaciones costarricenses fueron con Estados Unidos. La brecha en las tasas de interés entre ambos países puede originar cambios abruptos en el tipo de cambio, con impactos directos en la competitividad y el bolsillo de los costarricenses más humildes

Otro verdadero desafío no radica meramente en la importación de las debilidades estructurales de Estados Unidos, sino en cómo estas se intensifican al traspasarse a nuestra economía. Lejos de actuar como un ancla de estabilidad, el modelo estadounidense transmite y potencia sus propias fragilidades hacia nuestro entorno.

Dichas vulnerabilidades estructurales inciden negativamente en el proteccionismo y la política arancelaria. Un ejemplo evidente es la aplicación de un arancel del 10% a las exportaciones de Costa Rica, elevado al 15% en 2025.

Esta situación altera de forma estructural las condiciones del intercambio comercial de bienes. Asimismo, la volatilidad geopolítica asociada a este proteccionismo introduce un factor de riesgo que repercute negativamente en la estabilidad económica nacional.

De esta manera, el aumento de los conflictos geopolíticos y su expresión geoeconómica, como la agresiva política arancelaria de Estados Unidos, generan incertidumbre y frenan la inversión.

Igualmente, debemos considerar la reconfiguración de las cadenas globales de suministros. Esto incluye la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, las tensiones petroleras impulsadas por la guerra de Trump en Medio Oriente y la volatilidad del bloque regional al que insisten en mantenernos ligados.

Todos los paquetes fiscales dieron duro a los más vulnerables. (Foto tomada de colectivo La kanaya).

El 10% más rico del que nos hablan las publicaciones especializadas en el tema, es el resultado de los beneficios sin parar otorgados desde hace 40 años. Acumulan aproximadamente entre el 50% y 51.5% de los ingresos y la riqueza total disponibles, mientras que el 1% más rico acapara por sí solo cerca del 35.3% de la prosperidad del país.. Los datos son públicos. Es cuestión de consultarlos.

Manejan nuestro dinero a su antojo, incluyendo los sagrados fondos de pensiones. Les sobra para financiar al gobierno central con un generoso 13,98%, consentir a los acreedores extranjeros con un 3,89% y dejar que las empresas en el exterior ayudadas con plata tica se olviden de pagar impuestos acá. Para rematar semejante obra maestra, los premiamos regalándoles 36 mil millones de colones al año por estar cómodamente fuera de nuestras fronteras.

Ay, democracia, divino tesoro: donde eliges entre la nada y los peores cada cuatro años.

IV.- Narcotráfico, pobreza y desigualdad:

No son simples felinos de callejón; Aquel plumaje dorado de la sospecha aleteó siempre sobre los escritorios de la fiscalía cuando el general Quintero perdió su libreta dorada, el sargento Gamboa, el capi Diablo y el teniente Campana, juraron haber visto en la entrada a misa a un gato persignarse con una pata de oro macizo.

Son gatazos de bigotes encerados y miradas felinas que ronronean en una frecuencia capaz de acabar con cualquier moneda de un manazo.

Durante calendarios enteros, estos animales de seda y alcurnia han enterrado sus fortunas bajo torres invisibles. Están allí por si alguien quiere ser como ellos. Sus activos, amasados con el polvo blanco de los sueños rotos, se esfuman en el aire como un aroma a azahar podrido cada vez que la ley intenta acariciar sus lomos.

Cualquier dato preciso sobre el narcotráfico en la economía no existe ni ha existido. Interesa cuidar el secreto bancario; ese sí importa como parte la institucionalidad.

¡Puro cuento! Esos números exactos sobre la plata sucia en la economía solo salen de la boca de los que ya se imaginan con puesto de diputado, juez, fiscal o asesor. Con exactitud no se conoce ni interesa, porque habría que investigar el verdadero negocio de la droga en Estados Unidos y Europa.

Cuando era ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, precisó y aclaró lo que había dicho en una entrevista anterior: en Centroamérica se lavan 14.000 millones de dólares y a Costa Rica le tocarían 4.359 millones. Como él mismo dijo: “Cambia la magnitud, pero no la importancia del tema”.

