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Etiqueta: Rodrigo Chaves Robles

Doña Laura: no queremos militares… no somos siervos menguados

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la fiscalía general la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo el pasado mes de agosto del 2025 en el programa de televisión el Octavo Mandamiento, que a Doña Laura Fernández «a veces le cuesta concretar una idea sencilla«. Esto, que pudo ser una frase atribuible a los calores de la campaña y ella no la quería como candidata, por algunos «safis» que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país, si nos vuelven un tanto terroríficos. Hoy vamos a dejarlos pasar un tanto inadvertidos, como eso de llamarle presidente a Rodrigo Chávez y para sacar las extremidades del barro dijo que ¡él también la llamaba ministra!, ¡más “pior!» dijo Gorgojo; para no distraernos de sus últimas declaraciones que resultan, simplemente, alarmantemente inaceptables.

Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuter, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, es preferible creer que el «síndrome pilarico» hizo su aparición, y no fue capaz de concretar claramente lo que talvez quiso decir, y por lo tanto, le salió semejante barbaridad.

Pero por si acaso, se le debe recordar a la presidencia de la República, a quienes la ejerzan de hecho y de derecho, que ellos tienen el poder y el gobierno de este país… prestado, por un tiempito. Y que, al ejercerlo, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas, se les recuerda, está establecido que nosotros los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano y que ellos son guardianes de esa soberanía y nadie puede arrogarse ser ella y actuar por ella, fuera de las normas legales y constitucionales establecidas, sin caer en el delito de traición a la Patria.

En ese sentido, soberanamente los costarricenses desde 1949 abolimos el ejército y cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por 3/4 partes de la totalidad de sus miembros o sea 43 votos. Entonces, aunque alguien le silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la aprobación legislativa, seguro les está silbando desde una rama seca de alguna mata de cannabis.

No, miembros del régimen FER/CHA, por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado -que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa- con el déspota de Trump y su aliado el genocida Netanyahu, aquí en nuestra querida Costa Rica la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos y los fascistoides que han instalado en América Latina, vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo…porque no somos siervos menguados y por eso vamos a exigirles que se respetan hasta la última palabra los derechos sagrados que la patria nos da.

De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública

Escrito en . Publicado en Salud.

Comunicado

UNDECA condena enérgicamente la política presupuestaria que golpea nuevamente a la institucionalidad pública y los servicios esenciales que recibe el pueblo costarricense.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 plantea una reducción global de ¢393 mil millones, con recortes que alcanzan áreas sensibles como educación y seguridad, en medio de una guerra de pandillas ligadas al narcotráfico.

Resulta particularmente grave que, mientras se recortan recursos y se debilitan servicios públicos, el Estado continúe sin asumir plenamente sus obligaciones financieras con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La CCSS enfrenta enormes necesidades de inversión, listas de espera y miles de personas que requieren atención oportuna. Cada colón que el Estado deja de pagarle a la Caja significa menos capacidad para fortalecer hospitales, contratar personal, adquirir medicamentos, reducir listas de espera y garantizar atención digna.

No basta con la multimillonaria deuda acumulada con la CCSS: tampoco se presupuestan adecuadamente las obligaciones que corresponden al gobierno de turno.

UNDECA denuncia que esta política da continuidad al ataque contra la Seguridad Social iniciado durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Su influencia y línea política siguen presentes: recortar lo público, debilitar la institucionalidad y negar recursos a la CCSS. Las intenciones de debilitar y destruir a la Caja tendrán consecuencias gravísimas, de continuar por este camino, Costa Rica se encamina hacia una verdadera catástrofe de salud pública, con más deterioro de los servicios, mayores listas de espera y vidas humanas en riesgo.

Exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y financieras.

¡La deuda con la Caja se paga!
¡La salud del pueblo no se recorta!
¡La CCSS se defiende!

UNDECA
72 años construyendo salud, dignidad y justicia social

“Dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Cuando escuchamos al expresidente Rodrigo Chaves en las conferencias de prensa de casa presidencial, es casi inevitable asociar sus palabras con los discursos del viejo filósofo nazi Carl Schmitt, considerado “el enemigo del liberalismo más brillante del siglo XX” (*).

Su discurso se caracterizaba por un gran desprecio hacia las democracias parlamentarias y sus simpatías eran muy claras por la existencia de un líder autoritario en las sociedades modernas de su época.

Además, Carl Schmitt sentía gran desprecio por conceptos como la “separación de poderes” y los “derechos humanos universales”, bases de la democracia moderna. Al referirse a la vida política alemana durante el gobierno de Adolfo Hitter, lo avalaba diciendo: “dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”.

Esta frase, por cierto, nos parece que encaja bastante bien con el discurso radical, irrespetuoso y neofascista del presidente de facto, Chaves Robles.

No nos llamemos a engaño, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, hoy estamos en las puertas de una era neofascista en nuestro país, arrastrados por un monstruo bicéfalo, de un lado la presidenta en ejercicio y “asistenta” y, del otro, un ministro de la Presidencia que se desempeña como un presidente de facto, ambos torciendo a su antojo los destinos de la democracia costarricense. Y lo peor, empujados por algunos sectores de nuestro país, especialmente por un sector de la clase trabajadora débil y empobrecida, cuyo desencanto por la ausencia de soluciones verdaderas a sus problemas de sobrevivencia, avalan ese discurso de odio de “los presidentes”, quienes parecen fantasear, un día sí y otro también, con las ideas del pensador nazi Carl Schmitt.

La ciudadanía costarricense debe de avocarse ya a construir alternativas que nos alejen de semejante despeñadero. ¡Cómo decían nuestros abuelos, para mañana es tarde!

(*). Rachman, Gideon(s.f.) La era de los líderes autoritarios. Editorial Crítica. (pp. 294 y siguientes)

Variaciones de medianoche sobre la reelección que se pretende presentar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.

No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque ha sido claro, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró. Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con e claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.

Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves. Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina!

La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.

Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.

El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia. Ahí encaja Chaves.

Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara, sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.

En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este Gobierno de Laura Fernández Delgado.

¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?

Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensarse, y pensarse que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando?

Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.

También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre… remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses.

Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección.

Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a 6 años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa al presidente o no sus otros tres años.

También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar.

Veremos que leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.

En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…

En esa mezcla parlamentaria político religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus Serafines, sus Querubines, a los ángeles que gobiernan universo político de ese movimiento, y a los Ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los Príncipes, Arcángeles y Ángeles que en esta batalla hará su labor de troleros…

Atisbos neofascistas en la institucionalidad costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Marielos Aguilar Hernández

La suspensión del gerente financiero de la CCSS, don Gustavo Picado, debido a su honesta aclaración emitida, en el sentido de que esa institución no está económicamente “quebrada” como lo ha reiterado el presidente de facto Rodrigo Chaves, es un hecho muy grave.

Este fenómeno tiene múltiples causas, no obstante, también ha sido posible porque los dos últimos gobiernos chavistas encontraron bien instalado el andamiaje más reaccionario que podamos imaginar en nuestro país desde 1948.

Tengamos consciencia histórica, el andamiaje de estos abusos lo terminó de construir la administración de Carlos Alvarado: a) la reforma fiscal y el congelamiento de los salarios del sector público (2018) y, b) la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector público (2019).

Hoy día, suspender, o despedir, a los empleados públicos incómodos para el gobierno de extrema derecha que nos rige, solo es un asunto de trámite. El «Código de Trabajo» costarricense, producto de centenarias luchas de reivindicación laboral y social, está quedando olvidado en los más recónditos anaqueles de nuestra rica historia de luchas sociales.