Asimismo, según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, Costa Rica lidera Centroamérica en flujos ilícitos de capitales por tributación internacional y precios de transferencia. Basado en datos del Global Financial Integrity y un cálculo del Icefi para 2014, esto genera una evasión del impuesto sobre la renta del 6.0% del PIB, equivalente a 3.024 millones de dólares. (Diario Extra; 20/11/2019).

El 10% más privilegiado de la población concentra aproximadamente la mitad de la riqueza y de los ingresos nacionales, una disparidad estructural que evidencia la urgente necesidad de consolidar mecanismos de redistribución más justos y equitativos para el desarrollo nacional. Sin controlar las causas del faltante fiscal todo se reducirá a falacia económica.

Como queda planteado líneas atrás, la pobreza en Costa Rica no es un problema de todos por igual: es el resultado de un sistema favorecido por décadas de exoneraciones, evasión y contrabando. entre otros.

Solo como recordatorio, el «gasto tributario» —es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones y beneficios fiscales— se mantiene en un nivel crítico y debería ser un tema central en todos los debates públicos, dejando de pensar ya en este zutano o aquel fulano iluminado para venir a salvarnos. ¡No ocurrió en 40 años ni ocurrirá! Es tarea conjunta de los trabajadores y otros actores ser protagonistas en la reconfiguración del nuevo país que queremos.

Ya los verán. El municipio aguarda impasible la resurrección de los ríos secos y la bendición de los puentes cuánticos que solo existen en la cartografía electoral del 2030, mientras los benefactores de nuestra tierra infértil llena de rocas ya lustran sus mejores discursos para salvar su sagrado status quo con marchas de fantasmas bien desayunados con caviar de bueno y jamón serrano.

El 1 % más adinerado concentra aproximadamente el 35.3 % de la riqueza nacional, posicionando a Costa Rica entre los países de América Latina con mayor desigualdad en la distribución del capital.

Este panorama se refleja en el coeficiente de Gini, que históricamente ha oscilado entre 0.45 y 0.52. Esto evidencia los problemas estructurales de la democracia más antigua del continente, los cuales fueron expuestos en las líneas anteriores

Para los entendidos en la materia, el coeficiente Gini nos da a conocer el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos o de la riqueza dentro de una población. Se expresa en una escala del 0 al 1 (o del 0 al 100 si se multiplica por cien), donde 0 es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad máxima.

La desigualdad aumentó hasta 2020 y alcanzó su punto más alto con un coeficiente de Gini de 0.492 (en una escala de 0 a 1). Año a partir del cual se registra una reducción de la desigualdad, pasando desde su punto más alto (49.2 en 2020) hasta los 45.5 en 2025.

Esta propensión a la baja se confirma con los datos oficiales del INEC, que en 2024 reportaron el coeficiente de Gini más bajo desde que se tiene registro.

En América Latina y el Caribe, esta tendencia muestra una dirección incierta tras la pandemia. Aunque en 2019 se registró una mejora notable con 39.9 puntos, el indicador repuntó a 42.4 en 2024 y apuntaba a un nuevo incremento de 45.9 para 2025.

Como señalan diversos estudios, estas cifras evidencian una profunda divergencia regional en la recuperación postpandemia.

Sin pretender una única interpretación, esta mejora del Índice de Gini en Costa Rica — pasó de 0.492 en 2024 a una proyección de 0.455 para 2025— podría obedecer a un fenómeno real, pero a la vez limitado y frágil.

Se explicaría por factores coyunturales como la recuperación del empleo formal, el control de la inflación y el aumento del ingreso real en los estratos bajos y medios. El impacto de la economía ilegal en esta métrica es marginal y no cuantificable en las encuestas de hogares, donde solo se declaran ingresos lícitos; de hecho, las ganancias criminales tienden a concentrarse en cúpulas y ensanchan la desigualdad real.

La paradoja la resolvemos si comprendemos que el país mejora la distribución del ingreso mientras deteriora la calidad de sus servicios públicos.

Asimismo, tenemos que la bonanza reciente proviene de sectores como las zonas francas, que generan riqueza, pero no tributan de la misma forma, lo que ha llevado a que el gasto social caiga del 10.1% del PIB en 2020 al 8.5% en 2025. Ambas tendencias son dos caras de una misma moneda: un modelo que estimula el bienestar privado en el ingreso, pero desfinancia el bienestar público.