¡Pero ahí están aún las organizaciones sindicales de la Caja! Médicos, trabajadores de enfermería, empleados todos de nuestra insigne CCSS, saquen fuerzas por favor, ayúdennos a recuperar la autonomía institucional de esta benemérita institución.

Ese llamado se hace extensivo a todo el movimiento sindical nacional. Esta es una hora para escribir nuevas páginas de lucha y gloria para la democracia social costarricense.

Escribo estas líneas, convencida de haber sido testigo de excepción de los esfuerzos nacionales por convertir a Costa Rica en una sociedad justa, honesta, respetuosa y plural. Diversas fuentes políticas e ideológicas aportaron en la construcción de ese sendero de optimismo. Somo producto de esa diversidad.

El arribo de un movimiento de inspiración neofascista, cuya nefasta bandera hoy la levanta con gran desparpajo la presidenta Laura Fernández, no nos puede dejar indiferentes.

Como lo hicieron hace un siglo la mayoría de los sectores democráticos de diversos continentes frente al fascismo, encarnado en figuras tristemente célebres como Adolfo Hitler, alemán, Bennito Musolini, italiano, y Francisno Franco, español, la ciudadanía costarricense también debe de reivindicar con energía todos los derechos sociales, políticos y culturales que nos quieren arrebatar.

Tengamos clara otra cosa. El fascismo del siglo XXI se viste con nuevos ropajes, pero en esencia, conlleva el mismo odio por el modelo democrático, la diversidad de pensamiento, el desprecio por la división de poderes, el menosprecio por el sistema de pesos y contrapesos y la subestimación por la formación cívica en democracia para las nuevas generaciones.

Ese odio ya lo experimentan, día a día, las universidades públicas, encargadas de la formación de consciencias críticas, los colegios profesionales que anteponen el compromiso ético en el desempeño de los profesionales en medicina, derecho, ingeniería, educación, etc. Y, por supuesto, los medios de comunicación que no comulgan con las restricciones ideológicas que impone la línea autoritaria de gobierno.

¡Nubarrones muy negros opacan el futuro de las nuevas generaciones! Pero estamos a tiempo, la organización por sectores puede ser el primer paso para contener el avance autoritario: estudiantes, sindicatos, comunidades rurales y urbanas, y otros sectores de la sociedad civil puede ser la mejor respuesta. ¡Qué el miedo no nos paralice!

Ante la elección de los magistrados hay que dejarse de carajadas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La elección de los magistrados suplentes se ha vuelto un lío mental más que político o institucional. ¿Qué es lo que se reclama respecto a la elección? La simple posibilidad de que puedan reelegirse una o varias veces.

¿Cuál es el problema de la reelección? La formación profesional de un Magistrado no es de corto plazo, como no lo es la formación de ningún profesional. Todos requieren años de estudios. En este caso de la reelección no se está discutiendo esto, sino que lo que se quiere es imponer nuevos magistrados más acordes o identificados con el actual gobierno. Incluso se trata de establecer requisitos de presentación que no están contemplados en la normativa vigente, lo que no se puede hacer, como se quiere hacer con la reelección de la Magistrada propietaria Dra. Julia Varela Vargas.

Respecto a los Magistrados Suplentes puede ser una lucha política válida pero no lo es constitucional ni legalmente, debido a que se debe seguir un procedimiento donde la Corte Suprema de Justicia propone la lista de magistrados suplentes, y a la Asamblea Legislativa le corresponde aprobarla, sin posibilidad de poner nombres de candidatos a magistrados suplentes.

En la situación que tiene la Asamblea Legislativa el problema es eminentemente político. Los magistrados actuales por su nombramiento fueron electos antes del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, por un período de 8 años. Lo que se quiere, con una mayoría de 31 diputados, que no es suficiente para elegir, es nombrar nuevos magistrados, en correspondencia con el gobierno de Rodrigo Chaves continuado por Laura Fernández. Para eso habría que destituir, o ni reelegir magistrados propietarios, para lo cual se necesitan 38 votos de diputados, que el gobierno no los tiene.