El llamado «ingreso en especie» (programas sociales) y los subsidios directos han sido históricamente un pilar fundamental para reducir la desigualdad en Costa Rica, y su reciente disminución ayuda a entender la paradoja que estamos planteando. Las transferencias monetarias y los subsidios (como becas, bonos de vivienda o apoyo a redes de cuido) tienen un efecto directo y potente en la distribución del ingreso.

Su impacto es doble: Incrementan el ingreso disponible al poner dinero directamente en los bolsillos de los hogares más pobres. Apaciguan la pobreza, porque sin estos ingresos, sería significativamente mayor. Un estudio de 2025 señaló que, sin los ingresos indicados la pobreza en Costa Rica sería del 77%, lo que subraya la importancia crítica de todas las fuentes de ingreso, incluidas las transferencias.

El problema es que, en los últimos años, estos programas han sufrido recortes significativos Los datos trascendidos en distintos momentos y procedentes de diversas fuentes, muestran una contracción clara y documentada en los principales programas de asistencia social durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

El presupuesto para programas de pobreza se redujo en aproximadamente ¢50.000 millones entre 2022 y 2023. La inversión social total pasó de ¢769.000 millones en 2022 a ¢718.000 millones en 2023, su nivel más bajo desde 2019

Esta tendencia a la baja ha continuado, ya que el gasto social como porcentaje del PIB pasó del 10,1 % en 2020 al 8,5 % proyectado para 2025. El Ejecutivo insiste que se ha dado un mejor uso a estas partidas sociales transparentando los excesos y lujos con los fondos públicos.

Así, el programa de becas para estudiantes en situación de pobreza pasó de ¢113.000 millones a ¢85.000 millones entre 2022 y 2023.Es decir, se eliminaron 113.739 becas en un solo año. En relación con la Red de Cuido, los críticos de Chaves señalan una caída en la atención a menores, bajando de 30.360 niños en 2020 a 26.000 en 2023, lo que representa una pérdida de 4.360 cupos.

Además, la cantidad de soluciones habitacionales entregadas se redujo de un promedio de 12.000 por año a 9.320 en 2024. Aunque las cifras maquillen el ingreso y reduzcan el Gini, los sectores vulnerables resienten servicios públicos en caída libre. La seguridad social se debilita, la educación se limita a suplir la demanda de las multinacionales y los recortes en ciencia, cultura y tecnología destruyen el ascensor social. Así, al sepultar el futuro de la niñez y blindar la pobreza hereditaria, Costa Rica se encamina a un abismo competitivo frente a la región.

Ahora que los dos grandes bandos del poder económico discuten un nuevo ajuste de impuestos, urge preguntar a quienes están fuera de toda ecuación: ¿cómo sería el proyecto de país que sueñan los sindicatos, la juventud, los barrios y los jubilados para los próximos 40 años? Algún día nacerá.

Los hechos históricos y económicos están allí. Muestran que tanto el oficialismo como la fragmentada oposición recurren a la misma estrategia: avivar el fantasma del comunismo y la dictadura. El agarrón de mechas es artificial, algo así como una cortina de humo para ocultar su responsabilidad compartida en la consolidación del modelo económico actual, evitando asumir un debate real sobre los problemas estructurales que afectan al país.

De momento, una verdad grita a voces: las reformas fiscales siempre fueron una trampa. Juraron que viviríamos mejor, pero solo nos usaron para exprimirnos el bolsillo. Esa es la verdad. Históricamente, los ricos y todos los gobiernos de turno se reparten el botín. ¿O acaso es falso?

Un verdadero desarrollo nacional – toda una generación extravío este postulado – no busca destruir la empresa privada ni frenar la creación de riqueza, sino reorientar el rumbo económico. Se trata que, así como el mercado enriqueció a estas cúpulas ahora el Estado articule ese mismo mercado con justicia social, priorizando a las mayorías vulnerables sin caer en falsas alarmas ideológicas con que nos tienen asustados desde 48. Alguien entendido en esas cosas dijo que este Macondo con mar y electricidad era una “dictadura democrática”.