Al final de cuentas, antes, ahora o después cualquier elección o escogencia que haga la Asamblea Legislativa de magistrados es una decisión política de la mayoría de los diputados. Así funciona la democracia institucional costarricense, nos guste o no nos guste.

Veamos desde niño la formación de un abogado de manera simple. El futuro abogado cuando niño estudia en un prekínder, o en una guardería infantil. Suponiendo que así sucede. Ahora hay varios niveles de preescolar antes de entrar a la escuela, porque en las guarderías se pueden tener niños desde los dos años hasta los 7 que se exigen para entrar a primer grado de escuela, aunque funcionen como garajes de niños, donde les empiezan a disciplinar y enseñar aspectos esenciales.

Allí adquiere el niño los primeros hábitos hacia la disciplina del estudio, del aprendizaje del idioma materno, aparte de lo que se enseña en la casa. Allí se inicia en el posible desarrollo de sus habilidades y destrezas. Allí se inicia y fortalece su hábito de la lectura en el supuesto que le leen, y los ponen a leer libros y narrativas a su nivel escolar de edad, para que desarrolle el hábito y la disciplina de la lectura, y el gusto por los libros y la lectura.

Allí, en la preescolar, hay niveles o años de estancia hasta que el niño es aceptado para ir al primer grado escolar, que generalmente se aceptan con 7 años. Todo eso va produciendo un conocimiento acumulado. Muchas veces, excepcionalmente, al primer grado llegan niños que saben leer y escribir.

En la escuela, pública o privada, en los niveles de primero a sexto grado, se van desarrollando las habilidades y destrezas traídas de la preescolar y se van profundizando las bases del conocimiento, y del perfeccionamiento, del idioma y de los instrumentos educativos que van formando para ir al proceso de la educación secundaria. En pocos establecimientos escolares se fomenta la lectura de libros.

Hoy en muchas instituciones educativas, incluyendo universidades, se estimula la lectura de resúmenes de artículos y de libros. Se ha dejado de leer libros completos. Muchos estudiantes y profesionales no tienen la capacidad de lectura de un artículo de más de 500 palabras, ni de entendimiento o comprensión de uno mayor de esas palabras.

En la educación secundaria siguen cinco años de estudio. Algunos colegios han introducido un sexto año que prepara para aspirar a estudios en universidades en el extranjero.

En pocos colegios se prepara de una manera sólida en el conocimiento de una lengua extranjera, inglés, francés, alemán, chino, o hebreo, para lo cual hay colegios especializados en el país. Generalmente, estos estudiantes, en prekínder, kínder, escuelas y colegios privados se desarrollan como full bilingüistas cuando hacen todo el proceso escolar en la misma institución. Hay una tendencia al trilingüismo en algunas instituciones escolares privadas.

Del colegio a la universidad

Generalmente, desde el colegio se desarrollan las inquietudes por la carrera universitaria que se va a seguir, cuando no se tiene por herencia familiar. Hijos de abogado, abogado; hijos de dentistas, dentista; hijos de ingeniero, ingeniero; hijos de maestros, maestro o educador etc. De la misma forma opera en los estratos sociales pobres y de extrema pobreza. Hijos de obreros, obreros; hijos de campesinos, campesinos. Es de señalar que el proceso educativo nacional da posibilidades a estos sectores, pero generalmente quedan marcados por su origen socioeconómico, y por las mismas condiciones socioeconómicas que los sacan del proceso escolar y colegial, como cuando se quitan los subsidios de estudios para niños y jóvenes de estos estratos sociales o áreas marginales del país, o cuando no se tienen las condiciones materiales de edificios escolares para recibir la educación. Hay casi 900 establecimiento escolares públicos en abandono, con medidas de seguridad sanitaria, prácticamente cerrados. Los sindicatos de maestros y educadores casi no se pronuncian sobre esta situación.