¿Quiénes ponen este cascabel al gato?

Apoyo, pero crítico, al Poder Judicial y la Fiscalía

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alejandro Guevara Arroyo

El pasado jueves 6 de agosto, en Costa Rica, se desarrolló una manifestación cívica de considerable importancia simbólica, por su composición, su convocatoria y su proclama: un plantón «Por la defensa de la democracia y la justicia».

Fue inicialmente convocado por sectores de la ciudadanía y organizaciones sociales, a los que luego se fueron sumando grupos universitarios, autoridades y personas funcionarias del Poder Judicial, organizaciones sindicales y diversas organizaciones de la sociedad civil, además de representantes de los partidos opositores al actual Gobierno. La convocatoria reunió a miles de personas en la Plaza de la Democracia en San José y tuvo también expresiones menores en el resto del país.

Esta manifestación surge en el contexto de diversas presiones y acciones realizadas por figuras del actual Gobierno de la República, protagonizadas por la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia y de Hacienda y expresidente Rodrigo Chaves. Entre ellas se encuentran los recortes presupuestarios que han afectado al Poder Judicial; el apoyo oficialista a trasladar a la Asamblea Legislativa la elección de la persona titular de la Fiscalía General; el bloqueo legislativo al nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional; y, más recientemente, las acusaciones públicas contra magistrados constitucionales y las acciones penales anunciadas contra algunos de ellos a raíz de una resolución de la Sala Constitucional (se habló incluso de un ‘golpe de Estado judicial’).

A propósito de este contexto, un grupo de 54 profesoras y profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica publicamos un pronunciamiento titulado “En defensa de la Justicia Constitucional y del Estado Constitucional de Derecho costarricense”, visible acá:

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2026/8/10/mas-de-50-docentes-de-la-facultad-de-derecho-ucr-respaldan-decision-de-la-sala-constitucional-sobre-la-eleccion-de-magistraturas-suplentes.html

https://semanariouniversidad.com/opinion/pronunciamiento-en-defensa-de-la-justicia-constitucional-y-del-estado-constitucional-de-derecho-costarricense/

Ahora bien, pasada la emoción tras la exitosa convocatoria, de mi parte entiendo que vale la pena subrayar que, en todo caso, mi apoyo a las instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público y otros órganos relacionados es de índole crítica. Ello alcanza también al pronunciamiento que con convicción firmé junto con otras profesoras y profesores.

No se trata, de mi parte, de una crítica centralmente dirigida a las personas que ocupan esos puestos (aunque puede existir) y, por ello, su resolución no apunta tampoco a un mero recambio de autoridades. El punto, en cambio, es que las instituciones que ejercen la potestad jurisdiccional y las potestades de persecución penal en Costa Rica cargan con un conjunto de problemas y dificultades relevantes, que afectan tanto la eficiencia en el desempeño de sus funciones como la vigencia de los principios constitucionales que las legitiman. Localizar las estructuras institucionales que hacen probables estos problemas y dificultades es aquello sobre lo que ha de recaer la crítica institucional y constitucional, que es la que a mí me parece de prioritaria atención. Entiendo que esta crítica es a un tiempo, profunda y ponderada.

Profunda, porque va a las estructuras que hacen probables ciertos actos y prácticas institucionales problemáticas.

Ciertamente, todo el episodio de Celso Gamboa y las actuaciones de magistrados como Carlos Chinchilla y Jesús Ramírez en el denominado ‘Cementazo’, así como la crisis institucional que rodeó la salida del entonces fiscal general Jorge Chavarría, se encuentran aún presentes en la memoria colectiva de la comunidad política costarricense. Mal haría cualquier defensor del valor de dichas instituciones en desconocerlo.

Empero la pregunta institucional relevante es otra: ¿qué características del diseño de esas instituciones (sus procedimientos de nombramiento, sus controles y su organización interna) hicieron posibles o más probables estos episodios sucedieran y qué reformas permitirían reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir?

Ponderada, porque no cae en la descalificación generalizada de un entramado institucional que, con sus cargas históricas y sus bemoles contemporáneos, mantiene un funcionamiento regular y efectivo en múltiples ámbitos, de la mano de miles de personas funcionarias que día a día cumplen con su labor de la manera en que entienden que corresponde. La crítica institucional exige distinguir entre problemas estructurales, responsabilidades individuales y el funcionamiento ordinario de la institución.