Supongamos, en el ejemplo que tenemos, que se orienta el niño, ya joven, preuniversitario por ir a estudiar Derecho. Excluidos de esta apreciación los que después del colegio parten al extranjero a estudiar toda la carrera de Abogacía o de Derecho, que en general son muy pocos respecto al número de graduados nacionales y respecto al número que opta por el Derecho, porque eso depende del colegio en que se graduaron, del nivel socioeconómico de sus familias y de las posibilidades de encontrar becas de estudio en el extranjero.

Suponiendo que todo el proceso anterior se hubiera cumplido con el niño y joven, al tener 18 años edad tiene la posibilidad de ingresar a la Universidad. Siguen los años de estudio de Derecho. En una universidad pública tiene restricción de ingreso, por cupo y por promedio de ingreso, como lo es la Universidad de Costa Rica, o pagando sus estudios en una Universidad privada. Dependiendo de esta opción pueden graduarse entre seis o siete años, en la Universidad pública, o en cuatro, porque las universidades privadas eliminan una buena parte de los estudios generales que se dan en las universidades públicas de manera obligatoria. Ya en el sector de educación secundaria están eliminando una cantidad importante de cursos que también se dan, dejando el núcleo de materias a estudiar a unas seis.

El propio presidente Chaves expresó, hace poco tiempo, su opinión de que las universidades públicas debían eliminar todas sus áreas de humanidades y estudios generales, y concentrarse en lo que las empresas demandaban en sus necesidades corporativas y económico empresariales. Para él también eso contribuía a reducir los aportes estatales a las universidades públicas.

Terminada la carrera y estudios de Derecho sigue la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas. Los resultados de graduación y de incorporación de ante el Colegio es desastroso para los graduados o titulados de universidades privadas, haciendo excepción de unas cuatro de ellas.

Ya, el graduado, desde sus años de formación se va orientando en la especialidad o afinidad que le atrae más de las ramas del Derecho. Eso implica estudio post universitario, maestría o doctorado, y subespecialidades, lo que puede llevar unos cuantos meses o varios años más de estudio.

Los abogados así formados se vinculan a Oficinas de Abogados, Bufetes legales, o ponen sus propias oficinas o Bufetes, y empiezan a desarrollar su práctica profesional donde hacen su buena o mala fama, y sus clientes y clientelas.

De todos los graduados pocos se desarrollan en el campo de la investigación jurídica, de la producción de textos o en la publicación de artículos. Esto requiere vocación, experiencia profesional, mucha lectura y estar al día con las nuevas tendencias que en el Derecho se van desarrollando y con las sentencias de los Tribunales que van marcando la jurisprudencia nacional. La inmensa mayoría se vuelca sobre su práctica profesional específica y con su libro jurídico de cabecera, el Código respectivo y algún otro texto.

En el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se estableció hace muchos años, tener mínimo de 10 años de experiencia profesional, cuando no se era funcionario del Poder Judicial, y tener además 35 años de edad, requisito, el de la edad, que no se pide para ser presidente de la República o para ser Diputado, ni tampoco tener conocimientos de administración en general, o de economía básica.

Para ser Magistrado además se pide el título de Abogado. Para ser presidente o diputado no se pide ningún título académico profesional de carácter universitario, ni siquiera el título de Bachiller de secundaria. Lo que se requiere para ser presidente es tan solo tener 30 años y para ser diputado tener 21 años. Así de simple. Por eso, parlamentariamente, a veces grupos de diputados actúan como verdaderas recuas políticas transportando y cargando las órdenes que les dan para votar proyectos de ley, sin estudiarlos y sin comprenderlos adecuadamente.

Cuando se estableció la edad mínima de 35 años para el magistrado, aparte de su experiencia comprobada, así se hizo por la expectativa de vida de los costarricenses en 1949, que apenas sobrepasaba los 50 años. Hoy con la expectativa de vida de los costarricenses, en 78 años los varones y 82 las mujeres, bien podría establecerse la edad para ser magistrado en 50 o 55 años, y exigir igualmente una experiencia laboral de 30 o más años como litigantes, como funcionarios judiciales o como profesores universitarios en el campo del Derecho.

Si se quieren poner más requisitos y modificar los existentes es absolutamente válido, pero para ello hay que cambiar la Constitución Política, lo que no sería aplicable a ningún abogado que en los próximos dos años quisiera aspirar a un puesto de Magistrado. Esto es lo que valdría para los abogados aspirantes a nuevos magistrados. Por eso, esa intención de ponerle otros requisitos a la Magistrada Julia Varela Vargas no procede. Eso es literalmente ganas de joder.

Si ya se es magistrado, se establece la posibilidad de la reelección consecutiva, por un período igual al de su nombramiento, es decir por ocho años. Para elegir un Magistrado se requieren dos tercios del número de diputados para nombrarlo y dos tercios para no reelegirlo, que equivaldría a destituirlo.

La reelección consecutiva no es mala. Esa es la verdad. Ese magistrado mínimo tiene ocho años de experiencia en el cargo, o un poco más. ¿Por qué eliminarlo? Salvo que sea un mal magistrado profesional en su cargo, lo que se puede ver y estudiar por sus fallos jurídicos, o por vínculos nocivos que lo rodeen para su ejercicio de magistrada.

La reelección en cargos de dirección de todo tipo existe en Costa Rica, en los puestos de Juntas Directivas de las empresas del sector privado o pública, en las asociaciones, en los sindicatos, en la dirección de partidos políticos, en ciertos puestos públicos e institucionales. Y esas reelecciones son por muchos años o por varios o muchos períodos en el cargo que se tiene, sin que se objete esas reelecciones. Nadie protesta ni se opone a esas reelecciones, que pueden ser disputadas por elecciones internas en esos grupos sociales o políticos.

Ministros se reeligen consecutivamente. Diputados también se pueden reelegir alternativamente, cada 4 años. Mientras les llega su oportunidad de reelección muchas veces siguen trabajando como asesores parlamentarios, o en puestos de trabajo legislativo o ministerial cuando de allí salieron hacia sus diputaciones. Hay políticos que, no reeligiéndose consecutivamente en el mismo cargo, van saltando de un puesto administrativo, institucional o político, y sí van haciendo su carrera política, como la presidente Laura Fernández. Eso era válido en los partidos políticos tradicionales porque así formaban sus dirigentes. Laura Fernández en cierta manera es parte de ese proceso, por la escalera política que le fue servida en que la nombraron consecutivamente.

En Estados Unidos los magistrados de la Suprema Corte se eligen de por vida, hasta que se mueran o hasta que ellos mismos se acojan al retiro o pensión. Eso obliga a los presidentes, que son los que los proponen, a escoger grandes juristas, abogados, así reconocidos en el mundo del Derecho estadounidense. Y, a partir de su nombramiento gozan de total independencia, lo que se quiere eliminar aquí.

Muchas personas que critican la reelección de magistrados en Costa Rica se identifican con los valores estadounidenses al 100%. ¿Qué los hace diferentes para no actuar en Costa Rica, a cómo realmente piensan y a cómo realmente se identifican con esa sociedad estadounidense, que a su vez la consideran un modelo de democracia mundial?

Los magistrados son también el resultado de un proceso de formación de muchos años de trabajo y de estudio. No sería bueno para el mejor desempeño judicial, estar cambiando cada ocho años a los magistrados, sobre todo para estar acomodándolos a favor del gobernante de turno, o para estar improvisando en ese alto e importante cargo o función pública. O, para estar improvisando con personas sin la experiencia judicial el caso. Tampoco sería bueno darles una condición como la que tienen los diputados de poderse reelegir alternativamente cada cuatro, o cada ocho años.