En mi opinión, el apoyo ciudadano demostrado en los últimos días a dichas instituciones ante las preocupantes acciones de figuras del Poder Ejecutivo y Legislativo debería impulsar a sus autoridades, así como al bloque político opositor, a promover reformas largamente esperadas en sus estructuras institucionales fundamentales.

En síntesis, en este caso, la defensa frente a interferencias externas no debería entenderse como una defensa del statu quo vigente. Es precisamente porque la independencia judicial merece ser defendida, pues es clave para el ideal de la República democrática, que corresponde fortalecer las condiciones institucionales que la hacen probable. Para ello, sin embargo, requerimos realizar reformas claves a sus estructuras fundamentales.

En la encrucijada de la historia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Los caminos de la historia han llevado a nuestra Costa Rica a enfrentar una encrucijada, la primera de este siglo, como solamente las ha debido asumir dos veces en cada uno de los dos siglos de nuestra vida republicana, a saber, con nuestros próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora en la construcción del Estado Nación en el siglo XIX y luego, en el siglo pasado, al verse obligada a enfrentar a la dictadura de los hermanos Tinoco y posteriormente la Guerra Civil de 1948. Todas estas encrucijadas quedaron registradas en los archivos de nuestra historia con letras de sangre, debido a los enfrentamientos militares que desgarraron a la familia costarricense.

La presente encrucijada que la historia nos ha deparado, tiene sus orígenes fuera de nuestras fronteras, en razón de la situación que atraviesa la humanidad con la decadencia y agonía de la hegemonía de Occidente en el mundo entero; vacío que está siendo llenado por China como emergente potencia mundial. Todo lo cual hace que la potencia que ha asumido el hegemón de Occidente, nuestros vecinos de América del Norte, vea reducido su poderío a Nuestra América, dado que el mundo se encamina hacia hegemonías regionales. Los grandes desafíos que enfrenta y ponen en riesgo su sobrevivencia, hacen que la humanidad tome conciencia de que sólo tiene un destino; pero paradójicamente, lejos de unirse, se fragmenta en regiones que se enfrentan, no sólo por motivos ideológicos sino por múltiples causas de índole cultural y lingüístico, religioso o simplemente geográfico. Este fenómeno explica lo que se da en las fronteras de las regiones geopolíticas, donde emergen nuevos polos hegemónicos al interior mismo de Occidente. Tal es el caso de la guerra en una región que nunca ha estado en paz, como es el Mediterráneo, en especial, el Mediterráneo Oriental. Otro tanto sucede en Nuestra América con el Mar Caribe, porque el que es dueño del Mar Caribe es dueño de todo el Continente, sobre todo, a partir de inicios del siglo pasado, con la construcción del Canal de Panamá, la vía interoceánica más importante del mundo.

Para enfrentar esta situación mundial, el gobierno de Trump ha recurrido de manera explícita y brutal, a la vieja Doctrina Monroe, que siempre ha sido la inspiración y guía de toda la política norteamericana hacia sus vecinos del Continente. Los Estados Unidos siempre han creído ser los sucesores de las potencias colonialistas que se repartieron Nuestra América: Inglaterra, España y Portugal. Es por eso que mantiene 78 bases militares en la región siendo así que no hay enemigos militares que puedan temer. En concreto, para Trump nuestras naciones no tienen derecho a la soberanía, somos tan sólo protectorados de su decadente imperio hoy reducido a una hegemonía regional. Para ello debe enfrentar una creciente oposición de nuestros pueblos.

Esto repercute en forma decisiva en la política doméstica de la pequeña Costa Rica, situada en una zona geopolíticamente de la mayor importancia en la política internacional. Todo lo cual nos permite comprender el porqué de la política que el gobierno actual pretende implementar de entero sometimiento a la hegemonía imperial yanqui. El todo poderoso expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial, siguiendo instrucciones del Norte, ve al Estado Nación forjado en el siglo XIX, como su mayor enemigo. Su política consiste en destruir, no sólo el concepto de democracia forjado en el siglo XX como Estado Social de Derecho, sino el menor indicio de soberanía nacional. Eso explica el enfrentamiento con las dos familias más poderosas de la oligarquía nacional, como son la familia Arias Sánchez, a cuyo máximo representante, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se le negó la visa de entrada a los Estados Unidos, lo mismo que a su hermano, Rodrigo, presidente entonces de la Asamblea Legislativa y la familia Jiménez Borbón, dueños de la empresa de comunicación tradicionalmente más influyente en la política nacional por ser el vocero de la oligarquía criolla. Ambas están en la actualidad enfrentadas con el régimen chavista, hegemónico en Zapote y Cuesta de Moras y que cuenta, hasta ahora, con una nada desdeñable base social de apoyo, sobre todo en zonas periféricas a la GAM.

Para enfrentar a la grave crisis que atraviesa el mundo actualmente y cuya repercusión vivimos dramáticamente en nuestro país, sólo cabe una solución y así poder salir airosos de esta encrucijada que nos ha deparado la historia. Esta solución consiste en forjar un frente político en el que se unan todos aquellos que se oponen a que nuestra patria se convierta en un protectorado del Tío Sam y que, por el contrario, sea la heredera de quienes murieron en la Guerra Patria de 1856 para darnos una patria soberana. Para ello se requiere que este frente patriótico se inspire en un programa de gobierno que profundice las conquistas que nos han permitido disfrutar de un régimen democrático definido como Estado Social de Derecho, actualmente tan deteriorado debido a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en lo que llevamos de este siglo. La época de las divisiones inspiradas en criterios meramente ideológicos ha terminado. Los partidos políticos deben dejar de ser simples empresas que se dedican a hacer “marketing” electoral; pero que sólo existen ante el pueblo durante los meses previos a las elecciones y que durante el resto del tiempo sólo se expresan a través de sus bancadas parlamentarias. La muestra más fehaciente de la voluntad popular se hizo patente en las multitudinarias manifestaciones del jueves 6 de agosto – fecha que pasará a la historia – que se escenificaron en todos los rincones de la geografía nacional. Estas multitudes, cobijadas por la bandera tricolor, entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.

El protagonismo de ese movimiento patriótico nacional, debe trascender el quehacer de los partidos políticos tradicionales y ser liderado por los movimientos sociales, surgidos en la sociedad civil al calor de las luchas populares. Esto no quiere decir que los partidos políticos deban desaparecer. Al contrario, los partidos políticos deben ser activos todo el tiempo, pues no sólo se trata de enfrentar a la política apátrida del régimen imperante, sino, ante todo, de contribuir a elevar la conciencia cívica del pueblo, a fin de que no se deje seducir por los cantos de sirena de una poderosa maquinaria politiquera que, con los recursos del erario público, pretende seducirlos con espejismos que sólo llevan al abismo y al fin de nuestras libertades democráticas, invaluable patrimonio heredado de nuestros próceres. La nueva y auténtica democracia, más que una “tercera república”, sólo será posible si se nutre de los valores cívicos. Para lograr lo cual los medios de comunicación, tanto de alcance nacional como regional, juegan un papel imprescindible. El diálogo permanente entre la dirigencia y los diputados con todos los ciudadanos y no sólo con quienes los eligieron, es igualmente imprescindible. Hemos vuelto a 1856. La unidad de todos los patriotas formando un frente común, constituye la única vía para hacer realidad aquí y ahora la Patria por la que vivió y murió Juanito Mora.

¿Sos de los que está vendiendo el futuro por un plato de arroz con pollo?

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Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Vengo oyendo en la calle y en Redes Sociales qué poco a poco se incrementa el número de testimonios de chavistas arrepentidos de su voto en febrero pasado. Un poco muy tarde. Sin embargo, creo que a muchos otros los perdimos del todo, hablemos de quienes son:

El banquete efímero y la factura eterna

¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino y de nuestra propia historia? ¿En qué momento el hambre del presente —o la ilusión de una recompensa inmediata— se vuelve tan poderosa que nos hace hipotecar el bienestar del mañana?