Lo correcto igualmente es que los diputados puedan reelegirse continuamente, como se hacía antes de 1949. La experiencia histórica enseña que no todos los diputados se reelegían. Eso lo hacían unos pocos por su mérito parlamentario reconocido. En el siglo XIX jefes de Estado y presidentes podían reelegirse de manera continua. Pocos lo hicieron, Juan Mora Fernández, Juan Rafael Mora Porras, Rafael Iglesias Castro, por citar a esos.

Soy de la idea, igualmente, que el presidente de la República debe tener actualmente al menos una opción de reelección inmediata y consecutiva, y no tener el espacio de ocho años que se ha establecido para que pueda aspirar nuevamente a un período presidencial, como lo fueron los casos de José Figueres, en 1970, u Oscar Arias, en el 2006. En el caso de José Figueres hay que reconocerle que el poder de gobierno que tuvo a la fuerza, 1948-1949, voluntariamente lo dejó, pudiendo haberse quedado el tiempo, que en ese momento hubiera querido.

Cuatro años es un período corto para el ejercicio presidencial. Igualmente se podría ampliar el plazo de gobierno a seis años, con una reelección consecutiva, con consulta plebiscitaria, o de referéndum, a medio período para discutir por esa vía si el presidente continúa o no. Todo esto es discutible.

En todo caso, cada elección es una consulta popular sobre si continúa o no un partido político en el gobierno, aunque con otro candidato.

En Costa Rica no se permite la reelección presidencial, pero sí se permite la reelección del partido de gobierno que ha elegido presidente. ¿Acaso no es lo mismo? En la historia nacional hemos visto la reelección de partidos políticos en el gobierno con Liberación Nacional, 1970-1974, 1982-1986 y 2006-2010, la Unidad Social Cristiana, 1998-2002 y 2002-2006, y con Acción Ciudadana, 2014-218 y 2018-2022. En cierta forma con el actual gobierno hay una continuidad del anterior gobierno, 2022-2026, no del anterior partido ganador de esas elecciones del 2022.

Es más clara la tesis del continuismo político gubernativo del actual gobierno, 2022-2026 al 2026-2030, que de los anteriores, donde esa continuidad no era nada evidente, donde cada presidente marcaba su propio sello. Ahora no es así. Hay un solo sello, el que ha impreso Rodrigo Chaves.

Hay una sola dirección política gubernativa, que se expresa en la copresidencia que se ha establecido de manera tácita y reconocida en el matrimonio gubernativo de Laura Fernández y Rodrigo Chaves.

El continuismo político de la pareja gobernante ha puesto en evidencia la fragilidad de la hipocresía política nacional. Ellos han actuado con claridad, de cara a la sociedad política y civil. El concubinato político, que exhiben y que se tienen es público, notorio, escandaloso pero aceptado por amplios sectores de la sociedad. ¿Por qué continuar con hipocresías políticas en todos los demás partidos, que desearían actuar igual?

El tema de la elección o reelección de magistrados debe resolverse acatando lo dispuesto por la Constitución Política, guste o no guste a los diputados de gobierno. Si quieren corregir eso, pacten la reforma constitucional del nombramiento, entendiendo que esa reforma será válida a partir de los magistrados que se puedan y quieran nombrar en el período constitucional del próximo gobierno, es decir a partir del 2030.

Tal vez, de esa manera se resuelva el problema actual, o la Sala IV, en este tema conflictivo de poderes, lo resuelva, como está autorizada a hacerlo cuando hay conflicto entre los Poderes Públicos, o de carácter institucional, en el que tenga que intervenir para asegurar el funcionamiento del orden público y de la democracia política nacional.

Insistir en bloquear la propuesta de la Corte es simplemente una jodedera, una carajada, una necedad, una mala acción o también una tontería de la bancada de los 31 diputados del Gobierno, oficialistas, de la recua del partido Pueblo Soberano.

100 días de Laura Fernández: ¿Gestión Pública, Espejismo populista o Campaña Permanente?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo | Entre Verdades y Opiniones | Para: SURCOS

En política, los primeros cien días de una administración funcionan como el escaparate que define la ruta y el tono del cuatrienio. El reciente balance presentado por la presidenta Laura Virginia Fernández Delgado desde Zapote prometía ser un corte de caja de gestión ejecutiva, pero terminó convirtiéndose en un guion continuista donde la confrontación institucional sigue siendo la verdadera protagonista de la agenda nacional.

El anuncio del nuevo paquete de proyectos de ley es, en el fondo, un déjà vu. Si bien incluye iniciativas de corte económico y social, el plato fuerte de la narrativa vuelve a ser el intento de limitar las competencias de la Contraloría General de la República. Insistir en reciclar el espíritu de la fallida “Ley Jaguar” —cuyas pretensiones de alterar el control preventivo ya fueron frenadas por la Sala Constitucional— plantea una interrogante ineludible: ¿estamos ante un esfuerzo técnico genuino por hacer más ágil el aparato estatal, o ante la construcción de una coartada política para que el Congreso rechace los textos y poder mantener vivo el discurso del bloqueo?

Sin embargo, el punto más crítico de este informe, analizado desde el rigor de la administración pública, es el anuncio de “100 obras concretas en 100 días”. Apropiarse de megaproyectos como el nuevo Hospital Max Peralta de Cartago, el Hospital Tony Facio de Limón o la Punta Sur de la carretera a San Carlos como logros de la actual administración —o de su predecesora chavista— es un espejismo comunicacional, para su base dura.

Estos son proyectos estructurales de instituciones como la CCSS y el MOPT, que llevan décadas de maduración, diseños y estudios técnicos heredados de gobiernos anteriores. En la gestión pública hay que ser precisos: mezclar intenciones con realidades es un error. Un proyecto en papel, que aún busca financiamiento o está entrampado en apelaciones de adjudicación, no es una obra terminada. Vender el avance de un trámite burocrático de transición como si ya se estuviera cortando la cinta inaugural es un artificio publicitario que subestima al ciudadano.

La cereza del pastel de este evento la puso el hoy ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves. En un intento por marcar una superioridad moral frente a la oposición, Chaves afirmó con vehemencia que en el oficialismo no piensan como “los de la acera del frente” que viven calculando las próximas elecciones, sino que ellos piensan en “las próximas generaciones”. Una frase profunda y de antología, si no fuera porque segundos después, en ese mismo micrófono y casi sin respirar, apeló al más puro cálculo electoral: le pidió al pueblo que notara la diferencia para que en los próximos comicios les den “31, 40 o 45 diputados”.

Esa monumental disonancia en el discurso confirma el diagnóstico que hoy hacen diversos sectores independientes: este Gobierno no ha logrado salir del modo de campaña permanente. Se sigue operando desde la lógica del choque y el titular, midiendo fuerzas para la próxima contienda en lugar de consolidar puentes para gobernar hoy, y anunciar que lograron encontrar tela anaranjada para uniformes penales o quitar tomacorrientes y los hornos de microondas en Cárceles no ayudan para nada.

El capital político de ¿la mandataria? Fernández sigue siendo considerable gracias a su contundente victoria en las urnas, pero la luna de miel de los cien días ya expiró. El reloj no perdona, y la paciencia ciudadana frente a urgencias como el embate del narcotráfico, el costo de vida y las listas de espera de la CCSS, tiene un límite. A partir de ahora, queda en el Ejecutivo demostrar si este mandato se traducirá en la ejecución real de políticas públicas, o si nos mantendremos atrapados en un círculo interminable de verdades a medias y opiniones polarizadas.

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

Costa Rica: digamos no al plagio del modelo de dictadura neofascista de otros países

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.

Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.

Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.

La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.

Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.

Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.