En la antigüedad, la narrativa bíblica inmortalizó una escena que hoy resuena con una fuerza pasmosa en nuestra realidad política: Esaú, cansado y hambriento, le vendió su primogenitura, su herencia y su futuro a su hermano Jacob a cambio9 de un simple plato de lentejas. Un trato desigual, un intercambio efímero donde lo momentáneo devoró lo permanente.

Hoy, en la Costa Rica de nuestro tiempo, esa parábola cobra vida de una manera casi cinematográfica. ¿Cuál es el equivalente moderno de ese plato de lentejas? Para muchos, parece ser un plato de arroz con pollo.

¿Qué estamos entregando realmente?

Detengámonos un momento a reflexionar y hagámonos las preguntas incómodas, esas que el método socrático nos obliga a confrontar sin filtros:

¿Qué vale más: la lealtad fugaz hacia una gira o un mitin político, o la estabilidad social de todo un país?

¿Es un intercambio justo aplaudir a figuras como Rodrigo Chaves o Laura Fernández a cambio de un “a-pollo” (un apoyo) que, en la práctica, se traduce en desfinanciar los pilares que sostienen a los más vulnerables?

¿Hemos medido el costo real de lo que se está entregando a cambio de esa efímera sensación de pertenencia?

La letra pequeña del contrato social

Cuando se aplaude sin reservas, rara vez se mira la letra pequeña del contrato que estamos firmando con nuestro silencio y nuestra complacencia. Ese supuesto apoyo tiene un costo altísimo, pagado con los derechos y la seguridad de la ciudadanía:

El golpe a la niñez y la educación: Recortes profundos en programas sociales tan sensibles como miles de becas Avancemos, o los más de 40 mil millones de colones menos para el programa de CEN-CINAI, que alimenta y cuida a la infancia más necesitada.

Recortes al presupuesto del Poder Judicial en un momento crítico, limitando las herramientas necesarias para combatir frontalmente la creciente ola de inseguridad.

El bolsillo de la mayoría: Una propuesta fiscal regresiva que amenaza con tocar la Canasta Básica, elevando el impuesto del IVA del 1% al 13%, golpeando directamente la mesa de los hogares costarricenses de menores ingresos.

Las promesas rotas y las sombras en el camino

A este panorama de recortes y cargas tributarias se suman las sombras del engaño y la desconfianza institucional:

La “agarrada de monos”: La promesa de campaña tan sonada sobre devolver el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) que quedó en el olvido, transformándose en una ilusión más para los trabajadores.

La infiltración y la impunidad: El delicado informe que advierte sobre el posible nexo de 122 policías de la Zona Sur con redes de narcotráfico, contrabando y trata de personas, un síntoma alarmante de la descomposición institucional que no podemos permitirnos minimizar.

¿Vale la pena el precio?

Volvamos la vista al relato bíblico. Esaú sació su hambre por unas horas, pero perdió su legado para siempre.

Hoy, la pregunta queda abierta para cada uno de ustedes, tanto en este espacio de Entre Verdades y Opiniones con JoseSo como en las líneas de esta columna: ¿Vamos a seguir cambiando nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestro futuro por un plato de arroz con pollo, o es momento de exigir cuentas antes de que la factura sea imposible de pagar?

Pero cierro con los dos casos más dramáticos. Por un lado, los que ni siquiera reciben el arroz con pollo, pero siguen al pastor de su congregación qué les predicó que tener conciencia de clase se volvió pecado. Por el otro, los que solo lo apoyan porque «qué rico cómo insulta a los ladrones de cuello blanco», cerrando los ojos ante una realidad evidente: impulsan exactamente la misma agenda de venta de activos como el BCR, la intención de cerrar la CCSS o depositar la carga fiscal sobre la clase media trabajadora, e irónicamente conviven con ellos en las mismas burbujas de lujo, como en Monterán.

Pero hay esperanza… el jueves 6 de agosto pasado, un pueblo auto convocado, de manera orgánica, diverso y pacífico pero enérgico, reunió a miles para decirle al oficialismo que el Estado Social de Derecho democrático costarricense se defiende y se respeta.

Vaya contraste, de los que van a comer arroz con pollo y los que si importar pronósticos fallidos de lluvia, caminan donde sea la convocatoria para defender a su Patria.